Albino Vargas Barrantes Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
207 dólares más caro, es el pago que deben hacer las empresas usuarias de los muelles de Limón y de Moín, por mover sus correspondientes contenedores, de lo que les cobraba Japdeva, antes de que a ésta le expoliaran la operación portuaria que tenía en condición de monopolio desde su establecimiento como empresa pública nacional, destinada al desarrollo socioeconómico de la vertiente atlántica costarricense.
El monopolio privado resultó ser más caro que el monopolio público.
Sacar a Japdeva del mercado de la operación portuaria de contenedores en los muelles de la costa limonense fue un asunto meramente ideológico: la clase plutocrática gobernante que mantiene su poder incólume, aunque las administraciones ejecutivas sean del PLN, del PUSC o del PAC; impuso el proceso que determinó el establecimiento del monopolio privado APM-Terminals, aunque éste resultó más caro para el empresariado usuario de esos muelles.
Sin embargo, es fácil colegir que esos 207 dólares de más que implica mover cada contenedor en la terminal costera de APM-Terminals, no los está pagando el usuario de la misma, pues es lógico suponer que ese costo mayor fue trasladado, está siendo trasladado, a los consumidores finales de las materias primas y de los productos finales que se importan entrando al país por los muelles que ahora administra la transnacional holandesa.
Todo el proceso sociopolítico y económico que se generó para la imposición de esta concesión portuaria que, sin duda alguna, podemos ahora calificar como leonina; fue adversada por una importante cantidad de sectores y organizaciones cívico-patrióticos, dentro de los cuales resaltó el papel de la organización obrera de Japdeva, el sindicato Sintrajap.
Sin duda alguna, la historia del expolio del patrimonio público del país en los años de la hegemonía política del neoliberalismo en Costa Rica, tendrá un capítulo especial para reseñar el histórico papel jugado por esta importante agrupación sindical, en lo que atañe a los muelles del Atlántico.
También, desde la corriente sindical que motiva nuestra lucha social cotidiana, dimos nuestro aporte opositor a que se instaurara el monopolio privado APM-Terminals. Fue un largo caminar, mucho del cual estuvo argumentativamente bien fundamentado.
Uno de los puntos más fuertes de la oposición cívico-sindical hacia esta leonina concesión fue, precisamente, que las tarifas de la operación portuaria de contenedores subiría, sustancialmente. La realidad nos dio la razón.
Sin embargo, se impuso el fanatismo extremista del lucro desenfrenado a partir de la apropiación privada del patrimonio público. Al respecto, este caso de Japdeva es paradigmático, tanto como lo es -por ejemplo-, las concesiones leoninas de varias estratégicas carreteras nacionales.
La molestia del empresariado por el alto costo de las tarifas portuarias de los muelles administrados por APM-Terminals, ha “obligado” al gobierno actual a establecer una comisión para ver si se baja el excesivo costo actual de la movilización de un contenedor. La transnacional, empoderada como está, ha dicho que sí estaría dispuesta a considerar una reducción de esas altas tarifas, sin embargo, no está en condiciones de perder un solo centavo de dólar de lo que ella denomina la inversión.
Como se dice popularmente, APM-Terminals no está dispuesta a arrancar pelos sin sangre. Plantea que estaría considerando bajar las altas tarifas actuales, sí y solo sí: a) le amplían el plazo del contrato; b) ajuste para un nuevo cronograma de inversiones; c) revisión del canon que debe pagar para el desarrollo de Limón (es decir, bajar el monto de ese aporte), d) que el Estado le construya obras adicionales y le compre nuevo equipamiento; e) que el Estado le subsidie en un monto igual al que rebajaría la tarifa. Como dice nuestro pueblo: “¡cuidado pierde!”.
La historia del expolio de Japdeva por parte de la clase plutocrática gobernante no ha terminado de escribirse. El pueblo de Limón no ha dicho su última palabra.
Adicionalmente, una de las razones por las cuales el alto costo de la vida en Costa Rica se considera de los más altos de la América Latina se explica, precisamente, por el costo excesivo de las tarifas de operación portuaria que hoy ha impuesto APM-Terminals.
