7 millones 100 mil razones nos han convencido de que la actual Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), encabezada por el señor Dennis Meléndez Howell, como “Regulador General” (más adelante explicamos porqué entre comillas), está no solamente cometiendo tropelías al extralimitarse en sus potestades jurídico-legales; sino porque en sí misma, la Aresep está funcionando en la ilegalidad y, ¡óigase bien!, según se piensa en el seno de la propia Asamblea Legislativa.
Esas 7 millones 100 mil razones que tenemos para convencernos del “estado de facto” en que se ha convertido la Aresep, equivale al monto, a la misma cantidad de salario mensual, 7.100.000.oo colones, que devenga el señor Dennis Meléndez Howell; salario que como habrán de notar ya, no ha merecido ni primera página, ni editorial alguno camuflado como reportaje alguno , ni ninguna entrevista, ni artículos, ni nada que se le parezca de parte de la gran prensa del capital oligárquico-neoliberal; esa de los latifundios mediáticos propiedad de la plutocracia, líderes en la infame campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra del Empleo Público de los últimos meses.
Y, por supuesto, ninguna voz histérica radiofónica; ni ningún articulista, editorialista, amanuense u opinólogo se ha referido a ello. ¿Por qué?…
Por misteriosas razones que no requieren mucho ejercicio intelectual para saber el porqué, las conclusiones investigativas de un grupo parlamentario del seno de la Comisión Permanente Especial para el control del Ingreso y el Gasto Público de la Asamblea Legislativa (Expediente No. 18.856), que investigó a la Aresep, “están durmiendo el sueño de los justos”.
Tal informe parlamentario determinó (entre otras delicadísimas denuncias), que en mayo de 2014 el sueldo del señor Meléndez Howell pasara de 6 millones 100 mil colones, a 7 millones 100 mil colones, es decir, un aumentazo de un solo tiro de ¡un millón de colones!; millón equivalente a casi el salario sumado de cuatro trabajadoras cocineras de CEN-CINAI que acumulan, cada una, 10 años de antigüedad.
“El aumento del salario del regulador es inmoral aunque encubierto bajo un estudio técnico. Le pagan cada año a una firma privada para realizar una investigación que les permita justificar las enormes alzas de sus sueldos. Sobre esto, ya presenté una iniciativa de ley para que los aumentos sean iguales a la inflación”. (Los aumentos salariales en la Aresep, agregamos nosotros). La opinión anterior, valientemente formulada, es de la actual diputada Epsy Campbell Barr.
Aresep no tiene autoridad moral alguna ni ningún principio ético en su cruzada contra compromisos de negociación colectiva obrero-patronal financiados con tarifas que impone en las entidades que regula; pues con tales tarifas se paga el abusivo salario de su “Regulador General”, ¡que no regula nada! No trabaja, prácticamente. Leamos con cuidado lo siguiente:
“Aresep es una vergüenza nacional. Nosotros nombramos un regulador para que regule y resulta que por vía de los acuerdos en junta directiva se inventaron un mecanismo de los intendentes, entonces al regulador no le quedó el trabajo de regular, quien establece la regulación de cada uno de los servicios son tres señores que se llaman intendentes, por eso, si el regulador no está haciendo nada que se vaya”.
La legisladora Campbell Barr puso “los puntos sobre las íes” en su momento; pero, para los plutócratas dueños de los latifundios mediáticos agresores de los empleados públicos, las denuncias de esta diputada no merecieron titulares, ni reportajes, ni nada.
La investigación legislativa sobre la Aresep indicó que “se pudo comprobar que mediante medidas normativas internas de rango meramente reglamentario, las autoridades de la Aresep optaron por desconcentrar las potestades que históricamente fueron asignadas al Regulador General de los servicios públicos, órgano unipersonal que tradicionalmente asumió las potestades de fijación de precios o tarifas en todos los servicios públicos sujetos a regulación”.
Sigue indicando el citado informa parlamentario: “Actualmente el Regulador General ha pasado a ser más bien el Presidente de la Junta Directiva de la Aresep, y se han creado intendencias que regulan los distintos servicios públicos regulados, como el agua, la energía y los transportes. Tales intendencias siguen siendo lideradas por intendentes designados por la Junta Directiva de la Aresep, sin que como sucede con el caso de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), tales nombramientos sean objeto de ratificación por parte de esta Asamblea Legislativa”.
Es decir, en Aresep, el “Regulador General” (entienden por qué lo hemos entrecomillado), “reina, pero no gobierna”. El verdadero poder en Aresep son los intendentes, como el de Energía; ese mismo que ha estado emitiendo, cual “gobernante de facto”, regulaciones sobre Empleo Público pasándole por encima a la propia Constitución Política, desconociendo la competencia exclusiva que le compete al parlamento al respecto y violentando tratados internacionales firmados por Costa Rica.
Tal abuso, tal arbitrariedad, tal hecho violento y contrario a las leyes (tropelías, en un solo término), en que ha venido incurriendo el intendente de Energía de la Aresep, como vemos, podría estar totalmente viciado de nulidad pues fue al “Regulador General” el único al que parlamentariamente se le dieron tales potestades regulatorias.
Resultará sumamente interesante una exploración jurídica cuestionadora sobre las reales potestades de estos “reguladores de facto” de la Aresep. En próxima entrega volveremos sobre el tema, pues en Aresep todo parece ser “de facto”.
