Los tres artículos anteriores con relación a este asunto nos permitieron tener claridad de que en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), su titular no regula nada pese a ganar 7 millones 100 mil colones mensuales; la segunda persona “al mando”, con 6 millones 500 mil colones de sueldo mensual, solamente sustituye a aquel cuando no está “trabajando”; es decir, tampoco hace nada. Y los que mandan, en realidad, los tres “reguladorcitos” o intendentes en el lenguaje oficial de la ARESEP, cada uno gana casi 6 millones de colones aunque se piensa que hacen la labor de regulación de manera ilegal.

También nos ha quedado claro que la ARESEP está protegida por la hegemonía política dominante, la del poder real y que su concepción es con base en un modelo de sociedad ideológicamente determinado, sea, la prevalencia del mercado absoluto por encima del bien común.

Esto nos estaría explicando las razones por las cuales la fiesta salarial en la ARESEP no mereció titulares de prensa sensacionalistas ni reportajes editorializados por parte de esos medios de comunicación colectiva de la plutocracia que acostumbra doblegar gobiernos; medios de prensa que se transformaron en verdaderos partidos políticos opositores a cualquier iniciativa, por más “light” que sea, en favor de los intereses populares, del bien común, de la reducción de la desigualdad y en pro de la inclusión social.

Valga indicar que según datos que nos suministraran personas de gran solvencia moral y conocimiento técnico sobre lo que es la ARESEP en la actualidad, esa fiesta salarial estaría llegando a los 14 mil millones de colones anuales.

La otra parte que necesita una profunda auscultación pública es el papel de la ARESEP en cuanto a las tarifas del transporte público modalidad autobús. Al respecto en la Asamblea Legislativa tienen una investigación abierta al respecto, expediente No. 19519, sobre “…los mecanismos, procedimientos y fórmulas aplicados para aprobar los aumentos en las tarifas del servicio público modalidad autobús”.

Congruente con la concepción ideológica que le dio origen a la ARESEP, de carácter neoliberal, pensamos que esta entidad ha estado al servicio del interés del gran empresariado autobusero y en contra del interés del pasajero de autobús.

Los miles y miles de usuarios de los buses, especialmente los y las integrantes de la clase trabajadora (asalariada y no asalariada) que de manera obligada deben subir todos los días a un bus para transportarse desde y hasta sus hogares, viven en total estado de indefensión por que la ARESEP es pro-empresariado autobusero.

Esta circunstancia es la que precisamente dio pie a la indicada investigación parlamentaria sobre la relación entre la ARESEP y los empresarios de buses.

En este asunto de dejar al desnudo la descarada parcialidad de la ARESEP contra los usuarios de los servicios que regula, particularmente los pasajeros de autobús, un notable grupo de ciudadanos ha venido ejerciendo una valiente y titánica tarea que es justo reconocer. Hablamos de la Red Solidaria Nacional la cual estima que la ARESEP “había dejado de estar al servicio de los consumidores para estar al servicio de los regulados en detrimento de la calidad del servicio y, por ende, de los usuarios porque terminan pagando tarifas más altas sin justificación científica”.

Dentro de las más fuertes e impactantes denuncias de la Red Solidaria Nacional tiene que ver con la desnaturalización completa de la figura jurídica de “fijaciones extraordinarias” para tarifas de autobús mismas que, precisamente, son de aplicación excepcional, en casos calificados como fortuitos y/o de fuerza mayor. La ARESEP ha venido haciendo una utilización abusiva de esas “fijaciones extraordinarias” y ahora las “ordinarizó”, es decir, las hizo ordinarias pues las viene aplicando semestralmente, en la práctica.

Esta distorsión del quehacer de la ARESEP (para emplear una palabra “elegante”), le ha permitido a muchísimos empresarios de autobús, especialmente a los que vienen concentrando y acaparando esta actividad de servicio público, la acumulación de abusivas ganancias; ganancias excesivas que se vieron potenciadas por los bajos precios internacionales del petróleo que llevan ya bastante tiempo en tal nivel sin que el usuario cotidiano del servicio de autobús lo haya visto reflejado en la tarifa. Mientras bajaban los precios del petróleo, la ARESEP miraba para otro lado.

Adicionalmente y para felicidad del bolsillo empresarial autobusero, se le cuestiona a la ARESEP el abandono de un modelo de análisis tarifario que le permitía constatar si una empresa de buses presentaba datos distorsionados, engañosos, asimétricos; como por ejemplo, ocultar el número real de marcas para obtener aumentos tarifarios abusivos. En la actualidad, la ARESEP recibe el papeleo empresarial a ojos cerrados.

Ojalá que la indicada investigación legislativa avance y arroje resultados reales. Y ojalá que los compadrazgos políticos de corte parlamentario (especialmente los liberacionistas), que protegen a la cúpula de ARESEP, la de los salarios multimillonarios que no han sido escándalo para la prensa plutocrática-neoliberal, cedan ante el interés de miles y de miles personas trabajadoras usuarias de los servicios de buses que son miserablemente explotadas diariamente y con la complicidad de la ARESEP.

En la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) botan la plata a manos llenas. La plata que nos sacan con las abusivas tarifas de autobús, por ejemplo, se las “reparten” unos cuantos.

Ya quedó claro que el “regulador” no regula. No trabaja pese a que se gana 7 millones 100 mil colones mensuales (casi el doble del salario presidencial).
El trabajo de él, don Dennis Meléndez Howell, lo realizan tres “intendentes” o “reguladorcitos” y éstos hacen el trabajo de don Dennis de manera ilegal.

Cada uno de ellos se gana un salario mensual de 5 millones 400 mil colones. ¡Tienen un salario superior al del Presidente de la República!

Ellos son don Juan Manuel Quesada Espinoza, “regulador” de Energía; don Carlos Herrera Amighetti, “regulador” de Agua y Ambiente; y don Enrique Muñoz Aguilar, “regulador” de Transporte.

Es decir, el suculento oficio de la regulación de las tarifas de los servicios públicos le está costando al pueblo, en principio, casi 30 millones de colones (adicionando Seguridad Social patronal), ¡por mes! Pero, ¡es más!

Si el “regulador” no regula, no trabaja, pues la regulación la hacen, ilegalmente, los tres intendentes mencionados; entonces, ¿qué hace la “reguladora adjunta”? ¡Sí, señor! Tenemos en la costosa estructura de la Aresep la figura de la “reguladora general adjunta”.

Es la señora Grettel López Castro, quien fuera propuesta para su nombramiento por el señor Luis Liberman Ginsburg, Segundo Vicepresidente de la República en el Gobierno de la señora Laura Chinchilla Miranda.

Tanto esta señora como el señor Meléndez son del riñón liberacionista y, por ende, la actual fracción parlamentaria del Partido Liberación Nacional (PLN), bloquea toda lo que pueda dejar a la Aresep al desnudo.

La principal “tarea” de la señora Grettel López Castro es sustituir a don Dennis Meléndez Howell, cuando esté ausente de su cargo. Por tan “compleja” labor, la señora Grettel López Castro recibe un salario mensual de 6 millones 5 mil colones (sin contar Seguridad Social patronal).

Así que estas cinco personas de la máxima cúpula político-tecnocrática de la Aresep (un “regulador” que no regula; una “subreguladora” que le sustituye a él cuando está “ausente”, o sea, que tampoco trabaja; más los tres intendentes que son los que de verdad regulan pero que lo hacen ilegalmente), devengan un conjunto salarial mensual de casi 41 millones colones: ¡492 millones de colones anuales!.

Con ese dinero se le podría dar una casita de 10 millones de colones, a 50 choferes de bus y sus familias; y, en el plazo de una década, 500 choferes de bus tendrían casita propia.

En el caso de la “reguladora general adjunta”, el diputado Mario Redondo Poveda, propuso una iniciativa de ley para eliminar este cargo de la estructura de la Aresep. “Imagínese que ni siquiera es el regulador el que resuelve. Son los intendentes de cada una de las áreas, energía y transporte, por ejemplo, los que atienden todos los problemas. Quienes resuelven son ellos, el regulador casi que está de adorno, pero se justifica porque es el jerarca de la junta directiva”. Así lo comentó este legislador en declaraciones de prensa.

Según explicó, el cargo de regulador adjunto es meramente un puesto simbólico que no tiene mayor responsabilidad; pero les cuesta a los usuarios de buses, ¡6.5 millones mensuales! al año (con seguridad social incluida), ¡108 millones de colones! El equivalente a casi 11 casas de 10 millones cada una para 11 familias de choferes de autobús.

Por supuesto que la planilla total de la Aresep es mucho más grande y mucho más costosa. Solamente hemos citado las cinco personas de la máxima cúpula de esta entidad; dos de ellas tienen los dos salarios más altos de toda la Aresep pero que, prácticamente no trabajan; y las otras tres, “intendentes”, que estarían trabajando en la ilegalidad. Sin duda alguna, en Aresep hay tropelías, ilegalidad y doble moral.

El asunto de la Aresep tiene un trasfondo ideológico. La Superintendencia de Pensiones (Supen), la Superintendencia General de Valores (Sugeval), la Superintendencia General de Seguros (Sugese), la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), junto a la Aresep, forman un “todo ideológico”, pues son estructuras del “otro Estado”, el neoliberal.

En estas cinco entidades, todas con salarios de similar cuantía y naturaleza que los que se pagan en la Aresep, son “hijas políticas” de la hegemonía económica actualmente todavía dominante; hegemonía que se expresa a través de los plutocráticos consorcios corporativo-mediáticos que han venido desarrollando la infame campaña en contra del empleo público, en los últimos meses.

Seguramente usted habrá notado que las prebendas salariales de la Aresep y similares no ha sido objeto de ningún titular de este tipo de prensa, ni ha sido objeto de noticia editorializada de algún medio de comunicación televisivo, ni tampoco objeto de comentarios y artículos del conglomerado amanuense (asalariado y no asalariado de ese tipo de prensa).

Estas entidades fueron concebidas para la “coadyuvar” en la traslación de la sociedad hacia un modelo de desarrollo centrado, exclusivamente, en el mercado, en la concentración de la riqueza, en el fomento del corporativismo monopólico y oligopólico de los servicios públicos y sociales pero con apropiación privada de los mismos; y, algunas de ellas para apuntalar el control hegemónico de la economía por parte de los sectores bancario-financieros, los grandes ganadores del proceso de neoliberalización total del país que está aún inconcluso.

Hay más, mucho más sobre Aresep. Dios mediante, estaremos la próxima semana con nuestra cuarta entrega.

Se comenta en círculos político-parlamentarios que el actual “Regulador General” (ya explicamos la semana pasada porqué usamos comillas), el que reina pero no gobierna en la Aresep, don Dennis Meléndez Howell, dada sus simpatías con el Partido Liberación Nacional (PLN), tiene el apoyo de la actual fracción parlamentaria del mismo. Por tal razón, “no se le toca”.

De esta forma se estaría explicando el bloqueo a la discusión y eventual votación-aprobación del informe-expediente 18.856, sobre la investigación realizada a la Aresep en el seno de la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Público de la Asamblea Legislativa. Aprobarlo sería oficializar lo que muchos pensamos: Aresep funciona en la ilegalidad y sin autoridad ético-moral ninguna por las tropelías que está cometiendo.

La Aresep, con don Dennis Meléndez Howell como “Regulador General” (el de los 7 millones 100 mil colones mensuales de salario que al mundillo político-mediático que le respalda no le escandaliza para nada), tiene un pulso con el Gobierno del Presidente Luis Guillermo Solís Rivera.

La Aresep dejó de ser un órgano técnico para convertirse en una entidad inmersa en la politiquería; y, a la vez, asumió un rol de gendarme ideológico cual sicario político de los derechos laborales consagrados constitucionalmente por medio de negociaciones colectivas y estatutos de personal.

Esto podría explicar el “silencio” de los latifundios mediáticos propiedad de la plutocracia con respecto a la realidad de la planilla salarial de la Aresep, pues como es notorio nada de ello ha sido objeto de “debate público”, como sí lo han sido las situaciones de empleo público de alta difusión “noticiosa” por estos días, maravillosamente impregnadas de “objetividad”. Esperamos brindarle a usted la semana próxima el detalle de la planilla de la Aresep.

Como venimos planteando, según el informe legislativo sobre la investigación a la Aresep, informe que “duerme el sueño de los justos” por lo ya explicado; dentro de las ilegalidades cometidas por esta entidad está el alquiler que paga por sus actuales instalaciones, arriendo que se realizó sin estudio previo de costo-beneficio, exigido por la Contraloría General de la República lo que “…ha generado enormes gastos en un alquiler sin sentido y ha lesionado el interés institucional y de todos los usuarios de los servicios públicos”.

Por otra parte, la Aresep tiene una cuenta pendiente con la población trabajadora usuaria de los servicios de autobús. Tan es así que tiene otro expediente abierto en la Asamblea Legislativa: el No. 19.519, pues se investiga sobre los mecanismos, los procedimientos y las fórmulas que ha venido aplicando para aumentar los pasajes en este tipo de transporte público. También esperamos comentarles sobre ello en próximas entregas.

La escandalosa situación de funcionamiento ilegal en que está la Aresep generó que los legisladores que la han investigado, al amparo del expediente legislativo 18.856, hayan recomendado que (¡lea bien, por favor!), “…el Regulador General retome sus funciones sobre las tarifas de agua, energía y transporte, y que a las Intendencias se les habilite como dependencias técnicas especializadas que asesoren al Regulador General en esas materias”.

En otras palabras, se le dice al señor Dennis Meléndez Howell que ¡trabaje!; que legalice la función de Regulador General y que le quite el poder que ilegalmente le dio a los “reguladorcitos” de agua, de energía y de transporte para que se dediquen a lo que la ley les ordena: que sean dependencias técnicas especializadas que asesoran al Regulador no que lo sustituyan, creando esos poderes de facto que tienen a la Aresep en la picota.

Esta ilegalidad llevó, a la vez, a otra recomendación parlamentaria similar: que el Consejo de Gobierno ordene a la Procuraduría General de la República la impugnación, por la vía jurisdiccional más pertinente, del Reglamento de Organización y Funciones de la Aresep, en cuanto a la extralimitación legal en la creación de las intendencias y de la eliminación de funciones legales del regulador.

Explicamos líneas arriba que el informe parlamentario que desnuda las ilegalidades de la Aresep no se ha votado, que está bloqueado porque para la fracción parlamentaria liberacionista al “Regulador General”, “uno de los suyos”, don Dennis Meléndez Howell, “no se le toca”.

Lo que no comprendemos es la inacción del Poder Ejecutivo al no tomar la iniciativa por sí mismo y pedirle al órgano procurador que proceda a impugnar el régimen de facto instaurado en la Aresep, aunque tal informe legislativo todavía no sea oficial. Uno entiende bien que en el escenario de la polarización social en desarrollo, “todo el mundo está asumiendo partido”.

Eso fue lo que hizo la Aresep: Tomó el suyo y se alineó con los intereses de la hegemonía político-económica dominante; y, por ello, en sus tropelías se siente apadrinada por los latifundios mediáticos plutocráticos que le impusieron su propia agenda en materia de empleo público. La Aresep se convirtió en parte esencial, en pieza del ajedrez de la polarización social y su “carácter técnico” hace tiempo que desapareció.