Congruentes con ese odio de clase estimulado por los sectores tradicional y hegemónicamente dominantes de la política nacional, el gobierno Piza-Alvarado la emprendió, para el caso del empleo público, contra el reconocimiento del auxilio de cesantía superior a los tradicionales 8 años que señala el Código de Trabajo.

El tope de cesantía, establecido en 8 años con la promulgación del Código de Trabajo, en 1943, hace ya mucho superó ese límite. Por cierto, no hay registro histórico alguno, realmente verídico, de las razones de ese tope de 8 años, en vez de uno de 9, o de 7, o de 10, etc.

El gobierno Piza-Alvarado viene dando tumbos ante su desbocada carrera por imponerle a la sociedad un paquetazo de impuestos, completamente injusto e inequitativo, generador de más desigualdad y propiciador de más concentración de riqueza vía el fraude fiscal en todas sus dimensiones, además de incluir graves reversiones en materia de derechos sociolaborales.

El largo y sinuoso camino de esta histórica y trascendental ley obrero-social, duró unos 17 años de altibajos, a lo largo de cinco administraciones gubernativas (1998-2015), más 18 meses (año y medio), del período previo a su entrada en vigencia, luego de convertirse en ley.

El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres poderes distintos e independientes entre sí: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial”.