Don Rodrigo ¿Para qué quiere meterse en el Banco Popular?

Vivimos tiempos de acelerada concentración de la riqueza y de crecimiento de la desigualdad. Muy pocos acumulan ya demasiado y demasiada gente (la gran mayoría de la población), tiene muy poco, poco o nada para sobrevivir. Ahora es cuando el BPDC acrecienta su papel posibilitando, a través del crédito y otros mecanismos financieros, que esa gran mayoría de la población tenga alguna esperanza de que no sucumbirá del todo ante la concentración que amenaza con excluirla del sistema económico.

En tal circunstancia se agiganta hoy la visión legisladora que le dio origen al Banco Popular, como el banco de la clase trabajadora; banco que se dirige a través de las representaciones de los diez sectores sociales que forman su autogobierno: la Asamblea de Trabajadores y de Trabajadoras (ATTBP), compuesta por 290 personas provenientes de esos diez sectores (el solidarismo, el cooperativismo, el sindicalismo, el magisterio, el profesional, el comunal y otros).

A su vez, estas 290 personas eligen 4 para la Junta Directiva del BPDC, poniendo el Gobierno 3, para un total de 7, las cuales, por un período de cuatro años dirigen este banco, con los mandatos que emite la indicada asamblea. Es decir, el Gobierno de la República es minoría en el Banco Popular.

El BPDC es un modelo único, muy costarricense, que hace negocio bancario con sentido social, pese a que se le impone el mismo juego de reglas financieras que a los otros bancos que lucran para hacer más plata en el sentido estricto del término. Por ese sentido social, hemos defendido, sin éxito alguno hasta ahora, la tesis de una regulación diferenciada para este banco.

Se avecinan las elecciones internas del BPDC: primero de su asamblea y luego de ésta, de su junta directiva. Sin que estuviera así previsto, este proceso tiene relación con la llegada de un nuevo gobierno, el año entrante. Las fichas de la elección presidencial de febrero del 2010, de un modo u otro, ya empezaron a moverse a lo interno del BPDC.

Nosotros pensamos que el BPDC no puede ser visto como botín electoral. Este banco tiene autonomía por ley, así indicado por la propia Sala Cuarta y refrendado por la propia Contraloría General de la República.

Por eso hemos querido, muy respetuosamente y de manera pública, preguntarle al señor Ministro de la Presidencia, don Rodrigo Arias, ¿para qué quieren meterse en el Banco Popular?; pretendida intromisión que, por cierto, será férreamente resistida.

El BPDC es un banco exitoso, pese a esa esencia tan peculiar que lo hace diferente a los demás bancos. Como tiene tanta plata, pensamos que el Gobierno quiere meterse en él para financiar proyectos que no podría hacer desde la administración central del Estado, ahora que hay un “_hueco fiscal_” gigantesco y que le será heredado al nuevo gobierno que asuma en mayo del 2010.

Pero si eso fuera cierto y si esos proyectos son para el bien común y no para clientelismo electoral, entonces, ¿por qué no discutir con la representación legítima que tiene en estos momentos el BPDC y, a lo mejor, llegar a acuerdos que beneficien a miles de costarricenses que, en condiciones difíciles, necesitan, por ejemplo, abrir microempresas como ya se viene haciendo en el BPDC?…

Nos parece que lo más urgente en estos momentos es que usted, don Rodrigo, reciba a las diferentes representaciones sectoriales que son las voceras legítimas de las personas verdaderamente dueñas del BPDC; y que se expresan a través del actual directorio de la ATTPB. Entendemos que se le ha pedido una audiencia que usted todavía no ha concedido. ¿Hay miedo al diálogo?… No lo creemos.

Usted bien sabe, don Rodrigo, que muchos de los sectores sociales representados en el BPDC, han elaborado propuestas serias, responsables, viables, para estos momentos difíciles. El grupo de las “_Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva_”, ha formulado importantes planteamientos que usted conoce.

¿No le parece que sería muy productivo e inteligente abrir un diálogo al respecto y poderle demostrar cuán importante es que el BPDC siga autónomo, aunque coordinando con el gobierno aquellos proyectos inspirados en el bien común que sean compartidos por las partes, sin contaminación electoral de por medio?

Este esfuerzo se puede hacer ahora que se avecinan “_cambios en el pensamiento económico_”, como el que se impulsará, por ejemplo, desde la Universidad de Cambrigde, en Inglaterra, ante el estrepitoso fracaso del neoliberalismo. Usted sabe de qué hablamos cuando decimos esto.

Afortunadamente, al BPDC no se lo tragó del todo ese neoliberalismo perverso y de ahí que su autonomía todavía prevalezca. El Banco Popular merece ser defendido por toda la clase trabajadora y sus diferentes componentes organizativos… y por toda la sociedad.

Posición jurídica para proteger a trabajadores y trabajadoras de Correos de Costa Rica

San José, 06 de Noviembre de 2009

Licenciado
Álvaro Coghi Gómez
Gerente General
Correos de Costa Rica S.A.
Presente.

Estimado Licenciado Coghi:

Reciba un respetuoso y atento saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP.

El día 21 de julio de 2009 bajo el título de asunto: “UTILIZACIÓN”, su persona le envió a todos los funcionarios de Correos de Costa Rica S.A. un correo electrónico donde manifiesta que en la empresa se produjo un serio problema con la utilización de Internet, que ha generado que la institución no pueda utilizarlo para su gestión empresarial, y señala una serie de correos de los denominados “masivos” de los que posee conocimiento, a partir de un informe rendido por la Gerencia de Informática, en el que se indica que luego de un estudio se determinó que existe una saturación en la red, ya que los correos electrónicos y sus respectivos tamaños no correspondían a las funciones para las cuales la empresa contrato a varios de los trabajadores.

Partiendo de lo anterior, claramente arribamos a la conclusión que los correos de los empleados están siendo revisados y leídos, a pesar de que nuestra jurisprudencia y legalidad lo prohíbe. En este sentido, las más altas autoridades jurisdiccionales de nuestra nación han señalado que “El correo electrónico es una herramienta que está protegida por el secreto a la correspondencia y a la comunicación, así como por el derecho a la intimidad, aún en la escena laboral”.

Mediante el Oficio S.G. 07-09-1660-09 del 20 de julio 2009, ante reportes de miembros de nuestra seccional en la institución a la que usted representa, sobre rechazos automáticos a comunicaciones electrónicas enviadas a todos los funcionarios de Correos de Costa Rica, emplazamos a su persona nos remitiera la versión oficial de la empresa sobre si se había emitido alguna directriz gerencial que le impida a la ANEP y a su seccional, el uso del correo electrónico institucional para comunicaciones sindicales con las personas trabajadoras asalariadas afiliadas a esta agrupación y/o en general, con toda la población laboral de Correos de Costa Rica S.A.; información que fue recibida el día 21 de julio del año en curso mediante el Oficio GG-04-286-2009 en el que se nos comunica que se realizó la consulta correspondiente a la Gerencia de Informática, dependencia que señaló que no se había girado instrucción alguna impidiendo la comunicación entre los funcionarios de correos independientemente si pertenece o no a una agrupación sindical; sin embargo el Oficio en mención aclara que se fundamentan en el artículo 30 del Reglamento-TI que en lo que interesa reza: “El uso del correo electrónico es exclusivo para realizar labores propias de la empresa, su uso indiscriminado, la promoción del SPAM (mensajes en cadena con diversos contenidos, como publicidad, religión, temas ajenos a la actividad de la empresa, etc), (…) está prohibido”; siendo que la Gerencia de Informática en su informe acepta expresamente que tal accionar se da “debido a que es exagerado el envío de correos electrónicos donde se observa que muchos no tienen nada que ver con la actividad de la empresa”, manifestación que fue retomada en un correo electrónico enviado a todo el personal de la institución por parte de la Gerencia de Informática en fecha 17 de agosto del 2009, y con el aval de su persona según correo electrónico de circulación para el personal en general de fecha 18 de agosto del 2009; reconocimientos que una vez más acreditan que los correos personales de los funcionarios de esta institución están siendo revisados, y lo que es aún más grave, sin que se les comunique como en Derecho corresponde tal monitoreo.

Reiteradamente esta agrupación sindical ha exigido que se respete la inviolabilidad de las comunicaciones vía correo electrónico, y que se le permita a nuestra Seccional ANEP-Correos de Costa Rica S.A. la utilización del correo electrónico interno con el fin de que podamos mantener por ese medio un contacto directo con los trabajadores y, que a la vez éstos tengan la oportunidad de participar de manera libre y sin temor a posteriores represalias en las actividades gremiales.

Fundamentamos nuestros emplazamientos en lo que dispone la Constitución Política en su artículo 24, numeral que refiere que los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales o de cualquier otro tipo de los habitantes de la República son inviolables; así como en los Tratados Internacionales con igual jerarquía a nuestra Carta Magna, instrumentos que protegen la correspondencia y los documentos privados, entre ellos, el Pacto de San José de Costa Rica (art. 11, inc. 2º); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 17); la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 12); y, la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre (art. X). La interpretación jurisprudencial sobre la normativa señalada ha sido clara al indicar que, “el transmitir noticias de interés sindical a los trabajadores a través del correo electrónico de la empresa es un derecho otorgado”.

Partiendo del fundamento normativo de jerarquía constitucional, legal e internacional que cobija las solicitudes que le hemos hecho llegar a Correos de Costa Rica S.A por medio de su persona, y en virtud de los fines propios de nuestra agrupación sindical de protección de los derechos laborales de nuestros afiliados, procedimos a realizar una lectura concienzuda del referido Reglamento-TI, y consideramos que la redacción de los artículos 14, 21, 29 y 30 implican una limitación injustificada a nuestro accionar sindical, toda vez que constituyen prohibiciones al uso de los medios electrónicos institucionales por parte de los miembros de nuestra organización con fines gremiales.

Nótese que las limitaciones en el uso de los medios electrónicos institucionales a los que se refiere el Reglamento-TI (restricciones que incluso pueden traducirse en sanciones de carácter disciplinario para nuestros asociados) constituyen obstáculos de los derechos a la intimidad, libertad y secreto de las comunicaciones (artículo 24 Constitución Política), de la libertad de opinión y autonomía de la voluntad (artículo 28 Constitución Política), de la libertad de expresión (artículo 29 de la Constitución Política), de la libertad sindical (artículo 60 de la Constitución Política), y de los derechos y/o garantías gremiales a los que se refieren el Convenio No. 135 referente a la “Protección y Facilidades que deben otorgarse a los representantes de los trabajadores en la empresa”, así como de la Recomendación No. 143 “Recomendación sobre los representantes de los trabajadores, 1971”, ambos instrumentos internacionales emitidos por la Organización Internacional del Trabajo y, que a su vez son ley de la República de Costa Rica No. 5968; así como el Convenio No. 87 “Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948” de la OIT.

Invocando la legislación nacional e internacional en la materia del ejercicio de la Libertad Sindical y de la Libertad de Organización, así como la tradicional política institucional de la entidad bajo su conducción, para el acatamiento de las mismas, y con el respeto que nos caracteriza, le solicitamos lo siguiente:

a) Interponer sus buenos oficios a fin de que se modifiquen los siguientes artículos del Reglamento-TI vigente:

Artículo 14
Artículo 21
Artículo 29
Artículo 30

b) Incluir dentro de los numerales a reformar, un postulado que autorice a las agrupaciones sindicales y a sus respectivos representantes, a enviar y recibir documentos informativos, boletines, formularios y otros, directa o indirectamente relacionados con el quehacer sindical.

c) Modificar los términos persecutorios y amenazantes que dispone el Reglamento-TI vigente para sancionar a un trabajador, por el solo hecho de gozar de un derecho de rango constitucional y legal.

d) Suspender de inmediato la inconveniente e ilegal práctica de supervisar y violar la correspondencia electrónica de los empleados.

Amparados en los artículos 27 y 30 de la Carta Magna, así como el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, le solicitamos formal respuesta al presente emplazamiento a la mayor brevedad posible.

Para finalizar y siempre con el respeto que caracteriza a nuestra organización sindical, así como con la legitimidad que la legislación nos ha otorgado para representar los intereses de nuestras y nuestros agremiados, le solicitamos vehemente valorar las peticiones que hacemos de su conocimiento por medio de la presente, a fin de que en el marco de un diálogo cordial ambas partes podamos ver saciadas nuestras necesidades y aspiraciones, procurando evitar el vernos obligados a acudir ante otras instancias administrativas y/o judiciales en procura de hacer valer y respetar los derechos de los y las trabajadoras de Correos de Costa Rica S.A.

Agradeciendo su pronta intervención y respuesta, nos suscribimos reiterándole nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Teresita Campos Leiva
Presidenta Seccional ANEP
Correos de Costa Rica S.A.

Cc: Junta Directiva Nacional ANEP.
Seccional ANEP- Correos de Costa Rica S.A
Archivo

La anexión de Colombia a Estados Unidos

El acuerdo pone en aprietos a teóricos y políticos. No es honesto guardar silencio ahora y hablar después sobre soberanía, democracia, derechos humanos, libertad de opinión y otras delicias, cuando un país es devorado por el imperio con la misma facilidad con que un lagarto captura una mosca. Se trata del pueblo colombiano, abnegado, trabajador y luchador. Busqué en el largo mamotreto una justificación digerible, y no vi razón alguna.

En 48 páginas de 21 líneas, cinco se dedican a filosofar sobre los antecedentes de la vergonzosa absorción que convierte a Colombia en territorio de ultramar. Todas se basan en los acuerdos suscritos con Estados Unidos después del asesinato del prestigioso líder progresista Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, y la creación de la Organización de Estados Americanos, el 30 de abril de 1948, discutida por los Cancilleres del hemisferio, reunidos en Bogotá bajo la batuta de Estados Unidos los días trágicos en que la oligarquía colombiana tronchó la vida de aquel dirigente y desató la lucha armada en ese país.

El Acuerdo de Asistencia Militar entre la República de Colombia y los Estados Unidos, en abril de 1952; el relacionado con “una Misión del Ejército, una Misión Naval y una Misión Aérea de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos”, suscrito el 7 de octubre de 1974; la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, de 1988; la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de 2000; la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad, de 2001, y la Carta Democrática Interamericana; la de Política de Defensa y Seguridad Democrática, y otras que se invocan en el citado documento. Ninguna justifica convertir un país de 1 141 748 kilómetros cuadrados, ubicado en el corazón de Suramérica, en base militar de Estados Unidos. Colombia posee 1,6 veces el territorio de Texas, segundo Estado de la Unión en extensión territorial, arrebatado a México, que después sirvió de base para conquistar a sangre y fuego más de la mitad de ese hermano país.

Por otro lado, han transcurrido ya 59 años desde que soldados colombianos fueron enviados a la distante Asia para combatir junto a las tropas yankis contra chinos y coreanos en octubre de 1950. Lo que el imperio pretende ahora es enviarlos a luchar contra sus hermanos venezolanos, ecuatorianos y otros pueblos bolivarianos y del ALBA, para aplastar la Revolución Venezolana, como trataron de hacer con la Revolución Cubana en abril de 1961.

Durante más de un año y medio, antes de la invasión, el gobierno yanki promovió, armó y utilizó las bandas contrarrevolucionarias del Escambray, como hoy utiliza a los paramilitares colombianos contra Venezuela.

Cuando el ataque de Girón, los B-26 yankis tripulados por mercenarios operaron desde Nicaragua, sus aviones de combate eran transportados hacia la zona de operaciones en un portaaviones, y los invasores de origen cubano que desembarcaron en aquel punto venían escoltados por buques de guerra y la infantería de marina de Estados Unidos. Hoy sus medios de guerra y sus tropas estarán en Colombia, no sólo como una amenaza para Venezuela sino para todos los Estados de Centro y Suramérica.

Es realmente cínico proclamar que el infame acuerdo es una necesidad de la lucha contra el tráfico de drogas y el terrorismo internacional. Cuba ha demostrado que no se necesitan tropas extranjeras para evitar el cultivo y el tráfico de drogas y mantener el orden interno, a pesar de que Estados Unidos, la potencia más poderosa de la tierra, promovió, financió y armó durante decenas de años las acciones terroristas contra la Revolución Cubana.

La paz interna es prerrogativa elemental de cada Estado; la presencia de tropas yankis en cualquier país de América Latina con ese propósito es una descarada intervención extranjera en sus asuntos internos, que inevitablemente provocará el rechazo de su población.

La lectura del documento demuestra que no sólo las bases aéreas colombianas se ponen en manos de los yankis, sino también los aeropuertos civiles y en definitiva cualquier instalación útil a sus fuerzas armadas. El espacio radioeléctrico queda también a disposición de ese país portador de otra cultura y otros intereses que nada tienen que ver con los de la población colombiana.

Las Fuerzas Armadas norteamericanas disfrutarán de prerrogativas excepcionales.

En cualquier parte de Colombia los ocupantes pueden cometer delitos contra las familias, los bienes y las leyes colombianas, sin tener que responder ante las autoridades del país; a no pocos lugares llevaron los escándalos y las enfermedades, como hicieron con la base militar de Palmerola, en Honduras. En Cuba, cuando visitaban la neocolonia, se sentaron a horcajadas sobre el cuello de la estatua de José Martí, en el Parque Central de la Capital. La limitación relacionada con el número total de soldados puede ser modificada por solicitud de Estados Unidos, sin restricción alguna. Los portaaviones y barcos de guerra que visiten las bases navales concedidas llevarán cuantos tripulantes requieran, y pueden ser miles en uno solo de sus grandes portaaviones.

El Acuerdo se extenderá por períodos sucesivos de 10 años, y nadie puede modificarlo sino al final de cada período, advirtiéndolo un año antes. ¿Qué hará Estados Unidos si un gobierno como el de Johnson, Nixon, Reagan, Bush padre o Bush hijo y otros similares, recibe la solicitud de abandonar Colombia? Los yankis fueron capaces de derrocar decenas de gobiernos en nuestro hemisferio. ¿Cuánto duraría un gobierno en Colombia si anunciara tales propósitos?

Los políticos de América Latina tienen ahora ante sí un delicado problema: el deber elemental de explicar sus puntos de vista sobre el documento de anexión. Comprendo que lo que ocurre en este instante decisivo de Honduras ocupe la atención de los medios de divulgación y los Ministros de Relaciones Exteriores de este hemisferio, pero el gravísimo y trascendente problema que tiene lugar en Colombia no puede pasar inadvertido por los gobiernos latinoamericanos.

No albergo la menor duda sobre la reacción de los pueblos; sentirán el puñal que se clava en lo más profundo de sus sentimientos, en especial el de Colombia: ¡se opondrán, jamás se resignarán a tal infamia!

El mundo enfrenta hoy graves y urgentes problemas. El cambio climático amenaza a toda la humanidad. Líderes de Europa casi imploran de rodillas algún acuerdo en Copenhague que evite la catástrofe. Presentan como realidad que en la Cumbre no se alcanzará el objetivo de un convenio que reduzca drásticamente la emisión de gases de efecto invernadero. Prometen proseguir la lucha por alcanzarlo antes de 2012; existe riesgo real de que no pueda lograrse antes de que sea demasiado tarde.

Los países del Tercer Mundo reclaman con razón a los más desarrollados y ricos cientos de miles de millones de dólares anuales para costear los gastos de la batalla climática.

¿Tiene algún sentido que el gobierno de Estados Unidos invierta tiempo y dinero en construir bases militares en Colombia para imponer a nuestros pueblos su odiosa tiranía? Por ese camino, si un desastre amenaza al mundo, un desastre mayor y más rápido amenaza al imperio, y todo sería consecuencia del mismo sistema de explotación y saqueo del planeta.

6 Noviembre 2009

Las verdaderas intenciones detrás del Acuerdo Militar con Colombia

Lea además: La anexión de Colombia a Estados Unidos Fidel Castro Ruz
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Un documento oficial del Departamento de la Fuerza Aérea del Departamento de Defensa de Estados Unidos revela que la base militar de Palanquero, Colombia “garantiza la oportunidad para conducir operaciones de espectro completo por toda América del Sur”. Esta afirmación contradice las explicaciones dadas por el presidente Álvaro Uribe y el Departamento de Estado de EE.UU. sobre el acuerdo militar firmado el pasado 30 de octubre entre Washington y Colombia.

Los gobiernos de Colombia y EE.UU. han mantenido públicamente que el acuerdo militar se trata solamente de operaciones y actividades dentro del territorio colombiano para combatir el narcotráfico y el terrorismo interno. El presidente Uribe ha reiterado múltiples veces —incluso en la reunión de la UNASUR en Bariloche, Argentina— que su acuerdo militar con Washington no afectará a sus vecinos.

No obstante, el documento de la Fuerza Aérea de EE.UU. confirma lo contrario, e indica que las verdaderas intenciones y objetivos detrás del acuerdo son para poder realizar operaciones militares a nivel de región para combatir la “amenaza constante… de los gobiernos anti-estadounidenses”.

AVIONES YANKIS EN LA BASE COLOMBIANA DE PALANQUERO

El acuerdo militar entre Washington y Colombia autoriza el acceso y uso de siete instalaciones militares en Palanquero, Malambo, Tolemaida, Larandia, Apíay, Cartagena y Málaga. Adicionalmente, el acuerdo permite “el acceso y uso de las demás instalaciones y ubicaciones” por todo el territorio colombiano, sin restricciones.

Junto con la inmunidad plena que este acuerdo otorga a los militares, civiles y contratistas estadounidenses que entrarán a territorio colombiano en el marco del convenio, la autorización para que EE.UU. utilice cualquier instalación en el país, incluyendo a los aeropuertos comerciales, significa una entrega total de la soberanía colombiana.

El documento de la Fuerza Aérea destaca la importancia de la base militar de Palanquero y habla sobre la necesidad de invertir 46 millones de dólares para acondicionar la pista aérea, las rampas y varias otras instalaciones de la base para convertirla en una Localidad de Cooperación en Seguridad (CSL) de EE.UU. “Estableciendo una Localidad de Cooperación en Seguridad (CSL) en Palanquero apoyará la Estrategia de Postura del Teatro del Comando Combatiente (COCOM) y demostrará nuestro compromiso con la relación con Colombia.

El desarrollo de este CSL nos da una oportunidad única para las operaciones de espectro completo en una subregión crítica en nuestro hemisferio, donde la seguridad y estabilidad están bajo amenaza constante de las insurgencias terroristas financiadas por el narcotráfico, los gobiernos anti-estadounidenses, la pobreza endémica y los frecuentes desastres naturales… “.

No es difícil imaginar cuáles gobiernos en Sudamérica son considerados por Washington como “anti-estadounidenses”. Sus constantes declaraciones agresivas contra Venezuela y Bolivia, e incluso Ecuador, comprueban que son los países del ALBA que son percibidos por Washington como una “amenaza constante”. De clasificar un país como “anti-estadounidense” es considerarlo un enemigo de Estados Unidos. Bajo este contexto, es lógico pensar que EE.UU. reaccionaría frente a una región llena de “enemigos” con una agresión militar.

LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO ES SECUNDARIA

Según el documento, “el acceso a Colombia profundizará la relación estratégica con los Estados Unidos. La fuerte relación de cooperación en seguridad también ofrece una oportunidad para conducir operaciones de espectro completo por toda Sudamérica, incluyendo el apoyo para las capacidades de combatir el narcotráfico”. Aquí es evidente que la lucha contra el narcotráfico es un asunto secundario.

Este hecho contradice las explicaciones dadas por los gobiernos de Colombia y Washington, que han intentado aparentar que el objetivo principal del acuerdo militar es para combatir el narcotráfico. El documento de la Fuerza Aérea prioriza las operaciones militares continentales necesarias para combatir “amenazas constantes”, como los gobiernos “anti-estadounidenses” en la región.

PALANQUERO ES LA MEJOR OPCIÓN PARA EL ALCANCE CONTINENTAL

El documento de la Fuerza Aérea explica que “Palanquero es sin duda el mejor lugar para invertir en el desarrollo de la infraestructura dentro de Colombia. Su ubicación central está dentro del alcance de las áreas de operaciones… en la región… y su ubicación aislada ayudará… a minimizar el perfil de la presencia militar estadounidense.

La intención es utilizar la infraestructura existente… mejorar la capacidad de EE.UU. para responder rápidamente a una crisis y asegurar el acceso regional y la presencia estadounidense… Palanquero ayuda con la misión de movilidad porque garantiza el acceso a todo el continente de Sudamérica con la excepción del Cabo de Hornos… “ .

ESPIONAJE Y GUERRA

Adicionalmente, el documento de la Fuerza Aérea confirma que la presencia militar estadounidense en Palanquero, Colombia, aumentará las capacidades de espionaje e inteligencia, y permitirá a las fuerzas armadas estadounidenses aumentar sus capacidades para ejecutar una guerra en Sudamérica.

“El desarrollo de [la base en Palanquero] profundizará la relación estratégica entre EE.UU. y Colombia y está en el interés de las dos naciones… [La] presencia también incrementará nuestra capacidad para conducir operaciones de Inteligencia, Espionaje y Reconocimiento (ISR), mejorará el alcance global, apoyará los requisitos de logística, mejorará las relaciones con socios, mejorará la cooperación de teatros de seguridad y aumentará nuestras capacidades de realizar una guerra expedita.”

El lenguaje de guerra de este documento evidencia las verdaderas intenciones detrás del acuerdo militar entre Washington y Colombia: están preparándose para una guerra en América Latina. Los últimos días han estado llenos de conflictos y tensiones entre Colombia y Venezuela. Hace días, el gobierno venezolano capturó tres espías del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia —su agencia de inteligencia y espionaje— y descubrió varias operaciones activas dirigidas a la desestabilización y el espionaje contra Cuba, Ecuador y Venezuela.

Las operaciones Fénix, Salomón y Falcón, respectivamente, fueron reveladas por documentos que encontraron junto a los funcionarios capturados del DAS. Hace dos semanas, también fueron hallados 10 cadáveres en el estado Táchira, por la frontera con Colombia. Luego de realizar las investigaciones pertinentes, el gobierno venezolano descubrió que los cuerpos pertenecían a un grupo de paramilitares colombianos que se habían infiltrado a territorio venezolano. Esta peligrosa infiltración paramilitar desde Colombia forma parte de un plan de desestabilización contra Venezuela, que busca crear un para-estado dentro del territorio venezolano y así debilitar al gobierno del Presidente Chávez.

El acuerdo militar entre Washington y Colombia solo aumentará esta tensión y violencia regional. Ahora, con la información revelada en el documento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, se hace evidente —sin duda ninguna—que Washington está buscando promover una guerra en Sudamérica, utilizando a Colombia como su base de operaciones. Frente a esta declaración de guerra, los pueblos de América Latina tienen que mostrar unidad y fuerza. La integración latinoamericana es la mejor defensa contra la agresión imperial.

*El documento del Departamento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fue redactado en mayo del 2009 como parte de la justificación del presupuesto para el 2010 enviado por el Pentágono al Congreso estadounidense. Es un documento oficial de la Fuerza Aérea y reafirma la veracidad del Libro Blanco: La Estrategia de Movilidad Global del Comando Aéreo de la Fuerza Aérea de EE.UU., que fue denunciado por el Presidente Chávez durante la reunión de la UNASUR en Bariloche el 28 de agosto pasado.

He puesto el documento, y la traducción no-oficial de los segmentos sobre la base de Palanquero, en la página web del Centro de Alerta para la Defensa de los pueblos, un espacio que estamos construyendo para asegurar que las denuncias e información estratégica estén disponibles, para que los pueblos puedan defenderse con contundencia frente a la constante agresión imperial.

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HONDURAS: La Victoria del “Smart Power”

Henry Kissinger decía que la diplomacia es “el arte de refrenar el poder”. Obviamente, el ideólogo más influyente de la política exterior estadounidense del siglo XX estaba haciendo referencia a la necesidad de “refrenar el poder” de otros países y gobernantes para poder mantener la posición dominante de Estados Unidos ante el mundo. Presidentes como George W. Bush, empleaban el “poder duro” (Hard Power) para lograr este fin: armas, bombas, amenazas e invasiones militares. Otros como Bill Clinton, utilizaban el “poder suave” (Soft Power): la guerra cultural, Hollywood, ideales, diplomacia, autoridad moral y campañas para ganar “las mentes y corazones” de las poblaciones civiles en países adversarios. Pero la administración de Barack Obama ha optado por una mutación de estos dos conceptos, fusionando el poder militar con la diplomacia, la influencia política y económica con la cultural y legal, y llamándolo el “poder inteligente” (Smart Power). Su primera aplicación ha sido en el caso de Honduras, con el golpe de estado, y hasta hoy, ha funcionado a la perfección.

Decía la Secretaria de Estado Hillary Clinton en su audiencia de confirmación ante el Senado de Estados Unidos, que “debemos utilizar lo que se ha llamado el “smart power”, el rango completo de herramientas que están a nuestra disposición – diplomáticas, económicas, militares, políticas, legales y culturales – escogiendo la herramienta correcta, o combinación de herramientas, para cada situación. Con el “smart power”, la diplomacia sería la vanguardia de nuestra política exterior.” Luego, Clinton reforzaba este concepto afirmando que “el camino más sabio es primero utilizar la persuasión.”

¿Qué es lo inteligente de ésta concepción? Es una forma de política difícil de clasificar, difícil de detectar y difícil de desmontar. El caso de Honduras es ejemplar. Por un lado, el Presidente Obama condenaba al golpe contra el Presidente Zelaya, y por otro lado, su embajador en Tegucigalpa se reunía constantemente con los golpistas. La Secretaria de Estado Clinton repetía muchas veces durante los últimos cuatro meses, desde el primer día del golpe, que Washington no quería meterse ni influir sobre la situación en Honduras – que eran los hondureños que tenían que resolver su crisis, sin alguna injerencia externa. No obstante, fue Washington que impuso la mediación de Oscar Arias, presidente de Costa Rica, era Washington que seguía financiando al régimen golpista a través de la USAID, y era Washington que comandaba y controlaba las fuerzas armadas hondureñas, a través de la base militar Soto Cano (Palmerola).

También fue el lobby de Washington que redactó el “acuerdo” de San José, y en el final, fueron los altos funcionarios de la Casa Blanca y el Departamento de Estado que tuvieron que “persuadir” a los hondureños para que aceptaran ese acuerdo. A pesar de la constante injerencia de Estados Unidos en el golpe de estado en Honduras – desde su financiación, diseño y apoyo político hasta el apoyo militar – el “smart power” logró distorsionar la realidad ante la opinión pública, convirtiendo al dúo Obama/Clinton en los “grandes ganadores del multilateralismo”.

Lo que hizo el “smart power” fue disfrazar el unilateralismo estadounidense de multilateralismo. Del primer día, la agenda de Washington se impuso. El 1 de julio, los voceros del Departamento de Estado admitieron en una rueda de prensa que tenían conocimiento previo del golpe. También admitieron que dos altos funcionarios de la diplomacia estadounidense, Thomas Shannon y James Steinberg, estuvieron en Honduras la semana anterior al golpe para mantener reuniones con los grupos civiles y militares que lo llevaron a cabo. Decían que su propósito era “frenar el golpe”, pero ¿cómo se explica entonces el hecho de que el avión llevando al presidente Zelaya ilegalmente fuera del país salió de la base militar de Soto Cano, en la presencia de los militares estadounidenses?

Los hechos demuestran la verdad sobre el papel de Washington en el golpe de estado, y su posterior experimento exitoso con la aplicación del “smart power”. Sabían del golpe, financiaban a los involucrados, ayudaron sacar al Presidente Zelaya del país y luego, utilizaron a la Organización de Estados Americanos (OEA) – en un momento incluso en que estaba en peligro de extinción – como fachada para imponer su agenda. En su discurso, el Departamento de Estado siempre legitimaba a los golpistas, llamando a “todas las partes…a resolver las disputas políticas de manera pacífica a través del diálogo”. ¿Desde cuando un usurpador ilegal del poder es considerado “una parte” legitima dispuesta a dialogar? Obviamente es un actor criminal que no estaba dispuesto a dialogar en primer lugar. Basada en esa lógica de Washington, el mundo debería hacer un llamado al gobierno de Obama para que “resuelva su disputa política con Al Qaeda de manera pacífica a través del diálogo”.

El “smart power” de Obama/Clinton logró su primera victoria durante los primeros días del golpe cuando los estados miembros de la OEA aceptaron la solicitud de esperar 72 horas para “darles tiempo” en Honduras para resolver su crisis. Luego vino la imposición de la mediación de Arias, y ya, de haber cedido tanto espacio a Washington, el imperio tomó el reino y lo llevó hasta el final. Cuando el presidente Zelaya se fue a Washington para reunirse con la Secretaria de Estado Clinton, fue obvio quien estaba en control. Y así lo jugaron, alargando el tiempo hasta el último momento para no permitir un regreso de Zelaya que tuviera el espacio de revertir lo que ya se habían logrado.

El pueblo se quedó fuera, los meses de represión, violencia, persecución, violaciones, toques de queda, cierres de medios de comunicación y torturas y asesinatos, se han olvidado. Menos mal, como dijo el Subsecretario de Estado Thomas Shannon, luego de lograr hacer firmar el “acuerdo” entre Micheletti y Zelaya, que la situación en Honduras se pudo resolver “sin violencia”.

Al firmar el acuerdo el pasado 30 de octubre, Washington “levantó” las pocas restricciones que habían impuesto para presionar al régimen golpista. Ya pueden sacar sus visas y viajar al norte, no se tienen que preocupar por los millones de la USAID que ni siquiera se habían suspendidos. Los militares estadounidenses en Soto Cano pueden reiniciar todas sus actividades – bueno, realmente nunca las habían dejado de hacer, como confirmó el Comando Sur del Pentágono, días después del golpe: “todo está normal con nuestras fuerzas armadas en Honduras, están haciendo sus actividades y maniobras conjuntas con los hondureños como siempre”. Washington está preparando su delegación de observadores para las elecciones en Honduras el próximo 29 de noviembre – ya están en camino.

Olvídense del torturador Billy Joya y los paramilitares colombianos enviados para ayudar al régimen golpista “controlar” la población. No se preocupan por el arma sónica LRAD utilizado para torturar a los habitantes en la embajada de Brasil, durante la estadía de Zelaya. No pasó nada. Como dijo Thomas Shannon, “felicito a dos grandes hombres por haber logrado este acuerdo histórico”. Y la Secretaria de Estado Hillary Clinton comentó que “este acuerdo es un logro tremendo para los hondureños”. ¿Disculpa, para quién?

En el final el celebrado “acuerdo” impuesto por Washington sólo llama al congreso de Honduras – el mismo que falsificó la renuncia de Zelaya para justificar el golpe, y el mismo que apoyó la instalación ilegal de Micheletti en la presidencia – de determinar si quieren o no restituir a Zelaya en la presidencia. Y sólo después de recibir una opinión de la Corte Suprema de Honduras – la misma que opinó que Zelaya era un traidor por promover una encuesta no vinculante sobre una posible reforma constitucional y la misma que ordenó su captura violenta. En caso de ser positiva la respuesta del congreso, Zelaya no tendrá ningún poder. Su gabinete sería impuesto por los partidos que apoyaron el golpe, las fuerzas armadas golpistas estarían bajo el control de la Corte Suprema golpista, y además, Zelaya podría ser enjuiciado por su supuesto “crimen”, por haber promovido una encuesta no vinculante sobre una potencial reforma constitucional.

Según el “acuerdo”, una comisión de la verdad supervisará la implementación de los términos acordados. Hoy anunciaron que la comisión será liderada por una ficha de Washington, el ex presidente chileno, Ricardo Lagos. Promotor de las políticas neoliberales de Washington, Lagos es co-director de la Junta Directiva del Diálogo Interamericano, un centro de pensamiento estadounidense de la derecha que analiza los temas relacionados con América Latina. También fue encargado por la National Endowment for Democracy (NED) para crear una versión chilena, la Fundación Democracia y Desarrollo, para “promover la democracia”, al estilo estadounidense en la región. Al salir de la presidencia en Chile, Lagos fue Presidente del Club de Madrid – un club exclusivo de expresidentes dedicados a “promover la democracia” por el mundo. En ese “club”, también figuran personajes vinculados con la desestabilización de los gobiernos de izquierda en América Latina como Jorge Quiroga y Gonzalo Sánchez de Lozada (ex presidentes de Bolivia), Felipe González (ex primer ministro de España), Václav Havel (ex presidente de la República Checa) y José María Aznar (ex primer ministro de España), entre muchos otros.

En el final, el “smart power” fue suficientemente inteligente para engañar a los que hoy se abrazan y celebran “el fin de la crisis” en Honduras. Pero para la mayoría del pueblo latinoamericano la victoria del “smart power” de Obama/Clinton en Honduras significa una sombra muy oscura y peligrosa que nos acerca. Apenas, iniciativas como el ALBA estaban logrando la independencia en América Latina del poder estadounidense. Por primera vez, los países y pueblos se levantaban en colectivo con dignidad y soberanía para determinar sus propios futuros. Y llegó Obama con su “smart power” y golpeó al ALBA, debilitó la integración latinoamericana y aplastó cualquier pensamiento sobre independencia y soberanía en el patio trasero de Washington.

Arrodillados y entregados ante Washington, “fue resuelta” la crisis en Honduras, la misma que se había fomentado en el norte. Ahora, se habla de Paraguay, Nicaragua, Ecuador y Venezuela, donde cada día aumenta la subversión, la contrainsurgencia y la desestabilización. El pueblo de Honduras sigue en resistencia, a pesar del “acuerdo” entre sus gobernantes. Su insurrección y compromiso con la reivindicación de sus derechos es el símbolo de la dignidad. La única manera de derrotar a la agresión imperial – que sea inteligente o que sea bruta – es a través de la unión e integración de los pueblos, a todo nivel.
(EG)

“Lo ilegal lo hacemos de inmediato. Lo inconstitucional tarda más tiempo.” – Henry Kissinger

Municipalidad de Oreamuno: ANEP reta a debate público a alcalde antisindical

1- Ante la serie de incongruencias desatadas por parte del Sr. Marco Vinicio Redondo Quirós, Alcalde Municipal, expresadas en un volante pretendiendo presentar a la ANEP como una organización sindical irresponsable y que queremos “aprovecharnos” de los bienes públicos, nos permitimos aclarar:

2- Las convenciones colectivas de Trabajo tienen su fundamento jurídico en la Constitución Política de Costa Rica, propiamente en su artículo 62. Además, se fundamentan en el Convenio N° 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por nuestro país mediante Ley 2561 de 11 mayo de 1960.

3- Igualmente, en los artículos 54 y siguientes del Código de Trabajo. Además, se fundamentan por los votos N°4453-2000 y N°9690-2000 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Lo sentimos mucho pero no podemos hacernos responsables de una ignorancia ajena.

4- Nuestra organización sindical, la ANEP, con una actitud seria, responsable y dentro del marco de proporcionalidad y racionabilidad, presentó el proyecto de Convención Colectiva de Trabajo ante el Honorable Concejo Municipal y ante la Administración de la Municipalidad de Oreamuno, con el propósito de iniciar lo que se suponía sería un lógico, transparente y armonioso proceso de negociación.

5- El señor alcalde Redondo Quirós menospreció nuestro gesto conciliador y de llamado al diálogo. No fue sino después de la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que este proceso dio inicio.

6- Sin embargo, el señor alcalde incumplió el compromiso adquirido ante dicho ministerio, ante el Concejo Municipal y ante los trabajadores y las trabajadoras representados por la ANEP.

7- Tajantemente rechazamos las malintencionadas manifestaciones del señor alcalde en cuanto a que el proyecto para la suscripción de una Convención Colectiva de Trabajo en la Municipalidad de Oreamuno, pretenda establecer una “serie de privilegios”. Esto es totalmente falso.

8- Se pretende, únicamente, el respeto a la dignidad de la persona trabajadora del municipio, especialmente de quienes laboran en el campo. Se busca mejorar el ambiente y la calidad de vida laboral, sin detrimento de los servicios que la municipalidad debe brindar a los vecinos y a las vecinas de la comunidad.

9- En cuanto al Salario Escolar, hemos de indicar que su aplicación se fundamenta en las resoluciones DG-005-95 y DG-136-97, DG-062-94, DG-041-97 de la Dirección General de Servicio Civil. El establecimiento del Salario Escolar en la Municipalidad de Oreamuno no le costará un centavo al presupuesto institucional. Así lo demostraremos.

10- De tal forma queda demostrado, una vez más, que la actitud del Sr. Marco Vinicio Redondo Quirós, Alcalde Municipal, es de mala fe, confrontativa y no de diálogo, a pesar de existir acuerdo del Concejo Municipal para que se dé el proceso de negociación y se promueva una mejor condición sociolaboral para las personas trabajadoras de la Municipalidad.

11- El personal de la Municipalidad de Oreamuno y la ANEP estamos anuentes, en todo momento al diálogo y la negociación. No estamos imponiendo absolutamente nada irracional. Nuestra lucha y la de los trabajadores que representamos es por el derecho a tener una mejorar calidad de vida para la clase trabajadora y sus familias, para el bien del Municipio y la misma comunidad.

12- Pero entiéndase que nosotros somos respetuosos del orden del Derecho, y agotaremos hasta las últimas instancias todos los elementos disponibles en tal sentido. Sin embargo, también ha de entenderse que no permitiremos bajo ninguna circunstancia que con actitudes de prepotencia y arrogancia, quieran mancillar los derechos de las personas trabajadoras costarricenses, y muchos menos de las dignas y honestas personas trabajadoras de la Municipalidad de Oreamuno, especialmente de los compañeros de campo quienes han mostrado una enorme dignidad en medio de la humildad y lo duro de su quehacer.

13- Así las cosas queda demostrado una vez más, que la actitud del Sr. Marco Vinicio Redondo Quirós, Alcalde Municipal, es confrontativa, y no permite el dialogo a pesar de existir el acuerdo por parte del Concejo Municipal, en querer negociar, para mantener una buena relación socio laboral para las personas trabajadoras de la Municipalidad.

14- Por último y conscientes de que para mejorar la calidad de servicio de la Municipalidad de Oreamuno, debe de existir el dialogo directo y franco entre las partes Administración y Personas Trabajadoras, retamos públicamente al Sr. Marco Vinicio Redondo Quirós a un debate público, con todas las personas de la comunidad de Oreamuno como también con las personas trabajadoras de la Municipalidad de Oreamuno, para que nos demuestre públicamente qué “privilegios” estamos proponiendo.

Oreamuno de Cartago, domingo 8 de noviembre de 2009.

Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Oreamuno

Hospital Nacional de Niños: Sí ha habido huelgas

“El derecho constitucional de la huelga también ha sido ejercido en el hospital de Niños”

Debo confesar que no me tomó por sorpresa que el señor Director Médico del Hospital Nacional de Niños, el doctor Rodolfo Hernández Gómez (persona a quien se le atribuye a lo interno del hospital importantes conocimientos en el campo de la medicina), quiera hacer una negación de la realidad imperante en dicho nosocomio del movimiento laboral a lo interno del mismo, amparándose al derecho constitucional de huelga.

Es conocido que durante su gestión ha pretendido, sin éxito, invisibilizar la acción sindical de una organización como la ANEP que ostenta la mayor membresía (afiliación de trabajadores y trabajadoras) en el hospital y, por tanto, tiene la mayor representatividad.

Muchos trabajadores y muchas trabajadoras nos honran con ser parte de nuestras filas, confiando en nuestra atinada intervención en una infinidad de conflictos que se presentan a diario como producto de una visión particular que ahí tiene desarrollo. La dirección médica del hospital tiene como tesis que ese centro tiene una “independencia” de las decisiones del nivel central, algo así como una isla dentro del universo CCSS; posición que se mantiene, bien alejado por cierto, del marco que regula las relaciones de trabajo pactadas a través del tiempo, con los sindicatos, o bien, de las políticas emanadas del mismo cuerpo gerencial; o, incluso, de la misma junta directiva institucional.

Sospecho que como se acercan tiempos de TELETÓN, se desee presentar la gestión institucional como algo caído en forma perfecta, desde lo más alto del cielo, que pretende ocultar la verdadera realidad que viven los trabajadores y las trabajadoras del Hospital Nacional de Niños.

He sido dirigente sindical durante 28 años y en ese significativo tiempo, puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que en el Hospital Nacional de Niños, al igual que en otros centros de la CCSS, se han librado las luchas más justas, mediante manifestaciones huelguísticas de la más diversa índole, y en la gestión del Dr. Rodolfo Hernández Gómez, no ha sido la excepción. Me parece, en cierto modo “inocente”, reflejar la historia de ese hospital pretendiendo borrar las luchas por mejoras en el servicio a los pacientes y por adecuadas condiciones de trabajo en ese centro. Lo dicho por el doctor Rodolfo Hernández Gómez, sencillamente no es cierto y me obliga a refrescar su memoria con tan solo algunos acontecimientos de los últimos años.

Por respeto solo mencionaré algunos acontecimientos. Cuando se puso en uso el parqueo, edificio de cuatro pisos, bajo techo, que se encuentra contiguo a la torre de Tamizaje, se pretendía dotar de espacio en forma exclusiva al personal médico, incluso se asignaron espacios vitalicios para exdirectores médicos y se prohibió estacionar vehículos en algunos espacios, aún cuando el lugar asignado perteneciera a un jerarca disfrutando de vacaciones. Muchos lugares fueron y siguen siendo ocupados por personas que no se encuentren laborando en el horario regular dentro del hospital. Sabemos de casos donde algunos médicos dejan su vehículo en el hospital mientras atienden su consultorio privado o hacen mandados en San José con su familia.

Se nos denunció de campos asignados a personas fallecidas y utilizados por particulares, o por alguien cercano a una jefatura…; mientras tanto, el personal que posee vehículo y que viene a prestar sus servicios en la atención de los niños del hospital se les niega lugar. Nunca pensar en que se facilite espacio a familiares de pacientes internados, pues eso no está contemplado como servicio a los usuarios, a pesar de que son quienes mantienen con sus aportes, la Seguridad Social; o bien, aportan en el evento navideño (para algunos el más relevante de la época), realizan sus donativos, para permitir que “juntos todo sea posible”.

La huelga dejó algunos saldos. Debimos pedir intervención del nivel central y el traslado de uno de los dirigentes a otro centro. El tiempo se ha encargado de deteriorar los acuerdos y tal parece que por los acontecimientos, eso es una bomba de tiempo que en cualquier momento hará estallar otro movimiento de protesta. ¡Huelga!

También se encuentra en nuestro poder actas de acuerdos alcanzados, para subsanar los problemas de la alimentación de los niños y de las niñas, a quienes por prácticas administrativas incorrectas se les mantuvo comiendo sólo pollo durante un largo tiempo, sin que se resolviera nada hasta que por la denuncia y la intervención de ANEP el problema se corrigió. Tan cruel resultó esta situación que en corrillos se escuchaba que a la niñez internada y de seguir esa penosa situación le saldrían alitas, en alusión directa al consumo exclusivo de pollo.

El personal del servicio de Nutrición ha debido declararse la huelga en varias ocasiones, como en la situación anterior, en defensa del derecho de los y las pacientes infantiles a una alimentación de calidad.

Añádase que el deterioro de lavadoras de vajillas, las fugas de vapor, los extractores en mal estado, las marmitas descompuestas, las licuadoras dañadas, las fugas en los baños maría, el exceso de ruido en la cocina, fueron motivaciones para un movimiento de huelga en el indicado servicio.

Como si eso fuera poco, se determinó la presencia de un deterioro del clima organizacional jefatura-personal trabajador: mal otorgamiento de los días libres, no sustitución de personal, faltante de plazas, etc. Por otra parte, en el servicio de Aseo se denunció maltrato de supervisores al personal y se debió solicitar intervención.

El servicio de Enfermería no es la excepción y va ganando en nuestro recuento de situaciones que riñen con las normas institucionales. Ahí se describe una forma de manejo de los asuntos que nos han llevado a la misma fiscalía del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Hubo hasta que hablar de venta de productos Omnilife dentro del hospital con el concurso de gente en cargos de mando…

La más reciente participación de los trabajadores y de las trabajadoras en un movimiento de huelga en el Hospital Nacional de Niños tiene relación con la lucha salarial, destacando por ser el hospital del casco metropolitano donde más trabajadores se manifestaron el pasado 10 de septiembre de 2009.

No podremos olvidar las salidas de estas valientes personas trabajadoras en las luchas contra el Combo del ICE y contra la aprobación del TLC, todo ello sin descuidar la atención de la niñez internada a la cual se le brindó, la atención oportuna de calidad y con calidez en todo momento.

Todos los hechos aquí narrados acaecieron en los últimos cinco años y fueron cubiertos por el importante medio noticioso (el más leído del país), Diario Extra.

Todo lo descrito a manera de recordatorio dice mucho de la verdadera actitud de los funcionarios y de las funcionarias del Hospital Nacional de Niños; dejando así en absoluto entredicho lo expresado por el Dr. Hernández Gómez, funcionario que puede estar padeciendo de un antisindicalismo aberrante en pleno siglo XXI, o lo que es peor: quizás esté perdiendo la memoria. Eso sí es preocupante…

SINART: Tirantez en relaciones obrero-patronales

San José, 2 de noviembre de 2009.
S.G. 09-11-0239-09

Licenciado
Alfonso Estevanovich
Presidente Ejecutivo
Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART)
Su despacho

Estimado señor:

Con el respeto de siempre, reciba usted nuestro más atento saludo.

Le estamos solicitando a su digna autoridad que nos conceda una audiencia en su despacho, con la finalidad de expresarle algunas consideraciones que tenemos acerca del desenvolvimiento actual de las relaciones obrero-patronales en la institución dignamente dirigida por su persona.

Nosotros, como representantes máximos de esta organización sindical, creemos muy necesario que se haga el mayor esfuerzo más compartido, de forma tal que haya la mejor comunicación bilateral en aras de lograr la mejor combinación armónica entre la justicia de las reivindicaciones sociolaborales del personal institucional cuya representación ostentamos, junto con el afán de logro de los mayores niveles de eficiencia y eficacia de la labor pública a cargo del SINART.

Apreciaríamos en grado sumo que la fecha y hora de la audiencia pudiese ser concertada inter-partes; indicándole, adicionalmente, que en la reunión pedida por esta Secretaría General de la ANEP, estaría la Junta Directiva de la Seccional ANEP-SINART y el señor Javier Valerín Villegas, integrante de la Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO), de la ANEP y responsable de la ANEP-SINART.

Nuevamente, le reiteramos nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP


cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-SINART.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Archivo.

UTN: Desafíos laborales inmediatos en la nueva universidad pública

San José, 5 de noviembre de 2009.
S.G. 09-11-0242-09

Licenciado
Marcelo Prieto Jiménez
Rector
Universidad Técnica Nacional (UTN)
Su despacho

Estimado señor:

Con el mayor respeto, reciba su digna autoridad atento saludo de nuestra parte.

Luego del diálogo sostenido con su persona, el pasado día 20 de octubre de 2009, con las representaciones directivas de las seccionales de la ANEP en la UTN, nos ha parecido importante dejar reseñada por esta vía, las líneas más generales desde la perspectiva reivindicativa a que aspira el personal institucional de la UTN, en este momento histórico de su conformación como la quinta universidad pública de nuestro país.

Primero: Estabilidad laboral. Todas las garantías al respecto, quedando así explícitamente establecido en el Estatuto Orgánico para todo aquel personal que ha estado gozando de la misma. Igualmente, se debe establecer hacia adelante, previa discusión, observando las reglas generales del empleo público; además, explicitando el tema de este asunto en el proceso de los nombramientos.

Segundo: Aumentos salariales escalonados.
Abordar el estudio necesario que establezca cuál es el promedio salarial de las universidades estatales. Entendemos que hay ya una propuesta del nuevo (primer) manual descriptivo de puestos, sobre el cual ya nuestras representaciones sindicales han formulado aportes importantes.

Tercero: Estatuto Orgánico. Debe establecerse con claridad cuál es el procedimiento que le permitirá al sector laboral organizado en ANEP, plantear sus observaciones y el camino que las mismas han de seguir para saber su destino final: recepción y aceptación, total ó parcial de cada una de ellas.

Cuarto: Definir el procedimiento a seguir para la participación laboral organizada en cuanto al reglamento interno de trabajo.

Quinto:
Establecimiento de la primera Convención Colectiva de Trabajo entre la Universidad Técnica Nacional (UTN) y la ANEP. Una vez entregado por parte de esta organización, debemos establecer el procedimiento bipartito para su discusión y negociación.

Sexto: Modelo filosófico y epistemológico de la UTN. Consideramos importante la incorporación del sector laboral organizado en las discusiones y/o reuniones sobre esta trascendental definición y, por tanto, es necesario definir las reglas al respecto.

Sétimo: Debe establecerse una comisión obrero-patronal para que, con cierta sistematicidad a conveniencia de las partes, se aborden los temas domésticos tanto generales como particulares que emergen en la cotidianeidad, de forma tal que se impulse el desarrollo de una cultura democrática institucional, se propicie la mejor armonía obrero-patronal y se logren los máximos niveles de excelencia académica y de eficiencia y de eficacia que exige el status de universidad pública. Retomamos la propuesta de que esa honorable rectoría emita una directriz para institucionalizar un espacio de comunicación, retroalimentación y negociación intramuros, en los centros académicos Alajuela, Atenas, Guanacaste y Puntarenas entre las correspondientes decanaturas y las respectivas directivas sindicales de la ANEP, para empezar al desarrollo del proceso de construcción de la indicada cultura democrática de participación.

Esperando una favorable respuesta de su parte, aprovechamos para reiterarle nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Javier Valerín Villegas
Responsable ANEP-TPMS
Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO)

cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-UTN-Sede Alajuela.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-UTN-Sede Atenas.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-UTN-Sede Guanacaste.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-UTN-Sede Puntarenas.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP
cc.: Archivo.

Ministerio de Cultura: ¿Más irregularidades?

San José, 5 de noviembre de 2009.
S.G. 09-11-0240-09

Licenciado
Francisco Robles Monge
Auditor
Teatro Popular Melico Salazar
Ministerio de Cultura y Juventud
Su despacho

Estimado señor:

Reciba un atento y respetuoso saludo de parte de nuestra organización sindical, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Mediante la publicación en el diario oficial La Gaceta, número 43, del 29 de febrero del año 2008, la señora Ministra de Cultura, da a conocer el “Manual para la presentación de Denuncias”; y con fundamento en ello, la ANEP solicita a su estimable persona investigar algunos hechos que consideramos son de enorme importancia porque se refieren a fondos públicos y su manejo en el Teatro Popular Melico Salazar.

Partiendo del artículo 22, inciso d) de la Ley General de Control Interno, sabemos que estas funciones le son conferidas, a fin de prevenir las posibles consecuencias negativas o riesgo en la gestión. Por ello y con fundamento en lo anterior le estamos solicitando se investigue lo que a continuación le detallamos:

1) Corre el rumor entre los trabajadores de que en dicha entidad podrían existir posibles pagos de extrafunciones de forma fija a funcionarios de alto nivel en el Teatro Melico Salazar.

2) Que dicho pago de extrafunciones se le estaría reconociendo a la persona administradora de la Compañía Nacional de Danza sin trabajarlas.

3) Se habrían hecho nombramientos en dicho centro laboral de parientes entre sí de algunas personas que no contarían con los requisitos para dichos puestos.

4) Que presuntamente existe un convenio para la explotación del café del Teatro Melico Salazar con una fundación y, por tanto, resulta importante saber el destino de esos dineros.

5)
Que existiría una eventual falsificación de entradas al Teatro Popular Melico Salazar, sin que sepa el accionar de la administración ante ello, de resultar cierta la especie en mención.

6) Que existe un fondo de becas con fondos públicos denominado” Pro-Artes” el cual maneja sumas de dinero importantes, sobre cuyo manejo existen, presuntamente, criterios muy subjetivos y hasta funcionarios del Ministerio de Cultura y Juventud se habrían visto beneficiados. Aparentemente, destaca el caso de un abogado que trabaja para el departamento legal del Ministerio y que habría recibido diez millones de colones.

7) Que recientemente los gastos de representación de los directivos de la junta administrativa del teatro se habrían incrementado en un 50%, al igual que para su directora ejecutiva; lo cual contrastaría, por ejemplo, con la inexistencia de presupuesto para la compra de toallas de mano y jabón para los baños.

En tales casos, solicitamos a esa auditoría que, con base en el artículo 27 Constitucional y el 32 de la ley de Jurisdicción Constitucional, nos informe cuál ha sido la naturaleza de su intervención en cada una de las situaciones planteadas arriba; y, en consecuencia, si cada una de esas situaciones ha arrojado un informe.

De la manera más respetuosa y atenta,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Javier Valerín Villegas
Responsable ANEP-TPMS
Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO)

cc.: Sra. María Elena Carballo Castegnaro, Ministra de Cultura y Juventud.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP
cc.: Archivo.