Con 187 votos la ONU condenó el bloqueo de EE.UU. contra Cuba

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Mensaje de ANEP y la Central Social Juanito Mora Porras

Compañeros y compañeras, Embajada de Cuba en Costa Rica:

Sinceras felicitaciones por esta nueva y extraordinaria victoria política del pueblo y del gobierno de Cuba, en el seno de las Naciones Unidas, obteniendo un nuevo récord, en el número de países que condenan el criminal bloqueo que ejerce el gobierno de los Estados Unidos en contra de vuestro país. La abrumadora mayoría de los pueblos del planeta, incluso aquellos que tienen gobiernos contrarios a la ideología política del gobierno de Cuba, coinciden en que ese bloqueo es una violación intolerable y condenable del Derecho Internacional y va contra toda norma ética, humanista, cristiana y moral de la convivencia entre naciones.
Las organizaciones laborales costarricenses aglutinadas en las agrupaciones Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), saludamos esta nueva victoria cubana y reafirmamos la ocasión para condenar ese criminal bloqueo. ¡Felicitaciones!.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Presidente CSJMP

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La Asamblea General de la ONU aprobó este miércoles por aplastante mayoría una resolución que de nuevo pide el levantamiento del bloqueo económico y comercial, que desde hace casi medio siglo Estados Unidos decretó en contra de Cuba.

El documento logró un apoyo casi unánime de los 192 países que integran la ONU, ya que a favor votaron 187 países, en contra tres EE.UU., Israel y Palau y hubo dos abstenciones

Esta es la décimo octava ocasión que se reúne la plenaria para discutir el tema de la_ “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”_.

La última reunión fue el 29 de octubre de 2008, donde se aprobó la Resolución 63/7 que contó con la votación de 185 Estados miembros a favor del levantamiento y tan sólo tres en contra: EE.UU., Israel y Palau.

A lo largo de todos estos años, la comunidad internacional se ha pronunciado en contra del bloqueo impuesto a la isla, y han solicitado el término del mismo, petición a la que se han sumado los presidentes latinoamericanos en diversos foros y recintos internacionales.

Respecto al tema de Cuba, la sesión de la V Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea celebrada en Lima, Perú, rechazó “todas las medidas coercitivas de carácter unilateral y efecto extraterritorial que sean contrarias al Derecho Internacional y a las normas generalmente aceptadas del libre comercio”, como prácticas que representan una amenaza grave para el multilateralismo.

“El reclamo a favor de que se elimine el bloqueo contra Cuba y cese la política de hostilidad contra un pequeño país es más fuerte y firme que nunca”, subraya la nota distribuida a la prensa acreditada ante la ONU.

Otros foros que se pronunciaron en el mismo sentido fueron la cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo, celebrada en Brasil, y dos citas de alto nivel la de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que sesionaron en Cumaná y Maracay, ambas en Venezuela.

Así como la pasada cita del ALBA efectuada en Cochabamaba con representantes de Bolivia, Cuba, Dominica, Honduras, Nicaragua y Venezuela, Paraguay y representantes de Ecuador, San Vicente y Granadinas, exigieron levantar el bloqueo que EE.UU. impuso a la isla hace 47 años y condenaron la exclusión de la isla de la Organización de Estados Americanos.

El repudio al bloqueo estadounidense contra Cuba también fue manifestado por las reuniones ministerial y Cumbre de los Países No Alineados, realizadas en La Habana (Cuba) y Sharm El Sheikh (Egipto), respectivamente.

Ese último encuentro reiteró el reclamo de los No Alineados contra el bloqueo, el cual calificó de unilateral y contrario a la Carta de la ONU, al derecho internacional y al principio de vecindad.

La nación caribeña ha arrastrado sanciones económicas, sociales y financieras a lo largo de 47 años, en este contexto, Cuba acumula pérdidas por más de 96 mil millones de dólares, aunado a la imposibilidad de desarrollo para los niños y jóvenes de esa nación en el aspecto social e integral.

El presidente de EE.UU., Barack Obama, quien señaló que su Administración haría la diferencia respecto al bloqueo y hasta el momento ha logrado muy poco, participó por primera vez en la votación de este miércoles.

Un informe presentado por el gobierno cubano expone que las autoridades norteamericanas incumplieron con el proyecto de resolución que hace un año adoptó el máximo órgano de la ONU para cesar la situación.

El informe de La Habana, resalta que el gobierno de Obama persiste en la aplicación del bloqueo y mantiene la ausencia de disposición de la Casa Blanca en acabar con el mismo.

El proyecto de resolución que fue sometido a votación, reafirma en su parte inicial, los principios de igualdad soberana de los Estados, la no intervención y no injerencia en sus asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales.

“El actual gobierno de los Estados Unidos ha continuado aplicando el bloqueo contra Cuba con todo rigor. No se ha enunciado y mucho menos emprendido acción alguna para desmontar el complejo entramado de leyes y disposiciones administrativas que conforman las bases legales y las regulaciones del bloqueo. Tampoco han sido modificados los fundamentos sobre los que se erige esa política”, afirma el informe oficial “Cuba vs. Bloqueo”.
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Así votaron los países y regiones

Países que votaron a favor por primera vez (1): El Salvador. Nuevos votos a favor con respecto al año pasado (2): El Salvador e Iraq. Nuevos votos en contra respecto al pasado año: NINGUNO. Votos favorables que perdimos respecto al pasado año: NINGUNO. Países que se ausentaron: NINGUNO. Países que se abstuvieron (2): Islas Marshall y Micronesia. Votos en contra (3): Estados Unidos, Israel y Palau.

ANÁLISIS POR ÁREAS GEOGRÁFICAS

África Norte y Oriente Medio: de un total de 19 países, 18 votaron a favor y uno en contra (Israel).

África Subsahariana: de un total de 47 países, 47 votaron a favor.

Asia y Oceanía: de un total de 36 países, 33 votaron a favor, uno en contra (Palau) y dos abstenciones (Islas Marshall y Micronesia)

América Latina y el Caribe: de un total de 33 países, 33 votaron a favor.

Europa Occidental y otros Estados: de un total de 29 países, 28 votaron a favor y uno en contra (Estados Unidos).

Europa Oriental: de un total de 28 países, 28 votaron a favor.

Países que apoyaron nuestra resolución (187):

ÁFRICA NORTE Y ORIENTE MEDIO (18):
Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Mauritania, Marruecos, Omán, Qatar, Siria, Túnez y Yemen.

ÁFRICA SUBSAHARIANA (47):
Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Chad, Comoras, Cote d’ Ivoire, Congo, Djibouti, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauricio, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Rwanda, República Centroafricana, Rep. Democrática del Congo, Sao Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Swazilandia, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia y Zimbabwe.

ASIA Y OCEANÍA (33):
Afganistán, Bangladesh, Bhután, Brunei Darussalam, Cambodia, China, Fiji, Filipinas, Islas Salomón, India, Indonesia, Japón, Kiribati, Laos, Malasia, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, Paquistán, Papua Nueva Guinea, RPD Corea, Rep. de Corea, Samoa, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Timor Leste, Tonga, Tuvalu, Vanuatu y Vietnam.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (33):
Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

EUROPA OCCIDENTAL Y OTROS ESTADOS (28):
Andorra, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chipre, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, San Marino, Suecia, Suiza y Turquía.

EUROPA ORIENTAL (28):
Albania, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Georgia, Hungría, Kazajstán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Macedonia, Moldova, Montenegro, Polonia, Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, Uzbekistán y Serbia.

Votación histórica contra el bloqueo

Año A favor En contra Abstención
1992 59 3 71
1993 88 4 57
1994 101 2 48
1995 117 3 38
1996 137 3 25
1997 143 3 17
1998 157 2 12
1999 155 2 8
2000 167 3 4
2001 167 3 3
2002 173 3 4
2003 179 3 2
2004 179 4 7
2005 182 4 1
2006 183 4 1
2007 184 4 1
2008 185 3 2
2009 185 3 2

Las candidaturas preidenciales del NO

El “NO” tuvo una expresión dramática con el “frauduréndum” del 7 de octubre de 2007, mostrando así una revitalización de la sana intención ciudadana por participar, activamente, en la toma de las grandes decisiones nacionales; especialmente marcado esto en el caso de la gigantesca diversidad de grupos, sectores y personas que militamos en el “NO”.

Con las primeras consecuencias negativas a la vista del TLC con Estados Unidos, comprobamos la naturaleza estratégica que tuvo ese gran movimiento cívico-patriótico; y que, a su vez, este movimiento expresaba los puntos más altos de un proceso de acumulación de fuerzas contra el modelo neoliberal que empezó, seriamente, a implantarse en el país a partir de la caída del Muro de Berlín, en 1989, cuando se proclamó por parte de la derecha oligárquica neoliberal y sus latifundios mediáticos, la “muerte de las ideologías”.

La historia está por escribirse, afortunadamente. Ya habrá oportunidad de recordar y reivindicar el papel oportunísimo de los sindicatos (especialmente los de carácter clasista), en esos primeros años de la resistencia “dura” al neoliberalismo; que, por un lado, anuló a la “izquierda clásica” y, por otro, se tomó los partidos Liberación y Unidad, para así formar el binomio político que engendró el TLC con Estados Unidos. Hoy ese TLC ya nos está enseñando su verdadera dimensión.

Ver a jóvenes estudiantes marchando por su derecho a fotocopiar libros para estudiar; escuchar el lloriqueo lastimero del gremio radiofónico porque tendrá que pagar por la música que pasará por sus ondas; la “guerra del atún” que va perdiendo la productora nacional; percibir el grito al cielo de los horticultores embarcados para que dijeran “Sí”; la ofensiva “reguladora” en contra del ICE para debilitarlo al máximo ante la llegada de la “competencia”; son los primeros episodios de un tratado en contra del interés nacional en toda su dimensión, que engullirá aún a quienes lo defendieron con ardor.

Anotamos lo anterior porque las condiciones de crecimiento del campo del “NO” ante tales episodios, auguraban que febrero de 2010 estaría destinado a convertirse en otro escenario estratégico para que las fuerzas de la resistencia patriótica acumuladas en los últimos veinticinco años, llegaran, por lo menos, al Poder Ejecutivo, alcanzando el gobierno del país. Así, la inclusión social, la solidaridad, la real justicia tributaria, la defensa de la ecología, una mejor distribución de la riqueza, la superación de una pobreza “institucionalizada para votar”, entre otros elementos, adquirirían en Costa Rica política de Estado.

Pero no fue así y el dolor que ello nos causa, lo confesamos abiertamente. Soñamos con algo así como la construcción de la “coalición de la vida”, pero nuestra ingenuidad y romanticismo político no midieron el poder de la vanidad, la prepotencia de la egolatría, la ceguedad de la soberbia y el desprecio por la diversidad.

Siete candidaturas presidenciales generadas desde el No al TLC, representan una gran bofetada para miles y miles de costarricenses que, desinteresadamente, dieron los más grandes esfuerzos para articular un bloque sociocívico de nuevo tipo que nos ayudara a enfrentar a la coalición oligárquica en el poder y sus gerencias gubernamentales de los últimos períodos presidenciales.

Sin embargo, estamos optimistas. Nos parece que esta tarea de construcción de articulación estratégica para superar el proyecto político de la oligarquía neoliberal, cogerá gran impulso luego del 7 de febrero de 2010. Nuestro derecho de soñar sigue intacto y el propio sistema político que hoy enceguece expulsará de sus entrañas a quienes hoy le juran lealtad. La construcción de lo nuevo pasa, necesariamente, por esto.

Municipalidad de Oreamuno: Huelga en perspectiva

San José, 28 de octubre de 2009.

S.G. 07-09-0225-09

¡URGENTE!

Señor
Marco Vinicio Redondo Quirós
Alcalde
Municipalidad de Oreamuno
Su Despacho
Fax: 2591 12 02
Direcciones electrónicas: aarcecr@yahoo.es
marco.redondo@munioreamuno.com

Estimado señor:

Con el respeto de siempre, le expresamos nuestro más atento saludo.

Debemos indicarle que luego de mucho tiempo de espera, luego de haber expresado un gran respeto por su autoridad, mostrando en todo momento una gran paciencia, una sólida tolerancia y con la firma convicción de que el diálogo y la negociación son los instrumentos por excelencia que garantizan entre costarricenses, nuestra convivencia pacífica como nación; apelamos a su racionalidad para que, cuanto antes, con urgencia, instalemos el proceso de negociación del proyecto de Convención Colectiva de Trabajo que la ANEP ha presentado ante su despacho; situación ésta que incluso es ya del conocimiento del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), con cuyo concurso y como mediador inter-partes, deseamos que tal proceso de abra. Usted le ha dado a este proceso una malintencionada dilación buscando una confrontación laboral que, lamentablemente, será muy difícil de eludir de persistir de actitud de burla y menosprecio al orden legal-constitucional que nos rige en esta materia.

Contando con la conciencia plena de una parte muy importante del personal a su cargo, nos veremos obligados a acudir a los otros instrumentos de lucha de que dispone la clase trabajadora para hacer valer sus derechos; proceso social que hemos dispuesto iniciar de cara a la comunidad de Oreamuno, cuyo apoyo se nos dará para tales efectos, según sondeos que ya hemos realizado.

Con la urgencia del caso, esperamos su respuesta,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

cc.: Honorable Concejo de Oreamuno.
cc.: Lic. Álvaro González Alfaro, Ministro, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. (MTSS).
cc.: Lic. Eugenio Solano Calderón, Viceministro, Área Social, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
cc.: Sr. Otón Solís Fallas, candidato a la Presidencia de la República, Partido Acción Ciudadana (PAC).
cc.: Honorable comunidad del cantón de Oreamuno, Cartago.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Oreamuno.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ)-ANEP.
cc.: Sra. Iris Cervantes Paniagua, Responsable ANEP-Municipalidad de Oreamuno, Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO), ANEP.
cc.: Trabajadores de la Municipalidad de Oreamuno.
cc.: Archivo.

CONAVI: ANEP pide informes sobre obras de emergencia y de «imprevisibilidad»

San José, 28 de octubre de 2009.
S.G. 07-09-0210-09

Ingeniero
Alejandro Molina Solís
Director Ejecutivo
Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)
Su despacho

Estimado señor:

En primer término, le expresamos el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

Con base en el artículo 27 Constitucional y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, le hacemos formal petición de información de lo que de seguido detallamos.

Se nos han acercado a nuestro despacho algunos ciudadanos representantes de empresas las cuales alegan haber ejecutado trabajos por encargo del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), en atención de emergencias y/u obras por la categoría de “imprevisibilidad”, indicando que se realizaron bajo la promesa de un pronto pago ante la inminente llegada de recurso económicos, según les fue notificado; pero, al parecer, ello no ha sido así y ya se han acumulado importantes deudas.

Es importante señalar que dada la crisis económico-financiera por la que atraviesa nuestro país conforme a su expresión mundial, es de vital importancia que las empresas logren recuperar su capital y dispongan de liquidez; y que con ello, entre otros aspectos, puedan cubrir las distintas obligaciones que tienen cada una, por cuanto, de lo contrario, estaríamos provocando la posible quiebra de algunas empresas si se les hace incurrir en gastos y oportunamente no se les paga, teniendo que incurrir éstas en altos costos de financiamiento. Además, desde nuestra lógica de organización sindical que vela por los intereses de la clase trabajadora, la crisis en las empresas es una crisis de empleo y no hay peor flagelo para una persona trabajadora asalariada que perder el mismo.

Considerando que, en nuestro criterio, la Administración Pública únicamente podrá cubrir y/o adquirir obligaciones económicas conforme a sus capacidades de financiamiento y que los recursos estén debidamente presupuestados; estamos peticionando la siguiente información:

– ¿Qué mecanismos utiliza el CONAVI para hacer estas contrataciones? – ¿Cuáles son las obras que se han ejecutado y que todavía no se han pagado? – ¿Cuáles son los montos pendientes de pago, deudas, en cada caso? – ¿Cuál es la o las firmas acreedoras en cada caso?; ¿cuál es el respectivo representante legal? – ¿Quiénes son los responsables de contratar, de dar orden de inicio y de supervisar dichas obras, en cada uno de los casos en que hay deudas por honrar? – ¿A cuánto asciende el monto de las obras contratadas por “imprevisibilidad” y cuál es el detalle correspondiente? – ¿Cuál es el detalle de lo que sí se ha podido pagar, desde el 8 de mayo de 2006 a la fecha? En este caso, el detalle debe incluir la obra, su categoría, la empresa y el monto – ¿Quiénes toman las decisiones de contratar sin el debido y previo respaldo presupuestario?

Por otra parte, creemos oportuno que el despacho a su digno cargo nos aclare los alcances del concepto de “imprevisibilidad”, así como los conceptos del principio de legalidad y si el CONAVI tiene la autonomía suficiente para no utilizar un procedimiento de contratación administrativa que refleje transparencia, imparcialidad, participación libre, entre otros principios que garantizarían la total objetividad de la administración en este tipo de decisiones; o bien, cuál es la garantía de esa objetividad en el caso de contrataciones millonarias decididas casi en forma discrecional, si fuese el caso, por “necesidad”.

Adicionalmente, deseamos tener información de primera mano sobre la debida planificación que el CONAVI tiene de obras por realizar y si las mismas cuentan con los recursos suficientes; además de aquella información de compromisos ya adquiridos que estén con o sin presupuesto y/o recursos financieros disponibles en este momento y en el corto-mediano plazo.

Nuevamente le expresamos nuestro mayor respeto y consideración y quedamos en espera de la información aquí con respeto solicitada.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

cc.: Lic. Rocío Aguilar Montoya, Contralora General de la República.
cc.: Lic. Rodrigo Arias Sánchez, Ministro de la Presidencia.
cc.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
cc.: Medios de comunicación colectiva.
cc.: Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).
cc.: Archivo.

Teatro Nacional: ¿Irregularidades con dineros de los boletos?

San José, 28 de octubre de 2009.
S.G. 07-09-0211-09
¡URGENTE!

Señora
María Elena Carballo Castegnaro
Ministra de Cultura y Juventud
Presidenta
Consejo Directivo
Teatro Nacional de Costa Rica
Su despacho

Estimada señora:

Con todo respeto, expresamos a su digna autoridad el más atento saludo de nuestra parte.

Corre la especie de que en la boletería del Teatro Nacional y desde el año 2006 se habrían dado irregularidades en el manejo de los fondos de la boletería. Nuestra organización ha captado inquietudes de carácter anónimo (por razones obvias), de que existirían pérdidas millonarias en boletos anulados o supuestamente anulados pero, paradójicamente, la persona tenedora del boleto se hace presente al evento correspondiente.

La presunta existencia de eventuales irregularidades al respecto, obedecería a la ausencia de controles estrictos, transparentes, prontos y fehacientes, para cada uno de los eventos que se presentan cotidianamente en dicha institución, la máxima entidad cultura del país. Al respecto hemos solicitado informes cruzados sobre el tema y no se han dado respuestas convincentes.

Señora Ministra, al inicio de su gestión usted publicó en el diario oficial La Gaceta, número 43 del 29 de febrero del año 2008, el “Manual para la presentación de Denuncias”; documento con base el cual se fundamentara la salida del anterior Director General del Teatro Nacional, señor Samuel Rovinski, al tener relación con una denuncia anónima. Para el presente caso, no es posible una política de “dejar hacer, dejar pasar”, sin que se haga mayor cosa al respecto.

ANEP estima sumamente necesario realizar una investigación al respecto que permita, ya sea, por un lado, constatar que todo está en orden y que las denuncias que hemos recibido no tienen consistencia; ó, por el contrario, que, efectivamente, existen irregularidades, sobre las cuales habría que actuar para determinar su calificación, establecer las correcciones del caso y, eventualmente, demandar las correspondientes rendiciones y cuentas y fijación de responsabilidades individuales.

La situación aquí planteada no es ajena al conocimiento de la actual Directora General del Teatro Nacional, la señora Jody Steiger Goodman, ante quien habría renunciado la anterior funcionaria encargada de la boletería y la cual le habría indicado a la mencionada jerarca que las anomalías anteriormente descritas, se estarían presentando.

De encontrarse asidero para proceder a una investigación profunda, ANEP recomienda las separaciones de cargos de las personas funcionarias que tendrían algún nivel de relación con la situación denunciada; misma que, de comprobarse su gravedad, podría también ser del conocimiento del Ministerio Público.

De la manera más respetuosa y atenta,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Javier Valerín Villegas
Responsable ANEP-Teatro Nacional
Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO) de ANEP

cc.: Honorable Junta Directiva Seccional ANEP-Teatro Nacional.
cc.: Junta Directiva Seccional de ANEP-Teatro Nacional.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP
cc.: Medios de comunicación colectiva.
cc.: Ministerio Público.
cc.: Personal del Teatro Nacional.
cc.: Archivo.

Gobierno de Asturias insta a la UE no reconocer las elecciones en Honduras

LA AGENCIA ASTURIANA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS CONDENA CON CONTUNDENCIA LOS CUATRO MESES DE GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS

La Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo del Gobierno del Principado de Asturias, se suma al llamamiento a la acción mundial contra el golpe de estado ocurrido en Honduras y lo condena con contundencia cuando se cumplen cuatro meses. Las circunstancias que se generaron a partir del 28 de junio de 2009, continúan vigentes y siguen erosionando grave e irreversiblemente la institucionalidad de la democracia en Honduras.

El golpe de estado en Honduras supone una subversión del orden constitucional y legal del país, un atentado contra la democracia hondureña, la vuelta a expresiones de violencia militar que deben ser desterradas en toda América, y la consiguiente obstaculización del desarrollo social y humano del pueblo de Honduras.

La violación sistemática de los derechos humanos no ha cesado y son muchas y muchos los que han sido asesinados, torturados, heridos, exiliados, detenidos, asaltadas sus casas, perseguidos judicialmente y brutalmente reprimidos y reprimidas por participar en las protestas contra el golpe de estado y la dictadura.

Los esfuerzos por lograr la restitución del orden constitucional han sido boicoteados por la dictadura, a pesar de la firme voluntad de la sociedad, los partidos democráticos, los sindicatos de clase, el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado en Honduras y del propio Presidente Zelaya, por llegar a acuerdos que faciliten el retorno al orden constitucional.

Por todo ello, atendiendo al especial vínculo existente entre Honduras y la cooperación asturiana (se destinaron más de 4 millones de euros en los últimos cinco años), a la defensa de los derechos humanos y a la lucha a favor de los valores democráticos, la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo del Gobierno del Principado de Asturias se solidariza con el pueblo hondureño, haciéndose eco de sus denuncias y apoyando todas las acciones pacíficas llevadas a cabo por las sociedades del Norte y del Sur en defensa de la restitución de la legalidad democrática y los derechos humanos como base necesaria para alcanzar la justicia social.

La Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo del Gobierno del Principado de Asturias, al cumplirse los cuatro meses del golpe de estado en Honduras, se suma al llamamiento a todas las personas y organizaciones solidarias y comprometidas con la democracia en el Mundo, para que se unan a la protesta internacional contra la dictadura instaurada por la oligarquía y la extrema derecha hondureña, con el respaldo de sectores militares y económicos de los EEUU, la complicidad con el crimen organizado, el narcotráfico y las instituciones y por la cobertura ideológica de medios de comunicación y jerarquías de las iglesias católica y evangélica.

La Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo del Gobierno del Principado de Asturias, pide:

• Manifestar públicamente el rechazo al golpe de estado militar llevado a cabo en Honduras el 28 de junio de 2009.

• La restitución de la legalidad democrática del país, hoy violada por el uso ilegal de la fuerza militar y los actos llevados a cabo al margen de la ley.

• La restitución inmediata del Presidente electo Zelaya
, legitimado por el pueblo hondureño, avalado por el marco constitucional y democrático del país, y las leyes internacionales. La garantía de seguridad e integridad física del Presidente Zelaya y de todos los hondureños y hondureñas, suspendiendo de inmediato todas las medidas represivas y el asedio ilegal de la Embajada de Brasil en Tegucigalpa.

• Apoyar al movimiento democrático hondureño en su demanda de que se convoque una Asamblea Constituyente con el objetivo de superar los graves problemas sociales, económicos y políticos a los que históricamente se enfrenta el pueblo hondureño, con el objetivo de conseguir una democracia real con justicia social.

• La apertura de cauces de investigación, que garanticen el enjuiciamiento de los responsables del golpe de estado y el castigo a los violadores de los derechos humanos. Todos los autores intelectuales y materiales del golpe de estado en Honduras deben ser llevados ante la justicia para responder por todos los crímenes y violaciones de los derechos humanos cometidas. Los represores y los asesinos tienen rostro, tienen nombre y han actuado con total impunidad hasta el momento.

• Exigir a la Presidencia de los EEUU, una posición contundente en contra de la dictadura de Micheletti. Que incluya la interrupción inmediata de todo tipo de cooperación militar, diplomática y económica, y la apertura de investigaciones que aclaren las acusaciones de complicidad de la Embajada de los EEUU y los organismos de inteligencia de los EEUU en el golpe de estado.

• La incidencia del Gobierno del Estado español en el seno de la UE con vistas a mantener la presión diplomática sobre las fuerzas ilegítimas que hoy controlan las instituciones de Honduras hasta poner fin a esta situación.

• Exigir a la comunidad internacional que no preste ayuda material, ni intelectual, ni asistencia financiera, ni mande observadores a las elecciones del 29 de noviembre, ni reconozca sus resultados, si previamente no se restituye el orden constitucional y democrático.

El pasado día 22 de octubre, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) ha presentado su Segundo Informe, y los datos son escalofriantes: en los 120 días de resistencia contra el golpe de estado y la dictadura en Honduras las violaciones de los derechos humanos son constantes, permanentes y sistemáticas y no dejan de crecer. Ejecuciones, atentados, amenazas, detenciones ilegales y persecuciones a líderes sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos, son constantes en Honduras desde el golpe. El Informe denuncia 21 asesinatos, de los cuales 4 son maestros, 3 atentados y 108 amenazas de muerte. Se recibieron 4.324 denuncias de violaciones de los derechos humanos, 133 denuncias de torturas y 114 casos de personas acusadas de sedición. Las cifras aumentan cada vez más en relación con las personas lesionadas y afectadas por golpes, 453 en total, y 211 personas heridas por armas no convencionales. Además, más de 3.000 personas han sido detenidas ilegalmente, 26 periodistas fueron agredidos, varios medios de comunicación fueron asaltados, reprimidos y violentados, 4 organizaciones sufrieron atentados, entre ellas la propia COFADEH, y se produjeron más de 200 denuncias por delitos políticos entre julio y octubre. Se producen permanentemente acciones de castigo y persecución contra las personas y organizaciones que forman parte del Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe de Estado en Honduras.

Desde la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo del Gobierno del Principado de Asturias, expresamos nuestra solidaridad y nuestra voluntad de acompañar la lucha y la resistencia del pueblo hondureño ante el golpe de estado y la dictadura.

Y denunciamos con rotundidad nuestro temor ante la posibilidad de que este golpe de estado en Honduras pueda desencadenar acciones similares de ejércitos y poderes económicos en otros estados del continente.

En Honduras podría estar en juego una parte del futuro de los procesos participativos y democráticos logrados en los últimos años en América Latina, así como el de los avances en la lucha por la justicia social y contra las causas del empobrecimiento y las desigualdades.

De masivas a selectivas las violaciones a DDHH en el marco del golpe de Estado

El informe destaca la criminalización que el actual régimen ha hecho, de las manifestaciones contra el golpe de estado, cuya persecución se ha enfocado contra maestros, maestras, dirigentes políticos, líderes juveniles y dirigentes campesinos.

Para “satanizar” a miles de manifestantes contra el golpe de Estado, el gobierno usurpador ha utilizado una campaña sistemática de desprestigio hacia la resistencia y que es ejercida por presentadores de radio, televisión y columnistas de periódicos, alineados a los grupos de poder que idearon y financiaron la ruptura del orden constitucional.

Incluso hay personajes de la vida política y empresarial que se han encargado de difundir en el exterior que la situación está en completa calma y que la única salida a la crisis es la realización de los comicios generales del 29 de noviembre.

Los datos sobre las violaciones a la vida, la integridad personal, la libertad de movilización, de expresión y del ejercicio periodístico, manifiestan los alarmantes niveles de represión, ordenados por el gobierno de facto de Roberto Micheletti

El Cofadeh documentó violaciones al derecho a la vida, en el que se registraron 108 denuncias por amenazas a muerte, 3 atentados contra personas y 21 asesinatos.

Los asesinatos se produjeron entre el 28 de junio y el 10 de octubre directamente vinculados a la resistencia contra el golpe de estado.

El primer período en el que ocurrieron los asesinatos comprende del 28 de junio al 15 de julio en el que 4 personas fueron asesinadas, luego el segundo período que va del 16 de julio al 20 de septiembre en el que 5 personas fueron asesinadas y el último período que es del 21 de septiembre al 15 de octubre en el que 12 personas han muerto.

La última etapa que reporta 12 personas que murieron violentamente es justamente la fase en la que, la represión ejercida por el gobierno de facto, comienza a tener un carácter selectivo.

Entre los asesinatos se presentan dos aspectos, por una parte se registraron entre personas que han muerto directamente en las movilizaciones contra el golpe de estado y otras en las que se trata de ciudadanos o ciudadanas que han muerto en forma selectiva y que por la forma y modus operandi, parece ser que obedecieran a un patrón ejercitado por paramilitares, con el propósito de eliminar objetivos políticos.

El COFADEH ha identificado que la represión en primer momento fue abierta y masiva, para luego irse sectorizando y ahora está siendo individualizada y selectiva a través de líderes comunitarios de barrios, colonias y dirigentes juveniles, políticos, sindicales y magisteriales.

Hay que tomar en consideración que la mayoría de las víctimas mortales han sido maestros, pero también se debe apuntar que los miembros de colegios magisteriales que han participado en las movilizaciones contra el golpe de estado están siendo criminalizados, amenazados, tanto ellos y ellas, como sus familiares.

Se ha verificado que hay maestros que han sido amenazados por el ejercicio laboral. Para el caso hay unos 600 maestros acusados en la Fiscalía de la Niñez porque se resisten a brindar clases en el marco del golpe de estado.

Con estos datos se deduce que centenares de maestros han enfrentado acusaciones por resistirse a dar clases en al menos 2 días durante las semanas posteriores al golpe de estado y luego por brindar clases después de la fecha que el gobierno de facto designó, para concluir el período lectivo.

En un tercer plano también se acusa a los maestros y maestras porque se niegan a entregar las escuelas para desarrollar las elecciones generales que los golpistas pretenden ejecutar a toda costa, porque creen que esto validará al próximo gobierno como legítimo.

Aspecto que para la comunidad internacional es inaceptable, ya que la realización de los comicios esta condicionada a la restitución del presidente constitucional de la República, Manuel Zelaya Rosales, según el acuerdo de San José, aceptado para su discusión por ambas partes.

El informe destaca 4 mil 234 violaciones a derechos humanos debidamente documentadas y que no necesariamente significan el total de las que han ocurrido en el país a partir del golpe de estado perpetrado el 28 de junio de 2009.

Para el caso, se ha reportado que entre julio y agosto se produjeron 5 mil detenciones ilegales durante los 52 retenes militares- policiales ubicados en varias regiones del país y a lo largo de la carretera que desde Tegucigalpa conduce hacia la frontera con Nicaragua a raíz de los constantes toques de queda ordenados por el gobierno de facto.

Esas acciones fueron ejecutadas durante el tiempo en que el presidente constitucional de la República, Manuel Zelaya Rosales permaneció en la frontera honduro-nicaraguense y que perseguían evitar por un lado, el ingreso del mandatario a territorio hondureño e impedir que miles de ciudadanos y ciudadanas se reunieran con él, para brindarle su respaldo.

En el informe se destacan violaciones a la integridad personal en donde se han caracterizado los tratos crueles, degradantes e inhumanos con 133 casos. En el primer período de la represión no se registró ningún caso por tratos crueles e inhumanos.

En el segundo período, el Cofadeh comenzó a documentar tratos crueles e inhumanos. Además se han registrado lesiones leves con 21 casos, pero existen registros por lesiones y golpes que suman 453 casos, que reflejan cómo el gobierno de facto ha criminalizado las movilizaciones sociales, las que ha sido disueltas en forma violenta y con uso excesivo de la fuerza por parte de policías y militares.

Durante más de 3 meses de manifestaciones continuas, el Cofadeh documentó 40 de las movilizaciones pacíficas, han sido disueltas violentamente por miembros de la policía y el ejército.

En centenares de testimonios, las víctimas denunciaron la participación directa de las fuerzas represivas del estado, que han provocado tratos crueles a la ciudadanía en las vías públicas.

Por otra parte se han contabilizan 3 mil 33 violaciones al derecho a la libertad personal. Este derecho generalmente es violentado, tanto en manifestaciones públicas de las principales ciudades del país, como en localidades municipales o en barrios y colonias.

En este aspecto, a los manifestantes o a las manifestantes, se les ha acusado de escándalo público, pero también la policía y el ejército han detenido a personas por violentar el toque de queda, que tiene que ver con el artículo 3 constitucional que señala que nadie debe obediencia a un gobierno surgido por la fuerza de las armas.

Hay que tomar en cuenta que este registro es el que ha realizado el Cofadeh a través de los centenares de personas, que han llegado hasta la sede, para brindar testimonio de las violaciones a derechos humanos.

Durante el monitoreo ejercido, se ha detectado que en algunos casos la policía no realiza los registros de las detenciones, lo que dificulta obtener cifras reales de las detenciones ocurridas en el país durante más de 3 meses.

Una gran preocupación para el Cofadeh ha sido que durante las detenciones, las personas hayan sido trasladadas a lugares no convencionales de detención. Por ejemplo, entre julio y agosto se detuvo a ciudadanos y ciudadanas en gimnasios municipales como en San Marcos de Colón, en donde 280 personas permanecieron detenidas en el gimnasio municipal de esa comunidad.

Asimismo se detuvo a manifestantes en tiendas de campaña instaladas en varias aldeas del departamento de El Paraíso. En Tegucigalpa, el parque de pelota Héctor “Chochi” Sosa al igual que el Cerro Juana Laínez, fueron utilizados para la detención de ciudadanos y ciudadanas.

En estos lugares no se realizó un registro de los detenidos y detenidas, lo que dificultó la tarea de las organizaciones de derechos humanos.

El informe revela datos importantes en torno a acusaciones por delitos políticos (en total 114 ), también se afectó el derecho a la libertad de circulación, y el derecho a recibir información, ya que un ciudadano o ciudadana que no se moviliza ¿cómo puede obtener información?.

El derecho a la libertad de expresión comprende dos aspectos: Primero el derecho a que la ciudadanía se exprese y también el derecho que se tiene a recibir información.

Estas violaciones quedaron manifiestas con la suspensión temporal de las emisiones informativas de Radio Globo, canal 36, Radio la Catracha, Radio Progreso y hostigamientos hacia Canal 11 y Diario Tiempo, entre otros.

El Cofadeh registró 27 de violaciones a la libertad de expresión y libertad de prensa, en donde se mencionan atentados contra medios de comunicación (27), agresiones contra periodistas (26) y el cierre de programas radiales independientes (3).

Todo esto aunado al cierre de medios y la confiscación de los equipos de transmisión en franca violación a la Ley de Emisión del Pensamiento, en que se señala que ni aún en estado de sitio, el recurso técnico de las emisoras puede ser confiscado.

La verdadera crisis fiscal

Primero, la preocupación que les genera la posibilidad de incumplir los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Segundo, y directamente relacionado con lo anterior, el interés por encontrar un pretexto para presionar a favor de la aprobación legislativa de endeudamiento externo que permita cubrir posibles faltantes para así mantenerse dentro de los límites acordados con el FMI. Ello también ha dado pie para que el neoliberalismo criollo intente reverdecer sus marchitos laureles, y saque a relucir –como en los viejos tiempos- advertencias histéricas sobre una probable hecatombe macroeconómica.

Las tendencias que se observan a lo largo de este año apuntan a un déficit que, para el conjunto del sector público, muy probablemente se mantendrá abajo del 4% respecto del PIB. En el contexto fuertemente recesivo del último año, y a la luz de las evoluciones en curso hacia el crecimiento del desempleo, la precariedad laboral y la pobreza, eso no constituye crisis fiscal alguna. Más bien debe ser interpretado como signo de insuficiencia en las políticas aplicadas para paliar los efectos de la crisis mundial. Si realmente interesaran las condiciones de vida de la gente, de seguro se habría optado por un déficit fiscal más elevado, mediante formas de gasto e inversión pública que promovieran la creación de empleos decentes, la protección de las condiciones de vida de nuestra gente y el apoyo a las empresas nacionales, en especial las pequeñas y las de economía social. Conviene enfatizar que, en el actual contexto recesivo, la evolución de diversas variables económicas –en particular la inflación y la balanza de pagos- concede suficiente margen de maniobra para la aplicación de esa política anti-recesiva.

La verdadera crisis fiscal está en otro lado y es asunto que las oligarquías y sus economistas oficiales procuran ocultar. Me refiero a dos datos estrechamente vinculados entre sí.

Primero, la insuficiencia en el nivel de tributación, es decir, el hecho de que el monto de los ingresos que el sector público percibe por conceptos de impuestos es limitado, tanto en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) –la así llamada carga tributaria (15% en 2008)- , como relativamente a las necesidades que deben ser atendidas por el sector público que, entre tantos otros asuntos de similar importancia, incluye salud y educación; seguridad pública; políticas sobre niñez, juventud y tercera edad; infraestructura de carreteras, puentes, ferrocarriles, puertos y aeropuertos; vivienda popular; protección del medio ambiente, incluyendo, entre tantos otros, parques nacionales y agua; apoyo a la agricultura, así como a las pequeñas empresas nacionales y a las de economía social; investigación científico-tecnológica; infraestructura de cuido.

Segundo, la regresividad del sistema tributario, es decir, el hecho de que este principalmente se basa en impuestos que, por sus características inherentes, tienden a afectar sobre todo a los grupos sociales medios y, en especial, a los más pobre. El impuesto sobre las ventas es el mejor ejemplo de eso. En cambio, los impuestos sobre las ganancias empresariales, sobre la propiedad o sobre el consumo suntuario, constituyen alternativas que ponen el peso principalmente sobre los grupos que más riqueza tienen y mayores ingresos perciben. Este segundo tipo de impuestos no solo resultan más justos, sino que, además, tiene un mayor potencial de generación de ingresos, ya se dirigen hacia aquellos sectores de la economía donde se concentra la mayor parte de la riqueza.

Los datos demuestran con claridad que los impuestos en Costa Rica descansan principalmente sobre las espaldas de quienes menos tienen. Con base en cifras de la Contraloría General de la República, se observa que en 2008 los impuestos sobre ingresos y utilidades aportaban tan solo un 28,6% del total de los ingresos tributarios. Entretanto, los impuestos sobre bienes y servicios –generalmente de carácter muy regresivo- constituían un 59% del total. Dentro de este último componente, el impuesto sobre las ventas –seguramente el más injusto- aportaba por sí solo casi el 46% del total, mucho más de lo que da (menos del 20%) el impuesto sobre ganancias empresariales.

Otro componente al que debemos ponerle atención es el de los impuestos sobre las transacciones del comercio exterior, en especial exportaciones e importaciones de mercancías. Como consecuencia de los procesos de liberalización y apertura externa de la economía, los aportes que dan ese tipo de impuestos se han reducido sustancialmente. A mediados de los años ochentas del siglo pasado, aportaban cerca del 30% del total de los ingresos tributarios. En 2008 tan solo representaban un 8%. Recordemos que este tipo de impuestos, en conjunto con la exención de impuestos sobre las ganancias de actividades exportadoras (más otras exenciones al turismo), constituyen los dos componentes principales de la política tributaria del neoliberalismo. Ello ha contribuido decididamente a abrir un hueco fiscal gigantesco, lo cual está teniendo efectos terribles sobre la capacidad del sector público para atender necesidades fundamentales de nuestro pueblo. Con los TLC este proceso simplemente se ha consolidado y profundizado.

Esto plantea varios retos fundamentales, que resumo en lo siguiente:

– profunda modificación del sistema tributario: gravar principalmente a los grupos de mayores ingresos y a los sectores que más riqueza concentran, con lo que, además, se logrará mayor capacidad de generación de ingresos fiscales. Los impuestos principales deben ser los gravámenes sobre ganancias, propiedades, consumo suntuario y actividades ambiental y socialmente dañinas. Una meta posible es que estos lleguen a representar entre el 65% y el 70% del total de ingresos tributarios

– lo anterior debe complementarse y reforzarse mediante un esfuerzo destinado a profundizar los limitados avances logrados en los últimos años en materia de control de la evasión tributaria (especialmente en relación con los impuestos sobre ventas y ganancias)

– la carga tributaria (porcentaje del monto de impuestos recaudados relativamente al PIB) debe aumentar de forma significativa. Una propuesta para discusión: aumentarla del 15% (en 2008) al 20% en el próximo quinquenio, y hasta el 25% en el quinquenio siguiente.

– reformas profundas en el sistema político-institucional de Costa Rica que fortalezcan de forma sustancial los mecanismos de rendición de cuentas y control ciudadano –desde revocación de mandato y elecciones de medio período a formas diversas y creativas de auditoria ciudadana- a fin de garantizar el cumplimiento de varios objetivos: extirpar la corrupción; garantizar eficiencia en el uso de los recursos públicos; establecer mecanismos democráticos que orienten el gasto e inversión pública en función de las necesidades de la gente, respetando la rica pluralidad de los movimientos y organizaciones ciudadanas en la Costa Rica actual.

Es obvio que llevar estas propuestas a la realidad exige tener capacidad para poder hacerlo. Y ello sería factible solamente con base en una amplia, plural y muy democrática e inclusiva alianza, a la vez político-partidaria y cívico-ciudadana. Debo reconocer que en Costa Rica estamos muy lejos de contar con algo que ni remotamente se parezca a tal cosa.

Luis Paulino Vargas Solís,25 de Octubre de 2009

Guatemala: Asesinato de dirigente sindical consterna al pueblo

Expresamos nuestra más enérgica condena por este abominable crimen, el del compañero luchador social guatemalteco, Víctor Gálvez.

Queridos hermanos del Frente Nacional de Lucha, reciban nuestra solidaridad, nuestra muestra de dolor y solidaridad por tan terrible acontecimiento.

Saludos,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

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Guatemala, 24 de Octubre del 2009

Consternados, furiosos y en lucha

Asesinaron al Compañero Víctor Gálvez

Hoy, en horas de la tarde, fue muerto a tiros nuestro compañero y hermano Víctor Gálvez, dirigente del FRENA en Malacatán, quien se había colocado al frente de la lucha por la nacionalización de la energía eléctrica en el Departamento de San Marcos, por la creación de una sólida Empresa Municipal de Energía en su propio Municipio y por la expulsión de Unión FENOSA del suelo patrio.

Víctor cometió, pues, un único “pecado”: el de sumar su tiempo y sus esfuerzos a las legítimas causas de su pueblo. Su firme convicción católica lo llevó a vivir los Evangelios, es decir, a comprometerse a favor de la equidad, de la paz, de la soberanía y en pro de la construcción de una Guatemala justa, digna y humana.

Que Dios le otorgue el descanso eterno y a nosotros nos lo niegue, hasta que no hayamos sabido recoger, para Guatemala, la cosecha que Víctor ha sembrado con su muerte.

Las fuerzas oscuras que ordenaron y llevaron a cabo el asesinato deben saber que, con ello, contribuyen a reafirmarnos en nuestra convicción de luchar, con toda firmeza, para que Unión FENOSA se vaya del país. La sangre joven y mártir que fue vertida abona el campo fértil de la lucha. Su sacrificio no será en vano.

Tanto así que anunciamos que el próximo Martes 27 las organizaciones que formamos parte del FNL iremos una vez más a las calles. Rendiremos nuestro homenaje a Víctor de la mejor manera: siguiendo su ejemplo como luchador infatigable.

Iremos a las calles a lo largo y ancho del país para exigir al Estado que escuche la voz que brota desde el pueblo y que demanda:

1.- La nacionalización de la energía y la consecuente expulsión de Unión FENOSA. Esta empresa no solamente roba, comete abusos, sino que envía a sus empleados a sabotear las instalaciones eléctricas como quedó demostrado hace apenas ayer mismo.

2.- El rechazo al proyecto ProReforma, por cuanto se trata de una propuesta para reformar la constitución cortada a la medida de la codicia sin límite de minorías poderosas que buscan, con ello, perpetuar la injusticia y perpetrar la inequidad.

3.- La asignación de un presupuesto suficiente que garantice la adecuada prestación de servicios públicos.

4.- La respuesta positiva a las demandas de las organizaciones campesinas e indígenas.

En el pasado mes de Julio hicimos entrega, tanto al Ejecutivo como al Congreso de la República, de un documento que contiene estos y otros temas que requieren urgente atención. Hasta la fecha, no hemos recibido una respuesta seria por parte de ninguna de esas dos instancias estatales. Seguiremos en la lucha a favor de los derechos e intereses del pueblo, hasta que se nos escuche y responda.

Iremos a las calles en homenaje a Víctor Gálvez y, además, en reclamo de que su muerte sea prontamente esclarecida. Exigimos la inmediata intervención de la CICIG a efectos de que se identifiquen los autores materiales e intelectuales de su asesinato y, además, que caiga sobre cada uno de ellos todo el peso de la ley.

Este próximo Martes 27 estaremos en lucha, cada uno y cada una en su puesto, honrando la sangre de Víctor y de todos quienes, con su sacrificio, han escalado el pedestal que los convierte en Héroes y Mártires. La impunidad debe cesar. El luto, el dolor, la violencia que desatan contra el pueblo debe cesar.

¡Ya basta de los abusos de las empresas! ¡Alto a los asesinatos y sabotajes!

¡Demandamos que el Gobierno actúe en este caso tan pronto como actúa, cuando se trata de perseguir a campesinos y líderes!

¡LA LUCHA SIGUE!