La decisión política anunciada en el mes de mayo del 2006, por los representantes de los gobiernos Europeos y Centroamerica, incluyendo a Panamá, en el marco de la cumbre de Viena, de iniciar las negociaciones de un Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centro América, es considerada como la continuación de un proceso que comenzó en 1984, al que se le denominó Diálogo de San José, que sentó las bases para las ulteriores conversaciones entre las partes, como las desarrolladas en Florencia en 1996 y en Madrid en el 2002 y especialmente el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación, conocido como el Acuerdo de Roma firmado en el año 2003, en el que reafirman la disposición a consolidar las relaciones entre las partes mediante el desarrollo del dialogo político y la intensificación de la cooperación; así mismo, establecieron de manera explicita reforzar la cooperación en la esfera del comercio y de las inversiones y el compromiso de crear las condiciones para la negociación de un Acuerdo de Asociación, incluido el acuerdo de libre comercio.
Esta postura fue ratificada por las partes en el marco de la cumbre de presidentes y jefes de estado de América Latina y Europa, realizada en Guadalajara, México en el año 2004.
Es importante señalar que tanto el Acuerdo de Roma, como el de Guadalajara, establecieron como condicionante del proceso, la necesidad de que Centro América avanzara en su proceso de integración económica y política, particularmente en la constitución de la Unión Aduanera. De tal manera que las negociaciones del Acuerdo de Asociación serían a nivel de bloques y no de forma individual con cada país, distanciándose de esta manera con el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio que estaban llevando a cabo los países de la región Centroamericana con los Estados Unidos.
De lo anterior se puede concluir que se esta frente a dos procesos interdependientes, la negociación de la Unión Aduanera por los países Centroamericanos, pero este visto como condición para avanzar en la negociación del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centro América, incluyendo a Panamá.
Con el propósito de avanzar en el debate sobre este nuevo proceso de negociación y considerando su importancia tanto económica como política, se presentan a continuación lo que pudiera ser un primer acercamiento a los contenidos y posibles dinámicas que se desarrollarán durante el proceso negociador.
El documento completo se encuentra en la columna de la derecha, en archivos adjuntos. El documento se encuentra en formado PDF.
En los últimos meses la Junta Directiva ha aprobado dos viajes a dos de sus integrantes para que visiten Argentina y Brasil con un costo aproximado de ¢2.500.000 en viáticos e inscripción para participar en sendos congresos sobre derecho agrario y gestión ambiental. Nos preguntamos ¿qué beneficios tiene la institución con esos viajes?.
Todos sabemos que estos señores están próximos a irse, por consiguiente pareciera que la institución esta gastando los recursos que podría utilizar para capacitar a los funcionarios; en capacitaciones de personas que no mantienen ningún ligamen formal con el IDA. Lo peor del asunto es que esto sucede mientras se le niegan los viáticos y las horas extras a los funcionarios para visitar los asentamientos o para realizar labores que son sustanciales para los agricultores.
Tenemos conocimiento de un funcionario de planta del IDA que tuvo que realizar un viaje en bus hasta Panamá para participar en un congreso relacionado con el derecho, por que la Junta Directiva no le aprobó los viáticos para que viajara en avión, extrañamente si lo hacen con miembros de Junta Directiva que muy pronto se van a ir llevándose consigo el aprendizaje que obtuvieron en estas actividades.
Nos parece con toda sinceridad que el IDA no debería gastar los recursos en ese tipo de capacitaciones, si hay miembros de Junta Directiva que quieren asistir a cursos de esa naturaleza que lo hagan con dinero de su propia bolsa, no puede ser que se le nieguen los viáticos a los funcionarios de más bajo rango, mientras otros que se encuentran de paso en el IDA se van tranquilamente con todos los gastos pagos.
Nosotros vamos a realizar las gestiones necesarias para denunciar esta barbaridad, si la administración no quiere que los temas del IDA se politicen, deben andar con pies de plomo y tratar hasta donde sea posible de no cometer errores.
Walter Quesada Fernández Presidente Seccional ANEP-IDA
Doctor Oscar Arias Sánchez Presidente de la República
Licenciado Rodrigo Arias Sánchez Ministro de la Presidencia
Casa Presidencial Sus despachos
Asunto: Deber de honrar y recordar siempre el sacrificio de las cinco personas fallecidas en la tragedia de Turrubares, con la caída del puente sobre el Río Grande de Tárcoles
Estimados señores:
Con respeto, les hacemos llegar atento saludo de nuestra parte, a nombre de las organizaciones que nos honramos en representar, la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP) y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
La muerte de cinco costarricenses producto de la negligencia mortal que significó la caída del puente sobre el Río Grande de Tárcoles, no debe quedar impune bajo ninguna circunstancia. La demanda de responsabilidades políticas, gracias a una gran presión ciudadana, obligó a la salida (_“renuncia”_), de la máxima responsable del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la señora Karla González Carvajal. En este plano de lo político, quedan más cuentas que pedir, como la que se refiere al papel jugado por el señor Pedro Castro Fernández, Viceministro del MOPT en el área de Obras Públicas.
En el plano judicial, las correspondientes autoridades ya están actuando y es de esperar que a nivel penal, muchas personas tendrán que rendir cuentas por la indicada negligencia mortal.
No obstante, los y las compatriotas que dieron su vida creyendo que la acción pública así se las garantizaba, no deben ser olvidados jamás, puesto que su sacrificio, producto de la indicada negligencia mortal, tiene que ser recordado siempre, dado que el mismo habrá preservado la vida de miles de otras personas que transitarán por aquellos puentes que serán reparados en el marco de condiciones generados por su muerte.
Efectivamente, en medio del dolor, el enojo, el escándalo y la indignación de la gente por una tragedia que pudo haber sido evitada, de un pronto a otro, aparecen quince millones de dólares que, ahora sí, tienen destino específico como por arte de magia: serán empleados en la reparación de aquellos puentes que ya se saben están en condición crítica, de riesgo y que, por tanto, deben ser atendidos con urgencia para que no haya más tragedias, con personas fallecidas incluidas, con la ocurrida en Turrubares, el pasado jueves 22 de octubre de 2009.
Es decir, tuvieron que dar su vida, como héroes de una tragedia más que anunciada, cinco costarricenses provenientes de la gente del pueblo, de la gente sencilla, de la gente de la clase trabajadora. Con su sacrificio, otros y otras no morirán, pues ahora aparecieron 15 millones de dólares para reparación de puentes en estado crítico, es decir, como indicamos, para que nadie muera más producto de la caída de un puente en mal estado.
En homenaje a quienes dieron su vida en la tragedia del puente sobre el río Grande de Tárcoles, estamos promoviendo por intermedio de sus dignas autoridades, que los primeros cinco puentes que se reparen con esos quince millones de dólares, honren la memoria de cada una de los y las cinco compatriotas que perdieron su vida por la ya consabida negligencia mortal, siempre y cuando sus respectivos núcleos familiares estén de acuerdo.
Las ciudadanas fallecidas, Norma Jiménez Cerdas, Marta Isabel Artavia Granados y Natalia Meléndez Quesada; así como los ciudadanos Efraín Merino Santamaría y William Gutiérrez Chaves, merecen un sitial de honor, merecen una placa que recuerde su nombre para que siempre tengamos presente las enormes consecuencias que implica priorizar una política pública centrada en propiciar las ganancias de negocios con los servicios públicos para unos cuantos; versus la búsqueda y la promoción del bien común para toda la sociedad, incluyendo a segmentos de la misma que pareciera que la atención de sus necesidades no generará rentas de corto plazo.
El martirio de estas distinguidas personas de nuestra comunidad costarricense, sin renombre público pero de enorme significado para sus familiares y para sus comunidades, debe recordarnos que el objetivo central de la política pública debe ser la vida de la gente y no el lucro de unos cuantos; y debe recordarnos que tal negligencia mortal no se hubiese manifestado si la prioridad de la política pública estuviese centrada en el bien común y no la ganancia egoísta de corto plazo.
Agradecemos al señor Presidente de la República y al Ministro de la Presidencia que nos brinden una respuesta a este planteamiento con base en lo que estable el artículo 27 de la Constitución Política y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.
Reiterándoles nuestro respeto y consideración, Albino Vargas Barrantes Secretario General ANEP Presidente CSJMP
cc.: Organizaciones de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP). cc.: Movimientos sindical y social costarricenses. cc.: Asamblea Legislativa de Costa Rica. cc.: Honorable Consejo de Gobierno de la República. cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP. cc.: Personas trabajadoras afiliadas a la ANEP. cc.: Archivo.
I Taller sobre Desafíos Emancipadores de los Bienes Comunes, el Conocimiento y la Tecnología
Ante la importancia que las comunicaciones han adquirido en los últimos tiempos y con el empuje privatizador y colonizador del sistema capitalista en América Latina y los procesos por los que la región atraviesa creemos necesario preguntarnos si los medios que utilizamos en nuestras prácticas comunicacionales cotidianas son coherentes con nuestros objetivos. Código Sur, Otros Mundos AC/Chiapas y el Centro Memorial Martin Luther King, Jr convocan al I Taller sobre Desafíos Emancipadores de los Bienes Comunes, el Conocimiento y la Tecnología a realizarse entre los días 2 al 5 de Noviembre de 2009 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
Este I Taller trabajará el tema de los bienes comunes y sus nuevas formas de cercamiento, enfocado especialmente a las comunicaciones y el conocimiento. En nuestra opinión es necesario concebir a las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) en un terreno del saber común y las prácticas políticas.
Usando una metodología de educación popular buscaremos generar un espacio de análisis, discusión y producción colaborativa sobre el conocimiento libre y las nuevas tecnologías abriendo el debate a las organizaciones y movimientos sociales para construir de forma horizontal vías de acción conjuntas.
Las temáticas a desarrollar serán:
Origen, contextos e impactos de las Tecnologías de la Información y el
• Conocimiento (TICs) Cambios culturales y socio políticos que se interrelacionan con las Tics: creciente
• valor de la información y el conocimiento; desarrollo de las estructuras en red; reclamos de democratización y participación real; auge de los movimientos sociales e implicancias para éstos. Redes digitales y movimientos sociales: Uso con sentido y apropiación social de las
• TICs. Conceptualización social de Internet. Redes sociales, su apropiación por parte de los movimientos populares. Ventajas y peligros. Alternativas en curso.
La convocatoria está dirigida a personas que trabajan por ‘otros mundos posibles’ e interesadas en las dinámicas de las TICs, con ganas de aprender o profundizar en el debate sobre el conocimiento libre y los bienes comunes, sin ser necesario un amplio manejo de Internet. _________________________________________________________
Estaremos actualizando esta información de acuerdo al desarrollo de las actividades que se realicen en Chiapas, México.
Amnistía Internacional ha acusado a Israel de negar a la población palestina el derecho al agua al ejercer el control total de los recursos hídricos comunes y aplicar políticas discriminatorias. Sin razón alguna, estas políticas restringen la disponibilidad del agua en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) e impiden a los palestinos desarrollar una infraestructura hídrica efectiva allí.
“Israel sólo permite a los palestinos el acceso a una pequeña parte de los recursos hídricos comunes, que se encuentran en su mayor parte en la Cisjordania ocupada, mientras que los asentamientos israelíes, establecidos ilegalmente allí, tienen un suministro casi ilimitado de agua –ha manifestado Donatella Rovera, investigadora de Amnistía Internacional para Israel y los TPO–. En Gaza, el bloqueo israelí ha agravado una situación que era ya crítica.”
En un nuevo y extenso informe, Amnistía Internacional revela hasta qué punto el carácter discriminatorio de las políticas y prácticas hídricas de Israel niega a la población palestina su derecho de acceso al agua.
Israel consume más del 80 por ciento del agua del acuífero de la montaña, principal fuente de agua subterránea de Israel y de los TPO, a la vez que restringe a sólo el 20 por ciento el acceso palestino a él.
El acuífero de la montaña es la única fuente de agua de la población palestina de Cisjordania, pero sólo una de la varias que tiene Israel, que consume también todo el agua disponible del río Jordán. Mientras que el consumo diario de agua palestino apenas alcanza los 70 litros por persona, el israelí es de más de 300 litros al día, el cuádruple.
En algunas comunidades rurales, los palestinos sobreviven con apenas 20 litros de agua al día, el volumen mínimo recomendado para uso doméstico en las situaciones de emergencia.
Entre 180.000 y 200.000 personas que viven en comunidades palestinas rurales no tienen acceso a agua corriente, y el ejército israelí con frecuencia les impide incluso recoger el agua de lluvia.
En cambio, los colonos israelíes, que viven en Cisjordania pese a violar con ello el derecho internacional, tienen cultivos de riego intensivo, exuberantes jardines y piscinas.
Los colonos, cuyo número asciende a alrededor de 450.000, tienen tanto o más agua que los 2,3 millones de personas que forman la población palestina.
En la Franja de Gaza, el 90 o el 95 por ciento del agua de su único recurso hídrico, el acuífero costero, está contaminada y no es apta para el consumo humano. Sin embargo, Israel no permite que se lleve agua del acuífero de la montaña de Cisjordania a Gaza.
Las fuertes restricciones que Israel ha impuesto en los últimos años a la entrada en Gaza de material y equipo necesarios para el desarrollo y la reparación de la infraestructura han agravado aún más la situación allí desde el punto de vista del suministro de agua y el saneamiento, que ha alcanzado proporciones de crisis.
Ante la falta de agua y de una red de suministro, muchos palestinos tienen que comprar el agua de cisternas ambulantes, que a menudo es de dudosa calidad y mucho más cara.
Otros recurren a medidas de ahorro de agua que son perjudiciales para su salud y la de sus familias y que obstaculizan el desarrollo socioeconómico.
“Durante más de cuatro decenios de ocupación, las restricciones impuestas por Israel al acceso de los palestinos al agua han impedido el desarrollo de infraestructuras e instalaciones hídricas en los TPO, negando así a millares de palestinos el derecho a llevar una vida normal, a tener una alimentación y una vivienda adecuadas o salud y al desarrollo económico”, ha señalado Donatella Rovera.
Israel se ha apropiado de grandes extensiones de las tierras palestinas con abundante agua que ocupa y prohíbe a los palestinos el acceso a ellas.
También ha impuesto un complejo sistema de permisos, que los palestinos deben solicitar al ejército y a otras autoridades israelíes para emprender cualquier proyecto hídrico en los TPO. Es habitual que las solicitudes de tales permisos sean rechazadas o tarden mucho en atenderse.
Las restricciones impuestas por Israel a la circulación de personas y mercancías en los TPO agravan aún más la dificultades que encuentran los palestinos para poner en marcha proyectos de suministro de agua y saneamiento, e incluso para distribuir pequeñas cantidades de agua.
Los camiones cisterna se ven obligados a dar grandes rodeos para evitar los controles militares israelíes y las carreteras por las que los palestinos tienen prohibido circular, lo que genera enormes subidas del precio del agua.
En las zonas rurales, los habitantes de los pueblos palestinos se esfuerzan continuamente por encontrar agua suficiente para sus necesidades básicas, pues el ejército israelí les destruye a menudo las cisternas de agua de lluvia y les confisca los tanques de agua.
En cambio, en los cercanos asentamientos israelíes, los aspersores riegan los cultivos al sol del mediodía, cuando se desperdicia gran parte del agua, que se evapora antes de llegar al suelo. En algunos pueblos palestinos, como el acceso al agua está sujeto a tan rigurosas restricciones, los campesinos no pueden cultivar la tierra, ni siquiera para cosechar pequeñas cantidades de plantas para su consumo personal o para el forraje de los animales, y se han visto obligados a reducir el tamaño de sus rebaños.
“El agua es una necesidad básica y un derecho, pero para muchos palestinos incluso conseguir pequeñas cantidades de agua de mala calidad para subsistir se ha convertido en un lujo que apenas pueden permitirse”, ha explicado Donatella Rovera.
“Israel debe poner fin a sus políticas discriminatorias, levantar de inmediato todas las restricciones que impone al acceso de los palestinos al agua y asumir la responsabilidad de ocuparse de los problemas que ha creado, permitiendo a los palestinos hacer uso de la parte de los recursos hídricos comunes que les corresponde.”
Doctor Oscar Arias Sánchez Presidente de la República
Licenciado Rodrigo Arias Sánchez Ministro de la Presidencia Casa Presidencial Sus despachos
Asunto: Deber de honrar y recordar siempre el sacrificio de las cinco personas fallecidas en la tragedia de Turrubares, con la caída del puente sobre el Río Grande de Tárcoles
Estimados señores:
Con respeto, les hacemos llegar atento saludo de nuestra parte, a nombre de las organizaciones que nos honramos en representar, la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP) y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
La muerte de cinco costarricenses producto de la negligencia mortal que significó la caída del puente sobre el Río Grande de Tárcoles, no debe quedar impune bajo ninguna circunstancia. La demanda de responsabilidades políticas, gracias a una gran presión ciudadana, obligó a la salida (“renuncia”), de la máxima responsable del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la señora Karla González Carvajal. En este plano de lo político, quedan más cuentas que pedir, como la que se refiere al papel jugado por el señor Pedro Castro Fernández, Viceministro del MOPT en el área de Obras Públicas.
En el plano judicial, las correspondientes autoridades ya están actuando y es de esperar que a nivel penal, muchas personas tendrán que rendir cuentas por la indicada negligencia mortal.
No obstante, los y las compatriotas que dieron su vida creyendo que la acción pública así se las garantizaba, no deben ser olvidados jamás, puesto que su sacrificio, producto de la indicada negligencia mortal, tiene que ser recordado siempre, dado que el mismo habrá preservado la vida de miles de otras personas que transitarán por aquellos puentes que serán reparados en el marco de condiciones generados por su muerte.
Efectivamente, en medio del dolor, el enojo, el escándalo y la indignación de la gente por una tragedia que pudo haber sido evitada, de un pronto a otro, aparecen quince millones de dólares que, ahora sí, tienen destino específico como por arte de magia: serán empleados en la reparación de aquellos puentes que ya se saben están en condición crítica, de riesgo y que, por tanto, deben ser atendidos con urgencia para que no haya más tragedias, con personas fallecidas incluidas, con la ocurrida en Turrubares, el pasado jueves 22 de octubre de 2009.
Es decir, tuvieron que dar su vida, como héroes de una tragedia más que anunciada, cinco costarricenses provenientes de la gente del pueblo, de la gente sencilla, de la gente de la clase trabajadora. Con su sacrificio, otros y otras no morirán, pues ahora aparecieron 15 millones de dólares para reparación de puentes en estado crítico, es decir, como indicamos, para que nadie muera más producto de la caída de un puente en mal estado.
En homenaje a quienes dieron su vida en la tragedia del puente sobre el río Grande de Tárcoles, estamos promoviendo por intermedio de sus dignas autoridades, que los primeros cinco puentes que se reparen con esos quince millones de dólares, honren la memoria de cada una de los y las cinco compatriotas que perdieron su vida por la ya consabida negligencia mortal, siempre y cuando sus respectivos núcleos familiares estén de acuerdo.
Las ciudadanas fallecidas, Norma Jiménez Cerdas, Marta Isabel Artavia Granados y Natalia Meléndez Quesada; así como los ciudadanos Efraín Merino Santamaría y William Gutiérrez Chaves, merecen un sitial de honor, merecen una placa que recuerde su nombre para que siempre tengamos presente las enormes consecuencias que implica priorizar una política pública centrada en propiciar las ganancias de negocios con los servicios públicos para unos cuantos; versus la búsqueda y la promoción del bien común para toda la sociedad, incluyendo a segmentos de la misma que pareciera que la atención de sus necesidades no generará rentas de corto plazo.
El martirio de estas distinguidas personas de nuestra comunidad costarricense, sin renombre público pero de enorme significado para sus familiares y para sus comunidades, debe recordarnos que el objetivo central de la política pública debe ser la vida de la gente y no el lucro de unos cuantos; y debe recordarnos que tal negligencia mortal no se hubiese manifestado si la prioridad de la política pública estuviese centrada en el bien común y no la ganancia egoísta de corto plazo.
Agradecemos al señor Presidente de la República y al Ministro de la Presidencia que nos brinden una respuesta a este planteamiento con base en lo que estable el artículo 27 de la Constitución Política y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.
Reiterándoles nuestro respeto y consideración,
Albino Vargas Barrantes Secretario General ANEP Presidente CSJMP
cc.: Organizaciones de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP). cc.: Movimientos sindical y social costarricenses. cc.: Asamblea Legislativa de Costa Rica. cc.: Honorable Consejo de Gobierno de la República. cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP. cc.: Personas trabajadoras afiliadas a la ANEP. cc.: Archivo.
TRATADO DE LIBRECOMERCIO REPÚBLICADOMINICANA – CENTROAMÉRICA – ESTADOS UNIDOS
Dictamen Afirmativo de Mayoría sobre el Tratado de Libre Comercio República Dominicana – Centroamérica – Estados Unidos
Dictamen Afirmativo de Minoría sobre el Tratado de Libre Comercio República Dominicana – Centroamérica – Estados Unidos
Dictamen negativo de Minoría sobre el Tratado de Libre Comercio República Dominicana – Centroamérica – Estados Unidos
Preámbulo Capítulos Anexo I Anexo II Anexo III Lista de Costa Rica al Anexo 3.3 Lista de El Salvador al Anexo 3.3 Lista de Guatemala al Anexo 3.3 Lista de Honduras al Anexo 3.3 Lista de Nicaragua al Anexo 3.3 Lista de República Dominicana al Anexo 3.3 Lista de Estados Unidos al Anexo 3.3 __________________________________________________________
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Subido, originalmente, a la página de ANEP el 1 de noviembre de 2006. Modificada la fecha para un mejor acceso
Que mediante acuerdo número 6 de su sesión ordinaria 1855, celebrada el viernes 10 de julio del 2009, acordó conformar una comisión encargada de elaborar una propuesta de reforma integral de Estatutos de nuestra organización.
Esta comisión está integrada por:
Nombre y procedencia
Paula Calderón Devandas ANEP-Unidad de Asesoría Jurídica
María Eugenia Martínez Vargas Directiva Nacional-Migración y Extranjería
María Laura Sánchez Rojas ANEP-Unidad de Relaciones Políticas
Javier Valerín Villegas ANEP-Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO)
Sonia Vargas Araya Directiva Nacional-Ministerio de Justicia y Gracia
Invitamos a nuestra membresía en general, seccionales, delegados y delegadas a formar parte de este proyecto de reforma, comunicándose con la comisión por los siguientes medios: dirección electrónica comisionestatutos@anep.or.cr, vía telefónica o bien en las oficinas centrales de nuestra organización.
Fecha limite para recibir propuestas: Viernes 30 de octubre del 2009
Señores (as) Diputados (as) Asamblea Legislativa Costa Rica
Estimados (as) Señores (as):
Sírvase este medio, para comunicar la posición oficial del Movimiento Fotocopiando para Estudiar, organización integrada por estudiantes universitarios de la UNA – Poder Estudiantil Popular (primera organización en pronunciarse públicamente sobre el tema de las fotocopias) – , la UCR, estudiantes de secundaria, empresarios de fotocopiado de Heredia y de San Pedro y sectores afines, en torno al contenido de ciertos artículos de la Ley 8039 – Ley de Procedimientos de Observancia sobre Derechos de Propiedad Intelectual – , los cuales desde nuestra perspectiva ponen en riesgo la estabilidad de las empresas dedicadas al fotocopiado, y por consiguiente, también amenazan la sostenibilidad de la educación en el corto, mediano y largo plazo.
El discurso de los numerales 54 y 58 (prohibición de reproducir y modificar obras no autorizadas) representan una clara señal de represión hacia todas aquellas actividades de fijado o reproducción de obras no autorizadas, en donde se involucren relaciones comerciales destinadas al lucro, tal y como, se ilustra en el diario vivir del conjunto de pequeñas y medianas empresas dedicadas al fotocopiado, en condición de negocios privados. Ante esta situación, las excepciones incorporadas a ambos artículos resultan insuficientes para salvaguardar los servicios que las fotocopiadoras prestan a los centros educativos, por cuanto la protección apenas cubre fines académicos e ilustrativos de enseñanza, los cuales corresponden meramente al usuario, dejando excluidos a los proveedores de dicho servicio, quienes son empresarios que en última instancia procuran el lucro y el beneficio para sostener su actividad comercial y generar el sustento de las familias dependientes del negocio.
Para nadie es un secreto que la inmensa mayoría del estudiantado costarricense y la población educada del tercer mundo en general, dependen de las fotocopias en aras de desarrollarse dentro de los procesos educativos, ya que en el país el libro se ha convertido en un artículo de oferta escasa, cuyo precio lo hace cada vez menos accesibles para la mayor parte de las familias del país. Si la Cámara Costarricense del Libro acusa a las fotocopiadoras y a los estudiantes de delincuentes y violadores de derechos de autor, dentro del Movimiento Fotocopiando para Estudiar reivindicamos el papel afirmativo de ambos sectores en el desarrollo académico de nuestra nación, cuestionando el carácter oligopólico y usurero que ha asumido el mercado del libro en manos de los principales grupos editoriales y los representantes de las casas extranjeras en Costa Rica.
De este modo, no se justifican las amenazas que la Cámara Costarricense del Libro ha proferido en contra de los sectores vinculados con el fotocopiado, al mismo tiempo que le solicitamos a los máximos poderes de la República que detengan la cacería de brujas que los empresarios del libro han anunciado contra las fotocopiadoras, reformando la Ley 8039 y estableciendo protecciones explícitas que salvaguarden a los servicios de fotocopiado que atienden las necesidades educativas en el país.
Cabe destacar, que los artículos 51 y 52 (prohibición a la difusión y puesta en conocimiento público de obras no autorizadas) debe ser modificados, por medio de la incorporación de una salvaguardia que proteja las difusiones, las adaptaciones y la puesta en conocimiento público de obras, cuando estas no se realicen con fines de lucro, lo cual protegería a los estudiantes de teatro, música, a las actividades de esparcimiento comunal, entre otros, con respecto a las severas medidas que traen consigo ambos numerales de la legislación.
Además, la reforma debe centrarse también hacia la eliminación de todas las penas carcelarias presentes en los artículos comentados de la ley, por cuanto fotocopiar no es un delito ni tampoco el acceso universal a la cultura representan prácticas delictivas. La finalidad del Movimiento Fotocopiando para Estudiar consiste en velar por los derechos inalienables del trabajo, la educación, la cultura, entre otros, lo cual no significa que en algún momento se promueva la piratería o el menoscabo en contra de los autores de libros, debido a que las leyes desproporcionadas de Propiedad Intelectual suelen beneficiar fundamentalmente a los grupos comerciales intermediarios, quienes en el fondo usufructúan de la obra de los escritores, músicos, entre otros artistas.
Por lo tanto, desde el Movimiento Fotocopiando para Estudiar se emprendido una campaña informativa y de recolección de firmas a nivel nacional, que constituye un proceso continuado y de extensión hacia los distintos rincones de Costa Rica. En ese sentido, la entrega de este cúmulo de firmas sugiere apenas un primer paso, es decir, no será la última visita del movimiento a las máximas instancias de poder institucional, en aras de comunicarle a la población costarricense que el derecho a educarse por medio de fotocopias no será socavado por la abusiva Ley 8039, ni tampoco serán delincuentes los estudiantes, ni los académicos, ni los copistas, ni ningún otro ciudadano que sueñe con promover el desarrollo de Costa Rica, a partir del acceso y la sostenibilidad de la educación.
En suma, desde el Movimiento Fotocopiando Para Estudiar solicitamos el cumplimiento de los siguientes puntos:
1. El elevamiento del Proyecto 17342 (Reforma a la Ley 8039 – Procedimientos de Observancia sobre Derechos de Propiedad Intelectual-) al Primer lugar de la agenda de la Comisión de Asuntos Jurídicos, pues actualmente se encuentra en el 131.
2. El anexo inmediato de todas las hojas de firmas entregadas por el Movimiento Fotocopiando Para Estudiar dentro del Proyecto 17342 (Reforma a la Ley 8039 – Procedimientos de Observancia sobre Derechos de Propiedad Intelectual-), con el fin de que sean tomadas en cuenta a la hora de la discusión y definición interna sobre este proyecto.
3. La reforma de la Ley 8039, con base en las sugerencias presentadas en dentro del Proyecto 17342, en un plazo corto y cumplido, que no supere el final del 2009.
Atentamente
“Por trabajo, estudio y acceso a la cultura”
Movimiento Fotocopiando para Estudiar
Para contactar:
Josué Aguirre T. Presidente del Movimiento Fotocopiando para Estudiar. Tel: 89905938
FEDERACIONSINDICALMUNDIAL ENCUENTROCENTROAMERICANODELCARIBE Y MÉXICO DE ORGANIZACIONESSINDICALESAFILIADAS Y FRATERNAS
Invitación
La Secretaría para la Región de las Américas de la Federación Sindical Mundial, la Unión Nacional de Empleados de la Caja y Seguridad Social (UNDECA), la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) y la Plataforma Sindical Común Centroamericana (PSCC-C.R)., convocan a las organizaciones sindicales de Centroamérica, el Caribe y México a participar en el encuentro ¨El Sindicalismo Clasista: Retos y Estrategias¨, que se efectuará durante los días 26, 27 y 28 de noviembre del 2009, en la Ciudad de San José, Costa Rica.
El encuentro tendrá como objetivo central, unificar criterios y definir propósitos que tiendan a fortalecer la acción sindical clasista en la región en defensa de los intereses, necesidades y aspiraciones de los trabajadores centroamericanos en el ámbito laboral y socio-político en el contexto de la crisis capitalista mundial.
Se pretende debatir el papel del sindicalismo clasista en los procesos de integración regional; los sustentos de las alianzas entre trabajadores, sindicatos y movimientos sociales; posiciones y acciones frente a los TLC y Acuerdos de Asociación Económica; la defensa de los recursos y reservas naturales, las finanzas mundiales y el capital bancario; la acción proactiva a favor de los procesos de transformación social que se impulsan en el Continente y otras propuestas unitarias que fortalezcan la lucha contra el capitalismo, por la soberanía y autodeterminación.
En Costa Rica los sindicatos asumen los costos de alimentación, transporte interno y el hospedaje será en el Centro de Recreo de UNDECA, 1 kilómetro del Aeropuerto Juan Santamaría de Alajuela.
Cada organización podrá nombrar un representante, deben enviar la solicitud de inscripción con los siguientes datos del participante:
• Nombres y apellidos. • País y organización sindical a la que pertenece. • Fecha, hora y medio de transporte de ingreso a Costa Rica.
La información deberán enviarla a estos tres correos: undecacr@gmail.com; info@anep.or.cr; martha@fsm.ctc.cu
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
