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Trabajadores de Durpanel denuncian violación de acuerdo con la empresa

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Pese al acuerdo suscrito con la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la empresa Durpanel no ha honrado las deudas contraídas con su personal trabajador, mismas que corresponden, por un lado, al aguinaldo del 2010; y, por otro, a salarios dejados de percibir desde hace varios meses y hasta la fecha.

Tal acuerdo se firmó el pasado 8 de marzo, acordando ambas partes que tales deudas se honrarían en 45 días, mediante acciones empresariales de venta de una propiedad y/o eventual hipoteca para conseguir el dinero adeudado; hipoteca que debe constituirse, en primer grado y a favor del personal trabajador a quien se le deben los mencionados dineros.

Vencido el paso de esos 45 días, no hay respuesta patronal alguna, obligando ello, en consecuencia, al despliegue de una manifestación pacífica de los afectados, en las afueras de las instalaciones empresariales; manifestación que con carácter permanente se ha estado desarrollando desde buena mañana de este día, lunes 25 de abril de 2011, y que ha de continuar de manera indefinida.

Durpanel está ubicada en Colima de Tibás, frente a la plaza de la comunidad.

La ANEP solicita, respetuosamente, a los diferentes medios de comunicación colectiva su valiosa ayuda a este grupo de trabajadores costarricenses, dando a conocer a la opinión pública su justa y legítima protesta.

Igualmente, estamos emplazando por esta vía al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para que de oficio desarrolle una nueva intervención a fin de obligar a la parte patronal a honrar el compromiso adquirido con sus trabajadores según los acuerdos interpartes firmados el 8 de marzo anterior.

San José, lunes 25 de abril de 2011.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Contra el Saqueo del Capital y del Imperio ¡América Lucha!

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“Contra el saqueo del capital y del imperio ¡AMERICA LUCHA! ” | Alba Tv

Del 8 al 16 octubre de 2010 en la ciudad de Quito, se realizó el V Congreso de la Coordinadora Lationamericana de Organizaciones del Campo, esta actividad nucleó a campesinos y campesinas de todo el continente bajo la consigna “Contra el saqueo del capital y del imperio, por la tierra y la soberanía de nuestros pueblos, América lucha” y reafirmó la decisión de defender el planeta, la agricultura campesina y la dignidad y buen vivir de los pueblos.

El documental es un producto de la cobertura colectiva realizada durante el Congreso, por el equipo de comunicación de la Via Campesina, Movimiento de Televisoras Comunitarias ALBATV-Venezuela y el canal público Vive Televisión.

Una producción de ALBATV “Comunicación dese los pueblos”, con la colaboración de VIVE Televisión “El canal del Poder Popular”

Cámara: Felipe Canova -Brigada Audiovisual de la Vía Campesina-Brasil Kenia Useche-Canal Z, Movimiento de Televisoras Comunitarias ALBATV-Venezuela Jair Carrillo-Vive Televisión

Edición: Jair Carrillo-Vive Televisión

Defensoría evaluó situación del sistema penitenciario

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Del análisis realizado por la Defensoría se determina que, en el quinquenio estudiado, hubo un crecimiento total de 2.793 personas privadas de libertad y que es, a partir del año 2009 cuando la sobrepoblación del sistema penitenciario se eleva en forma considerable, llegando hoy en día a superar el 20%, generando hacinamiento en algunos centros penitenciarios. Asimismo es pertinente indicar que la mayoría de los centros de varones constituyen el espacio institucional de mayores porcentajes de sobrepoblación, llegando a niveles de hacinamiento crítico, lo que ha convertido en la prioridad institucional por encima de las necesidades de otros centros.

En materia de infraestructura debe resaltarse el Centro de Atención Institucional El Buen Pastor, cuya población en el año 2010 era de 600 privadas de libertad y al cual el Ministerio de Justicia no ha logrado darle el mantenimiento requerido y adecuado, al punto que más bien, algunos de sus módulos han debido de clausurarse por el mal estado en el que se encuentran. Pese a que en el 2000 inauguró nuevos módulos para 320 personas, dejaron los viejos espacios con los que se contaba por esa falta de mantenimiento y, esos espacios del primer centro, se encuentran en la actualidad deteriorados al punto de que prácticamente deben ser derribados, ocasionando el hacinamiento al que hoy día se enfrenta. Para la Defensoría es relevante resaltar que si bien la población femenina no representa la mayor cantidad de personas recluidas en el país, su aumento también ha impactado el centro y por lo tanto al sistema, siendo que al día de hoy la capacidad de ingreso supera en un 14% la capacidad real y que ha ocasionado que algunas mujeres tengan que dormir en el suelo.

En cuanto a la construcción de nuevos espacios para la ubicación de personas privadas de libertad, en los últimos cinco años, se abrieron un total 1.193, llamando la atención que en el periodo 2007-2008, la Dirección General de Adaptación Social no realizó obras de infraestructura que permitiera aumentar la capacidad de alojamiento de esta población, aún teniendo la información de la implementación de los Juzgados de Flagrancia y los recursos presupuestarios para hacerlo.

En la última información disponible para la Defensoría sobre remodelaciones a efectuar durante el año 2010-2011 en el Centro La Reforma, que data su construcción desde 1971, se observa que no se contempla mejoras a efectuar en los ámbitos B, C y F, mismos que en la actualidad se encuentran con deficiencias claras de infraestructura, propiamente en instalaciones eléctricas, servicios sanitarios, paredes y techos.

Gestión administrativa

En materia de ejecución presupuestaria, la Defensoría realizó un estudio del presupuesto del Patronato Nacional de Construcciones evidenciando un problema de gestión administrativa, dificultades en el planteamiento institucional y su seguimiento, pues de la información estudiada para el año 2006 se presentó un 27.65% de sub-ejecución (¢701.812.229); para el año 2007 un 71.03% de sub-ejecución (¢1.130.608.689); para el año 2008 se presentó un 87.32% de sub-ejecución (¢3.552.680.255) y para el año 2009 se presentó un 92.36% de sub-ejecución (¢4.271.396.86). Todo ello vino sin duda alguna a acelerar el hacinamiento en los centros penitenciarios del país. La Defensoría solicita a las autoridades del Ministerio de Justicia realizar las investigaciones y establecer las responsabilidades y sanciones correspondientes si así procediera, del personal que podría haber incurrido en falta de control y la omisión de ejecución del presupuesto.

Es importante destacar que para el año 2010 se presentó un aumento considerable en la ejecución presupuestaria, ya que a noviembre de ese año se tenía una sub-ejecución de un 10.06% (¢497.731.681), lo anterior a consecuencia de cambios administrativos realizados durante el mes de mayo de 2010 a lo interno de la Dirección General de Adaptación Social, lo que llevó a la construcción de nuevos módulos en Limón, San Carlos, San Rafael de Puntarenas, Liberia y Pérez Zeledón, aumentando en 640 espacios nuevos a inicios del 2011; no obstante, estos espacios nuevos no solucionará el problema de sobrepoblación existente.

En cuanto a las plazas en el sistema penitenciario se disponen de 1.290 entre los 15 centros penitenciarios, a las cuales le corresponde la atención de 10.541 personas privadas de libertad. Si se analiza solo el crecimiento de la población en los últimos cinco años 2.793, es mayor que el número de funcionarios del sistema, creándose de esa manera, una clara desventaja para el personal ante la falta de proporcionalidad, de ahí que es urgente que las autoridades de Hacienda establezcan un procedimiento para dotar en forma paulatina del recurso humano necesario.

Respecto a las plazas de la policía penitenciaria, se tiene que durante los últimos cinco años se crearon 507 plazas nuevas, para un total en la actualidad de 3.138 plazas distribuidas en todos los centros institucionales, sin embargo, es necesario tomar en consideración que la totalidad del personal que ocupa las plazas no se encuentra laborando en forma simultánea, lo que dificulta la capacidad de respuesta de ka policía penitenciaria.

En respuesta a la Defensoría, el Ministro de Justicia y Paz, solicitó al Oficial Mayor, Director Ejecutivo y Director General de Adaptación Social, un levantamiento de la información de plazas técnicas, profesionales y de policía que sean necesarias para atender el grave incremento de la población privada de libertad, “ejecutándose de esta manera la recomendación de la señora Defensora de los Habitantes”.

Condiciones laborales

En las visitas periódicas que la Defensoría de los Habitantes ha realizado a los centros institucionales, se ha observado que las y los funcionarios técnicos y administrativos no cuentan en algunos casos con las condiciones laborales mínimas para cumplir con las exigencias que demanda el trabajo en dichos centros. Esta situación laboral en el sistema penitenciario se arrastra desde hace muchos años, sin que haya existido interés en buscarle una solución definitiva. Esta situación ha motivado que el personal de los centros institucionales haya tenido que laborar con equipo de trabajo personal y se ha observado casos en que el funcionario ha tenido que llevar sus propios escritorios o sillas al lugar de trabajo.

El faltante de recurso humano técnico ha sido una constante y junto al crecimiento de la población privada de libertad y las obras de construcción que se encuentran en proceso, se visualiza un agravamiento de la situación, ya que no ha existido un equilibrio entre el crecimiento de la población privada de libertad y el recurso humano en los centros penitenciarios.

Sin embargo, para la Defensoría de los Habitantes es importante destacar los esfuerzos recientes que ha realizado el Ministerio de Justicia y Paz para dotar al personal de los centros penitenciarios de equipos de computadoras y otros, para facilitar mejores condiciones laborales. Estos recursos son fundamentales para los procesos técnicos que desarrollan los centros penales, ya que permite dar agilidad al trabajo que realiza el personal y ayuda a mejorar los tiempos de respuesta a las autoridades judiciales y administrativas, entre otras ventajas.

Ausencia de regionalización para mujeres

La Defensoría de los Habitantes ha dado seguimiento a las condiciones en la atención de personas privadas de libertad, distinguiendo el impacto diferenciado que sobre las mujeres tiene la reclusión, no sólo en relación con el tipo de delitos que las hacen llegar al sistema de justicia sino la desarticulación familiar que se provoca con su internamiento en un centro cerrado. Uno de los ejes de discriminación que sufren las mujeres en el sistema penitenciario es la ausencia de una regionalización de los centros de atención institucional para mujeres, donde las mujeres han contado –de forma exclusiva- durante muchos años con un único centro de reclusión ubicado en San José. La Defensoría ha continuado sistemáticamente reiterando al Ministerio de Justicia la necesidad de planificar proyectos regionales que les permitan a las mujeres estar recluidas sin desvincularse radicalmente de su lugar de origen, así como sostener visitas con sus hijos e hijas, madres y compañeros. El Ministerio de Justicia ha divagado en los últimos años entre planes y proyectos, que algunas veces parecían avanzar en ese tema, pero al final no se han manifestado en ningún avance para los derechos de las mujeres privadas de libertad.

Programa Penal Juvenil

En atención al Centro de Formación Juvenil Zurquí, es urgente que las autoridades diseñen una estrategia para que dicho centro se concentre en la atención de las personas menores de edad. Actualmente se ha ubicado en ese sector población privada de libertad adulta joven, lo que ha traído como consecuencia la generación de disturbios a nivel intracarcelario. En ese sentido, es necesario, que las autoridades de Adaptación Social implementen una remodelación y ampliación del Centro Institucional Adulto Joven, con la finalidad de ubicar ahí a la totalidad de esa población.

Servicios Médicos

Los servicios de salud que se brindan en los centros del programa institucional han estado marcados de una serie de problemas que se arrastran desde hace muchos años y que afectan en forma directa a la población privada de libertad y a los y las funcionarias. El sistema actual de atención médica le genera al personal y a la población privada de libertad una serie de inconvenientes debido a que no siempre se cuenta con vehículos y agentes de seguridad disponibles para realizar los traslados a los hospitales y clínicas de referencia; además, las citas son establecidas por parte de los funcionarios de la Caja sin contemplar la dinámica de los centros penitenciarios, lo que tiene como efecto las pérdidas de citas médicas.

Cabe resaltar que con este modelo de servicio médico, la población penitenciaria no cuenta con el servicio las veinticuatro horas, lo cual genera preocupación a lo interno de los centros, ya sea porque se le irrespeta el derecho a la salud a una persona, o bien porque se pone en riesgo la seguridad del centro o de los custodios cuando se tiene que realizar una salida médica en altas horas de la noche; amén, de que la decisión para efectuar un traslado a un centro médico después del horario de oficina, la realizan los agentes de seguridad penitenciaria. Por otra parte, la Defensoría de los Habitantes ha recibido la disconformidad del personal de hospitales y clínicas por tener que atender a esta población, la mayoría de las veces fundamentan su alegato en situaciones de seguridad.

Adicionalmente el sistema penitenciario viene arrastrando un problema que en los últimos dos años se ha incrementado, constituido por las constantes incapacidades de los médicos del sistema penitenciario, con el agravante de que el Ministerio de Justicia y Paz no cuenta con el presupuesto para poder sustituir a estos profesionales.

A inicios del año 2010 las autoridades de la Dirección General de Adaptación Social tomaron medidas administrativas con la finalidad de fortalecer y lograr una mayor eficiencia en la prestación del servicio de salud penitenciaria, dentro de las cuales se reorganizó el servicio reubicando a algunos médicos, procurando la disminución de incapacidades; no obstante, estas medidas no lograron contrarrestar dicha problemática, por lo que el problema subsiste aún. Es importante que las autoridades del Ministerio de Justicia y Paz y la CCSS, analicen en forma urgente el funcionamiento de la Clínica de La Reforma y el sistema de atención médica que se implementa en los centros institucionales. Igualmente se les recomienda a ambas instituciones que en un plazo de dos meses, definan las responsabilidades relativa a cada institución acerca de la atención en salud de la población privada de libertad y en la que se exhorta a la Ministra de Salud en su condición de entidad rectora del sector salud, a mediar en esa definición de competencias entre el Ministerio de Justicia y la CCSS. Es importante aclarar que el Estado aporta un monto un poco mayor a los ¢2 mil millones a la CCSS por la atención de esta población. La señora Ministra remite respuesta a la Defensoría, al informar sobre una gestión que elevó ante el Director del departamento garantía de acceso a los servicios de salud del Ministerio, donde le pide estudiar este informe para que se atienda la instrucción girada por la Defensoría a ese ministerio como ente rector.

De igual manera, la Presidenta Ejecutiva de la CCSS, remite el informe a la Gerencia Médica de la CCSS para que analice a profundidad el estudio de la Defensoría y tomar en cuenta las recomendaciones de mejora, solicitando que se realicen las valoraciones y coordinaciones que se estimen pertinentes.

El Ministro de Justicia y Paz también respondió a la Defensoría con una gestión elevada ante el Viceministro de esa cartera para que atienda la recomendación de esta institución en lo que se refiere a la salud de la población privada de libertad.

En el centro Buen Pastor las debilidades del sistema de salud se exacerban por la excesiva rotación del personal médico que permanece en cortos períodos, y que hacen que desde hace varios meses no se cuente con una jefatura en el área médica, así como no contar con el personal suficiente que cubra en casos de incapacidades. Asimismo se destaca la ausencia de un médico especialista en ginecología, servicio que actualmente se ofrece por referencia a la Clínica Marcial Fallas, y cuyo traslado se enfrenta a problemas de transporte y vigilancia.

En general, el sistema penitenciario costarricense se encuentra en una aguda crisis a causa entre otros factores al vertiginoso aumento de la población penitenciaria en los últimos dos años, lo cual es visible en la existencia de sobrepoblación crítica y sus consecuencias en las personas privadas de libertad, a la falta de personal técnico, administrativo y de seguridad de los centros penitenciarios, y en el mismo aparato institucional. Pero además, por la incapacidad de gestión administrativa que generó, por varios años, una sub ejecución presupuestaria.

Para la Defensoría el país no debe incurrir en la deshumanización de los centros penitenciarios, ya que las personas privadas de libertad se encuentran bajo el principio de sujeción por parte del Estado, siendo que los centros institucionales son parte de nuestra sociedad. La Defensoría ha insistido en la necesidad por parte del Estado costarricense de una política criminológica integral, para evitar situaciones como las que se encuentra actualmente el sistema penitenciario.

PRIMERO DE MAYO: Sobran razones para manifestarnos

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Se acerca el PRIMERO DE MAYO. En este 2011 cae en domingo. La clase trabajadora del planeta, una vez más, hará escuchar su voz frente al poder formal y al poder real, siendo este último, “el de a verdad”.

En Costa Rica sobran razones para manifestarnos. Estamos ya viviendo los “tiempos de TLC’s” y el escenario sociopolítico y económico nos indica de una convivencia como nación en constante tensión, debido a la gravedad de una enorme cantidad de problemas que, juntos todos, nos llevan a uno mayúsculo: el crecimiento de la desigualdad y sus derivaciones: exclusión cada vez mayor de más gente de los beneficios del desarrollo económico vs. aumento de la concentración abusiva de la riqueza con sus ofensivas manifestaciones.

En Costa Rica el poder real, “el de a verdad”, está sin control. Carece de contrapeso. Forma parte de una hegemonía global de carácter planetario que está promoviendo (con pocas excepciones y casi todas en la América Latina), una gran involución, la reversión, la derogatoria, de trascendentales conquistas sociales logradas a lo largo de muchas décadas de lucha política, sindical y social a favor de las clases trabajadoras, de las clases populares, en fin, de “los y las de abajo”.

Por ejemplo, es impresionante lo que estamos presenciando en varios países de la Unión Europea (UE). ¿Quién lo diría? Despidos masivos, rebajas salariales, aumento de la edad para pensionarse, privatizaciones a mansalva, más impuestos indirectos (especialmente el IVA), más reducciones impositivas para los capitales, menos recursos para programas de salud y de educación, etc., etc.

Irlanda, Grecia, Portugal han sido puestos de rodillas ante los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). El Reino Unido (Gran Bretaña), Italia, España, Francia, promueven fuertes reducciones de la cobertura social de sus legislaciones laborales y de reducción de sus servicios públicos de acceso universal.

Y lo que está pasando en Estados Unidos era impensable hasta hace poco tiempo. El Presidente Obama (“demócrata”) y los republicanos de la derecha política gringa, unen fuerzas para aniquilar sindicatos, eliminar la negociación colectiva, reducir al mínimo los importantes programas sociales de Medicaid y Medicare, destinados a la gente pobre sin posibilidades de acceso a la salud, por ejemplo; pero, por el contrario, fortalecen la tendencia a la reducción y a la eliminación de pago de impuestos de los archimillonarios y de las gigantescas corporaciones transnacionales.

Todo esto es debido a esa gran hegemonía global producto del poderío político sin control alguno del capital financiero de corte neoliberal. Ese mismo que provocó las grandes crisis bancarias recientes cuyos efectos siguen presentes; y ese mismo que, ¡oh paradoja!, cuando se vio en serios aprietos corrió a tocar las puertas de “papá Estado” para ser salvado, con inyecciones archimillonarias, en cantidades inimaginables, de dólares y de euros que, dolorosamente, le serán cobrados a los pueblos trabajadores de, prácticamente, todo el orbe.

En Costa Rica, la versión local de los representantes de esa hegemonía global dominante nos está llevando al precipicio de la confrontación social abierta. Veamos algunos datos. Ya casi llegamos al 50 % de los hogares de familias trabajadoras asalariadas a las cuales no les alcanza la plata para terminar la quincena o el fin de mes. Pasamos ya el 40 % de la Población Económicamente Activa (PEA), con empleo informal y que debe “jugársela” por cuenta propia.

A una de cada tres personas trabajadoras asalariadas en el sector Privado no se les paga el salario mínimo de ley, ya de por sí bajo y no se ve voluntad política por ningún lado para establecer una nueva fórmula de cálculo que los aumente.

La evasión, el robo de impuestos, al año, es de, más o menos, 500 mil millones de colones, cifra muy parecida a lo que se pretende recaudar con el nuevo paquete de impuestos que este Gobierno nos quiere imponer. 800.000 furgones entran y salen del país sin la menor fiscalización tributaria de qué llevan dentro, dada la “fiesta aduanera” de ausencia de control total, pese al grito reiterado de los sindicatos de Hacienda por parar semejante relajo.

Una abrumadora mayoría de la clase trabajadora asalariada, incluyendo importantes segmentos medios de la misma, está con altísimos niveles de endeudamiento pues ha sido el mecanismo más utilizado para evitar caer en la pobreza. Se avecinan las fijaciones salariales de los sectores Público y Privado y serán raquíticas, indignantes, humillantes

Un abandono casi total del apoyo de la política pública hacia el pequeño emprendedurismo empresarial, pese a que hay “guardados” casi 200 mil millones de colones por concepto de banca de desarrollo.

Se atropellan los derechos constitucionales y los Derechos Humanos en materia de Libertad Sindical en grandes segmentos del sector Privado, impidiéndosele a la gente trabajadora organizarse para defenderse.

Los taxistas formales (los rojos”), los traileros costarricenses, los microbuseteros nacionales, están amenazados de extinción dando otra señal más del pernicioso camino de la exclusión social. Y “pa’ que no nos falte”, la Caja bajo ataque… ¿Seguimos?

Como vemos, sobran razones para salir a la calle este PRIMERO DE MAYO. Sí, es domingo. No importa. Somos el más numeroso segmento de la sociedad, somos la “gente de abajo”, la mayoría… el pueblo trabajador en sus diferentes formas. Estamos en plena capacidad de hacer visible, potente, poderosa, nuestra propia hegemonía; a la costarricense, inspirada en el bien común, en la reducción de las desigualdades, en medio de nuestra rica diversidad que es nuestra propia fuerza. ¡A la calle, este PRIMERO DE MAYO!

Piden a OMC y G20 regular empresas financieras

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Central Social Juanito Mora Porras y Asociación Nacional de empleados Públicos y Privados, ANEP, se han adherido a esta importante iniciativa.

21-04-11- 1111

Desde Costa Rica, las organizaciones sindicales y sociales que nos honramos en representar, nos unimos a este extraordinario esfuerzo de la sociedad global organizada, para detener la vorágine perversa del accionar irresponsable y sin control del capital financiero, generador del más grande dolor causado a los pueblos del orbe en las últimas décadas.

Sin duda alguna, al menos, el derecho internacional debe establecer fuertes regulaciones contra el terrorismo especulativo-financiero, para demandar cuenta y para establecer una especie de penalización por este tipo de genocidio contra la clase trabajadora del planeta, en todas sus manifestaciones.

Debemos exigir que las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sean variadas radicalmente para posibilitar a los países regulaciones de los sistemas financieros impidiéndoles la clase de atentados sociales como los que hemos visto en los años más recientes de esta crisis capitalista-neoliberal del fundamentalismo bancario-financiero que sigue haciendo profundo daño a la Humanidad.

Aunque de manera tardía llegue nuestra adhesión, les rogamos que nos incluyan en esta causa mundial y que se nos mantenga informados de todo el proceso en curso y de nuevass iniciativas de participación para estar al tanto en el momento preciso.

Albino Vargas Barrantes
Presidente, CENTRAL SOCIAL JUANITO MORA PORRAS (CSJMP)
Secretario General, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

COSTA RICA
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Pedido de adhesion: Carta OMC-G20-Regulacion Financiera

Queridos Amig@s que apoyan la regulación pública de las empresas financieras:

Pedido de adhesiones: Carta a los ministros de finanzas del G-20 – que paren de meter más desregulación financiera a través de la OMC! La fecha tope para firmar la carta es el miércoles 13 abril – favor enviar adhesiones a sedelman@citizen.org, e indique de qué país proviene. La reunión de los ministros de finanzas del G-20 se llevará a cabo en Washington, DC el 14 Abril.

Tras la crisis financiera global, muchos de ustedes han estado trabajando fuertamente para abogar por las regulaciones financieras que impedirán que occurra otra crisis económica o financiera. A pesar de la necesidad urgente de reestablecer las regulaciones financieras, ¡la OMC sigue presionando para que haya más desregulación financiera, lo que podría debilitar a las políticas financieras de importancia fundamental tales como los controles de capital, los impuestos a las transaciones financieras, los límites a la especulación financiera, la prohibición de los servicios riesgosos, y más!

A pesar de los señales de alerta emitidos por la Organización de Naciones Unidas y otros expertos, el G-20 ha llamado repetidamente a través de sus comunicados a que se concluya rapidamente la Ronda de Doha de la OMC – sin tratar el tema de los límites a la regulación financiera que socavan la misión (declarada) del G-20 de “asegurar la estabilidad financiera.”

Por favor, únanse a los miembros de Nuestro Mundo No Esta en Venta – y en particular los expertos en la negociación de los servicios – en exigir a que los ministros de finanzas del G-20 NO utilicen a la OMC para imponer limites a la regulación financiera.

Avísanos si tienen preguntas sobre la carta, y por favor envíe la adhesion su organización (indicando su país) antes del miércoles 13 abril. ¡Muchas Gracias!

Para más información, por favor contacte a:

Sarah Edelman

Director, International and State Legislative Campaigns

Public Citizen’s Global Trade Watch

215 Pennsylvania Avenue, SE, Washington DC, 20003 USA

sedelman@citizen.org & www.tradewatch.org

Ph.: +202-454-5193, Fax: +202-547-7392

Atentamente,

Deborah James

Deborah James
Director of International Programs
Center for Economic and Policy Research
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Carta para se adherida

ANEP-SPN: Situación del Sistema Penitenciario Nacional y persecuciones

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SECCIONAL DE ANEP
SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL

POR JUSTICIA Y PAZ

Comunicado de prensa Nº 1:

El día 7 de abril de 2011 un medio de comunicación escrito de circulación nacional informó sobre hechos acontecidos en el Centro de Atención Institucional San Rafael de la Dirección General de Adaptación Social.

La Junta Directiva de la Seccional de ANEP del Sistema Penitenciario Nacional por este medio, de manera muy respetuosa, insta a los medios de comunicación a revalidar su compromiso de búsqueda de la verdad, indagando sobre las versiones de los diversos actores que de un mismo hecho pueden emerger, con el fin de posibilitar la creación de conocimiento informado y de crítica constructiva sobre una determinada cuestión. Y en este asunto del Sistema Penitenciario Nacional y del Centro Institucional San Rafael, el personal tenemos mucho que advertir y no se nos han preguntado.

1) El personal del Sistema Penitenciario Nacional y su Seccional de la ANEP, no justifica actos que atenten contra la legalidad, la transparencia y rendición de cuentas por parte de NINGUNA persona miembro del personal del Sistema Penitenciario Costarricense, independientemente de su posición jerárquica.

2) Pero para analizar un hecho con justicia, es necesario contextuarlo y explicar que existen condiciones, caldo de cultivo, para que se produzca.

3) Se han venido produciendo situaciones que demuestran un avanzado deterioro a nivel intencional, cuyo síntoma ha sido las constantes denuncias de actos de supuesta corrupción en diferentes Programas de atención a la población y de jerarquías institucionales. Estas, como patrón ya no solo del Sistema Penitenciario sino de la Institucionalidad del Estado, han gozado de impunidad, pues o no se les investiga, o se les investiga administrativamente y no “encuentra acto irregular” o simplemente se prolonga la investigación durante años hasta que se queda en el olvido.

4) Igualmente esperamos a que las autoridades judiciales concluyan las investigaciones en San Rafael, aplicando el principio constitucional de que “nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario”, pues somos conocedores como personal penitenciario del daño que sufren las personas que se ven señaladas, sus familias, amistades, compañeras y compañeros de trabajo y de cómo con este manejo de la noticia, se va minando la credibilidad en las instituciones del Estado.

5) El personal penitenciario y la ANEP hemos venido alertando a las autoridades del Ministerio de Justicia y Paz, la Dirección General de Adaptación Social y al país, del riesgo que para la Institucionalidad del país y la seguridad ciudadana y humana, significa el abandono que durante décadas se ha sometido al Sistema Penitenciario Nacional y prueba de ello han sido las investigaciones que la Defensoría ha realizado en el Buen Pastor, Reforma, y otros centros, que han dado como resultado informes integrales que evidencian el estado de violación consuetudinaria que prevalece en el Sistema Penitenciario.

6) Existen pruebas documentales que dan cuenta de la existencia de serias situaciones y condiciones de vida al interior del Sistema Penitenciario que conspiran contra el desempeño efectivo del quehacer penitenciario.

7) De esta acción de sistemática denuncia hemos participado personal del Sistema Penitenciario, personas privadas de libertad, órganos de control Defensoría de los Habitantes, Contraloría de la República; Sala IV , Jueces y Juezas Ejecutoras de la Pena, Defensa Pública entre otras del Poder Judicial y autoridades de control del Ministerio de Hacienda y medios de comunicación masiva.

8) Hemos exigido en reiteradas ocasiones, asumiendo nuestro deber de control y la exigida propuesta de soluciones como único personal experto en la materia penitenciaria, someter al Sistema Penitenciario Costarricense al escrutinio nacional, a lo que el señor Ministro y la Dirección General de Adaptación Social se han negado sistemáticamente.

9) El Ministro de Justicia y Paz antes de asumir esta administración, le solicitó al Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) actuar conjuntamente para solucionar los serios y graves problemas que enfrenta el Sistema Penitenciario Nacional.

10) La ANEP realizó, de manera inmediata, un llamado a la reflexión en mayo del 2010 al personal del Sistema Penitenciario en donde se determinó que los principales problemas detectados en el sistema penitenciario apunta a:

  • • Ausencia de políticas integrales penitenciarias (criminológicas, de Derechos Humanos, de género, de justicia penal).
  • • Hacinamiento carcelario e infraestructura deficiente o insuficiente.
  • • Deficiente calidad de vida y oferta de servicios en las prisiones: de salud, de educación, de trabajo, de relación con entorno social-familiar y comunidad y de seguridad humana; así como para responder a las necesidades de las personas en condición de vulnerabilidad: personas con discapacidad, migratorias, exclusión, género, condición etaria, delincuencia organizada.
  • • Insuficiencia del personal penitenciario, inadecuada capacitación y procesos de inducción.
  • • Limitado equipamiento, escasez y deterioro de materiales e instrumentos de trabajo para el personal y para la población privada de libertad.
  • • Excesiva centralización, ausencia de planificación, inflexibilidad e inadecuadas prácticas de gestión administrativa, presupuestaria, de personal, de infraestructura física y equipo.
  • • Ausencia de redes de coordinación externas institucionales, estatales, empresa privada, ONG’s y otras.

En junio del 2010 se le remite al Ministro París oficio S.G. 09-11-0814-10 en donde se le brindan las recomendaciones que se consideraban en ese momento pertinentes. No obstante el señor Ministro declina tomarlas en consideración, desechando los aportes que el personal le estaba brindando y remite a la ANEP, es decir a su personal penitenciario, a que presente su documento a un organismo internacional.

La Seccional de ANEP del Sistema Penitenciario se ha mantenido alerta sobre las actuaciones de la actual administración que continúa sin rendir cuentas, entre otros asuntos, sobre el supuesto Plan de Emergencia, el Préstamo del BID, que nos preocupa y por eso nos hemos ocupado de solicitar el Plan que lo sustenta, pues no queremos se convierta en una carretera a Caldera más, en la que todos y todas las costarricense terminamos pagando la ineptitud y posiblemente corrupción.

Le exigimos a la Administración Penitenciaria informe al país sobre los estudios técnicos que sustentan las construcciones que ha venido inaugurando, pues de eso ya tenemos experiencia pues hemos visto como se inauguran prisiones; se amplían otras; se gasta en mantenimiento y nunca se da abasto. Las cárceles nuevas se llenan; los espacios recientes se abarrotan, se les varían su supuesta misión en muy poco tiempo y nunca es suficiente lo destinado al mantenimiento de las prisiones, siempre se encuentran en un proceso de deterioro constante y acelerado, ejemplo de esto es San Rafael

La Defensoría de los Habitantes ha brindado recientemente dos informes a los que las autoridades penitenciarias, de salud, educación, trabajo, cultura, etc., tienen que dar respuesta.

No queremos más improvisación y ocurrencias delirantes. Hemos exigido idoneidad (académica y de conocimiento de la materia penitenciaria) en las personas que ocupan puestos en la Administración Penitenciaria, pues han demostrado año tras año su incompetencia para planificar estratégicamente: se subejecutan miles de millones y no se tiene claro objetivos estratégicos de desarrollo humano e institucional y mucho menos sus indicadores de evaluación.

La Seccional de ANEP del Sistema Penitenciario respalda de manera fehaciente al personal del Centro Institucional San Rafael, pues sabemos de su ética, entrega y mística laboral de la gran mayoría.

Estaremos atentos como representantes del personal, de que no quede impune NINGÚN miembro del personal incluyendo a las autoridades superiores que haya cometido delito por acción u omisión en la investigación que están llevando a cabo las autoridades judiciales.
San José, viernes 15 de abril de 2011.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Rigoberto Gutiérrez Bravo
Presidente
Junta Directiva
Seccional ANEP-Sistema Penitenciario Nacional

Marta González Madriz
Vicepresidenta
Junta Directiva
Seccional ANEP-Sistema Penitenciario Nacional

Seccional del CNREE se pronuncia sobre anteproyecto de Ley de Autonomía Personal

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San José, 08 de Abril del 2011.

Señores y Señoras Diputadas
Comisión Permanente de Asuntos Sociales
Asamblea Legislativa
Presente

Estimados Señores.
Estimadas Señoras.

Reciban un cordial saludo de parte de esta organización sindical y de su representación en el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE).

Por este medio nos permitimos plantear una serie de considerandos, así como una solicitud directa como organización sindical que vela, defiende y lucha por las reivindicaciones de los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras.

CONSIDERANDO:

1- Que en La Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, se está discutiendo el Anteproyecto de Ley de Autonomía de las Personas con Discapacidad.

2- Que en el texto sustitutivo del Anteproyecto de Ley de Autonomía de las Personas con Discapacidad en sus artículos 36 y 56 señalan:

Artículo 36: “_Todos los bienes muebles e inmuebles, recursos financieros y el personal del Patronato Nacional de Rehabilitación y del Programa de Convivencia Familiar del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, pasan a ser parte del Instituto_”.

Articulo 56: Se reforma el artículo 1 de la Ley No. 5347, Ley de Creación del Consejo nacional de rehabilitación y educación especial, de 3 de septiembre de 1973. El texto dirá: “articulo 1.
Créase el Instituto Nacional de Discapacidad, de ahora en adelante Inadis, como un órgano con personería jurídica instrumental y desconcentración máxima del Ministerio de Salud, encargado de orientar la política general en materia de rehabilitación y educación especial, en coordinación con los órganos e instituciones de la Administración Pública. Además, es el órgano responsable de la planificación, promoción, organización, creación y supervisión de programas y servicios dirigidos a la población con discapacidad, en todos los sectores del país. El Inadis tendrá la estructura administrativa que se defina vía reglamento.”

Siendo que dichos artículos inciden en los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras.

3- Que en agosto del 2009 los funcionarios y funcionarias del CNREE manifestamos una rotunda oposición al anteproyecto denominado “_Ley del Instituto Nacional de Discapacidad_”, tanto en su forma, como en su fondo principalmente, tal cual se le comunicó a las autoridades del CNREE en su momento.

4- Que Evidentemente, tal y como lo planteado en el anteproyecto de ley, la aprobación del mismo constituiría una reestructuración del CNREE, al cambiar el nombre de la institución y trasladar el Programa de Convivencia Familiar del Consejo Nacional de Rehabilitación al Instituto de Autonomía Personal.

Según disposiciones del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) y el Ministerio de Hacienda (Autoridad Presupuestaria); así como la jurisprudencia de los tribunales laborales, se ha definido que los procesos de reestructuración deben de ser ejecutados con absoluta objetividad, transparencia y seriedad. Además deben de llevarse a cabo mediante procesos transparentes, con la obligada participación de las personas trabajadoras; se debe respetar el debido proceso a las personas afectadas, a quienes se les debe comunicar oportunamente y se les debe brindar el derecho de defensa. De igual manera, según estas disposiciones debe procurarse un espacio de consulta y discusión que permita la participación activa en el proceso, de todos los actores sociales interesados, entre los que se incluyen las personas trabajadoras.

Por su parte, en el mismo sentido, la Ley 7668 _“Ley Marco de Transformación Institucional_”, establece que los procesos de reestructuración deben llevarse a cabo bajo los principios de publicidad y transparencia; y que la administración pública debe garantizar a través de la obligada consulta, la participación de las personas trabajadoras en el proceso.

5- Que como organización sindical hemos apoyado y seguiremos apoyando todos los esfuerzos, iniciativas y proyectos de modernización, que agilicen procedimientos y amplíen las funciones asignadas al CNREE en su calidad de ente rector. Nuestro compromiso con lo anterior lo mantendremos toda vez que se respete el derecho a la consulta y se incorporen los aportes de las personas consultadas, principalmente de las personas con discapacidad y del personal de la institución, bajo los principios de transparencia y el bien común.

POR TANTO:

La Seccional ANEP-CNREE solicita a la Comisión Permanente de Asuntos Sociales que, en cumplimiento de la Ley 7668 “_Ley de Marco de Transformación Institucional_” el Anteproyecto de Ley de Autonomía de las Personas con Discapacidad, sea sometido a consulta de esta organización sindical, en representación de los trabajadores y trabajadoras del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial afiliados y afiliadas a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados.

Sin más por el momento, y agradeciendo la atención y respuesta a lo solicitado, se suscriben

Carmen María Chacón Mora
Presidenta Seccional ANEP-CNREE

Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP

Hazel Pérez Madrigal
Vicepresidenta Seccional ANEP-CNREE

Roger Ortega Ortega
Secretaria de Divulgación y Actas

Trabajadores de Sistema Penitenciario desmienten información vertida en la prensa

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SECCIONAL DE ANEP
SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL

POR JUSTICIA Y PAZ
Comunicado de prensa Nº 1:

El día 7 de abril de 2011 un medio de comunicación escrito de circulación nacional informó sobre hechos acontecidos en el Centro de Atención Institucional San Rafael de la Dirección General de Adaptación Social.

La Junta Directiva de la Seccional de ANEP del Sistema Penitenciario Nacional por este medio, de manera muy respetuosa, insta a los medios de comunicación a revalidar su compromiso de búsqueda de la verdad, indagando sobre las versiones de los diversos actores que de un mismo hecho pueden emerger, con el fin de posibilitar la creación de conocimiento informado y de crítica constructiva sobre una determinada cuestión. Y en este asunto del Sistema Penitenciario Nacional y del Centro Institucional San Rafael, el personal tenemos mucho que advertir y no se nos han preguntado.

1) El personal del Sistema Penitenciario Nacional y su Seccional de la ANEP, no justifica actos que atenten contra la legalidad, la transparencia y rendición de cuentas por parte de NINGUNA persona miembro del personal del Sistema Penitenciario Costarricense, independientemente de su posición jerárquica.

2) Pero para analizar un hecho con justicia, es necesario contextuarlo y explicar que existen condiciones, caldo de cultivo, para que se produzca.

3) Se han venido produciendo situaciones que demuestran un avanzado deterioro a nivel intencional, cuyo síntoma ha sido las constantes denuncias de actos de supuesta corrupción en diferentes Programas de atención a la población y de jerarquías institucionales. Estas, como patrón ya no solo del Sistema Penitenciario sino de la Institucionalidad del Estado, han gozado de impunidad, pues o no se les investiga, o se les investiga administrativamente y no “encuentra acto irregular” o simplemente se prolonga la investigación durante años hasta que se queda en el olvido.

4) Igualmente esperamos a que las autoridades judiciales concluyan las investigaciones en San Rafael, aplicando el principio constitucional de que “_nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario_”, pues somos conocedores como personal penitenciario del daño que sufren las personas que se ven señaladas, sus familias, amistades, compañeras y compañeros de trabajo y de cómo con este manejo de la noticia, se va minando la credibilidad en las instituciones del Estado.

5) El personal penitenciario y la ANEP hemos venido alertando a las autoridades del Ministerio de Justicia y Paz, la Dirección General de Adaptación Social y al país, del riesgo que para la Institucionalidad del país y la seguridad ciudadana y humana, significa el abandono que durante décadas se ha sometido al Sistema Penitenciario Nacional y prueba de ello han sido las investigaciones que la Defensoría ha realizado en el Buen Pastor, Reforma, y otros centros, que han dado como resultado informes integrales que evidencian el estado de violación consuetudinaria que prevalece en el Sistema Penitenciario.

6) Existen pruebas documentales que dan cuenta de la existencia de serias situaciones y condiciones de vida al interior del Sistema Penitenciario que conspiran contra el desempeño efectivo del quehacer penitenciario.

7) De esta acción de sistemática denuncia hemos participado personal del Sistema Penitenciario, personas privadas de libertad, órganos de control Defensoría de los Habitantes, Contraloría de la República; Sala IV , Jueces y Juezas Ejecutoras de la Pena, Defensa Pública entre otras del Poder Judicial y autoridades de control del Ministerio de Hacienda y medios de comunicación masiva.

8) Hemos exigido en reiteradas ocasiones, asumiendo nuestro deber de control y la exigida propuesta de soluciones como único personal experto en la materia penitenciaria, someter al Sistema Penitenciario Costarricense al escrutinio nacional, a lo que el señor Ministro y la Dirección General de Adaptación Social se han negado sistemáticamente.

9) El Ministro de Justicia y Paz antes de asumir esta administración, le solicitó al Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) actuar conjuntamente para solucionar los serios y graves problemas que enfrenta el Sistema Penitenciario Nacional.

10) La ANEP realizó, de manera inmediata, un llamado a la reflexión en mayo del 2010 al personal del Sistema Penitenciario en donde se determinó que los principales problemas detectados en el sistema penitenciario apunta a:

– Ausencia de políticas integrales penitenciarias (criminológicas, de Derechos Humanos, de género, de justicia penal).

– Hacinamiento carcelario e infraestructura deficiente o insuficiente.

– Deficiente calidad de vida y oferta de servicios en las prisiones: de salud, de educación, de trabajo, de relación con entorno social-familiar y comunidad y de seguridad humana; así como para responder a las necesidades de las personas en condición de vulnerabilidad: personas con discapacidad, migratorias, exclusión, género, condición etaria, delincuencia organizada.

– Insuficiencia del personal penitenciario, inadecuada capacitación y procesos de inducción.

– Limitado equipamiento, escasez y deterioro de materiales e instrumentos de trabajo para el personal y para la población privada de libertad.

– Excesiva centralización, ausencia de planificación, inflexibilidad e inadecuadas prácticas de gestión administrativa, presupuestaria, de personal, de infraestructura física y equipo.

– Ausencia de redes de coordinación externas institucionales, estatales, empresa privada, ONG’s y otras.

En junio del 2010 se le remite al Ministro París oficio S.G. 09-11-0814-10 en donde se le brindan las recomendaciones que se consideraban en ese momento pertinentes. No obstante el señor Ministro declina tomarlas en consideración, desechando los aportes que el personal le estaba brindando y remite a la ANEP, es decir a su personal penitenciario, a que presente su documento a un organismo internacional.

La Seccional de ANEP del Sistema Penitenciario se ha mantenido alerta sobre las actuaciones de la actual administración que continúa sin rendir cuentas, entre otros asuntos, sobre el supuesto Plan de Emergencia, el Préstamo del BID, que nos preocupa y por eso nos hemos ocupado de solicitar el Plan que lo sustenta, pues no queremos se convierta en una carretera a Caldera más, en la que todos y todas las costarricense terminamos pagando la ineptitud y posiblemente corrupción.

Le exigimos a la Administración Penitenciaria informe al país sobre los estudios técnicos que sustentan las construcciones que ha venido inaugurando, pues de eso ya tenemos experiencia pues hemos visto como se inauguran prisiones; se amplían otras; se gasta en mantenimiento y nunca se da abasto. Las cárceles nuevas se llenan; los espacios recientes se abarrotan, se les varían su supuesta misión en muy poco tiempo y nunca es suficiente lo destinado al mantenimiento de las prisiones, siempre se encuentran en un proceso de deterioro constante y acelerado, ejemplo de esto es San Rafael

La Defensoría de los Habitantes ha brindado recientemente dos informes a los que las autoridades penitenciarias, de salud, educación, trabajo, cultura, etc., tienen que dar respuesta.

No queremos más improvisación y ocurrencias delirantes. Hemos exigido idoneidad (académica y de conocimiento de la materia penitenciaria) en las personas que ocupan puestos en la Administración Penitenciaria, pues han demostrado año tras año su incompetencia para planificar estratégicamente: se subejecutan miles de millones y no se tiene claro objetivos estratégicos de desarrollo humano e institucional y mucho menos sus indicadores de evaluación.

La Seccional de ANEP del Sistema Penitenciario respalda de manera fehaciente al personal del Centro Institucional San Rafael, pues sabemos de su ética, entrega y mística laboral de la gran mayoría.

Estaremos atentos como representantes del personal, de que no quede impune NINGÚN miembro del personal incluyendo a las autoridades superiores que haya cometido delito por acción u omisión en la investigación que están llevando a cabo las autoridades judiciales.

San José, viernes 15 de abril de 2011.

Rigoberto Gutiérrez Bravo
Presidente

Marta González Madriz
Vicepresidenta

Junta Directiva
Seccional ANEP-Sistema Penitenciario Nacional

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
ANEP

¡IMPRESIONANTE!, FMI recomienda fortalecer seguridad social

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15 de abril de 2011: Al tiempo que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los Ministros de Finanzas del G20 se reúnen este fin de semana para discutir el estado de la economía mundial y las prioridades para la cooperación al desarrollo, el movimiento sindical internacional está solicitando a las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) que cambien las direcciones de sus políticas y que presten tanta atención al déficit de empleo como le prestan al déficit fiscal, por medio de la adopción de medidas coordinadas para apoyar la creación de puestos de trabajo así como la educación y la formación profesional.

En paralelo a estas reuniones, la Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow, participó el miércoles en un debate en Washington con el Director Gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, para expresar las opiniones de los sindicatos con relación a la responsabilidad de las IFI de adoptar unos programas de recuperación económica que sean consistentes con un modelo de desarrollo y crecimiento más equitativo y sostenible.

Haciendo hincapié en el fracaso de los países del G20 a la hora de reducir el número de desempleados, cifra que alcanza en estos momentos el máximo jamás registrado, Burrow dijo: “El G20 debe marcar en 2011 el momento determinante en el que las cosas empiecen a cambiar, de lo contrario el mundo percibirá otro fracaso más en la gobernanza mundial.” Burrow retó al G20 y a todos los países miembros del FMI a incorporar metas de empleo en sus programas económicos nacionales y a trabajar en el establecimiento de un piso de protección social global, para lo cual invitó al FMI y a la OIT a que desarrollen conjuntamente unos mecanismos de financiación sostenibles.

Burrow instó también al FMI a reconocer “el creciente impulso político a favor de las tasas sobre las transacciones financieras” y a apoyar las TTF de manera que el sector financiero aporte una contribución a las rentas públicas “que se ajuste a los costos que impone cada vez que provoca una crisis en la economía productiva real.” Discurso de Burrow

En el debate, Strauss-Kahn observó los índices récord de desempleo y desigualdad y declaró: “Igual que en la década de los 80 conseguimos dominar la inflación, esta ha de ser la década en la que se vuelva a tomar en serio el empleo pleno.” Para combatir la creciente desigualdad, Strauss-Kahn hizo hincapié en la importancia de unos “sistemas de seguridad social fuertes, combinados con un régimen tributario progresivo, (…) inversión en sanidad y educación, y derechos de negociación colectiva (…) sobre todo en un entorno de estancamiento de los salarios reales.” Habló del trabajo conjunto que el FMI llevó a cabo con la OIT el año pasado y dijo que “el empleo y la igualdad son los cimientos de la estabilidad y la prosperidad”, que se sitúan en “el núcleo del mandato del FMI.” Discurso de Strauss-Kahn

La declaración de la Agrupación Global Unions a las reuniones de primavera del FMI/BM, así como la reunión de los Ministros de Finanzas del G20, presenta recomendaciones específicas de los sindicatos sobre cómo las IFI pueden empezar a adoptar un nuevo enfoque para lograr un crecimiento más equitativo y sostenible. En este modelo, los trabajadores, pensionistas y los desempleados – las principales víctimas de la crisis económica y financiera mundial – no tienen que cargar desproporcionadamente con el peso de los planes nacionales de “consolidación fiscal”. Estos planes sólo deberían aplicarse cuando la recuperación nacional esté bien en camino y no deberían centrarse exageradamente en las reducciones de gastos, como ha sido el caso en muchos países, sino incluir medidas fiscales que tengan el mínimo impacto en las tasas de empleo y contribuyan a reducir la desigualdad.

Deberían incluir nuevas fuentes de ingresos, en particular unas tasas sobre las transacciones financieras, que aseguren por vez primera unas contribuciones sustanciales por parte del sector financiero para resolver la crisis económica y fiscal que éste ha provocado. La publicación de Oxfam, el pasado miércoles, de las firmas de mil economistas de todo el mundo es señal de un impulso mundial a favor de la adopción de este tipo de tasa para la financiación de la creación de empleo, los objetivos de desarrollo y los compromisos financieros para con el clima.

Es preciso que se desarrollen unos sistemas de protección social más robustos para mitigar los impactos del continuado déficit del empleo, y el Banco Mundial y el FMI deberían colaborar con la iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo, aprobada por todo el sistema de la ONU, de establecer un piso de protección social global. Para lograr un crecimiento equitativo y sostenible, las IFI deben actuar de manera
responsable para proteger los servicios públicos de calidad, vitales para el desarrollo de las sociedades, como la educación y la atención médica. Por otra parte, las IFI deben asegurarse de que sus operaciones cumplan con las normas fundamentales del trabajo y que contribuyan a los esfuerzos para lograr la capacidad de recuperación climática y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.