BETANIA ARTAVIA
bartavia@diarioextra.com
Foto: Héctor Rodríguez
Para José Miguel Corrales, la Sala Constitucional busca desprestigiar a la fuerza sindical para debilitarla frente al pueblo, ahora que empieza la lucha contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
El ex diputado José Miguel Corrales sostiene que la Sala Constitucional ha aprovechado el tema de las convenciones colectivas para desprestigiar a los sindicatos costarricenses y así debilitar la lucha contra el tratado de libre comercio con Estados Unidos.
Critica también que los magistrados no entren a analizar el tema de sus propias convenciones colectivas o los beneficios excesivos que se dan a lo interno del Poder Judicial.
“La Sala Cuarta le hace el trabajo sucio al gobierno del presidente Arias al presentar a los trabajadores públicos ante el país como privilegiados y cargados de gollerías, para quitarles credibilidad ahora que inician la lucha contra el TLC”, detalló Corrales.
Sostiene que precisamente los culpables de las convenciones colectivas han sido los gobiernos, porque debido a una política salarial terminan dando beneficios a los trabajadores para compensar los malos salarios, esto aunado a que quienes terminan negociando por parte del Gobierno, como son los presidentes ejecutivos de las instituciones, también resultan beneficiados de las convenciones.
De manera que no son solo los trabajadores con malos salarios los que se benefician de las convenciones, sino también los altos jerarcas.
Le llama la atención que la Sala Cuarta defina estos temas justo en este momento, y no hace tres años cuando fueron presentadas las acciones de inconstitucionalidad, lo cual a su criterio es un reflejo de que le están limpiando el camino para que el nuevo gobernante pueda actuar a su antojo.
PRIMERO PONEN AL PRESIDENTE Y AHORA LE AYUDAN A GOBERNAR
A criterio de Corrales, la Sala Constitucional primero le dio la posibilidad a Óscar Arias de ser presidente nuevamente, en contra de la Constitución y el Código Electoral, y ahora le quiere ayudar a gobernar.
“Primero sin que a ese órgano le competa la materia electoral, ellos analizan y aprueban la reelección presidencial, y ahora, una vez en funciones su presidente, le vienen a hacer el trabajo sucio para quitarle del paso a los sindicatos, esto es muy grave y generará mayor desconfianza en el sistema judicial”, detalló.
A criterio del ex diputado, cuando al pueblo se le presentan privilegios y abusos inmediatamente señalan a los sindicatos como abusivos, y consideran que en todas sus acciones primará la defensa de sus propios intereses y no la del país, lo cual, afirma, no es cierto.
“Lo que la Sala está haciendo es quitarle la credibilidad a los sindicatos, para que cuando convoque a las marchas contra el TLC, los ciudadanos no les hagan caso, y piensen que solo buscan defender sus intereses, son muy astutos, pero mal intencionados”, detalló.
Corrales, sin embargo, está seguro de que el pueblo no se dejará engañar por esta maniobra, y se mantendrá firme en la lucha contra el Tratado con Estados Unidos, que solo busca afectar a los ciudadanos de menos ingresos.
SISTEMA JUDICIAL SIN ENTRAÑAS
Corrales considera que el sistema judicial no tiene entrañas, perdió su esencia, y ahora se ha dejado mover de acuerdo a conveniencias, debido principalmente a la estructura vertical, donde quienes están arriba tienen todo el poder y control sobre el resto, lo cual impide que haya democracia en ese importante poder de la República.
Esto fue cuestionado seriamente en el pasado y llevó precisamente a la creación de una comisión investigadora sobre el manejo del Poder Judicial, durante la cual se confirmaron problemas y en el dictamen del en ese entonces diputado Corrales, piden sancionar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Paulino Mora.
Irregularidades con la asignación de viajes y becas, donde los funcionarios recibían un doble ingreso, pues además del pago de la beca, recibían su salario; viajes realizados con gastos del Poder Judicial y sin que se presentara informes sobre estos fueron parte de los temas que Corrales cuestionó en su informe legislativo, el cual no llegó siquiera a votarse.
“Cómo puede ser posible que un funcionario judicial esté dando lecciones en horas laborales, esto es uno de los tantos abusos que se cometen en la Corte, donde no existe independencia, ya que si un juez no actúa de acuerdo a los deseos de los magistrados, éstos simplemente no le renuevan su nombramiento, esto es una muestra de lo mal que funciona el Poder Judicial”, detalló Corrales.
El ex diputado considera importante separar el Poder Judicial y el Ministerio Público de la Corte, pues no se puede ser el investigador, ser el defensor y también ser el que juzga, porque esto ha llevado a ese importante poder de la República a decaer y acabar con la independencia de los funcionarios.
TLC ES UN CAMBIO AL ESTADO DE DERECHO
Corrales insiste en que votar el tema de las Convenciones Colectivas en este momento es parte de la estrategia para promover desde la Sala Cuarta el TLC, el cual en el fondo lo que implica es cambiar el estado de derecho por uno sin solidaridad, donde quienes menos tienen serán los más afectados.
“Si fuera solo un tratado comercial para que no se cobren impuestos a los chayotes de Cartago, sería magnífico, pero el TLC va más allá, es todo un cambio en el Estado de Derecho, que viene a afectar a quienes no tienen recursos”, comentó.
Este cambio social implica pasar servicios que tradicionalmente no han perseguido el lucro, para que se conviertan en un negocio en manos privadas, mientras se afecta a los usuarios, expone Corrales.
Uno de los propósitos fundamentales del TLC es bajar los costos de producción, y esto se lograría eliminando las cargas sociales que los encarecen, analiza el ex diputado.
Este cambio implicaría, por ejemplo, que los servicios de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social deban seguir funcionando, pero sin el aporte patronal, porque esto encarece el producir en Costa Rica, y esto llevará a la Caja a derrumbarse, porque no se puede mantener sin que los patronos aporten.
“Si yo tengo dinero y llego a una clínica privada hasta una alfombra roja me ponen para que pase, pero si ven que no llevo ni un cinco para pagar la consulta, ni siquiera me dejan entrar, y eso es lo que va a pasar, que los pobres no tendrán derecho a la salud”, detalló.
Lo mismo ocurriría con el seguro de riesgos del trabajo, manejado por el Instituto Nacional de Seguros, pues encarece la producción, pero es la única garantía para un trabajador en caso de un accidente.
“¿Si un señor está limpiando una ventana y se cae del tercer piso y se parte la espalda, quién va a mantener su familia?, para eso es el seguro de riesgos del trabajo, pero con el TLC se acabaría y a nadie le va a importar lo que pase con ese pobre hombre y sus hijos”, explicó Corrales.
El tema de la educación no está exento de sufrir, según la tesis de Corrales, dado que conforme avanza la tecnología los libros de papel son sustituidos por la Internet, y solo quienes tengan dinero podrán pagar el teléfono y la tecnología, pues pasaría a manos privadas.
“Esto nos devuelve al pasado, se acaba el Estado solidario ideado por Rafael Ángel Calderón Guardia y ‘Pepe’ Figueres, y solo los que tienen dinero podrán estudiar, podrán tener servicios de salud, mientras los pobres cada día serán más pobres”, explicó Corrales, quien planea presentar ante el Tribunal Supremo de Elecciones una solicitud para realizar un referéndum consultivo sobre el TLC.
HAY QUE CONSULTAR AL PUEBLO
Corrales considera que pese a que la Sala Constitucional quiera desprestigiar a los sindicalistas, eso no cambia el derecho del pueblo a opinar sobre si cree conveniente o no el Tratado de Libre Comercio, por lo que planteará la iniciativa y confía en lograr las firmas suficientes.
El proceso para el referéndum consultivo no es tan complicado, empieza con la presentación de un escrito ante el Tribunal Supremo de Elecciones, luego deben adjuntarse las firmas del 30% del padrón electoral, que serían unas 850 mil.
El referéndum se realizaría a nivel nacional, y su resultado no es de acatamiento obligatorio, pero es una señal clara para el gobierno sobre si el pueblo está o no de acuerdo.
“Con el combo se hizo un referéndum en la calle, y el presidente Miguel Ángel Rodríguez comprendió lo que el pueblo quería y valientemente frenó el proyecto para despedazar el ICE, hoy esperaríamos que igualmente la decisión del pueblo sea respetada”, explicó Corrales, quien presentará el referéndum en pocas semanas.
