CIUDADANAS Y CIUDADANOS:
Nos reunimos hoy, 27 de enero del 2003, momento en el cual se inicia, oficialmente, en suelo costarricense, el proceso de negociaciones tendientes a la eventual suscripción de un tratado comercial (TLC) entre los países de la América Central (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica), con los Estados Unidos de América; para proclamar, ante el Pueblo Costarricense, ante los Pueblos Hermanos Centroamericanos, ante el Pueblo Estadounidense y ante los Pueblos del Mundo que, nunca, bajo ninguna circunstancia, los pueblos centroamericanos podríamos aceptar otra alternativa que no fuera la del comercio totalmente justo, teniendo presente la realidad social y económica de nuestras naciones, radicalmente diferente de aquella que presentan, por ejemplo, los países desarrollados. Por tanto:
Nos hemos unido para indicar, con potente voz cívica, que la paz en la Tierra se tiene que construir, necesariamente, con el profundo respeto entre las naciones y entre los pueblos; y que, en consecuencia, cuando se trata de relaciones económicas, el comercio justo es la única vía correcta para el desarrollo compartido, en un marco de equidad y de solidaridad. Partiendo de este postulado, hoy hacemos un llamado a la lucha cívica. Las negociaciones tendientes a establecer un tratado comercial con nuestras naciones deben partir de una base sólida de comercio justo, que tome en cuenta las dimensiones de nuestras economías, el acceso tecnológico, las posibilidades infraestructurales, el manejo de capital, el tamaño del mercado y las particularidades socioculturales, ecológicas e institucionales que, soberanamente, hemos adoptado como naciones civilizadas.
Nos hemos unido para señalar, con absoluta claridad y contundencia, que la serie de reformas económicas impulsadas en la región en los últimos años, aunque con distintos grados de intensidad, no han generado las condiciones necesarias que abran el tránsito hacia una sociedad de mayores oportunidades pues, contradictoriamente, la senda elegida es la de la concentración del ingreso y la desaparición paulatina de nuestras estructuras productivas Las negociaciones tendientes a establecer un tratado comercial con nuestras naciones deben partir de la base de la realidad inobjetable de las abismales asimetrías que presentan las economías involucradas en este proceso, pues es imposible creer que la igualdad de condiciones sea una sana y correcta base de partida.
Nos hemos unido porque es necesario e imprescindible mencionar que nuestras naciones centroamericanas arrastran altísimas cargas económicas producto de su crónico endeudamiento externo, lo que dificulta, aún más, la inserción económica que se ha venido promoviendo; presentándose, en consecuencia, gigantescas desventajas para impulsar sociedades justas en tal marco de condiciones. Las negociaciones tendientes a establecer un tratado comercial con nuestras naciones deben considerar y definir políticas de atenuación, readecuación y/o condonación de nuestras abultadas deudas externas.
Nos hemos unido para indicar, a nuestros gobiernos y a nuestros parlamentos, que los intereses patrios en función del anhelo de una sociedad con desarrollo y bienestar social y económico, integrada y de oportunidades para todas las personas, debe animar todas y cada una de sus acciones, en el marco del desafío que se nos planteado con la posibilidad de un TLC con Estados Unidos. Las negociaciones tendientes a establecer un tratado comercial con nuestras naciones, imprescindiblemente, deben estar impregnadas de la más profunda transparencia, la más amplia divulgación y la profunda participación ciudadana, real y decisoria; tanto institucionalmente, como en la vía parlamentaria, a través de la sociedad civil organizada y sus expresiones más dinámicas y representativas.
Nos hemos unido para dejar constancia de nuestra más firme decisión de luchar por la preservación y la defensa del patrimonio nacional, de carácter público, que cuenta en su haber (como en el caso costarricense), con importantes empresas estatales de servicio público; mismas que, de una forma u otra, han estado asociadas al perfil de sociedad democrática de oportunidades que nos ha dado una convivencia pacífica. Las negociaciones tendientes a establecer un tratado comercial con nuestras naciones deben considerar decisiones ciudadanas ya contundentes contrarias a la apertura de monopolios públicos o a la enajenación, en cualesquiera de sus formas, de los bienes de la nación, como en el caso de Costa Rica.
Nos hemos unido para dejar constancia de que queremos restaurar, desarrollar y preservar el histórico sitial que, a todo lo largo de nuestra vida republicana, ha jugado el campesinado nacional, en sus distintas manifestaciones económicas y sus diferentes niveles productivos; constatando que las condiciones para su vulnerabilidad se han potenciado, razón de más para ponernos en guardia ante el desafío del denominado “libre“comercio que se nos propone con los Estados Unidos, país que sí tiene en alta estima y potencia el papel de sus propios agricultores. Las negociaciones tendientes a establecer un tratado comercial con nuestras naciones deben contemplar condiciones totalmente iguales para el intercambio comercial, de lo contrario, estaremos suicidándonos al hipotecar para siempre, la alicaída soberanía alimentaria que todavía nos queda y al profundizar la inequidad social y la pobreza en las comunidades rurales.
Nos hemos unido para renovar la senda que como país nos hemos trazado para la defensa a ultranza de nuestra rica biodiversidad y riquezas naturales, de forma tal que la producción nacional avance a una plena armonía con las demandas por la preservación de un entorno, cuyo paulatino deterioro amenaza la vida, la de las personas que habitamos en estas privilegiadas tierras y la de los demás seres vivos. Las negociaciones tendientes a establecer un tratado comercial con nuestras naciones, deben incluir la sustentabilidad y soberanía ambiental, como obligación para con las futuras generaciones.
Nos hemos unido para ratificar que nuestro Estado Social de Derecho, aún maltrecho por las diversas acciones políticas de los últimos años, consagra un apartado fundamental en su estructura para garantizar una producción que respete la naturaleza; que promueva las formas productivas con equidad social y adecuada distribución de la riqueza; así como el trabajo digno para las personas que integran nuestra clase trabajadora. De esta manera, las Garantías Ambientales que se impulsan en nuestro país, el desarrollo de las organizaciones de la economía social, así como la promulgación del Código de Trabajo; representan herencia fundamental de patriotas de distintas visiones que confluyeron en el concepto de humanización del trabajo humano, a través de reglas de obligada observación. Las negociaciones tendientes a establecer un tratado comercial con nuestras naciones deben establecer la concepción del apoyo, promoción y financiamiento de la producción ambiental, laboral y socialmente sustentable, creando las instancias vinculantes de denuncia, censura, sanción y verificación que sean necesarias, funcionales y transparentes.
Nos hemos unido para resaltar la circunstancia de que somos una nación cuyas unidades productivas, en casi un 100 %, son micro, pequeñas y medianas empresas; las cuales, huérfanas de apoyo institucional, luchan todos los días por sobrevivir en un mercado cada vez más transnacionalizado y voraz. Las negociaciones tendientes a establecer un tratado comercial con nuestras naciones deben contemplar, imprescindiblemente, esta circunstancia, sin restricción alguna, de forma tal que la actividad económica, especialmente la pública, les proporcione condiciones de protección, apoyo y mecanismos que privilegien la compra de su producción.
No es transparente lo que no se ve. Es transparente lo que puede verse de manera fiel. No hay transparencia sin información publica ciudadana: información completa, oportuna, y verificable, no sólo de la situación nacional que se verá impactada por estas negociaciones, sino y fundamentalmente, del desempeño de las personas, sus acciones, decisiones y posiciones, a cargo de la negociación en nombre del país.
Para ello necesitamos mecanismos de participación, no solo de diálogo sino también de negociación y de rendición de cuentas, de la posición internacional de Costa Rica. Rendir cuentas es más que ser transparente: es dar explicaciones pero también y sobre todo corregir decisiones y acciones si la decisión ciudadana así lo indica.
Por tanto, nos comprometemos, en este solemne acto, al pie del Monumento Nacional, inspirados en su profundo significado patriótico y soberano; a fortalecer nuestra alianza y unidad, convocando a toda la ciudadanía patriótica, costarricense y centroamericana, a tomar parte activa en esta hora crucial de nuestro desarrollo histórico y democrático.
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Alianza de Lucha Antipetrolera (ADELA)
Asociación Nacional de Empleados Judiciales (ANEJUD)
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE)
Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE)
Asociación de Talleres Integrales Costarricenses (A-TICOS)
Asociación ecologista COECOCeiba-Amigos de la Tierra (AT)
Central del Movimiento de los Trabajadores Costarricenses (CMTC)
Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN)
Consejo de Defensa de la Institucionalidad (CDI)
Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP)
Corporación Nacional de Pequeños Productores de Arroz (CONARROZ)
Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON)
Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos
Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE)
Foro de Acción Política “Otra Costa Rica es posible, otro mundo es posible”
Grupo indígena IETSAY
Mesa Nacional Campesina (MNC)
Mesa Nacional Indígena
Sindicato de Empleado del Ministerio de Hacienda (SINDHAC)
Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (SITRAPEQUIA)
Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS)
Unión Nacional de Empleados del Instituto de Desarrollo Agrario (UNEIDA)
Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (UPANACIONAL)
San José, Costa Rica, 27 de enero del 2003
