Página 565 – Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados

Consideraciones a la Asamblea Legislativa sobre el proyecto de flexibilización de Jornada de Trabajo.

Publicada el 31/03/2003 | por | Dejar un comentario

Asunto: Expediente No. 15.161

Estimados señores Diputados
Estimadas señoras Diputadas:

Luego de manifestarle nuestro respetuoso saludo, nos permitimos compartir con ustedes algunas consideraciones en torno al proyecto de ley de reforma a varios artículos del Código de Trabajo, que introduce la flexibilización de la jornada de trabajo.

1. SOBRE EL PROYECTO DE FLEXIBILIZACIÓN DE JORNADA DE TRABAJO

ANEP ha venido insistiendo sobre los posible efectos extremadamente nocivos de la utilización de una jornada flexibilizada (4-3 y acumulativa anual) en los términos establecidos en el proyecto de ley presentado por el Gobierno de La República a la Asamblea Legislativa (Exp. 15.161).

A) Efectos para las mujeres: Estos efectos son especialmente peligrosos y contraproducentes para las mujeres trabajadoras, quienes, debido a una inequidad estructural de género, injustamente deben asumir todo el peso de las responsabilidades familiares y relacionadas con el trabajo reproductivo. Así, una jornada de 12 horas diarias, más los tiempos de traslado, probablemente colocaría a estas trabajadoras en una situación sumamente difícil, lo que podría ocasionar que el desempleo femenino, que ya hoy día es mayor al masculino, crezca todavía más.

B) Efectos para personas que trabajan y estudian o que tienen dos empleos: Otro tanto puede suceder para las personas que además de laborar se dediquen a estudiar, o bien tengan un segundo empleo remunerado. En estos casos, probablemente la nueva jornada les limitará el acceso a los estudios técnicos, secundarios o superiores, agravando el problema ya existente de expulsión del sistema educativo de muchas personas, o de disminución de ingresos de las personas que deban abandonar su segundo empleo para atender esta nueva jornada.

Finalmente, preocupa sobre manera el posible incremento de los riesgos de trabajo en algunas actividades cuya elevación del tiempo efectivo de trabajo ponga en peligro la salud ocupacional de las personas trabajadoras.

2. UNILATERALIDAD O BILATERALIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA FLEXIBILIZACIÓN DE JORNADA DE TRABAJO

Por otro lado, la ANEP es plenamente consciente de que algunas empresas de alta tecnología y similares, cuya producción se dirige fundamentalmente a la exportación, han solicitado reiteradamente al Gobierno de La República este tipo de jornada flexibilizada. Por todo lo anterior creemos que es posible avanzar en la negociación de un proyecto de flexibilización de jornada, con las siguientes particularidades:

A. PROCEDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA JORNADA FLEXIBILIZADA: En primer lugar, el proyecto actualmente establece una potestad unilateral del empleador de establecer la jornada flexibilizada, sin importar las consecuencias para las personas trabajadoras, y sin siquiera comprobar que realmente requiera este tipo de jornada.

Es nuestra firme convicción que el mecanismo ideal para establecer las condiciones de trabajo en determinado lugar, es la vía de la negociación colectiva, que debería representar el reflejo del espíritu democrático que tiene nuestro país. Sin embargo, de forma inaudita, en Costa Rica muchos sectores ven con buenos ojos la participación ciudadana y la negociación salvo cuando se trata de las personas trabajadoras para la determinación de sus condiciones de empleo. Todas las personas que habitan Costa Rica tienen claro lo que es un secreto a voces: la organización sindical en el sector privado es inmediatamente perseguida y eliminada, y obviamente con tal proceder también se impide los procesos de diálogo y negociación en los centros de trabajo.

Obviamente un proyecto de esta naturaleza no puede resolver lo que es una cultura antisindical y contraria a la negociación colectiva como instrumento idóneo para pactar las condiciones de empleo, incluso la jornada.

Ante tal situación, y partiendo de la idea de que no todos los sectores requieren este tipo de jornada flexibilizada, es nuestra opinión que, en primer lugar, es fundamental tener una discusión pausada sobre las ramas de actividad que realmente requieren este tipo de jornada. Es nuestra opinión que, la posibilidad de establecer esa jornada debe hacerse por ramas de actividad claramente definidas, o al menos para empresas de la misma naturaleza y tamaño, y solo si ha existido previamente un acuerdo negociado particular para cada rama de actividad, de carácter bipartito, sea con el sindicato o sindicatos más representativos de la rama de actividad, o bien, en ausencia de estos, en el seno del Consejo Superior de Trabajo.

Así las cosas, el proyecto de ley debe regular los términos de la jornada flexibilizada, pero debe establecer que su aplicación en cada rama de actividad debe depender de la negociación bipartita previa suscrita entre empleadores y sindicatos del sector, si existieren, o en el marco del Consejo Superior de Trabajo, en los términos antes indicados.

En este escenario, los representantes gubernamentales del Consejo Superior de Trabajo deberían actuar como mediadores en el seno del Consejo, y, si existe un acuerdo entre el sector empresarial y sindical, el Gobierno de La República recogería los contenidos de la negociación suscrita mediante una reglamentación de duración previamente limitada, que podría ser de cuatro años, prorrogables si ninguna de las partes denuncia la reglamentación al finalizar el plazo.

Como consecuencia lógica, las personas que integren la delegación sindical en el Consejo Superior de Trabajo, deben poder ingresar libremente a los centros de trabajo de la rama de actividad en discusión, y tener acceso directo a las personas trabajadoras que vayan a ser afectadas por la flexibilización de la jornada, por grupos, individualmente y por medio de diversos mecanismos como entrevistas, foros, encuestas, etc.

B. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO Y A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD OCUPACIONAL: En segundo lugar, la reforma debe establecer que, cualquier negociación que se produzca en el seno del Consejo Superior de Trabajo, para la aplicación de la flexibilización de la jornada en determinada rama de actividad, deberá necesariamente contener las regulaciones que sean necesarias para proteger el empleo de las personas con responsabilidades familiares y de trabajo reproductivo, a quienes se encuentren o vayan a ingresar al sistema educativo, así como a la salud ocupacional de las personas cuyo trabajo sea pesado o insalubre, y, en general para promover la equidad de género, el acceso a los sistemas educativos y a la protección de la salud ocupacional.

De esta forma la negociación podrá incorporar elementos como guarderías infantiles, sistemas de cuido y atención de adultos mayores, licencias para estudio, tiempos especiales para personas con licencias particulares (maternidad, etc.).

Para tal efecto, se podrá invitar a organizaciones e instituciones relacionadas con esas áreas, a las sesiones de negociación dentro del Consejo Superior de Trabajo.

C. JORNADA DE SERVICIO DOMÉSTICO: Adicionalmente, debe aprobarse el proyecto de ley que corre bajo el expediente legislativo No. 13.413 REFORMA DEL CAPÍTULO VIII DEL CÓDIGO DE TRABAJO: “SOBRE EL TRABAJO DEL SERVICIO DOMÉSTICO”, el cual es imprescindible para, entre otras cosas, equiparar la jornada de trabajo de estas personas con las del resto de personas trabajadoras en nuestro país.

D. OTRAS OBSERVACIONES PUNTUALES:

· No estamos de acuerdo en aumentar jornada mixta de 7 a 8 horas, y a aumentar la jornada acumulativa semanal mixta y nocturna.
· No estamos de acuerdo en permitir el ius variandi abusivo, al hablar de compensación de perjuicios. Por la especial naturaleza de los derechos laborales, no es posible introducir una norma que básicamente plantea que el empleador puede violar los derechos de las personas trabajadoras si les paga o indemniza. Debemos recordar la especial naturaleza protectora de las normas laborales, a diferencia de lo que sucede en otras ramas del derecho como el derecho civil o comercial. Por el contrario, en el derecho del trabajo, al igual que sucede en el derecho de familia, existen límites de orden público que no pueden ser transgredidos, aún cuando se indemnice a la persona afectada.
· SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN las diversas modificaciones que deben ser introducidas al proyecto conforme lo indicamos en esta nota, en aquellos casos excepcionales en que se cumplan los requisitos de forma y la negociación colectiva que acuerde el establecimiento de la jornada de 12 horas, el descanso deberá ser de 1:30 hrs. al igual que para el resto de personas que laboran 12 horas diarias, conforme se establece en el artículo 143 del Código de Trabajo.
· SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN las diversas modificaciones que deben ser introducidas al proyecto conforme lo indicamos en esta nota, debe aclararse la redacción de la jornada anualizada y se debe decir claramente que la jornada semanal es de 4 días de trabajo de 12 horas diarias y 3 días libres, y que estos se deberían disfrutar consecutivamente.

Como se ve, la discusión que nos plantean los temas indicados es mayúscula, por lo que solicitamos audiencia ante la Comisión de Asuntos Laborales para discutir con mayor profundidad nuestras observaciones.

Reiterándole nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

—-
c.:Sres y Sra, Jefes de Fracción, Asamblea Legislativa.
c.:Diputadas y Diputados, Asamblea Legislativa.
c.:Lic. Ovidio Pacheco Salazar, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
c.:Inga. Esmeralda Britton González, Ministra de la Condición de la Mujer, INAMU.
c.:Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.:Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.:Federación Nacional de Trabajadores Servicios Públicos.
c.:Organizaciones Sindicales.
c.:Archivo.

Carta dirigida al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, para que garantice el cumplimiento de la ley a la hora de fijar los aumentos en las tarifas de los buses.

Publicada el 31/03/2003 | por | Dejar un comentario

Estimado señor Ministro:
Estimada señora Viceministra:

Con suma preocupación hemos leído en la prensa nacional el anuncio de solicitud de un nuevo incremento en las tarifas de transporte público, modalidad autobús. Se informa que la solicitud plantea un incremento del hasta el 15% en las tarifas, además del que ya se otorgó del 13% y que empezará a regir en los próximos días.

Se indica que el Consejo de Transporte Público ya dio el visto bueno a esta nueva solicitud de incremento tarifario y que únicamente resta enviarlo a conocimiento de la ARESEP.

Señor Ministro, señora Viceministra: Como ustedes comprenderán, quienes pagan estos ajustes tarifarios son en su mayoría cientos de trabajadores y trabajadoras de los sectores Público y Privado, quienes deben usar, diaria y obligatoriamente, este servicio de transporte para dirigirse a sus respectivos centros de trabajo.

Como ustedes también lo saben los ajustes salariales, no compensan el alto costo de la vida y estos ajustes de tarifa, van directamente al bolsillo de nuestra gente. Por lo que rogamos, que a la hora de aprobar, estos ajustes se tome en consideración la difícil situación económica de quienes vivimos, honradamente, de un salario.

Así mismo le rogamos se nos informe si estas empresas de autobuses, están cumpliendo con la legislación laboral vigente en nuestro país; como por ejemplo, la Ley de Protección al Trabajador, el Convenio 94 de la OIT, así como la directriz emitida por la Presidencia de la República para reglar este convenio, ya que estos son requisitos imprescindibles para hacerse de una concesión o de un contrato con el Estado.

Por otra parte es de nuestro deber velar por la calidad y oportunidad del servicio que se le brinda a la gente, considerando que una buena parte de usuarios y usuarias pertenecen a nuestra organización sindical. Por lo que les rogamos se nos de respuesta a la siguiente información.

a- Hace aproximadamente un año se nos anunció el Plan de Evaluación Empresarial y Sectorización del Área Metropolitana. Este plan pretendía ordenar las rutas y paradas de esta modalidad de transporte público, así como la modernización de la flotilla de buses. ¿Qué ha pasado con este plan?; ¿qué departamento del MOPT está comprobando y evaluando su cumplimiento?; ¿cuántas empresas (nombres) y rutas han cumplido a la fecha con lo estipulado en ese plan?; ¿se les ha renovado la concesión a quines no han cumplido?; ¿para qué fecha se espera la conclusión de este plan?

b- En una Publicación reciente de la ARESEP, se planteaba que las tarifas para la Gran Area Metropolitana se han ajustado, al menos en un 200 % más que las de sus similares en el nivel provincial y cantonal, no obstante que estas últimas, en muchos casos, transportan mucho menos gente que las del Área Metropolitana y en razón a la verdad, en la mayoría de los casos por carreteras en muy mal estado. Nos preguntamos: ¿por qué esta diferenciación tan marcada de tarifas?; ¿por qué en muchos casos los buses provinciales y cantonales lucen un mejor estado (modelos nuevos) que los metropolitanos, muchos de estos refaccionados (modelos viejos)?; ¿se consideran estos supuestos a hora de fijar las tarifas?

Señor Ministro, señora Viceministra: Nuestra organización sindical demanda de sus respetables autoridades tomar en consideración a la hora de aplicar el incremento tarifario para este tipo de transporte, los aspectos anteriormente citados y sobre todo les rogamos considerar el estado actual y renovación de la flotilla en la Gran Área Metropolitana, el cumplimiento estricto de la legislación laboral y de la Ley de Protección al Trabajador por parte del empresariado, buscar otras alternativas para paliar los incrementos de los combustibles, pues ya los bolsillos de los usuarios no aguantan más.

De no corregirse este camino, tal situación nos llevará lamentablemente a una confrontación directa entre empresarios y usuarios de este importantísimo servicio público.

Lo anterior lo solicitamos conforme al Artículo 27 Constitucional y el numeral 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

——
c.:Sr. Herman Hess Araya, Regulador General.
c.:Lic. José Manuel Echandi Meza. Defensoría de los Habitantes.
c.:Cámaras de Transporte de Autobuseros.
c.:Medios de Comunicación Colectiva.
c.:Junta Directiva Nacional ANEP.

Carta dirigida a Su Santidad, Juan Pablo II para que interceda sobre la posición del Presidente de la República con respecto a la Guerra de Irak.

Publicada el 31/03/2003 | por | Dejar un comentario

Su Excelencia:

Desde la República de Costa Rica, en la América Central, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), expresa a Su Santidad, el más respetuoso de nuestros saludos.

De seguro y para nuestra tristeza, quizás ya ha llegado a sus oídos las palabras del Presidente de la República de nuestro pequeño país, el Dr. Abel Pacheco de la Espriella, apoyando la invasión que el Gobierno de los Estados Unidos realiza contra el pueblo de Irak.

En su discurso, este Presidente de la República de Costa Rica sentencia “que no es hora de cobardes” y que de estar él en el lugar de Mr. Bush, él “haría lo mismo”; es decir, procedería a invadir el pueblo de Irak.

Su Digna Santidad, guiado por la gracia de Dios, se ha manifestado abiertamente contra esta terrible guerra, injusta, innecesaria y contraria al Derecho Internacional. Por el contrario, el Presidente de la República Costa Rica, ha emitido palabras sentenciadoras en el sentido de “que no es hora de cobardes”; aludiendo y atropellando con esas grotescas palabras la dignidad de todas aquellas personas, gobernantes y pueblos que en todo el mundo incluyendo a su Santidad y a la Santa Madre Iglesia, se oponen a esta injusta e ilegal invasión militar.

Con toda humildad y sinceridad, en nombre de la gente que nos honramos en representar y seguros de que nuestro pueblo, en su gran mayoría cristiano y amante de la paz, apoya nuestro sentir; presentamos ante Su Santidad, nuestro desagravio y disculpas por las palabras emanadas de este Presidente nos llama “cobardes” sólo por condenar la guerra y abogar por el respeto al Derecho Internacional.

Su Santidad, que Dios nuestro señor le bendiga, le llene de sabiduría y gracia y que su luz nos ayude a iluminar, estos momentos tristes por los que atraviesa la comunidad internacional y en especial el pueblo de IRAK, agobiado por dos terribles calamidades: el tirano que les oprime y la diabólica y poderosa fuerza de los negociantes de la guerra y del petróleo.

Respetuosamente creemos que Su Santidad tiene sobradas credenciales morales y éticas para llamarle la atención al Presidente de la República de Costa Rica, quien, supuestamente, ha basado toda su carrera política y de hombre público, en los principios filosóficos de la Doctrina Social de la Iglesia Católica. Su Honorable Excelencia, Su Santidad, en consecuencia, debe llamarle la atención para que retorne al rebaño de la paz que es inherente a los postulados de la cristiandad y su sabio precepto de hermandad entre los pueblos.

Su Excelencia, cuente con el apoyo estima y admiración de su pueblo, la gente de nuestra Costa Rica, amante de la paz y respetuosa del Derecho Internacional, pese a la errática posición del Presidente de nuestro país, la cual no es compartida por la abrumadora mayoría de la ciudadanía costarricense.

De su Honorable Santidad, sus servidores,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

—-
c.:Su Excelencia Monseñor Antonio Sosso, Nuncio Apostólico de Su Santidad en Costa Rica.
c.:Dr. Abel Pacheco de la Espriella. Presidente de la República de Costa Rica.
c.:Lic. Roberto Tovar Faja. Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica.
c.:Lic. Bruno Stagno, Embajador de Costa Rica ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
c.:Sr. Koffi Annan, Secretario General, Organización de las Naciones Unidades (ONU).
c.:Señores Diputados y señoras Diputadas, Asamblea Legislativa.
c.: Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República de Costa Rica.
c.:Medios de Comunicación Colectiva.
c.:Organizaciones de la Sociedad Civil de Costa Rica.
c.: Junta Directiva Nacional ANEP.

Planteamiento ante el seminario «Las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales»

Publicada el 31/03/2003 | por | Dejar un comentario

Señores y señoras
Fundación Friedrich Ebert (FES)

Señores y señoras
Comité Asesor Sindical para la OCDE (TUAC)

Señoras y señores Seminaristas.

Reciban un cordial saludo de parte de las juntas directivas de las organizaciones sindicales representantes de los trabajadores y las trabajadoras costarricenses.

Agradecemos, por la relevancia del evento que celebramos, que tanto la FES como el TUAC (Comité Asesor Sindical para la OCDE), hayan considerado la participación de nuestras organizaciones en este importantísimo evento internacional.

Consideramos que este tipo de seminarios, en los cuales se dialoga y se buscan acuerdos, sobre la responsabilidad ética y social de las empresas transnacionales, es un asunto de primer orden, sobre todo para los países subdesarrollados, como el nuestro; países en los cuales estas empresas, en su mayoría, funcionan como simples factorías, enclaves económicos, que en el mejor de los casos, únicamente, son generadoras de empleo, por lo general, de baja calidad y mal pagados. Además, se han constituido en LAS VIAS PRINCIPALES POR MEDIO DE LAS CUALES LOS PAÍSES DEL MUNDO DESARROLLADO, SAQUEAN LAS RIQUEZAS DE NUESTROS PAISES.

Por otra parte, resulta necesario plantearse si será posible, en un mundo sometido a la más ruin depredación del capital sobre los recursos del planeta, incluyendo la vida humana y sobre todo en estos momentos en que el máximo organismo internacional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha sido mancillada, degradada, tirada al basurero; si será posible, decíamos, que las poderosas transnacionales y las naciones que las representan se comprometan, respeten y tutelen unas directrices, un código de conducta, que tienda a garantizar una vida digna y decorosa para toda la humanidad, así como sistemas productivos que no deterioren, aún más, la ecología.

Este es el camino que queremos transitar y vemos con esperanza, que al menos los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se preocupen de la responsabilidad que tienen las transnacionales con el bienestar humano y por el sano uso de los recursos naturales.

Con esta enseñanza, y muy a pesar de la terrible crisis que hoy sacude todos los rincones del mundo, crisis que pone en entre dicho al organismo multinacional por excelencia, la ONU; saludamos este encuentro y con todo nuestro respeto y humildad traemos a esta mesa, para compartir con ustedes, nuestros criterios y propuestas, sobre lo que consideramos es responsabilidad de las transnacionales, con el bienestar de la gente y el ambiente.

MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL QUE DEBEN RESPETAR, IMPULSAR Y TUTELAR LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES Y SUS SUBSIDIARIAS.

La conducta de estas empresas transnacionales y sus subsidiarias deben regirse, en lo fundamental, por los tratados (convenios y recomendaciones) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), incluso en aquellos países que aún no han ratificado dichos tratados.

Principalmente, las transnacionales y sus subsidiarias deben comprometerse a respetar, impulsar y tutelar las normas fundamentales del Derecho Internacional del Trabajo: El derecho a la libertad de sindicación, el derecho a la negociación colectiva de trabajo y de la huelga, el derecho a la no discriminación, a la abolición del trabajo forzoso y la abolición del trabajo infantil.

En nuestro país, Costa Rica, algunas transnacionales no solamente irrespetan estos principios fundamentales del trabajo, si no que, además, abiertamente y a vista y paciencia del Estado, han instrumentalizado y apoyado todo tipo de competidores contra el sindicalismo, en especial el llamado “solidarismo”.

Costa Rica, tiene una larga historia en la OIT, por incumplimientos y permanente violación a estos principios fundamentales, además de que deshonra, de manera constante, los compromisos que asume con esta organización, cada vez que la misma le reclama su moratoria en ponerse al día con sus obligaciones como Estado signatario de la OIT. Ahora tenemos una escalada institucional, contra la negociación colectiva en el Sector Público.

Por otra parte, es importante destacar, dada la inoperancia de la institucionalidad en la tutela de la libertad de sindicalización, que prácticamente no existen sindicatos en el Sector Privado de la economía, con el agravante de que esta situación, es expuesta como una “ventaja competitiva” del país para la atracción de inversiones. Lo que queda de organización sindical en dicho sector, son pequeños reductos de sindicatos de plantaciones que resistieron y sobrevivieron a la embestida patronal y gubernamental implementada por medio del “solidarismo”.

Ahora bien, no basta con que las transnacionales y sus subsidiarias se comprometan o firmen unas directrices o códigos de conducta; se trata, según nuestro interés, de establecer los instrumentos necesarios, para evaluar, resolver y tutelar, realmente, el cumplimiento de tales obligaciones.

En Costa Rica, aunque aún nos falta ratificar varios Convenios Internacionales de Trabajo, a decir verdad, tenemos legislación laboral en abundancia en materia de libertad sindical y en otros aspectos normativos tendientes a lograr empleos dignos para la clase trabajadora. Pero, vaya paradoja, es letra en el papel, pues nuestro Estado no tutela ni garantiza, lo que tenemos escrito en la ley.

Por eso se nos hace necesario crear instrumentos de fiscalización, evaluación, de tutela y de resolución de conflictos, a fin de que lo que está escrito en ley, más los compromisos asumidos por las transnacionales y sus subsidiarias, se cumpla, se concrete.

Proponemos para estos efectos la creación en cada país y en los países de la OCDE, de Comisiones de Resolución de Conflictos y Controversias, en el cumplimiento de esta materia. Estas comisiones serían organismos tripartitos (empresa, sindicato, Estado), que tendrán la función de tutelar, evaluar e impulsar el cumplimiento por parte de las transnacionales y sus subsidiarias de las normas laborales.

Esta comisión podrá certificar que en las empresas transnacionales y sus subsidiarias locales se está cumpliendo con el ordenamiento jurídico internacional de trabajo.

Las transnacionales sacarán del mercado a aquellas casas subsidiarias, suyas, que no estén cumpliendo con esta materia. La sociedad internacional premiará, consumiendo sus productos, a aquellas empresas transnacionales y sus subsidiarias que si cumplen con la legislación laboral.

Adicionalmente, es imprescindible que los países de la OCDE impulsen dentro del marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la tesis de que el comercio está íntimamente ligado con la forma en cómo se produce, social, laboral y ambientalmente hablando. En la medida que las reglas del comercio internacional reconozcan el “dumping social”, así como los mejores estándares sociales, laborales y ambientales logrados por un país, dentro de las reglas del comercio internacional, será posible generar un equilibrio entre el comercio y la dignidad de las personas y el medio ambiente. En ese sentido, debería garantizarse una serie de medidas compensatorias y premios en el comercio internacional, para los países y las empresas que produzcan en armonía con la naturaleza, generen impactos sociales positivos y respeten los derechos laborales fundamentales.

De lo contrario, el camino a seguir será el abismo sin fondo, en una frenética competencia por bajar costos de producción sin importar las consecuencias que tal camino conlleva.

Así mismo, los mecanismos nacionales e internacionales de resolución de disputas comerciales, sociales, laborales y ambientales deben garantizar el derecho de los Estados a la promulgación y aplicación de leyes de protección, como un principio superior frente a la generación de ganancias para las corporaciones. Estos mecanismos deben garantizar también la participación de expertos no sólo en temas de comercio.

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO.

La Comisión de Resolución de Controversias, se referirán por estos indicadores de cumplimiento:

a- Las empresas transnacionales y sus subsidiarias, reconocen a los sindicatos como los únicos agentes legítimos de representación de los trabajadores.
b- Las transnacionales y sus subsidiarias respetan los Tratados Internacionales de Trabajo de la OIT, aún en aquellos países donde no estén ratificados, fundamentalmente la libertad y los derechos de sindicación, negociación colectiva y de huelga, así como las prohibiciones para el trabajo forzoso y/o infantil.
c- Los países de la OCDE sancionaran a aquellas empresas transnacionales y sus subsidiarias que no respeten y tutelen estos derechos fundamentales, una vez comprobado su incumplimiento.
d- Las transnacionales sancionarán a aquellas subsidiarias suyas, una vez comprobado el incumplimiento de las normas laborales.
e- Las Comisiones de Resolución de Conflictos, presentaran a los países que conforman la OCDE, un informe anual que refleje la evaluación y el cumplimiento de las transnacionales con la materia laboral.

ESTÍMULOS A LAS TRANSNACIONALES Y SUBSIDIARIAS
QUE CUMPLEN CON LA LEGISLACIÓN LABORAL.

Los países miembros de la OCDE, así como las organizaciones sindicales y otras ONG, promoverán campañas para que el consumidor premie a aquellas empresas transnacionales y sus subsidiarias que están cumpliendo con las normas internacionales del trabajo.

LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA,
LAS TRANSNACIONALES QUE QUEREMOS.

En los momentos actuales ningún país, por grande que sea, puede darse el lujo despreciar la inversión extranjera. Este tipo de inversión se hace más que necesario para el impulso de las economías y más en aquellas como las nuestras, subdesarrolladas y dependientes de las economías centrales. Este es el rol que las economías desarrolladas y sus transnacionales nos han puesto a jugar.

Este mercado injusto, este comercio injusto, le cuesta a esta América Latina más de 250 millones de personas en la miseria absoluta.

En nuestro país, el 20.1% de la población, se encuentra en estado de pobreza y otro 35%, está muy cerca de este límite. Esto es lo que nos ha dejado dos décadas de transitar e impulsar el modelo económico neoliberal.

Dentro de este marco, ¿qué deseamos o queremos de la inversión extranjera?:

1- Que ésta venga a insertarse dentro de un plan de desarrollo nacional, en función del estado y la sociedad que queremos vivir los costarricenses.
2- No debe sustituir al capital nacional, más bien complementarlo.
3- No debe darse en empresas consolidadas del Estado. El desastre argentino y la experiencia de este tipo de inversión extranjera en otros países latinoamericanos, debe prevenirnos.
4- Debe venir a estimular y promover encadenamientos productivos con nuestras economías locales a fin de impulsar el desarrollo integral.
5- Transferir conocimiento y tecnología a la economía local a fin de robustecerla y sostenerla en el tiempo. Si la transnacional se va del país, si alza vuelo, algo ha tener que dejar en el país como pago por la riqueza sustraída.
6- Las transnacionales y sus subsidiarias pagan impuestos en los países locales.
7- Las transnacionales y sus subsidiarias, además de respetar los derechos internacionales del trabajo, se comprometen y se someten a la legislación local materia ambiental.

Quizá no lo sabemos, quizá no lo entendamos, pero tal vez se trate de dejar de hablar y promover el libre comercio, para empezar a hablar y promover un comercio justo, un mundo justo, donde quepamos todos y todas, incluyendo el respeto a nuestra madre naturaleza.

Muy a pesar de todas las amenazas, a todos nos urge, darnos una oportunidad o la barbarie seguirá lamentablemente haciendo de las suyas.

Muchas gracias.

Edgar Morales Quesada
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Fabio Chaves Castro
Asociación Sindical de Empleados del Instituto Costarricense de Electricidad (ASDEICE)

Jorge Luis Barboza Jiménez
Coordinadora de Sindicatos Bananeros (COSIBA)

—-
c.:Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.:Junta Directiva de ASDEICE.
c.:Junta Directiva de COSIBA.

Posición de «banana republic» del Gobierno costarricense:

Publicada el 25/03/2003 | por | Dejar un comentario

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), expresa su felicitación a la fracción legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN), por su firme posición política en torno a la desafortunada y errática decisión del Gobierno del Presidente Pacheco de la Espriella, de matricular a Costa Rica en la coalición infractora del Derecho Internacional, que encabeza Estados Unidos, la cual ejecuta la agresión e invasión militar a Irak, al margen de las Naciones Unidas.

Los diputados y las diputadas liberacionistas, con su rompimiento del quórum en la sesión legislativa de ayer lunes 24 de marzo, honraron la tradición pacificista del pueblo costarricense, mancillada por la dócil posición gubernamental, de “banana republic”, que exhibe el actual Gobierno ante la potencia estadounidense.

Creemos que la fracción parlamentaria del PLN, así como otros señores diputados y señoras diputadas de los otros grupos legislativos, deben exigir, con todas sus armas reglamentarias y políticas a su alcance, un cambio radical en la posición costarricense, sacando al país de esa coalición guerrerista y belicista, violadora de la legislación internacional.

San José, 25 de marzo del 2003.

Derecho Internacional hecho añicos

Publicada el 20/03/2003 | por | Dejar un comentario

Bush, cuya elección mostró al mundo que en Estados Unidos ni todos los votos cuentan ni todos los votos son contados, ha pisoteado el Derecho Internacional y ha descalificado, casi que para siempre, a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Condenamos la posición de “banana republic” asumida por Gobierno del Presidente Pacheco de la Espriella, en torno a esta agresión militar. El mensaje que al respecto ha transmitido el mandatario compromete la tradición civilista y pacifista del pueblo costarricense; a la vez, implícitamente, avala el atropello al Derecho Internacional. Creemos que demuestra así un irrespeto absoluto a los Derechos Humanos del sufrido pueblo iraquí, pueblo sometido a un doble y terrible dolor: el del tirano y el del jefe de las petroleras.

Tristemente, el gobierno costarricense se puso del lado del agresor y contra la solución pacífica, la cual es avalada por importantísimos Estados y por millones y millones de personas a lo largo y a lo ancho de este planeta; agobiado por el irracional ejercicio de la fuerza y el poderío militar estadounidenses; así como por las políticas dictatoriales de los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, políticas que tienen a millones y millones de seres humanos en el hambre y la miseria absolutas.

Es evidente que jamás se puede aceptar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con un país que desprecia las leyes internacionales; con un país agresor; con un país que se niega a aceptar convenios tan trascendentales para la vida en la Tierra, como el Protocolo de Kioto, como el Tribunal Penal Internacional, como la normativa laboral de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); y ahora, que desconoce al máximo organismo que se suponía garante de la paz y del derecho internacional, Naciones Unidas.

Esta es una hora triste para la humanidad. Y más indigna todavía comprobar que esta agresión militar, mal llamada guerra, es un asunto de negocios, al darse a conocer ya los primeros “contratos” que se asignarán a empresas estadounidenses, para la supuesta “reconstrucción” del Irak sometido al poder imperial dominante.

San José, 20 de marzo del 2003.

PLAN CARCELARIO DEL GOBIERNO LO CONFIRMA:

Publicada el 11/03/2003 | por | Dejar un comentario

Mientras que la cárcel privada de Pococí nos costaría casi 10 mil millones de colones, ¡al año!; con tan sólo 1.383 millones, el Patronato de Construcciones del Ministerio de Justicia y Gracia, financiará la construcción de esos 1.200 nuevos campos; precisamente, la misma cantidad de espacios de reclusión que tendría el penal privado que tanto cuestionamiento público ha generado.

El plan de desarrollo carcelario de Adaptación Social para el período 2003-2004, que dio a conocer la titular de dicha cartera ministerial, Lic. Patricia Vega Herrera, confirma que al Sistema Penitenciario Nacional tiene la capacidad para la contención de los diversos tipos de privados de libertad, aún los más peligrosos.

Sería un crimen para el país destinar los multimillonarios recursos para el negocio privado de la cárcel, a sabiendas de que tales dineros serían aprovechados de mejor manera, en sacar a gran cantidad de programas sociales de la deplorable condición financiera en que muchos de ellas se encuentran.

Esta situación cobra mucha mayor razón ahora que el propio Gobierno de la República, por intermedio del anuncio de la Ministra de Justicia y Gracia, reconoce, tácitamente, que no es necesario que los y las costarricenses, hagamos ricos a un consorcio extranjero con el negocio carcelario.

La honorable Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, instancia que tiene en sus manos la decisión final sobre el cuestionado proceso licitatorio de la cárcel privada de Pococí, debe considerar este nuevo elemento: la institucionalidad pública tiene suficiente capacidad aumentar la infraestructura carcelaria y a muchísimo menor costo para las ya de por sí deterioradas finanzas públicas.

San José, 11 de marzo del 2003.

TLC: la rapidez del proceso negociador es suicida para Costa Rica

Publicada el 04/03/2003 | por | Dejar un comentario

Si el TLC de los Estados Unidos con Chile duró cerca de seis años y casi la misma cantidad de tiempo el de la América del Norte, no entendemos la premura y la irresponsabilidad que se le está imprimiendo al proceso negociador en el que Costa Rica está involucrada. En los dos casos citados, a pesar del largo tiempo empleado en las respectivas negociaciones, ya ha saltado a la luz pública los graves errores que se cometieron y el impacto socioeconómico negativo en amplias capas de la población mexicana y canadiense.

La ANEP considera como irresponsable y suicida seguir el ritmo que a este proceso le impone el Gobierno de los Estados Unidos de América pues, a final de cuentas, el país saldrá altamente perjudicado; máxime que la potencia del norte está ya relevando sus verdaderas intenciones: apertura en telecomunicaciones (por ejemplo); así como mostrando sus intenciones para fortalecer la protección a sus propios productores agrícolas, de textiles, fármacos y agroquímicos.

La gravedad de los temas de propiedad intelectual y de los medicamentos genéricos representa un riesgo sin precedentes para la estabilidad institucional de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La negociación en desarrollo representa la más seria amenaza a la existencia de esta vital entidad pública, en toda su historia.

Por otra parte, esta desaceleración del proceso negociador es vital para Costa Rica, cuyo desarrollo económico y social es radicalmente distinto, a los otros países centroamericanos involucrados en semejante aventura.

El actual proceso negociador lleva a nuestro país hacia una homologación “hacia abajo” en cuanto a sus condiciones laborales y ambientales, por ejemplo; dada la fuerte tradición histórica de las oligarquías centroamericanas contra los preceptos de los Derechos Humanos, que tienen mucho mayor vigencia en Costa Rica.

Además, Costa Rica necesita introducir cambios radicales, de forma y de fondo, en cuanto a cómo se ha venido promoviendo la consulta y la participación de los actores productivos, laborales, ambientales y sociales en el proceso negociador. Este proceso, hasta el momento, ha sido muy superficial, burocrático y con suministro de información insuficiente y hasta insustancial.

Nuestro Gobierno debe entender que, en aras de la necesaria paz social del país, hay que pasar hacia una participación de tales actores radicalmente distinta, que nos conduzca a una especie de negociación estructural interna; de forma tal que los negociadores costarricenses lleven la posición del país y no la de la tecnocracia de los manuales del mal llamado libre comercio.

Es necesario indicar que algunas de las personas integrantes del equipo negociador costarricense no están generando la suficiente confianza entre los sectores sociales ante eventuales conflictos de intereses que pudieran surgir en el camino.

La ANEP hará un llamado al amplio y diverso conjunto de las organizaciones civiles y sociales involucradas en este proceso, para que contribuyan con su valioso aporte en tal sentido, es decir, pronunciándose por la desaceleración del actual proceso negociador, altamente suicida para Costa Rica.

San José, 4 de marzo del 2003.

TLC: LA RAPIDEZ DEL PROCESO NEGOCIADOR ES SUICIDA PARA COSTA RICA

Publicada el 04/03/2003 | por | Dejar un comentario

San José, 4 de marzo del 2003.

Comisión Especial Mixta Legislativa para el Pacto Fiscal (CMPF) Segunda Parte (Síntesis del debate en los meses enero, febrero y primeros días de marzo de 2003) Plataforma de los Quince Puntos

Publicada el 01/03/2003 | por | Dejar un comentario

Múltiples ocupaciones, principalmente las relacionadas con la estrategia que tuvimos que planificar y llevar a cabo de cara al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (de lo cual, estamos seguros, ustedes han leído bastante en los diferentes correos electrónicos que hemos enviado en estas primeras semanas del año), hizo imposible mantener el ritmo de comunicación con ustedes que nos caracterizó en la primera fase.

Es bueno agregar, como otro factor de consideración de la interrupción de comunicación que ha habido, un despegue lento y dubitativo en esta segunda parte de la CMPF, que estudia y analiza las mejoras y los correctivos necesarios para el eficiente funcionamiento de la Administración Tributaria y Aduanera costarricense; así como la búsqueda de nuevas alternativas para el desarrollo económico del país.

La primera sesión de la presente segunda fase de la CMPF, realizó el lunes 20 de enero. La discusión se centró (a pedido del señor Presidente de la misma, Dip. Mario Redondo), en discutir cómo se establecía la metodología y se regulaba el trabajo que se tenía por delante. No obstante, se presentó una discusión de fondo, planteada por nosotros, sobre algunas tareas que habían quedado pendientes del cierre del proceso de la primera parte, el año pasado; específicamente una moción que presentara el señor Dip. Bernal Jiménez (PLN), para que se hiciera presente el señor Ministro de Hacienda a explicar el recorte presupuestario de los ciento veinte mil millones. Retomamos este punto pues nos pareció de vital importancia por la gravedad de esta medida y la poca discusión que hasta el momento había tenido.

Los diputados del PAC y del PLN respaldaron nuestra posición, fijando fuertes posiciones en contra del recorte en partidas que estaban destinadas a las áreas sociales del Estado y a las estratégicas de las diferentes instituciones autónomas. Luego de una “justificación” del Presidente de la CMPF, el mismo se comprometió a convocar al Ministro de Hacienda de manera inmediata (comparecencia de la que más adelante hablaremos).

Por otro lado, sobre el tema del gasto, la Dip. Epsy Campbell Barr (PAC), cuestionó el excesivo impacto e influencia que tenía sobre las decisiones de Gobierno, las recomendaciones generadas por la Comisión de Gasto que se había creado por parte del Poder Ejecutivo (presidida por don Otto Guevara). Indicó que esas recomendaciones, de una u otra forma, estaban rozando con los planteamientos que la Comisión Mixta iba a formular de cara a la regulación del gasto público en el país.

Luego de esta discusión, el Presidente de la CMPF, Dip. Redondo Poveda, retomó a la palabra para tratar de encontrar puntos en común, de una discusión en donde no se encontraba una salida metodológica para funcionar. Seguidamente hizo una breve presentación don Miguel Gutiérrez Saxe, Coordinador del Proyecto del Estado de la Nación, entidad que producto de acuerdo de las partes, iba a convertirse en la Secretaría Técnica de la CMPF. Él expuso sobre el trabajo que estaba realizando con los diferentes sectores que conforman la comisión, a los cuales estuvo encuestando días antes del inicio de la misma, para obtener algún consenso sobre cuáles deberían ser los temas y la posible metodología; pero que aún no era posible hacer una propuesta ya que algunos diputados de la comisión todavía no se habían entrevistado, a la altura de ese momento.

Como la discusión no se terminó se acordó darle un espacio a los diferentes sectores para concretar sus propuestas en cuanto a la metodología a seguir, y se acordó recibir al Ministro de Hacienda para la próxima sesión.

La sesión del jueves 23 de enero se suspendió, por lo que se trasladó la convocatoria del Ministro de Hacienda para la sesión del lunes 27 de enero, sesión a la que no pudimos asistir por participar en el Parque Nacional, junto con otros grupos sociales que firmamos la “Proclama de los Sectores Sociales Costarricenses Frente al TLC con los EUA”. Recordemos que este día fue el de la apertura oficial del proceso de negociación para tales efectos.

No obstante, según nos informamos, podemos hacer un breve comentario de lo que ocurrió en dicha sesión, indicando que la exposición del señor Ministro de Hacienda, don Jorge Wálter Bolaños, sobre el tema del recorte presupuestario, se fundamentó en una frase que caracteriza mucho a dicho jerarca quien indica, constantemente, que la decisiones que se toman desde su ministerio se fundamentan en “la Costa Rica que queremos y el conjunto de aspiraciones que se tienen para lograr ese objetivo”. A nuestro entender, esa frase encierra una única aspiración que va dirigida a debilitar el Estado Social, sus instituciones y los mecanismos que tenemos los y las costarricenses para defendernos. Es decir, la Costa Rica que visualiza el ministro Bolaños y el equipo económico del Gobierno es una nación polarizada, organizada en los sectores del poder económico y desorganizada en los sectores populares. Esto se demuestra en el posicionamiento ideológico del nombrado funcionario, en el siguiente extracto del acta de esa sesión: “En resumen, como ustedes ven, este plan de racionalización del gasto no está fijando recortes, sino que esta limitando el crecimiento de todo el sector público. …” (Acta No. 50, página 20, 27 enero 2003); frase más lapidaria no hubiésemos podido encontrar para entender por donde va el pensamiento de don Jorge Wálter Bolaños y del equipo económico del Gobierno del Presidente Pacheco.

Ante este discurso pro-debilitamiento del Estado, acucioso como siempre en su guerra personal contra los trabajadores del Sector Público, tuvo la primera participación el diputado Malavassi, quien nuevamente deja entrever en sus declaraciones un empecinamiento contra las instituciones del Estado y sus trabajadores. En síntesis, el señor Ministro J. W. Bolaños no respondió a preguntas de fondo, pues su exposición no puntualizó cuáles eran las partidas que se estaban recortando, sino que indicó que eso quedaba a potestad de cada jerarca en las diferentes instituciones, por lo que entendemos que la discusión no fue más allá. Se levantó la sesión.

No nos volvimos a reunir por razones no claras aún, sino hasta el jueves 6 de febrero en donde nuevamente, y a solicitud del diputado Bernal Jiménez del PLN, se habló del tema de la comparecencia del señor Ministro de Hacienda; retomando un pensamiento de éste en cuanto a que “el déficit fiscal es la razón del desarrollo económico: es decir hizo unas manifestaciones muy simplistas de que el país que tiene superávit se desarrolla y el que tiene déficit no…”. Y a partir de ahí empezó toda una discusión ideológica de la cual tenemos que decir nos parece muy consecuente el pensamiento de don Bernal, con el cual coincidimos en no pocos análisis, y que finaliza con la tesis de que no es cierto que para que una economía se desarrolle, deba existir el déficit cero. Como recordarán una de las posiciones fundamentales del Grupo de la Tercera República es que no creemos en el déficit cero.

Ante esta discusión, el Presidente de la CPMF, Dip. Redondo, optó por cortar, abruptamente, la discusión diciendo que no pretendía reabrirla sobre la comparecencia del Ministro J.W. Bolaños. Aún así, algunos diputados siguieron insistiendo sobre el tema, llevando al diputado presidente a formular un planteamiento para organizar el trabajo de la comisión. Primero propuso crear tres subcomisiones: una de evasión fiscal, otra de racionalización del gasto público y la tercera de competitividad y reactivación económica; pero esto fue objetado por la mayoría de los señores diputados y las señoras diputadas. Se realizó otro proceso de discusión y al final de la sesión se acordó lo siguiente: “Crear dos subcomisiones: una de reactivación económica y competitividad, y la otra de racionalización del gasto público; las mismas se reunirán los días jueves, dejando entonces como único día hábil de sesiones del pleno de la comisión los lunes. En cuanto a los temas de eficiencia tributaria, se acordó convocar el proyecto de ley de la ANAT para ser discutido los días lunes en la sesión ordinaria de la comisión “. Se levantó la sesión.

La conformación de las subcomisiones, que fue comunicada en el transcurso de la semana por el Presidente de la Comisión es la siguiente:

SUBCOMISION RACIONALIZACION DEL GASTO, TRANSPARENCIA, E INFORMES DEL PODER EJECUTIVO. Diputados/as: Margarita Penón Góngora (PAC), Coordinadora; Nury Garita Sánchez (PLN), Ricardo Toledo Carranza (PUSC). Asesores externos: Rodrigo Aguilar (CTRN), Albino Vargas (ANEP, Plataforma de los Quince Puntos), Enrique Acosta (Mov. Solidarista), Carlos González (Viceministro de Hacienda).

SUBCOMISION DE REACTIVACION ECONOMICA. Diputados/as: Mario Redondo (PUSC), Federico Malavassi (ML); Bernal Jiménez (PLN) y Epsy Campbell (PAC). Asesores externos: Víctor Morales (CONACOOP), Doris Osterlof (CADEXCO).

Pasamos a la sesión del día lunes 10 de febrero, en la cual el diputado libertario Federico Malavassi pidió la palabra para dar inicio a una discusión sobre la creación de las subcomisiones arriba mencionadas, aduciendo que no hubo acuerdo o votación alguna; expresando, en realidad, un fuerte cuestionamiento a dicho esquema de trabajo, argumentando que se estaba “renunciando” al ejercicio soberano del diputado de legislar. Hasta ese momento no se había hecho presente el señor Presidente de la CMPF, Dip. Redondo, por lo que la Presidenta ad-hoc, diputada Campbell, indicó que la decisión de creación de esas subcomisiones era potestad del Presidente. No obstante, en una posición poco comprensible (bueno, en realidad, no tan poco comprensible), para la mayoría de quienes participamos de esa sesión, el diputado libertario presentó una apelación a dicha decisión, lo que alargó la discusión por más de una hora. Algunos pensamos que esto sería, otra vez, el comienzo del proceso obstruccionista de los libertarios, tal y como tuvimos que vivirlo en la parte del proyecto de Contingencia Fiscal. Al final se votó la moción y fue rechazada.

El diputado presidente se hizo presente, luego de justificar su ausencia por un acto político en la Ciudad de Cartago, pidiendo a los representantes del Ministerio de Hacienda que realizaran la exposición sobre las propuestas que se refieren al combate de la evasión fiscal y mejora en la eficiencia tributaria. Hay que recordar que sobre el tema hay, puntualmente, tres propuestas presentadas. Una es el proyecto de las reformas al Código de Normas y Procedimientos Tributarios; la segunda se refiere a la creación de la Agencia Nacional de Administración Tributaria (ANAT); y la tercera es la reforma al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la reforma a la Ley de Impuesto sobre la Renta.

A este efecto, tomó la palabra el Lic. Adrián Torrealba, Director General de Tributación Directa, para hacer una exposición técnica de los proyectos arriba mencionados; pero no vamos a ahondar porque consideramos conveniente para mejor información de nuestros lectores y nuestras lectoras, realizar ese análisis de fondo una vez se estén viendo los proyectos por separado, para así poder plasmar nuestra posición con respecto a cada uno.

Luego de esta exposición se procedió a realizar las consultas por parte de los miembros de la CMPF y se empezó a discutir, formalmente, el proyecto de Ley de creación de la Agencia Nacional de Administración Tributaria (ANAT), pero el grueso de la discusión de planteo para la siguiente sesión.

Entramos a la sesión del lunes 17 de febrero en la cual, nuevamente, el diputado Malavassi, vuelve a apelar sobre la votación de la moción de apelación a la creación de las subcomisiones que él había planteado en la sesión anterior. Se vuelve a abrir otra discusión infructuosa, que hace perder bastante tiempo de la sesión de ese día. Al final se rechaza la apelación. Pasamos a escuchar más a fondo la propuesta del proyecto de Ley de Creación de la ANAT. Dicha exposición puntualizó sobre los problemas que tiene actualmente la Administración Tributaria, además de compartir algunas posibles soluciones según tendencias modernas de la Administración Tributaria; sin pretender, según su dicho, que la propuesta fuera totalmente aceptada, sino que entre todos procedamos a encontrar mejores soluciones a esos problemas, de modo que el proyecto se pudiera reformar.

El Lic. Torrealba formuló su explicación de los problemas básicos, aduciendo que uno de los principales era el hecho de que el Servicio Civil, amarra a la Administración Tributaria y no le permite crecer, pues el Servicio Civil no tiene especialización en temas tributarios; indicando problemas para determinar reglas de cómo ingresa alguien a la administración, el manual de puestos, y otros elementos esenciales. Cuestionó, también, el sistema de proveeduría del Ministerio de Hacienda, que toma decisiones sobre contratación administrativa, sin tener mayor conocimiento de las necesidades y de la Administración Tributaria.

Otro problema, según dicho jerarca, es la falta de competitividad en los salarios, pues son tan bajos que no se puede contratar personal más calificado en materia tributaria; y clamó por mayor inversión en la Administración Tributaria. En resumen, planteó que la solución ideal para todos esos problemas se da con la creación de la ANAT, pues obtendríamos soluciones coherentes, equilibradas, que impidan abusos y que daría la posibilidad de hacer una gran gestión de carácter empresarial de los tributos; y que se le puedan exigir resultados. En síntesis, una administración que rinda cuentas y en donde la inversión encuentre un retorno.

El Presidente de la CMPF trató de que se expusiera sobre todos los temas (ANAT, Código de Normas, IVA y Renta), y al final hacer las consultas y propuestas del caso, pero no encontró eco. Principalmente tomamos la palabra para advertir sobre la necesidad de ir paso a paso, dado la poca claridad del tema y la falta de información sobre algunos temas esenciales que se venían tocando; indicando que la velocidad del proceso podía cercenar la discusión de fondo y hacernos incurrir en error. Ante esto y otros planteamientos similares se procedió a presentar una moción por parte del presidente, en donde se proponía dejar en el primer lugar del orden del día el proyecto de la ANAT, y su discusión hasta el final del mismo. Esta moción fue aprobada.

Se continuó, entonces, con la discusión del proyecto de la ANAT y se pasaron el resto de proyectos para el mejoramiento integral de la gestión tributaria para el final de la agenda. Las críticas a la “independencia” de la Administración Tributaria vía ANAT, no se hicieron esperar. Se criticó el hecho de que se quería hacer un ente autónomo, sin el control del mismo Ministerio de Hacienda. Se indicó que entonces para qué se quería Ministerio de Hacienda si su facultad principal no la iba a realizar, cual es la de cobrar tributos, pues esta función la ejercería la ANAT. Nosotros, en particular, cuestionamos la tesis del Lic. Torrealba, de que era necesario salir del Servicio Civil para mejorar los salarios de los trabajadores de la Administración Tributaria. Para nosotros ese mejoramiento salarial y las mejoras restantes que se proponen se pueden realizar dentro del Servicio Civil y a un menor costo en la gestión y el control; tan solo es un asunto de voluntad política y de los señores diputados y diputadas para adecuar la actual legislación del Servicio Civil. En síntesis, indicamos que no estábamos convencidos de que la ANAT sea la solución, pues nos parece que es un asunto de cultura tributaria, de equidad y de sistemas sancionatorios, más que otra cosa. Las restantes intervenciones fueron en el mismo sentido, la mayoría criticando este proyecto de ley.

La diputada Epsy Campbell (PAC), recordó que ya se había estudiado por parte de una subcomisión, durante el proceso de aprobación de la Ley de Contingencia Fiscal, el tema de la ANAT; agregando que era importante retomar el criterio de esta subcomisión y el análisis que del proyecto inicial se había realizado, por lo que se acordó escuchar el dictamen de esa comisión en la próxima sesión. Por otro lado, podríamos decir que tantos fueron los cuestionamientos a este proyecto en esta sesión que el mismo Viceministro de Hacienda anunció la proposición de un texto sustitutivo, dando inicio al proceso de entierro del proyecto ANAT. Resultó obvio que el Gobierno ya tenía claro que tal iniciativa no tendría futuro en el seno de la CMPF.

La sesión del 24 de febrero, sesión No. 54, fue la que cavó la tumba del proyecto de la ANAT. Ese día se desecho por completo y se acordó la presentación de un texto sustitutivo, lo cual fue muy coincidente con lo que había propuesto en su dictamen la subcomisión de la ANAT que rindió su informe en ese sentido. Pero también se presentaron varias sorpresas, como lo fue el cambio de posición del Director General de Tributación, don Adrián Torrealba. Ahora sí, manifestó su esperanza de que dentro del Servicio Civil se podían realizar las mismas mejoras que se habían propuesto dentro de la ley de Creación de la ANAT, lo cual nos dejó con mucha satisfacción por la corrección de una posición muy radical en esa línea de los funcionarios de la jerarquía tributaria costarricense.

Después de esto la sesión no se alargó mucho y se quedó en solicitar, de manera formal, el texto sustitutivo al proyecto de ley en discusión, a los representantes del Ministerio de Hacienda.

El trabajo de las subcomisiones apenas comienza y en ambas se está buscando una metodología de trabajo; tratando de posicionar los temas sobre los que discutirán según orden de prioridades, por lo que una vez definidas estas acciones y cuando estén las discusiones de fondo informaremos más al respecto.

En la sesión del día 3 de marzo se conoció la presentación de lo que sería la Dirección Nacional de Tributos, entidad que sustituiría la propuesta rechazada de la ya fallecida ANAT. Sólo se conoció esta nueva propuesta no hubo mayor discusión. Este lunes 10 se empezó a hablar de la DNT, aunque se recibió en audiencia al señor Erick Thompson, experto en materia tributaria quien, a pesar de la nueva situación en la CMPF sobre este tema, insistió en defender la tesis de la ANAT.

Otra vez, presentamos a ustedes nuestras sinceras disculpas por la interrupción en el envío de estas minutas sobre la CMPF en su segunda fase. Gracias por leerlos y gracias por hacerlo en lo futuro. Realizado el “mea culpa” de rigor, con honestidad, nos comprometemos a recuperar la sistematicidad en el envío de nuestras impresiones sobre este trascendental proceso para nuestro país.

La redacción general de esta síntesis corrió a cargo del compañero Rafael Mora Solano, revisando y complementando, el compañero Albino Vargas Barrantes. Hasta la próxima.

Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON)
Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del
Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE)
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Mesa Nacional Campesina (MNC)
Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos
Grupo Indígena IETSAY