Majestuosa manifestación de educadores

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La gran concentración inició a las 10:00 a.m. en el Parque Central de San José y conforme pasaron los minutos cientos de educadores de secundaria se fueron incorporando hasta que una hora después miles de banderas blanco y rojo del sindicato inundaron la avenida Juanito Mora Porras, la principal vía capitalina.

No estamos pidiendo, exigimos

Saray Esquivel Murillo, secretaria general de APSE, puso de manifiesto la convicción de los y las trabajadoras de secundaria que durante más de una semana se han mantenido en huelga indefinida. “Hoy, una vez más, le estamos diciendo a este gobierno que este magisterio está unido, en pie de lucha, que vamos a seguir adelante hasta se dignifique a los y las trabajadoras de la educación”, dijo Esquivel Murillo, quien agregó que minutos antes de la manifestación se hizo entrega, por medio del ministro de educación Sr. Leonardo Garnier, de una nota al presidente Oscar Arias Sánchez, en la cual se le solicita resolver de una vez por todas con el conflicto.

Por su parte Beatriz Ferrero, presidenta del sindicato APSE, dedicó la manifestación a las miles y miles de educadoras que además son madres, esposas y que son mayoría en el gremio de la educación costarricense. Hizo énfasis en la participación de maestros y maestras de educación primaria que imponiéndose a sus dirigencias sindicales de ANDE y SEC, los otros sindicatos del magisterio, se incorporaron a la huelga y a la manifestación de este día.

“Estamos marcando un hito en la etapa de miedo y terror que sacude este país, impuesta por el mismo presidente Arias Sánchez. Esta campaña de miedo que inició durante el referendo por el TLC. Pero hoy decimos que basta ya al silencio, a la cobardía y a la discriminación a que nos tienen sometidos a los educadores”, dijo Ferrero y agregó que el aumento salarial decretado para los profesionales de título II se debe aplicar a los trabajadores de la educación, “y debe aplicarse no en un mes o dos, ni en un año, debe aplicarse ya como se hizo con los demás profesionales”.

El ministerio de Trabajo por su parte se había comprometido, hace algunos meses, a realizar un estudio de la situación salarial del sector administrativo, “sin embargo ahora los evade” reiteró Beatriz Ferrero.

Otra de las reivindicaciones exigidas por los educadores es la de reducir la cantidad de alumnos por aula y que pase de 40 o 35 a 25._ “Nuestros alumnos tienen derecho a una educación de calidad y nosotros a trabajar dignamente, con aulas saturadas de alumnos y los maestros y maestras sin cuadernos, lapiceros, tiza, borradores, sin sillas y hasta aulas sin paredes, en galerones, no se puede recibir una educación de calidad”_, sentenció Ferrero.

Para finalizar dijo que “Oscar Arias Sánchez pregona en el exterior que es un pacifista y un defensor de la democracia y los derechos humanos, pero en su propio país la realidad es que pasa encima de su discurso y pisotea los derechos de los y las trabajadoras costarricenses”.

Huelga legal

Tanto por las reivindicaciones planteadas por los y las educadoras, como por la reciente resolución de la Sala Constitucional, la huelga que ya tiene más de una semana es legal.

La Sala Constitucional ha admitido un recurso de amparo contra los artículos 373 y 377 del Código de Trabajo que establece las condiciones para realizar una huelga. Esto por cuanto se considera violatorio de los derechos humanos ya que impone una serie de normas casi imposibles de cumplir, lo que ha provocado en más de cincuenta años de existencia del Código de Trabajo solamente dos huelgas han sido declaradas legales.
Además el artículo 377 en cuestión estipula el despido, sin responsabilidad patronal, de quienes participen en la huelga y esta sea declarada ilegal.

Ante esta nueva resolución de la Sala Constitucional el actual movimiento de huelga de trabajadores y trabajadoras de la educación toma más fuerza.

Hasta el momento no ha habido voluntad real del gobierno de Oscar Arias de negociar y solucionar el conflicto con el gremio de la educación.

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Artículos del Código de Trabajo que la Sala Constitucional admitió para ser estudiados y definir si son violatorios de los derechos humanos y laborales de los trabajadores.

Artículo 364. Toda persona o sindicato con interés puede acudir, ante la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo, a denunciar por escrito la comisión de prácticas laborales desleales; pero esas prácticas también podrán ser investigadas de oficio.

Artículo 373. Para declarar huelga legal los trabajadores deben:

-*a)* Ajustarse estrictamente a lo dispuesto por el artículo 364;

-*b)* Agotar los procedimientos de conciliación de que habla el Título Sétimo, Capítulo Tercero de este Código; y

-*c)* Constituir por lo menos el sesenta por ciento de las personas que trabajen en la empresa, lugar o negocio de que se trate.

Cuando la huelga pueda afectar a cualquiera de las empresas a que se refiere el inciso c) del artículo 369, previamente a su declaratoria deberán observarse los siguientes términos]:

-*a)* Se llenarán las exigencias señaladas en este mismo artículo para las huelgas en general;

-*b)* Una vez declarada legal la huelga el Tribunal respectivo lo comunicará así al Ministerio de Trabajo, dentro de las 48 horas siguientes al momento en que la resolución quede firme. Recibida la comunicación, el Ministerio procederá a integrar un Tribunal Investigador y Conciliador compuesto de tres personas: Un representante del patrono o patronos, otro de las trabajadores y un tercero del Estado. El Tribunal deberá integrarse, a más tardar, dentro de los tres días siguientes al momento en que el Ministerio hubiere sido notificado de la declaratoria legal para la huelga.

-*c)* El Tribunal entrará en funciones inmediatamente después de juramentado; estudiará los puntos de vista de ambas partes y tratará de llegar a una conciliación. Este trabajo deberá ser realizado en un plazo improrrogable de ocho días. Vencidos éstos el Tribunal informará por escrito al Ministerio de Trabajo del resultado de sus gestiones dentro de las 24 horas siguientes; y

-*d)* Si el Tribunal Conciliador no consiguió entendimiento entre las partes capaz de poner fin al conflicto, el Ministerio de Trabajo lo hará saber así a las mismas, acompañando a cada una copia del informe del Tribunal. Al mismo tiempo les dará un nuevo plazo de ocho días para que intenten un nuevo acuerdo. Vencido este nuevo plazo sin que se haya llegado a un arreglo, la huelga será permitida, pero el Sindicato respectivo no podrá llevarla a cabo sin haber dado aviso de su decisión al Ministerio de Trabajo con 72 horas de anticipación a la iniciación de la misma.

Artículo 377. La huelga ilegal termina, sin responsabilidad para el patrono, con los contratos de trabajo celebrados por los huelguistas, quedan a salvo las sanciones de orden represivo que en contra de éstos lleguen a declarar los Tribunales Comunes.

Sin embargo, en los nuevos contratos que celebre el patrono, no podrán estipularse condiciones inferiores a las que, en cada caso, regían antes de declararse la huelga ilegal.

Diputado Merino propone fortalecer legislación contra discriminación en las relaciones laborales

Proyecto de Ley en ARCHIVOS ADJUNTOS

El Diputado José Merino del Río presentó un proyecto de reformas al Código de Trabajo, con el fin de extender la prohibición expresa de discriminación en las relaciones laborales por motivos como la orientación sexual, la opinión política o el origen social, que se tramita en la Asamblea Legislativa bajo el expediente 16.988.

“Actualmente el Código de Trabajo prohíbe la aplicación en las relaciones laborales de cualquier práctica discriminatoria perjudicial fundada en razones de edad, etnia, género o religión, sin embargo, las normas en cuestión omitieron otras formas que se dan cotidianamente en las relaciones laborales y frente a las cuales las personas afectadas son particularmente vulnerables, tal el caso de la discriminación por motivos como la orientación sexual, la opinión política o el origen social”, explicó el Diputado Merino.

“Lamentablemente en nuestro país es muy común que trabajadores y trabajadoras sufran efectos perjudiciales en su puesto de trabajo e, incluso la pérdida del mismo, por sostener una opinión política distinta a la de su patrono” agregó el parlamentario.

“Desde hace muchos años, estas prácticas discriminatorias se han aplicado en las elecciones nacionales, pero en el referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, realizado el 7 de octubre de 2007, alcanzaron su máxima expresión. Pues son innumerables las denuncias existentes por presiones, amenazas y condicionamientos de la estabilidad laboral sufridos por muchas personas trabajadoras para que adoptaran o modificaran su posición política, a fin de identificarla con la posición del sector patronal”
dice la exposición de motivos del proyecto de ley.

Ante la gravedad y reiteración de tales situaciones, se propone establecer expresamente que son medidas discriminatorias prohibidas con base en este título: el condicionamiento de beneficios laborales, la coacción, la presión, la intimidación o la manipulación a los trabajadores para que ejerzan su voto en determinado sentido o se abstengan de votar en elecciones populares o consultas populares bajo la modalidad de referéndum.

También se establece en los demás artículos modificados que las conductas prohibidas en el título undécimo del Código de Trabajo incluyen prácticas discriminatorias basadas en “cualquier otra consideración contraria a la dignidad humana”. Esto último, en razón de que la ley vigente utiliza una redacción que parece establecer una lista taxativa o cerrada de motivos en los que puede basarse el acto discriminatorio, a pesar de que las formas que puede adoptar la discriminación son diversas y cambiantes.

El artículo 623 vigente del Código de Trabajo dispone que las medidas discriminatorias podrán ser denunciadas ante los tribunales de trabajo. Sin embargo, no existe razón alguna para limitar a la vía judicial las acciones de tutela a favor de las personas afectadas por tales medidas. De manera que se establece que también podrán solicitar la protección de sus derechos en sede administrativa, por ejemplo, ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Muchas personas trabajadoras no denuncian actos de discriminación que sufren en el empleo por el temor –plenamente justificado, por lo demás- a sufrir represalias. Así que resulta indispensable ampliar las facultades de las autoridades administrativas y judiciales, a fin de que estas puedan intervenir aplicando medidas cautelares dirigidas a proteger a las personas denunciantes y evitar perjuicios mayores de difícil reparación.

Como es lógico, dentro de las medidas propuestas se encuentra la suspensión inmediata de los actos discriminatorios contrarios a la dignidad humana.

El artículo 620 del Código de Trabajo prohíbe el despido discriminatorio de personas trabajadoras e impone al patrono responsable la obligación de reinstalación de quienes resulten afectados por tal medida. No obstante, la legislación no establece procedimientos y garantías adecuadas para hacer efectivo este derecho. Por eso se propone establecer que quienes denuncien actos de discriminación en el trabajo o participen como testigos en los procesos donde estos actos se discutan, únicamente podrán ser despedidos por la comisión de faltas graves a los deberos derivados del contrato de trabajo y previa aplicación del debido proceso. Se trata de garantías mínimas, dirigidas a evitar que el despido arbitrario sea utilizado como un instrumento para silenciar denuncias por actos discriminatorios.

Otra deficiencia grave que presenta la normativa vigente es la ausencia de un procedimiento expedito para resolver los reclamos de reinstalación que interponen personas trabajadoras afectadas por despidos discriminatorios. Esta omisión en la práctica equivale a tornar nugatoria la prohibición de despido establecida en el artículo 620 del Código de Trabajo.

Hoy en día, si una persona trabajadora es despedida por discriminación debe acudir a la vía ordinaria laboral para solicitar la protección de sus derechos. Es decir, debe someterse a un proceso que difícilmente durará menos de dos años para hacer efectiva la garantía de reinstalación. Durante ese periodo, que podría alargarse mucho más, sufrirá los efectos del despido, aunque este haya sido manifiestamente arbitrario, no recibirá su salario, ni cotizará para la seguridad social.

La realidad descrita lleva al Diputado Merino a proponer la adición de un nuevo artículo 624 bis al Código de Trabajo, a fin de crear un procedimiento especial sumarísimo para que los juzgados de trabajo conozcan y se pronuncien en un plazo reducido sobre las peticiones de reinstalación frente a despidos discriminatorios. Por esta vía se pretende que al menos en casos graves, de violación al debido proceso o donde se hace evidente la existencia de una actuación arbitraria de parte del sector patronal, se pueda ordenar de forma inmediata la reinstalación de la persona afectada.

Es importante destacar que este proceso sumarísimo solo produciría cosa juzgada formal, de manera que lo que allí se resuelva no impediría que cualquiera de las partes acuda a la vía ordinaria.

Por último, se pretende modificar el numeral 624 del Código de Trabajo. Esta norma establece la obligación de los patronos, a quienes se les compruebe la aplicación de despidos discriminatorios, de pagar a las personas afectadas una indemnización equivalente al importe de doce veces el salario mínimo legal correspondiente al puesto que ocupaban esas personas, además de la obligación de reinstalación. Se trata de una indemnización fija, que no necesariamente guarda relación con la magnitud del daño causado.

Puede ocurrir que el importe de esta indemnización sea menor al monto de los daños y perjuicios sufridos por la persona trabajadora; por ejemplo, si, como es altamente probable, la duración del despido discriminatorio fue mayor a doce meses o si la persona afectada ganaba una salario superior al salario mínimo establecido para su puesto.

En concordancia con el principio de reparación integral del daño causado (artículo 41 de la Constitución Política) y con el objetivo de superar las deficiencias apuntadas se establece que, en casos de despidos discriminatorios, el monto de la indemnización a pagar no podrá ser menor al importe de los salarios caídos y demás prestaciones laborales (aguinaldo, vacaciones, etc.) dejadas de percibir por las personas afectadas durante el periodo que duró el despido discriminatorio y hasta la fecha en que se haga efectiva la reinstalación, más los intereses de ley.

Esta indemnización deberá reconocer el pago por parte del patrono a la Caja Costarricense del Seguro Social de las cuotas obrero patronales no canceladas durante ese mismo periodo. Además, dicha indemnización podrá incluir las reparaciones procedentes por el daño moral ocasionado que, en casos de discriminación, puede ser muy significativo.

Cambio Climático puede tener efecto negativo sobre la salud pública

Adital– Hoy (07), en el Día Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS) llama la atención sobre los efectos que los cambios climáticos pueden tener sobre la salud pública. El temor de la organización es que enfermedades típicamente tropicales, como la malaria y el dengue, lleguen a los países del Norte, que la sequía cause desnutrición, y también que la polución del aire aumente el número de personas con problemas respiratorios.

“El cambio climático está afectando ya la salud de las personas en países alrededor del mundo, y el consenso es que esos efectos sólo tienden a intensificarse”, dijo la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Dra. Mirta Roses Periago.

Con el tema de campaña este año “Protegiendo la salud frente a los cambios climáticos”, la OMS alerta que si los cambios climáticos no son combatidos, el abastecimiento de comida y agua en todo el mundo estará en riesgo. En un comunicado de prensa, la OPS dijo que lo más probable es que los mayores afectados sean las poblaciones más pobres.

Los ancianos, los recién nacidos, las personas que necesitan cuidados médicos y las poblaciones de comunidades aisladas y sin recursos integran la lista de los más vulnerables frente a los cambios climáticos. Habitantes de pequeñas islas naciones, de las regiones costeras son más susceptibles a los efectos del clima, así como los países donde las enfermedades sensibles al clima ya son endémicas.

La OMS entiende el cambio climático como una amenaza creciente para la salud, por eso es necesario aumentar la atención y realizar acciones de protección de la salud a través de medidas de prevención a nivel global, regional y local.

“Ya no podemos esperar para actuar, el cambio climático amenaza la salud humana en formas diversas y extensas”
, dijo la Dra. Roses. Además de aumentar el riesgo de escasez de agua y alimentos, el cambio climático eleva los riesgos de su contaminación. “Desde una perspectiva más general, el cambio climático puede alterar los ecosistemas de tal forma que puede impactar fuertemente el bienestar humano e, inclusive, la supervivencia“, dijo la OPS en el comunicado.

La OMS elaboró como propuesta una lista de medidas simples, que si son implementadas por todos, disminuirá la emisión de gas carbónico al medio ambiente, tales como: utilice adecuadamente el agua de uso doméstico, camine, use bicicleta, transporte colectivo y público, evite viajes cortos con automóviles, baje la calefacción, reduzca el aire acondicionado, apague las luces cuando no las necesite, entre otras.

Además de estas medidas, para la OMS es importante la colaboración de los sectores de la salud con otros sectores para asegurar que la solidez de las políticas sobre cambio climático y bienestar humano esté basada en la evidencia.

“Después será difícil revertir los impactos sobre la salud del cambio climático”, dijo la Dra. Roses. “Lo que hacemos ahora ayudará mucho más, y ciertamente, determinará en buena medida la salud de las generaciones futuras”.

Traducción: Daniel Barrantes

¿Qué pasa con la inflación?

Varias medidas concretas se tomaron en los últimos meses: se modificó el régimen cambiario para eliminar las minidevaluaciones, que generaban inflación inercial, se decidió capitalizar al Banco Central con el fin de borrar las pérdidas acumuladas, se lanzó una campaña para recolonizar la masa monetaria y el Ministerio de Hacienda hizo su tarea y mejoró la recaudación tributaria, reduciendo así el déficit fiscal.

Todas estas acciones estaban orientadas a que el índice de precios al consumidor se redujera y que el nivel inflacionarios se acercaran al de los Estados Unidos, que en el 2007 fue de aproximadamente un 4 porciento. Sin embargo, la evolución observada muestra que esto no se ha logrado en Costa Rica. Los datos mas recientes indican que:

  • La tasa de inflación interanual a marzo del 2008 llegó al 11,04%, es decir, se ha acelerado en los últimos meses.
  • El costo de los alimentos subió un 22,7% en el último año. De igual manera las “comidas y bebidas fuera del hogar” tuvieron un alza significativa.
  • Los aumentos solicitados en las tarifas eléctricas podría ser de hasta un 65% para ciertos sectores de la población.
  • El precio internacional del petróleo continúa elevándose y se refleja en los varios ajustes que se siguen haciendo en la gasolina y e l diesel.
  • La meta de inflación prevista por el Banco Central para este año, que era de un 8%, ya ha sido abandonada y se estima que una vez mas alcanzará los dos dígitos.

No cabe duda de que a pesar de la intención de las autoridades monetarias de combatir la inflación, a u n a costa del sacrificio que eso significa en cuanto a otras variables macroeconómicas, los resultados no son halagüeños.

Es posible que los factores a los que se le atribuía mayor responsabilidad en “atizar la hoguera” de los precios no fueran tan importantes como se creía, o que las medidas concretas que se adoptaron no resultaron ser las mas adecuadas para contrarrestarlos.

Desde luego, hay que tener presente que han surgido otros elementos, tanto en el contexto nacional como en el internacional, que seguramente están incidiendo en el comportamiento de los precios. Es importante conocer el peso específico que estas nuevas variables están teniendo a fin de determinar la manera mas conveniente de enfrentarlas.

En este sentido, es necesario profundizar en el análisis y en el estudio cuantitativo de la inflación costarricense. Si el Banco Central ha realizado investigaciones en este campo debe darlas a conocer (no encontramos en las páginas digitales del Banco trabajos recientes en este campo), y si no las ha hecho, urge que las haga a la mayor brevedad.

Si el déficit fiscal, las minidevaluaciones y las pérdidas del ente emisor ya no ejercen presión sobre los precios, entonces ¿cuáles son los nuevos ingredientes y cuanto aporta cada uno de ellos? ¿que papel juega la expansión del crédito y la liquidez?, ¿que repercusión tiene el aumento del petróleo?, ¿existe especulación que afecta el índice de precios minoristas?. ¿hay burbujas en algunos mercados?. Es necesario conocer mas sobre estos aspectos y estimular el debate riguroso y sustentado.

04/04/2008

Sindicatos solicitan a la ARESEP realizar consulta sobre aumento de tarifas

San José, 7 de abril de 2008.
¡¡¡URGENTE!!!

Señor
Fernando Herrero Acosta
Regulador General
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)
Su Despacho

Estimado señor Regulador General:

Le expresamos, en primer término, un respetuoso saludo.

Medios de prensa han informado que el Gobierno de los hermanos Arias Sánchez, solicitan a su autoridad, por intermedio del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), un alza de hasta el 75% para la tarifa eléctrica.

Por su parte, el Diario Extra, en la página 13 del día 3 de abril, señala GOBIERNO A FAVOR DE COMPRAR ENERGÍA A COGENERADORES”; “…el Consejo de Gobierno acordó favorecer la producción de energía hidroeléctrica por parte de cogeneradores”.

Considérese que existen sendos pronunciamientos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Contraloría General de la República (CGR), donde se establece que la cogeneración eléctrica privada resulta altamente onerosa para los intereses del ICE; y, por tanto, de los usuarios y usuarias de estos servicios. Señalan estas instituciones que tales negocios resultan lesivos al interés público y recomiendan se inicie procedimientos administrativos correspondientes para anular tales concesiones.

Todo parece indicarnos que el desmedido incremento de la tarifa eléctrica solicitada por el Gobierno, tiene por objeto cumplir con los mandatos del TLC (apertura y rebalanceo de tarifas), por una parte; y por otra, asegurarle a los actuales y nuevos cogeneradores privados, millonarias “ganancias”, por medio de tarifas que como las solicitadas lesionan el interés público, particularmente, los intereses de las familias trabajadoras y de las pequeñas y medianas empresas.

Por lo anterior y previendo el grave daño que se le hará a las familias trabajadoras y a las pequeñas y medianas empresas, solicitamos a su autoridad, abstenerse de emitir resolución, sobre la solicitud del Gobierno; y, en su caso, se despliegue un profundo proceso de consultas con las voces y las representaciones de los sectores más potencialmente golpeados por esta descomunal alza.

Igualmente, le hacemos respetuosa petición para que en próximas horas reciba usted a una delegación de las agrupaciones que representamos, para ampliar un poco más acerca de las derivaciones político-sociales de la ruinosa solicitud del Gobierno y de las autoridades del ICE.

Agradeciendo su atención, nos suscribimos,

Luis Chavarría Vega
Secretario General
UNDECA

Fabio Chaves Castro
Presidente
ASDEICE

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
ANEP

Juntas directivas de organizaciones.
Movimiento social y popular.
Medios de Comunicación Colectiva.
Archivo.

No se puede tapar este sol podrido con un dedo podrido

El cuento es así: una computadora a prueba de bombas que dice, a cuentagotas, lo que el Gobierno colombianova queriendo ; un informe que señala peligros tan serios que, si no se hace algo, “Dios nos coja confesados”; una *Asamble*a a la que el Ministro no puede informarle porque entonces varios diputados no votarían las leyes del TLC; un ministro de la Presidencia que desmiente a su excolega y a lo rubricado por el Presidente al despedir al funcionario; y una doble designación en el cargo, que culmina con una académica inexperta en seguridad en el Ministerio.

Ahora se es narcopolítico si desde Bogotá nos dicen que se está enlistado en la inagotable computadora. Lo cual es lógico, porque aquí ningún político recibiría dinero sucio: que lo digan Caro Quintero y sus congéneres, ya que lo de Allen y el otro que casi llega a presidente de la Asamblea, son excepción.

También lo fue el dinero de Noriega, el del panameño dueño de tiendas libres, el de Hank González y los muy variados de Taiwán; jamás hubo contacto entre ticos y la mafia china (que cobra deudas con secuestros y palizas), el cartel de Sinaloa, o los narcos guatemaltecos. Todos vienen solos, y solos se van. Nunca se perdieron miles de pasaportes en Migración, ni se otorgaron miles de visas, residencias y pasaportes a inmigrantes chinos, colombianos, etc., a cinco mil dólares por cabeza. Y es casualidad que, hace apenas un mes, se capturaran dos millones de dólares enviados de Guatemala al dry cleaning tico y, anteayer, trescientos kilos de coca mexicana. Como nada de eso está en la computadora, no existe.

Con la carta del presidente Uribe basta y sobra. No hay que examinar, ni pensar, con nuestra propia cabeza, porque allá sí que no ha habido políticos, algún presidente, varios ministros –incluido uno de Defensa–, directores de la Policía, etc., vínculados con el narco o con las Autodefensas Armadas de Colombia.

Lo que extraña es el criterio del presidente Arias de que, si Berrocal como ministro asumía ante el Plenario la responsabilidad de su informe, esa transparencia ocasionaría que algunos diputados (¿cuáles, de qué partido?), en vez de rebatirlo, votarían contra les leyes del TLC. Si tal extorsión es cierta, es un horror; y, si no lo es, un insulto. Un poco de dignidad legislativa bastaría para exigirle explicaciones o una retractación. Como vimos con Alcatel, Finlandia, IDA e INS, nuestros políticos son a prueba de avaricia y corrupción.

Somos una nación de inocencias. Aunque algunos malpensados crean que aquí, según parece, lo único sucio que se trafica, contrabandea y lava, es la poca vergüenza que les queda a algunos.

  • Politólogo

Fuente: LN S.A.

¡La huelga de APSE es una huelga justa!

Los profesores y las profesoras de la Educación Secundaria de Costa Rica realizan una huelga totalmente justa, demandando, con sobrada razón, que se les pague correcta y puntualmente; además que se les reconozca, con plenitud y sin restricciones, su grado de profesionales, como se hace con los demás colegas del campo profesional que laboran bajo las reglas del Servicio Civil, en el Gobierno Central y en las entidades adscritas al mismo.

Recientemente, luego de muchos años de espera y como consecuencia de la Histórica Huelga General de A y A, a los y las profesionales de los ministerios se les hizo justicia salarial, mediando un acuerdo sindical con el actual Gobierno. Y, hace pocos días, otro sector de igual importancia que el personal profesional de la enseñanza secundaria, el personal profesional de Enfermería, también fue objeto de justicia salarial, mediando acuerdo con su representativo sindicato.

Entonces, ¿por qué se discrimina al personal profesional de la Educación Pública de nuestro país?; ¿por qué no se quiere negociar con la legítima agrupación que les representa, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE)?; ¿cuáles son las motivaciones ocultas del Sr. Ministro de Educación, don Leonardo Garnier Rímolo, para negarse a negociar con la representación legítima de los profesionales de la enseñanza media del sistema educativo costarricense?

El Gobierno debe negociar con la APSE y los otros gremios convocantes de esta justa huelga.

Llamamos a la solidaridad con la huelga de la APSE. Llamamos a la solidaridad con los educadores y educadoras en justa huelga, de la enseñanza media. Llamamos a la solidaridad sindical activa. Llamamos a toda la ciudadanía a unirse a la concentración nacional de educadores y educadoras en huelga, mañana miércoles 9 de abril del 2008, a las 10 de la mañana, en el Parque Central.

Sindicato de Trabajadores de Japdeva (SINTRAJAP)
Unión Nacional de Empleados de la Caja y de la Seguridad Social (UNDECA)
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Asociación Sindical de Empleados del Instituto Costarricense de Electricidad (ASDEICE)
Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del ICE (FIT-ICE)
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)
Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE)
Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE)

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APOYEMOS LA HUELGA INDEFINIDA DE LOS EDUCADORES

Este Miércoles 9 de Abril, desde las 10 am, en el Parque Central, gran Marcha por la Dignidad Profesional de los(as) Docentes(as).

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Publicamos a continuación el criterio de un educador en huelga.
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¿Por qué estoy en Huelga?

Ciertos sindicatos nos piden que esperemos, que la negociación se esta dando con el Ministerio.

El Ministerio nos pide paciencia asegurando que todos los problemas se solucionarán con un poco de tiempo.

Cada quincena, después de hacer filas por más de 6 horas estando tirados en el suelo y hacinados en pequeños espacios, una o un oficinista diferente nos dice lo mismo: su salario se le depositará la próxima quincena, tenga paciencia.

Cada mes, tenemos que pasar por la vergüenza de decirle a nuestros familiares, amigos y conocidos: es que en el MEP no me han pagado y bueno, yo te prometo que te pago lo adeudado esta quincena.

Sin contemplación, los recibos se acumulan junto a cuentas por pagar esperando que un buen samaritano nos ayude para no tener que ir a una entidad financiera o recurrir a una tarjeta de crédito.

Y aún con todo, como profesionales y humanistas, continuamos laborando. Cada día, puntualmente, llegamos a nuestro sitio de trabajo para ser profesores, amigos, psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, confesionario, motivadores, abogados, pintores de brocha gorda y mil funciones más.

Pero ya no podemos aguantar más. No podemos seguir esperando a que nos paguen salarios atrasados. No podemos permitir que cada año nos traten como empleados de segunda, obligados a deambular de oficina en oficina mendingando piedad para que nos den lo que nos hemos ganado justamente.

Y mucho menos esperar a que hagan un estudio para “verificar que somos profesionales”. Mínimo 4 años de universidad para que nos insulten ahora cuestionando si somos igual de profesionales que un archivista, sociólogo, doctor, etc; que trabaje para el gobierno central.

Por eso, YO ESTOY EN HUELGA. Por que NO acepto que unos quieran seguir negociando mientras miles de compañeros y compañeras no reciben salario, son tratados como mendigos en las oficinas del MEP, son interinos que sufren año a año el miedo de quedar sin empleo por no acudir a la corrupción de patas políticas, enfrentan aulas de 40 o más estudiantes (sin contar las exigencias de adecuación curricular y rendimiento en bachillerato en las más paupérrimas condiciones), y tras de todo, se nos niega el mismo aumento salarial dado a todos los profesionales del gobierno central.

Por eso, UNÁMONOS A LA HUELGA INDEFINIDA. RENUNCIEMOS A SER AFILIADOS DE SINDICATOS QUE NOS TRAICIONAN O SIGUEN NEGOCIANDO (ANDE Y SEC).

Si usted es afiliado a esos sindicatos, únase en forma individual a la huelga y envié una carta o un fax a su sindicato renunciando a él por no apoyar la huelga por la Dignidad Profesional. También envié cartas a COLYPRO para exigir que se unan activamente a este movimiento. NO OLVIDE, esto NO se gana sólo dejando de impartir lecciones; hay que tomar las calles para romper el intento (de Canal 7, REPRETEL y el Grupo Nación) de invisibilizarnos. Esta lucha NO es de un sindicato. Es de un GREMIO. Es de todos(as).

César Toruño

La estrategia del Memorando

El objetivo propuesto era lograr el gane del sí en el referéndum, a través de una larga cadena de amenazas, miedos, mentiras y calumnias. Una de las páginas memorables, hablaba de “estimular el miedo”, clasificándolo en cuatro tipos: miedo a la pérdida de empleo, miedo al ataque a las instituciones democráticas, miedo a la injerencia extranjera, miedo al efecto de un triunfo del NO sobre el Gobierno.

La actitud gubernamental, alimentada por grandes medios de comunicación fue relativizar la importancia del documento, manteniéndose en su curul al diputado ( primo del Presidente ). Aún más, el Gobierno decidió aplicar de manera solapada cada uno de los puntos del memorando primero para lograr la aprobación forzada del T.L.C, y luego las leyes de implementación en la Asamblea Legislativa.

La estrategia del miedo, tal cual es expuesta en el documento, continúa siendo la apuesta de este Gobierno para sacar adelante su agenda política. Si en setiembre del 2007 El Semanario Universidad recibió presiones para no publicar declaraciones sobre la carta del miedo, actualmente el OIJ sigue buscando a quién dejó la copia del memorando en su sala de redacción.

Los miedos han encontrado otros cauces , fuentes de nuevas amenazas, esta vez por intermedio del Ministro de Seguridad y con auspicio de los consabidos medios de comunicación. La carta ahora vigente es la del tercer tipo: miedo a la injerencia extranjera, en donde los nombres de Castro y Ortega son simplemente sustituidos por la guerrilla colombiana. Se ha puesto en la picota a dos reconocidos académicos universitarios por supuesto vínculo con las FARC, y con la tenencia en una caja fuerte de una cantidad de dólares roídos por el tiempo y la humedad. Una computadora se convierte ahora en el pretexto para ir deslizando peligros siniestros, mientras el mensaje que nos deja una vez más el Gobierno, es la constante de “vivir con miedo”, un miedo estructural que pone en peligro como lo decía el memorando, la llamada “institucionalidad democrática”.

No importa la confusión de los hechos, la falta de claridad en los argumentos del Ministro de marras y la debilidad de los argumentos amarillistas de los medios, lo importante es sembrar el pánico y silenciar aquellas voces que pueden disentir de las políticas gubernamentales, las cuales ? como se evidenció durante el referéndum- han pasado a formar parte de las directrices impuestas por el Departamento de Estado Norteamericano. Todos (as) los que fueron huéspedes alguna vez de la pareja de universitarios en Santa Bárbara, pasan a ser sospechosos , hasta Leonardo Boff, agasajado en esta casa en días pasados, dejó de ser libre de toda sospecha , a pesar de su reconocido mensaje de amor y esperanza hacia la humanidad. Tal como lo anunciaba el Ministro, hay una larga lista de personas dudosas cuyos curriculum son peligrosos: sindicalistas, profesores y estudiantes universitarios, periodistas independientes, teólogos de la liberación, sacerdotes solidarios con la búsqueda de justicia social? es decir, aquellos (as) que se han atrevido a ser autónomos en sus ideas y compromiso social atreviéndose a desafiar los dictados del “establishment”.

Esta peligrosa apuesta del Gobierno apoyado por “la autoridad” de los medios de prensa, tiene sin embargo, su talón de Aquiles. El memorando del miedo corre en la oscuridad de manera servil y cobarde, esta es su mayor vulnerabilidad. La única alternativa para combatirlo es a la luz del día, de frente y con valentía. Esta fue la respuesta de los académicos quienes estando fuera del país, regresaron para enfrentar las declaraciones de la prensa y de los representantes gubernamentales. Esta fue la actitud de los distinguidos(as) profesionales que acudieron sin reparo a recibirlos al aeropuerto. Esta ha sido la posición del Semanario Universidad cada vez que ha recibido amenazas para que silencie sus denuncias.

Esta debe ser finalmente, la actitud de los comités patrióticos y de todos aquellos movimientos populares que luchan por la dignidad de este país, conscientes de que el miedo, la sospecha y la inseguridad han sido el pan cotidiano de las dictaduras y de los regímenes fascistas.

* Profesora

ANEP – INAMU: Firman Convención Colectiva de Trabajo de nueva generación

El pasado viernes 14 de marzo, ANEP suscribió la Convención Colectiva de Trabajo en el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), que entró a regir a partir de su firma.

Esta Convención Colectiva, que denominamos de nueva generación, aporta elementos novedosos en la regulación de las relaciones laborales,y en donde muchos de sus contenidos representan un avance importante en la búsqueda de la equidad laboral entre hombres y mujeres.

La Convención Colectiva de Trabajo ANEP-INAMU, garantiza la estabilidad laboral, la libertad sindical, la libre expresión, un ambiente laboral libre de violencia y mecanismos de resolución alternativa de conflictos.

Contiene la primera regulación normativa de acoso laboral en el país, tipificando varias conductas que pueden constituir acoso laboral, estableciendo un procedimiento para investigar la denuncia, medidas cautelares, el derecho de la víctima a recibir apoyo psicológico por parte del INAMU y la posibilidad de sanción por acoso laboral, también, a la (s) persona (s) que, encontrándose en una situación de mayor jerarquía a la persona que está incurriendo en una conducta de hostigamiento sexual o laboral, no realice todos los esfuerzos laborales y disciplinarios necesarios y suficientes que estén a su alcance para impedir el desarrollo de esa falta.

Esta Convención Colectiva establece algunas licencias con goce salarial que pretenden hacer compatible el trabajo con la existencia de la doble jornada derivada de la atención del trabajo reproductivo. Entre ellas, una licencia de diez días hábiles por paternidad.

En casos de reestructuración institucional, garantiza un procedimiento para aplicar despidos, según el cual tendrán prioridad para continuar en sus puestos, algunas personas atendiendo a su situación particular, como dirigentes sindicales, personas con alguna discapacidad de conformidad con la ley 7.600, quienes tengan a su cargo hijos o hijas dependientes por ejemplo.

El derecho a negociar convenciones colectivas es un derecho fundamental de la clase trabajadora. Utilicemos este instrumento para mejorar nuestras condiciones laborales, como lo han hecho las trabajadoras y trabajadores del INAMU.

PANARE: ANEP formula planteamiento sobre condiciones e incertidumbre laboral

San José, 2 de abril de 2008.
S.G. 07-09-0411-08

Licenciado
Carlos Zúñiga Barquero
Administrador
Patronato Nacional de Rehabilitación (PANARE)
Su Despacho

Estimado señor:

Reciba de parte de la Junta Directiva Nacional de la ANEP, un saludo respetuoso, al tiempo que le solicitamos audiencia para tratar asuntos que tienen que ver con el clima laboral de la institución a su digno cargo.

Primeramente, consideramos positivo informarle que nuestro sindicato cuenta con un respetable número de afiliados y de afiliadas en ese centro de trabajo y que, en tal sentido, estamos obligados a brindarles la atención requerida. Además, la presencia de la ANEP en el PANARE data de más de una década al servicio de los trabajadores y de las trabajadoras de la institución, llegándose a contar en años pasados con un comité seccional denominado Seccional ANEP-PANARE y que gracias a su gestión logramos algunas reivindicaciones importantes, que aún perduran en beneficio del personal institucional.

Así las cosas, considera la ANEP oportuno retomar el trabajo en la institución a su digno cargo, para lo cual hemos estado coordinando con nuestra afiliación y así conociendo la problemática actual.

Se nos informa:

  • Que existen amenazas para eliminar la alimentación al personal, sin considerar que ese es un derecho de los trabajadores, consagrado en nuestras leyes laborales en la figura de salario en especie.
  • Que la alimentación que se brinda al personal nocturno, es deficiente y que no se ofrece dentro de las normas mínimas de higiene que estipula la ley y el respeto a las personas.
  • Que algunas jefaturas están abusando del poder y practicando métodos de dirección, verticales y despóticos.
  • Que en ese sentido, se están imponiendo roles de horarios poco congruentes con la distribución equitativa de la carga de trabajo y sin tomar en cuenta al personal a la hora de los cambios.
  • Que los aumentos salariales se aplican muy tardíamente, lo que trae como consecuencia perjuicios para la economía familiar y personal.
  • Que los ajustes técnicos de los profesionales, a la fecha no se han hecho efectivos y que se desconoce cuál es la política institucional sobre el particular.

Respetable señor administrador: Con el mayor respeto le reiteramos nuestro interés por abrir una mesa de conversaciones, que nos permita coadyuvar en las soluciones de éstos y otros problemas institucionales, sabedores que el trabajo en esa institución es de una complejidad, dificultad y tecnicidad extraordinaria.

Con las muestras de nuestra mayor consideración, nos suscribimos atentos,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Freddy Solórzano Jiménez
Responsable ANEP-Sector Salud

cc.: Personal PANARE.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Archivo.