El idealismo es un delito

La mentira y el engaño como instrumento legítimo de propaganda. Lejos, muy lejos, o mejor, anulada como eje del deber informativo, la búsqueda de la verdad y la lucha por la justicia. En su lugar la calumnia y la mofa.

La Nación informativamente, pero sobre todo editorialmente, se quitó la máscara en setiembre pasado, cuando trató de legitimar el famoso Memorandum del gobierno Arias, suscrito por Kevin Casas y Fernando Sánchez sobre el uso de la mentira y el chantaje en la campaña del Sí. Fue y sigue siendo inmoral. Ese periódico quedó deslegitimado como medio de información veraz. Se comportó como un instrumento de la mentira y el chantaje. Cacayo Castro, Guido Fernández, Manuel Formoso, Enrique Benavides y otros se revolcarán en sus tumbas. Sus convicciones liberales, su apego a la verdad, su respeto del pensamiento distinto, su pasión por el debate han sido violados por los actuales directores del periódico. Convirtieron el idealismo en delito y defensa del narcotráfico, del terrorismo y del totalitarismo comunista.

Porque los directores y periodistas de La Nación, de Al Día y de sus repetidores radiales o televisivos saben que no hay computadoras a prueba de asaltos de artillería pesada; que la guerra en Colombia se alimenta de la ideología necrófila de la guerra en Irak; que el plan Colombia lo financia la administración americana; que ese plan es la cabeza de turco, con el pretexto o mentira de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico-, para implantar en América Latina el mismo paradigma de guerra, asesinatos selectivos incluidos que rige en Irak y en Palestina; que Uribe es un simple agente de la Casa Blanca, a quien no le importa nada la vida de los rehenes, casualties de la guerra; que el ejército y los paramilitares colombianos porque los paramilitares siguen actuando en Colombia con la protección del gobierno son apertrechados y entrenados por los americanos y por los israelitas; que durante los diez últimos años, casi todos del gobierno de Uribe han sido asesinados en Colombia 2.574 sindicalistas, hay más de cuatro millones de desplazados, despojados de sus tierras y pertenencias, hay más de 10 mil desaparecidos, cientos de personas secuestradas y se cuentan por miles los asesinados en cientos de masacres y atentados selectivos.

En la misma época del incidente de marras, los dirigentes de la FARC se encontraron en este país con Rodrigo Carreras, Guido Sibaja, Rogelio Ramos, Oscar Arias y seguramente a muchos otros, guiados también por el idealismo de la búsqueda de la paz. ¿También tontos útiles o narcotraficantes o colaboradores de asesinos? ¿Cómplices de la violación de la soberanía nacional? ¡Qué olvido! ¡El idealismo es un delito!

¿Nada de eso sabían a la hora juzgar a Francisco y a Cruz? ¿No leerán la prensa americana, el New York Times o el Washington Post? Si no lo sabían, que se vayan para su casa por incompetentes. Pero si lo sabían ¿por qué le hacen el juego a la mentira y a la lógica de la guerra? ¿Por cinismo? ¿Por falta de principios? ¿Por dinero? ¿Por inmorales?

En el incidente de los dólares, La Nación, Al día y otros medios no han hecho más que repetir las mentiras del gobierno colombiano. Primero hicieron creer que Francisco y Cruz eran narcotraficantes y cómplices de asesinos. Ahora también lo es el teólogo de la liberación Leonardo Boff y el escritor García Márquez. Pero no están solos. Los acompañan en la perversa colaboración con el narcotráfico y el terrorismo internacional, ilustrados consejos universitarios, profesionales, políticos, sacerdotes, excandidatos, expresidentes y enternecidos académicos.

Pero como no pudieron sostener la mentira, inducida por el gobierno de Colombia, hoy se burlan de ellos como “tontos útiles”. ¿Quiénes serán los tontos? ¿Quiénes serán los útiles bien pagados? ¡Ellos, tan piadosos, tan devotos, tan religiosos, tan tartufos, las fariseos, tan sepulcros blanqueados, tan raza de vívoras! ¿No sabrán que un predicador condenado por sedición y ejecutado a muerte en la cruz tiene todavía soliviantado a todo el mundo occidental desde hace dos mil años? ¿Qué hicieron en Semana Santa?

Hoy, cuando los hechos comienzan a recuperar su verdadera dimensión y han quedado exhibidos como papagayos que repiten las mentiras de Uribe y de Busch, hacen mofa de la rectitud y la solidaridad de Francisco y de Cruz. ¡Ya se tomaran ellos poder exhibir el compromiso social y político, el proyecto de vida solidario, la transparencia y la visión espiritual del quehacer humano de los que hoy son objeto de su escarnio. ¡Qué asco! ¡Qué despreciable es querer dar lecciones de moral, cuando uno es defensor de la mentira o no ha hecho otra cosa más que ser pagado para defender los intereses del poder de turno! Todos lo sabemos, pero nos asustan con el poder de su dinero y el de sus mandantes. En su estulticia creen que los tontos e ignorantes somos los demás. No se dan cuenta de que la ignorancia, la doblez, la mentira y lucro son su territorio. No hay almuerzo gratis. Tampoco informaciones, editoriales o columnas gratis.

Hay que seguir espetándoles en la cara cada día con más fuerza: si ahora tuviera que hacer lo que hice, lo volvería a hacer y más conscientemente.

No todo está dicho aún

“Trabajo”. Es un espacio disponible para que las compañeras y los compañeros dirigentes de ANEP, de todos los niveles de la estructura orgánica de la agrupación, expresen su palabra sobre temas que tienen que ver con sus vidas laborales y sus atribuciones ciudadanas; incluyendo, por supuesto, todo lo que tenga que ver con el tema sindical.

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Cual “santa y última palabra”, no queda más camino que aceptar lo que el poder en gobierno dice que hay hacer.

Cabe recordar la frase de Oscar Arias: “…es más fácil cambiar los diez mandamientos que el TLC…”, sentencia propia de quien no tiene más fe que la del comercio.

Pero no, no todo está dicho aún. No hay por que aceptar como verdad absoluta las palabras de quienes por muchos años han utilizado el engaño, la mentira y la estafa con promesas incumplidas.

No son diferentes quienes gobiernan hoy de quienes se encuentran en libertad condicional acusados de delitos contra el pueblo costarricense. Son los mismos, es el mismo “poder económico”, los mismos que han gobernado desde siempre, son los mismos que incurrieron en actos de corrupción que los y las costarricenses condenaron y los mismos que han degradado el proceso electoral dando lugar al creciente abstencionismo en las elecciones nacionales.

Antecedentes del referéndum

Tres hechos dieron forma a la situación que vive hoy Costa Rica y que convergen para llevar el país al borde de su desaparición como República libre e independiente y del Estado Social de Derecho.

– En primer lugar, la interpretación antojadiza de la y los magistrados de la Sala IV para lograr que el candidato del “poder económico”, Oscar Arias, se reeligiera como Presidente de Costa Rica, violentando arbitrariamente la Constitución Política, cicatriz imborrable en la historia patria.

– En segundo lugar, el dudoso proceso electoral que entregó la presidencia de la República al actual ocupante de ese cargo, comprometiendo el prestigio y la independencia de una de las instituciones fundamentales del Estado de Derecho que tanto pregonan defender, el TSE.

– Por último, la desaparición total y absoluta del Primer Poder de la República, el Legislativo, absorbido por el “poder económico” representado por los hermanos Arias en el Poder Ejecutivo y que ha provocado la pérdida de toma decisión independiente.

El referéndum sobre el TLC dejó claro que cualquier tipo de poder ciudadano de decisión es objeto de manipulación total. Desde el papel que jugó el Tribunal Supremo de Elecciones, TSE, permitiendo el financiamiento indiscriminado del proceso a favor del Sí, por parte de empresas farmacéuticas (con intereses económicos en el TLC); el Gobierno de Estados Unidos por medio de la AID y empresarios locales con intereses comerciales; hasta la intromisión política y económica del embajador estadounidense, en el primer caso y de empresarios centroamericanos y mexicanos, en el segundo.

La desigualdad material, económica y de medios, permitida por el TSE, no deja lugar a dudas de que ese “poder” dejó de existir y sus magistrados sólo_ “cumplieron órdenes”_ y no quisieron defender la institucionalidad democrática.

La ciudadanía que se opuso al TLC nunca tuvo los medios económicos para contrarrestar la campaña del Si, ni el acceso a los medios de comunicación para hacer llegar su mensaje al pueblo costarricense, esto debido a que el TSE nunca reguló en este ni en otros importantes temas.
El TSE dejó de cumplir su papel y respaldó la arbitrariedad del Grupo Nación S.A., Repretel (empresa mexicana), Teletica, que editorializaban a favor del Si y descalificaban las posiciones del NO y sus interlocutores.

El Memorándum que Kevin Casas (vicepresidente de la República) y Fernando Sánchez, (diputado de Liberación Nacional y primo de Oscar Arias Sánchez) redactaron para el Presidente de Costa Rica y su hermano, fue un acto de sedición contra la Patria, contra la democracia y contra el pueblo costarricense; que ameritaba la renuncia inmediata de los autores intelectuales, de los hermanos Arias y de los diputados y diputadas que los encubrieron y respaldaron.

Se debió abrir un proceso judicial y un juicio por delitos contra la Patria. Pero nada pasó, los poderes Legislativo y Judicial nunca tuvieron la independencia para actuar como lo exigían las circunstancias, se “sacrificó” a Kevin Casas cual chivo expiatorio, obligándole a renunciar a sus cargos pero nada pasó con el sobrino de Arias ni con sus tíos gobernantes.

Las mentiras reiteradas

No conformes con el “frauduréndum”, siguieron adelante para arrasar con todo. Para eso llegaron al gobierno, para hacer “mesa gallega” con las instituciones, los recursos naturales y los bienes patrimoniales de las y de los costarricenses.

La Agenda de Implementación va más allá del TLC y responde a sus ambiciones depredadoras. Lo quieren todo y para ello meten mano en los proyectos de la Agenda e introducen sus propios negocios, para facilitarles las cosas que no pudieron realizar los gobiernos anteriores del PLUSC.

Aprueban el inconstitucional 48 bis en el reglamento legislativo con el fin de aprobar los proyectos sin mayor discusión y para que nadie se de cuenta de sus modificaciones, amparados, según ellos, en los resultados numéricos del referéndum.

Un ejemplo de esa misma maniobra fue la que intentaron hacer en el Congreso de los Estados Unidos, pero no les pasó por la fuerte oposición y manifestaciones del pueblo norteamericano; aunque al final, según denunció The New York Times, se sobornó con millones de dólares a algunos congresistas para que aprobaran el TLC; cuando algunos congresistas que se oponían ya no se encontraban en el recinto, a la hora de la votación, a altas horas de la noche.

¿Y quiénes están detrás de todo esto?

El “régimen de los Arias” tiene estrechos lazos de amistad y financieros con empresarios centroamericanos y mexicanos que han hecho su fortuna a fuerza de sangre, muerte y privatizaciones según sea el caso.

El segundo hombre más rico del mundo, el mexicano Carlos Slim, se adueño de las telecomunicaciones de América Latina, ya inscribió en el Registro Mercantil sus marcas y solo espera que sus representantes “costarricenses” le digan que el TLC y la Agenda de Implementación ya están aprobadas para entrar a “competir con el ICE”. O sea, uno de los hombres más ricos del mundo compitiendo con el ICE. No es difícil imaginar quien va a ganar si en nuestro propio país, quienes deben velar por los intereses nacionales desde el gobierno, también tienen intereses comerciales con la privatización de esta institución.

Ese “poder económico” financió la campaña electoral de Oscar Arias, ellos pusieron la plata para llevarlo a la Presidencia de Costa Rica, único país en el cual no tenían inversiones en seguros, telecomunicaciones, electricidad, etc.

Esto no es casualidad. No son “aportes” desinteresados que se hacen para que “alguien” llegue a la Presidencia de un país que no es el de los “inversionistas”. Existe un compromiso de Oscar Arias con ese “poder económico” para “abrir”, que es lo mismo que privatizar, los seguros y las telecomunicaciones de Costa Rica.

Deben lograrlo cueste lo que cueste y de la manera más rápida posible, ya que han invertido mucho en propaganda y pago de servicios a empresas y bufetes costarricenses para que les instalen sus negocios aquí. Por eso la prisa, y por eso también las amenazas de “irse a otro país” de algunas empresas textileras, cuyos dueños se han beneficiado siempre con fondos públicos.

Ejemplo del Combo ICE 2000

No todo está dicho aún, no es cierto que ya no haya nada que hacer, no es cierto que ya todo esté aprobado, no es cierto que Costa Rica se queda sola si no hay TLC, no es cierto que éste sea un pueblo domesticado, egoísta, individualista e insensible. No es cierto que exista la amenaza “comunista” como tampoco sea cierto que solo existe el libre comercio, Todo forma parte de una campaña que pareciera elaborada por Goebels, el propagandista de Hitler, “miente, miente, miente que algo quedará”, ese era su lema.

El pueblo costarricense demostró en el año 2000 de lo que es capaz por la defensa de sus instituciones.

Un Presidente que en ese año juró que privatizar el ICE era lo mejor del mundo, está hoy en libertad condicional. Los diputados que conforman el G-38, los mismos de siempre, aprobaron el Combo ICE y el pueblo costarricense les hizo dar marcha atrás. ¿Se acabó el ICE?, ¿Se paralizaron las telecomunicaciones?, No, por supuesto que no, solo no avanzó como se era necesario debido a las trabas impuestas al ICE por parte de los mismos que quieren que se privatice.

¿Quién nombra al presidente ejecutivo del ICE?, el Presidente de turno. Lo mismo sucedió con el Banco Anglo, con la CCSS, con ALCATEL, con Aviación Civil, con Migración, con Riteve, con el aeropuerto Juan Santamaría, con concesiones para reparar y construir las carreteras, con el desmantelamiento del MAG, el CNP, etc.

Estamos ante “los mismos de siempre”, los que mienten y engañan al pueblo costarricense desde siempre.

Ahora resulta que para Arias Limón es muy importante. Claro que le importan los muelles, los hoteles de lujo solo para extranjeros, las playas privadas, la exploración petrolera prometida a la República Popular de China. Si que le interesa Limón, pero no su pueblo, como lo demostró en 1986 cuando reprimió a los muelleros, como han reprimido a los trabajadores bananeros, a los indígenas.

Aun estamos a tiempo

Aún es posible detener el pasaje al abismo por el que transitan los pueblos centroamericanos y el tortuoso camino argentino que llevó a la gente de uno de los países más ricos del continente a buscar comida en los basureros, gracias a la privatización. No es sino hasta muy recientemente que el pueblo argentino inició la recuperación de su aparato productivo y sus ferrocarriles para ponerlos al servicio de su propio desarrollo y no de las grandes transnacionales.

Cuando hay caídas tan violentas, los grandes empresarios, los presidentes, las transnacionales, huyen en sus aviones privados a otros países. Se quedan en su miseria los pueblos y los costarricenses no queremos eso.

Aún es posible detener el curso al abismo. Costa Rica está a tiempo, pero tiene que ser el pueblo costarricense el que decida detener esa tragedia.

Los proyectos aún deben pasar por un largo camino y hay tiempo para forzar a quienes tienen el poder absoluto. Es posible desviar la caída en las aguas del cálculo egoísta del “dios comercio”, que ha hecho de la dignidad humana un simple valor de cambio, que ha sustituido las libertades constitucionales por la única y desalmada libertad de comercio, que ha establecido una explotación abierta, descarada, directa y brutal.
El efecto “fraudurendum” pasó. Pero la lucha por una Costa Rica independiente, libre, soberana, inclusiva y solidaria nunca acaba, menos ahora.

Abrir el cauce a la iniciativa ciudadana y construir poder local
Los Comités Patrióticos surgieron espontáneamente. En barrios, caseríos, pueblos grandes y chicos, no importaba si habían cinco, diez o cien personas interesadas, el Comité Patriótico nacía, se organizaba crecía y se fortalecía por la iniciativa y el interés de miles de miles de ciudadanos y ciudadanas cansadas del engaño y la mentira de “los mismos de siempre”.

Esos Comités Patrióticos que no se dejaron engañar por politiqueros de siempre, por los medios manipuladores y mentirosos, se fortaleció y logró que casi el 50% votara contra el TLC en el “frauduréndum”.

Esa iniciativa debe cultivarse y debe crecer aún más para que sea capaz de elegir en las municipalidades, en las alcaldías, a verdaderos representantes de sus intereses locales y no a siervos del poder político económico de turno. El desarrollo de una localidad depende de la clase de munícipes y alcaldes que elijamos.

El poder local, junto a la ciudadanía organizada, es capaz de defender sus riquezas naturales, fomentar su desarrollo y generar la producción, el empleo, la vivienda y la calidad de vida que todos merecen.
Muchas comunidades organizadas pueden conformar un poder social capaz de derrotar la corrupción, el engaño, la mentira, el fraude que cada cuatro años pretenden instaurar como norma.

Eso se acaba cuando el pueblo organizado, y haciendo uso del poder democrático, ejerce su derecho a elegir y exigir resultados a quienes son electos. Muchas muestras de ejemplos de municipios desastrosos como el de Tibás y de municipios activos y progresistas hay en Costa Rica, debemos ejercer ese derecho de elección y votar solo por aquellos que sabemos responderán a su comunidad.

Para el proceso electoral del 2010 hay que trabajar por una coalición diferente que le dispute al partido de los Arias y al casi extinto PUSC (que pretende llevar a la presidencia a un expresidente que se encuentra en libertad condicional) la presidencia y la mayoría en el congreso, los municipios y las alcaldías.

Hay que trabajar arduamente para que no ocurra lo que en otras oportunidades, que las fuerzas políticas progresistas y de izquierda se fraccionan en “decenas de partiditos minúsculos” sin opción alguna de cambiar la correlación de fuerzas, favoreciendo que ganen “los mismos de siempre”.

Es necesario que se fortalezcan los partidos locales para que luchen por los municipios y las alcaldías, pero llevando una sola opción electoral en el ámbito nacional. Un nuevo Gobierno, un nuevo Congreso, nuevos municipios, nuevas alcaldías…una nueva Costa Rica es posible.

Lo esencial es desarrollar la organización comunitaria y prepararse para construir un poder ciudadano capaz de cambiar las cosas. Una ciudadanía organizada con el poder para llevar a Casa Presidencial una opción que garantice un gobierno para todas y todos. Está en la convicción y la decisión de este pueblo, lograr los cambios que toda la América reclama desde hace 500 años. El continente que soñaron Bolivar, Sandino, Martí y la patria soberana por la que luchó Juanito Mora, junto a tantos otros hombres y mujeres que entregaron su vida por los más nobles ideales de igualdad, paz y justicia.

La última palabra, al final de cuentas, la tienen los pueblos.

2010: ó “ellos”… ó la gente

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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Aunque suene excesivamente simplista, tal desafío se resume en el siguiente dilema ante la elección venidera: ó “ellos”… ó la gente. Hoy nos referiremos a “ellos”, que son minoría en cantidad. La semana próxima hablaremos de la Gente, así en mayúscula, que es la mayoría.

¿Quiénes son “ellos”? Estamos hablando del pequeño pero poderoso grupo político-ideológico en el poder, de filosofía neoliberal y anticristiana. Se trata de una secta que adoptó como norma cotidiana de comportamiento político el fundamentalismo de mercado y que, entre otras alianzas, estableció nexos profundos con los más sangrientos capitales centroamericanos, hoy de gran peso en la política nacional.

El poder de esta secta es de tal magnitud que pudo reestablecer la reelección presidencial para darle impulso a su proyecto ideológico de mercado desbocado y deshumanizado. Además, ha demostrado gran capacidad para comprar y/o cooptar diputaciones, magistraturas (judiciales y electorales) y periodistas desclasados, amanuenses y que han desarrollado ya espuela en la práctica del periodismo indecente, carente de toda ética.

Esta secta logró instituir en los últimos años, el “asalto jurídico” (concesiones, exenciones, incentivos), de los más suculentos negocios con los servicios públicos para el beneficio de reducidos grupos, algunos que ya tenían poder económico y otros que lo obtuvieron por tal vía.
Ejemplo de ello son los certificados de abono tributario y forestal, la revisión técnica vehicular, el contrato del principal aeropuerto del país, la concesión de muelles en el Pacífico, los incentivos turísticos mal habidos, la reparación de caminos y carreteras, la evasión fiscal de los sectores financieros, entre otros.

Ahora se alistan para incrementar su riqueza por ese camino del “asalto jurídico” en su nueva fase (el “frauderéndum” sobre el TLC y su “agenda de implementación”), con los riquísimos negocios públicos de telecomunicaciones, seguros comerciales, muelles del Atlántico, medicinas de la CCSS, entre otros.

Todo este entramado de negocios y el poder que conlleva se debe a la fusión que ocurrió en nuestro sistema institucional: la alianza de la “gran prensa” neoliberal, con el empresariado egoísta y renegado y con la mayoría de la clase política tradicional podrida que funge como peonada de dicha secta en diversos espacios decisorios de la institucionalidad republicana vigente (parlamento y judicatura, por ejemplo).

Hasta en el diario oficial de la secta, el periódico oficialista del régimen, una de las poquísimas plumas “independientes” que publica en él, admitió que toda esta circunstancia nos tiene con una “democracia devaluada”, a raíz de “la concentración del poder, la banalización política y la disfuncionalidad de un Estado que, cada vez más, responde a clanes financieros familiares y no al interés de la sociedad en su conjunto”. Es claro que hemos estado planteando el problema correctamente: la división de poderes desapareció y la Constitución clama por su restauración, luego de que la clase política podrida al servicio de la secta abjuró de nuestra Carta Magna.

“Ellos”, la secta, ya están trabajando para promover su candidato (o candidata) para el 2010. La secta se da el lujo de poner sus fichas en varios bandos a la vez. Usted ya está oyendo nombres. Ponga cuidado. Por encima del bipartidismo tradicional que han controlado (PLN-PLUSC), más sus turecas de paso; “ellos” ven la elección próxima como estratégica: sería su consolidación absoluta en el poder, luego de veinte o un poco más de años de forcejo con los sectores sociales, patriotas y cívicos, la Gente, quienes no comulgamos con la ideología de esta secta porque hemos defendido a capa y espada, el concepto de desarrollo inclusivo y solidario. Sobre esto hablaremos la semana próxima.

Telefónica y Telecom hacen cortes para obligar aumentos tarifarios

No importa nada

26 de Marzo de 2008

Por Alfredo Zaiat

GondolasTelefónica y Telecom deciden cortar el servicio de telefonía porque consideran que su rentabilidad no es la adecuada y para restablecerlo exigen un aumento de tarifas.

Edesur y Edenor informan que en reunión de directorio adoptaron una medida que afectará a los usuarios porque los dejaran sin luz ante la tosudez de un gobierno que no quiere subir las tarifas.

Las empresas de colectivos, las grandes y las pequeñas, impulsan un lockout ante lo que evalúan como una política oficial equivocada de no elevar el precio de los boletos.

Las petroleras YPF, Shell, Esso y Petrobras dejan de abastecer las estaciones de servicios para enviar el mensaje que quieren cobrar las naftas más caras.

Empresas oligopólicas productoras de alimentos, como Molinos de Pérez Companc y Ledesma de Blaquier, interrumpen los envíos al mercado, porque están en contra de la intervención de la Secretaría de Comercio.

La mayoría pensaría que resulta descabellada esa respuesta empresaria, comportamiento que se definiría como antisocial y perturbador.

¿Cuál sería la reacción mediática ante semejante presión patronal que afecta a millones, en especial a los más vulnerables? ¿Dejar sin teléfono, luz, medios de transporte, combustible y alimentos sería aplaudida, acompañada y festejada con cacerolazos?

Da la impresión de que no, aunque no habría que descartar sorpresas entre los que ya se sabe e incluso en algunos progresistas culposos.

Ahora bien, para evitar confusiones, la protesta del campo es un lockout patronal, ya sea de pequeños, medianos o grandes productores. Se trata de la respuesta del capital a una medida del Gobierno.

Y la acción es tan virulenta como la que tiene con los trabajadores o peones rurales en situaciones de máxima tensión. No importa nada, salvo preservar la rentabilidad del capital. En este caso “nada” implica vaciar góndolas de supermercados y estantes de los almacenes. Pocas medidas patronales han sido de tan manifiesto desprecio hacia el prójimo.

Y lo que no deja de asombrar es que la mayoría de los medios pueda considerar “justa” semejante agresión a la población. Porque no sólo faltará carne, leche y otros alimentos, sino que sus precios subirán ante la escasez, produciendo el doble efecto de angustia por el desabastecimiento y por el deterioro del poder adquisitivo.

Esto no significa que los pequeños y medianos productores no necesiten atención con políticas específicas y de promoción por parte del Gobierno, que parece ignorar la diversidad de agentes en el campo.

Pero cuando las demandas ya dejan de ser por una estrategia sectorial, para convertirse en un de-sestabilizador político, económico y social, los dirigentes que dicen representar a los castigados del campo deberían alejarse de sus pares que no dudarían en cualquier otro momento de aplastarlos, como la historia bien enseña.

azaiat@pagina12.com.ar

Fuente: Pagina/12

Para Ecuador, el gobierno de Colombia “perdió toda credibilidad”

Mayor información y audios sobre este tema en Púsar, Agencia Informativa
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Muerte y traslado del cadáver de Franklin Aisalla constituyen violaciones a los derechos humanos

Quito, 24 de marzo de 2008.- El Gobierno del Ecuador ha recibido con suma preocupación la confirmación de la muerte del ciudadano ecuatoriano Franklin Aisalla Molina, quien falleció como consecuencia del bombardeo colombiano el 1º de marzo de 2008, a un campamento del grupo irregular de las FARC que se encontraba clandestinamente en territorio del Ecuador. La acción colombiana fue rechazada por parte del Grupo de Río y de la OEA, por constituir una violación inexcusable a la soberanía del Ecuador y al principio de no injerencia en asuntos internos de los Estados.

La muerte del señor Franklin Aisalla y el traslado de su cadáver a Colombia, constituyen violaciones de los derechos humanos y garantías de un ciudadano ecuatoriano, derivadas de una acción militar al margen del derecho internacional, como lo proclamó el Ecuador y lo reconoció la Reunión de Cancilleres de la OEA de 19 de marzo.

Por cuanto esta situación está conectada con los hechos del 1º de marzo, abordados por la Resolución de la reunión de Cancilleres de la OEA, Ecuador apelará a la acción del Secretario de la OEA a fin de hallar una solución definitiva del caso, en vista del mandato que el Embajador Insulza recibió para el cumplimiento de dicha Resolución.

Las positivas explicaciones que las autoridades de Colombia brinden a los planteamientos de los familiares del señor Aisalla, que cuentan con el apoyo del Estado ecuatoriano, contribuirán a crear un ambiente propicio para el establecimiento de un clima de confianza entre los dos países, que permita de manera progresiva dejar atrás las tensiones derivadas del incidente del 1º de marzo.

Los Artículos 3 y 16 de la Constitución determinan que el Estado ecuatoriano tiene la obligación de velar por la vigencia de los derechos de todos los ecuatorianos. Para atender esta responsabilidad legal el Gobierno Nacional prestará toda la colaboración a la familia del señor Aisalla que se desplazará a Colombia para repatriar el cadáver y le apoyará en la búsqueda de las reparaciones a las que tienen derecho, así como la demanda de explicaciones a las autoridades colombianas por las circunstancias del fallecimiento.

Ante el comunicado del Ministerio de Defensa de Colombia, de 23 de marzo de 2008, que alude a un posible vínculo del fallecido con el grupo irregular FARC, el Gobierno ecuatoriano desea señalar que tal cuestión deberá ser eventualmente probada a través de los pertinentes canales legales y no es, de probarse cierta, un eximente de violación a los derechos humanos del señor Aisalla.

En todo caso, el Gobierno del Ecuador debe, una vez más, resaltar que no aprueba el uso de la violencia por parte de las FARC o de cualquier grupo irregular que ha censurado invariablemente sus métodos de acción y que la Fuerza Pública ecuatoriana tiene disposiciones del Presidente de la República de impedir el ingreso y presencia de grupos irregulares en el territorio nacional. La Fuerza Pública ecuatoriana actuará en el cumplimiento de estas instrucciones con apego a las normas y procedimientos legales correspondientes.

/Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador

Procuraduría: Capítulos sobre telecomunicaciones y propiedad intelectual en el TLC son inconstitucionales

Por ser contrarios a la Carta Política de 1991, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional declarar la inexequibilidad de los apartes del Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito entre Colombia y Estados Unidos y de su protocolo modificatorio relacionado con las telecomunicaciones, la propiedad intelectual y algunas excepciones a la protección ambiental.

En un concepto de constitucionalidad enviado a consideración de los magistrados del alto tribunal, el ministerio público consideró que en el aspecto formal, el trámite de la Ley 1143 de 2007, por medio del cual se aprueba el acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, sus cartas adjuntas y sus entendimientos, suscritos en Washington el 22 de diciembre de 2006, se ajustó a los términos y requisitos establecidos en el ordenamiento superior para su aprobación.

Pero en el análisis de fondo de la ley aprobatoria del acuerdo, la Procuraduría solicitó la inexequibilidad del capítulo 16 sobre propiedad intelectual, a excepción de lo relativo al acceso de los medicamentos para todas las personas. En lo demás, el capítulo podría retrasar las posibilidades de desarrollo de nuestro país pues la propiedad particular en algunos casos dura 70 años, situación que en la práctica representa que ese conocimiento resulte obsoleto al convertirse en bien colectivo. Igualmente, el país se convertiría en simple protector policivo de la propiedad intelectual de los Estados Unidos.

La referencia que hace el Tratado sobre los servicios públicos de telecomunicaciones en el capítulo 14, también resulta violatorio de la Carta Política. Según el concepto emitido por el organismo de control, vulnera la igualdad, la equidad, la reciprocidad y la seguridad jurídica de las empresas colombianas debido a que la mayoría de las obligaciones las asumiría Colombia sin la debida contraprestación económica. Según el Tratado, se considera práctica anticompetitiva no poner a disposición en forma oportuna a los proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones información técnica sobre instalaciones esenciales y la información comercialmente relevante que estos necesiten para suministrar servicios públicos de telecomunicaciones.

“Lo pactado en el artículo 14 está encaminado a un intento de toma hostil del mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones de Colombia ya no mediante ofertas económicas irrecusables, sino por la vía de la imposición normativa utilizando el derecho internacional como vehículo para dicho propósito”, concluyó la Procuraduría en este punto.

Respecto a la definición de territorio contenido en el Tratado, el ministerio público consideró que existe una diferencia sustancial con el que establece la Constitución. En el Tratado se excluye el subsuelo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio en donde actúa. Esta omisión implica que el país no ejercería soberanía sobre estos elementos por lo que se debe condicionar la enunciación a lo que señala el artículo 101 de la Carta Política de 1991.

En Colombia, el espectro electromagnético es inembargable, inalienable e imprescriptible a la gestión y el control del Estado y su intervención para evitar prácticas monopolísticas en su uso; el subsuelo es propiedad de la Nación; y en el caso del espectro electromagnético están los valores democráticos, culturales y de protección del país por encima del puramente económico. Privatizar estos bienes dejaría al país sin posibilidades reales de ejercer soberanía.

También resalta que la definición de territorio no es igualitaria con el de Estados Unidos en lo correspondiente al territorio aduanero pues expone al país a enfrentar regulaciones de 50 estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico presentándose en algún momento barreras de entrada al comercio contrarias al espíritu comercial de ambos gobiernos.

Procuraduría General de la Nación 2008-03-12

Fuente: Cintel.org

Con mucho miedo ante los signos de los tiempos

El pasado martes 18 de marzo se publicó en La Nación un derecho de respuesta del coordinador del FIT, Jorge Arguedas, quien refuta acusaciones que el Presidente Ejecutivo del ICE, Pedro Pablo Quirós, hizo en un amplio espacio cedido por ese diario en días cercanos a la protesta del 10 de marzo. Sin embargo, en el derecho de respuesta el periódico elimina del texto la lista de nombres sobre los que el cro. Arguedas pregunta a Quirós si sabe las razones por las que están fuera del ICE y de la función pública.

A continuación el derecho de respuesta tal y como se envió.
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Con mucho miedo ante los signos de los tiempos

Que lamentable que el Presidente Ejecutivo del ICE, tenga que recurrir a la injuria y a la calumnia para amedrentar a los trabajadores (as) del ICE.

Desgraciadamente para don Pedro Pablo Quirós, quien le escribió ese documento, quizá no lo acompañe a los tribunales de justicia cuando tenga que probar ante los jueces todas las falsedades, que lanza contra todas las Organizaciones Sindicales sin excluir a nadie.

Cuando uno no sabe pregunta ¿Por qué están fuera del ICE y de la función pública Antonio Cañas, Juan Bautista Quirós, Luis Liberman, Herman Bravo, José Antonio Lobo, Rafael Sequeira, su compañero de trabajo en la elaboración de la leyes del ICE Roger Echeverría, Miguel Ángel Rodríguez y otros mas de una lista sumamente grande?

Don Pedro Pablo usted nos ayudó en el pasado a sacar a muchos de ellos. Porque cuando son intereses de los Estados Unidos, donde ha hecho su carrera empresarial, usted regresa al país ha perfeccionar las leyes del ICE para su desmantelamiento y para desgracia del pueblo costarricense.

Tenemos miedo a los signos de los tiempos porque recuperar al país solidario y digno, nos va a llevar mucho tiempo. Porque como organizaciones democráticas cobijadas con rango constitucional, tenemos la obligación de dar luz a quienes se les ocultan las verdaderas intenciones de los proyectos de ley.

No se pierda Don Pedro Pablo, usted hoy es una autoridad pública, representante del Estado costarricense a quien se le ha depositado transitoriamente los bienes de la Nación.

Lea la Constitución Política, el articulo 60 donde se garantiza la libre sindicalización, además el articuló 61 que otorga el derecho a huelga y respóndase por mandato suyo se castiga y reprime a quien hace uso de este derecho.

Las Sociedades Anónimas Laborales fueron creadas por la ley No. 7407 como organizaciones sociales inscritas ante el Ministerio de Trabajo y para hacer actos lícitos de acuerdo al ordenamiento jurídico costarricense.

Si no tiene la valentía de decir nombres en su carta publicada en el Diario La Nación y dirigida a los trabajadores de cuáles dirigentes sindicales se han enriquecido por empresas de las Sales, tendrá que demostrarlo en los tribunales. Sobre las contratas hace más de dos años denunciamos cómo vienen sangrando al ICE algunas de ellas, hasta informes existen, que los aportaremos a los tribunales y son conocidas por la administración superior incluido usted y aún conociendo la problemática ha callado.

En fin tenemos miedo a los signos de los tiempos, tenemos miedo de pasar de un Estado Social de Derecho, a un Estado Neoliberal donde el lucro y la ganancia son el objetivo final. A eso sí le tenemos miedo, por la forma en que nuestros pueblos hermanos han perdido su Patrimonio Nacional para entregarlos a Carlos Slim y Telefónica de España, para convertirlos en los hombres más ricos del mundo a costillas en el caso de las Telecomunicaciones del uso de las frecuencias radioeléctricas que es un recurso natural finito.

Para terminar le hago un reto público para que usted y yo entremos en un debate sobre el fondo de las Leyes del ICE y se deje de estar mintiendo a los costarricenses.

Atentamente,

Jorge Arguedas Mora
Coordinador FIT-ICE
Presidente ANTTEC

Proponen nueva legislación contra el tráfico de personas menores de edad

Expediente de la propuesta del Frente Amplio en ARCHIVOS ADJUNTOS
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“Las recientes evidencias sobre la operación en Costa Rica de varias redes mafiosas dedicadas al tráfico internacional de personas menores de edad, obligan a insistir sobre la imperiosa necesidad de resolver graves vacíos y deficiencias que presenta la legislación nacional en materia de adopciones internacionales”, opina el Diputado José Merino del Río, quien presentó a la consideración de la Asamblea Legislativa un proyecto de ley con este propósito.

Según explicó el legislador del Frente Amplio, se trata de una modificación del inciso c) del artículo 109 y los artículos 112 y 113 del Código de Familia (Expediente No. 16979), para impedir que organizaciones delictivas, que entre sus filas incluyen notarios y funcionarios públicos inescrupulosos, aprovechen las deficiencias legales y la falta de controles adecuados, para montar un lucrativo negocio a costa de niños y niñas costarricenses en condición de pobreza.

El mecanismo utilizado es la denominada “adopción directa” para fines de adopción internacional. Las redes de tráfico de personas contactan a parientes de escasos recursos de las personas menores y les pagan una suma de dinero para que consientan entregar a los menores. Después, se valen de la inadecuada y permisiva regulación sobre el trámite de adopciones internacionales y la absoluta falta de seguimiento por parte del Estado costarricense para sacarlos del territorio nacional.

Según ha reconocido el jerarca del Ministerio Público, no se sabe a ciencia cierta cuantas personas menores han sido movilizadas fuera del país por esta vía o la situación en la que se encuentran. No se sabe si realmente han sido ubicados en una nueva familia o están siendo objeto de explotación sexual, esclavitud o tráfico de órganos (“La Nación”, 5 de marzo de 2008, páginas 4 y 5A)

“Mediante este proyecto de ley se pretende definir claramente los requisitos y procedimientos que deben seguirse en el trámite de adopciones internacionales y fortalecer el papel fiscalizador de los órganos competentes como el Consejo Nacional de Adopciones, a fin de garantizar la plena satisfacción del interés superior de las personas menores de edad. Todo lo anterior, en aras de cerrar cualquier portillo legal para que los procedimientos de adopción internacional sean utilizados para fines lícitos como la sustracción y tráfico internacional de niños y niñas” dice el Diputado Merino en la justificación del proyecto de ley.

Igualmente se busca adecuar la legislación nacional a los principios, normas y procedimientos contenidos en los convenios internacionales sobre la materia firmados por Costa Rica, ya que en la actualidad nuestro país no está cumpliendo los compromisos adquiridos. Por ejemplo, la normativa vigente sobre adopciones internacionales no garantiza la efectiva realización de los principios contenidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (aprobada mediante Ley Nº 7184 de 18 de julio de 1990).

Para cumplir estos objetivos, se propone retomar una serie de iniciativas legislativas para reformar las normas del Código de Familia relacionadas con adopciones internacionales que en legislaturas pasadas estuvieron muy cerca de ser aprobadas y contaron con el aval de entidades como el Patronato Nacional de la Infancia, la Defensoría de los Habitantes, la Procuraduría General del República y la Corte Suprema de Justicia. A pesar de que en el Parlamento existía un amplio consenso sobre su importancia, tales iniciativas fueron a parar al archivo legislativo ya sea por errores de procedimiento cometidos en su trámite o por vencimiento del plazo de caducidad establecido en el Reglamento de la Asamblea Legislativa.

Las reformas planteadas parten de un reconocimiento de la necesidad de establecer una regulación específica sobre las adopciones internacionales. En esta modalidad de adopción el menor adoptado es desplazado a residir fuera de su país de origen, independientemente de la nacionalidad de los adoptantes. Lo anterior constituye un elemento objetivo de diferenciación frente a la adopción_ “nacional”_ en que la persona adoptada permanece viviendo en su país de origen. A su vez, justifica plenamente la existencia de normativa diferenciada y más rigurosa, en razón de los mayores riesgos que implica el desplazamiento de menores fuera del territorio nacional.

Es importante destacar que muchas de las reformas propuestas en la iniciativa de ley ya habían sido aprobadas por la Asamblea Legislativa mediante la Ley Nº 8297 de 10 de setiembre de 2002, que reformó los artículos 109 inciso c) y 113 del Código de Familia. Sin embargo, su aplicación resultó frustrada un año después porque la Sala Constitucional anuló la ley mencionada, por adolecer de vicios sustanciales en el procedimiento parlamentario seguido para su aprobación. Hay que considerar también que la Corte Suprema de Justicia emitió en su momento criterios favorables a las modificaciones planteadas.