ANEP en Foro Mundial sobre comercio bananero

Mauricio Castro Méndez
mauriciocastro@anep.or.cr

I. La brecha entre declaración y la protección de derechos en el escenario del comercio internacional

La realidad de los derechos está determinada por su protección efectiva. Su declaración es insuficiente si se carece de mecanismos de protección en la práctica. La contratación informal y la precarización laboral agravan los problemas de tutela y debilitan la protección social que se financia con contribuciones de trabajos formales. Además, el empleo es vulnerable ante el mercado internacional. Ejemplo claro es la precarización del trabajo en la producción bananera.

Es importante agilizar los procedimientos administrativos y judiciales pero sus alcances son insuficientes por su lentitud e ineficacia , por lo que estas reformas deben complementarse con mecanismos de promoción de derechos, con vinculación nacional e internacional.

En el contexto de la integración económica internacional, el cumplimiento de parámetros productivos “limpios” puede ayudar a las empresas en el aseguramiento de mercados y a la obtención de mejores precios. Sin embargo, por sí mismo no ha tenido impactos generalizados en los países, entre otras razones por su dependencia de hábitos de consumo, así como por la dependencia de certificaciones inaccesibles para muchos sectores, pero que además son ajenas a las necesidades del sector productivo en su conjunto. Reglas comerciales internacionales que invisibilizan las asimetrías entre países derivadas de diversos costos sociales, laborales y ambientales, así como de los subsidios a la producción y a la exportación, incentivan la competencia desleal basada en el incumplimiento o disminución de esos estándares, así como el rechazo de instrumentos de tutela como la libertad sindical.

Es por ello que, proponemos un sistema de “premios y castigos” que promueva el cumplimiento de esos estándares, y que, desde la perspectiva internacional, desincentive la competencia desleal e incentive la inversión social, laboral y ambiental.

II. Caracterización del Sistema
La “producción limpia” normalmente se asocia al cumplimiento de estándares ambientales, pero partimos en esta propuesta de un sentido más amplio, es decir, aquella que cumple con una serie de estándares sociales, laborales y ambientales. Es decir significa una orientación nacional a favor de los derechos de las personas trabajadoras, la sociedad y el ambiente.

1. Objetivos
El Sistema de Promoción de la Producción Social, Laboral y Ambientalmente Limpia (SPSLAL) será un mecanismo para articular esfuerzos dirigidos al cumplimiento efectivo de derechos, partiendo de la sinergia entre políticas sociales y económicas. Es un modelo que facilita la migración hacia formas productivas cada vez más limpias, que penaliza el incumplimiento, pero facilita el cumplimiento a las empresas que lo requieran por medio del apoyo directo e incentivos. Los objetivos específicos son:

  • Vincular la política económico-productiva con la política ambiental y la socio-laboral.
  • Combatir la informalización y la competencia desleal (nacional e internacional).
  • Crear condiciones objetivas para el cumplimiento de estándares fundamentales, transformando las cargas y costos en inversión y en elementos de valor agregado a la producción.
  • Promover el reconocimiento de las externalidades sociales positivas del sector productivo.
  • Facilitar la protección de derechos de grupos sociales especialmente vulnerables (como mujeres, personas con discapacidad, adolescentes, migrantes).
  • Coadyuvar con el financiamiento y el trabajo de la institucionalidad pública, y potenciar el impacto de diversos programas públicos orientados al apoyo de la producción.
  • Contribuir a desjudicializar los conflictos relativos a la tutela efectiva de esos estándares.

2. Estándares fundamentales
El SPSLAL pretende un impacto verificable. Con tal fin se proponen diecinueve estándares fundamentales, a ser incentivados: 7 laborales, 6 ambientales y 6 sociales. El SPSLAL deberá definir indicadores verificables de cumplimiento progresivo y gradual. Estos estándares son:

a. En materia laboral
i. derechos de la Declaración de la OIT, relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo (libertad sindical y negociación colectiva, eliminación del trabajo forzoso, abolición del trabajo infantil, eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación);
ii. cotizaciones a la seguridad social (pensiones, salud y riesgos de trabajo);
iii. el pago de salarios mínimos y política de salarios crecientes;
iv. la existencia de un contrato que regule las condiciones de trabajo;
v. procesos de formación y capacitación para las personas trabajadoras;
vi. toma de decisiones participativas a lo interno de la empresa en cuanto a la prevención y la solución de conflictos y políticas de salud ocupacional.

b. En materia ambiental
i. el menor impacto de desechos, incluyendo el reciclaje y la reutilización;
ii. el menor consumo de materias primas posibles, el uso de energía alternativa y/o el mínimo uso posible de combustibles fósiles;
iii. el uso de tecnología apropiada; la menor dependencia de insumos y tecnologías externas y el mayor uso de insumos y tecnologías locales y nacionales;
iv. el menor impacto en ecosistemas y el menor uso de contaminantes;
v. la recuperación, conservación y uso sustentable de recursos forestales, hídricos, belleza escénica, suelos y ecosistemas agroecológicos;
vi. en actividades agropecuarias: el manejo integrado de cosechas, la producción orgánica, producción diversificada, el no uso de cultivos transgénicos; la inocuidad y calidad de los productos alimenticios.

c. En materia social
i. la generación y distribución equitativa y solidaria de riqueza;
ii. la promoción de encadenamientos productivos locales en las etapas del proceso productivo;
iii. la mayor distribución de los recursos productivos (tierra, conocimiento, etc);
iv. el menor impacto en las culturas y el mayor rescate de las culturas y conocimientos autóctonos;
v. disposición a aceptar nuevos miembros (empresas asociativas), o generación de empleos;
vi. la generación de excedentes no económicos (como inversiones o aportes a la comunidad).

3. Componentes del SPSLAL
El SPSLAL articula bajo una ventanilla única sus tres componentes: la Unidad Evaluadora y Certificadora (UEC), la Unidad Prestadora de Servicios (UPS), y la Unidad Financiadota (UF).

a. Unidad Evaluadora y Certificadora (UEC)
Encargada de determinar el cumplimiento de los indicadores del SPSLAL y de recomendar el otorgamiento de incentivos a la producción, así como de apoyar a las empresas participantes en la formulación de sus planes de certificación, a partir de los cuales se otorgarán apoyos institucionales. Es un órgano conformado multidisciplinaria e interinstitucionalmente, por funcionarios públicos con gran especialización.

b. Unidad Prestadora de Servicios (UPS)
Está integrada por entidades y órganos públicos que ofrecen servicios al sector productivo, y procurará la canalización de estos servicios a las empresas participantes en el SPSLAL de acuerdo a sus necesidades, así como establecer y otorgar incentivos directos. Esta unidad se relacionará como red de cooperación institucional tanto nacional como internacional.

c. Unidad Financiadora (UF)

El apoyo de la UPS se financiará con el giro normal de las entidades públicas que la integren. El funcionamiento de la UEC y la operación de la ventanilla única del SPSLAL, así como las necesidades administrativas del mismo serán financiados por una serie de entidades que se beneficiarán directa e indirectamente a partir de la formalización y mejoramiento de las prácticas productivas. Así mismo, debe financiarse por medio de la cooperación internacional, por ejemplo dentro del esquema de cooperación laboral y ambiental de los tratados comerciales, así como con el apoyo de entidades como OIT, UNICEF, PNUD, y con la participación de ONGs que apoyen la producción limpia y el comercio justo.

4. Operación
Cuando una empresa manifieste su interés en incorporarse al SPSLAL, la UEC en coordinación con ella realizará una valoración inicial para determinar su punto de partida, inventariando el ciclo productivo total (fuente y uso de recursos, condiciones laborales, características del proceso productivo, residuos y su tratamiento, políticas empresariales). Con base en esta evaluación, se identificarán los servicios requeridos como apoyo para mejorar su cumplimiento de sus estándares, así como un plan de certificación progresivo y con indicadores graduales, el cual deberá ser flexible en su formulación para adecuarse a la situación y necesidades de la empresa.

Durante el proceso de certificación, la UEC coordinará con la UPS, para asegurar el apoyo institucional se otorgue conforme al plan. El acceso de las empresas a al programa de apoyo e incentivos dependerá del cumplimiento de los indicadores establecidos, de forma tal que las empresas reciban un apoyo suficiente para transitar este proceso.

5. Incentivos nacionales e internacionales

El SPSLAL define premios o incentivos a los que tendrán derecho las empresas en el proceso progresivo de certificación y a las empresas certificadas.

En el ámbito nacional, los mecanismos de promoción serán el acceso a programas públicos de fomento productivo, o bien el acceso a incentivos. En el primer grupo (fomento) se incluyen servicios financieros; asistencia técnica y transferencia de tecnología; capacitación; y demás servicios brindados por las entidades integrantes de la UPS. En el segundo grupo (incentivos) se incluye entre otros, la contratación pública prioritaria con las empresas participantes del SPSLAL; exoneraciones fiscales; deducción de pólizas; campañas de fomento de consumo de productos limpios; crédito en condiciones favorables; apoyo a la comercialización nacional e internacional; y pago de servicios ambientales.

En el ámbito internacional, el mecanismo fundamental es el reconocimiento de las asimetrías en costos de producción derivadas de estos estándares, así como de las políticas de subsidios a la producción y a la exportación. Del cumplimiento de estándares y del aumento de inversión social, laboral y ambiental, o bien de la disminución de subsidios, deben depender los umbrales arancelarios o la desgravación arancelaria. Es decir, el SPSLAL debe prever un régimen de bandas arancelarias flexibles, cuya fijación periódica dependa de la valoración de esas asimetrías en costos de producción y que debe ser incorporado en las negociaciones comerciales. Esto implica un sistema de verificación internacional articulado con el sistema nacional de evaluación y verificación, así como el reconocimiento de las políticas de fomento de la producción social, laboral y ambientalmente limpia como políticas de inversión promotoras del comercio justo.

6. Lógica de implementación
El otorgamiento o pérdida de los programas de apoyo y los incentivos no dependerán exclusivamente de la certificación final, sino también del cumplimiento de indicadores progresivos y graduales. Esto permitirá a las empresas recibir incentivos durante el proceso, de forma que se generen condiciones objetivas para cumplir con él. El SPSLAL debe priorizar su extensión a partir de áreas o sectores productivos estratégicos o que requieran mayor apoyo por su grado de exposición a la competencia internacional. Finalmente debería funcionar en coordinación con regímenes internacionales de certificación o de requisitos de desempeño internacionales (por ejemplo SGP Plus) y deberá tomar en cuenta especialmente los requisitos de estos sistemas.

7. Transparencia y rendición de cuentas
La participación de los actores sociales relacionados con el SPSLAL, en tanto sujetos de derecho individuales y organizados, es indispensable para asegurar la calidad y oportunidad de los servicios ofrecidos y para hacer efectiva la promoción y tutela de derechos y obligaciones.

Esto hace necesaria la transparencia y acceso a información por parte de la sociedad, tanto durante el proceso de certificación como en su posterior evaluación, así como el establecimiento de canales abiertos para la denuncia por parte de las organizaciones sociales, sea sobre posibles incumplimientos de las empresas certificadas o en proceso de certificación o acerca del funcionamiento mismo del SPSLAL. La participación ciudadana sólida e informada, con buena capacidad de interlocución, debería ser una aliada para el mejor funcionamiento del SPSLAL.

El Megacombo legitima el derecho de rebelión

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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Pese a que su tribunal electoral (ese que les ayudó tanto para que obtuvieran el “gane” del referéndum sobre el TLC), les indicó que las denominadas leyes de implementación no se votaron el 7 de octubre; el régimen de los hermanos Arias Sánchez pretende fundirlas en un solo proyecto para, de un porrazo, aprobarlas lo más rápidamente posible, cometiendo un nuevo acto de asalto a la democracia. Los escuderos gobiernistas en el parlamento, el partido de los casinos y las casas de apuestas, han tomado la iniciativa, dando la señal de salida de esa carrera loca hacia la confrontación social abierta.

Así tenemos que, entre varios proyectos de esa “agenda de implementación”, la entrega del ICE y del INS, junto con la Caja (propiedad intelectual-medicamentos), se fundirán en un único proyecto de ley, al que ya podemos denominar el Megacombo. Es tal la desesperación de los grupos económicos poderosos de la campaña del miedo por realizar sus esperados negocios con ese suculento patrimonio público, que parece se decidirán por una iniciativa legal de semejante calibre. Sin duda alguna, esto constituye una provocación de incalculables proporciones contra la propia institucionalidad que ellos dicen defender y contra la misma paz social.

En consecuencia, nosotros estimamos que el derecho de rebelión contra semejante ataque a la civilidad no podrá ser eludido por la conjunción de fuerzas cívicas que, a lo largo de los últimos años y por diversas maneras, nos resistimos a la entrega de la Patria, a la voracidad mercantil del más rancio capital oligarca centroamericano que ya comanda los destinos de Costa Rica, en alianza de negocios con sus pudientes socios locales.

Y es que, efectivamente, los hermanos Arias Sánchez (particularmente el que funge como Presidente de la República), deben una explicación abierta a la ciudadanía de sus relaciones con personajes centroamericanos de gran poderío económico como el guatemalteco Dionisio Gutiérrez, el salvadoreño José Ricardo Poma, el panameño Stanley Motta, el nicaragüense Jaime Montealegre Lacayo, entre otros.

Todos ellos están presuntamente asociados en una firma de negocios denominada “Mesoamerica Investments”, junto con el costarricense Rodolfo Jiménez Borbón (Grupo Nación GN S. A.). Este grupo de negocios, “Mesoamérica Investments” ya tiene inversiones en telecomunicaciones en los otros países centroamericanos y aspira a incursionar en Costa Rica, una vez que el “megacombo” (que incluye las leyes de implementación para la privatización-apertura del ICE), logren aprobación legislativa.

Estos datos, dados a conocer por la prestigiosa publicación periodística Semanario Universidad, explican una de las poderosas motivaciones de la monstruosa campaña del miedo desarrollada en los tres días antes del referéndum, en lo que constituye ya la más grande operación psicológica de propaganda mentirosa y manipuladora jamás desplegada en un proceso electoral costarricense.

Razón tenía el Presidente del Grupo TACA-Costa Rica, el Dr. Fernando Naranjo Villalobos, cuando en un correo interno dirigido a su personal indicó (el viernes 5, dos días antes del referéndum), que “lamentablemente si la decisión fuera No ratificar el TLC, TACA se vería obligada a revisar sus planes de expansión en el país para los años siguientes”. Un claro ejemplo de lo que sucedió en muchas empresas privadas

Indudablemente que estamos más que legitimados para ejercer el democrático y civilista Derecho de Rebelión, con el fin de oponernos a las denominadas “leyes de implementación del TLC”, ahora que serían fundidas en un único proyecto, el megacombo.

La «Agenda de Implementación» del TLC en breve

Actualización del estado de la Agenda al 2 de noviembre cortesía del PAC en ARCHIVOS ADJUNTOS #3
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Lea también: Diferencias en visión de apertura en telecomunicaciones en partidos políticos
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¿Qué es la agenda de implementación del TLC?

Guía básica de la Agenda de implementación en ARCHIVOS ADJUNTOS
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Dada la necesidad urgente de la población de conocer los contenidos y alcances de los proyectos de ley de la llamada “agenda de implementación” del TLC, entregamos a los costarricenses el siguiente apretado resumen, que explica brevemente el contenido y las principales objeciones, así como aspectos de trámite.

La autoría es de los asesores/as del Frente Amplio en el despacho del Diputado José Merino, con ampliaciones y agregados de la Unidad de Formación, Información y Comunicación, UFIC de la ANEP.

En primer término hay que decir que la Agenda de Implementación NO FORMO PARTE DEL REFERENDUM DEL 7 DE OCTUBRE.

“Lo que se pretende llevar a Referendo es el TLC, no la agenda de implementación. Eso fue una decisión política y otra decisión hubiera sido meter todo en paquete. No nos corresponde evaluar si fue una buena decisión.”, dijo Luis Antonio Sobrado, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, en una entrevista a La Nación S.A. el pasado 30 de setiembre en la página 6A.

Ante esto la “Agenda” que pretende privatizar el ICE, el INS, las semillas, mopolizar los medicamentos, etc, es UNA LUCHA DIFERENTE que debemos enfrentar por sus efectos negativos hacia el pueblo costarricenses.

DESPROTECCIÓN PARA LOS NACIONALES

  • Reforma de la Ley de Protección de Casas Extranjeras / Expediente: 16.116 / Se vincula con el TLC en el Capítulo 11 – Anexo 11.13 del “tratado”.

REFORMA A LA LEY DE PROTECCIÓN DE CASAS EXTRANJERAS

(Representante de Casas Extranjeras, Ley No. 6209, de 9 de marzo de 1978 y Derogatoria del inciso b) del Artículo 361 de del Código de Comercio, Ley 3284 de 30 de abril de 1964. Necesita 29 votos para aprobarse en el Plenario.

Estados Unidos sostiene que la legislación costarricense es proteccionista y obliga a reformas que liberan de obligaciones a las Casas Extranjeras y, en consecuencia, desprotegen a los Representantes en Costa Rica.

La solución de disputas, ante la ausencia de disposiciones, se resolvería mediante el arbitraje. Ya venció el trámite de mociones, se encuentra en discusión por el fondo y una vez agotada ésta, se vota en primer debate.

El trámite de este proyecto estaba muy avanzado antes de convocarse el referéndum. A los diputados/as de oposición sólo les queda una hora para discutir por el fondo. Es probable que se apruebe en primer debate el martes 23 de octubre.

APERTURA DE LAS TELECOMUNICACIONES Y DESMANTELAMIENTO DEL ICE

  • Ley de Fortalecimiento y Modernización de las entidades públicas del sector de telecomunicaciones / Expediente: 16.397 / Se vincula con el TLC en el Capítulo 13 Anexo 13

LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES

Necesita 38 votos para aprobarse en plenario. Se establece la apertura inmediata de los servicios de redes privadas, Internet y telefonía celular, afectando los servicios básicos del Instituto Costarricense de Electricidad. (el compromiso en el TLC es de una apertura “gradual y selectiva” del mercado). Las telecomunicaciones dejan de ser un servicio público solidario y su acceso universal un derecho humano.

Se limitan seriamente las posibilidades del Estado para implementar políticas públicas (subsidios cruzados, acceso universal). Se obliga al ICE a brindar servicios al costo a las transnacionales, mientras éstas quedan libres de establecer sus tarifas al usuario (articulo 54).

Se permite la comercialización de las concesiones y autorizaciones de las bandas de frecuencias. Implicaría un rebalanceo de tarifas de todos los servicios de telecomunicaciones, incrementando el costo de la telefonía fija, pública y celular, al igual que la electricidad.

El ICE tendrá que cancelar un canon de regulación y otro por el uso del espectro radioeléctrico, lo que incrementará sus costos y contribuirá al alza de las tarifas.

Se encuentra dictaminado en comisión, ingresa a Plenario e inicia trámite de mociones vía artículo 137*, actualmente tiene 103 mociones presentadas.

LEY DE FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DE LAS ENTIDADES PUBLICAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES

  • Ley General de Telecomunicaciones / Expediente: 16.398 / Se vincula con el TLC en el Capítulo 13 Anexo 13

Necesita 38 votos para aprobarse en Plenario. Reforma la Ley del ICE y la de ARESEP. Dictaminado ingresa a Plenario e inicia trámite de mociones vía artículo 137, actualmente tiene 280 mociones presentadas.

Los Estados Unidos podrían “certificar” sin que se apruebe este proyecto, a ellos les interesa la apertura de mercados inmediata y no alguna ley sobre el ICE. Esta en particular más que fortalecer el ICE busca su desmantelamiento. Se le quita la rectoría del sector telecomunicaciones al ICE.

Se crea la Superintendencia de Telecomunicaciones, a la que se le asignan funciones atípicas de un ente regulador, como el manejo del Fondo Nacional de Telecomunicaciones.

Se mantiene la administración del espacio radioeléctrico en manos del Poder Ejecutivo, con el consiguiente peligro de que no priven las razones técnicas.

Se crea un Consejo Sector de Telecomunicaciones, claramente politizado.

Se eliminan las concesiones de pleno derecho y por tiempo indefinido que actualmente tiene el ICE.

APERTURA DE LOS SEGUROS Y DESTRUCCIÓN DEL INS

LEY REGULADORA DEL MERCADO DE SEGUROS

  • Ley Reguladora del Mercado de Seguros / Expediente: 16.305 / Se vincula con el TLC en el Capítulo 12, Anexo 12.9.2, Sección H.

Necesita 38 votos para aprobarse en el Plenario. El compromiso de Costa Rica en el TLC es de una “apertura gradual del mercado de los seguros”. El proyecto define la apertura entre el año 2007 y el 2011, establece los requisitos para las empresas privadas puedan ofrecer seguros o establecerse como empresas reaseguradoras.

Dejan de existir los seguros solidarios, en la medida en que entran en competencia y no podrán ser brindados al costo. Crea la Superintendencia de Seguros.

Establece un impuesto que se incluirá en los recibos telefónicos, para dar recursos al Benemérito Cuerpo de Bomberos, que ya no podría seguir siendo financiado por el INS. Este proyecto fue dispensado de todo trámite. Se proponen la creación de una Comisión Especial con un plazo corto de un mes para dictaminar.

LEY REGULADORA DEL CONTRATO DE SEGUROS

  • Ley Reguladora del Contrato de Seguros / Expediente: 16.304 / Se vincula con el el TLC en el Capítulo 12, Anexo 12.9.2, Sección H.

Necesita 38 votos para aprobarse en el Plenario. Se propone regular el contrato de seguros, introduciendo aspectos que favorecen el ingreso de la competencia extranjera, como el interés asegurable o el traspaso de las pólizas. Se encuentra en primer lugar de la agenda de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos. En sentido estricto su aprobación no es requisito para la_ “certificación”_ de los Estados Unidos.

PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LAS TRANSNACIONALES

LEY DE PROTECCIÓN DE OBTENCIONES VEGETALES Y APROBACIÓN DEL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE OBTENCIONES VEGETALES

  • Adhesión al Convenio de la Unión Internacional para la protección de las obtenciones vegetal de 1991 (UPOV) / Expediente: 16.590 / Se vincula con el TLC en el Capítulo 15A Artículos 15.1.5.a) y b)

El proyecto de Ley de Obtenciones Vegetales se tramita mediante el artículo 41 bis vía rápida. Hay tiempo de presentar mociones vía artículo 137 hasta el jueves 25 de octubre (actualmente tiene 261 mociones presentadas), luego la Presidencia del Directorio emitiría una resolución sobre la admisibilidad de las mociones y la Comisión tendría 4 días para analizarlas. Luego pasaría al Plenario durante 22 sesiones.

El Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales fue dispensado de todo trámite, por lo que no cuenta con dictamen. Las mociones de fondo (cláusulas interpretativas) serán conocidas directamente por el Plenario.

El proyecto de ley y el convenio establecen un mecanismo similar a las patentes, llamado “derecho de obtentor”, que protege los intereses de las grandes corporaciones del sector agroalimentario, legitimando la piratería de los recursos biogenéticos del país.
En lo fundamental cercena los derechos de los agricultores, estableciendo que no pueden seguir usando las semillas en sus nuevas cosechas. Los indígenas no fueron consultados y dadas sus implicaciones negativas, estos proyectos han sido rechazados en dos ocasiones por la Asamblea Legislativa. Existe una propuesta alternativa que permite cumplir con los requerimientos internacionales, sin atarse al TLC, denominada _“Ley de Protección de los Derechos de los Fitomejoradores”. _

ADHESIÓN DE COSTA RICA AL TRATADO DE BUDAPEST SOBRE EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DEL DEPOSITO DE MICROORGANISMOS A LOS FINES DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE PATENTES

  • Adhesión de Costa Rica al Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines de procedimiento en materia de patentes. / Expediente: 16.123 / Se vincula con el TLC en el Capítulo 15, Artículo 15.1.3.b

El Plenario aprobó la vía rápida, por lo que pasa al lugar 3 de la Agenda. Inicia trámite de mociones vía artículo 137, actualmente tiene 3 mociones presentadas. Está pendiente de votación una moción de alteración del orden del día para que este proyecto pase a ocupar el tercer lugar del orden del día del Plenario. El objetivo central de este Tratado es facilitar el procedimiento al solicitante de propiedad intelectual sobre microorganismos. No se incluye una definición de “microorganismo”, por lo que la interpretación puede ser muy amplia y sin exclusiones, lo que hace surgir la posibilidad de registrar organismos no patentables desde una visión bioética, como material genético humano, al igual que cualquier otro material biológico. Entra en contradicción con la Ley de Biodiversidad y el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica suscrito por Costa Rica.

Al suscribirse este y otros Tratados como condición obligatoria del TLC, prácticamente se hace nula la posibilidad de denunciarlo en el momento en que se manifiesten consecuencias negativas para el país. Las organizaciones ambientalistas denuncian que “Se exige otorgar patentes de variedades de plantas, se menciona la protección de ‘invenciones biotecnológicas’, y se propone un alarmante depósito centralizado de microorganismos”.

REFORMA Y ADICION DE VARIOS ARTICULOS DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS DE OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, LEY 8039 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2000

  • Reforma y Adición de varios artículos de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos De Propiedad Intelectual / Expediente: 16.117 / Se vincula con el TLC en el Capítulo 15, Artículo 15.12.2.a

Necesita 29 votos para su aprobación en Plenario. Inicia discusión y plazo para presentar mociones en el Plenario. Aumenta las penas de los delitos y endurece la criminalización de las infracciones de baja cuantía contra estos derechos. Los cambios propuestos son básicamente dos: Por un lado eliminar el principio de lesividad o insignificancia establecido en el artículo 70 de la Ley. Es este artículo el que ha impedido que se persiga y amenace con encarcelar a la persona que fotocopia un libro o graba un disco. Por esta vía se trató de establecer un equilibrio entre los intereses de los titulares de la propiedad intelectual y otros intereses de la sociedad como el acceso a la cultura y la información, el desarrollo de la educación y la creación de nuevos conocimientos. Si es derogado, nada impedirá, por ejemplo, que las casas editoras acusen penalmente a estudiantes que fotocopian una obra, para fines educativos, alegando que se les ocasiona un “perjuicio económico”, que, aunque insignificante, es un perjuicio. Por otro lado, eleva a cinco años las penas máximas de todos los delitos establecidos contra derechos de propiedad intelectual (ahora están en tres), con el objetivo de que las personas condenadas que no tengan antecedentes no puedan acogerse al beneficio de la ejecución condicional de la pena para no ir a la cárcel. La idea es atemorizar y reprimir a todas las personas que, por carecer de recursos económicos para comprar originales, incurren en estas infracciones.

APROBACIÓN DEL TRATADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS Y SU REGLAMENTO
Se aprobó en el Plenario la aplicación de la vía rápida por lo que pasa al segundo lugar de la agenda. Inicia trámite de mociones vía artículo 137, actualmente tiene 2 mociones presentadas. El compromiso incluido en el TLC es tenerlo aprobado antes del 1 de enero de 2008. Se define el procedimiento para registrar las marcas que sean signos visibles de productos y servicios. Busca armonizar los procedimientos entre los países que se sumen al Tratado.

REFORMA DE VARIOS ARTICULOS DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, LEY 7978 DEL 6 DE ENERO DE 2000 Y DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCIÓN, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD, LEY 6867 DEL 25 DE ABRIL DE 1983

  • Reforma a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad / Expediente: 16.118 / Se vincula con el TLC en el Capítulo 15, Artículo 15.12.2.a

Se encuentra actualmente en la Comisión Plena Tercera, en el lugar 4 de primeros debates. Se introduce más protección a los signos que pueden constituir una marca. Se plantean modificaciones en las normas que regulan la duración de la protección de la patente, ampliándola cuando existan retrasos en “procedimientos administrativos”. Esta es una manera de ampliar de hecho la duración de la patente, lo cual beneficia entre otras a las transnacionales farmacéuticas.

BARNIZ ANTICORRUPCIÓN

REFORMA DE LOS ARTICULOS 56 Y 345 DEL CODIGO PENAL (LEY 4573), Y DEL ARTICULO 55 DE LA LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO EN LA FUNCION PUBLICA (LEY 8422) Y DEROGATORIA DEL ARTICULO 343 BIS DEL CODIGO PENAL

  • Reforma a los artículos 56 y 345 del Código Penal y el artículo 55 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la función pública y derogatoria del artículo 343 bis del Código Penal. / Expediente: 16.511 / Se vincula en el TLC con el Capítulo 11 particularmente aunque podría vincularse a todo el “tratado”.

Necesita 29 votos para aprobarse en el Plenario, se le dispenso de todos los trámites. Este proyecto no aparece como requisito para aprobar el TLC, pero se incluyó en la agenda de implementación para dar la impresión de que se promueve la lucha contra la corrupción. Introduce sanciones a las personas jurídicas, para desincentivar el ofrecimiento de dádivas a los funcionarios. Se encuentra en la agenda de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos.

COOPERACIÓN AMBIENTAL SIN GARANTIAS

ACUERDO SOBRE COOPERACIÓN AMBIENTAL

  • Acuerdo entre los gobiernos de Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y los Estados Unidos de América sobre Cooperación Ambiental. / Expediente: 16.279 / Se vincula con el TLC en el Capítulo 17

(Entre los Gobiernos de Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Estados Unidos de América) Se encuentra en la agenda de la Comisión Permanente Especial de Ambiente.
Según las organizaciones ambientalistas no se obtiene ningún beneficio con este acuerdo, se debilita la institucionalidad nacional, y se corresponde con disposiciones ambientales del TLC que perjudican ampliamente al país.
No hace falta este convenio para contar con mejores mecanismos de protección, control y monitoreo ambiental pero, por el contrario, con el TLC se impediría mejorar la calidad de las políticas y la legislación ambiental, cuando se considere que es un “obstáculo para el comercio”. Los parques nacionales, y cualquier otro tipo de área protegida, podrá ser administrada en todo o en parte por un ente privado.
_ “Son declaraciones bonitas, pero carentes de contenido y sobretodo de garantías para su cumplimiento”_, dicen las organizaciones ambientalistas.

MEGA COMBO
La fracción parlamentaria de los Libertario y los Liberacionistas están empeñados en meter dentro de un mismo “paquete” siete de las 13 Leyes y Reformas a Leyes que contempla la Aganda de implementación como una forma de evitar la discusión, análisis y propuestas de reformas.

El Mega Combo contendría siete de los trece proyectos de la Agenda de Implementación y que serían: Propiedad Intelectual, Ley de Marcas, Contrato de Seguros, Mercado de Seguros, Modernización del ICE, Ley de Telecomunicaciones y Reformas al Código Penal.

Con esto pretenden aligerar la aprobación de estos proyectos, evitando con ello la participación no solo de los y las diputadas de oposición, sino también la participación ciudadana y de organizaciones de trabajadores, agricultores y otros interesados en defender de la ruina la producción nacional, la elevación de precios, el monopolio extranjero de servicios fundamentales, la carestía de medicamentos y privatización de servicios fundamentales para todos los costarricenses.

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_* Mociones vía Artículo 137 del Reglamento Legislativo. Son las mociones de fondo que presentan los diputados durante las primeras cuatro sesiones de discusión de un proyecto de ley en primer debate. Estas mociones son analizadas por la comisión dictaminadora que, después de votarlas, presenta un informe al Plenario. _

Diferencias en visión de apertura en telecomunicaciones en partidos políticos

En el siguiente cuadro se podrá observar las diferencias entre las fracciones mayoritarias en la Asamblea Legislativa, sobre los 7 temas más importantes dentro del proyecto de Ley sobre Apertura en Telecomunicaciones.
Uno de los puntos más interesantes es el tema de las tarifas de servicios, donde el PAC propone que sea la Aresep quien fije los precios, como hace hasta ahora. Mientras que el PLUSC y los Libertarios quieren un mercado por la libre, donde sean los proveedores, quienes sólo se preocupan por sus ganancias, los que fijen los precios de los servicios. El PLUSC usa una frase engañadora, dicen “que si hay competencia efectiva, los proveedores definirán los precios”, sino será la Sutel la que intervenga. Pero ¿qué es competencia efectiva? Esto se da cuando dos o más proveedores comparten el mercado y el mismo está abierto a la entrada de más proveedores, lo que quiere decir que con sólo que el ICE tenga una compañía como competencia, esta ya podrá fijar los precios que quiera sobre sus servicios.
Es muy peligroso que los diputados y diputadas hagan lo que les da la gana con proyectos de ley tan importantes y sensibles como el de apertura del ICE.
Tenemos que negarnos a que esos pocos tagarotes hagan negocio con los bienes de todos y todas las costarricenses.
A continuación el cuadro:


Tres puntos de vista sobre apertura en telecomunicaciones

ASPECTOS EN DISCUSION

PLN – PUSC

PAC

ML

Fondo solidario para financiar servicios en sitios poco rentables

Los operadores aportarán del 2% al 4% de sus ingresos brutos, según lo disponga la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel, nuevo órgano adscrito a la Aresep).

Los operadores aportarán 9% de sus ingresos brutos.

Los operadores aportarán del 1% al 2% de sus ingresos brutos.

Canon para financiar la regulación de las telecomunicaciones

El canon se cobrará de acuerdo con la Ley de la Aresep, la cual se rige por el principio de servicio al costo.

El ente regulador calculará el canon de cada actividad de telecomunicaciones de acuerdo con el principio de servicio al costo.

Se cobrará una tarifa máxima del 0,5% sobre los ingresos netos anuales de cada operador.

Tarifa por frecuencias para financiar estudios y concesiones

El monto a cancelar por los concesionarios será calculado por la Sutel en función de las características de las frecuencias, como rentabilidad y cobertura.

El ente regulador calculará la tasa según las características de cada frecuencia y cobrará un 10% más sobre esa tasa para el plan de desarrollo de telecomunicaciones.

La recaudación total por las tasas cobradas a los operadores no puede superar el 50% del presupuesto de Aresep.

Montos de sanciones a operadores

El límite máximo de las multas sería el 10% de las ventas brutas anuales.

Las multas irían de 50 a 1000 salarios base de un oficinista 1. Esto es de ¢11 millones a ¢220 millones.

El límite máximo para las sanciones graves sería el 5% de las ventas brutas anuales.

Tarifas de interconexión entre redes de telefonía

Los precios de interconexión deberán estar orientados a costos y serán negociados libremente por los operadores entre sí.

Las tarifas serán propuestas por el ICE y fijadas por el ente regulador, atendiendo el principio de servicio al costo.

Los precios de interconexión deberán estar orientados a costos y serán negociados libremente por los operadores entre sí.

Tarifas de servicios

La Sutel fijará las tarifas con base en precios tope. Si la Sutel dice que hay competencia efectiva, los proveedores definirán los precios. En caso contario, la Sutel intervendrá.

La Aresep fijará las tarifas. En el caso de los servicios universalizados, se dictarán precios asequibles para la mayor parte de la población.

Habrá libre competencia de precios, pero durante los dos primeros años habrá regulación sobre la telefonía fija y celular, así como en Internet.

Concesión de frecuencias para servicios de telecomunicaciones

Las concesiones las otorgará el Poder Ejecutivo mediante un Consejo Sectorial de Telecomunicaciones, adscrito al Minae.

Las concesiones las otorgará la Aresep.

Las concesiones las otorgará la Aresep previo dictamen de la Sutel.

En documentos adjuntos podrán encontrar algunas noticias de América Latina sobre telecomunicaciones y empresas privadas.

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ANEP lamenta “acomodo político”

Luis Miguel Herrera Castro
lherrera@ prensalibre.co.cr

Albino Vargas, secretario general de la ANEP, reaccionó ante el pronunciamiento de los obispos y se mostró muy molesto por lo que allí señalaron. En ese sentido, puntualizó que los obispos no hicieron justicia y dejaron por fuera varios elementos utilizados en la campaña del Sí, como la campaña del miedo.

“Los señores obispos fueron muy injustos con este pronunciamiento. Simplemente se acomodaron al poder político y mediático que estaba a favor del TLC, y en el pronunciamiento no hicieron justicia con la misma vehemencia y a la luz de la iglesia a como llevaban la contraria al tratado”, dijo Vargas.

El representante calificó de “deuda moral” con el movimiento del No de parte de los obispos en ese sentido. Sin embargo, rescató lo referente al llamado al diálogo de país, por otro lado exhortó a los mismos obispos a realizar un conversatorio sobre el tema.

“Creemos y respetamos el llamado al diálogo que hacen en el pronunciamiento. Pero de sobremanera les exhortamos a realizar un conversatorio con el movimiento del No, para que conozcan las injusticias, la compra de votos, el apoyo de varios medios al Sí y la misma campaña del miedo”, dijo Vargas. Los obispos en la carta dijeron: “Hacemos un llamado respetuoso a todos los sectores, instancias y personas involucradas en el reciente proceso de referéndum para que, desde el amor patrio que les anima, promuevan el respeto a la voluntad de la mayoría a la institucionalidad del país”. Además, expresaron que se debe impulsar el diálogo ciudadano para elaborar una Agenda Nacional de Desarrollo como un proyecto de país que responda a los intereses de todos. De inmediato dejaron claro que no es una tarea fácil y no se puede realizar de inmediato.

Fuente: La Prensa Libre

CEN-CINAI: Agradecimiento de ANEP a la Ministra de Salud

Agradecimiento público a la señora Ministra de Salud

Nos satisface la respuesta no sólo porque nos atiende con prontitud y respeto, sino porque por nuestro medio atendió a una gran cantidad de funcionarias del Programa de Nutrición que se sentían discriminadas en la celebración de marras (ver nota de ANEP al dorso). Gracias, señora Ministra.

Ante este proceder de la máxima autoridad ministerial, quién toma en cuenta al personal cuando le solicita; en el marco del respeto, variar políticas de gestión establecidas con poca participación; o considerar alguna directriz para que se fortalezca el clima laboral y se estrechen los lazos de solidaridad entre el personal a su digno cargo; debemos reflexionar positivamente y entender que muchas veces los jerarcas necesitan de la retroalimentación, no sólo de sus más allegados consejeros y asesores, sino también de los subalternos que ejecutan el trabajo práctico a lo largo y ancho de todo el país.

Es aquí donde el sindicato que defiende la permanencia y vigencia de las instituciones públicas, como pilar fundamental para la consolidación de la democracia participativa, cuenta como referente para abrir los caminos del fortalecimiento institucional y el respeto a las servidoras públicas y a los servidores públicos.

Confiemos, entonces, en nuestro sindicato y colaboremos en su gestión, para que sea eficiente y eficaz en su objetivo.

San José 17 de octubre de 2007


ANEP POR UN PROGRAMA DE NUTRICIÓN FORTALECIDO
Y UN PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO

MUY PRONTO:
ASAMBLEA DE AFILIADOS Y AFILIADAS DEL PROGRAMA DE NUTRICIÓN
PARA LA CONFORMAR LA SECCIONAL ANEP- CEN-CINAI

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Trabajadoras de CEN-CINAI solicitan facilidades para participar de la Semana del Trabajador de la Salud
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San José, 12 de octubre de 2007.

S.G. 07-09-0120-07

Doctora
María Luisa Ávila Agüero
Ministra
Ministerio de Salud
Su Despacho

Estimada señora Ministra:

En atención a una gran cantidad de funcionarias del programa de nutrición, concretamente las que atienden los centros infantiles, con el mayor respeto le solicitamos atender su queja con relación a la celebración de la Semana del Trabajador de la Salud.

Consideran las funcionarias de marras, que la directriz girada por su estimable autoridad, (oficio DM -7539-07) es desde todo punto de vista discriminatoria para ellas, toda vez que no se ha tomado en cuenta que su jornada laboral comienza a las 6:00 de la mañana y concluye a las 16 horas, con lo cual; si la orientación emitida por su despacho señala, que los centros se deben cerrar a las 2:00 de la tarde, se tiene por un hecho que estas funcionarias no tendrán ni un minuto de asueto para la celebración de la efemérides y mucho menos voluntad para participar en las actividades respectivas, debido a su extenuante labor cotidiana.

Estimada Señora Ministra, mucho le agradeceríamos tomara en cuenta la situación de este personal, para que en realidad puedan sentirse incluidas en el asueto y puedan; por lo menos el último día de la semana del Trabajador de Salud, disfrutar de un verdadero descanso, considerado que para ellas, por la dinámica de su trabajo, no podrán; como otros funcionarios de la institución, participar en las actividades programadas para los otro cuatro días, señalados en el cuadro de actividades emitido por su despacho.

Atentamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Freddy Solórzano Jiménez
Responsable ANEP-Sector Salud

C.c.:
Licda. Sonia Camacho Fernández, Directora Centros Infantiles.
Personal Centros Infantiles CEN-CINAI.
Junta Directiva Nacional ANEP.
Junta Directiva Comité Seccional Salud ANEP-Pococí Guácimo.

A los trabajadores y a las trabajadoras de Correos de Costa Rica S.A.

Se espera que esto dilate unos quince días, en tanto que la Oficina de Gestión de Personal ya se encuentra realizando los cálculos respectivos. Es bueno recordar que hablamos de casi 2 años lo que implica un trabajo de mucha atención, no sólo por el retroactivo sino como el ajuste del mismo porcentaje al salario actual, por lo que aclaramos de no podemos aventurar una fecha de pago; rescatando de nuestra parte que la administración ya esta trabajando en esto para hacerle frente al pago de este derecho lo antes posible, del cual se benefician todos y todas indistintamente del puesto en que se desempeñe.

También recordamos a quienes nos honran con su membresía que todos los días miércoles y algunos viernes la Junta Directiva de la Seccional ANEP-CORREOS se reúne en la sede principal de ANEP; o bien se desplaza a hacer visitas a diferentes centros con la finalidad de llevar la información y asesoría de primera que requieran, por lo que se pueden comunicar ante cualquier situación que afecte sus derechos laborales, o vea amenazada su estabilidad laboral.

CONTÁCTANOS Y AFÍLIATE

Junta Directiva Comité Seccional ANEP-Correos
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ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOSBLICOS Y PRIVADOS
ANEP
San José, Costa Rica, Casa Sindical “Lic. Mario Alberto Blanco Vado” – Calle 20 (Norte), 300 N. Hospital Nacional de Niños, frente a Coopeservidores, R. L. – Teléfonos 257 82 33 – 257 99 24 – 257 99 32 – 257 99 51 – 257 99 59 – 257 83 43 – Fax 257 88 59 – Apartado Postal 5152-1000 San José – Correo electrónico: info@anep.or.cr

Obispos llaman a respetar resultados de referéndum

Luis Miguel Herrera Castro
lherrera@ prensalibre.co.cr


“Hacemos un llamado respetuoso a todos los sectores, instancias y personas involucradas en el reciente proceso de referéndum para que, desde el amor patrio que les anima, promueven el respeto a la voluntad de la mayoría a la institucionalidad del país”
, reza el documento.

Además expresan que se debe impulsar el diálogo ciudadano para elaborar una Agenda Nacional de Desarrollo como un proyecto de país que responda a los intereses de todos, si bien dejaron claro que no es una tarea fácil y no se puede realizar de inmediato.

“Pero sí debe desde ya establecerse un calendario para realizar actividades conducentes a crear las condiciones que permitan iniciar dicho diálogo con amplia participación ciudadana a la brevedad posible”, dice el pronunciamiento.

Aunque por otro lado sostienen que con la aplicación del acuerdo comercial, “no debe haber ganadores y perdedores”.

Por otro lado señalan “no podemos olvidar que conducida por una tendencia que privilegia el lucro y estimula la competencia, la globalización sigue una dinámica de concentración de poder y riqueza en manos de pocos… Por ello debemos promover una economía diferente marcada por la solidaridad, la justicia y el respeto a los derechos humanos”, señalaron. En cuanto al proceso del referéndum alabaron que el pueblo costarricense mostró su confianza en los procesos democráticos y de resolver los conflictos por la vía pacífica.

“Innumerables personas vieron a lo largo de la discusión y el debate sobre el TLC y en la celebración del referéndum, la oportunidad para dar un giro al rumbo de desarrollo de Costa Rica, hacia una forma de convivencia más inclusiva, más equitativa, más justa y más sólida”, apuntaron.

La carta fue firmada por monseñor José Francisco Ulloa, presidente de la conferencia episcopal; monseñor Hugo Barrantes Ureña, arzobispo metropolitano, y monseñor Ángel San Casimiro, obispo diocesano de Alajuela.

Fuente: La Prensa Libre

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Trabajadores de la JPS: Dos horas de paro por sus derechos

Liderados por la Seccional ANEP-JPS, las personas trabajadoras de la institución realizaron la medida de presión debido a que cerca del 80% de la población laboral se encuentra afectada por el no pago de la recalificación de puestos que no cuenta con el visto bueno de la Procuraduría General de la República, PGR, y de la Autoridad Presupuestaria, AP, del Ministerio de Hacienda.

Siete años de espera

“Ha sido una larga espera. En 1998 se realizó el estudio de puestos, desde el año 2000 la Junta Directiva de la Junta de Protección Social lo aprobó, pero no cuenta con las respectivas autorizaciones de los entes externos como son la Procuraduría y la Autoridad Presupuestaria. Es un trámite demasiado largo, no son aspectos “legales”, sino que es un problema político lo que impide que el pago se haga efectivo.”, dijo Ronald Barrantes, presidente del la Seccional ANEP-JPS.

El estudio de recalificación de puestos beneficia a la gran mayoría de los y de las trabajadoras de la institución ya que sus salarios no están acorde con el puesto que ocupan, “Por eso hoy vemos a la gran mayoría de los trabajadores participando de esta medida que no se acaba aquí. Estamos dispuestos a dialogar, ya lo hemos hecho por siete años, pero ya es mucho, le dan largas al asunto y la verdad ya estamos cansados de que no nos tomen en serio.”, dijo Barrantes y agregó que hoy mismo el Ministerio de Trabajo estará enviando el tema a la sesión del Consejo de Gobierno y para el viernes lo plantearán ante la Autoridad Presupuestaria en una reunión con autoridades gubernamentales.

De no lograrse acuerdo concreto de fecha de pago de lo adeudado, se estaría convocando a una nueva medida de presión que podría ser un nuevo paro o una huelga.

Desigualdad salarial

Para Anayanci Gutiérrez, del departamento de imprenta de la JPS, no hay equidad salarial en la misma institución ya que solo a 21 trabajadores se les ha aplicado el pago por la recalificación de puestos, mientras a casi 400 de ellos no se les aplica. “Hay una gran desigualdad, a unos si se les aplica y está bien, pero a los demás no se nos aplica. Hemos hecho la consulta a PGR, la AP y al Ministerio de Trabajo pero por siete años nada. En otras instituciones si se les aplica rápidamente, mientras nosotros tenemos que esperar.”, concluyó Gutiérrez.

Respaldo institucional

Luis Polinaris, Gerente General de la JPS, considera que es mucho tiempo de espera por parte de los trabajadores, y sentenció que “la Junta Directiva y la Gerencia General de la Junta hemos reiterado nuestro respaldo a las gestiones de los trabajadores, es mucho tiempo ocho años de espera, es mucho tiempo un año de consulta pero como institución no podemos hacer más. Hay un compromiso para que desde el mismo Gobierno de la República se hagan las gestiones para aligerar esto y se resuelva favorablemente. Yo personalmente apoyo a los trabajadores para que esto se resuelva y podamos seguir brindando nuestros servicios.”

Una de las preocupaciones de las autoridades institucionales es que entre más tiempo pasa, aumenta el monto del desembolso que deben hacer para cubrir lo adeudado a los trabajadores. “Mientras que en el 2000 la suma estimada que se debía cancelar era de ¢300 millones, para este 2007 la suma alcanza los ¢3.200 millones, o sea diez veces más del monto de aquel año.”, dijo Sergio Ramírez Acuña, presidente del JPS.

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Nota enviada a la Procuradora General de la República
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¿De qué clase de “triunfo” hablan?

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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Este “triunfo”, en consecuencia, no tiene la necesaria legitimidad inherente a un proceso electoral limpio, cristalino, equitativo, justo y, sobre todo, libre. No es legítimo. Solamente tienen un pírrico resultado cuantitativo a su favor. Nosotros obtuvimos un triunfo en la “derrota”. Ellos cargan con el peso de una derrota en su “triunfo”.

El terrorismo ideológico, la agresión psicológica y el acoso mental que hasta momentos antes de la votación sufrieron miles de votantes, le quitó al proceso su condición libre. La operación de propaganda, al estilo nazi, montada tres días antes de la votación a través de varios medios de prensa oligárquicos (incluso uno televisivo de propiedad mexicana), así lo confirma para la historia.

Por ejemplo, el_ “avanzar o frenar”_, titular de portada del pasquín oligárquico en su edición del día del referéndum, fue un verdadero volante de propaganda de ellos. Sin duda alguna, la irrupción del terrorista y torturador Bush, de la Casa Blanca y de CNN en Español, mostró el despliegue de un operativo de inteligencia para la intimidación psicológica de la población; algo completamente nuevo para el pueblo costarricense, pero que ya han sufrido otros pueblos latinoamericanos cuando se han propuesto transitar caminos soberanos.

Por eso es que nada celebraron. No tenían razones para celebrar. Ética y moralmente el triunfo no fue de ellos. Además, el pueblo votó sobre el TLC, única y exclusivamente. El referéndum no era sobre la llamada “agenda de implementación”. El mismísimo Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), ese que tanto les ayudó con su descarada parcialización, así lo reconoció por boca de su máximo jerarca, el magistrado Sobrado, cuando en entrevista, el domingo 30 y para el principal periódico de ellos afirmó que, “lo que se pretende llevar al referendo es el TLC, no la agenda de implementación”. Así que ni uno solo de los trece proyectos de esa agenda, se votó el domingo 7 de octubre. Quedamos completamente legitimados para rebelarnos contra tales proyectos.

Tenemos, pues, el camino completamente libre para oponernos a esa agenda. Debemos hacerlo con toda contundencia, por todas las formas posibles, típicas y atípicas. Nuevos escenarios de lucha quedaron completamente abiertos y ahora muchos más legítimos que cuando nos tildaban de “cuatro gatos”.

Cuantitativamente somos tres cuartos de millón (así quedó certificado en las urnas), pero de corazón somos muchos más, puesto que la infame campaña del miedo “alejó” a muchos compatriotas de la senda del bienestar de la Patria; “alejamiento” que será momentáneo.

Por tanto, no tienen mandato suficiente como para cambiar por sí solos el modelo solidario costarricense, nuestro Estado Social de Derecho. ¿Qué tienen, entonces?… Una prensa oligárquica completamente prostituida y desacreditada; una fracción parlamentaria gobiernista desprestigiada con diputados y diputadas que fueron derrotados en el referéndum en sus propias comunidades; como el “lazarillo” de los Arias (en Pérez Zeledón), o la verdadera jefa de fracción de la bancada parlamentaria oficialista (en San Ramón); un “triunfo” pírrico; y, un gobierno que renquea porque la alianza que lo sustenta (_“Plusc”_ más las turecas) tuvo muchos menos votos el 7 de octubre que los obtenidos en las elecciones del 2006.

¿Es eso suficiente?… ¡NO!. El empate de fuerzas sigue vigente. Además, de acuerdo con el universo electoral, siete de cada diez ticos no votaron por el sí. Ellos van para atrás. Nosotros vamos para adelante, con toda ética y moral, con la fuerza de la razón y con un poder ciudadano en indetenible crecimiento.