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Aclaración: Toda la información aquí contenida tiene el respaldo de notas de prensa, información del Registro Civil, Registro Nacional, Archivo Nacional, La GACETA, Tribunal Supremo de Elecciones y las páginas web oficiales de bufetes, actas de la Asamblea Legislativa, paginas de empresas entre otras fuentes fidedignas de información.

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El movimiento del “Yes” está encabezado por el ministro de Agricultura de la administración Arias, Alfredo Volio Pérez, quién se separó del cargo para asumir “patrióticamente” la defensa del TLC.

En realidad Alfredo Volio Pérez es un empresario exportador que está defendiendo sus intereses comerciales a sabiendas del daño que ocasionará el TLC al país. Volio fue uno de los principales financistas de la campaña electoral de Oscar Arias, fiscal de la Sociedad Arias Presidente S.A, junto a Alfredo Ortuño, Rodrigo Arias y José Rossi, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones.

Alfredo Volio Pérez es el propietario y presidente de las siguientes empresas de exportación de acuerdo al Registro Nacional: Arizona Tropical S.A, dedicada a la producción de empaques plásticos para la exportación, Exportadora Comercializadora Sol Caribe CSC.S.A, empresa en la que es socio de Alfredo Ortuño Victory, tesorero de la campaña electoral de PLN, hoy nombrado por el presidente Arias en el Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE.

Alfredo Volio también es propietario de Piñatrop, S.A, Finca Retes, S.A, Ganadería Miravalles S.A y Macadamias de Costa Rica, además está vinculado a organizaciones como CAATEC, dedicada a fomentar la apertura de las telecomunicaciones, entidad en la que también participa el ex ministro de Comercio Exterior Alberto Trejos.

Esta gran cantidad de empresas exportadoras en el sector agrícola explican porqué Alfredo Volio, enfocó toda la atención del ministerio a la agroindustria exportadora, dándole la espalda al resto del sector. Además Volio, durante su corto trayecto como ministro salió en tres oportunidades del país durante 13 días a atender sus actividades personales relacionadas, a sus negocios. Así consta en La Gaceta del 24 de octubre del 2006, del 15 de agosto del 2006 y del 6 de julio del mismo año.

Alfredo Volio fue presidente del Banco BANTEC C.Q (Ciudad Quesada) que tuvo que ser absorbido en el 2003 por el Banco Improsa, a raíz del mal manejo de su cartera crediticia y por entregar a empresarios créditos sin ninguna garantía confiable. Dentro de estos préstamos destacan los recibidos por las empresas piñeras del oscuro empresario mexicano, Carlos Hank González, también beneficiadas por los Certificados de Abono Tributario (CATS), bajo el contrato exportación número 543 suscrito en el Centro para la Producción de las Exportaciones e Inversiones (*Cenpro*)

El Banco Improsa que absorbió BANTEC está vinculado a la familia Ortuño, es más, Alfredo Ortuño, era el secretario de dicha entidad y el presidente Roberto Woodbridge, hermano del Ministro de Economía Jorge Woodbridge, nombrado por Volio en este puesto.

El irregular paso de Alfredo Volio por las entidades bancarias no termina ahí, siendo presidente del Banco Nacional en 1997, como lo denunció el Periódico La Nación, Alfredo Volio, favoreció a un grupo de empresarios políticos que eran deudores del extinto Banco Anglo. Alfredo Volio intervino a favor para que estos empresarios financistas de la campaña del PLN y miembros del comité político del PLN, recibieran nuevos créditos en el Banco Nacional para saldar parte de sus deudas con el Anglo.

Los créditos se aprobaron a contrapelo del criterio técnico del departamento de créditos y la Junta Liquidadora del Anglo, pues las empresas no respondían con la mínima garantía para cumplir con los créditos. El liberacionista, Calixto Chávez, fue beneficiado con un préstamo de 6 millones de dólares, al igual que uno de los principales deudores del Banco Anglo, Samuel Schacthel, propietario de Polyplásticos S.A, con un crédito de 109 millones de colones, en un tiempo récord de trámite de sólo 5 días.

El 14 de enero de 1997 al ser indagado por la periodista Gianinna Segnini, Alfredo Volio, en calidad de presidente del Banco Nacional reconoció que le solicitó al presidente del Banco Central, Rodrigo Bolaños, detener el remate de la garantía por las deudas del Banco Anglo contra la casa de Samuel Schacthel, en Rorhmoser y sobre la maquinaria de Polyplásticos S.A.

Como consignó la periodista en esa edición del 14 de enero: “Volio aceptó ayer haber solicitado la suspensión del remate y explicó que lo hizo en muchas otras operaciones en las que los deudores se acercaron para proponer arreglos de pago.” Esta afirmación hoy con la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito vigente le habría valido una fuerte sanción.

La historia cae por su propio peso, la empresa Polyplásticos S.A se vio involucrada un año después en octubre de 1998, en lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Josef Mordok, israelí-panameño acusado de lavar 100 millones de dólares era el acreedor de Polyplásticos S.A. El gobierno de los Estados Unidos solicitó su extradición ese año, por lavar dinero provenientes de la venta de cocaína. Varios millones de dólares los invirtió en Poliplásticos S.A, empresa de su concuño, Samuel Schacthel.

Josef Mordok, se fugó de la Justicia hacia Panamá el miércoles 16 de diciembre de ese mismo año, gracias a la presentación de una boleta de liberación con datos falsos. En ese momento la Ministra de Justicia de la Administración Rodríguez era, Mónica Nagel Berger, quien fuera abogada de Poliplásticos S.A durante los últimos dos años.

Mordok el 23 de diciembre, en declaraciones a Telenoticias desde Panamá habló de Mónica Nángel textualmente: “comience a revelar lo que ella tuvo conmigo, porque una persona como ella que tiene tanta responsabilidad, a estas alturas debería de revelar al pueblo tico los negocios que ella ha tenido conmigo”.

La ministra de Justicia Mónica Nagel entrevistada por el periodista Carlos Villalobos, el 24 de diciembre ese año desde Miami, negó tener algún nexo con Mordok, pero al ser consultada reconoció que estuvo en Panamá, cinco días antes de la fuga de Mordok hacia ese país. Nagel justificó que su viaje fue de compras con una amiga por invitación del Magnate, Alberto Motta.

La historia cayó de nuevo por su propio peso, en mayo del 2006 la presente Administración Arias Sánchez, nombró a su financista de campaña Samuel Schacthel como fiscal de RECOPE, a pesar de deber 150 millones de colones al Banco Anglo y 610 millones de colones en cuotas obrero patronales con Polyplásticos S.A. En mayo el presidente Oscar Arias se vió obligado a destituir a Schachtel tras la denuncia en el plenario del diputado Alberto Salom y para proteger al ministro Volio y evitar recordar su vínculo con Schachtel con el favorecimiento de préstamos sin garantías en el Banco Nacional.

Los negocios unen a estos promotores del TLC, de nuevo en el 2002, Alfredo Volio , Mónica Nagel y José Rossi se funden como socios en el marco de la Gestión del Aeropuerto Juan Santa María con la empresa ALTERRA.

José Rossi siendo accionista de Alterra crea junto a Alfredo Volio y Nagel la empresa CSS Internacional de Costa Rica para auto contratarse para brindar el servicio de seguridad al Aeropuerto Juan Santamaría. Como consta en el Registro Nacional, Nagel fue la vocal de CSS, José Rossi el actual presidente y Alfredo Volio fue el tesorero de la empresa hasta octubre del 2006, simultáneamente con su puesto de ministro de Agricultura.

Hoy a las puertas de que el país vaya al Referendum el 7 de octubre, Alfredo Volio es el presidente de Si al Futuro Sociedad Anónima, creada para recaudar fondos para la campaña del SI al TLC. José Rossi es el tesorero de este movimiento a favor del TLC. En dos semanas de campaña ha invertido 71 millones de colones en propaganda en medios de comunicación según datos del Tribunal Supremo de Elecciones.

¿De dónde viene ese dinero?

Continuará….

Infórmese, y por responsabilidad divulgue este mensaje….

Sepa quienes son los promotores del TLC , un negocio de unos pocos, páselo esta es la única forma de romper la censura mediática impuesta por este gobierno.

Johan Umaña V.
redactor

Sardimar apoya abiertamente el TLC, aunque varios empleados dicen que les niegan manifestarse en contra del acuerdo. (Foto: Johan Umaña V.)

De forma anónima, por miedo a perder su empleo; varios empleados de la planta de Sardimar en Puntarenas denunciaron a UNIVERSIDAD que les presionan para que voten “sí” al Tratado de Libre Comercio (TLC) en el referendo del 7 de octubre.

A menos de dos meses para decidir el destino del acuerdo comercial, las presiones contra las personas trabajadoras aumenta en las empresas.

“Siempre nos dicen que si el TLC no pasa nos quedamos desempleados, porque la empresa se iría a Nicaragua. Allí (en la planta) no se puede decir nada en contra del Tratado, uno sabe que quien habla, lo echan”, comentó en anonimato un porteño que trabaja en Sardimar.

En la corporación reconocen el interés comercial por que se apruebe el TLC, pero niegan categóricamente que se presione a los 1.200 empleados que contratan.

Gabriela Muñoz, Gerente de Desarrollo de Negocios de Sardimar, dijo a UNIVERSIDAD que le han hecho ver a sus asalariados la importancia que creen que tiene el acuerdo para la compañía y que preparan una campaña de educación interna respecto a las cosas buenas y malas de votar “sí”.

Respecto al impedimento de portar propaganda del “No” o hacer comentarios negativos al acuerdo, las fuentes concuerdan en que es la norma.

“No es algo nuevo, ellos (los jefes) siempre despiden a quien habla de más; no solo con el TLC, sino con lo que sea. Se aprovechan porque saben que aquí es imposible conseguir trabajo”, dijo uno de los empleados.

“Yo no puedo creer que hayan dicho eso (los empleados), porque es completamente falso. Es imposible que se lo hayan dicho, porque en Sardimar no estamos coaccionando a nadie. Aquí se les pide que vayan a votar, se les da la recomendación de votar ‘sí’ o ‘no’, porque es algo que a ellos les va a afectar en su trabajo”, dijo Muñoz.

La gerente explicó que dentro de la planta es absolutamente prohibido portar cualquier broche o propaganda por motivos de higiene; pero a nadie se le sanciona por expresar sus ideas.

QUEDARÁN DESEMPLEADOS

El Presidente de la República, Óscar Arias Sánchez, ha dicho en actividades públicas a los porteños que tienen que votar “Sí”, o que quedarán desempleadas.

Así lo expuso el 26 de junio Arias cuando visitó Puntarenas para inaugurar la nueva sede del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), donde aprovechó, como en todas sus giras por el país, para hacer campaña a favor del TLC.
Según varios asistentes a la inauguración, el mandatario comentó las “benevolencias” del acuerdo. Después aseguró que Sardimar ya tiene terrenos comprados en Nicaragua para mudarse si no gana el “Sí”.

El mandatario también visitó la planta de la compañía atunera para darles el mismo mensaje a las personas trabajadoras: “Sardimar tiene el terreno listo para irse a Nicaragua, si no se aprueba el TLC”; según varios empleados que estaban presentes.

Muñoz confirmó las palabras de Arias, pero dice no saber de donde sacó la información para asegurar eso.

La principal queja de los trabajadores que sirven para Sardimar es que se sienten muy estresados por la posibilidad de quedar sin trabajo de no aprobarse el TLC y no encontrar como sostener a sus familias en una de las zonas con más desempleo de Costa Rica.

La ejecutiva dijo no poder responder con seguridad si la compañía se mudaría al extranjero; aunque si aclaró que de no aprobarse el TLC al menos la línea dedicada a la producción para exportar tendría que trasladarse.

“Solo los dueños y accionistas de Sardimar saben si se tendría que mudar la planta entera. Si puedo decir que cualquier etapa de crecimiento o específicamente la línea dedicada a producir para los Estados Unidos tendría que moverse, eso significa al menos 150 personas dedicadas a esa línea que se quedarían sin trabajo”, agregó Muñoz.

Fuente: Semanario Universidad

Pues no, y a continuación demostraremos que en la propia Constitución se le establecen a la competencia del TSE límites claros y objetivos que ha violado reiteradamente en relación con el referendo, lo que explica el mal sabor a arbitrariedad y ocurrencia que deja el análisis de sus resoluciones al respecto.

Cuando en l949 se promulgó la Constitución actual, en la ausencia de una autoridad como la actual Sala Constitucional, encargada de manera directa de las cuestiones de constitucionalidad, se le encargó al TSE en el inciso 3º del artículo 102 de la Constitución, “ interpretar en forma exclusiva y obligatoria las disposiciones constitucionales y legales referentes a la materia electoral”.

Asimismo, desde entonces en el artículo 99 ídem, se estableció como competencia exclusiva del TSE “ la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio”, lo que sin ninguna dificultad se entiende que se refiere a los actos que instrumentan el derecho al sufragio, derivación a su vez de lo regulado por los principios que establece el artículo 95 de esa misma Constitución. Estos forman parte de la garantías de que disfruta el ciudadano, y que en conjunto constituyen las garantías fundamentales de que éste goza.

Sin embargo, aunque la competencia del TSE recaiga sobre la parte instrumental o de ejecución de tales garantías, antes de la creación de la Sala Constitucional en l989, que se produjo cuarenta años después de la promulgación de la Constitución en 1949, necesariamente había que entender que le correspondía al TSE también la interpretación de la parte sustantiva de tales garantías, y en lo que interesa, acerca de cuales eran los alcances del artículo 95 en cuanto a la sustancia de cada garantía ahí otorgada al ciudadano y sus alcances.

Pero, al reformarse la Constitución en l989 para introducir en el artículo 10 la creación de la Sala Constitución, toda esta situación se alteró y la interpretación a cargo del TSE se redujo a lo puramente instrumental, en lo que el nuevo texto no deja lugar a dudas. Ahí se le encarga a la Sala Constitucional : “ declarar, por mayoría absoluta de sus miembros, la inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público. No serán impugnables en esta vía los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, la declaratoria de elección que haga el Tribunal Supremo de Elecciones y los demás que determine la ley”.

Al citar expresamente la reforma al TSE, y establecer que de las normas y actos emanados de éste, únicamente no será impugnable “la declaratoria de elección“, solo deja éste acto, y los actos de “ organización , dirección y vigilancia del sufragio” por naturaleza instrumentales y derivados, como la competencia exclusiva del TSE, en la que no podría introducirse la nueva jurisdicción constitucional.

Por tanto, la situación se modifica respecto a la competencia más amplia que con anterioridad tenía el TSE sobre las garantías electorales en abstracto, las que se recortan de ahí, y se le pasan a la Sala Constitucional como parte del sistema de garantías individuales del ciudadano, cuya protección en bloque se le encargó en l989 a la Sala Constitucional

Le quedan entonces al TSE en forma exclusiva los actos concretos de “organización, vigilancia y dirección del sufragio”, no así la sustancia genérica del sufragio y sus garantías como parte de las garantías del ciudadano. De esta forma se recortó en la forma indicada, el alcance original del artículo 102 de la Constitución, que a partir de la reforma debe aplicarse en concordancia con lo dispuesto por la reforma que crea la Sala Constitucional.

En particular – en lo que ahora interesa – que entonces corresponde a partir de ahí a la Sala Constitucional resolver los alcances del artículo 95 dicho, y en consecuencia, si las autoridades gubernativas deben ser imparciales o nó en los procesos referendarios, porque esto afecta directamente a sus garantías fundamentales como ciudadanos.

Esto último ya lo resolvió la Sala Constitucional en su sentencia N° 8867 del año 2002, en el sentido – según resulta obvio – que el sufragio es un instrumento que cubre todas las manifestaciones de voluntad del pueblo como soberano. Dijo la Sala ahí :

“El concepto de sufragio tiene mayor extensión que el de elecciones, puesto que comprende no solamente el acto de elegir gobernantes sino también el de pronunciarse plebiscitariamente o por referéndum o de cualquier otra manera sobre cuestiones de interés general que se sometan a consulta popular . …El sufragio, como forma de participación popular en la toma de decisiones políticas dentro de la vida del Estado democrático, permite a los ciudadanos intervenir en el proceso de aprobación de ciertas normas jurídicas, en la toma de decisiones sobre cuestiones de especial importancia para la vida comunitaria, en la elección de gobernantes y otros.”

Resulta elemental que la Sala se pronunciara como ahí se pronunció, porque, en la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos de l948, base de todo el sistema universal de los derechos humanos y fundamento de la Carta de las Naciones Unidas, y del sistema del derecho internacional de que forma parte nuestro país, ya se estableció que:

Art. 21.3 :“La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público ; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto” (subrayado de la transcripción).

De lo anterior resultan dos importantes ejes centrales para el sufragio, cuya garantía constituye un derecho humano fundamental: *a)*que el poder público como derivado y sirviente de la voluntad del pueblo, no puede hacerle objeto de coerciones ni de influencias del poder público sobre como votar, porque iría contra la libertad del pueblo como señor, contra la naturaleza del poder público como sirviente, y contra la naturaleza misma del concepto ;* b )* que no pueden ser tampoco cualesquiera elecciones en las que se ejerza el sufragio, sino que éstas deben tener la naturaleza de auténticas, calificación que implica libertad plena del elector, existencia de equilibrio entre los participantes en el proceso y ausencia de coerciones y de ventajas indebidas.

Esto último es lo que la jurisprudencia internacional, en este caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

“En lo que se refiere a las condiciones generales en que se desarrolla la competencia electoral,… ellas deben conducir a que las diferentes agrupaciones políticas participen en el proceso electoral en condiciones equivalentes, es decir, que todas cuenten con condiciones básicas similares para el desarrollo de su campaña. En términos negativos, esta característica implica *la ausencia de coerciones directas o de ventajas indebidas para uno de los participantes en la contienda electoral*…”

“…La actividad de la Comisión Interamericana al respecto ha tenido por objeto obtener elementos de juicio que permitan evaluar la adecuación de la voluntad popular con los resultados finales de la consulta electoral puesto que a ello se refiere la “autenticidad “ de las elecciones a que se refieren los instrumentos jurídicos tanto universales como regionales de derechos humanos.” Resolución Nº 01/90 casos 9768, 9780 y 9828 (México) 17 de mayo de 1990 (El destacado en negrita no corresponde al original)

El concepto originario de la Declaración Universal de Derechos Humanos , es repetido en el artículo 25.c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Por consiguiente, al permitir el TSE a la autoridad gubernativa introducirse en el proceso referendario, lo que hace de las dos maneras que se dirán, viola las garantías fundamentales del sufragio, los derechos humanos y la autoridad de la Sala Constitucional.

Lo hace de dos maneras: a ) al permitirle al Poder Ejecutivo participar como un actor más en el proceso referendario, diciéndole al pueblo como votar, mediante información manipulada y mediante coerciones económicas además de psicológicas; b ) al poner a votación, no el tratado sino un dictamen del partido oficialista sobre el mismo, con lo que introduce a una fracción del Poder Legislativo en el mismo proceso.

Al poner a votación además a votación dicho dictamen – que nunca se conoció además por el plenario- el TSE contradice el reciente voto de la Sala sobre el TLC (No. 5632 -07), en que, al rechazar las objeciones formales de los diputados por el trámite en Comisión, dice acertadamente, que ese trámite fue abandonado, que se está en presencia de otro diferente, y que los proyectos de dictamen no pasaron de la etapa preparatoria porque nunca los conoció ni votó el plenario. El TSE, por el contrario le da valor a ese trámite y concibe el referendo como continuación del trámite legislativo cuando en realidad, como lo dice acertadamente la Sala, es un trámite completamente nuevo.

No solo me parece que el TSE excede claramente su competencia, sino muy poco serio lo que está haciendo, sobre todo que recae sobre cuestiones trascendentales, como las garantías del sufragio, que son la clave de bóveda de todo el aparato institucional de la democracia, y en particular de la costarricense.

Muy acertadamente Ortega y Gasset dijo en “la Rebelión de las Masas” (Revista de Occidente, 30ª ed. P. 226 ) :

_ “La salud de las democracias, cualesquiera que sean su tipo y su grado, depende de un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral. Todo lo demás es secundario. Si el régimen de comicios es acertado, si se ajusta a la realidad, todo va bien; si no, aunque el resto marche óptimamente, todo va mal. …Sin el apoyo de auténtico sufragio, las instituciones democráticas están en el aire”._ [1]

En el mismo sentido advirtió Rodrigo Facio, benemérito de la Patria, cuyo ilustre nombre lleva el campus de la Universidad de Costa Rica, tan injustamente atacada ahora, en la Asamblea Nacional Constituyente al proponer y obtener la aprobación del texto del actual artículo 95 de la Constitución Política:

“Lo que se pretende es que en el futuro, Asambleas Legislativas inescrupulosas, movidas por intereses políticos del momento, no puedan pasar por encima de estos principios y falsear el Código Electoral; lo que se pretende es que la libertad de sufragio, por la que tanto ha sufrido el pueblo de Costa Rica, se mantenga incólume” (El destacado en negrita no corresponde al original) [2] ver acta No. 74 de la ANC.

El ilustre expresidente don José Figueres Ferrer, fundador del Partido Liberación Nacional, mismo que ahora paradójicamente auspicia la violación a las garantías electorales, dijo entonces en su calidad de Presidente ante la Asamblea Nacional Constituyente, lo siguiente:

“Demasiado tiempo han sufrido las democracias el irrespeto de los bienes del Estado por parte de los funcionarios públicos; el irrespeto al derecho electoral, cuyo ejercicio suele convertirse en una farsa; el irrespeto a la independencia judicial, que mina las bases mismas de la sociedad. No puede haber vida colectiva satisfactoria entre los hombres si los principios por que esa vida debe regirse son irrespetados precisamente por quienes llevan la misión de darles validez y fuerza.” [3]

De modo que el TSE, por su parte, y el Partido Liberación Nacional como tal, por la suya, deben reconsiderar lo actuado al respecto y corregirlo. El primero porque es su deber constitucional; el segundo, porque ahora gobierna una administración suya, y en modo alguno podría aceptar, sin destruirse, que ésta le mine sus propias bases fundantes como partido.

[3] Discurso de José Figueres ante la Asamblea Nacional Constituyente, Acta Nº 2 del 16 de enero de 1949

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Cámara de Empresarios pro-Costa Rica

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“Mata la ley astuta la justicia”
José Martí

Hay dos aspectos que configuran el contenido esencial de este Capítulo, que son los que se pasan revista en este análisis, desde una perspectiva jurídica, aunque de manera general, a saber: * los derechos laborales que reconoce el Tratado y (II)* la protección que se les concede.

I-LA “LEGISLACIÓN LABORAL” QUE RECONOCE EL TLC

1-¿Cuál es la “legislación laboral” que reconoce el TLC?

No es toda la “legislación laboral” de cada uno de los países (Partes), la que es susceptible de reconocimiento en el TLC, ni siquiera la mayoría de los derechos de los trabajadores y trabajadoras que comprende cada legislación nacional. La “legislación laboral” que es plausible de este formal reconocimiento, es únicamente aquella cuyos derechos “estén directamente relacionados con los siguientes derechos laborales internacionalmente reconocidos: *a-*el derecho de asociación, *b-*el derecho de organizarse y negociar colectivamente, *c-*la prohibición de cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio, *d-*una edad mínima para el empleo de niños y la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil; y *e-*condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos, horas de trabajo y seguridad y salud ocupacional”. (artículo 16.8 del TLC).

El art. 16.8 señala una enumeración taxativa de los derechos tutelables, de manera que la “legislación laboral” que no tenga una relación directa con cualquiera de aquellos, no es objeto de ese reconocimiento. En este predicado se dejaron de incluir sólo a título de ejemplo, entre muchos otros derechos el principio de no discriminación en el trabajo, derechos de los trabajadores migrantes, debido proceso laboral, seguridad social, etc, y por tanto, quedarían totalmente fuera del ámbito de aplicación del TLC. (breve nota de este medio, El Insurgente: nótese que con el TLC se abandonan todas las políticas de erradicación de la discriminación en el trabajo que se han llevado a cabo hasta hoy, es decir, con el TLC se abre totalmente el portillo para que las mujeres, las personas negras, las personas con determinadas creencias políticas, la gente con alguna discapacidad, los y las sindicalistas, los migrantes nicaragüenses, y los refugiados colombianos sean víctimas de tratos discriminatorios en el lugar donde trabajan, con el TLC el país pierde, y mucho, en materia de derecho laboral).

Se observa, entonces, que el capítulo en cuestión establece una definición restrictiva, que excluye un conjunto de derechos laborales, que no son menos fundamentales que los pocos que expresamente quedaron contemplados. De toda suerte nada afortunada, la corta lista de derechos reconocidos, recorta y enerva los derechos universales protegidos en la Declaración de los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT (1998).

2-El TLC degrada la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo (1998)

Amén que la “definición” determinada en el art. 16.8 es muy limitativa, por otra parte, tampoco se concilia con la citada Declaración de la OIT (1998), que constituye la norma mínima internacional en la materia y que es lo que tenía que respetar, por lo menos, el TLC.

Si comparamos el elenco bastante ralito de los derechos laborales que admite el TLC, contra los derechos que ampara la Declaración de la OIT , llegamos a concluir, en primer lugar, que algunos de los derechos fundamentales previstos en esta Declaración, del todo no están contemplados en el TLC y en segundo lugar, que el resto de los derechos que reconoce la Declaración , los termina degradando el TLC.

Los derechos fundamentales que contiene la Declaración de la OIT , que no están contenidos en el TLC, son principalmente dos (1) “la libertad sindical” y (2) “la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación”. Estos dos importantísimos principios y derechos fueron ignorados en el TLC, lo cuál permite afirmar que la libertad sindical y la no discriminación, no tienen carta de ciudadanía en el TLC.

Tratándose del primero, alguien podría argumentar que la libertad sindical se puede reconducir al “derecho de asociación” y “el derecho a organizarse”, genéricamente previstos en el TLC; pero lo cierto es que estaríamos en presencia, en primer lugar, de un ejercicio interpretativo, que como toda interpretación, es susceptible de criterios opuestos o al menos diferentes.

En segundo lugar, hay que advertir, que la libertad sindical no se agota en el tradicional derecho de asociación u organización, sino que además comprende el derecho de negociación colectiva y el de huelga, último no menos importante que, en consecuencia, no tendría ningún amparo en el TLC. Vale destacar que la huelga es derecho fundamental, consagrado en nuestra Constitución Política (art. 61).

El derecho de asociación sindical, la negociación colectiva y la huelga forman una tríada indisoluble, de forma que la lesión a cualquiera de éstos, afecta directamente la Libertad Sindical en su conjunto.

No queda duda de que la falla de un reconocimiento expreso de la libertad sindical, no obedeció a un acto involuntario, sino a una posición propia de la ideología neoliberal tendiente a hacer nugatoria la libertad sindical y excluir radicalmente el derecho a huelga, que es un derecho fundamental reconocido por la Doctrina Social de la Iglesia :

“Actuando a favor de los justos derechos de sus miembros, los sindicatos se sirven también del método de huelga, es decir, del bloqueo del trabajo, como de una especie de ultimátum dirigido a los órganos competentes y sobre todo a los empresarios. Este es un método reconocido por la doctrina social católica como legítimo en las debidas condiciones y en los justos límites (…)” Juan Pablo II. Sobre el Trabajo Humano.

Tratándose del principio de no discriminación en el trabajo, ni siquiera se podría interpretar que está de alguna manera, aunque fuera implícitamente, reconocido en el TLC. Brilla totalmente por su ausencia, que no es tampoco por olvido, sino que su exclusión responde a la misma lógica neoliberal.

Pero no solamente se llegó al extremo de excluir aquellos derechos fundamentales, sino que concurrentemente se degradaron los pocos principios que reconoce el TLC: tratándose del trabajo forzoso u obligatorio, el TLC se conforma en plantear su prohibición, mientras que la Declaración de la OIT exige su eliminación.

En el tema del trabajo infantil, el TLC sugiere una edad mínima de empleo, la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, no obstante que la Declaración, extendiéndose más allá, preceptúa “la abolición efectiva del trabajo infantil”

En lo concerniente a estos dos últimos derechos fundamentales, las diferencias son sustantivas, las cuales desnudan la inteligencia de un TLC enfocado, ya sea a desconocer o degradar, los derechos fundamentales de los trabajadores.

II-FALTA DE TUTELA EFECTIVA DE LOS DERECHOS LABORALES

3-Los presupuestos del sistema de solución de controversias

Amén que el catálogo de los derechos reconocidos como se vio está restringido y enervado en el TLC, el otro aspecto que está íntimamente relacionado es el de protección que se dispensa a estos derechos. Esa protección se procura obtener a través de las instancias de cooperación, consulta y solución de controversias.

Aquí es donde el TLC urde todo un entramado procesal, largo y engorroso, que en el caso de una reclamación o controversia presentada por una Parte (las Partes son los países que quedan dentro del TLC), podría concluir con un informe final y en última instancia por cierto, bastante remota, dar lugar a la aplicación de sanciones económicas contra un país infractor, es decir, contra una Parte, que no se extiende, ni se responsabiliza solidariamente a las empresas transnacionales que infrinjan la legislación laboral.

En una primera fase, el Capítulo establece una modalidad de consultas ministeriales entre las Partes, mediante las que procurarán llegar a una solución que sea mutuamente satisfactoria.

En el evento que la instancia de consultas sobrevenga infructuosa, la Parte interesada legitimada podría someter la resolución de la controversia a un procedimiento de arbitraje, cuyos presupuestos son los siguientes: se requiere, en primer lugar, que la parte haya solicitado la realización de consultas en virtud del artículo 20.4 del TLC (Consultas), o una reunión de la Comisión en virtud del art. 20.5 del TLC (Comisión-Buenos Oficios, Conciliación o Mediación).

El segundo presupuesto consiste en que sólo se puede recurrir al procedimiento de solución de controversias cuya legitimación la tiene únicamente la Parte interesada sólo por una cuestión que surja relacionada con la exigencia expresamente prevista en la siguiente disposición:

“Artículo 16.2: Aplicación de la legislación laboral

1.(a) Una parte no dejará de aplicar efectivamente su legislación laboral, por medio de un curso de acción o inacción sostenida o recurrente, de manera que afecte el comercio entre las Partes, después de la fecha de entrada en vigor de este Tratado. (…)”

Lo anterior significa que solo se puede convocar al sistema de solución de controversias por interés de la Parte (país) requirente, cuya legitimación ostenta para procurar el cumplimiento de la legislación laboral -cuya definición se limita a los derechos que reconoce el TLC, cuando la otra Parte, de manera reiterada, constante, ha quebrado dicha legislación, cuyas acciones u omisiones infracciones para estos efectos, sólo se computarán a partir de la vigencia del TLC. Incluso, por más grave que pueda ser la infracción, no sería suficiente con que se haya incurrido en esa práctica de manera eventual, ocasional o transitoria; se necesita, para que se le de curso a la acción presupuesto de admisibilidad, que la infracción tenga la cualidad de “sostenida” o “recurrente” y que además afecte el comercio entre las Partes.

(Nota de El Insurgente: o sea, una vez aprobado el TLC sólo serán abiertos procesos legales laborales en caso de que el problema tenga que ver con materia comercial, y sólo si se dan irrespetos reiterados y constantes a las leyes laborales, todo el resto de irregularidades en materia laboral quedarán por la libre y sin sanción alguna)

Es más, aunque sobrevenga una infracción que tenga aquellas cualidades de “sostenida o recurrente”, pero si llega a considerar que no afecta el comercio entre las Partes, tampoco la solicitud sería admisible.”

* Texto tomado de:
Hernández Venegas, Manuel. El Capítulo Laboral del TLC. Publicación del Sindicato de Empleados del Banco Nacional de Costa Rica (SEBANA) y la Asociación de Servicios de Promoción Laboral (ASEPROLA). Goicoechea, San José, Costa Rica. 2006

San José, 10 de agosto de 2007.

Señores y señora
Magistrados y Magistrada
Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)
Su Despacho

Asunto: Intervención del Embajador de los Estados Unidos de América en la campaña del referéndum sobre el TLC
Denuncian: ANEP-UNDECA-ASDEICE

Respetables señores y respetable señora:

Es obligación de los miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante el Gobierno de la República, respetar y no intervenir en los asuntos que son propios del debate interno entre los y las costarricenses. Este principio fundamental es, junto a otros elementos doctrinarios, piedra angular de las relaciones internacionales; y, es de aplicación general independientemente del tamaño y poder de los Estados, constituyendo así un factor que garantiza la armonía entre los gobiernos y cimenta la amistad entre los pueblos del mundo.

Cuando de manera indebida y prepotente, algún diplomático transgrede esta norma básica de comportamiento y haciendo caso omiso a la práctica usual y a las buenas costumbres entre naciones civilizadas, se entromete en asuntos que son de privativa naturaleza doméstica, su imprudencia debe conllevar la más enérgica condena, así como acarrear las severas consecuencias que tal injerencia demanda.

El señor Embajador de los Estados Unidos de América, don Mark Langdale ha hecho pública, como consta en diferentes medios de comunicación colectiva, su decisión de inmiscuirse personalmente en la campaña del referéndum sobre el TLC, abogando como es obvio por el voto para el “yes”; para lo cual visitará diversas empresas privadas en las cuales hablará ante los trabajadores y las trabajadoras que, de manera cautiva, serán obligados a escuchar sus disertaciones; mismas que sin duda habrán de girar sobre el tema del empleo, bajo los lineamientos de la “Alianza del Sí”, caracterizados por el terrorismo ideológico y la agresión psicológica al personal prácticamente secuestrado por el empresariado costarricense para tales efectos.

A nuestro juicio, la decisión de Mr. Langdale socava claramente el principio de no intervención en los asuntos internos de nuestra República en momentos sumamente críticos de nuestro devenir histórico y, por lo tanto, han de ser repudiados de la manera más contundente posible.

No ignoramos ni el peso específico ni la naturaleza de los intereses que hacen que el gobierno de los Estados Unidos (y sus aliados internos), sean los mayores propagandistas y propiciadores del _“tratado de libre comercio_”. Tampoco nos desvela que el señor Embajador, representante de dicho gobierno y también de algunos de esos intereses de los cuales forma parte y se beneficia en su vida privada, realice las tareas que en ese ámbito le competen como enviado de la Administración Bush a nuestro país. Habría que ser muy necio o muy sencillo para pensar que el Embajador de una potencia mundial no juega un papel central y destacado en los ires y venires de un proyecto de la magnitud del TLC.

En este sentido, cuando un representante de un gobierno extranjero se extralimita como lo ha hecho el señor Embajador Langdale, lo hace impune e impúdicamente frente a los medios de comunicación; y, peor todavía, toma posición y se pronuncia de manera tan directa frente a un tema que tiene al país en vilo precisamente por las enormes consecuencias que acarrea para el futuro de Costa Rica; en consecuencia, sus palabras no pueden ser admitidas como una expresión más de los múltiples puntos de vista que sobre este y otros asuntos de capital importancia para el país. Digámoslo claramente: el señor Langdale , al decir lo que dijo y al estar haciendo lo que con gran descaro dijo que iba a hacer y que ya está haciendo, intenta intimidar a quienes tienen dudas sobre el TLC, adoptando una actitud de procónsul que no es de recibo es una república democrática y madura como la costarricense.

Por todo lo anterior y en nombre de nuestros agremiados y agremiadas, así como recogiendo el sentir de amplios sectores de la población nacional con altos valores éticos y cívicos, que han visto en la actitud del señor Embajador de los Estados Unidos de América una abierta provocación que podría dañar gravemente los lazos de amistad y fraternidad que han prevalecido entre nuestros pueblos; solicitamos al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), actuar de inmediato, convocando a Mr. Langdale a su seno, para indicarle que detenga, inmediatamente, la descarada intervención de él en nuestros asuntos internos, especialmente en el tema del TLC que, como sabemos, ha generado y generará una clima de tensión sociopolítica no visto en las últimas décadas.

Invocamos el derecho constitucional de respuesta, en forma y tiempo, para saber lo que al respecto ha de resolver ese tribunal ante el presente planteamiento que constituye una denuncia formal en contra de la intervención irrespetuosa, impúdica y provocadora del señor Embajador de los Estados Unidos de América, en Costa Rica, Mr. Mark Langdale.

De quedar enfáticamente señalado que Mr. Mark Langdale está violentando el ordenamiento jurídico costarricense dado que, por una parte, ofende la Constitución Política de Costa Rica la cual, en su Artículo 19 que los extranjeros, _“no pueden intervenir en los asuntos políticos del país_”. Así textualmente está establecido.

Por otra parte, este diplomático está violentando la propia Ley del Referéndum, que indica en el inciso b) del Artículo 20, _“prohíbese a toda persona física o jurídica extranjera, participar en la recolección de firmas, en la solicitud de celebración de referéndum, o en campañas de publicidad o propaganda a favor o en contra del proyecto sometido a referéndum_”.

Respetuosamente creemos que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) no puede eludir o soslayar el abordaje contundente de este caso, pues tiene la ley en la mano para hacerlo.

Fabio Chaves Castro
Presidente
Asociación Sindical de Empleados del
Instituto Costarricense de Electricidad
ASDEICE

Luis Chavarría Vega
Secretario General
Unión Nacional de Empleados
de la Caja y de la Seguridad Social
UNDECA

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
ANEP

C.c. Gobierno de los Estados Unidos de América.
C.c. Gobierno de Costa Rica-Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
C.c. Partido Demócrata, Estados Unidos de América.
C.c. Centro Carter.
C.c. Movimiento Patriótico No al TLC.
C.c. Diputados y diputadas, Asamblea Legislativa, República de Costa Rica.
C.c. Medios de Comunicación Colectiva.
C.c. Juntas directivas, ANEP, ASDEICE y UNDECA.