Defensoría de los Habitantes solicita estudios que justifiquen el cierre del CNP

San José, jueves 27 de julio de 2006
DAEC-196-2006

Master
JOSÉ FRANCISCO OREAMUNOMEZ
Presidente Ejecutivo
Consejo Nacional de Producción
Su Despacho

Estimado señor:

Reciba un cordial saludo. Me refiero a su oficio PE 463-2006 de fecha 19 de julio de 2006, remitido a las y los trabajadores del Consejo Nacional de Producción (CNP), en el cual manifiesta que dicha Institución, en la actualidad, no es financieramente viable, que ha perdido su norte y que carece de un verdadero impacto en el sector productivo costarricense.

Se indica en dicha misiva que Usted ha conversado con casi todos los actuales señores Diputados de la Asamblea Legislativa, y ha tenido que aceptar la realidad de que: “no existe un partido político dispuesto a incrementar el gasto público para salvar una Institución que no supo en su debido momento modernizarse y que olvidó que su razón primordial de ser era el pequeño y mediano productor agropecuario”.

Asimismo, se manifiesta que se han abierto algunas opciones para la especialización y modernización de tres programas del CNP: El Programa de Abastecimiento Institucional, el Programa de Reconversión Productiva y la Unidad de Desarrollo Agropecuario y, que se estudian posibilidades para reubicar el personal del CNP en instituciones y ministerios como el SETENA, MINAE, Comisión Nacional de Emergencias y el Ministerio de Salud.

Por otra parte, y de forma consistente con el planteamiento por Usted realizado en el oficio en cuestión, el día de ayer, miércoles 26 de julio, se publicó en el diario La Nación un reportaje del periodista Alvaro Murillo M., titulado: “Gobierno planea cerrar CNP en los próximos dos meses: Ministro Volio confirma planes de cierre”. En este reportaje se consigna que el plan del gobierno es “desaparecer” la institución que está cumpliendo 62 años, porque “no genera ningún impacto positivo a los productores, perdió su norte y enfrenta una seria crisis financiera”. De esta forma, se realizan estudios para determinar el futuro de los 650 empleados de la institución, para vender los activos de la Institución y para trasladar algunos programas del CNP a otras entidades públicas.

Dadas las anteriores declaraciones, esta Defensoría desea manifestar su profunda preocupación por las implicaciones, que para el sector agropecuario del país podría tener el eventual cierre de una institución cuya misión es atender al pequeño y mediano productor agropecuario, con la finalidad de prepararlo para competir por el mercado interno y externo ante la actual coyuntura de liberalización, globalización y apertura económica en que está inmerso nuestro país.

Asimismo, se pregunta esta Defensoría si el Poder Ejecutivo tiene la potestad para cerrar una Institución del Estado, siendo que la misma ha sido creada por Ley de la República, y por tanto, pareciera que corresponde a la Asamblea Legislativa la decisión de cerrar o mantener dichas instituciones.

Unido a lo anterior y dado el propósito manifiesto de cierre institucional del CNP, se pregunta esta Defensoría, si todo acto o acción tendiente al logro de dicho propósito, sin que medie o exista una resolución legislativa, podría considerarse nulo y sancionable por la instancia a quien le corresponda dicho acto.

Cabe indicar, que actualmente en la corriente legislativa no se encuentra en conocimiento proyecto alguno para derogar la Ley Orgánica del CNP (Ley n.º2035 y sus reformas), ni tampoco propuesta para la creación del llamado: “Ministerio de la Producción”, el cual según los medios de prensa, incluiría al Ministerio de Agricultura y Ganadería y al Ministerio de Economía y Comercio. Mas aún, la prensa ha señalado que los proyectos que está remitiendo el Poder Ejecutivo para las sesiones extraordinarias del mes de agosto próximo, no contempla ninguna de dichas propuestas.

Por la anterior situación, y en virtud de lo establecido por los artículos 12, 17, 18, 19 y 20 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República, n.º 7319 del 17 de noviembre de 1992 y los artículos 44, 45 y 46 de su Reglamento (Decreto Ejecutivo n.º 22266-J del 15 de julio de 1993), se le solicita, atentamente, que en un plazo no mayor de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de recibida esta comunicación, se sirva remitir a esta Defensoría la siguiente información:

1. Copia del diagnóstico y del estudio técnico realizado sobre el desempeño funcional del CNP mediante el cual se demuestra que dicha Institución perdió su norte y carece de un verdadero impacto en el sector agropecuario costarricense.

2. Copia del estudio técnico y financiero mediante el cual se analiza la situación financiera del CNP y se analizan las opciones de financiamiento consideradas para establecer la inviabilidad financiera de la misma.

3. Copia de la propuesta de cierre del CNP, traslado de programas y funcionarios a otras instituciones, venta de activos y movilización de trabajadores y trabajadoras.

4. Copia de las Actas y Acuerdos de la Junta Directiva del CNP donde se han conocido y discutido los estudios técnicos solicitados en los puntos anteriores y, en los cuales se han tomado decisiones sobre acciones para el cierre de dicha Institución.

De igual forma se le solicita comunicar a la Defensoría de los Habitantes de la República cualquier trámite, gestión o información adicional que se relacione con el presente asunto.

Los informes y documentos relacionados podrán ser enviados al apartado postal 686-1005 Barrio. México, al facsímil número 248-2371 o presentados en las oficinas centrales de la Defensoría, situadas en Barrio México, 450 metros Norte de la Torre Médica del Paseo Colón.

Cordialmente,

Lisbeth Quesada Tristán
Defensora de los Habitantes de la República

Copia:
Lic. Alfredo Volio Pérez, Ministro de Agricultura y Ganadería
Dr. Kevin Casas Zamora, Ministro de Planificación Nacional y Política Económica
Diputado José Joaquín Rodríguez, Asamblea Legislativa
Ing. Arturo Robles Coronas, Presidente Sindicado Pro Trabajadores del CNP

Elementos para una política salarial

Cuando se ha aumentado otro porcentaje ha sido por la presión social. Aún así estos aumentos siempre han estado muy por debajo del costo de vida, esto queda demostrado con los siguientes números: durante estos cuatro Gobiernos (PLN-PUSC) la inflación acumulada fue del 222.58% y los aumentos salariales corresponden a un 162.64%, lo que nos da una diferencia del -59.94%. Osea los salarios de los y las costarricenses está por debajo en más del 50 %.

El Presidente Oscar Arias y su gabinete se aumentaron el salario en un 42%, con solo dos meses de Gobierno. Esto da pie para pensar que el aumento salarial al resto del Sector Público debería ser correspondiente y no el 2% con que se ha amenazado.

El Movimiento Sindical Costarricense, pensando en una solución definitiva al tema salarial realizó una propuesta al Gobierno de Arias, la cual presentamos a continuación.

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San José, 20 de julio de 2006

Lic.
Francisco Morales Hernández
Ministro de Trabajo y Seguridad Social
MTSS

S. M.

Estimado señor Ministro

Las organizaciones sindicales abajo firmantes, consideramos de gran relevancia, la apertura manifiesta por usted y su gobierno en torno al diálogo y a la negociación de una política salarial, para los cuatro años de la presente administración, razón por la cual estamos haciendo entrega de la siguiente propuesta sobre los elementos que consideramos debe contemplar una política salarial, con el objeto discutir con la representación gubernamental, los términos de un acuerdo que esperamos tenga resultados fructíferos.

De usted con toda consideración y estima:

Movimiento Sindical Costarricense

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ELEMENTOS PARA UNA POLITICA SALARIAL

INTRODUCCION

En los últimos veinticinco años, quienes se han desempeñado en el sector público, han sufrido el impacto negativo de una serie de políticas ejecutadas por las diferentes administraciones, que se han caracterizado fundamentalmente por deteriorar la administración pública, a raíz del ideal prevaleciente de reducción del Estado a la mínima expresión.

Ello ha conllevado a socavar las instituciones públicas, o a su debilitamiento, aplicando diferentes mecanismos, como la ausencia de políticas de formación y capacitación, la ineficacia y negligencia ante la agilidad requerida para proveerla de los instrumentos generados por los avances de la ciencia y la tecnología, el no establecer políticas claras, técnicas y profesionales para modernizarla, tratando de hacer infuncional la estructura institucional del estado, restando eficacia y eficiencia, para que no exista calidad en los servicios, a efecto de que la población tome actitudes adversas a la administración pública.

Desde diferentes vías, se ha procedido también a denigrar a las servidoras y servidores públicos, a subvalorar su función, a culpabilizar a las trabajadoras y trabajadores por las debilidades que la Administración Pública presenta. Por otro lado se ha politizado la dirección de la misma, colocando en ella jerarcas que en muchas ocasiones no han demostrado tener la capacidad para orientar ni dirigir, ni mucho menos para estimular procesos, pero que entendemos, eso es lo que los dirigentes políticos de corte neoliberal han requerido para de esa manera deteriorar la imagen institucional.

Lamentablemente desde el punto de vista de la opinión de los medios de comunicación masiva el fracaso no recae en esos responsables, sino que lo que se procede es a descalificar, a denigrar o en muchas oportunidades a agraviar a los servidores y servidoras.

Se ha aplicado una política salarial restrictiva, un sistema de relaciones laborales perverso, con ausencia del diálogo negociación como instrumentos de solución a los problemas que se presentan, se ha marcado una tendencia al deterioro de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, provocando así el desestímulo, y por supuesto creando condiciones para que renuncien a sus puestos, se alejen de las instituciones, y con ello también debilitar ese sistema institucional.

Con frecuencia se alega la carencia de recurso financieros, pero poco se hace por recaudar con mayor eficiencia los tributos, por aplicar severamente la ley a quienes evaden o eluden sus responsabilidades del pago de sus impuestos, a quienes subfacturan, o sobrefacturan, y lo que es más grave, se ha permitido que los actores más dinámicos de la economía no paguen, y más bien se crearon una serie de incentivos para ciertas empresas, lo que ha llevado a que el país tenga una carga tributaria muy baja, constituyendo a su vez un sistema de tributos absolutamente regresivo e insuficiente. Se requiere un compromiso de Gobierno de aplicar programas de reducción de la evasión fiscal, estableciendo metas de recaudación de la factura correspondiente por ese concepto.

Tampoco se ha hecho lo suficiente para terminar con el Estado paralelo y con las cuantiosas erogaciones que ello significa, sin que se produzcan resultados realmente beneficiosos para el país. Poco o nada se ha hecho a su vez para que se de una profunda reingienería al asunto de la deuda interna, lo que hace que por esa vía se destinen también recursos cuantiosos solo por concepto de pago de tasas de interés.

Los informes del Estado de la Nación han sido claros al mostrarnos la forma como crece el Producto Interno Bruto versus la forma de crecimiento del Ingreso Nacional, lo que es indicador de las erradas políticas que han seguido los diferentes gobierno; si existiera una eficiente sistema tributario justo, progresivo y redistributivo, no solo se podría mejorar las condiciones económicas de quienes se desempeñan en la función pública sino que el país podría asumir las responsabilidades en las diferentes actividades que le demanda nuestra constitución, además podría realmente crear la infraestructura estratégica para el desarrollo del país

LOS ELEMENTOS DE UNA POLITICA SALARIAL

1- POLITICA SALARIAL COMO EJE DE REVALORACION DE LA FUNCION PUBLICA Y COMO FACTOR DIGNIFICADOR DE LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DEL SECTOR PUBLICO
No cabe la menor duda que para lograr esos dos grandes objetivos es imprescindible reconocer el valor que tienen para la ciudadanía la función pública, los trabajadores y trabajadoras que se encargan de ejecutar esa función y sus organizaciones representativas. Resulta imprescindible reconocer y respetar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, así como a sus organizaciones, por lo que el diálogo y la negociación permanentes se convierten en elementos sustantivos de ese reconocimiento, es necesario crear los mecanismos e instrumentos para el diálogo eficaz, fructífero y negociación seria, respetuosa, equilibrada. Los mecanismos se pueden visualizar de la siguiente manera:

a- La Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, que será bipartita y representativa, y que tendrá a su cargo el estudio, análisis, y decisión sobre la generalidad del salario y de sus componentes.

b- Las comisiones sectoriales bipartitas y representativas que tendrán a cargo la revisión, análisis, estudio y definición sobre un sector institucional determinado.

c- Las Comisiones institucionales bipartitas en aquellos casos donde aún no se hayan firmado convenciones colectivas, las que tendrán a su cargo de revisar, estudiar y decidir sobre aspectos puntuales en esa institución.

d- La Convención Colectiva como instrumento más relevante del diálogo y la negociación

No cabe duda que del respeto y la valoración que se tenga sobre la importancia de resolver los asuntos de forma consensuada, de participar a los servidores y servidoras en la toma de las grandes decisiones, jugando en ello un papel preponderante las organizaciones sindicales, así comenzará a dignificarse también a las personas.

2- LA POLITICA SALARIAL UN INSTRUMENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INVERSION SOCIAL

Esta perspectiva parte del reconocimiento de que los salarios son uno de los principales componentes de la inversión pública, contrariamente a quienes piensan que los salarios constituyen gasto público, El compromiso del Estado con la sociedad es brindar servicios esenciales como educación salud, seguridad ciudadana, energía, agua, justicia, legislación, democracia electoral, seguridad laboral, garantía de los derechos de la niñez, de los adultos mayores, protección a la naturaleza, entre otra serie de aspectos, lo que no puede ser hacer sin la presencia y participación de decenas de miles de costarricenses que se dedican a brindar dichos servicios, para quienes su vida y la de sus familias depende del salario; es decir, las acciones que desarrolla el Estado a través de su sistema institucional, sirven al desarrollo del país y por tanto los recursos que se erogan para el reconocimiento salarial a esas personas no puede ser considerados como gasto sino como una inversión, de ahí que el Estado no puede orientar sus políticas de reducción del gasto congelando o disminuyendo los niveles salariales, o disminuyendo el número de trabajadoras y trabajadores.

Debe recordarse que al aplicar políticas de recorte le puede permitir al Estado obtener algunos ahorros en el corto plazo, pero provocará una desbandada, de las personas preparadas y experimentadas de la función pública en búsqueda de mejores horizontes, con ello la desprofesionalización del sector público, y el deterioro de sus servicios

3- LA POLITICA SALARIAL DEL SECTOR PUBLICO COMO INSTRUMENTO PARA LA REDISTRIBUCION DEL INGRESO

La política salarial puede concebirse también como ha sucedido en algunos casos, como un medio para redistribuir ingreso, generar empleo y satisfacer las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras del sector. Desde esta perspectiva debemos dar énfasis a la preservación y generación de nuevas plazas para brindar sus servicios que el país requiere, y para afrontar el reto que tiene el Estado de crear infraestructura estratégica para el desarrollo, en forma directa a través de sus instituciones. También esa política debe ser un medio para la revisión de brechas salariales internas, en los estímulos a los grupos de menores ingresos, en la capacitación permanente y el reconocimiento económico a esa capacitación

4- EL MANTENIMIENTO DEL PODER ADQUISITIVO DE LOS SALARIOS

El mantenimiento del poder de compra es un requisito mínimo de viabilidad de un sistema de incentivos a la función pública, y por ello se debe garantizar que el salario no pierda poder de compra. No cabe duda que el deterioro salarial conduce a la búsqueda de empleo en otros sectores, y como consecuencia de ello se evita el desarrollo de carreras del sector público.

Desde la anterior perspectiva es necesario orientar una política e mantenimiento de poder de compra de mediano plazo, enmarcado en reglas de negociación claras, las cuales deben ser cumplidas por el Estado, de requerirse variante alguna, sólo se podrá hacer a través de procesos de negociación, nunca unilateralmente, y mucho menos por la vía del decretazo.

Lo anterior conlleva a que el gobierno aplique un programa económico consistente, con metas claras y aceptables de reducción de la inflación, enfrentando las causas estructurales que provocan dicha inflación, entre las que se destacan la devaluación monetaria, las altas tasas de interés, entre otras. Somos concientes que un proceso inflacionario acelerado y con resultados muy altos presenta una tremenda dificultad, para poder mantener el poder de compra, y por supuesto genera una inseguridad absoluta en la economía de los hogares. La inflación constituye un impuesto perverso, que paga toda la ciudadanía pero que afecta con mayor impacto a quienes tienen ingresos menores. Es importante que para que los precios variable de petróleo no impacte con tanta fuerza en el crecimiento de la inflación es importante también que el Gobierno haga una revisión sobre la carga tributaria que pesa sobre los combustibles.

Es necesario también que la política salarial contemple la situación que viven varias regiones, especialmente las de alta incidencia turística, y algunas regiones abandonadas, donde el costo de vida es muy superior al que muestran los lugares donde se practica la encuesta, y las mediciones del IPC, por parte del INEC.

Son varios los mecanismos que pueden utilizarse para este propósito, entre ellos:

a- La proyección de la inflación conocida como inflación adelantada, que consiste en partir de cero y proyectar la inflación a un determinado plazo, que podría ser de un año, ajustando los salarios en el primer semestre del año en que se va a poner en práctica, en la mitad de esa proyección, por ejemplo se calcula que si el IPC en el año 2007 va a ser del 10%, para el primero semestre se otorgaría un ajuste del 5%, . A mitad de año o sea a principios de julio, La Comisión revisaría nuevamente la proyección de la inflación en el año, y si considera que el crecimiento será de un 12%, entonces al ajuste del segundo semestre 5% (por ser la otra mitad del crecimiento proyectado) se le ajustaría un 2%, y al finalizar el año se obtendría el resultado de la inflación anual y si ésta fue superior al 12%, la diferencia se aplicaría automáticamente al semestre posterior, y se conjuntaría con la mitad de la proyección del año 2008. De lo contrario si el resultado fue de un 11% al finalizar el año entonces al ajuste del primer semestre del año 2008, se estaría restando un punto, que ya se había otorgado.

b- Reconocimiento de la inflación acumulada es muy conocido por todos nosotros, aquí consiste en reconocer la inflación que ocurrió en un semestre determinado en algunos casos se ha utilizado los semestres contemplados entre noviembre – mayo – noviembre y en otros casos se ha contemplado los semestres comprendidos entre diciembre – junio – diciembre,

*c- *Reconocimiento de la inflación acumulada y un ajuste por inflación adelantada. Este es un mecanismo que consistiría en una mezcla de los dos anteriores, es decir la inflación del semestre anterior sería reconocida íntegramente, pero además para aliviar la situación del semestre a aplicar el ajusto se estaría adelantando una parte de la inflación por ocurrir, para lo cual habría que hacer proyecciones, de tal manera que se la inflación va a ser del 10%, para aliviar tres primeros meses del semestre se podría otorgar un 2.5% adicional.

*d- *La indexación salarial. Consiste en un mecanismo que proporciona los ajustes porcentuales mensualmente de acuerdo a la inflación ocurrida en el mes de anterior. Es un instrumento que guarda un mayor equilibrio entre el costo de vida y el salario real. Lógicamente que este tipo de instrumento requeriría de agilidad, eficiencia, dinámica, y eficacia permanente de las instituciones para realizar los cambios que se requerirían mensualmente para el pago oportuno de los salarios. Recordemos que con los ajustes semestrales, muchas instituciones no ejecutan en los tiempos definidos el pago de los ajustes, así que tendrían necesariamente que modernizarse para ejecutar un sistema como este.

Los anteriores mecanismos pueden tener dos vías para ponerlo en práctica,

a) Aplicarlo directamente al salario base, que es una opción importante pero a largo plazo ensancha las brechas entre los salarios de profesionales y de los no profesionales, lo otro es que si la inflación golpea a todos por igual, en términos absolutos la aplicación a la base de los ajustes porcentuales generas profundas diferencias entre los recursos que reciben las personas, es decir mientras un grupo considerable de servidores apenas cuentan con un plus salarial que se mueve conforme se mueve la base, (ejemplo las anualidades) otros tienen dos o varios pluses que también se mueven en relación a la base salarial. Y por lo tanto los montos absolutos que se reciben son sustancialmente diferentes.

b) Determinar el salario promedio global es decir bases más pluses salariales de todo el sector, en este caso se podría tomar los salarios del Servicio Civil o en su defecto el de todo el sistema institucional, al que se aplicaría un factor deflator, obteniéndose entonces una cantidad de colones que se aplicaría a los salarios bases para todas las categorías ocupacionales en igualdad de condiciones. Es decir si produce 5000 colones sería un monto para todos aplicado a la base. El factor deflator es una constante que se obtiene de calcular cuanto significa los pluses salariales en forma general por encima del monto de los salarios base. Aquí es necesario recordar que las anualidades oscilan entre un 2.5 y un 1.94% del salario base, pero si una persona cuenta con 20 anualidades, ese monto puede representar entre un 20% y un 25% sobre el salario base, un horario alterno representa un 50% sobre el salario base, la dedicación exclusiva y la prohibición pueden superar el 50%, del salario base, carrera policial representa un 15%, para citar algunos ejemplos. De acuerdo a criterios del Servicio civil los pluses salariales representan aproximadamente un 70% sobre el salario base. Este mecanismo tiene la ventaja que protege y mejora los salarios de los sectores no profesionales, pero provoca un cierre de brechas entre dichos sectores,

5- LA RECUPERACION DEL PODER DE COMPRA DE LOS SALARIOS

Diferentes estudios que hemos realizado en torno al crecimiento de los salarios base en su comparación con el crecimiento de la inflación en las últimas cuatro administraciones nos dan una idea del grave deterioro sufrido, que alcanza cerca de un 60% en términos promediales lo que no deja de ser difícil resolver, por lo que es indispensable, en primer lugar que el Gobierno reconozca ese deterioro salarial que se ha producido a lo largo del tiempo, y que permita encontrar algunas vías para que en forma gradual y sostenida puedan irse recuperando dichas pérdidas, a la par de que se respete la política de mantenimiento del poder adquisitivo con respecto a las futuras inflaciones.

Aquí podríamos encontrar algunas vías importantes.

a- Ajustes técnicos para los sectores más golpeados, y cuyos salarios base han quedado por debajo de los salarios mínimos que establece el Consejo Nacional de Salarios para el Sector Privado. Además ajustes técnicos que permitan resolver los desequilibrios generados en la estructura salarial del Servicio Civil.

b- Ajustes porcentuales por crecimiento de la productividad nacional, consistente este mecanismo en la comparación de la producción entre el número de trabajadores

c- Ajustes porcentuales cada vez que el PIB nacional sube más del 4%

d- Ajustes porcentuales cada vez que el sistema tributario elva su capacidad de recaudación por encima del 20%

6- LA REDEFINICION DEL SISTEMA DE LOS SALARIOS

Resulta importante aquí entrar a una revisión de los sistemas salariales existentes, los que para su pago se utilizan recursos del provenientes del presupuesto nacional. Ello significa realizar un intenso análisis entre los salarios que define La Dirección General del Servicio Civil para los trabajadores y trabajadoras del Poder Ejecutivo, El Tribunal Supremo de elecciones, El Poder judicial, La Asamblea Legislativa, así como los que se fija la Procuraduría General de la República, La Contraloría General de la República y La Defensoría de los Habitantes, como órganos adscritos a dichos poderes. No se trata aquí bajo circunstancia alguna de cuestionar los salarios que esas instituciones han determinado, sino de comparar, la naturaleza del trabajo, las actividades que se realizan, los requisitos, las responsabilidades, que tienen para determinar realmente si se justifica que los salarios determinados por el Servicio Civil estén en algunos casos un 25% o más por debajo de los otros, y si es indispensable hacer los ajustes para revalorar los salarios que determina este organismo, logrando con ello un mayor equilibrio salarial, y haciendo una mayor justicia con los servidores que dependen directamente o por homologación de las decisiones que tome la Dirección General del Servicio Civil.

También es importante revisar la situación sufrida en aquellas instituciones a las que la Autoridad Presupuestaria le impuso límites a sus políticas salariales y que al igual que en el Gobierno Central se encuentran muy afectada en sus niveles salariales.

7- REFORMAS AL SISTEMA DE INCENTIVOS SALARIALES

Es de vital importancia hacer una revisión a varios de los componentes del sistema de incentivos salariales y tratar de crear otros también de gran relevancia como:

7.1 Escala de anualidades

a- Rompimiento de tope de la escala de anualidades: Para nadie es un secreto que las decisiones tomadas en torno a materia de pensiones, está haciendo que las personas forzosamente tengan que permanecer durante más años en la administración pública, pero además de ello si así no lo fuera sería también de gran irrelevancia crear los incentivos necesarios para que la gente con preparación y experiencia se quede durante más años dando su aporte y con ello fortaleciendo la calidad del servicio público, por ello resulta vital que el tope de 30 años que se impone a dicha escala se rompa, y se reconozca la experiencia a los funcionarios y funcionarias que superan esos años en la administración.

b- Revisión a los porcentajes de la escala de anualidades que emite El Servicio Civil. En diferentes oportunidades hemos indicado que al crear la Ley de Salarios de la Administración Pública, en esta se consignó una escala de anualidades que oscilaban entre el 4% para el salario más bajo de la escala y 2.7 para el más alto. A través del tiempo el Servicio Civil fue causando una variante, hasta que en el año 1993 después de una huelga de varios días y un proceso de negociación tendiente a resolver el problema, se logró definir que la escala no volvería a bajar y que al salario mínimo de clase se le seguiría aplicando el 2.56% para determinar el monto absoluto de cada anualidad, cerrando la escala en un 1.94. No cabe duda que el propósito que se perseguía era recuperar la escala original, pero ello no se pudo hacer y en aquel momento fue aceptado ese mecanismo de aplicación.

Durante varios años se aplicó de esa forma aunque el cierre nunca lo hicieron en el último nivel de los salarios lo que daría una gradualidad más profunda a la escala, por el contrario, el Servicio Civil ha cerrado la escala aplicando el 1.94% a partir de un intermedio de dicha escala, y lo que es más grave sin que mediara ningún proceso de negociación sobre la escala a partir de enero 96 el Servicio civil emitió una escala que se abre con 2.36% en el primer nivel (salario más bajo de la escala) y lo cierre con el 1.94% en el nivel 206.

Debe recordarse que esa escala tiene 799 niveles salariales. Pero veamos como es el juego, cada vez que sube el salario mínimo de clase que es el de la categoría ocupacional misceláneo 1 (actualmente 124850 colones) el Servicio ha colocado ese salario en el primer nivel y a ese le aplica el 2.56% y de ahí en adelante aplica la gradualidad descendente sobre los diferentes niveles hasta que la cierra en 1.94%. En esta oportunidad Mediante Resolución DG-05-2006, el Servicio Civil mantiene un salario anterior como mínimo de clase, es decir 113650 que corresponde al salario mínimo del mes de julio de 2005 con el ajuste del 5% del 2006, es decir el gobierno excluyó el ajuste de noviembre (9.81) de la aplicación de las anualidades.

Como puede notarse bajo eses procedimiento el Servicio civil rebajó en un 0.20% el inicio de la escala, ya que esta debió comenzar a partir del salario 124850, a la correspondería un monto absoluto de 3196 colones, mientras que como quedó la escala le corresponde 2909, es decir 287 colones menos. Para una persona con 20 anualidades se le está dejando de pagar una diferencia de 5740 colones. Desde el punto de vista económico ello representa una economía sustantiva para el Gobierno y una pérdida considerable para los trabajadoras y trabajadores.

Que pasa en otros ambientes, veamos: a los médicos se les aplica el 5.5% sobre el salario baso. En el INS el 5.2%, en la UNED y el ITCR el 5%, en la CNFL el 4.5%, En el ICE el 3.56%, en el Banco Popular y en la Contraloría General de la República el 3.5%, en ICAA, el CNP, la UNA, el BNCR, BCAC, la CCSS, La UCR el 3%, en el TSE entre el 2.12 y el 2.35%, en la defensoría de los Habitantes el 3.5%, el 3.85% y el 4.35% , como puede verse existe una diferencia sustantivo entre estos sistemas siendo la del Servicio Civil la más baja de todas ellas.

7.2 Dedicación Exclusiva y Prohibición: recordemos que en el caso de profesionales a nivel de licenciatura se les otorga por esos conceptos hasta un 55% sobre el salario base para el primer caso y hasta un 65% en el segundo, no obstante a los que tienen nivel de bachillerato se les otorgan porcentajes mucho menores, cando se les aplica alguna de los dos componentes, este es un asunto injusto porque para ello está la diferencia sobre el salario base, que establece la brecha entre los dos grados o entre las categorías ocupacionales, pero la prohibición, o la dedicación exclusiva obliga a los dos en las mismas condiciones y por ello es necesario que se de un equilibrio en este campo.

7.3 Carrera Profesional: El incremento en maestrías, doctorados, y otros postgrados hacen necesario entrar a revisar la carrera profesional, y determinar los puntos más convenientes en esta materia, al mismo tiempo, como al valor del punto por carrera profesional se le han aplicado los porcentajes que el Gobierno ha dado para los salarios, es decir muy por debajo de la inflación, es decir el valor se ha devalorado, es necesario revisarlo y mejorarlo, para que realmente sea estimulante a efecto de que las personas se capaciten en forma permanente.

7.4 Zonajes: Se requiere realizar una revisión integral al sistema de zonajes que existe en el país a efecto de estimular la presencia de personal suficientemente calificado y experimentado no solo en las zonas incómodas e insalubres sino también en las zonas de menor desarrollo y de alta conflictividad.

7.5. Viáticos: Este es un aspecto de gran relevancia para los funcionarios y funcionarias que deben hacer desplazamientos periódicos para ejecutar sus trabajos, sistemas de inspección por ejemplo entre los muchos que desarrollan actividades fuera de su oficina, de tal manera que realmente los gastos de viaje sean cubiertos en su totalidad considerando las zonas que se han encarecido como consecuencia del auge del turismo y otras por dificultades de transporte o de otra naturaleza.

7.6 Incentivos por productividad. Aquí es importante destacar que para crear un incentivo de esta naturaleza se requiere hacer estudio en cada una de las instituciones, porque ello demanda aspectos relacionados como capacitación, mejoras tecnológicas y de equipamiento, cambios en procedimientos, trabajo de equipo, mecanismos de administración horizontal y no vertical, lo que llevaría a un proceso en cada institución, por lo que finalmente estos mecanismos deben quedar establecidos en forma general, y secotrialmente, institucionalmente o por convención colectiva se pueden establecer.

8-OTROS ELEMENTOS A CONSIDERAR SON:
8.1 Disponibilidad
*8.2*Reconocimiento a Jubilados
8.3 Fechas de pago
8.4 Reducción del impuesto al salario

Memoria del Saqueo

Viernes 28 de julio de 2006
Canales de televisión 19 y 70 de UHF
a las 5:00 p.m.
Programa: Causa y Efecto
Director: Oscar Mantilla

Sinopsis

La película recuerda y analiza el período entre los años 1976 y 2001, retratando la decadencia económica, social, política, cultural y moral, realizando un duro cuestionamiento a las privatizaciones, el manejo de la deuda externa y el derrumbe industrial hasta llegar a la caída del gobierno de Fernando de la Rúa.

Memoria del saqueo – (Argentina, Francia y Suiza – 2004)
Género: Documental.
Dirección: Fernando E Solanas.
Guión: Fernando E. Solanas.
Fotografía: Alejandro Fernández Mouján y Fernando E. Solanas.
Música: Gerardo Gandini.
Duración: 120 minutos

Política de Arias: Se avecina período de altísima agitación social

La agilización atropellada del trámite del denominado tratado de “libre” comercio (TLC), y sus proyectos “estrella”: la privatización-apertura de telecomunicaciones y de los seguros, son detonantes políticos de una altísima agitación social confrontativa.

Además, nadie está dispuesto a aceptar una reforma fiscal que no sea aquella que ponga a pagar a los grandes capitales y a las grandes fortunas, gigantescamente beneficiados con las políticas económicas neoliberales de los últimos gobiernos.

El Gobierno neoliberal del Presidente Arias Sánchez decidió apostar por una confrontación social abierta, antes de que se le agote el de por sí escuálido apoyo político que tuvo en las elecciones generales de febrero.

Además, se sigue creyendo que el escenario extraparlamentario de la resistencia cívica permanecerá inmóvil, negándose a considerar que el Referéndum de la Calle se ha convertido en un factor político de primer orden y en aglutinador de todos los enojos acumulados en la ciudadanía por el proceso de exclusión sistemático que vive de los beneficios del crecimiento económico.

Habrá acción callejera sin la menor duda. Todos los sectores sociales en su riquísima amplitud y diversidad, se han venido preparando para los momentos culminantes que a lo largo de los próximos nueves meses, mostrarán un escenario social de confrontación completamente abierta.

Así lo provoca el grupo político minoritario de la oligarquía financiera, gran exportadora e importadora y su prensa mediática, hoy representada por el gobierno del Presidente Oscar Arias Sánchez.

Particularmente para la ANEP y los sectores sociales con los cuales nos relacionamos directamente, los próximos nueves meses (1 de agosto – 30 de abril), constituyen un “Período de Emergencia Política” y sobre esa base se tensarán al máximo sus mecanismos de concientización, organización y movilización.

San José, 27 de julio de 2006.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

TLC entre México, Canadá y Estados Unidos ¡FRACASÓ!

Muro que signa el fracaso del NAFTA

Por Anuradha Mittal (*).

Recientemente los parlamentarios canadienses del Nuevo Partido Democrático y del Bloque de Quebec se reunieron con sus homólogos estadounidenses y mexicanos para declarar que el Tratado Norteamericano de Libre Comercio, conocido por su sigla inglesa NAFTA, constituye una “tragedia continental”. “Si hubiera sido un éxito no haría falta la muralla que Estados Unidos quiere construir en su frontera con México ni habría tampoco necesidad de militarizarla”, dijo el legislador mexicano Víctor Suárez.

El debate sobre el destino de 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos continúa, sin embargo, ignorando las cuestiones estructurales que los han forzado a dejar sus hogares. Los acuerdos de libre comercio como el NAFTA prometieron crear más puestos de trabajo, superávit comerciales y un mejor nivel de vida en los países firmantes de esos tratados. Pero la realidad dice lo contrario.

En México se cultiva maíz desde hace 10.000 años. Bajo el NAFTA, que se supone debía “nivelar los terrenos de juego”, México abrió sus mercados a las importaciones de Estados Unidos, incluyendo entre ellas el maíz. Los agricultores mexicanos fueron entonces incapaces de competir contra los grandes productores estadounidenses maiceros, en su país los mayores receptores de subsidios estatales, que llegan a un monto de 10.000 millones de dólares, algo así como 10 veces más que el presupuesto agrícola de México para el año 2000. Este multimillonario subsidio de Estados Unidos a la producción de maíz permitió un dumping estadounidense en el mercado mexicano por un total de entre 105 y 145 millones de dólares anuales.

No puede sorprender entonces que las exportaciones estadounidenses de maíz a México se hayan triplicado y que cubran casi un tercio del mercado interno mexicano, lo que lleva a una crisis en el sector maicero. El incremento de las importaciones ha reducido los precios reales del maíz mexicano en más del 70% desde 1994. La baja de los precios significa para los maiceros mexicanos una caída en sus ingresos que, a su vez, provoca el forzoso abandono de sus tierras y la migración. En 1997, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 47% de la población mexicana estaba ocupado en la agricultura. Se estima que en el 2010, ese porcentaje caerá al 18%.

Lejos de operar en un “campo de juego nivelado”, el NAFTA ha significado un certificado de muerte para pequeños agricultores y coloca a los campesinos mexicanos en el extremo equivocado de un empinado y abrupto campo de juego que, en cambio, se hace cuesta abajo para los productores del Mediooeste de Estados Unidos.

Los defensores de los tratados de libre comercio a menudo destacan la creación de puestos de trabajo en México como un éxito del NAFTA. Sin embargo, el Economic Policy Institute (EPI), con sede en Estados Unidos, señala que mientras los empleos de bajos salarios y baja productividad (por ejemplo el trabajo no retribuido en empresas familiares) creció rápidamente desde principios de los años 90, en 1998 los ingresos de los trabajadores asalariados cayeron en un 25%, en tanto que los de autoempleados bajaron en un 40% . El EPI indica que los salarios decrecieron en aproximadamente un 27% entre 1991 y 1998, en tanto que el ingreso global por hora de trabajo cayó en un 40%. Además, el salario mínimo perdió alrededor del 50% de su poder de compra en la última década. Los salarios en la industria también bajaron en casi el 21% en ese período. De modo que mientras el NAFTA benefició a unos pocos sectores de la economía, sobre todo a las industrias maquiladoras y a los muy ricos, en realidad aumentó la desigualdad y redujo los ingresos y la calidad del trabajo para la vasta mayoría de los trabajadores mexicanos.

El fracaso del NAFTA junto con el fracaso de Estados Unidos en eliminar sus distorsionantes subsidios han forzado a millones de mexicanos a tomar rumbo hacia la frontera. La cifra divulgada en 1995 de 2 millones 500 mil inmigrantes indocumentados pasados de México a Estados Unidos ha subido a 8 millones desde entonces. Con la esperanza de una vida mejor, los mexicanos corren el riesgo de cruzar la frontera, pero sólo terminan por hallar la esclavitud en los campos de Estados Unidos, por ser encarcelados en la frontera, por ser objeto de la xenofobia de legisladores estadounidenses y a veces incluso por encontrar la muerte en el intento. En 2005 se estima que unos 400 mexicanos murieron al intentar cruzar la frontera.

Como ninguna muralla será capaz de eliminar la presión existente en la frontera estadounidense-mexicana surgen unas simples preguntas: ¿deberían ser criminalizados los inmigrantes en nuestras fronteras amuralladas o deberemos deshacernos de los tratados de libre comercio o renegociarlos? ¿Deberíamos culpar a las víctimas de los acuerdos de libre comercio o asegurar que del mismo modo que los capitales y las mercancías cruzan libremente las fronteras también puedan hacerlo los hambrientos, los desamparados y los desposeídos? (FIN/COPYRIGHT IPS)

(*) Anuradha Mittal, fundadora y directora del Oakland Institute.
http://www.telesurtv.net/opinion-mittal.php

“Propuesta de marco conceptual y jurídico para el fortalecimiento del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la regulación de las telecomunicaciones en Costa Rica”

Introducción

La Comisión Especial designada por la Rectoría, para el análisis de las distintas propuestas de ley para la modernización del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), ha trabajado en forma continua desde el año 2000. En abril del 2000, le fue encomendado realizar un estudio pormenorizado del proyecto integrado de Ley General de Telecomunicaciones, Ley General de Electricidad y de Modernización del ICE, mejor conocido como el “Combo del ICE”. En marzo del año 2003, la Comisión procedió análisis del proyecto de reforma parcial a la Ley del ICE, expediente 15.083.

En junio del 2003, ante la inminente firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana, por parte del Poder Ejecutivo, la Rectoría le asignó a la Comisión la tarea de evaluar el impacto que este acuerdo tendría sobre el sector de las telecomunicaciones, así como de sus posibles repercusiones en el desarrollo económico, social, cultural y político de Costa Rica.

Los resultados de las deliberaciones que han tenido lugar en el seno de la Comisión Especial, están consignados en tres informes que preceden al presente documento, a saber: (1) “Evolución, estado actual y futuro de la electricidad y las telecomunicaciones en Costa Rica (2002); (2) “Informe sobre el proyecto de reforma parcial a la Ley del ICE, expediente 15.083” (2003); y (3) “Las telecomunicaciones, el ICE y el Tratado de Libre Comercio” (2004).

En julio del 2004, la Rectoría encargó a la Comisión Especial que se ocupara de establecer los lineamientos y contenidos de un Proyecto de Ley Marco de las Telecomunicaciones en Costa Rica.

Con el propósito de dar cumplimiento a esta nueva responsabilidad, la Comisión Especial consideró pertinente elaborar, junto con la propuesta de Proyecto de Ley Marco de las Telecomunicaciones, varios documentos introductorios, a saber: (1) una visión del papel de las telecomunicaciones en el desarrollo presente y futuro del país, en un contexto de eficacia, justicia y solidaridad;(2) el marco conceptual para una propuesta de Ley Marco de las Telecomunicaciones en Costa Rica, el Libro Blanco de
las Telecomunicaciones; y (3) una síntesis de los antecedentes jurídicos, así como de las distintas etapas que han caracterizado el desarrollo de las telecomunicaciones en Costa Rica.

De igual manera, y en concordancia con las recomendaciones formuladas en sus tres informes previos, la Comisión Especial consideró esencial la elaboración de una propuesta para la modificación del Decreto Ley 449 del 8 de abril de 1949 y sus reformas, mediante la cual se le devuelva al ICE la condición plena de institución autónoma; se le dote de los mecanismos y procedimientos necesarios para facilitar una fluida gestión administrativa y financiera; y se le permita, en su condición de operador estatal, abrir espacios para la participación del sector privado nacional en
la realización de actividades complementarias en materia de telecomunicaciones, la formalización de alianzas estratégicas con empresas públicas y privadas, y la participación en programas de cooperación de alcance regional e internacional.

El proceso de reflexión que ha guiado los trabajos de la Comisión, se ha caracterizado por la búsqueda y análisis de las opiniones de destacadas personalidades provenientes de los ámbitos social, económico y político, y de las más diversas perspectivas disciplinarias y sectoriales. Asimismo, se tuvo en consideración los criterios de varios especialistas del sector público y del privado, así como de expertos internacionales en
el desarrollo y gestión de las telecomunicaciones.

Durante la presente fase de trabajo, la Comisión ha ponderado la diversidad de intereses que enfrenta el desarrollo de las telecomunicaciones en la actual coyuntura de globalización de los mercados y ha analizado en detalle, tanto las repercusiones
que tendrían distintos grados de apertura de las telecomunicaciones, así como las restricciones que actualmente afectan al Instituto Costarricense de Electricidad, para dar respuesta a los retos que las exigencias del libre comercio le plantean país.

En este proceso de análisis y propuesta, la Comisión ha tenido como referente el marco conceptual de sus trabajos en relación con los distintos proyectos de ley para el fortalecimiento y la modernización del ICE, que ha conocido la Asamblea Legislativa.

De igual manera, la Comisión ha considerado la evolución de las telecomunicaciones globalmente, así como los alcances del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, los países de Centroamérica y la República Dominicana, con particular referencia al Anexo 13.

El presente documento constituye, en esencia, una lectura de situación y una propuesta de visión construida sobre la base de las más variadas consideraciones, privilegiando, eso sí, los postulados del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, en cuanto a las necesarias transformaciones sociales, culturales, económicas, científicas y tecnológicas, para un desarrollo con equidad, justicia social y respetuoso
de las más importantes tradiciones de los costarricenses. Dentro de esta perspectiva, la Comisión ha partido de la convicción de que todas las políticas gubernamentales para el desarrollo deben tener en consideración las consecuencias sociales, culturales, económicas y ambientales que de ellas se deriven, reconociendo la solidaridad como fundamento de toda política de desarrollo sostenible.

Al asumir el estudio y la preparación de una propuesta de Ley Marco de las Telecomunicaciones, la Comisión analizó los aportes que en materia de telecomunicaciones y electricidad ha proporcionado el modelo costarricense, para concordar en que es posible ajustar este modelo a los requerimientos de la apertura a los mercados globales, aprovechando sus ventajas comparativas, sin renunciar por ello a los principios y valores de justicia social y solidaridad en que se fundamenta.

La Comisión está convencida de que es posible continuar creciendo tecnológicamente, sin poner en riesgo el patrimonio natural e institucional de los costarricenses, y considera que el sector de telecomunicaciones puede fortalecerse y desarrollarse tecnológicamente dentro del marco legal del dominio público, sirviendo de plataforma para una propuesta de desarrollo de largo plazo, socioeconómicamente equilibrado y sostenible en materia ambiental.

La Comisión reconoce, igualmente, que la brecha digital y el retraso tecnológico que se le atribuyen al Instituto Costarricense de Electricidad, no son necesariamente el resultado de que las telecomunicaciones y la electricidad hayan permanecido dentro del ámbito del dominio público, sino más bien una consecuencia de los procesos de reducción y debilitamiento del Estado, las limitaciones presupuestarias y las ataduras
que impone la normativa vigente sobre contratación de recursos humanos, obras, equipos y servicios.

Para la Comisión, la Ley Marco de las Telecomunicaciones debe estar orientada a garantizar el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones, en tanto servicios públicos, como elemento consustancial para un desarrollo sostenible de la sociedad costarricense.

Para ello, el Estado debe garantizar que los servicios prestados respondan a los principios de universalidad, solidaridad, continuidad, eficiencia, adaptabilidad, y servicio al costo.

Asimismo, la Comisión considera que la dimensión solidaria en las telecomunicaciones debe estar íntimamente ligada al principio de servicio universal, como el instrumento idóneo que permite materializarla en un determinado contexto espacial y social. El acceso universal implica no sólo una amplia cobertura de la población, idealmente la totalidad de la población nacional, sino también tarifas asociadas con el nivel de ingreso de esa población, de modo que, independientemente de su condición
socioeconómica, todos los habitantes tengan opción al servicio.

El presente documento está dividido en cinco partes: en la primera se analizan las perspectivas para el desarrollo de las telecomunicaciones en un marco de eficacia, justicia y solidaridad; la segunda corresponde a una propuesta de marco conceptual para el desarrollo de las telecomunicaciones en Costa Rica; la tercera incluye una síntesis del marco normativo, así como de las distintas etapas que han caracterizado el desarrollo de las telecomunicaciones en Costa Rica; en la cuarta se presenta la propuesta de ley para la modificación del Decreto Ley 449 del 8 de abril de 1949 y sus reformas; y en la quinta se detalla el proyecto de Ley Marco de las Telecomunicaciones en Costa Rica.

En síntesis, el presente documento ofrece los elementos centrales de una propuesta para realizar las transformaciones necesarias y consolidar un sector de telecomunicaciones moderno, eficiente, internacionalmente competitivo, inspirado en una visión de solidaridad y de universalidad de los servicios.

La propuesta de la UCR para la reforma ICE, escúchela en Radio U

Domingo 30 de julio de 2006
2:00 p.m.
Radio U 101.9 FM.
Programa: Voces y Política

Producción General:
Manuel Rojas Bolaños y Elberth Durán Hidalgo

Participantes:

Ing. Jorge Gutiérrez, Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
Dr. Manuel Maria Murillo, Coordinador, Comisión Especial sobre Telecomunicaciones UCR.
Dra. Margarita Bolaños, Directora, Sede Atlántico, UCR.
Mag. Ismael Mazón, Decano Facultad de Ingeniería, UCR

Propuesta de Reforma del ICE de la UCR

Financiamiento total de la maternidad: PUSC retoma propuesta formulada por ANEP

San José, 26 de julio de 2006.
S.G. 05-07-0710-06

Diputada
Ana Elena Chacón Echeverría
Fracción Parlamentaria del
Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)
Asamblea Legislativa
Su Despacho

Estimada señora Diputada:

En primer término, le expresamos el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

Hemos tenido conocimiento del proyecto de ley presentado por usted, para modificar el mecanismo actual de financiamiento de la maternidad, proponiendo que sea la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la que asuma el pago de la totalidad del monto de las licencias por maternidad de las trabajadoras asalariadas.

Ciertamente, para las mujeres asalariadas los logros en materia de protección social estarían generando un efecto “boomerang”, que opera tanto en detrimento en la contratación de mujeres, como en numerosas violaciones a la legislación vigente, mediante el despido de las mujeres una vez embarazadas.

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que de acuerdo a la Ley de Protección al Trabajador (LPT), aprobada en 1998, se estableció que en un plazo de cinco años la cobertura de los seguros de la CCSS debería variar de una situación de obligatoriedad para trabajadores(as) asalariados(as) y voluntariedad para trabajadores(as) independientes; a una situación de obligatoriedad para las personas trabajadoras asalariadas e independientes del país (LPT, transitorio XII).

Si pensamos en un escenario de universalización del seguro obligatorio a las trabajadoras no asalariadas, estaremos también ante el problema de cómo financiar las licencias por maternidad de estas trabajadoras, sin que esto signifique penalizar a estas mujeres por cumplir una función de carácter social.

Además, si recordamos que gran parte del trabajo que realizan las mujeres es no remunerado, dentro y fuera del hogar, entonces podríamos plantearnos cómo lograr que la maternidad, necesaria para la reproducción de la sociedad en su conjunto, se vuelva efectivamente una responsabilidad compartida por hombres y mujeres, sean o no madres ó padres.

Por este medio nos permitimos manifestarle que este tema ya ha sido objeto de análisis, discusión y propuesta en nuestra organización sindical.

En diciembre del 2001, en una actividad en la que reunimos a varias organizaciones de la sociedad civil, presentamos un estudio denominado “El financiamiento del embarazo en el trabajo: ¿cómo eliminar el efecto “boomerang” y expandir los logros alcanzados?”

Este documento, además de realizar un diagnóstico de la situación actual, contiene propuestas para abordar el tema no sólo del financiamiento de la maternidad de las trabajadoras asalariadas, sino también de las independientes y de las mujeres que realizan trabajo no remunerado.

Nos alegra mucho que desde el parlamento se pueda materializar esta iniciativa, por intermedio del impulso al proyecto de ley respectivo que usted, y nos imaginamos que toda la fracción socialcristiana, ha decidido impulsar; anhelando que también sea respaldado por el resto de las representaciones legislativas, para lo cual nos comprometemos a dar nuestro aporte en tal sentido.

Por este medio, de manera respetuosa, le solicitamos nos conceda una audiencia con el fin de exponerle el resultado de nuestro trabajo en ese tema, con el único fin que enriquecer una propuesta como la suya que, indudablemente, constituiría un importante avance no sólo en los derechos de las mujeres, sino en la concepción de la maternidad como responsabilidad social.

Agradeceríamos que de ser posible, nos comunique su anuencia a recibirnos al fax 257-88 59.

Sin más por el momento, nos suscribimos atentamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Se «quemó» La Nación S.A.

Flora Fernández
Costa Rica Solidaria
cr-solidaria@costarricense.cr

La protesta nacional de hoy 25 de julio, contra la tiranía mediática encabezada por La Nación, es un acto que pretende denunciar la forma en que han venido manipulando la información, evadiendo el debate y la discusión amplia que merece un asunto tan serio como es el Tratado de Libre Comercio.

Es una protesta pacífica pero firme. Es una protesta contra la intolerancia y la limitación a la libertad de expresión. Es una protesta que pretende se abran espacios al debate. La participación de los jóvenes en diversas partes del país, representa un reverdecer de luchas patrióticas del pasado, donde fueron ellos quienes detuvieron proyectos tan nocivos como el de Walker, Alcoa o el Combo. Representa un reverdecer que llena de entusiasmo y debe alegrarnos que en la lucha contra el TLC tantísimos jóvenes se hayan involucrado y salieran de la indiferencia para involucrarse en la lucha. En Chile y Francia lograron detener barbaridades, aquí también lo harán en su momento.

Es mejor que hoy quememos unas hojas del periódico La Nación en forma simbólica, a permitir que el pensamiento de columnistas como Julio Rodríguez y Jaime Gutiérrez Góngora sigan provocando y nos lleven a una confrontación sangrienta. (Ver abajo columna de uno de ellos: Para salvar al país de los ticos y cualquier columna “En vela”)

Gandhi en la India quemó unos “pases” (documentos que los ingleses obligaban a los Indios a portar) como una forma de rebelión a lo que consideraba absurdo. Juan Santamaría, a instancias de don Juanito, quemó el mesón y así acabó con lo que habría sido una esclavitud duradera para Costa Rica

Hoy recogeremos muchos periódicos para la quema simbólica, pero sólo quemaremos unas hojas y los demás quedarán apilados para que los indigentes puedan recogerlos y llevarlos a reciclaje.

Hoy pediremos que se abra un debate nacional de ideas para que la Patria no vuelva a arder como en 1856. Hoy los que amamos la Patria y la soberanía haremos un llamado al debate, al diálogo a la discusión, que es precisamente lo que han eludido desde Oscar Arias hasta los que apoyan y negociaron el TLC con la complicidad de varios medios de comunicación.

Si callamos hoy, será para siempre.

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Para salvar al país de los ticos
Jaime Gutiérrez Góngora

Un complejo de inferioridad hace que el tico tenga terror a los desafíos y al cambio

Creo que fue don Óscar Barahona Streber quien primero hizo la distinción entre un costarricense y un tico. Esta diferencia no fue una simple ocurrencia porque tiene consecuencias prácticas. El tico es irresponsable, pretende lo mejor a cambio del menor esfuerzo, es egoísta y egocéntrico y tiene un complejo de inferioridad que le hace tenerle terror a los desafíos y al cambio, entre otras virtudes.

El costarricense, en cambio, es, en general, el reverso de esa medalla. Los ticos quieren aislar a Costa Rica del mundo en medio de un hito histórico nacional en el cual está en juego definir si el país va a ser rico o tercermundista para siempre, mendigando en la escena internacional.

Algunos líderes sindicales son más que un estorbo para el desarrollo del país; son un gran peligro. Han adquirido un definitorio poder sobre la economía y pretenden gobernar y, de hecho, lo están haciendo. En la calle han logrado echar para atrás iniciativas de los poderes del estado para generar riqueza como Alcoa, el distrito financiero, el canal seco y el “combo”. Han tenido la osadía y la fuerza para negar a las autoridades electas el poder que les otorgó el voto popular.

Negación de la realidad. Hasta ahora, los costarricenses no han encontrado la forma de defenderse. No han buscado la fuerza en la unión de voluntades ni la forma de movilizar a la mayoría silenciosa para no tolerar el desmantelamiento de su centenaria democracia, para que no sea en las calles donde se gobierna. Cada uno, todavía, sigue viviendo su propia vida como esperando que alguien, y no ellos, solucione un problema que no ven amenazante en la negación de la realidad en que viven.

Pero esta batalla contra las fuerzas retrógradas tiene que ser ganada. La idea de que lo que existe es una batalla es algo que no ha calado en los costarricenses. Es un enfrentamiento no solo contra los métodos ilegales sindicalistas, sino también contra su usurpación del poder. Su resistencia a la incorporación de Costa Rica al mundo ha demostrado que no es amena a la moderación. No están dispuestos a un compromiso. Por lo tanto, tiene que haber un ganador y un perdedor.

El reto de los costarricenses es convencer a la mayoría silenciosa de que ya no hay más que hablar: se está a favor del TLC o no. No se va a lograr la salida de esta crisis en terceros que corran los riesgos para el beneficio de gente que no supo luchar. Los costarricenses tienen que dar la lucha: por sus propios intereses y los del país.

Pérdida de protagonismo. Creo que el Gobierno es poco lo que puede hacer si no cuenta con su apoyo. Hace décadas que la fuerza pública dejó de ser protagonista del destino de Costa Rica. Se ha confundido el imperativo de la fuerza con la guerra, y la paz con la rendición de valores.

Hay problemas, también, para movilizar voluntades. Las cámaras patronales tienen miedo. La era del “socialismo tropical” los dejó temerosos, inseguros de sí y de su misión. Se les hizo creer firmemente que ser empresarios, invertir y correr riesgos para lograr una ganancia es pecado. Y la verdad es que el único pecado de las ganancias es precisamente la ostentación, que es una afectación propia de mentecatos.

Urge vencer el miedo y la indiferencia y lanzarse a las calles para defender, sin complejos y con convicción, el futuro de Costa Rica. Un futuro en el que el crecimiento económico pueda financiar los beneficios sociales que se han ido perdiendo. La seguridad social, por ejemplo, se ha convertido en una irrelevancia y en un impuesto cruel con sus eternas colas. Hay que lograr lanzar a los costarricenses a las calles. Existe un imperativo primordial que es más que un derecho y es el deber biológico de la defensa. Si los ticos marchan hacia la Asamblea Legislativa por el oeste, los costarricenses marchan desde el este. Es al miedo a lo único que hay que temer. Para esto, hay que vencer los complejos y la complacencia, y prepararse para lanzarse a las calles para salvar a Costa Rica de los ticos.

Seccional de ANEP en la Contraloría General de la República solicita negociación salarial

San José, 25 de julio de 2006
SACGR-03-2006

Licenciada
Rocío Aguilar Montoya
Contralora General
Contraloría General de la República

Estimada señora:

Reciba un cordial saludo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y de nuestra Seccional en la Contraloría General de la República.

Las administraciones que han gobernado nuestro país en los últimos 16 años, se han caracterizado por la ausencia de una política salarial y porque la mayoría de reajustes salariales por costo de vida, ni siquiera igualan en porcentaje el aumento en el costo de vida, además de que han sido impuestos a través de la vía del decreto, sin que medie negociación con las organizaciones sindicales. En los últimos 20 años, los salarios reales han perdido la capacidad de compra en más de un 50%. Veamos:

Gobierno Inflación Acumulada Ajuste costo de vida Diferencia %
Calderón 70.94% 43.50% -27.44%
Figueres 63.63% 46.60% -17.03%
Rodríguez 42.57% 39.33% -3.24%
Pacheco 45.44% 33.21% -12.23%
Totales 222.58% 162.64% -59.94%

Pese a que las exportaciones han crecido 10 veces en estos años; la inversión extranjera se ha cuadriplicado y sólo el año pasado, según los informes del propio Banco Central, la economía creció a un ritmo del 6%, la calidad de vida de los y las trabajadoras ha empeorado. La tasa de pobreza pasó del 20% al 27% de las familias, la tasa de desempleo en promedio, aumentó en este período de un 5.4% a un 7% y la inflación ha superado significativamente los ajustes salariales, generando un acelerado deterioro en el poder de compra de los salarios.

La presente administración, pareciera no tener vocación de modificar esta tendencia, que se manifiesta en el progresivo empobrecimiento de la clase trabajadora costarricense, y pese a que se han iniciado conversaciones con las organizaciones laborales representantes de los intereses de las y los empleados públicos, no visualizamos para este segundo semestre del 2006, un reajuste que disminuya la pérdida adquisitiva que han sufrido los salarios en los últimos tiempos.

En razón de lo anterior, consideramos que la Contraloría General de la República de acuerdo con el artículo 7 de su Ley Orgánica, el cual establece que_ “En el ejercicio de sus potestades, la Contraloría General de la República goza de absoluta independencia funcional y administrativa, respecto de cualquier Poder, ente u órgano público. Sus decisiones solamente se encuentran sometidas a la Constitución Política, a tratados o convenios internacionales y a la ley.”_, y siendo que esta autonomía está garantizada por la propia Constitución Política en su artículo 183, se plantee la alternativa de establecer su propia política salarial, tal y como lo hace la Caja Costarricense de Seguro Social, el INS, los bancos públicos o la Corte Suprema de Justicia.

De conformidad con lo apuntado, solicitamos respetuosamente a su Autoridad, se analicen los diferentes parámetros legales, económicos y presupuestarios para establecer y definir una política salarial en nuestra institución, independiente a la del sector público centralizado, en la cual se proponga, al menos, un reajuste salarial por costo de vida igual al porcentaje de inflación que determine el Banco Central o el organismo competente cada semestre.

Lo anterior, con la finalidad de mantener una política de salarios crecientes, que estimule a las personas trabajadoras y les permita satisfacer las necesidades propias y las de su familia, en procura de un mejor nivel de vida para todas y todos.

Agradeceríamos una respuesta al presente planteamiento formal, dentro del término de ley.

Sin más por el momento, nos suscribimos respetuosamente.

MBA. Jose Antonio Gutiérrez Díaz
PRESIDENTE

Msc. Ana Patricia Barrientos G.
SECRETARIA

Ci: Licda. Marta Acosta, Subcontralora General de la República
Lic. Enrique Muñoz Aguilar, Jefe Unidad de Recursos Humanos
Licda. Cira Vargas, Auditora Interna CGR
Junta Directiva ANEP
Funcionarios Contraloría General de la República
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