Ante este escenario nuestra organización envió una carta al Ministro de Hacienda, solicitando indicar cuál es la cifra presupuestada para reconocer reajustes por costo de vida, contenida en el proyecto del Presupuesto de la República para el 2025, el cual se entregará en próximas horas a la Asamblea Legislativa por parte del Gobierno.
Autor: ANEP
La estratégica democracia de la calle
Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP
Sin el más mínimo incidente de violencia, se escenificó en el corazón de nuestra ciudad capital San José, un histórico episodio de acción cívica con innegables contenidos políticos, de lo que conocemos como la Democracia de la Calle; multitudinaria manifestación ocurrida este miércoles 28 de marzo de 2024.
Como está más que constatado, Costa Rica terminará el primer cuarto del siglo XXI, año 2025, completamente desdibujada con relación a la “fama” de sociedad de inclusión social y de capas medias que se nos reconocía internacionalmente.
Hace unos semanas, los señores obispos católicos integrantes de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), llamaron la atención a la clase gobernante (la que se ve y la que está en la sombra -que es la del poder real-), acerca de que el actual modelo de organización económica ha fracasado. Es exacto eso.
Resulta innecesario enumerar los diversos indicadores económico-sociales que arrojan las cifras del dolor y del sufrimiento, del estrés y de la ansiedad que azotan las vidas cotidianas de miles y de miles de familias de la clase trabajadora, pública y privada, con empleo fijo o sin él; como víctimas del fracaso de ese modelo de organización económica que fue señalado como culpable del desastre en que se está convirtiendo la democracia costarricense.
Ésta, caracterizada por un modelo representativo, va en retroceso producto de las corruptelas de la clase política tradicional, de sus estafas políticas cuatrienales; y ahora, víctima de las engañifas del embrionario engendro del autoritarismo autócrata que le habla a los oídos de cientos de personas hartas de esas estafas.
Creemos que el deterioro de la capacidad de mantener articulada a la sociedad mediante la democracia representativa, exige el surgimiento estratégico de la Democracia de la Calle que levanta banderas reivindicativas de inclusión social y de justicia económica por encima de las cada vez más desteñidas banderías electorales circunstanciales.
Lo que sucedió en este día histórico de 28 de agosto de 2024, cuando el presidente legislativo recibió el planteamiento cívico conocido como Pacto por la Educación Pública, mostró ese potencial articulador de la propuesta ciudadana a favor de la inclusión social y de la justicia económica pero sin mostrar colores electorales; pero sí mediando el ejercicio potente de la movilización social pacífica y organizada conocida como la Democracia de la Calle. Hoy se demostró cuán estratégica puede ser ésta; y también lo constataremos en los diversos eventos regionales previstos.
Las cinco universidades públicas, sus movimientos estudiantiles, así como notables organizaciones obreras practicantes del Sindicalismo Sociopolítico, agrupaciones gremiales de diverso orden y una amplia diversidad de nucleamientos sociales opuestos al egoísmo neoliberal lograron convocar a miles, ante los ojos atónitos del tecnócrata banquero ajeno a nuestro ADN idiosincrático.
Multitudinaria movilización pacífica por un “Pacto Nacional por la Educación Pública”
Bajo el lema “Educación hoy, paz mañana”, miles de personas marcharon hacia la Plaza de la Democracia para exigir un Pacto Nacional que resuelva la peor crisis educativa de los últimos 40 años.
Este movimiento nacional lo integran más de 70 organizaciones sociales y productivas en defensa del presupuesto para la educación en todos sus niveles, una transformación tributaria justa y la agenda social para el bienestar en Costa Rica.
El jueves 29 de agosto continúa la movilización con más acciones pacíficas en todas las regiones del país.
Como una manera proactiva de enfrentar la grave crisis educativa y la ausencia de liderazgo del MEP, miles de personas de todo el país marcharon hacia la Plaza de la Democracia, en San José, para demandar un “Pacto Nacional por la Educación Pública”; el cual fue propuesto en junio del 2023, desde las organizaciones agrupadas en la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo y otros sectores.
Estudiantes de primaria, secundaria y universidad entregaron al presidente de la Asamblea Legislativa y diputaciones presentes, un documento con las principales demandas y propuestas para reactivar el proceso de diálogo y concertación que permita alcanzar un “Pacto Nacional por la Educación Pública”.
La intención es que este pacto una al gobierno, sector privado, sindicatos, municipalidades, movimientos sociales, cooperación internacional, instituciones públicas, partidos políticos, familias, comunidades y la sociedad en su conjunto, para progresivamente resolver la actual crisis educativa.
De lo contrario, no sería posible evitar la exclusión de miles de personas del sistema educativo, como ya sucedió en la década de 1980. Urgen soluciones ante las distintas causas y manifestaciones de la actual crisis educativa, como se explica con claridad en el documento dirigido al Presidente de la República, la Asamblea Legislativa y la Defensoría de los Habitantes.
La inversión en educación se redujo en el 2023 a un 5,2% del PIB, a pesar del mandato constitucional de destinar un 8% a la educación en todos sus niveles, lo cual significa un retroceso de casi 20 años. Si no se cambia el actual rumbo se continuará profundizando el deterioro no solo en todos los niveles del sistema educativo, sino también disminuirá la productividad, la calidad en el talento humano y el bienestar de la sociedad en general, empeorando así la desigualdad, la exclusión social, la violencia y el autoritarismo.
Por lo tanto, se propone un mecanismo de enlace ciudadano que acompañe la discusión del presupuesto en la Asamblea Legislativa, en donde se definirá la inversión en educación. Además, en los próximos días se lanzará una consulta ciudadana mediante un formulario en línea, abierto a las personas y organizaciones de todo el país, para enviar ideas y propuestas que fortalezcan el sistema educativo. Estas y otras propuestas serán la base de discusión durante un congreso, a realizarse en noviembre del presente año, que culminará con la aprobación del Pacto Nacional por la Educación Pública.
Este movimiento nacional continúa el día de mañana con acciones regionales pacíficas, culturales y propositivas en Limón, Río Frío, Liberia, Nicoya, Pérez Zeledón, El Palmar, Ciudad Neily, San Vito, San Carlos, Upala, Puntarenas, Quepos y San José.
SITRAP logra reinstalación laboral de dirigente sindical en finca Duacarí Dos
ANEP logra reinstalación en primera instancia de trabajador del Museo Nacional
Canallesca manipulación presidencial
Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Molesto por la movilización social que se manifestará próximamente, Chaves Robles recurre a su más notable “cualidad”, la de la manipulación, para descalificar la demanda de que se respete el 8% del presupuesto de la República para la Educación Pública, según ordenanza constitucional.
Su canallesca y grotesca manipulación le lleva a plantear que la plata de aumento presupuestario que reclaman las universidades públicas, debería ser para aumentar el salario a las personas empleadas públicas que están en el quinto año consecutivo de congelamiento salarial total.
Pretende ignorar que esa justa reivindicación cívica del 8% del PIB para la Educación Pública (universidades estatales incluidas), está a la par de la demanda por una Transformación Tributaria Estructural que le urge a Costa Rica.
Invertir en educación es invertir en el desarrollo de la Democracia, lo cual es reconocido por todo lado y por todo el mundo. Pero, aquí, en Costa Rica, pareciera que no es así.
Y en el Gobierno de Chaves Robles el desfinanciamiento de la Educación Pública está profundizando su caída a menos del 5% PIB.
Al considerar que la visión ideológica de Chaves Robles no va más allá de lo que aprendió en sus 30 años como cuadro tecnocrático del Banco Mundial; le es imposible comprender que la clase trabajadora empleada pública necesita que sus hijos y que sus hijas reciban una educación pública de calidad, sólidamente financiada con altos estándares pedagógico-metodológicos.
De la misma manera, los hijos y las hijas de la clase trabajadora del sector privado, especialmente la que es esclava del salario mínimo, ocupan de ese sistema educativo hoy en decadencia y que, por tanto, está urgido de su rescate y revitalización, teniendo como primer paso alcanzar ese 8% del PIB.
Desde los diversos ámbitos de la lucha social actual hay, cada vez más conciencia de que se halla un vínculo de fuerte concatenación entre un sistema educativo público robusto y de alta calidad, y un sistema tributario equitativo, justo y riguroso.
Lograr que la clase política actúe en consecuencia constituye una verdadera batalla cívica que, fundamentalmente, deberá darse con la Democracia de la Calle. En eso estamos. No creo que Chaves Robles lo comprenda.
ANEP respeta el debido proceso pero rechaza toda acción delictiva
Ante los hechos recientes dentro del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), en los que estaría supuestamente involucrada la vicepresidenta de la Junta Directiva de ANEP, nuestra organización es enfática en lo siguiente:
La presunción de inocencia es un Derecho Humano fundamental y siendo fieles a esto, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) esperará como avanza la investigación judicial.
Por otra parte, de forma categórica, ANEP rechaza y condena toda acción criminal que se desarrolle y aún más, cuando se trate de la niñez y la adolescencia.
Tanto la Junta Directiva Nacional de ANEP como la de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-PANI, analizan todas las circunstancias y los hechos en desarrollo del caso.
Cabe aclarar, que el fuero sindical que cobija a cualquier dirigente sindical aplica meramente para asuntos y procesos laborales, no para otras competencias o instancias.
Esperaremos el avance de las pesquisas que desarrolla el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público.
Valga aclarar que al interior del PANI, se vive una fuerte acción institucional de hostigamiento y acoso laboral de corte dramático en no pocos casos y que la actual Presidencia Ejecutiva no se decide a enfrentarla pese a documentada información que la Seccional ANEP-PANI le ha proporcionado.
San José, domingo 18 de agosto de 2024.
ANEP aplaude que el ICE esté fuera de la ley general de contratación pública
Este martes 13 de agosto hemos recibido la noticia de que la Sala Constitucional falló que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) debe estar excluido de la Ley General de Contratación Pública (ley 9986). Es decir, la institución recuperará su régimen especial de contratación.
Este fallo es importantísimo para que el ICE vuelva a tener agilidad para accionar sus inversiones y contrataciones pues para nadie es un secreto el enorme entrabamiento que significó la aplicación de la Ley General de Contratación Pública en la institución.
La exclusión del ICE de la Regla Fiscal, primero, y ahora de la Ley General de Contratación Pública, sin duda significan un revés para los oscuros intereses que desean debilitar a la institución y evitar a como dé lugar que pueda ejecutar sus inversiones y seguir desarrollando al país.
Aunque lo sucedido hoy es una noticia halagadora que recibimos con mucha alegría, también hay que tomar en cuenta que ya la institución ha sufrido daños y atrasos irreparables por las enormes trabas que le significaron la Regla Fiscal y la Ley de contratación pública ¿Quién responde por ello?
Ahora que las amarras, de las que, con justa razón, tanto se ha quejado la actual administración del ICE, les tocará a ellos, precisamente, a la administración superior, poner a caminar a la institución y avanzar en proyectos de vital importancia que se habían visto entorpecidos por la aplicación de estas leyes pues ya no hay excusas para poder cumplir con las responsabilidades que tiene el ICE con el pueblo costarricense. De eso permanecernos vigilantes.
ANEP solicita antel Tribunal Contencioso medida cautelar para detener adjudicación de áreas de salud
–CGR también investiga luego de la denuncia interpuesta por ANEP.
–Estudios arrojan un sobre precio de ¢170 mil millones.
Por medio de una medida cautelar, presentada este lunes 12 de agosto, ante el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), la ANEP, pretende frenar la adjudicación otorgada por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), de 10 áreas de salud a cooperativas para su administración.
La acción de la ANEP, obedece a que hay un sobrepago excesivo para el desarrollo de este negocio, que rondaría los ¢170 mil millones.
“La pretensión que se busca con la medida cautelar es la suspensión de la adjudicación de los EBAIS en virtud de la urgencia y de la gravedad que implica esa resolución tomada por la Junta Directiva de la CCSS. Por el gran riesgo de carácter económico es que se les está pidiendo al Tribunal Contencioso la suspensión de dicha adjudicación”, manifestó Rodrigo Rosales Arce, Asesor Legal externo de la ANEP.
Semanas atrás desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se denunció como, aparentemente, directivos de la CCSS pretendían modificar ciertos informes que beneficiarán la escogencia de las cooperativas
El pasado 10 de julio, la Contraloría General de la República, indicó que dio curso a la denuncia presentada por la ANEP, para identificar el supuesto favorecimiento de las cooperativas y el sobreprecio que este generaría para la institución y la Hacienda Pública.
La ANEP ha identificado aparentes irregularidades en la adjudicación de los EBAIS a cooperativas y una asociación, por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Entre las principales, se destacan:
• Sobreprecios: Se ha reportado un aumento del 60% en los costos de los servicios adjudicados, sin que se haya justificado adecuadamente el incremento en la cobertura de atención y en nuevos servicios. Este incremento en términos absolutos estaba determinado por más de 200 mil millones de colones, sin embargo, por descuentos realizados por los oferentes posterior a la declaración de excesividad de precios se disminuyó a 170 mil millones.
• El posible daño a la hacienda pública y la Seguridad Social se podrían dejar de construir más de 300 EBAIS o financiar medicamentos de alta importancia para los pacientes, así como el uso en otras prioridades institucionales. Es un monto tan cuantioso que inclusive podría financiar la construcción de un hospital como Cartago o Limón.
• Tráfico de influencias: Se han presentado denuncias que sugieren la existencia de posible tráfico de influencias en el proceso de adjudicación por la aparente manipulación de los criterios con la creación de grupos o el uso de información de una unidad que no es la competente para fundamentar una decisión de alta relevancia, lo que podría haber afectado la transparencia de este.
• Decisiones sin quórum: La Junta Directiva de la CCSS, tomó la decisión de adjudicar la administración de 138 EBAIS, en una sesión extraordinaria donde no contaban con el quórum estructural necesario, lo que plantea dudas sobre la legalidad del proceso.
• Recomendaciones ignoradas: A pesar de advertencias de Gerencia Financiera, la Dirección Financiero Contable, el Área de Contabilidad de Costos sobre los sobreprecios, así como la recomendación de la Junta de Adquisiciones de declarar la infructuosidad, sin existir una justificación técnica y financiera contundente, la Junta Directiva de la CCSS procedió con la adjudicación.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, ha comenzado a investigar estas denuncias, junto con la Contraloría General de la República, lo que indica la seriedad de las acusaciones y la necesidad de esclarecer el proceso, así como las posibles implicaciones financieras que se podrían generar a los costarricenses por pagar un sobreprecio sin que se traduzca en mejoras sustanciales de los servicios.
La ANEP irá hasta las últimas consecuencias y pide a las instancias a las que ya se denunció celeridad y que se sienten las acciones correctivas pertinentes, cuando se encuentren a los responsables.
