Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La importancia del cooperativismo para la misma Democracia y para la reducción de la desigualdad y de la exclusión económica, es un asunto más que estratégico considerando la situación actual de nuestro país en el año de la conmemoración del Bicentenario de la independencia política.

Es por lo anterior que resulta sumamente importante resaltar las posiciones sociopolíticas del Movimiento Cooperativo en las actuales circunstancias nacionales de un aceleramiento de la polarización de la sociedad a partir de la distribución del ingreso, llegando al punto de que estamos en la escala de los diez países más desiguales de todo el planeta.

“¡Es hora de alzar la voz!, es el editorial del órgano oficial del movimiento cooperativo costarricense, La Voz Cooperativa, edición del pasado mes de febrero, de obligada lectura para quienes estamos en la lucha social de la actualidad, seamos cooperativistas o no.

Seguidamente, transcribimos algunos de los párrafos de dicho editorial a partir de los contenidos del mismo que expresan una confluencia de pensamiento y de lectura política con lo que venimos señalando desde la corriente sindical en la cual militamos.

“Ya no es tiempo de paños tibios. Es hora de alzar la voz. Y en este espacio, La Voz Cooperativa, debe hacerse escuchar en todos los rincones del país. El empuje sin freno de una ley de empleo público que viene a atentar contra la estabilidad financiera de miles de hogares costarricenses es sin duda un golpe al pacto social tácito mediante el cual nuestra sociedad se ha convertido en un modelo a seguir para América Latina y el mundo entero en materia de seguridad social, educación, acceso universal al agua potable y en oportunidades de crecimiento para la ciudadanía”.

En esa línea, nosotros venimos planteando que ese proyecto Ley Marco de Empleo Público, expediente legislativo 21.336, es una colección de inconstitucionalidades, considerando que sus contenidos esenciales atentan contra los principios fundacionales de lo que se llamó la Segunda República, cuando se promulgó la actual Constitución Política, el 7 de noviembre de 1949.

De manera acertada, el editorial de La Voz Cooperativa apunta lo siguiente: “Está más que demostrado que el quiebre del Estado no es dado por la planilla del sector público ni por las diferencias del modelo tributario entre empresas cooperativas y empresas comerciales. No. El frío no está en las cobijas. Quienes conducen el barco económico del gobierno de Carlos Alvarado lo saben con claridad. Lo callan. Echan leña a la hoguera de discusiones vacías y entierran en el silencio las verdades relacionadas con la elusión y los mecanismos con que por años, decenas de empresarios e inversionistas, bufetes y políticos, han logrado sacar sus ganancias del país para guardarlas en paraísos fiscales”.

Nosotros, como sindicalistas, no lo hubiésemos planteado mejor. Es más, si no identificamos que el anterior pensamiento es voz oficial cooperativa, cualquier habría concluido que se trata de una consigna sindical.

Hace ya bastante tiempo que logramos derrotar la perversa tesis de que el déficit fiscal era responsabilidad de los salarios devengados por las personas trabajadoras asalariadas estatales. Las matrices mediáticas totalizantes del discurso ideológico-político que habían orquestado una campaña en tal sentido, tuvieron que morderse la lengua y buscar otras explicaciones para su orquestación en contra del sector público y de quienes le sirven a éste.

Por el contrario, las espantosas cifras de la evasión tributaria en todas sus manifestaciones, la elusión fiscal a mansalva; así como las exoneraciones y exenciones empresariales altamente abusivas complacientes y espléndidas, muestran que combinadas ambas representan, al menos, 14 puntos de Producto Interno Bruto (PIB), anualmente, son dejados de percibir por un Estado que toleró, cohonestó y fortaleció un sistema tributario tan injusto como corrupto.

La indicación cooperativista sobre la deshonesta práctica empresarial de esconder sus capitales en paraísos fiscales, nos lleva a la mención del informe legislativo conocido como Los papeles de Panamá, presentado en el período constitucional anterior, 2014-2018; dándonos a conocer sofisticadas formas de robo de impuestos y cómo combatirlas pero que, por la actual correlación política de fuerzas, hasta la fecha ha resultado imposible un debate público al efecto.

Sin duda alguna el potencial político-social y económico del movimiento cooperativo costarricense está destinado a convertirse en parte esencial de un haz de pensamientos, sentimientos, propuestas y sectores que urge articular en la Costa Rica del Bicentenario para la restauración de la promoción del bien común y de la inclusión socioeconómica, como ejes centrales de la política pública. En tal sentido, el sindicalismo sociopolítico y su expresión material concreta en la práctica, el sindicalismo ciudadano, tenemos amplias coincidencias con las posiciones actuales del cooperativos. ¡Enhorabuena por la clase trabajadora y por la misma Democracia!

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Al pie del monumento al Héroe Nacional y Libertador de la Patria, el expresidente de la República, Juan Rafael Mora Porras, Don Juanito, con ocasión de la conmemoración histórica del PRIMERO DE MAYO, DÍA INTERNACIONAL DE LA CLASE TRABAJADORA, las organizaciones sindicales Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y la Asociación Sindical de Empleados de la Energía y de las Telecomunicaciones (ASDEICE), en este día sábado 1 de mayo de 2021 y en el marco de la conmemoración de los 200 años de la independencia política de Costa Rica con respecto a España; dieron a conocer el DECÁLOGO SINDICAL DEL BICENTENARIO ANEP-ASDEICE:

1. Por la defensa de la institucionalidad pública diseñada para y por el bien común, respetando los valores y principios de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949.

• Por una reestructuración de la deuda pública y su obsceno pago de intereses.

• Por una transformación tributaria estructural con el fin de quitarle al actual sistema tributario, su naturaleza injusta y corrupta.

• Por una verdadera reactivación económica, centrada en el potenciamiento y apoyo a diversas formas de emprendimientos productivos a nivel de micro-pequeñas y medianas empresas; encadenada a una política salarial que incremente el poder adquisitivo de la gente trabajadora; y, específicamente, por un nuevo salario mínimo.

• Por la recuperación del Derecho Constitucional y Humano de la Huelga.

• Por la protección de la Ecología y por una política del buen vivir como ha sido planteado por el Papa Francisco en su discurso ante las Naciones Unidas.

• Por la vigencia plena de los Derechos Humanos integralmente conceptuados.

• Por el combate frontal a todas las formas de corrupción con fondos públicos mediante la colusión de los intereses corporativos privados con los de la clase gobernante corrupta; así como también con fondos privados que perjudican a las personas inversionistas, especialmente pequeñas y medianas.

• Por un Movimiento Sindical cercano a la comunidad, a la gente y a la ciudadanía, aportando así para la construcción del nuevo sujeto histórico que requiere la Democracia real y participativa.

1. Por la democratización del acceso de la gente a la comunicación colectiva, mediante el uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico que son de propiedad estatal.

Cada uno de estos diez enunciados ofrece grandes posibilidades de aporte para su enriquecimiento de contenido y, por ende, para compartirlo con otros esfuerzos de generación de pensamiento distinto del autoritariamente hegemónico que se le ha venido imponiendo a la sociedad costarricense.

Como bien sabemos el avance de consolidación del esquema ideológico-político y hegemónico de la plutocracia reinante, está en “vía libre” ante la ausencia de un esfuerzo contrario de, al menos, de pensamiento y de propuestas compartidas; previo al adorado sueño de la construcción del urgente muro de contención que la misma Democracia pide a gritos, ante las intentonas, que parecen sólidas, de consolidación de un modelo autoritario con ropaje de democracia formal.

El Decálogo Sindical del Bicentenario ANEP-ASDEICE tiene las puertas abiertas.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

En el arranque de la campaña propagandística con miras a las elecciones presidenciales y legislativas del domingo 6 de febrero de 2022, hay un tema de trascendencia histórica que, con toda seguridad, no será abordado por ninguna de las personas aspirantes a los cargos públicos en disputa; y, si fuera abordado, jamás lo será con la contundencia que se necesita.

Nos referimos al desafío que el país ocupa para abrir el camino más que estratégico hacia una Transformación Tributaria Estructural, planteada por nosotros en este y en otros espacios, durante ya bastante tiempo. Sin embargo, habrá que seguir insistiendo en ello, especialmente en las actuales condiciones históricas, sociales y económicas que estamos viviendo producto de la pandemia.

A la llegada de la misma, dos características fundamentales venían caracterizando el carácter del sistema tributario costarricense: la injusticia y la corrupción. Así de simple pero profundo.

¿Por qué la injusticia? Porque, en términos generales, quien paga más tributos es quien, proporcionalmente hablando, tiene menos. Y quien más tiene hace malabares jurídicos y acude a triquiñuelas legales para: a) tratar de pagar lo menos posible de lo que le corresponde; b) burlar la débil legislación tributaria para no pagar, del todo, nada; c) sacar la plata ganada en el país hacia otros países, por lo general, catalogados como paraísos fiscales.

¿Por qué la corrupción? Las autoridades políticas de máximo poder en los últimos gobiernos, poco o nada han hecho para cambiar la situación anteriormente descrita, por una parte; por otra, el control estratégico de la gestión tributaria responde a una ideología hegemónica en materia de política fiscal, que no es la del bien común ni es la de la inclusión social y económica. Además, los operadores político-ejecutivos de la gestión tributaria, constituyen una misma élite tecnocrático-burocrática que, alternativamente, se mueve en la esfera de lo público para luego pasar a la privada y, viceversa. Se garantiza así, pese al cambio ejecutivo de administración gubernamental, el control estratégico de la operatividad de la gestión tributaria para que ésta siga en el mismo plano: el de la corrupción y el de la injusticia. La evasión y la elusión fiscales-tributarias sigue siendo monstruosa.

Si bien es cierto la situación que vivimos producto de la pandemia está generando demasiados problemas político-sociales y económicos, no por ello debemos renunciar a considerar que el haber tolerado por tanto tiempo un sistema tributario injusto y corrupto, ha agravado el diario vivir de la mayoría de la población costarricense en estos tiempos pandémicos.

Además, es imposible seguir tolerando que las principales figuras de la denominada clase política tradicional, especialmente las que aspiran a ser electas en los cargos en disputa, miren para otro lado y no se refieran a esta situación de la imperiosa transformación tributaria estructural y la pandemia.

Como si todo esto no fuese más que necesario y de alto contenido estratégico, está el tema del altísimo endeudamiento público y su pago de intereses, exageradamente usureros. ¿Cómo puede ser posible que si de las arcas públicas, muy debilitadas por todas las razones expuestas, se estén sacando, diariamente, unos 7 mil millones de colones para el pago de esos intereses, ninguna persona precandidata presidencial esté refiriéndose al punto?

Desde el campo popular nos corresponde, creemos nosotros, intensificar el clamor de que estos temas se consideren en el marco de la campaña electoral, aunque no encontremos receptividad alguna. Particularmente, debemos desempolvar el documento-informe legislativo conocido como Los papeles de Panamá, generado por la comisión parlamentaria que investigó las derivaciones en Costa Rica del escándalo financiero internacional muy sonado a nivel planetario, en el año 2016.

Parece que podemos encontrar un nuevo escenario para considerar el debate público sobre los contenidos del informe legislativo costarricense Los papeles de Panamá, en el marco de lo que se está planteando en los centros hegemónicos del poder político-económico del capitalismo mundial, hablándose de nuevos criterios de tributación a nivel de empresas multinacionales, pero, indudablemente, con repercusiones en los planos nacionales en los cuales éstas operan.

Al vincular la doble naturaleza perversa del sistema tributario costarricense: la injusticia y la corrupción que le carcome; agregando el asfixiante, exorbitante y aplastante pago diario de los intereses de la deuda pública (sin dejar de lado la carga que la misma, en cuanto tal, representa para el país en estos momentos); además, poniendo en la mesa el informe legislativo Los papeles de Panamá, adicionándole lo que podría ser la apertura de un nuevo espacio político global para plantear transformaciones estructurales por el lado de la progresividad; tendremos en Costa Rica la posibilidad de construir y relanzar, con nuevos bríos y renovados argumentos, desde el campo de lo social-popular, el tema tributario con fuerte contenido de justicia social y real equidad.