Informe FMI: Deshonestamente ético, socialmente injusto y fiscalmente parcializado

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), integrante del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, deja pública constancia por esta vía del comunicado de prensa, ante el pueblo costarricense y, particularmente, ante la clase trabajadora del país; su más vehemente crítica y su rechazo absoluto al más reciente informe emitido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), con relación a la situación fiscal del país, por considerarlo deshonestamente ético, socialmente injusto y fiscalmente parcializado.

Como es de conocimiento público, recientemente estuvo en el país una misión de dicha entidad financiera multilateral, encabezada por el ciudadano británico Ravi Balakrishnan, quien insistió mucho en ser atendido por la corriente sindical que nos honramos en representar (y suponemos que por otras entidades no oficiales).

En tal sentido, nos sentimos con autoridad para señalar lo siguiente:

PRIMERO: El informe del FMI que se acaba de dar a conocer es deshonestamente ético. Los responsables de su elaboración, encabezados por Mr. Balakrishnan, no se esmeran en reconocer que en la sociedad costarricense existen otras visiones sobre la realidad del problema fiscal del país; visiones que están sólidamente sustentadas; máxime cuando una seria entidad internacional-regional, de reconocida solvencia moral e independencia, como el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), ha puesto el dedo en la llega con relación a los diez desafíos fiscales estructurales más relevantes que tiene el país en estos momentos. Ello le fue dado a conocer a Mr. Balakrishnan, pero poco le importó. En todo caso, jamás pensamos que lo consideraría. Nuestra cortesía en atenderle no nos llevaría a la ingenuidad de pensar que algo así ocurriría.

SEGUNDO: El informe del FMI que se acaba de dar a conocer es socialmente injusto. La expoliación fiscal-tributaria que sufre la mayoría ciudadana de este país (especialmente sus clases trabajadora y media), ya no da para más cargas impositivas, como lo ordena dicha entidad al “recomendar” que se ocupa de un nuevo ajuste fiscal. La gente no puede seguir siendo sacrificada en sus ingresos y en su situación económico-financiero en aras de atender, macrofiscalmente hablando, una carga de deuda pública abusiva y obscena. Hay un proceso acelerado de pauperización en los sectores populares y medios; hay un proceso sostenido de crecimiento de la desigualdad; y, se da un cruel y sistemático proceso concentrador de riqueza que, al parecer, le importó un bledo a la misión del FMI, al menos, al menos.

TERCERO: El informe del FMI que se acaba de dar a conocer es fiscalmente parcializado. La interconexión entre la naturaleza perversamente injusta del sistema tributario costarricense, con la gravedad de la atención de la deuda pública y su carga obscena de pago de intereses, no fue objetivamente considerada por la misión del FMI que nos acaba de visitar, encabezada por Mr. Balakrishnan. Tal informe refuerza, por el contrario, la persistencia de la profunda inequidad impositiva que está hundiendo al país, como si en el futuro mediato el FMI prefiriera que se le pudiera un auxilio a su mejor estilo condicionante de imposición de políticas de mayor gravedad en cuanto a su impacto social demoledor que es lo que nos tememos.

Hacemos un llamado a toda la ciudadanía patriótica de nuestro país a rechazar este informe del FMI y a la construcción de una alternativa de resistencia con ocasión de la histórica conmemoración del PRIMERO DE MAYO.

San José, martes 16 de abril de 2019.

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

Primero de mayo: unidad en la diversidad

El proyecto ideológico-económico que se viene impulsando desde el pasado 8 de mayo de 2018 no debe generarnos duda alguna de su naturaleza excluyente, de su visión sectaria y de su propensión autoritaria.

Luego de muchos años de intentarlo y de abogar por ello de las más diversas formas, muchas de ellas contrarias a la más elemental ética en materia de práctica transparente de la libertad de expresión, reproductoras fieles de la propaganda goebbelsiana; el latifundismo mediático del capital neoliberal con su práctica de periodismo de odio, está gobernando; impulsando las diversas acciones de su proyecto de política pública, tanto ejecutivas como legislativas, para constitucionalizar (de facto, por supuesto), su disciplinamiento-ordenamiento de nuestra sociedad bajo los más fundamentales dictados del neoliberalismo.

Dicho proyecto, de un rabioso antisindicalismo al que percibe como su enemigo natural al punto de merecerle impulsar la desaparición total de las organizaciones obrero-sociales de esta naturaleza (y ya trabaja en ello); también ha venido generando rechazo político-social de diversa naturaleza y amplia base.

Las personas que en los actuales momentos de la vida nacional estamos ocupando posiciones sindicales de dirigencia, sin importar el rango y/o la dimensión de la agrupación obrera en la cual militamos, hemos sido colocados en una de las etapas más cruciales de la institucionalidad republicana; quizás, la más determinante luego de los acontecimientos de los años 40 del siglo XX.

La otra acera tiene total convicción de que este gobierno es la viabilización política, por excelencia, de la materialización ideológico-hegemónica que estaban, ansiosamente, esperando durante los últimos 30 años: su egoísta y codicioso sueño de extermino de lo público como preponderante en el orden social, para dar paso a la entronización del mercado, de la “libre” competencia y de la total provisión privada de los más rentables servicios públicos todavía con carácter de propiedad pública.

Los esfuerzos máximos de toda la dirigencia sindical nacional de la actualidad, en sus diversas expresiones organizativo-políticas, legales o coyunturales, pueden mostrar el potencial de ese poder social latente en la sociedad y que tiene en la figura sindical, un fuerte vehículo de expresión cívico-patriótica; para conjuntarse con los otros sectores y fuerzas que, desde otros ángulos, están con enorme preocupación por la ofensiva neoliberal que sale desde la Casa Presidencial y desde la Asamblea legislativa.

Le parece a uno que, en términos generales, las dirigencias sindicales están coincidiendo en una lectura compartida de la actual coyuntura político-histórica del país, así como la naturaleza del desafío gremial-corporativo que tal escenario representa.

Creemos que anida en la dirigencia sindical nacional actual una inteligencia colectiva con fuerte perspectiva obrero de carácter integral; que existe una convicción amplia en cuanto a que la gente de la otra acera no tendrá conmiseración alguna; y que, en ofensiva abierta, como ya lo están desde el Poder, la timidez, la ingenuidad y/o una apuesta “gremial-salvacionista”, terminará siendo consumida más temprano que tarde.

Es de esperar que otros sectores no sindicales y cívico-patrióticos también habrán de manifestarse este primero de mayo.

No importa si convocan en un lugar A, o en un lugar B, o en un lugar C; lo importante es la salida a La Calle (pongámoslo en mayúscula), pues es La Calle el terreno más que legítimo para que “los y las de abajo” (de lo cual, los sindicatos apenas somos una parte), muestren el potencial de una articulación de nuevo tipo, a partir de una agenda que integre, que sume, que convoque.

Algunos pensamos que la celebración histórica del primero de mayo, en el caso costarricense, debe obligarnos a honrar la conmemoración patria (junto a la obrero-mundial); cual es esa del triunfo del pueblo costarricense en favor de su soberanía, con ocasión de la derrota definitiva, el primero de mayo de 1857, de la primera incursión seria por estas tierras latinoamericanas del naciente expansionismo estadounidense.

Por eso nos congregaremos al pie de la estatua del Héroe Nacional y Libertador de la Patria, don Juan Rafael Mora Porras, don Juanito Mora.

Otras corrientes sindicales están destacando que este año 2019, se celebran los primeros 100 años de existencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Válida motivación que también nosotros avalamos.

Al salir éstos del Parque La Merced y los otros del Correo Central, esta manifestación obrero-patriótica se juntará en el Parque Central; muestra más que simbólica de que partiendo desde distintos puntos es posible el caminar juntos.

Algunos grupos patrióticos han decido congregarse al pie del Monumento Nacional. Su enojo cívico, compartido plenamente desde la perspectiva sindical, también está destinado a confluir en esta hora crucial en que la Patria está llamando a la preservación del mejor legado acumulado, hoy puesto al servicio del mejor postor.

Primero de Mayo: en auge el deterioro de la convivencia social del país

Enojo obrero; desempleo, inestabilidad y amenaza al trabajo; inseguridad y violencia; clase gobernante viendo para otro lado; concentración de la riqueza en auge

Para la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la próxima conmemoración histórica, el Día Internacional de la Clase Trabajadora, que es de carácter universal, en el caso de Costa Rica muestra una sumatoria de malestares nunca antes sentidos todos juntos, como en la presente circunstancia nacional.

Esa suma de malestares ha generado un acelerado deterioro de la convivencia armónica de la sociedad, poniendo en grave riesgo la misma estabilidad democrática del país que, sino fuera por la fortaleza de una institucionalidad heredada (aunque hoy en alto riesgo de ser pulverizada), hace tiempo habría colapsado.

Está en auge el deterioro de la convivencia social del país y es en tal marco de circunstancias que la clase trabajadora y sus distintas organizaciones sindicales, sociales y ciudadanas se aprestan a la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, en un marco global de total adversidad.

De acuerdo con el seguimiento cotidiano que hacemos en ANEP de cómo se mueve el comportamiento obrero-ciudadano y con base en nuestra perspectiva-país, destacamos algunas razones:

ENOJO OBRERO: El costo de la vida sigue alto, ya no hay incrementos salariales realmente compensatorios y, prácticamente, estamos en época de congelamiento salarial. Es cada vez más creciente la estrechez y apretazón económico-financiera en los hogares del pueblo trabajador, lo cual no solamente ponen en retroceso la calidad de vida de las familias, sino que aumenta la tensión y el estrés en el seno de las mismas, creando condiciones para golpear esta base fundamental de la vida en sociedad.

DESEMPLEO, INESTABILIDAD Y AMENAZA AL TRABAJO: La cifra oficial de la gente sin trabajo, del 12 % se queda corta ante el drama cotidiano de las personas que no encuentran trabajo, destacándose un gran segmento de jóvenes. Quienes tienen empleo con salario fijo, temen perderlo sintiéndolo en riesgo como nunca antes. Prácticamente, la famosa estabilidad laboral del empleo público está en proceso de desaparición.

INSEGURIDAD Y VIOLENCIA: La competencia feroz por la subsistencia, la exclusión social en ascenso y la indetenible desigualdad, están provocando un incremento tanto en la cantidad como en la calidad del delito; evidenciándose episodios de violencia entre las personas que no tenían tanta crudeza como, por ejemplo, las reacciones de furia entre los conductores de vehículos. La otra delincuencia, la del crimen organizado y la del narcotráfico, avanzan incrementando la sensación nacional de inseguridad.

CLASE GOBERNANTE VIENDO PARA OTRO LADO: Enormes segmentos de la ciudadanía se muestran hoy más distantes que nunca de los partidos políticos, especialmente los de la tríada gobernante (PLN, PUSC y PAC) y de los que gravitan y bailan el son que toca la misma. Las pocas excepciones, escasísimas, por cierto, solamente confirman ese gran divorcio entre el pueblo y su clase tradicional gobernante. Resulta emblemático de este fenómeno, contemplar la estructura-construcción del nuevo edificio legislativo: un verdadero bunker hacia lo alto y cerrado por todo lado.

CONCENTRACIÓN DE LA RIQUEZA EN AUGE: El pueblo fue “castigado” con un paquetazo de impuestos de profundo sesgo regresivo. Viene otro en camino. El fraude fiscal sigue sin control y la estructura tributaria vigente solamente facilita la concentración de la riqueza. No hay reactivación económica. La deuda pública impagable y su obscena amortización diaria de intereses estrangula lo poco que queda del aparato público destinado a procurar la inclusión social.

En ANEP formulamos el más vehemente llamado para una masiva participación obrero-ciudadana este PRIMERO DE MAYO.

Neoliberalismo en ofensiva


– La fuerza política dominante en estos momentos, misma que básicamente responde a los intereses ideológicos, hegemónicos, políticos y económicos de “los y las de arriba”, basa mucho de su fuerte incidencia en el devenir de la actual cosa pública del país, precisamente a partir de la desarticulación de “los y las de abajo”.

Al llegar el primer año de la presente gestión gubernativa, la conclusión más contundente es ésta: la coalición político-ideológica que se formó a partir de los resultados de las elecciones presidenciales y diputadiles del año pasado, abrazó el “ideario” neoliberal y la ejecución de la retardada implantación (o lo que todavía falta) en el país, de los postulados fundamentales del Consenso de Washington.

Esa alianza neoliberal, en esencia, tiene tres componentes fundamentales: el principal es el surgimiento como actores políticos de primera línea, en los últimos años, de lo que nosotros denominamos como latifundios mediáticos del capital (expresados, básicamente, cierta prensa escrita y televisiva), afines a la reducción al mínimo del papel del Estado en la sociedad.

Su idolatría fundamental es la del mercado y sus dos consecuencias negativas más destacadas: la concentración de la riqueza-acumulación desmedida de capital, por una parte. Por la otra, la entronización de la desigualdad y la apropiación de los servicios públicos que fueran establecidos para, precisamente, propiciar la integración y la equidad sociales, en función de no permitir la entronización de esa desigualdad.

Estos latifundios mediáticos diseñaron como estrategia fundamental de su nuevo rol político-estratégico en la conducción hegemónica-ideológica de la política pública de los últimos tiempos, el desarrollo de la más grande ofensiva contra el Estado social, contra el empleo público y contra las personas trabajadoras asalariadas que laboran en él; apelando a los más perversos elementos de la propaganda goebbelsiana. Desplegaron, tácticamente, una campaña de odio, infamia, injuria, desinformación; típica de cuando un país se encuentra en confrontación abierta, político-bélica, con otro.

El segundo componente que posibilita la concreción material de dicha alianza neoliberal, como para tenerle en ofensiva, es la degeneración política del bipartidismo tradicional, primero; y, luego del Partido Acción Ciudadana (PAC), después. La Socialdemocracia está huérfana, dispersa y golpeada pues creyó que este partido sería su nuevo albergue luego de que el PLN la echó de El Balcón Verde. El Humanismo Cristiano solamente resultó para el PUSC, un eslogan de corte publicitario-electoral pues una de sus esencias, como lo es la justicia tributaria real, jamás representó una prioridad política.

El deterioro moral, ético y político-ideológico que llevó al vaciamiento de contenido a dichos partidos, halló “refugio” en los nuevos partidos electorales, especialmente los de la derecha religiosa, muy proclive ésta al ideal neoliberal desde el punto de vista que éste encontró en el desaliento y en la desesperanza de la gente excluida, un terreno fértil de acomodamiento ante el degenere de sus “casas político-partidarias originales”, cuando éstas abandonaron esos pensamientos de orden filosófico social que construyeron la Costa Rica de la inclusión social.

El tercer elemento que hace posible la actual ofensiva en desarrollo por parte de la hegemonía neoliberal, de manera concreta y materializada en varios y nefastos proyectos de ley como el denominado “Ley Marco del Empleo Público”, o como su inmediato antecesor combo fiscal-ley 9635; tiene que ver con la disgregación de los distintas fuerzas de variada naturaleza que representan un Poder Social latente pero que no encuentra el camino de una articulación estratégica como para desafiar a la hegemonía neoliberal que tiene el control de la práctica totalidad del aparato estatal tomador de decisiones, como la propia Asamblea Legislativa.

La fuerza política dominante en estos momentos, misma que básicamente responde a los intereses ideológicos, hegemónicos, políticos y económicos de “los y las de arriba”, basa mucho de su fuerte incidencia en el devenir de la actual cosa pública del país, precisamente a partir de la desarticulación de “los y las de abajo”.

Impresiona constatar que, al interior de lo que se mueve en las redes sociales podría ser leído por un extraño a nuestra realidad política, como una sociedad en ebullición a punto de un estallido conmovedor de un orden que está imponiéndose en contra de las mayorías; sin embargo, no hay un aliciente unificador materialmente fijado, al menos por ahora que fructifique desde lo social para la disputa por el control hegemónico en la sociedad. O, al menos, para salvar lo poco que queda de un Estado Social acorralado y que, paradójicamente, se hace más necesario ante el indetenible y deshumanizante proceso de crecimiento de la desigualdad. Una tarea que, las afortunadamente todavía existentes terquedades patrióticas, siguen dispuestas a asumirla.

Primero de Mayo: La legitimidad democrática de la calle

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Nunca como en los tiempos actuales, apelar a la Legitimidad Democrática de La Calle (así, en mayúsculas), se vuelve una necesidad estratégica para la sobrevivencia misma de la convivencia social.

El próximo PRIMERO DE MAYO, que cae miércoles, es una oportunidad de enorme relevancia con tal propósito, dado el mal estado de las cosas en este país que, sin duda alguna, está afectando a la mayor parte de la población.

La democracia representativa ya hace aguas y se queda corta para satisfacer la necesidad de que en esta sociedad impere, de nuevo, la promoción del bien común, la inclusión y la integración sociales; la ética y la decencia plena en el ejercicio de la política. Por ejemplo, esto no es lo que está percibiendo la joven generación actual, gran parte de la cual está desempleada.

El sistema de partidos políticos es mera formalidad de tramitología electoral. Se han reducido a escaleras agarra-puestos. En la actualidad, la gente es llevada a la urna electoral a votar, no a elegir.

Eso fue lo que pasó hace un año cuando fuimos testigos, y luego víctimas (como sucede en estos momentos), de la más grande estafa electoral de los últimos tiempos.

Nos toca, en consecuencia, de ahora en adelante, apelar a la Legitimidad Democrática de La Calle, para que tome vida real en la institucionalidad republicana cotidiana, el precepto constitucional del artículo 9 de nuestra Carta Magna, mismo que nos indica lo siguiente: “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable” (según la reforma constitucional-Ley de la República No. 8364, de 2003).

Considerando que en estos momentos el poder real de nuestra sociedad no es el de la institucionalidad formal, sino que sufrimos una especie de autoritarismo ideológico impuesto por fuerzas económicas de muchísimo capital; esos dos conceptos claves que debe tener un gobierno de la República, POPULAR y PARTICIPATIVO, no funcionan sino se reclaman mediando la Legitimidad Democrática de La Calle.

El año pasado, con ocasión de la Huelga Patriótica Contra el Combo Fiscal (hoy la funesta ley de la República No. 9635), fue de tal calibre la apelación a la Legitimidad Democrática de La Calle que la institucionalidad formal tuvo que hacerle trampa al pueblo para imponer tan detestada legislación; trampa que consistió en torcer el reglamento legislativo, en la negativa diputadil para efectuar la consulta legislativa por el fondo de la constitucionalidad de tal proyecto; y, luego, con la emisión del fallo constitucional de compadre hablado.

Es por tal razón que, con ocasión de la fiesta obrera mundial de la clase trabajadora del planeta, este Primero de Mayo de 2019, debemos realizar un nuevo y renovado esfuerzo para impulsar, en el actual escenario sociopolítico y económico post-combo fiscal, el extraordinario papel de la Legitimidad Democrática de La Calle, como el instrumento cívico idóneo para concretar en la vida de la gente los conceptos de que el gobierno de la República debe ser POPULAR y PARTICIPATIVO, según ese artículo 9 constitucional.

La Legitimidad Democrática de La Calle se está practicando, en la actualidad, en muchos países cuyos pueblos reclaman a sus gobernantes el darles la espalda con sus políticas de exclusión social y económica.

Es más, es tan estratégica que, por ejemplo, en Venezuela, las fuerzas en pugna acuden a la Legitimidad Democrática de La Calle como el escenario fundamental que estaría determinando el posicionamiento final de una determinada hegemonía política.

Es real que, por una parte, en la actualidad política costarricense, la hegemonía económico-ideológica dominante, afín al todo mercado-nada Estado, tiene el control de la institucionalidad republicana formal, como el parlamento (cuya mayoría cuantitativa responde a los intereses de esa hegemonía, tanto como lo hacen entes como la Procuraduría y la Contraloría, sin hablar del gobierno neoliberal).

Por otro lado, la amplia gama de sectores sociales de toda variedad, los cívico-patrióticos, los nacionalistas-soberanistas, los político-electorales decentes, constituyen una fuerza en latencia que, aunque hoy en día disgregada, muestra un potencial amenazante para los pocos sectores político-económicos que sí la están pasando bien.

Precisamente, es esa disgregación lo que facilita el control social de la actual hegemonía ideológico-económica dominante; misma que, por cierto, tiene tanto miedo de que la Legitimidad Democrática de La Calle le desplace de ese control (o, al menos, se lo atenúe),por lo que está impulsando peligrosa legislación antidemocrática, antisindical, castradora del derecho constitucional de huelga; y, lo que hasta hace era inimaginable, ilegalizar la presencia juvenil en las manifestaciones cívicas.

Realmente, solamente apelando a la Legitimidad Democrática de La Calle, con sentido estratégico y congregante de la civilidad en resistencia y en exclusión, la Costa Rica que nos fue heredada podrá retener sus mejores valores de bien común y de inclusión social, completamente devaluados por las matrices hegemónicas del poder económico-mediático promotor del odio en la sociedad. Este PRIMERO DE MAYO resultará clave en tal sentido.

Desempleo: ¡es el modelo, no la huelga!

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

“¡Es la economía, estúpido!” La célebre frase de James Carville, asesor del demócrata Bill Clinton, en la exitosa campaña que en 1992, le impulsó desde su modesto sillón de gobernador de Arkansas hasta el Despacho Oval de la Casa Blanca, descolocando a su contrincante republicano, George Bush, padre, que seguía volcándose en los éxitos de la política exterior estadounidense como el fin de la Guerra Fría o la Guerra del Golfo Pérsico; olvidándose de los problemas cotidianos y de las necesidades más perentorias de los ciudadanos, vuelve a estar de plena actualidad cuando los gobiernos de cualquier Estado o nivel, ya sea regional o local, tienen como única obsesión los recortes presupuestarios para rebajar su deuda, dejando en desuso instrumentos de reactivación económica y provocando una contención de las inversiones (http://www.gaindegia.eus/es/es-la-economia-estupido)

Releamos esta parte: cuando los gobiernos de cualquier Estado o nivel, ya sea regional o local, tienen como única obsesión los recortes presupuestarios para rebajar su deuda, dejando en desuso instrumentos de reactivación económica y provocando una contención de las inversiones”. Entonces decimos, de manera fuerte y crítica: “¡Es la economía, estúpido!”

Don Carlos Alvarado Quesada: guardando las distancias de espacio y de tiempo y apelando a las normas por todos aceptadas del debido respeto, adaptamos la famosa frase del señor James Carville:

“¡Es la economía, estúpido!; para señalar, con toda vehemencia que, en cuanto al desempleo ¡es el modelo, no la huelga!… Ni tampoco el cambio climático.

¿El modelo?, ¡Sí! El modelo neoliberal que se basa en la promoción a ultranza del mercado como regulador de las relaciones sociales; reniega del papel del Estado como interventor para la equidad y la inclusión social, aunque el sector privado lo invoca cuando lo ocupa; que promueve la concentración de la riqueza; que desdeña la producción agropecuaria para el mercado interno; que abandona la micro-pequeña y mediana empresa; que fomenta la acumulación abusiva de capital con los altísimos intereses financiero-bancarios; que es incapaz de controlar los déficit fiscal pero sí habilidoso en generación de deuda pública pero apropiación privada de sus beneficios; etc., etc.

En la presente gestión gubernativa (continuación del PAC, pero ahora PLUSC-PAC), el desempleo está superando la dramática cifra del porcentaje del 12%; es más, los datos que da al respecto la Universidad Nacional (UNA), podría estarse superando el 20% si todas las personas sin empleo, a la misma vez, aparecen en la calle o gestionando un puesto de trabajo.

En el desempleo tenemos una de las constataciones fundamentales del fracaso de las políticas neoliberales basadas en el Consenso de Washington, aplicadas en nuestro país (aunque a medias, gracias a la resistencia popular de tantos años), a partir del primer programa de Ajuste Estructural, en 1984.

Todavía tenemos muy fresco lo que al respecto decían quienes ansiaban la suscripción de un TLC con Estados Unidos, hablando que con este tipo de tratado se generarían hasta ¡500 mil empleos! La soberana mentira está estallándoles en su cara en estos mismos momentos.

La cantidad oficial de personas sin trabajo nos habla de 294 mil personas, más de la mitad de los empleos “prometidos” con ese TLC.

El desempleo, una de las más crueles estafas políticas de las últimas administraciones gubernativas, todas con una misma orientación ideológico-económica, está mostrando la imperiosa necesidad de una reformulación estratégica del rumbo de la economía que hasta la fecha se le ha impuesto al país y a la sociedad.

Si la sana aspiración por un desarrollo con inclusión social y productiva, teniendo como pensamiento central la promoción del bien común, y buscando al máximo la reducción de las desigualdades y un más justo esquema de distribución de los beneficios del crecimiento económico; las crueles cifras de desempleo que han salido a la luz recientemente, señalan fuertemente que el rumbo está equivocado.

De verdad que da pena ajena escuchar al señor Alvarado Quesada, considerando la posición política que ostenta, afirmando él que las dramáticas cifras del desempleo se deban a la circunstancia de la Huelga Patriótica contra el Combo Fiscal la cual, durante tres meses del pasado año 2018, conmocionó al país.

La indicada lucha social duró tantos días como el gobierno que encabeza, ejecutivamente, el señor Alvarado Quesada, quiso que durara.

Por la responsabilidad que nos compete asumir con relación al indicado movimiento, por la convicción que siempre nos animó de que fue completa y totalmente justo; además, por la profunda indignidad que nos invade (como a la mayoría de la población del país), acerca del carácter de la gestión del gobierno neoliberal actual; con toda contundencia debemos rechazar el falaz y turbio argumento de Alvarado Quesada de culpar a la huelga del año pasado por el altísimo desempleo que azota a miles y miles de familias de la clase trabajadora.

Seccional Administrativa del MSP denuncia pésimas y peligrosas condiciones laborales

Pese a denuncias ante Viceministra de Seguridad y oficial mayor del MSP nada ha cambiado

Las malas condiciones de trabajo en el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) no sólo se dan con los oficiales de la Fuerza Pública, ya que la Seccional ANEP-Administrativa del MSP denuncia que funcionarios trabajan bajo pésimas y peligrosas condiciones.

Según la seccional, estas condiciones se presentan en su mayoría en delegaciones policiales fuera del Área Metropolitana, donde los funcionarios administrativos trabajan con carencia de equipo, hacinamiento, en infraestructuras con órdenes sanitarias y con riesgo a su integridad física.

“Los funcionaros y funcionarias administrativas carecen de computadoras e Internet, esto imposibilita cumplir con solicitudes de envío de información y documentos a oficinas centrales del ministerio. También laboran en condiciones de hacinamiento en infraestructuras que incluso cuentan con órdenes sanitarias de clausura”, indicó Mainor Anchía, Directivo Nacional de ANEP.

Otra de las problemáticas que denuncian los funcionarios, es el riesgo a su integridad física, ya que por falta de espacio en las edificaciones deben laborar junto a armerías y cajas de arena donde los oficiales manipulan las armas de fuego. Además, deben de soportar insultos y acoso por parte de detenidos que son trasladados a celdas de las delegaciones.

“Nos indican que en una ocasión mientras un oficial se encontraba manipulando un arma de fuego en la caja de arena, se escapó un tiro que por poco impacta a uno de los compañeros. A esta situación se suman los insultos y el acoso verbal de las personas detenidas principalmente hacia las mujeres. El problema se genera por no tener las condiciones adecuadas de espacio en infraestructura en las diversas delegaciones”, dijo Anchía.

La Seccional ANEP-Administrativa del MSP también cuestiona el recargo de labores que no van acorde a sus puestos y contratos; entre estas asignaciones se encuentran trabajos de cocina, misceláneo, recepcionistas, papelería, avituallamiento, entre otros.

“La molestia es bastante grande, ya que muchas de las situaciones fueron denunciadas ante la Viceministra de Seguridad Pública, Fiorella Salazar y el oficial mayor del MSP, Randall Vega, en una reunión realizada a finales del año anterior, sin embargo, a la fecha no han realizado ninguna acción para cambiar esta situación”, detalló Anchía.

Para la seccional es de vital importancia que las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública presten atención a esta situación, ya que repercute en la seguridad ciudadana y la atención que se brinda a todos los costarricenses.

Desempleo: ¡es el modelo, no la huelga!

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

“¡Es la economía, estúpido!» La célebre frase de James Carville, asesor del demócrata Bill Clinton, en la exitosa campaña que en 1992, le impulsó desde su modesto sillón de gobernador de Arkansas hasta el Despacho Oval de la Casa Blanca, descolocando a su contrincante republicano, George Bush, padre, que seguía volcándose en los éxitos de la política exterior estadounidense como el fin de la Guerra Fría o la Guerra del Golfo Pérsico; olvidándose de los problemas cotidianos y de las necesidades más perentorias de los ciudadanos, vuelve a estar de plena actualidad cuando los gobiernos de cualquier Estado o nivel, ya sea regional o local, tienen como única obsesión los recortes presupuestarios para rebajar su deuda, dejando en desuso instrumentos de reactivación económica y provocando una contención de las inversiones (http://www.gaindegia.eus/es/es-la-economia-estupido)

Releamos esta parte: cuando los gobiernos de cualquier Estado o nivel, ya sea regional o local, tienen como única obsesión los recortes presupuestarios para rebajar su deuda, dejando en desuso instrumentos de reactivación económica y provocando una contención de las inversiones”. Entonces decimos, de manera fuerte y crítica: “¡Es la economía, estúpido!”

Don Carlos Alvarado Quesada: guardando las distancias de espacio y de tiempo y apelando a las normas por todos aceptadas del debido respeto, adaptamos la famosa frase del señor James Carville:

“¡Es la economía, estúpido!; para señalar, con toda vehemencia que, en cuanto al desempleo ¡es el modelo, no la huelga!… Ni tampoco el cambio climático.

¿El modelo?, ¡Sí! El modelo neoliberal que se basa en la promoción a ultranza del mercado como regulador de las relaciones sociales; reniega del papel del Estado como interventor para la equidad y la inclusión social, aunque el sector privado lo invoca cuando lo ocupa; que promueve la concentración de la riqueza; que desdeña la producción agropecuaria para el mercado interno; que abandona la micro-pequeña y mediana empresa; que fomenta la acumulación abusiva de capital con los altísimos intereses financiero-bancarios; que es incapaz de controlar los déficit fiscal pero sí habilidoso en generación de deuda pública pero apropiación privada de sus beneficios; etc., etc.

En la presente gestión gubernativa (continuación del PAC, pero ahora PLUSC-PAC), el desempleo está superando la dramática cifra del porcentaje del 12%; es más, los datos que da al respecto la Universidad Nacional (UNA), podría estarse superando el 20% si todas las personas sin empleo, a la misma vez, aparecen en la calle o gestionando un puesto de trabajo.

En el desempleo tenemos una de las constataciones fundamentales del fracaso de las políticas neoliberales basadas en el Consenso de Washington, aplicadas en nuestro país (aunque a medias, gracias a la resistencia popular de tantos años), a partir del primer programa de Ajuste Estructural, en 1984.

Todavía tenemos muy fresco lo que al respecto decían quienes ansiaban la suscripción de un TLC con Estados Unidos, hablando que con este tipo de tratado se generarían hasta ¡500 mil empleos! La soberana mentira está estallándoles en su cara en estos mismos momentos.

La cantidad oficial de personas sin trabajo nos habla de 294 mil personas, más de la mitad de los empleos “prometidos” con ese TLC.

El desempleo, una de las más crueles estafas políticas de las últimas administraciones gubernativas, todas con una misma orientación ideológico-económica, está mostrando la imperiosa necesidad de una reformulación estratégica del rumbo de la economía que hasta la fecha se le ha impuesto al país y a la sociedad.

Si la sana aspiración por un desarrollo con inclusión social y productiva, teniendo como pensamiento central la promoción del bien común, y buscando al máximo la reducción de las desigualdades y un más justo esquema de distribución de los beneficios del crecimiento económico; las crueles cifras de desempleo que han salido a la luz recientemente, señalan fuertemente que el rumbo está equivocado.

De verdad que da pena ajena escuchar al señor Alvarado Quesada, considerando la posición política que ostenta, afirmando él que las dramáticas cifras del desempleo se deban a la circunstancia de la Huelga Patriótica contra el Combo Fiscal la cual, durante tres meses del pasado año 2018, conmocionó al país.

La indicada lucha social duró tantos días como el gobierno que encabeza, ejecutivamente, el señor Alvarado Quesada, quiso que durara.

Por la responsabilidad que nos compete asumir con relación al indicado movimiento, por la convicción que siempre nos animó de que fue completa y totalmente justo; además, por la profunda indignidad que nos invade (como a la mayoría de la población del país), acerca del carácter de la gestión del gobierno neoliberal actual; con toda contundencia debemos rechazar el falaz y turbio argumento de Alvarado Quesada de culpar a la huelga del año pasado por el altísimo desempleo que azota a miles y miles de familias de la clase trabajadora.

ANEP:»Proyecto de empleo público del Gobierno no es sostenible»

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) dio a conocer su primera reacción sobre el proyecto de ley de reforma al empleo público presentado por el Poder Ejecutivo ante la Asamblea Legislativa. Además, cuestionó la negativa del Gobierno de responder 29 planteamientos sobre este tema enviados por el sindicato en enero anterior.

Primera reacción de la ANEP sobre el proyecto de ley de empleo público presentado por el Poder Ejecutivo ante la Asamblea Legislativa.

Gepostet von ANEP am Montag, 8. April 2019

Compartimos la carta enviada al Gobierno de la República el lunes 28 de enero

San José, lunes 28 de enero de 2019.

Honorable señora

María del Pilar Garrido Gonzalo

Ministra

MINISTERIO DE PLANIFACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA

Honorable señor

Steven Núñez Rímola

Ministro

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Asunto: Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público- Una visión sindical con realidad política

Estimada señora Ministra:

Estimado señor Ministro:

  1. En primer término, reciban sus dignas autoridades ministeriales el más atento respeto de nuestra parte, haciendo énfasis en cuanto a que las consideraciones siguientes llevan un sincero gesto respetuoso para con ustedes.
  2. Con fecha 14 de enero de 2019, desde sus respectivos despachos se emitió un oficio ministerial conjunto, MTSS-DMT-OF-37-2019 y MIDEPLAN-DM-030-2019, dirigido por ustedes a varias personas dirigentes sindicales, incluyendo a “Sr. Albino Vargas Barrantes, Central Sindical Juanito Mora”, abriendo tal misiva en el apartado de Asunto, con esta frase-concepto: Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público (el subrayado es nuestro, de ahora en adelante).
  3. Antes de entrar en el fondo de este delicado asunto, nos pareció importante precisarles lo siguiente, con relación a la compleja, rica y diversa dinámica que presenta el conjunto de lo que conceptuamos como Movimiento Sindical Costarricense.
  4. Específicamente, la corriente sindical en que los firmantes de la presente desarrollamos nuestro quehacer (en el marco de la multifacética lucha social nacional); y para efectos de cualquier proceso de Diálogo Social que se inspire en la doctrina y en los postulados del clásico tripartismo que recomienda la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a sus estados miembros, nuestra identidad sindical se denomina Central Social Juanito Mora Porras-Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, siglas CSJMP-ANEP. Así está acreditada, por ejemplo, ante las entidades sindicales internacionales de las cuales formamos parte: la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación de Trabajadores de las Américas (CSA).
  5. Formulada tal precisión, la CSJMP-ANEP desea que sus ilustres autoridades ministeriales consideren los siguientes criterios a propósito del Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público que ustedes proponen en el mencionado oficio conjunto.
  6. Afirman ustedes que “… surge la necesidad de estudiar la visión actual de la temática del empleo público, pero no con una visión fiscalista, si no con un enfoque de modernización del Estado, materia que está a cargo de MIDEPLAN, según los alcances de Ley No. 5525, Ley de Planificación Nacional”.
  7. Para la CSJMP-ANEP esta conceptualización política sobre el tema del empleo público, de ser real, está en sintonía con lo que hemos venido sosteniendo durante ya bastante tiempo de que, por ejemplo, el déficit fiscal no tiene relación alguna con los salarios devengados por las actuales personas trabajadoras asalariadas al servicio del Estado.
  8. Pese a ello, nosotros pensamos que resulta imposible conceptuarse el empleo público del futuro inmediato y mediato, aunque no comprenda una visión fiscalista, sin tener presente cuál será la sostenibilidad financiero-presupuestaria de ese empleo público en el marco de realidad fiscal de altísimo endeudamiento público, con intereses estranguladores del presupuesto público; y, además, con las profundas falencias que presenta la estructura tributaria actual dada su naturaleza perversamente regresiva. He aquí un punto que nosotros vemos vinculado estratégicamente. Hablar de lo uno sin considerar la realidad de lo otro parece que no es sostenible.
  9. La lista de expedientes legislativos pendientes de obtener voluntad política real para una real justicia tributaria es muy extensa y, si no estamos equivocados, algunos fueron explícitamente señalados como condición para la imposición de eso que denominaron “gobierno de unidad nacional”. Debemos ayudar a la ciudadanía a reparar en ello y estamos trabajando en un documento al respecto que, también, será del conocimiento de vuestras dignas autoridades ministeriales.
  10. Por otra parte, pese a los contenidos de la carta que venimos comentando, tenemos cierta confusión (para decirlo con prudencia constructiva), acerca de un proceso similar que ha sido anunciado y publicado con bombos y platillos por el actual Ministro de la Presidencia, don Rodolfo Piza Rocafort, en la misma línea: diálogo sobre empleo público que, al parecer se impulsa desde Casa Presidencial con una parte del Movimiento Sindical Costarricense.
  11. Ya habíamos denunciado, de manera pública, este peligroso juego de dicho jerarca al respecto, de potenciar exclusiones sindicales participativas que tienen criterio más allá de un enfoque que, si bien legítimo, presenta una naturaleza gremial-corporativa; lo cual nos lleva a preguntarnos si se está propiciando un paralelismonegociador con propósitos ocultos de parte del citado ministro, por demás, figura que nos genera profunda desconfianza y sin credibilidad alguna de nuestra parte en él.
  12. Adicionalmente, cuestionamos qué podría ser diferente, ahora, en este proceso de Diálogo social para abordar el tema del empleo público, si lo contrastamos con la experiencia vivida con el proceso anterior en torno al controvertido proceso del expediente legislativo No. 20.580, hoy Ley de la República No. 9635, la del fallo constitucional de compadre hablado; considerando que lo que podríamos conceptuar como la hegemonía política al interior del Gobierno, de orientación ideológica neoliberal, se impondría a definiciones eventualmente compartidas en la línea que ustedes apuntan en cuanto al desafío de que “…surge la necesidad de estudiar la visión actual de la temática del empleo público, pero no con una visión fiscalista…”:
  13. Conociendo el juego político insano que impulsa el jerarca ministerial de la Presidencia, los criterios que tengan los otros rostros de esa hegemonía política al interior del Gobierno, de orientación neoliberal, abren una considerable interrogante acerca a la solidez que pudieran tener eventuales acuerdos-consensos sobre este tema del Diálogo social para abordar el tema del empleo público.
  1. Hablamos del superministro André Garnier Kruse, inserción fuerte de parte del alto corporativismo empresarial de los macronegocios en el seno del Gobierno; así como de las señoras Edna Camacho Mejía y Rocío Aguilar Montoya; la primera, Ministra-Coordinadora del Equipo Económico y la segunda, Ministra de Hacienda.
  2. Lo que estamos diciendo con todo esto es que esas cuatro figuras de la hegemonía política gubernativa, tienen un real poder de veto si un acuerdo-consenso sobre un Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público, arrojase aspectos que no fuesen congruentes con su ideología neoliberal, por una parte; por otra, de cara al alto interés del marco-corporativismo empresarial que marca el rumbo fundamental de la presente administración gubernativa.
  3. Por otra parte, presuponiendo el logro de un acuerdo-consenso acerca del Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público, otra enorme interrogante aflora: ¿cuál será la voluntad de respeto para el mismo de parte de la coalición gubernativa en el seno parlamentario; especialmente, la parte de ésta que tiene la más que notable hegemonía legislativa en estos momentos: el Partido Liberación Nacional (PLN), cuya principal figura diputadil, el señor Carlos Ricardo Benavides Gutiérrez (aspirante con posibilidades de lograr la próxima presidencia del congreso), también tiene una especie de real poder de veto. He aquí, también, otra interrogante política imposible de no ser formulada.
  4. Aquí, precisamente, queremos detenernos un poco más pues dado que esa coalición gubernativa expresada en el seno parlamentario, con principal eje en lo que nosotros denominamos tripartidismo PLUSC-PAC, está en estos momentos en franca ofensiva antisindical al impulsar tres proyectos de ley contra la autonomía y la soberanía sindicales, algo de extrema gravedad desde el punto de vista de los derechos democráticos; es más, contra la misma existencia de los sindicatos en lo que nosotros hemos denominado como la más fuerte y agresiva ofensiva antisindical de los últimos tiempos.
  5. Estas tres iniciativas antiobreras, los expedientes legislativos números 20009, 20049 y 20067, cuentan con el beneplácito gobiernista pues están convocadas por el Poder Ejecutivo para su trámite parlamentario en el actual período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa. Resulta imposible cerrar los ojos ante esta realidad política, resulta imposible mirar para otro lado y desarrollar ese Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público es un escenario más que amenazante para la organización sindical interlocutora del mismo.
  6. Un factor de extrema relevancia que queremos destacar, como consideración fundamental, es que realizar un real Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público, tiene que ver con las eventualidades situaciones de potencial inconstitucionalidad que, por ejemplo, hoy parecen ser más que evidentes dentro de los contenidos de la Ley de la República No. 9635, la del fallo constitucional de compadre hablado. Lo que ya ha sido planteado desde la Universidad de Costa Rica (UCR), y muy probablemente de parte de las otras casas de enseñanza superior pública; lo que se ve venir al interior de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); así como lo que ya de nuestra parte y de manera directa estamos formulando de cara a la autonomía constitucional del Régimen Municipal; nos hablan de la imprudencia, de la inseguridad y del eventual fracaso de apresurar una discusión abrupta e irresponsable sobre el empleo público, como parece que lo está imponiendo el cuarteto de jerarcas neoliberales en control de la hegemonía política gubernativa; el cual presiona para que a marzo próximo esté listo un proyecto de ley que resuelva lo que desde la vigencia de la actual carta magna, en 1949, se generó en materia de institucionalidad público-laboral.
  1. Colateralmente a lo anterior, resulta más que caótico impulsar, a rajatabla y en carrera loca contra la racionalidad técnica del tema de empleo público, una nueva concepción al respecto, con base en la afirmación de ustedes de que no procede una visión fiscalista; en ámbitos como el del empleo público policial que ya ve nacer la irresponsable convivencia de dos sistemas salariales en su seno, producto de la legislación supracitada, con evidentes consecuencias contraproducentes en los diferentes cuerpos policiales encargados de la seguridad ciudadana, al tener dos tipos de personas servidoras públicas conviviendo en la cotidianidad del ejercicio de tal labor con salarios distintos pese a que hacen lo mismo y deben pasar por el mismo control de responsabilidad. Y aquí estamos citando únicamente un ejemplo de un agravamiento del caos laboral en que ha entrado la Administración Público producto de la Ley de la República No. 9635, la del fallo constitucional de compadre hablado.
  1. Sigamos… Habiéndose liquidado, no más entrando la presente administración gubernativa, la hoy extinta Comisión Negociación Salarial del Sector Público, imponiendo de manera unilateral ya dos fijaciones de monto fijo y alejadas de la realidad económica del poder adquisitivo del salario; y ya en vigencia la ley 9635, la delfallo constitucional de compadre hablado, que impuso la concepción de anualidad también en monto fijo; ideológicamente se abrió el camino del salario único para su instauración generalizada, más allá de lo que pudiera formularse en un acuerdo-consenso sobre el tema de las remuneraciones “…no con una visión fiscalista”; por tanto, no parece necesario una bendición sindical mediando ese Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público. Nos parece que la hegemonía neoliberal intra-gobierno ya resolvió el punto mediando ese unilateralismo del que tanto gustan, además de derogaciones jurídicas (todas controversialmente discutibles en el corto plazo), de diversos derechos patrimoniales de las miles de personas trabajadoras asalariadas estatales.
  1. Deben sus ilustres autoridades ministeriales considerar que en el seno de la corriente en la cual desarrollamos nuestro quehacer (si consideramos la realidad político-social expresada en el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, con nexos con la CSJMP-ANEP), se encuentra la mayor cantidad de personas trabajadoras asalariadas del sector Público que enfrentan procesos represivos amenazantes de sus propios empleos por su participación en la pasada lucha social-patriótica contra el expediente legislativo 20.580, hoy ley de la República No. 9635, la del fallo constitucional de compadre hablado. De cara a un Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público, esta circunstancia, al igual que la que apuntamos en el apartado siguiente, tiene para nosotros un peso político muy relevante.
  1. Particularmente, lacera nuestra humanidad y sensibilidad obrero-sindical la situación del compañero trabajador de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), joven Carlos Andrés Pérez Sánchez, cuyo proceso judicial muestra cizaña y violaciones jurídico-procesales que nos llevaron a caracterizarlo como preso político. ¡Sí, señora ministra Garrido y señor ministro Núñez!, ¡preso político!
  1. Han de comprender ustedes, estando de nuestra parte seguros de que ustedes tienen la sensibilidad social suficiente para ello, que existe enorme preocupación en el seno de la clase trabajadora asalariada sobre el futuro de sus pensiones, particularmente, las complementarias (la obligada y/o la voluntaria). Especialmente, en el caso del sector estatal, pues mucha parte de ella estaría cubierta por el nuevo empleo público que surgiría de ese Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público, o sin él.

25Las decisiones de política fiscal que se han venido adoptando por parte de la indicada hegemonía política al interior del presente gobierno, tiene con los pelos parados de punto a más de uno, en cuanto a la sostenibilidad de tales sistemas pensionales y las decisiones de materia fiscal que les están imponiendo. Esto asusta mucho y requiere un abordaje de cara al mundo laboral y social organizado, lo cual no está sucediendo en estos momentos. Otra preocupación de parte de la corriente sindical que ocupa nuestro diario quehacer.

  1. Los efectos perniciosos de una política económica, reiterada a lo largo de los últimos gobiernos (incluido el actual), que está diseñada para la exclusión social fundamentalmente, genera enormes insatisfacciones y graves problemas en otros sectores de la sociedad organizada que siguen siendo tratados con desdén desde el prepotente ojo neoliberal, hoy con mucha incidencia en la gestión gubernativa en desarrollo.

Tan es así que se vienen dando convergencias, impensadas hasta hace poco, entre diversidades opacadas por la preponderancia de lo macro-fiscal con esa particular visión ideológica.

  1. Es así que, recientemente, el espacio denominado ENCUENTRO SOCIAL MULTISECTORIAL (del cual participamos), construye una propuesta articuladora que, sin duda, contempla una aspiración de un reordenamiento institucional de lo público para suplir las deudas sociales acumuladas; y, sin duda pensamos que esa propuesta de Diálogo social para abordar el tema del empleo público, podría no estar completa desde el enfoque de los excluidos y de los que están condenados a ello, por esas macroeconomías fiscalistas tan marginadoras de lo social.
  1. Finalmente, las entidades sindicales por ustedes convocadas tienen cierta peculiaridad al incluir a entidades, respetables sí, pero que son de hecho. El proceso sociopolítico que denominamos Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, que tiene tal naturaleza, fue omitido en el indicado oficio, pensando nosotros que habría ocurrido una omisión totalmente involuntaria, aunque, como pueden apreciar, notable.
  1. En vista de las anteriores consideraciones sociopolíticas que hemos formulado por esta vía, lo cual creemos que amerita, de parte de ustedes, una necesaria asimilación y aprehensión cabal de la naturaleza de nuestra posición sobre este Diálogo Social para abordar el tema de Empleo Público, no podemos atender su atenta convocatoria para este lunes 28 de enero. Posteriormente, y si lo estiman conveniente, estamos en disposición de explicarles de manera más directa y más puntual, las razones apuntadas.