Sector Público asalariado agudiza su empobrecimiento

•No tiene reajuste por costo de vida en este 2024: Quinto año consecutivo de congelamiento salarial total.

•Estado no paga el reajuste pendiente desde el 2020 a la fecha.

•Electricidad sube un 15 %

Los y las oficiales del personal de la Fuerza Pública y de los otros cuerpos policiales del país: Control de Drogas, Vigilancia Aérea, Guardacostas, Policía de Fronteras, Policía Profesional de Migración, Guardaparques, Penitenciaria, Tránsito, Policía Fiscal y OJI, arriban al año 2024, teniéndose que enfrentar a una mayor profundización en el proceso de precarización salarial del cual son víctimas desde el 1 de enero del año 2020.

Llegan al Año Nuevo sin un centavo de incremento salarial por costo de vida y deben enfrentar, desde este mismo 1 de enero 2024, un aumento 15 % en la tarifa de electricidad en sus respectivos hogares, sin hablar de más alzas en camino. Este 2024 es el quinto año consecutivo de congelamiento salarial total.

Además, el Gobierno-Ministerio de Hacienda guarda un sepulcral silencio en cuanto si, ¡por fin!, honrará la deuda salarial del reajuste por costo de vida que entró a regir el 1 desde el 1 de enero de 2020, a razón, promedialmente hablando, de 7.500 colones a la base de cada una de esas personas trabajadoras policiales, hombres y mujeres, integrantes de los sectores de ingresos medios y bajos del aparato estatal costarricense.

En promedio, repetimos, esa deuda abarca 48 meses: los 12 meses del año 2020, los 12 del 2021, los 12 del 2022, los 12 del 2023; más, lo proporcional correspondiente a 4 aguinaldos y a 4 salarios escolares. Hablamos de unos 400 mil colones, en promedio y per cápita.

Esta deuda salarial que el Estado tiene con este personal estatal policial ya es patrimonio personalísimo de cada uno y de cada una. Su legalidad es incontrovertible, así dictaminado por la propia Procuraduría General de la República (PGR).

Idéntica situación aqueja, afecta e indigna al personal magisterial y administrativo del MEP, al de otros ministerios y entes adscritos al mismo; así como el de varias instituciones autónomas y semiautónomas.

Una vez más, ANEP hace emplazamiento público vehemente al propio Presidente de la República y al Ministro de Hacienda, señores Rodrigo Chaves Robles y Nogui Acosta Jáen, para que hablen con contundencia:

1) ¿Pagarán el retroactivo de esos 4 años que, presuntamente, cada entidad pública deudora ya presupuestó para honrar tal deuda salarial que no es por aumento sino por un reajuste por costo de vida?

2) ¿Invocarán la perversa regla fiscal y a última hora nos dirán que la relación deuda pública/Producto Interno Bruto (PIB), arrancó el año 2024 por encima a los 60 puntos para con ello dilatar y seguir dilatando ese pago?

El pago-depósito se puede efectuar de manera automática. Los sistemas digitales institucionales tienen la información precisa de si a alguna persona funcionaria acreedora de esa deuda se le deben reconocer los 48 meses o menos. No se vale venir a plantear que cada quien debe formular un reclamo administrativo: ESO ES HACER TRAMPA para dilatar el pago y hacer colapsar las diferentes dependencias públicas involucradas. ANEP rechaza, contundentemente, la triquiñuela del reclamo administrativo.

Al parecer, la movilización social se impone y parece que se está evidenciando que sin la misma no se atenderá este justo reclamo. ANEP exhorta a las personas trabajadoras afectadas a mantener una disposición para algo semejante. Por el contrario, los acreedores de la deuda pública no tienen problema alguno: a ellos se les paga puntualmente.

San José, martes 3 de enero de 2024.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP.

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

Las luces largas de don Rodrigo

Por: Albino Vargas Barrantes

D. Rodrigo Arias Sánchez, próximo a cumplir su segundo período como Presidente de la Asamblea Legislativa (y ya se escucha en pasillos de palacio que lo van a elegir para un tercer mandato en ese cargo): acaba de publicar un artículo de su puño y letra que tituló Recuperemos las luces largas, especificando que “las fuerzas políticas y sociales debemos comenzar un proceso de diálogo conducente a la creación de una Hoja de Ruta Estratégica para el Desarrollo Nacional”.

De manera categórica planteó: “Si no somos capaces de comprometernos en la práctica con los intereses superiores de Costa Rica y con el bienestar social de la población, el país corre el riesgo de precipitarse en una pesadilla de la que después será muy difícil despertar”.

Esta posición de don Rodrigo es muy significativa desde nuestra perspectiva, aunque no por ser él presidente de nuestro parlamento. Le consideramos autoridad política dentro del conglomerado político-económico del real poder de la Costa Rica actual; ese poder que no va a elecciones, pero determina, en gran medida, quién las gana y quién las pierde.

Analicemos el asunto y, a lo mejor, tendremos que escribir una segunda parte de este comentario.

Que don Rodrigo diga que “el país corre el riesgo de precipitarse en una pesadilla de la que después será muy difícil despertar”; es porque en el seno de la clase dominante pudieran estar sintiendo “pasos de animal grande”, en cuanto a lo insostenible que resulta el desarrollo incesante de la exclusión social y económica que, en similares condiciones y considerado dimensiones nacionales específicas, en otras naciones latinoamericanas se han venido escenificando fuertes estallidos sociales con consecuencias políticas de alto riesgo para la misma democracia.

En sus consideraciones sobre la “…creación de una Hoja de Ruta Estratégica para el Desarrollo Nacional”, don Rodrigo plantea el papel de las fuerzas sociales pues, tácitamente, admite el desgaste de las fuerzas políticas (léase, las partidarias o la partidocracia); mismas que por su sistemático y sistémico desprestigio y reiterada estafa electoral cuatrienal, han sobredimensionado al rol de la democracia representativa para asumir el desafío de la exclusión social y económica.

A lo mejor y ante la constatación del agotamiento de una democracia formal que excluye y, por tanto, se está autoaislando, don Rodrigo tuvo a mano el Artículo 9 de nuestra Constitución Política que indica lo siguiente: “Artículo 9- El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias”.

Nótese: “El Gobierno de la República es popular, …participativo”. “Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí…”.

Tres aspectos son mencionados por don Rodrigo para darle fuerza a su propuesta de “…creación de una Hoja de Ruta Estratégica para el Desarrollo Nacional”: a) Se descuidó la visión estratégica del país; b) se han debilitado los logros históricos de nuestro Estado (Social) de Derecho; c) estamos postrados social y económicamente.

De nuestra parte, ¡coincidimos!, en términos generales. Y las partes más sólidas y representativas de las fuerzas sociales a las cuales apela don Rodrigo hace ya mucho tiempo tenemos diagnosticado esos aspectos y, además, hemos formulado gran cantidad de propuestas. (Continuará…)

Corrupción: hora de una gran ofensiva ciudadana

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Acaba de ser aprobado en la Asamblea Legislativa, ya con los dos debates de rigor, el Expediente Legislativo No. 23.449, Ley de promoción de denuncias y protección de las personas denunciantes y testigos de actos de corrupción contra represalias laborales; iniciativa que, si bien fue convocada por parte del Poder Ejecutivo para que el Legislativo resolviera -como ocurrió, en definitiva-, la misma obedece a diversos compromisos internacionales del país en materia de combate a la corrupción.

Por ejemplo, la obligación que representa para Costa Rica respetar y practicar la Ley de la República No. 7670, Convención Interamericana contra la Corrupción, de 17 de abril de 1997; tanto como la Ley No. 8557, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de 29 de noviembre de 2006. Ambas pretenden el establecimiento de sistemas de protección para el funcionariado público y para la ciudadanía que se decida a denunciar actos de corrupción.

Otra ley, la No. 9450, de 11 de mayo de 2017, nos obligó con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en algo más de fondo: aportar en el combate de la corrupción de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales.

Desde la corriente sindical en la cual militamos de manera cotidiana celebramos que se haya emitido dicha ley, exhortando a las personas trabajadoras de los sectores público y privado a que asuman esta ley en toda su plenitud, disponiéndose a invocarla todos los días para aportar el saneamiento de nuestra institucionalidad republicana tan contaminada de corrupción; misma que se ha venido entronizando con la potencia que le da la connivencia del sector privado que entra en colusión con el público para deteriorar el bien público que es el bien común.

Esta ley establece una serie de prohibiciones de ejercer represalias contra quien denuncie corrupción con independencia de los motivos que tenga para ello. Veamos algunas:

  • La suspensión, despido, destitución o medidas equivalentes.
  • Descenso o denegación de ascensos.
  • Cambios desfavorables en las condiciones de trabajo, tales como funciones, horarios, lugar de trabajo o remuneración.
  • Restricción o discriminación en la promoción u oportunidades de formación.
  • Evaluación o referencias negativas con respecto a su desempeño laboral.
  • La no prórroga del contrato a plazo fijo o por obra determinada.
  • Anulación de una licencia o permiso otorgado por el empleador.
  • Otros daños reputacionales, profesionales, financieros, sociales, psicológicos o físicos.

Este fuero de protección especial por denunciar corrupción aplicará a los compañeros de trabajo, familiares hasta cuarto grado de consanguinidad o afinidad; así como terceras personas que estén relacionadas con el denunciante en el mismo contexto laboral y sufran represalias con motivo de la interposición de la denuncia.

Nosotros vemos grandes oportunidades de una ofensiva ciudadana contra la corrupción de la mano de esta ley (todavía sin número), en ámbitos de la política pública que se relaciona con el sector privado tales como: construcción de infraestructura vial y educativa, aduanas y defraudación fiscal, salud y seguridad social, protección eco-ambiental, sistema financiero-bancario, entre otros. Estamos muy entusiasmados por las oportunidades que abre esta ley en defensa de la propia institucionalidad republicana.

2024: Clase trabajadora asalariada seguirá pagando el ajuste fiscal

•El crecimiento de la economía no se refleja en el incremento en el salario mínimo

•Empleados públicos ingresan al quinto año consecutivo de congelamiento salarial total

La clase trabajadora asalariada, la que tiene “suerte” de tener un empleo fijo con salario formal, aunque cada vez con menor poder adquisitivo, llegará al año 2024 con un panorama de mayor empobrecimiento y mayor precariedad sociofamiliar.

En el caso del sector Público, prácticamente la totalidad del mismo entrará en este 2024 a su quinto año consecutivo de congelamiento salarial total, lo cual está generando una grave violación de derechos, tanto constitucionales como humanos, si nos atenemos a criterios ya emitidos por la propia Procuraduría General de la República (PGR).

Para agravar esta circunstancia de serio empobrecimiento salarial del bloque laboral estatal, la deuda del Estado para con el mismo, correspondiente al último reajuste por costo de vida que se decretó, a finales del 2019 y que es valedero para los años 2020, 2021, 2022 y 2023, de un promedio general de 7.500 colones a cada base salarial; sigue en total incertidumbre de si será, finalmente, honrado.

El propio Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, está indicando que sería hasta al año 2025 cuando la relación de la deuda pública del país con relación al Producto Interno Bruto (PIB), esté por debajo de los 60 puntos porcentuales; condición está impuesta por la pérfida regla fiscal.

Lo anterior quiere decir que, aunque en el presupuesto 2024 se incluyeron partidas para pagar esa deuda, con carácter retroactivo al 1 de enero de 2020, probablemente no podrá ser materializada y depositada en el bolsillo de cada persona trabajadora empleada pública acreedora de la misma, como se espera para las próximas semanas del nuevo año.

Y, complicando todavía más las cosas, la deuda debería ser cobrada por el engorroso proceso de “reclamo administrativo”: una verdadera irracionalidad que podría generar hasta más de 100 mil procesos ordinarios; lo cual es rechazado, tajantemente por ANEP, por cuanto se puede cancelar de oficio por cuanto los meses adeudados de esos 4 años, en cada caso están registrados en los sistemas informáticos institucionales respectivos.

Las víctimas del sector laboral empleado público incluyen al personal de todo el Magisterio Nacional, de todos los cuerpos policiales, de los ministerios y antes adscritos a los mismos, de diversas instituciones autónomas y semiautónomas y de empresas públicas. Está en desarrollo una verdadera conmoción social.

Por lo que respecta al sector privado, el salario mínimo cada vez se aleja más de lo ordenado en el artículo 57 de la Constitución Política de Costa Rica: “Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna”. Hoy en día, el salario mínimo en la empresa privada ni procura bienestar ni procura existencia digna. Una gran lucha social pendiente que merece ser asumida militantemente; incluso, invocando el Derecho Internacional previsto para ello.

Como es fácil concluir, el ajuste fiscal de la economía costarricense está sobre las espaldas del pueblo trabajador: dura realidad sumamente injusta que compromete nuestros esfuerzos en grado sumo para el año nuevo 2024.

San José, lunes 18 de diciembre de 2023.

*Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP*

*Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP*

Presidente Chaves: todavía puede usted ser disruptivo

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

Disruptivo: “Que rompe algo o que rompe con alguna cosa o situación”. Supusieron sus electores que usted iba a ocasionar una ruptura o un cambio determinante; que usted iba a ser “innovador”, “revolucionario”, “transformador”; en fin, que usted sería disruptivo en lo que respecta a la politiquería de los últimos tiempos. Nada de eso… hasta la fecha. Casi que podemos decir que estamos ante una nueva estafa política cuatrienal como las de las elecciones presidenciales de, más o menos, los últimos 40 años.

El “güiquilís” tico (los audios) le está dejando a usted muy mal parado. En la pelea inter-élites le están goleando. El bloque político-hegemónico-mediático tradicional, el del poder real, ese que estuvo sosteniendo al desastroso gobierno anterior, el del detestado Carlos Alvarado Quesada, para que no se cayera; está mostrando de qué son capaces y exhibiendo su nada despreciable capacidad de incidir en la agenda-país.

Se está demostrando que la campaña electoral que le llevó a la Presidencia de la República fue algo sucio, aunque nada distinto de las que se desplegaron en las elecciones anteriores a la suya. Usted está, prácticamente solo y sus huestes, cada vez más disminuidas, “combaten” desde las redes sociales con gran precariedad intelectual y notorias debilidades argumentales. Doña Pilar Cisneros Gallo, desde el parlamento, hace ingentes esfuerzos por sacar agua del bote; sin embargo, se ha disipado todo su prestigio ganado durante tantos años, al reconocérsele ser una de las voces más autorizados en materia de control de la suciedad en la cosa pública.

Leímos la entrevista de página completa que le hizo el periódico impreso más leído de Costa Rica, Diario Extra, publicada este pasado lunes 11 de diciembre; la cual se tituló Chaves: “Choreco ya no es mi asesor”. Cuesta creer eso puesto que, urbi et orbe (a la ciudad y al mundo), ustedes se presentaban como uña y carne. Ahora, por el contrario, Choreco dice que usted es un “bocón”. La cosa está tan horrible para ambos que, a lo mejor, decidieron vender el producto comunicacional de una “ruptura” entre ambos. Sin embargo, puede ser que la ley les alcance a final del camino.

En esa entrevista, usted pone la bola en el punto de penal cuando indicó: “La desigualdad ha estado subiendo en Costa Rica por más de 40 o 50 años. Parar el deterioro de la desigualdad es complejo. ¡Se deben hacer cambios estructurales profundos!” Nada más atinado pudo usted haber dicho en esta complicada situación político-social y económica de la Costa Rica actual.

Y con este otro comentario, usted la voló: “Seguimos siendo una de las sociedades más desiguales del mundo. ¿Por qué? Tenemos un sistema tributario regresivo. Estamos luchando contra eso, pero todavía hay muchas resistencias”.

En el seno de la corriente sindical en la cual militamos, el tema de la creciente, sistemática y sistémica desigualdad; amén de ese sistema tributario regresivo que incluye ese monstruoso y criminal pago de intereses de la deuda pública; viene ocupando, prácticamente, los puntos medulares de nuestro accionar patriótico-social de los últimos tiempos. Creemos que, también, en otras corrientes sindicales y en el seno de la gran diversidad de los movimientos sociales, estas preocupaciones forman parte de sus agendas de lucha de una u otra manera.

¡Dele un giro a su gobierno! Asuma la disrupción que usted, aunque no con ese nombre, prometió en campaña (incluida, la revisión del tema de los intereses de la deuda pública). Convoque a la gran diversidad de grupos sociales de diversa naturaleza (incluidos los sindicales) para, al menos, hablar del asunto y de otros no menos relevantes. Revise la Historia Patria. Revise la disrupción que en su momento decidió impulsar el Expresidente de la República, Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia; histórica decisión que hoy hace que tengamos Código de Trabajo y que tengamos CCSS. Reflexione usted en Navidad y en Año Nuevo.

Trasladan denuncia de la ANEP a la Fiscalía por dinero asignado para listas de espera en la CCSS

La ANEP, envió una denuncia a la Contraloría General de la República solicitando se investigue la propuesta anunciada por la CCSS, sobre la disposición de 200 mil millones de colones para la atención de listas de espera.

ANEP graduó a 33 dirigentes de base en curso sobre Derechos Humanos

Con la capacitación de la Escuela Sindical Mario Alberto Blanco Vado, la ANEP realizó la primera graduación del curso «Derechos Humanos para dirigentes sindicales de base de la ANEP», entregando un total de 33 certificados de aprovechamiento en esta materia.

El día de los Derechos Humanos

El próximo domingo 10 de diciembre estaremos conmemorando el 75 aniversario de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, efectuada el 10 de diciembre de 1948, teniendo como motivación fundamental responder a los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la Humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Tal conmemoración, en el caso costarricense, nos llega en uno de los momentos históricos de nuestra vida republicana más tristes, dolorosamente hablando, pues es la desigualdad reina total de nuestra convivencia cotidiana, prácticamente en todos los órdenes de la vida nacional: en lo social, en lo económico, en lo educativo, en libertad, en lo salarial, por ejemplo.

Particularmente, en el seno de la clase trabajadora, en el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), tenemos graves violaciones en cada uno de sus 30 postulados fundamentales.

De esos 30 postulados, si nos fundamentamos en el No. 23, notaremos fuerte regresión en el devenir democrático del país en estos 75 años. Miremos lo que nos dice ese artículo 23 de la DUDH:

Artículo 23- 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

Note usted que cerca del 50% de la Población Económicamente Activa (PEA) del país está desempleada, es decir, se le violenta su Derecho Humano al Trabajo y no tiene protección contra el desempleo. Note usted, también, que gran parte de la población trabadora que sí tiene empleo formal y salario, está recibiendo un salario que no le garantiza una existencia conforme a la dignidad humana pues el salario mínimo no es salario digno. Note usted que el derecho a fundar sindicatos y a sindicalizarse para la defensa de sus intereses, sufre una violentación cotidiana en el sector privado de la economía; y en el público, la castración de la verdadera negociación colectiva para dignas condiciones de trabajo está imperando en estos momentos.

La corriente sindical en la cual militamos está impulsando un proceso serio y profundo para una concientización plena en el seno de la clase trabajadora, de que los Derechos Humanos, partiendo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos ofrece la posibilidad de obtener una bandera de lucha de alcance global para enfrentar, de mejor manera, la serie de efectos perversos generados a partir de las políticas neoliberales de ajuste fiscal extremista y fanático; también para contrarrestar el ataque a los derechos laborales, económicos y sociales conquistados; también para hacerle frente al desafío de evitar la consolidación de la desigualdad y de la perniciosa concentración abusiva de la riqueza; así como para la defensa misma del planeta acosado por la vorágine de la explotación capitalista inmisericorde.

Y, hablando, actuando: mañana jueves, vísperas del 75 aniversario de la DUDH, se graduará el primer grupo de dirigentes sindicales de base con una formación específica en cuanto a la relación de la lucha sindical en estos tiempos de neoliberalismo desenfrenado, con el conocimiento, la defensa y la promoción de la Doctrina de la Derechos Humanos. ¡Simbólico! Recibirán su certificado en la sede de la mismísima Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuya sede está en nuestro país. ¡Vivan los Derechos Humanos!

Denuncias por irregularidades en la Cruz Roja llevan a despido antisindical

La Seccional ANEP-Cruz Roja Costarricense denunció ante la opinión pública y en conferencia de prensa, el despido antisindical y sin responsabilidad patronal del presidente de dicha seccional y cruzrojista, Ricardo Castro Calderón. Este último desde su gestión de representante sindical ha venido denunciado, junto a la seccional una serie de irregularidades a lo interno de la institución, así como una férrea defensa de los Derechos Laborales de los trabajadores.

Esta voz de denuncia lo llevó a recibir incluso sanciones, como la suspensión de 5 días sin goce salarial, por denunciar ante los medios de comunicación, el faltante de camillas en el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, situación que provocaba que los cruzrojista debieran esperar hasta 2 horas o más en el centro médico cuando trasladaban a algún paciente, ya que ese era el tiempo que tardaban en devolver las camillas de las ambulancias.

Otra de las fuertes denuncias que hizo eco en los medios de comunicación nacional, fue el hecho de que solo un cruzrojista se encargaba de atender cierta emergencia y a la vez debía manejar la ambulancia hacia el centro médico respectivo, mientras el paciente no recibía la atención requerida durante el traslado, esto debido al faltante de socorristas; situación que llevó al lamentable deceso de un paciente en pleno traslado.

Ricardo Castro Calderón, presidente de la seccional ANEP-Cruz Roja, indicó que este tipo de denuncias llevó a una persecución en contra de la junta directiva de la seccional.

 “Todo el proceso que ha venido pasando no solo mi persona, también la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Cruz Roja con denuncias por parte de la institución es simplemente una persecución sindical. Así lo dejan ver los procesos y denuncias que se están llevando”, detalló Castro.

Otra de las fuertes denuncias realizadas fue por el mal manejo de fondos públicos entre otras cosas, por parte de la administración en el comité de la Cruz Roja Costarricense en Alajuelita. A pesar de que a la persona responsable se le encontró

culpable del mal manejo de dineros públicos, a pesar de eso solo le aplicaron 2 días de suspensión sin goce salarial.

La seccional ANEP-Cruz Roja Costarricense expuso las siguientes situaciones:

1. Mal manejo de fondos públicos en el Comité de Alajuelita 

2. Faltante e incumplimiento en la contratación de los socorristas 

3. La creación de una convención colectiva sectorial 

4. Rompimiento de las mesas de trabajo con la parte patronal por decisiones unilaterales y situaciones que nunca se resolvieron 

5. Procesos administrativos en contra de varios miembros de la junta directiva 

6. Denuncia por el faltante de camillas en el Calderón Guardia, que llevó a una suspensión de 5 días sin goce de salario.

7. Despido sin responsabilidad del presidente de la Seccional.

Para Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, este despido antisindical es más político que jurídico, ya que Ricardo Castro ha liderado un movimiento que socavó las bases de la institucionalidad de la Cruz Roja Costarricense.

“La seccional empezó a escarbar, cuestionar y pedir informes e incluso a ventilar cosas que en ese momento eran tabúes y se dieron a conocer a los medios de comunicación colectiva. Estamos haciendo una condena pública de este acto patronal, vamos a seguir adelante con todas las herramientas jurídico legales para defender a nuestro afiliado y afiliación, ya que se cometió una venganza política”, aseveró Vargas.

Rafael Mora Solano, Asesor Político de la ANEP y Coordinador de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP, cuestionó el accionar del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en este caso y anunció que Ricardo Castro debe de ser nuevamente reinstalado.

“Estamos claros que este despido es a todas luces ilegal, que no tiene asidero y lo más lamentable es que el Ministerio de Trabajo lo avaló, pero analizando los fundamentos y argumentos utilizados, estos carecen de contenido y muestran ilegalidades en su proceder, por lo que serán ventiladas en la estratos judiciales. Lo que se busca con todo esto por parte de la administración de la Cruz Roja es

eliminar la actividad sindical de la ANEP en la institución y frenar la voz de denuncia”, detalló Mora.

A pesar de este despido antisindical, Ricardo Castro Calderón seguirá al frente de la Seccional ANEP-Cruz Roja Costarricense con todo el respaldo de nuestra organización, así como para los integrantes de la seccional y personal afiliado.