-También advierten por desobediencia al presidente de la institución
– Proceso debió finalizar en setiembre de 2021 y a la fecha no hay resultados
La Sala Constitucional ordenó al Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER), finalizar con el proceso de reorganización administrativa para otorgar plaza en propiedad a 196 trabajadores interinos, esto luego de que la institución incumpliera el plazo de seis meses otorgados por la misma sala para finalizar dicho proceso.
Walter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto de la ANEP, manifestó que desde el 12 de marzo del 2021 se dio el fallo 2021-005033, donde la Sala Constitucional le otorgó seis meses de plazo al INDER para finalizar el proceso de reorganización administrativa interna. Sin embargo, pasaron más de dos años y no hay resultados, por lo que debieron acudir nuevamente a la Sala.
“Por esto presentamos una acción de desobediencia en contra de la administración. posteriormente otro de los sindicatos presentó un pronto despacho, lo anterior ante la afectación y zozobra que están sufriendo estos 196 trabajadores destacados en diversas sedes de la institución en todo el país” detalló Fernández.
Por lo anterior la Sala Constitucional, también advirtió al presidente Ejecutivo de la institución Eduardo Robert Ureña, o a quien ocupe su cargo, acatar lo dispuesto por el órgano constitucional, de lo contrario se le abrirá un proceso administrativo en su contra o bien se le acusará ante el Ministerio Público por el presunto delito de desobediencia a la autoridad.
Actualmente en el INDER existe un total de 196 funcionarios nombrados en forma interina, con prórrogas que datan de hace 6 años aproximadamente. Además, existen un total de 84 plazas vacantes que a la fecha no se han utilizado.
Este proceso ante la Sala Constitucional fue presentado por la Seccional ANEP-INDER, SITRAINDER, SIPROINDER y UNEINDER.
– Destrucción de ecosistemas, levantamiento de urbanizaciones sin control, explotación maderera en áreas protegidas, abusos laborales, reducción de penas para desarrolladores y pérdida de autoridad de la SETENA pretende este nuevo reglamento.
La nueva normativa de la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA), la 43898, sustituye a la que rige actualmente, la 31489, y entre sus peligrosos enunciados se encuentra el consentimiento para pavimentar áreas ambientalmente frágiles, entre ellas las que albergan afloramientos o cursos de agua, suelos susceptibles de inundación y hundimiento, o de gran importancia ecológica para su conservación y que, por su belleza escénica, son los favoritos para asentar en ellos proyectos urbanísticos.
Además, autoriza la extracción forestal en las áreas silvestres protegidas, libera de permisos el cambio de uso del suelo en materia agrícola, excluye la obligatoriedad de los empresarios de informar a la población sobre sus proyectos en un medio impreso, elimina la obligación de la industria urbanística de presentar estudios de vialidad avalados por el Ministerio de Transportes, traslada gran parte de las responsabilidades de SETENA a las municipalidades sin que estas hayan sido consultadas, reduce las penas para los empresarios que incumplan las disposiciones, pero amenaza a los funcionarios que la pudieran quebrantar.
El reglamento, que empezó a regir este mes de agosto, retrocede 25 años en materia legal y deja indefensos los cuerpos de agua, el aire, el suelo, a los ciudadanos y demás habitantes de este nuestro territorio común, con el propósito de reducir al mínimo los trámites y obligaciones legales de la industria constructora, el sector que presenta ante la SETENA el 70% de lo que esa institución tramita.
No es casual que el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles y el ministro del ambiente, Franz Tattenbach Capra, se hicieran acompañar de representantes de la Cámara de la Construcción el día en que anunciaron a la prensa, este pasado febrero, la derogación del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y su Manual de Instrumentos Técnicos. Tampoco es fortuito que días después, en febrero también, escogieran al Colegio de Ingenieros como escenario para anunciar la entrada del Reglamento de Setena número 43898, cargado de vicios, portillos, contradicciones, desregulaciones, regresiones e inconstitucionalidades.
El nuevo articulado carece de los elementos preventivos que sí estuvieron presenten en las normativas anteriores. Ante la ausencia de normas preventivas, se prevén daños ambientales irreversibles y en consecuencia desmejora de la calidad de vida, justo en el momento en que el mundo ha alertado sobre la escasez de agua.
Este reglamento, amplía el umbral de los proyectos calificados como “menores” a mil metros cuadrados (en el reglamento aún vigente el umbral es de 500 metros cuadrados) que constituyen el 65% de los proyectos ingresados al SETENA para ser evaluados y controlados.
Ese 65% de proyectos, según el reglamento 43898, pasarían a estar bajo inspección de los gobiernos locales que en un 50% carecen de su principal herramienta para regular asuntos ambientales, los planes reguladores. Y de ese 50% que sí los posee, solo el 6% ha definido, mediante estudio técnico, las áreas de fragilidad ambiental de sus cantones.
Además de lo expuesto en el punto anterior, la nueva normativa permite que en una misma finca se construyan sin permisos, uno tras otro, esos proyectos de hasta mil metros cuadrados considerados de “bajo impacto ambiental” y que al sumarse y acumularse terminan constituyéndose en megaproyectos que no requirieron de permisos, ni controles.
Por otra parte, el tamaño de los desarrollos no determina los impactos en el ambiente y por tanto la calificación de “bajo impacto” no posee sustento técnico.
Otra de las enormes deficiencias del reglamento 43898 es que elimina la obligación de los urbanizadores de presentar ante la SETENA un estudio vial avalado por el Ministerio de Transportes, con lo cual el aumento en el tránsito vehicular que traerán los desarrollos urbanísticos a las zonas rurales y urbanas agravará el congestionamiento que gobierna nuestras calles.
Esta normativa a punto de estrenarse se mete también en lo laboral, acosando psicológicamente al personal de la SETENA, al imponer plazos más cortos en los procesos de las Evaluaciones de Impacto Ambiental, EIA, desconociéndose si esto puede ser posible y amenazando al personal con procesos disciplinarios.
En sentido contrario caminan las cosas para los desarrolladores, a quienes este reglamento favorece notoriamente, no solo porque disminuye en gran medida el papeleo para los permisos y los controles sobre ellos de parte de la SETENA, sino que les baja las penas, les suaviza las sanciones en caso de incumplimiento.
En lo referente a los descuidos, la publicación de este documento en La Gaceta adolece de algunos anexos citados en sus artículos. Según estos, en determinados anexos deben figurar determinados formularios para ser llenados antes del inicio de algún proyecto.
Por si fuera poco, el derecho de los ciudadanos a ser debidamente informados se violenta en el reglamento, al eliminar de sus regulaciones el acceso a un medio impreso donde poder enterarse sobre el desarrollo de proyectos.
El nuevo reglamento de la Setena es un mamotreto eliminador y facilitador de trámites a favor de una minoría, que no contempla, sino más bien excluye, los intereses y derechos de las mayorías, así como deja indefensos los recursos naturales, pasando por encima de leyes, convenios internacionales y principios de la Constitución Política de Costa Rica.
Ante sus enormes deficiencias y parcialidades y ante las graves repercusiones socioambientales a que conllevaría esta normativa, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ha decidido estrenarse hoy como figura ambientalista y solidaria, apoyando la iniciativa del también nuevo grupo ecológico Káñik.
Seremos sus cómplices en esta acción ante el Poder Judicial, una acción de inconstitucionalidad contra el reglamento 43898 sobre la cual les hablará a continuación su abogado, Msc. Juan Diego Quirós.
En la Seccional ANEP Fuerza Pública, vemos con suma preocupación el anunció hecho por el Ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, en torno de que decenas de vehículos no podrán ser reparados, debido al recorte presupuestario de 350 millones de colones. Esto, luego de que hace poco se dijera que se contaba con un presupuesto extraordinario para la compra de nuevas patrullas.
En datos brindados por el Ministerio de Seguridad Pública, luego de una consulta de la seccional ANEP-Fuerza Pública, se indicó que, a la fecha, hay 594 patrullas y 358 motocicletas fuera de servicio. Entre las principales causas se encuentran fallas mecánicas, falta de repuestos y accidentes de tránsito.
Tal como hemos denunciado otras veces, en los últimos años se ha presentado escases de botas tácticas, botas para operación en montaña, uniformes, jackets, capas impermeables, focos, fundas para la portación del arma de reglamento, chalecos antibalas, se ha reducido la dieta alimenticia, en fin, se ha dejado de invertir en seguridad ciudadana, medida que afecta la operación de los cuerpos policiales y, por ende, se podría agudizar la situación de inseguridad que afronta nuestro país.
En la Seccional ANEP Fuerza Pública, de manera responsable habíamos señalado el riesgo para el país en materia de seguridad pública, si se incluía al Ministerio de Seguridad Pública en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, “Regla Fiscal”, que, efectivamente vino a repercutir negativamente en la gestión de seguridad ciudadana. Ahora, anuncia el ministro como medida paliativa que las comunidades “adopten” una patrulla, o sea, que se encarguen de su reparación, lo cual, deja ver que los cuerpos policiales nunca debieron entrar el la Ley 9635 y de manera urgente deben ser excluidos de la aplicación de la misma.
Nuestra patria vive una crisis en materia de inseguridad ciudadana, como si tratara de todo un plan maquiavélico, nuestros cuerpos policiales están atados, literalmente reducidos a la impotencia por la falta de recursos. Además de estar en primera línea, enfrentando el crecimiento delincuencial, ¿será que también deban los cuerpos policiales salir en defesa de recursos?
– Denuncia también recae sobre cuatro funcionarios de la institución
–También se denuncia decusaciones en torno a el tratamiento del portafolio de inversiones de infraestructura y tecnología de la CCSS
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), presentó una denuncia ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, así como ante la Contraloría General de la República (CGR), para que se investigue el accionar de la Presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel Rodríguez, así como de los miembros de la Junta Directiva y cuatro funcionarios de la institución, por presuntos elementos graves en torno al posible amañamiento de datos actuariales y el tratamiento del portafolio de inversiones de infraestructura y tecnología de la CCSS.
Dentro de la denuncia planteada, también se solicita se investigue a la ingeniera Susan Peraza Solano, Directora de Planificación; a Carolina González Gaitán, Directora Actuarial; a Allan Quesada Soto, Asesor Económico de la Presidenta Ejecutiva, todos los anteriores por presuntos actos contrarios a la ley. Así como, a Ólger Sánchez Carrillo, Auditor Interno de la CCSS, por presunto incumplimiento de deberes.
Para la ANEP, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) es un pilar de la democracia del país, institución fundamental para el desarrollo y la protección social, a través de los aportes en salud y pensiones, así como las ayudas económicas directas e indirectas y la gran inversión que realiza anualmente para beneficio de miles de personas en el mercado laboral.
“En estos primeros seis meses del 2023 hemos sido testigos, como organización sindical, de una política de terror, persecución con rasgos de autoritarismo, como nunca en la historia institucional. Actitud que, sin duda entre otros objetivos no menos importantes, atiende preferentemente el de debilitar la imagen de la CCSS y su gobernanza, que, aunque con defectos, virtudes y focos de diversas formas de corrupción, no dudamos es una institución que es una insignia del país y su democracia y desde esa caracterización sumamente objetiva, la ANEP es uno de los actores que ha alzado la voz en defensa de esta institución, por lo que denunciamos a las autoridades correspondientes los hechos que se presentan en la institución ” manifestó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.
Posible maquillaje de informes
Nos presentamos, nuevamente, a denunciar las actuaciones de Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Presidenta Ejecutiva, del licenciado Roberto Quirós Coronado, Vicepresidente y de los directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social; quienes, hasta donde ha sido público y notorio, adoptaron, presuntamente, acuerdos en contra de los criterios técnicos y financieros en posible perjuicio de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), específicamente los generados por la Dirección Actuarial y Económica para la sesión de Junta Directiva donde se informó a la población de una crisis financiera grave.
La señora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez tiene, posiblemente, una mayor cuota de responsabilidad como superior jerárquico de la Dirección de Planificación y la Dirección Actuarial; pero, sobre todo, porque medios de comunicación digital y otros, entendemos, han expuesto que desde el despacho de ella se conocían los ajustes propuestos en los escenarios actuariales.
Además, confirman en principio que la misma Junta Directiva fue informada por ella, 8 días antes de que se tomara la decisión de suspender las obras del portafolio de infraestructura y equipamiento.
La Junta Directiva de la CCSS, el 9 de marzo 2023, conoció un informe, presuntamente alterado, por parte de la licenciada Carolina González Gaitán, Directora de Actuarial, la ingeniera Susan Peraza Solano, Directora de Planificación Institucional y el licenciado Allan Quesada Soto, Asesor Económico, de la Presidencia Ejecutiva.
Dicho informe fue utilizado para indicar que la CCSS estaba en crisis financiera y desencadenó la suspensión de las obras del portafolio de inversiones en infraestructura y tecnología, aun así, en la sesión donde se presentó el tema presuntamente no advirtieron de las modificaciones y reiteraron que era un trabajo de equipo técnico.
El 26 de julio 2023, en el oficio DFOE-SEM-1266 – DFOE-BIS-0454, la Contraloría General de la República señala hasta donde se conoce, el incumplimiento de Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Presidenta Ejecutiva, estableciendo posibles situaciones contrarias a las buenas prácticas en las valuaciones actuariales y el posible incumplimiento de disposiciones en esta materia. Además, de disposiciones que se giraron para blindar el proceso actuarial.
Señala la Contraloría que la valuación actuarial dispone de dos versiones adjuntas al mismo oficio y que tienen el mismo nombre, solo cambiando el contenido. Eso, lamentablemente, es gravísimo para la CCSS y los funcionarios que participaron pareciera se prestaron para encubrir tal situación, lo cual debe sin lugar a dudas dilucidarse con urgencia.
Para rematar, el 11 de agosto 2023, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la segunda y final Opinión técnica ( sin recibir por parte de la CCSS toda la información requerida según se desprende del propio texto de la opinión de marras), sobre las valuaciones actuariales del Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, prácticamente deja al descubierto que los números actuariales están sobrestimados; y, todo apunta que no fue un error de cálculo, sino que pudo existir una posible intencionalidad para dañar la imagen financiera de la CCSS y fundamentar la narrativa de crisis y suspensión de obras. Esto es en un alto grado así, en razón de:
A- Posible alteración de tasas de utilización, ya que se denotan cambios abruptos que pareciera muy complejo defenderlos.
B- Serias inconsistencias documentadas.
C- Referencias que denotan cambios abruptos en las proyecciones para el portafolio de inversiones en un lapso de 7 días, que no dudamos imponen una explicación científica creíble.
D- La no entrega de toda la información que la CCSS requirió (el contenido de esta segunda opinión técnica así lo establece), lo cual incluye la herramienta (algorismo), que entendemos utiliza la Dirección Actuarial para procesar y proyectar escenarios a partir de las hipótesis comúnmente utilizadas en estos procesos.
E- El video público y notorio de respuesta a la OIT, por parte de la Presidenta Ejecutiva que pareciera ser un acto administrativo unilateral ya que no existe quorum estructural en ese órgano colegiado. En tal sentido la Contraloría General debería solicitar a la funcionaria en cuestión el acuerdo de Junta Directiva que sustenta dicho acto para valorar si está apegado al ordenamiento jurídico.
Por lo anterior, se solicita, respetuosamente, a la Contraloría General de la República (CGR), investigar a Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Presidenta Ejecutiva; al licenciado Roberto Quirós Coronado, Vicepresidente de Junta Directiva, miembros de Junta Directiva que votaron a favor, por una posible falsedad ideológica y alteración de documentos públicos.
Además de lo anterior, se solicita valorar las actuaciones de Susan Peraza Solano, Directora de Planificación; la licenciada Carolina González Gaitán; y el licenciado Allan Quesada Soto, Asesor Económico de la Presidenta Ejecutiva, para que se determine si estos funcionarios incurrieron en actos administrativos contrarios a la ley.
Esta segunda petitoria, valorando por parte de este contralor la separación inmediata del cargo, ya sea reubicándolos en una unidad donde no puedan alterar posible evidencia; o incurrir en acciones que, presumiblemente, puedan deterior la investigación objetiva que estamos formulando, por cuanto si se demuestra que las unidades técnicas de la CCSS se prestaron para montar una presunta farsa política a partir de presuntos delitos, esto aparte de generar posibles consecuencias legales, sin duda alguna deviene en hechos gravísimos que dañan la institucionalidad.
En todo este tiempo de la Administración, para algunos temas de señalar y advertir riesgos de la Junta Directiva ha existido, posiblemente, un gran ausente, la Auditoría Interna, pero para respaldar los intereses de persecución y/o desacreditar los criterios técnicos y financieros, si están presente con oportunidad, nada más bastaba un acuerdo de Junta pidiendo el producto: relación de hechos o denuncia penal.
La Auditoría Interna, hoy día, podrá hacer un mix de palabras para indicar que señaló cosas, pero ninguna dirigida al jerarca de la CCSS. Sobran ejemplos ya expuestos de nombramientos presuntamente irregulares e ilegales, y muchas otras decisiones sin fundamento, según han surgido al conocimiento público por personas comunes y corrientes que no aceptan la corrupción.
En este tema concreto, la Auditoría Interna, según entendemos, recibió denuncias formales e informales desde marzo del 2023, luego en mayo indicó que estaba investigando y en la Asamblea Legislativa según parece formuló que en “2 meses” tenía el producto, pero todo parece indicar que existe un posible, pero profundo alineamiento que no logramos entender.
Muy probable exista un daño social relevante, obras que no se iniciaran ni concretarán este 2023, por ejemplo: lo que se visualiza del Hospital de Cartago, la torre del Hospital de San Rafael de Alajuela, saturados por la gran demanda, el Hospital de Limón, el Hospital de Guápiles, la puesta a punto del Área de Salud de San Rafael de Heredia; o, la incertidumbre que quedan las obras del Fidecomiso a partir del 2024, todo eso por decisiones de esta Junta Directiva que consideramos fue presuntamente nombrada ilegalmente, lo cual ha sido ratificado por la Sala Constitucional.
Por lo anterior, como una tercera petitoria, debe valorar con sumo cuidado este ente contralor, el posible incumplimiento de deberes del licenciado Ólger Sánchez Carrillo, Auditor Interno; del licenciado Randall Jiménez Saborío, Subauditor Interno; y, del Lic. Adrián Céspedes Carvajal, por presuntamente no advertir a la Junta Directiva de lo acontecido, ni pedir una valoración técnica de mayor rigurosidad e inclusive por aparentemente ralentizar los productos de auditoría en esta materia, para alinearse al funcionamiento de la Presidenta Ejecutiva, en lo que podríamos reiterar como un incumplimiento de deberes y pérdida de credibilidad de esta instancia “independiente” y “objetiva”.
Principios éticos fundamentales de la militancia y de la lucha sindical obrero-social, nos obligan a realizar todos los esfuerzos posibles y en todos los escenarios necesarios, para aportar a salvaguardar el sagrado derecho de la clase trabajadora asalariada a seguir teniendo la jornada ordinario-laboral de las ocho horas.
El más grave ataque del capital costarricense a la misma desde la promulgación misma del Código de Trabajo, en 1943, se acaba de dar en el seno de la Asamblea Legislativa con la aprobación, en primer debate, de lo que se ha dado en llamar las jornadas 4 x 3 mismas que, desde un punto de vista político-ideológico, significa la derogatoria (por ahora, parcialmente), de esa histórica y sagrada jornada de las 8 horas.
Por cierto, el día de esa votación fue el pasado martes 15 de agosto, conmemoración muy sentida por el pueblo costarricense como lo es el Día de la Madre; una acción legislativa más que macabra para tal fecha, si pensamos en las madres trabajadoras asalariadas.
Aprobación que, seguros estamos, obtuvo los 32 votos de mayoría mediando presiones externas de gran poderío millonario, económico-financieramente hablando, por una parte; y, por la otra, exhibiendo una ignorancia mayúscula acerca de todos los entornos sociohistóricos, tanto nacionales como internacionales, de cómo la clase trabajadora ha tenido acceso durante tantas décadas a que se le respete la jornada de 8 horas.
Si particularizamos al respecto, uno está muy seguro al afirmar que de esas 32 diputaciones que legislaron del lado del capital para derogar la jornada de 8 horas, son poquísimas las que conocen el significativo episodio de la lucha histórica mundial de la clase obrera conocido como Los mártires de Chicago. Y, para el caso costarricense, tampoco creo que tengan la más mínima noción histórica de cómo fue que en nuestro país se dio el establecimiento la jornada de las 8 horas.
Esta está en la mayor legislación del país: la Constitución Política, la cual nació a la vida jurídico-republicana del país, el 7 de noviembre de 1949. Y, por supuesto, es parte esencial y fundamental de la mayor ley de nuestra mayor ley laboral: el Código de Trabajo. Esas 32 diputaciones que se pusieron del lado del capital dándole primer debate a la ley de las jornadas 4-3, violentaron ambas piedras angulares de la institucionalidad jurídico social-laboral del país.
Por otra parte, si ya esa transgresión jurídica es muy grave, más lo es lo que implica en materia de la tradición costarricense de proclama y de defensa de los Derechos Humanos (DD.HH.). La jornada de 8 horas tiene un poderosísimo estatus jurídico dentro del Derecho Internacional en esa materia, los Derechos Humanos. He aquí un camino que vamos a tener que transitar.
Por ejemplo, lo que plantea la Organización Internacional del Trabajo (OIT), nada más y nada menos que en su Convenio No. 1, precisamente el de las 8 horas y promulgado en 1919, año de fundación de esta entidad y de la cual Costa Rica es Estado miembro. También, lo que se norma en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), tratado internacional en materia de DD.HH. firmado por Costa Rica y ratificado por nuestra Asamblea Legislativa, de suyo cumplimiento y observancia estricta el país no puede obviar.
El proyecto jornadas 4 x 3 únicamente persigue un objetivo estratégico para el capital que lo está imponiendo: derogar el pago de horas extras, para incrementar así la explotación obrera de la clase trabajadora que estaría sujeta a ese tipo de jornadas.
Llama la atención el jolgorio que por su aprobación está exhibiendo el ente corporativo Asociación de Zonas Francas (Azofras), dado que es en las zonas francas donde se ha venido utilizando este tipo de jornadas, de manera ilegal y con la complicidad del propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS; ilegalidad que ahora dejaría de serlo si se consuma la aprobación de este proyecto de ley.
El empresariado de las zonas francas verá incrementada sus ganancias pues, como ya disfruta de diversas exenciones impositivas, ahora lo que deberá invertir en salario obrero será menos y, por tanto, sus rentas corporativas subirán. Es de esta forma como nos explicamos las desmedidas presiones políticas de este grupo empresarial, por medio de sus agentes diputadiles en el parlamento, para imponer esta ley de las jornadas 4 x 3. Afortunadamente, esta lucha apenas está empezando.
17-8-2023 | Entrevista realizada en el programa horizontes a Walter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto de la ANEP y a Rafael Mora Solano, Asesor Político de la ANEP
La ANEP está convocando a las personas pensionadas por el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), para que se reúnan este sábado 19 de agosto, a las 10 a.m., en la sede del sindicato, con el objetivo de analizar propuestas; para que los dineros del ROP sean entregados de forma inmediata y no por tractos.
El socialmente criminal congelamiento salarial es por partida doble: lo va a institucionalizar la perversa Ley Marco de Empleo Público (LMEP), No. 10.159.
Mientras el nivel de la deuda pública con relación al Producto Interno Bruto (PIB) no baje de 60 puntos, no habrá un centavo, literalmente, no habrá un centavo por reajuste por costo de vida en cada uno de los años en que esa relación se mantenga arriba de los 60 puntos PIB; disposición brutal que ya está rigiendo desde el pasado 10 de marzo de 2023, aunque pesa sobre la misma una Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por la corriente sindical en la cual militamos y reforzada por varias acciones jurídico-coadyuvantes de la misma.
Esta perversa LMEP pretende consolidar lo que se conoce como Regla Fiscal, la cual ya se incluyó en la Ley No. 9635, popularmente conocida como Combo Fiscal; y, por tanto, es lo que ha impedido que se honre la deuda salarial de los 7.500 colones a la base, que está acumulándose desde el pasado 1 de enero de 2020 y de lo cual hablamos en nuestro artículo de la semana pasada.
Tal Regla Fiscal hará que quienes ya están con la “condena” de que no se les honre la deuda salarial individual de 7.500 per cápita; tenga una nueva “condena” encima pues en la perversa Ley Marco de Empleo Público (LMEP) cualquier reajuste por costo de vida a lo futuro, está supeditado a que la deuda/PIB baje de 60 puntos.
Es más, el sector obrero-social de las municipalidades se había “escapado” de esta regla fiscal incluida en la Ley 9635. Sin embargo, el Gobierno-Mideplán pretende imponerles el salario global indicado en la perversa LMEP, con lo cual sus históricas negociaciones salarial semestrales por costo de vida, desaparecerán.
Recordemos que las personas ya doblemente “condenadas” por este congelamiento salarial socialmente criminal, así como las “nuevas” que son llevadas a esa barbarie neoliberal, son de los siguientes segmentos laborales: cuerpos policiales, Magisterio Nacional, CCSS y Seguridad Social, los ministerios con sus diversos programas y entidades adscritas, el Poder Judicial, las instituciones autónomas-semiautónomas y casi todas las empresas públicas; y, ahora, las municipalidades.
Imaginemos, por un instante, que los liderazgos sindicales, gremiales, sociales y profesionales que representan a todas esas personas trabajadoras logran un gran acuerdo de acción coordinada en los más variados niveles, incluido el de La Calle; para crear una articulación sociolaboral de fuerte peso y sólido músculo, a fin de que ese socialmente criminal congelamiento salarial se derogue.
Ese socialmente criminal congelamiento salarial no solamente es contrario a la Constitución Política de Costa Rica; sino que, igual de grave es su roce con los Derechos Humanos. Y, peor aún, sigue indefinido como lo vemos en el horizonte. Ya la misma Sala IV lo advirtió: “El congelamiento indefinido en el tiempo afectaría ilegítimamente situaciones jurídicas consolidadas a futuro y constituiría un abuso estatal ad infinitum, ya que no solo perjudicaría el salario del funcionario, sino otros derechos como la jubilación.” (Voto 17098-2021). De ello hablaremos en nuestra próxima entrega de este tema.
De manera concomitante, un poder social de tal calibre podría poner en la mesa las reales y específicas razones del problema estructural de las finanzas públicas; de tal suerte que esas miles de voluntades obreras, actuando al unísono, le hagan el más grande bien a la sociedad costarricense desde la fundación de la Segunda Pública, cual es el de la Justicia Tributaria real.
Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
El diccionario de la Real Academia Española define así al término narcopolítica: “Actividad política en que las instituciones del Estado están muy influidas por el narcotráfico”.
Nutriéndonos de fuentes alternativas diversas, constatamos que la narcopolítica impera en la hermana nación latinoamericana de Ecuador, además de estarla sumiendo en el caos. Sabemos bien, por otra parte, qué clase de potencia tiene la narcopolítica en otros países de nuestro continente.
El asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio se da en ese escenario de narcopolítica y tiene en conmoción total a esa nación, aunque, según entendidos, el fenómeno empezó a aparecer hace unos 30 años, pero lo dejaron pasar. A la clase política de Ecuador, a la misma sociedad civil organizada el agua le llegó al cuello y, sin un milagro de por medio, parece que se ahogarán.
En nuestro país, el fenómeno de la narcopolítica ya no nos es ajeno. Algunas voces autorizadas han planteado que, por ejemplo, la infiltración narco ya está en los tres poderes de la República: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El ya desaparecido don Wálter Espinoza, Director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), lo denunció en la propia Asamblea Legislativa.
El problema del narcotráfico en nuestra sociedad costarricense, ya como un factor más de la convivencia cotidiana, lleva sus años. Más de 30, decimos nosotros. Y, aunque no parece que nos hemos ahogado tanto como la sociedad ecuatoriana en él, cada vez más somos más gente que estima que el Estado tico está perdiendo el control; o bien, que es el narcotráfico el que está ganando la partida.
Por otra parte, según nuestras fuentes, en Ecuador el 30 % de su Producto Interno Bruto (PIB) corresponde al lavado de activos. En el caso costarricense, una información del Banco Central de Costa Rica (BCCR), a la cual tuvimos acceso, nos indicó que, bajo la figura de depósitos del público en moneda extranjera en los bancos comerciales, se contabilizaron hasta no hace poco 38 mil millones de dólares. ¿Habrá dinero sucio incluido en esta astronómica cantidad? Nosotros pensamos que es muy posible que sí lo haya.
En cuanto a las campañas electorales nacionales, la sospecha de que en las mismas ingresa dinero sucio producto de actividad del narcotráfico, ha tomado gran fuerza en toda clase de círculos sociopolíticos del país.
Seguimos recordando que, por ejemplo, en el periódico más antiguo, vocero oficial del gran capital de nuestro país, en su página digital correspondiente al 13 de marzo de 2019, apareció esta nota:
“Dinero en efectivo llegaba en ‘bolsas’ a sede de campaña de Fabricio Alvarado. Informe en manos de Fiscalía: excolaboradores del comando de Restauración relatan que el dinero se contaba en mesas en fajos de $1.000 y se entregaba en billetes a empleados y proveedores; además, se agendaban cenas de recaudación, aunque el partido no reportó mayor cosa en donaciones al TSE”.
La información anterior presentó una foto con esta indicación: “En el expediente que tiene el Ministerio Público consta esta imagen, en la cual aparece una bolsa plástica con fajos de billetes, al parecer, de la campaña de Restauración Nacional”.
Por supuesto que de nuestra parte no estamos afirmando nada ni acusando a nadie. Pero sí tenemos que reseñar lo llamativo de la circunstancia y la ausencia de explicación oficial, completamente cierta, de parte del Ministerio Público a la fecha, a poco más de cuatro años, de qué fue eso, en realidad. O, por el contrario, es que estamos totalmente despistados y no nos dimos cuenta de que esa cuestión habría quedado más transparente que el agua clara de un manantial montañoso.
La narcopolítica ya está en desarrollo en Costa Rica. Es doloroso reconocerlo. De la nada, de la noche a la mañana, han aparecido, están apareciendo y aparecerán más ofertas electorales que dejan una estela de enorme duda de dónde salió la plata que las financia.
La narcopolítica en Costa Rica cuenta con muchas facilidades para hacerse sistémica: hay gente de la clase política tradicional y recién llegada a este nivel de élite, dispuesta a jugársela actuando en ese escenario. Por otra parte, hay otra clase de gente dispuesta a jugarse su propia vida para ver qué agarra; mediando la realidad de una sociedad de exclusión, de descarte, de expolio desenfrenado controlado por una plutocracia en cuyo interior la narcopolítica está encontrando amplio espacio.
Y, dolorosamente, están los que están muriendo a balazos en las calles pues fue el cruel escenario de actuación que les tocó en esta entronización de la narcopolítica en nuestra sociedad, como única fuente para atacar el hambre y las ansias, más que legítimas, aunque por equivocados caminos y erradas decisiones, de tener una mejor calidad de vida.
En visita de la Seccional ANEP- Policía Profesional de Migración (PPM), a Puerto Caldera, en el arribo del primer Ferry desde El Salvador, se pudo constatar que no existe espacio físico para que los oficiales de la Policía Profesional de Migración puedan trabajar y realizar los respectivos controles.
Los oficiales realizan el Control Migratorio, primeramente en las oficinas de Puntarenas, donde tienen los sistemas tecnológicos 24 horas antes del pre chequeo y luego en el Puerto donde realizan la inspección física de acuerdo con el manifiesto de salida de la embarcación..
Esta informacion fue confirma por Viviana Moscoso, funcionaria del INCOP, quien manifestó que la Policía de Migración no cuenta con un espacio físico en estas instalaciones, situación también confirmada por el Servicio Nacional de Guardacostas.
Desde la Seccional ANEP-PPM denunciamos que para atender la llegada del Ferry no se dio capacitación al personal, ya que fue suspendida, esta se daría en principio el 9 y 10 de agosto.
Otro de las situaciones detectadas es el faltante de personal, que sigue siendo abrumador, hoy se encontraba en la Oficina Polícial Regional de Puntarenas solamente la coordinadora, quien indicó que «al menos se necesitan 10 plazas nuevas para cubrir todas las funciones de toda esta Regional»
Hacemos un llamado a todas las autoridades de Puerto Caldera para que se le dé una oficina a la Policía Profesional de Migración, así como el equipo necesario para atender esta nueva ruta de Ferry entre Costa Rica y El Salvador.
La Seccional, también hace un llamado al Gobierno de la República, para que se saque de la Regla Fiscal a los Cuerpos Policiales, entre estos a la Policía Profesional de Migración y se le den los recursos que realmente se necesita para atender y resguardar de la mejor manera los puntos y controles migratorios de país.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
