La próxima semana, el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes, deberá acudir a los Tribunales de Justicia a enfrentar la apelación de la sentencia absolutoria por el delito de instigación.
Autor: ANEP
ANEP afina proceso para defensa de los derechos laborales
Banco Popular ¿Banco obrero?
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Quizás sea este el momento propicio para que hablemos del más que importante Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC); involucrado cómo está en la crisis fiscal en desarrollo, dado su papel de relevante acreedor del Gobierno Central, comprándole a éste impresionantes cantidades en bonos de deuda pública.
Al menos, 4.25 puntos PIB es el monto equivalente de la plata de las pensiones que administra este banco, “invertida” comprándole bonos de deuda pública al casi quebrado Gobierno.
Cifras publicadas al respecto, indican, exactamente, que se trata de un millón setecientos noventa y nueve mil millones de colones (1.799.000.000.000), que están “en papel”, en esos bonos de deuda pública cuya sobrevivencia financiera plantea diversas interrogantes.
En realidad, esta cifra asusta pues está cerca a los 3 mil millones de dólares USA.
Pensamos que la inmensa mayoría de la clase trabajadora cotizante obligada del Banco Popular, tanto del sector público como del privado, no tiene ni la más mínima noción acerca de las operaciones financieras de esta entidad, diversas y complejas y no exentas de riesgos.
La atinada idea original de un banco obrero parece haber sido transformada para ser parte componente o factor estructural de una hegemonía ideológica y político-financiera que no tiene en la promoción del bien común y en la real inclusión social, la centralidad fundamental de su existencia.
Lo que se estableció como la fuente original del poder en el seno del Banco Popular, su Asamblea de Trabajadores y de Trabajadoras, con su integración multisectorial; parece que, en el plano de lo real, está en gran fragilidad y sumida en una formalidad insustancial.
El real poder en el BP está en otra parte, menos en su estructura formal.
Definitivamente, se impone la necesidad de que la generalidad de la parte obrera cotizante del Banco Popular, se organice al margen de su estructura formal, a fin de establecer un proceso de fiscalización, civilmente autónomo, que produzca elementos independientes para valorar la seguridad financiera institucional en un escenario de crisis fiscal de proporciones y consecuencias insospechadas.
No es descabellado plantearse que, en el marco de las condiciones actuales, político-estructurales y tributario-fiscales, adversas en grado sumo al mundo obrero-social; tengamos que repensarnos el Banco Popular en sus posibles conexiones de relación directa con el bienestar del pueblo trabajador; como, por ejemplo, su relación con el Sistema de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Primera ronda: el 73.94% ni por Figueres ni por Chaves
Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
3.541.908 (3 millones 541 mil 908 personas): este es el número total de personas con derecho a votar en las actuales elecciones nacionales. En cuanto a la primera ronda de elecciones presidenciales, resaltamos este dato: 571.518 personas votaron por don José María Figueres Olsen para la Presidencia de la República. Y, el segundo más votado, don Rodrigo Chaves Robles, obtuvo 351.453 votos. Juntos, es decir, sumados ambos, lograron 922.971 votos del total del padrón electoral nacional.
Esto quiere decir que hubo un total de 2.618.937 (2 millones 618 mil 937) personas que no votaron por Figueres y tampoco votaron por Chaves. Es decir, no fueron a votar del todo (41% abstencionistas); votaron por otros o por otras; votaron nulo; votaron en blanco.
Don José María y don Rodrigo, juntos, apenas lograron el 26.05% del total del padrón electoral. O bien, al 73.94% no les gustó ninguno de los dos.
Veámoslo de esta manera: los 571 mil 518 votos que obtuvo don José María, apenas representan el 16.13% del total de votantes del padrón nacional. Su contrincante de segunda ronda, don Rodrigo, apenas logra el 9.92% del total nacional de personas habilitadas para ejercer el voto.
Estamos absolutamente de acuerdo en que, en ambos casos, el resultado electoral es legítimo. O más bien, formalmente legítimo. Sin embargo, estos números marcan gran distancia entre legitimidad formal y legitimidad real.
El próximo 3 de abril, las 3.541.908 personas electoras, por segunda vez, están convocadas para las elecciones presidenciales en segunda vuelta. Finalmente, sabremos cuál de los dos (Figueres o Robles), será el nuevo Presidente de la República.
Visto el asunto con un lente social, un elemento contundente que causa gran preocupación serán las nuevas cifras del abstencionismo; especialmente, si éste puede superar las que se mostraron en primera ronda. El abstencionismo surgió ya como el “partido más votado” y, necesariamente, merece un profundo estudio.
Como bien se sabe, en segunda ronda bastará un solo voto de diferencia para que haya ganador. La contundencia de la victoria de uno sobre el otro, emerge como un segundo elemento de gran incógnita para poder definir cuál será el nivel de legitimidad real que obtendrá el nuevo presidente de la República.
Terminada la elección presidencial, sea cual sea su resultado; y, quedando establecida ya la naturaleza político-ideológica dominante en el nuevo parlamento, se abre un tercer elemento dentro de este conjunto de incógnitas que lanza el proceso electoral nacional: ¿habrá algún nivel de re-articulación de la amplia diversidad de sectores sociales, considerando que el desafío estratégico de atajar el crecimiento de la desigualdad y de la exclusión será imposible sin movilización ciudadana responsable?
El período gubernativo por abrirse, 2022-2026, encuentra a las nuevas autoridades con las inmorales obligaciones financieras de la deuda pública por el orden de, en promedio, 7 mil millones de colones diarios.
Mantenerse dentro de los ámbitos ideológicos de sesgo totalitario que en lo fiscal-tributario ha impuesto la tiranía neoliberal dominante en las últimas administraciones, va a generar fuertes colisiones en la sociedad, gústenos o no.
Las personas líderes sindicales son defensoras de Derechos Humanos
Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
¡Contundente! La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), emitió el pasado 5 de mayo de 2021, su Opinión Consultiva OC-27/21, sobre los Derechos a la Libertad Sindical, Negociación Colectiva y Huelga, y su relación con otros derechos, con Perspectiva de Género (subrayado nuestro); estableciendo que las personas líderes sindicales que se dedican a la defensa de los derechos e intereses laborales de los trabajadores y de las trabajadoras, realizan funciones como defensoras de Derechos Humanos.
Por diversas razones, la función sindical en Costa Rica ha sido profundamente desvalorizada, descalificada, denigrada, calumniada, injuriada, difamada y satanizada.
Ser persona dirigente sindical en nuestro país, ha sido convertido en uno de los “peores” quehaceres del desarrollo de la sociedad; particularmente, en los últimos años, la acción de prensa ejercida por el oligopolio de la hegemonía mediática del capital, ha convertido la función sindical como una actividad de sesgo cuasi-mafioso, como si fuese un ejercicio en el ámbito de la ilegalidad.
Este fallo de la Corte IDH llega, por tanto, en un momento más que oportuno pues dada la naturaleza del compromiso histórico y sociopolítico del país con los Derechos Humanos, no tiene más remedio Costa Rica que acatar, en todos sus extremos, los contenidos de la Opinión Consultiva OC-27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Estamos en las puertas de un interesante y más que necesario proceso para que la figura y el rol de la persona líder o lideresa sindical, sea reivindicada, sea limpiada, sea justipreciada en el seno de la sociedad costarricense; particularmente, librada del lodo mediático que se le ha echado encima por tantas campañas de corte antisindical desplegadas en varias circunstancias y coyunturas históricas, dentro de las cuales, por ejemplo, la del empleo público ha estado y sigue estando al rojo vivo.
Costa Rica ha firmado todos y cada uno de los tratados, tanto universales como continentales en materia de Derechos Humanos (DD.HH.). En todos ellos, se estipula el ejercicio de la Libertad Sindical como Derecho Humano fundamental.
Ahora, la Opinión Consultiva OC-27/21 de la Corte IDH, materializa el poder político de este tipo de tratados en materia de Libertad Sindical, declarando a la persona líder o lideresa que defiende derechos laborales, como persona defensora de Derechos Humanos. Es éste el significado trascendental de lo que estamos comentando.
Merece destacarse que, a nivel del continente americano, la pertenencia del país al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, le obliga a un acatamiento rigurosísima de los contenidos de los fallos y/o de las opiniones consultivas como la que ocupa el presente comentario.
Costa Rica, con sus compromisos con los DD.HH. ha avanzado a tal nivel que, no solamente los diferentes tratados los ha ratificado, parlamentariamente hablando, convirtiéndolos en leyes de la República; sino que, ha legislado para indicar, sin reparo alguno, que se somete a los dictados judiciales que deriven de esos tratados, respetándolos a cabalidad. Por lo menos, a nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, esto es así.
Es de tal calibre y profundidad los compromisos de Costa Rica con los DD.HH., que al país se le ha otorgado la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), físicamente ubicada en el barrio Los Yoses, de la capital, San José.
El impacto de esta decisión de la Corte IDH que, repetimos es de obligado acatamiento para todas las autoridades políticas del país, tiene alcances insospechados pues se extiende al tema de la huelga, al tema de la negociación colectiva; y, además, plantea el ejercicio de la acción sindical activa con perspectiva de género.
Sin duda alguna, quienes practicamos el sindicalismo de manera cotidiana, tenemos sobrados motivos para celebrar; y, por supuesto, tendremos que escribir más para posicionar el tema con toda su fuerza, así como sus impactos en las conciencias obreras y en las mentes cívicas sanas de nuestro país. Estamos en puertas de un cambio profundo en la vida sindical del país.
Trabajadores llevan esperando 5 años para ser reinstalados
Memoria histórica ANEP 2: 1991 huelga en el Ministerio de Salud
En la década de los 80s, del siglo pasado, la ANEP como Organización Sindical tenía en su registro una importante cantidad de afiliación en los grandes Ministerios de la época: MOPT, Agricultura, Hacienda y en los programas de cobertura del Ministerio de Salud: atención primaria, salud rural y salud comunitaria, erradicación de la malaria; fiebre amarilla, bombas y letrinas, odontología rural, nutrición y choferes asignados en cada uno de esos programas.
Unos 2.200 trabajadores, hombres y mujeres integraban los programas en mención. La gran mayoría de esos funcionarios recibían un sobresueldo denominado “viático fijo”, para entonces la suma de 525 colones por día laborado.
Al menos un 32% de estos trabajadores, no contaban con el sobresueldo aparte, los salarios en general para el funcionario público eran muy a la baja.
Los funcionarios involucrados con la ANEP, habían iniciado luchas por su mejoramiento, sobre todo por el conflicto año con año para el incremento del viático. Acciones que fueron cohesionando a este grupo de trabajadores y desarrollando una experiencia de lucha sin duda definitiva, cuando se iba a defender ya no como un reajuste, sino la existencia misma del sobresueldo.
La Junta de Relaciones Laborales del Ministerio de Salud, el 03 de enero de 1991 en forma unilateral e interpretando equivocadamente las disposiciones de la Contraloría General de la República, elimina de porrazo el “viático fijo”, lo que fue para todos los funcionarios una ingrata sorpresa, la noticia de cercenar un derecho adquirido desde tiempo atrás.
Ante la posición cerrada de las autoridades del Ministerio se llamó a una concentración de trabajadores afectados el 21 de enero de 1991, frente a las instalaciones del Ministerio de Salud.
En Asamblea General el conglomerado social acordó que, si no había una resolución favorable en un plazo de 8 días, el lunes 28 de enero, se iría a la huelga…no hubo respuesta satisfactoria para los afectados, así se convocó a una Asamblea General el 1° de febrero en un cine de la capital para ratificar una decisión política, …“la huelga”.
En la articulación del proceso se había creado una instancia unitaria, “FRENTE SINDICAL”, que sumó a la ANEP, SINAESPA y SITECO como organizaciones con afiliación en ese sector. El frente unido, decidió en el foro, iniciar la huelga ese día, se realizó una marcha por las principales calles de la capital, que culminó frente al Ministerio, donde también las y los trabajadores se agruparon por regiones para construir los comités respectivos.
La huelga arrancó con gran fortaleza.
La Directiva de la ANEP, designó a tres compañeros para que permanecieran en el Comité central de huelga, atendiendo las comunicaciones y dando orientaciones a todo el país. El resto de los funcionarios fue desplazado a las diferentes regiones del territorio nacional.
El plan de huelga se dividió en tres grandes áreas: Organización, Comunicación y Solidaridad
El movimiento de se mantuvo durante diez días, y paralizó todos los servicios de atención primaria en el territorio nacional.
Días antes de concluir el movimiento, llegó el pronunciamiento de la Contraloría General de la República, dando la razón a los trabajadores, con lo cual el argumento patronal quedó sin ninguna validez y se procedió a firmar el acuerdo.
Además, quedó claramente establecido, que el mismo debería ser ratificado por una Asamblea General de Trabajadores, que al igual que se declaró la huelga, serían los propios trabajadores los que decidirían el levantamiento del movimiento.
Así, el 11 de febrero y con una participación multitudinaria, las y los trabajadores deciden aceptar el acuerdo firmado y declaran el fin de la huelga.
Hace 31 años de ese hecho trascendental para los servidores públicos en el Ministerio de Salud.
(Fuente. Memoria de la Huelga. ANEP, febrero 1991)
Adalberto Fonseca Esquivel
Historiador
Falta de conserje en Colegio de Isla Chira genera preocupación a docentes y padres de familia
¡No mientan!… Prácticamente, no podrán hacer nada
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
La próxima administración gubernamental tendrá 1.460 días de acción ejecutiva. Pero, cada 24 horas deberá estar desembolsando, en promedio, 6 mil 850 millones de colones (6.850.000.000), abonando a la gigantesca deuda pública que está estrangulando al país; deuda pública que nosotros estimamos es impagable.
El Ministro de Hacienda, Elián Villegas Valverde (neoliberal por los cuatro costados), ha indicado que en los 4 años de ejercicio del Presidente de la República que se elegirá el próximo domingo 3 de abril, 2022-2026, los compromisos de pagos de deuda pública ascenderán a los ¡10 billones de colones! En cifras es así: 10.000.000.000.000.
Usted toma esa cantidad, 10 billones de colones, y la divide entre el total de días que ejercerá el próximo gobierno (ya sea don José María Figueres Olsen ó don Rodrigo Chaves Robles); y, en promedio, casi 7 mil millones de colones diarios se deberán desembolsar para atender la deuda pública que, repetimos, es impagable a nuestro juicio.
Y estamos hablando de esa espantosa cantidad, ¡sin incluir pago de intereses! En realidad, no encontramos ni las palabras ni las frases adecuadas para describir la monstruosidad del problema en que nos han metido los últimos gobiernos.
Si la próxima administración ejecutiva del país debe estar, en promedio, atendiendo vencimientos de deuda pública que promedian, cada 24 horas, casi 7 mil millones de colones (y, sin incluir pago de intereses); entonces qué plata es la que quedaría para atender ofrecimientos de campaña electoral de ambas candidaturas en materia de, por ejemplo, política social y/o en materia de política pública para apoyar la reactivación económica.
Por ello es que titulamos este artículo así: ¡No mientan!… Prácticamente no podrán hacer nada.
Y, prácticamente, no podrán hacer nada porque es imposible atacar, de raíz, el crecimiento de la desigualdad y/o atacar a rajatabla, la exclusión económica y social, si toda la plata del Gobierno Central se va en pagar ese altísimo nivel de deuda pública y su obsceno pago de intereses.
El tiempo nos está dando la razón. Llevamos meses y meses planteando la urgencia de efectuar en el país una Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública para determinar las razones de haber llegado hasta este punto de casi quiebra del Estado; para determinar con precisión qué grupos están ganando con la deuda pública y cuánto han venido acumulando al respecto; para construir caminos de salida que pasan por una reingeniería, estratégicamente integral, de esa deuda pública.
Por otra parte, es evidente que haber llegado hasta este punto de quiebre con la deuda pública del país, tiene que ver -entre otras causas-, con la no menos catastrófica situación del perverso sistema tributario que, por una parte, es completamente injusto; y, por la otra, es corrupto.
Los sucesivos gobiernos nunca se decidieron a atacar de raíz el problema gigante de, por ejemplo, el fraude fiscal y tributario; optaron, entonces, para medio funcionar, por el camino pantanoso del endeudamiento público y, vean ustedes, ya nos estamos hundiendo porque, según nuestra perspectiva, la deuda pública es impagable.
Finalmente, que este problema haya llegado hasta aquí, tiene una nefasta motivación ideológica: nos plantearán que como la deuda pública es impagable, habrá que vender activos. ¡Ya lo verán!
