Justicia salarial para la Fuerza Pública “de a pie”

Enorme expectativa está generándose en estos momentos entre el personal raso de la Fuerza Pública, ante un eventual anuncio presidencial de que, ¡por fin!, se hará realidad su nuevo Manual de Puestos, largamente esperado y elaborado con gran secretismo.

Como se recordará, a finales de la anterior administración gubernamental, el Gobierno del entonces Presidente Oscar Arias Sánchez, firmó un acuerdo con la ANEP para la implementación de un proceso integral de reivindicación salarial en varios de los más importantes cuerpos policiales del país: Fuerza Pública, Policía Penitenciaria, Policía de Tránsito y Policía de Migración y Extranjería.

Este proceso, un verdadero vía crucis, ha continuado en la presente administración Chinchilla Miranda, con resultados sumamente decepcionantes.

En el caso de la Fuerza Pública, la justicia salarial solamente ha llegado a los mandos medios y altos de este cuerpo policial, llegándose al punto de que hay “dos” Fuerza Pública: la que ya gana bien y muy bien; y la que sigue ganando mal, pero muy mal. Esta es la abrumadora mayoría de un universo de unos 15 mil servidores públicos en este cuerpo de seguridad ciudadana.

La ANEP fue deliberadamente excluida de participar en la elaboración del nuevo Manual de Puestos para el personal de base de la Fuerza Pública; pese a que consta ampliamente nuestra cruzada laboral en este aspecto desde, como ya indicamos, la administración gubernativa anterior.

Pese a tal circunstancia, es nuestro sincero deseo de que lo más pronto posible llegue al bolsillo del policía o de la policía “de a pie”, una justa remuneración salarial acorde con el sostenido proceso de profesionalización que ya vive la Fuerza Pública; así como a la alta peligrosidad que hoy en día significa ser policía.

Esperamos que los nuevos salarios base del personal raso de la Fuerza Pública no resulten un “alegrón de burro” y que el anuncio presidencial por venir al respecto, deje plenamente satisfechas las expectativas de que la justicia salarial, ¡por fin!, ha llegado para la totalidad de su personal; y no como hasta ahora ha sucedido que solamente “los de arriba” tienen ya retribuciones salariales justas, a lo cual la ANEP nunca se opuso; sino que, la esencia de nuestra lucha ha sido para liquidar esa discriminación odiosa de carácter salarial que ha determinado la existencia, por tal razón, de “dos” Fuerza Pública.

San José, miércoles 12 de diciembre de 2012.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesada Alfaro, Secretario General A

Sindicalismo Ciudadano

Una sociedad que se precie de democrática no puede prescindir de los sindicatos. Una sociedad sin sindicatos no es democrática. Tan es así que la actual Constitución Política de Costa Rica, vigente desde el 7 de noviembre de 1949, lo entendió a plenitud y lo consagró en nuestra carta magna cuando estableció en su artículo 60 que “Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales…”.

Esta concepción de que hay una relación intrínseca entre Democracia y Sindicatos y entre Sindicatos y Democracia, es de tal profundidad que tanto la parte obrera como la parte patronal pueden organizarse en este tipo de agrupaciones.

Es decir, que la gente del capital y la gente del trabajo tienen el mismo derecho constitucional a la hora de defender sus respectivos intereses de clase; aunque como es lógico suponer, es la parte obrera la más débil en una sociedad como la nuestra en que la prevalencia del capital es más que notoria.

En un escenario como el de la Costa Rica de hoy, marcado por el crecimiento de la desigualdad como su problema número uno; la organización sindical de la clase trabajadora debe evolucionar desde su naturaleza tradicional (agrupamiento de personas asalariadas con empleo formal y salario fijo); extendiendo su cobertura hacia otros sectores laborales que luchan, en el día a día, para sobrevivir en los espacios de la informalidad, del cuentapropismo, del micro y pequeño empresariado.

El proceso que nos ha sido impuesto por medio del cual se pretende la destrucción de lo que se ha dado en llamar “Estado Social de Derecho” para sustituirlo por el “Estado Neoliberal de Mercado”; tiene como esencia la exclusión social y la concentración de la riqueza, de modo que, día con día, más personas de los sectores populares y de la propia clase trabajadora en su concepción más amplia, sienten que van quedando por fuera de los beneficios del crecimiento económico.

Como en una democracia, aunque sea formal, la diversidad es la tónica; en el sindicalismo tico también hay diversas formas de entenderlo y de practicarlo. La que nosotros practicamos dista mucho de pretender ser la “verdadera”, pero sí trata de entender cuál podría ser una respuesta sindical ante el desafío de la desigualdad creciente en el país que, por supuesto, es la “gente de abajo” a la que perjudica, excluye, relega y hace sufrir.

La reciente experiencia del Movimiento de Motociclistas le permitió a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en la cual laboramos, llevar a la práctica un planteamiento organizacional de nuevo tipo que hemos denominado “Sindicalismo Ciudadano”; es decir, el trabajo de proyección sindical fuera de sus muros tradicionales, para llevar el mensaje, la orientación, el análisis, la organización, la conducción y la negociación, en la resolución de problemas socioeconómicos que afectan a grupos de personas trabajadoras que no tienen, no han tenido, se les ha impedido y/o no han sentido la necesidad de la organización para la defensa de sus derechos.

Esto ha sido posible gracias a la comprensión de la abrumadora mayoría de los miles de personas trabajadoras afiliadas a la organización, que han entendido que su propio destino no dista mucho de lo que le está tocando vivir a esos grupos sociales excluidos y/o a punto de serlo de los beneficios del crecimiento económico.

Junto a los motociclistas, están en desarrollo bajo esta concepción de “Sindicalismo Ciudadano”, experiencias de reivindicación en grupos sociales como los exoreros del Parque Nacional de Corcovado y Piedras Blancas; las personas trabajadoras vendedoras de lotería amenazadas por la privatización de esta actividad; la extraordinaria experiencia de los saloneros y de las saloneras víctimas de una flexibilización laboral a mansalva a punto de ser corregida; microempresarios unitarios traileros amenazados por una competencia desleal a nivel centroamericano; entre otros grupos de sectores laborales de población costarricense que, de una manera u otra, ante ese indetenible crecimiento de la desigualdad, van quedando como víctimas humanas de la misma, con rostro identificable y ya no como simple estadística.

No tenemos noción exacta de si una concepción de práctica sindical “hacia afuera”, extramuros del concepto clásico de sindicalismo (el puro corporativismo); se haya o se esté practicando en otras latitudes. No sabemos si el concepto de Sindicalismo Ciudadano esté “patentado” en otras tierras con este específico nombre o con otra denominación parecida o equivalente.

Podríamos hablar mucho más de esta temática de lo que consideramos como Sindicalismo Ciudadano. Solamente indicaremos que partimos del criterio de que las personas trabajadoras son diversas y tienen distintas dimensiones: asalariadas, no asalariadas, renumeradas, no remuneradas, públicas y privadas, del sector formal y del sector informal. Estamos hablando del grueso de lo que denominamos “los y las de abajo”.

El Sindicalismo Ciudadano parte de los intereses, necesidades y aspiraciones económicas y sociales de esta diversidad trabajadora que, ante todo, es ciudadanía; y que, por tanto, no se agota en sus relaciones laborales, sino que se expresa multidimensionalmente en muy diversos aspectos de sus vidas pero siempre luchando por un nivel de vida de mayor dignidad; y, ahora, en escenarios de creciente desigualdad, defendiéndose de las diversas formas de exclusión social que lleva en su génesis el perverso neoliberalismo. Todas estas personas forman el amplísimo conglomerado civil de “los y las de abajo”.

Nosotros pensamos que le corresponde a “los y las de abajo” ser la gente del nuevo protagonismo histórico que ocupa la Costa Rica de hoy, más necesitada que nunca de una “Revolución Ciudadana”. Nosotros queremos aportar con nuestra concepción de Sindicalismo Ciudadano en tal sentido. El agotamiento del actual sistema de partidos políticos, la decepción popular con la clase gobernante tradicional y la exclusión social en desarrollo, muestran a las claras la necesidad de que haya otra hegemonía política en el país. Ésta ha de surgir desde “los y las de abajo” cuando se vean, se sientan y expresen vocación de poder como el nuevo sujeto histórico transformador de la democracia costarricense.

Específicamente, queremos agradecer por este medio a los miles y miles de motociclistas que han apoyado el reciente movimiento; especialmente, a quienes tienen en la moto, su herramienta de trabajo, su machete, con el cual llevan comida a sus hogares; así como a quienes tienen en la moto su idóneo medio de transportación desde su casa hacia su empleo y viceversa.

ANEP denuncia licitación de lotería electrónica

RAZONES POR LAS QUE PRESENTAMOS LA ACCION CONTENCIOSA CONTRA EL ACTO DE LICITAR LA LOTERIA ELECTRONICA POR PARTE DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL.

1. Mediante acuerdo númeroJD-358 al artículo III), inciso 2), del día 09 de agosto del 2011, la Junta Directiva adjudicó la licitación al supuesto consorcio “G-TECHBOLT GAMING”.

2. En razón de la adjudicación realizada, la Junta de Protección Social decidió en el acuerdo 2) del acta Nº23 de la comisión de ventas del 14 de setiembre del 2012 no renovar contratos de distribución de lotería electrónica a los actuales vendedores.

a- La ley de loterías establece en su artículo 2 establece que se distribuirá la lotería garantizando la participación en el negocio al mayor número de personas. Conceder en monopolio a una trasnacional la distribución y venta de toda la lotería electrónica violenta directamente este artículo.

b- Debe tenerse en cuenta que el fin de la JPS no es lucrar, sino el bienestar social. Para ello, la ley establece un conjunto de disposiciones que pretenden garantizar la mayor cantidad de personas en el negocio, a fin de dotar con trabajo e ingresos a la mayor cantidad posible de personas. Para ello, la ley establece la necesidad de estudios sociales y económicos y es clara en establecer que sólo se darán licencias de loterías a “las personas físicas, a las cooperativas u otras organizaciones sociales legalmente constituidas e inscritas, que reúnan a personas que necesiten dicha actividad como medio de subsistencia”. Ninguna de las personas jurídicas en el ficticio consorcio G-TECH “necesita” la venta y distribución de la lotería electrónica en Costa Rica como medio de subsistencia. En ese sentido, el motivo del acto en cuanto licitar para “obtener mejores ingresos” es inconsistente con los fines de la ley, por lo que el motivo y fin devienen en ilegales, viciando de nulidad absoluta el acuerdo y contrato.

ADEMAS ADUCIMOS LAS SIGUIENTES IRREGULARIDADES:

a) Violación al debido proceso. No se realizaron los estudios sociales establecidos en el artículo 3 de la ley de loterías.

b) G-TECH ni tiene trabajadores en Costa Rica ni se encuentra inscrita en la CCSS.

c) El contrato no cumple con los requisitos de la ley de contratación administrativa, en tanto no se aporta contrato de consorcio entre las partes que fije las obligaciones y responsabilidades de cada una de las empresas. Este contrato es requisito legal establecido en el artículo 38 de la ley de contratación administrativa.

d) Tampoco se cumple con la garantía de cumplimiento de entre el 5% y el 10% establecida en el artículo 34 de la ley de contratación administrativa y sólo se ha solicitado un 1%.

e) El artículo 10 del la ley de loterías establece que el único caso excepcional en que se puede otorgar la distribución y venta de lotería al público a sujetos privados con fines de lucro, es cuando sea necesario por razones de seguridad económica o para eliminar la especulación. La primera no ha sido demostrada ni alegada, la segunda no existe. En este sentido el contrato y la licitación son ilegales, en tanto no se cumplen ni justifican los supuestos de hecho excepcionales para poder dar la distribución y venta a una empresa privada trasnacional con fines de lucro que no necesita de la actividad para subsistir.

f) El contrato es ilegal. La cláusula segunda del contrato establece una comisión del 12.79% para el ficticio consorcio G-TECH, lo cual es violatorio del artículo 9 de la Ley para la mejor distribución del producto de lotería nacional número 1152, la cual establece como tope máximo un 12%.

Planteamos denuncia por entrega de tierras en el IDA

San José 11 de diciembre 2012
SANEP-033-2012

Señores
Dirección de Denuncias
Contraloría General de la República

Estimados Señores:
En mi condición de Presidente de la Seccional ANEP-IDA y de Secretario General Adjunto de la esa misma organización, me apersono a solicitar se investigue a la Junta Directiva del IDA, al Presidente Ejecutivo de la misma institución señor Rolando González Ulloa y a la Licenciada Meybel Chevez Ruiz, ésta última asesora legal de la Presidencia Ejecutiva; por emitir criterio y aprobar la declaratoria de elegible del señor José Alberto Serrano Pennicott, cédula 7-085-663, el cual ya había sido adjudicado por la institución desde el año 1991 en la parcela 287 del asentamiento NEGUEV, según consta en el artículo 24 de la sesión 52-91 del 8 de julio de 1991.

El señor Serrano Pennicott no solo obtuvo una parcela, sino que también se le adjudico un lote en el Asentamiento Campo Dos, tal y como consta en el acuerdo N° 3 del acta de Junta Directiva del IDA, sesión 80-91 del 28 de octubre de 1991, con el folio real 7-2767-000, el cual vendió una vez que vencieron las limitaciones

El artículo 67 es claro en que “El beneficiario no podrá traspasar el dominio de su predio, ni gravarlo, arrendarlo o subdividirlo sin autorización del Instituto”, condición que nunca respeto el aquí cuestionado ciudadano al vender la parcela 287 que le había adjudicado el IDA.

El argumento de la Junta Directiva para volver a calificar al señor Serrano Pennicott es que “si bien esta parcela está inscrita a su nombre nunca le perteneció… el verdadero dueño de esta parcela es el padre de éste, de nombre José Angel Serrano Chacón, pero en vista que él no calificaba como beneficiario, optó por inscribirla a nombre de su hijo”.

Los argumentos esgrimidos por la Junta Directiva para aprobar la calificación de este ciudadano tiene dos errores capitales, el primero que reconoce que pusieron la propiedad a nombre del Hijo porque el papá no calificaba, lo que muestra que existe un favorecimiento hacia ese señor y el segundo que reconoce que la propiedad estuvo a nombre del hijo, que fue vendida y a pesar de eso lo declaran nuevamente elegible.

El portillo que abre la Junta Directiva en esta materia es muy peligroso, el mensaje que manda es que mientras usted no haya sido el dueño material de un terreno puede ser beneficiado nuevamente, así se desprende del argumento que indica que: “la parcela 287 si bien fue inscrita a favor de José Alberto Serrano Pennicott, materialmente nunca le perteneció”.

El artículo 64 de la Ley 2825, establece que: “no se adjudicará más de una parcela a cada beneficiario, dentro de los límites y condiciones fijados por esta ley”.

Desde nuestro punto de vista este caso constituye una violación grave a la Ley 2825 y hasta podría configurar un tráfico de influencias, en razón que el beneficiado es sobrino de un dirigente campesino de nombre Misael Pennicott, el cual desarrolla su actividad en la zona atlántica de nuestro país.

Un aspecto que llama la atención en este caso es que existe un criterio negativo de la Oficina Subregional y de la Dirección Regional, los cuales recomiendan a la Junta Directiva: “ordenar el desalojo administrativo de José Alberto Serrano Pennicott cédula 7-0085-0663 y Marlene Ledezma Avila cédula 7-0106-0946”.

Aún y cuando existe la recomendación anterior, la Junta Directiva se aparta del criterio de la Dirección Regional y de la Oficina Subregional y “declara con lugar el recurso de revocatoria contra la denegatoria de elegible presentado por el señor José Alberto Serrano Pennicott”.

Para finalizar queremos transcribir textualmente una de las razones de descalificación que contemplan los artículos 41,51 y 55 del Reglamento para la Selección y Asignación de solicitantes de Tierra, específicamente el que indica que: Comprobación de que alguno de los miembros del núcleo familiar solicitante ha vendido mejoras o abandonado un predio del Instituto, sin razones Justificadas.

Las notificaciones me las pueden enviar al correo: walterquesada@anep.or.cr o al fax 2257-88-59.

Walter Quesada Fernández
Presidente
Seccional ANEP-INDER

Para proteger la imagen y la credibilidad de nuestra organización: la ley a nuestro alcance

DICTÁMEN JURÍDICO – RC2- 20012.

Para: Albino Vargas Barrantes, Secretario Gral. de ANEP.
De: Bufete Román, Castillo & Asoc. Abogados Penalistas.
Asunto: Dictamen jurídico sobre el derecho a la información y el deber de confidencialidad.
Fecha: 04 de diciembre de 2012.
______________________________o__________________________________

El límite del derecho a la información – de las personas físicas y jurídicas – es el correlativo derecho a la intimidad y a la privacidad, respectivamente, los cuales únicamente ceden frente a la libertad de información, siempre y cuando se trate de una figura pública y se refiera a actos públicos de esta figura, o, que esté involucrado el manejo de fondos o patrimonio del erario (público).

Los funcionarios públicos están sujetos al escrutinio de la ciudadanía, deben mostrar mayor tolerancia a la crítica, lo cual implica de hecho una protección de la privacidad y de la reputación diferente que la que se otorga a un particular. Es necesario que la ciudadanía pueda tener un control completo y eficaz de la forma en que se conducen los asuntos públicos.

– Sentado este pacífico principio rector, en punto, veamos:

Primero:
La ley Nº 18.331. “PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y ACCIÓN DE “HABEAS DATA”, en lo que interesa dispone:

“Artículo 1º. Derecho humano.- El derecho a la protección de datos personales es inherente a la persona humana, por lo que está comprendido en el artículo 48 de la Constitución de la República”.

“Artículo 2º. Ámbito subjetivo.- El derecho a la protección de los datos personales se aplicará por extensión a las personas jurídicas, en cuanto corresponda”..
Los datos no pueden tener finalidades violatorias de derechos humanos o contrarias a las leyes o a la moral pública.

Artículo 7º. Principio de veracidad.- Los datos personales que se recogieren a los efectos de su tratamiento deberán ser veraces, adecuados, ecuánimes y no excesivos en relación con la finalidad para la cual se hubieren obtenido. La recolección de datos no podrá hacerse por medios desleales, fraudulentos, abusivos, extorsivos o en forma contraria a las disposiciones a la presente ley.

“Artículo 8º. Principio de finalidad.- Los datos objeto de tratamiento no podrán ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención”.

“Artículo 9º. Principio del previo consentimiento informado.- El tratamiento de datos personales es lícito cuando el titular hubiere prestado su consentimiento libre, previo, expreso e informado, el que deberá documentarse”.

DATOS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS

“Artículo 18. Datos sensibles.- Ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles. Éstos sólo podrán ser objeto de tratamiento con el consentimiento expreso y escrito del titular”.

“Los datos personales relativos a la comisión de infracciones penales, civiles o administrativas sólo pueden ser objeto de tratamiento por parte de las autoridades públicas competentes, en el marco de las leyes y reglamentaciones respectivas,…”

Hasta aquí tenemos una garantía de protección al fuero personal y, mediante una ley especial, con sustento constitucional- se explica por sí sola, en consecuencia, no ocupa mayor comentario.

Segundo: (Sede Penal). Por su parte, el Código Penal en su artículo 153, penaliza la “Difamación de una persona jurídica ” y consiste en propalar hechos ( o informes que contienen hechos), relativos a una persona jurídica o a sus personeros –por ejemplo: una asociación sindical- “que puedan dañar gravemente la confianza del público o el crédito de que gozan”…

Este artículo está íntimamente relacionado con el artículo 202 del Código Penal, en el cual se sanciona seriamente a aquella persona “que hallándose legítimamente en posesión de una correspondencia, de papeles o grabaciones no destinadas a la publicidad, las hiciere públicas sin la debida autorización aunque le hubieren sido dirigidas”.(Es Igualmente sancionado si causa perjuicio, ó, si tuviere carácter privado – como en el caso sub- exámine, de una asociación sindical que se rige por los principios de derecho privado y convenios internacionales especiales OIT.).

Estos 2 artículos tienen su necesaria relación con el artículo 19, incisos a), y b), del Código de Procedimientos Penales: (delitos contra el honor y la propaganda desleal). Pero especialmente, con los artículos 145, 146, 147 y 152, todos del Código Penal, en los cuales se sanciona y conforme los cuales se puede condenar penal y, civilmente al pago de daños y perjuicios por la comisión de los delitos de injurias, calumnias y difamación, amén del delito de publicación de ofensas y difamación de persona jurídica, mediante el instrumento idóneo el cual podría ser un informe técnico, jurídico o económico- que señala hechos concretos-, cuyo fin único es el uso privado de una organización regida por el derecho privado, documento que podría encontrase en la fase preliminar de investigación, o bien, en la fase de análisis, estudio o dictaminación para su aprobación final; o bien, que la organización decide mantener discretamente por razones que competen al libre ejercicio de su derecho a la confidencialidad de sus datos. También podría cometerse dichos delitos si se divulga o propalan el o los informes finales ya aprobados, o los acuerdo firme relacionados, si no cuentan con la debida autorización previa, expresa y por escrito, del órgano respectivo que la aprobó, pues en su caso, estaríamos en presencia de una violación flagrante a la privacidad del contenido y a la voluntad expresada por la asamblea general, dueña y soberana de la organización (ANEP) y representativa –por delegación- de la base asociativa.
-Los citados delitos pueden ser cometidos por autoría directa o mediata (es decir, a través de otras personas, lo que se conoce como autoría intelectual).

Valga indicar que el concepto propalar significa divulgar, difundir, esparcir. El dolo del tipo penal de la propalación abarca no solo el dolo directo (el resultado que se quiere), sino el dolo eventual (sea, que el resultado puede ir más allá del querido inicialmente). Por eso es tan grave y resulta un delito de peligro – lo cual justifica las limitaciones al acceso a la información, en una razonable acción preventiva-.

Igualmente conviene señalar que, la persona jurídica es sujeto de derecho, es destinatario de todos los derechos jurídicos del ordenamiento, y es centro de imputación y de consecuencias del derecho penal. Como tal puede ser que se trate de una persona jurídica en sentido físico (un ser humano), o bien, de una persona jurídica, sea colectiva o asociativa, también llamada moral ficticia, etc.. Los personeros son representantes de las organizaciones de que se trate y, la especialidad del artículo 153 op.cit, requiere que la manifestación ofensiva se dirigida contra los personeros, sea por razón, o con motivo del ejercicio de sus cargos.

Dicho delito o tipo penal exige tan solo la posibilidad de que se dañe gravemente el bien jurídico tutelado, no que ello suceda efectivamente, consecuentemente, se trata de un delito de peligro como hemos indicado up supra. En el caso de una organización tiene derecho a que se le proteja su honor, su buen nombre, su credibilidad, su posicionamiento en el consciente colectivo, cuya construcción es lenta y difícil, pero, su desmoronamiento puede ser relativamente fácil por sensible y morboso.

Esto justamente, es el motivo que agravaría el eventual uso abusivo y maledicente de la información privada de una organización, y de lo reprochable y punible que resulta la violación al deber de probidad, de sana discrecionalidad, pero especialmente, el principio de confidencialidad, que faculta a la organización a hacer un uso restrictivo de la información, por ser una organización de derecho privado y que debe rendirle cuentas del buen recaudo de la información, de sus acuerdos, de informes y estrategias a la Asamblea General, por eso, el interés individual de un equis asociado o asociada cede ante el interés colectivo del máximo órgano, cuyo garante del uso confidencial razonable de la información es la Junta Directiva y la Secretaria General de la organización social. Por ello, que tiene resguardo administrativo pudiendo denegarse por simple disposición administrativa razonada, o, por acuerdo de Junta. Tiene defensa en sede constitucional y penal, por vía amparo ante la Sala IV, y, denuncia penal ante el ministerio público, respectivamente.

Atentamente; Lic. Víctor Castillo Solís.
Laura Osorio Castro.
Secretaría Ejecutiva – Bufete Román, Castillo & Asoc.-

Hablemos de “vandalismo”

“Debe desterrarse todo amago o inclinación a la violencia, como instrumento de solución del conflicto. De la violencia no saldrá una respuesta adecuada a un conflicto. La violencia como medio de solución eterniza a la violencia como medio de convivencia”.

Así lo indica el primer numeral de la carta que los motociclistas entregaron el pasado martes 27 de noviembre, en la Casa Presidencial, durante su manifestación de la fecha, en contra del incremento abusivo del cobro del marchamo para este tipo de vehículos automotores.

Como bien se sabe, en la Casa Presidencial se negaron a recibir a la delegación portadora de dicha misiva, debiendo ésta dejarse, en la acera y a través de la malla, en manos del mensajero que salió a recibirla.

Como puede apreciarse, nunca, en lo más mínimo, el Movimiento de Motociclistas ha apelado a la violencia. Ni lo hará. Tampoco se alentó para la realización de bloqueos. Ni lo hará. La prepotencia presidencial y la arrogancia gubernamental en ese día 27 de noviembre, indignó profundamente a los manifestantes, ante el menosprecio con que fue “atendida” su justa demanda. Los episodios de violencia de ese día fueron circunstancias aisladas, decisiones individuales que no respondían a las orientaciones generales del movimiento y, por tanto, quienes las protagonizaron deberán asumir sus responsabilidades.

Esto da pie para rechazar, tajantemente, el calificativo de “vándalos” que la Presidenta Chinchilla le atribuyó a todos los manifestantes de ese día. Es como si se hiciese una generalización de que todo el Gobierno de ella es corrupto, a raíz de varios episodios que en su administración se han dado con actos de corrupción.

Porque si de vándalos se trata, la señora presidenta ha tenido los suyos: el caso más emblemático es de la trocha norte, donde los vándalos de cuello blanco, saco y corbata siguen impunes.

La abrumadora mayoría, la aplastante mayoría de los motociclistas es gente de bien, es gente de la clase trabajadora, es gente de vocación pacifista. Los “vándalos”, según el criterio presidencial, son ínfima minoría. Igualmente, la abrumadora mayoría, la aplastante mayoría de las jerarquías políticas que la señora Presidenta ha nombrado en los diferentes puestos de su gobierno, es gente honesta.

Ahora que si de comparaciones se trata, vaya a usted a saber cuál acto es más “vandálico”: ¿el del motociclista exacerbado, iracundo, por el desaire presidencial de ese día 27; ó, el de los altos jerarcas políticos que doña Laura colocó en las entidades ligadas a la construcción de infraestructura vial y que posibilitaron el robo de miles y miles de millones de colones de todos los y las costarricenses?… Juzgue usted.

Por supuesto que, con toda energía, condenamos ambos tipos de vandalismo; pero tenemos que rechazar la perversa generalización presidencial de que todos los motociclistas son “vándalos”. Como bien se sabe, el vandalismo es un espíritu de destrucción que no respeta cosa alguna, ni sagrada ni profana.

No, señora Presidenta, con todo respeto. Por la acción imprudente y negativa de un pequeñísimo número de los motociclistas, no puede usted satanizarlos a todos, estigmatizarlos a todos como “vándalos”. No, señora Presidenta, porque en su Gobierno haya ocurrido el escándalo de corrupción más grande de las últimas administraciones, el de la trocha norte, no podemos decir que su Gobierno sea corrupto ni que sea el más corrupto de toda la historia. La satanización que usted le receta a los motociclistas ante la sociedad, nosotros no se la vamos a recetar a su gobierno calificándolo como “corrupto”, o como el “más corrupto” de los últimos tiempos.

La cosa se vuelve más preocupante y crónica cuando la señora Presidenta profundiza esa categorización negativa sobre un grupo estimable de costarricenses y ahora pretende, “partir” a la sociedad entre “los ciudadanos de bien” y los que no lo son. No es así como se posibilitan caminos de reencuentro entre el gobernante y sus gobernados en el marco de una sociedad que como la costarricense alimenta todos los días la exclusión y la desigualdad. Atizar la hoguera de la confrontación social desde el “púlpito” presidencial es un peligroso juego de consecuencias imprevisibles.

Tenemos que insistir en que una cifra superior al 90% de los motociclistas tiene a este vehículo, a la moto, como la herramienta de trabajo, el “machete”, que le posibilita llegar comida a sus respectivos hogares. Otra elevada cantidad tiene en la moto su medio de transporte para ir a y volver del trabajo, en vez del autobús, puesto que les sale más caro este medio de transporte. En el caso de ese 90 y resto por ciento, los motociclistas mensajeros, lo que les quieren cobrar de marchamo, prácticamente, es igual a la mitad de lo que reciben de aguinaldo, o la mitad de su ingreso mensual.

El INS, por su secretismo, no ha podido demostrar porqué una moto debe pagar casi cuatro veces más que otro tipo de vehículos por concepto de seguro obligatorio automotriz. Aquí está la esencia de la motivación que ha animado a los motociclistas a agruparse y a manifestarse en un movimiento que, efectivamente, ha conmocionado a la sociedad.

La organización en la cual nos desarrollamos en lo cotidiano, es profundamente pacifista. Nuestra creencia en la Democracia de la Calle está directamente relacionada con la creciente pérdida de confianza que tiene la ciudadanía en el sistema político tradicional. La democracia es algo más que la controversial justa electoral de cada cuatro años donde el imperio de la plata es lo que determina, en esencia, quién llega a la Presidencia de la República. Por eso es que la calle ha venido adquiriendo más altos niveles de legitimidad y eso lo demuestran las casi mil manifestaciones que se han dado en lo que va de la presente administración.

El día en que se pueda articular en una única dirección todo este cúmulo de protestas; el día en que por distintas vías se llegue a la misma convicción de que nos corresponde construir el nuevo sujeto histórico; ese día se iniciará la transformación estructural de la democracia costarricense y tendremos la alborada de la nueva hegemonía que se ocupa para salvar a esa democracia tan maltrecha por la cadena de actos vandálicos que se han venido cometiendo desde las esferas del poder tradicional de las últimas administraciones gubernativas.

Gobierno dejó plantada a la ANEP y a los motociclistas

Nota de La Nación

Defensoría promovió fallida cita ayer
Gobierno declina ir a negociar con motociclistas
Presidencia exige disculpas y compromiso de no incurrir en violencia
Organizadores de protestas aseguran que ya cumplieron con peticiones

Amy Ross A. amy.ross@nacion.com 12:00 a.m. 04/12/2012

El Gobierno de la República declinó asistir a la cita de ayer a las 2 p. m. para negociar con representantes de los motociclistas sobre el alza en la tarifa del marchamo.

El encuentro lo promovió la Defensoría de los Habitantes desde la semana pasada, con el fin de abrir el diálogo entre ambas partes.

Sin embargo, ayer al mediodía la Defensoría informó de la suspensión de la reunión, en razón de que el Poder Ejecutivo consideraba que aún no se cumplían las condiciones que exigieron la semana pasada.

Los dos requisitos los reiteró la Presidencia mediante un comunicado de prensa: una disculpa pública por los bloqueos y actos de violencia en la manifestación de la semana pasada, y el compromiso de no recurrir a las mismas prácticas.

“No basta con que se comprometan a que no haya ‘ningún tipo de manifestación durante el desarrollo del diálogo’. Se trata de que clara y tajantemente renuncien a recurrir a los bloqueos y otros actos de violencia como medio de presión”, señala el boletín.

“En el momento en que estas condiciones se den, el Gobierno no tendría ningún problema en sentarse a dialogar con ellos”, agregó el ministro de Comunicación, Francisco Chacón.

Asimismo, advirtió de que la posibilidad de encontrar una solución antes del año nuevo, “es prácticamente nula”.

Pese a la cancelación, representantes del Comité Cívico Nacional de Motociclistas, la Unión Nacional de Motociclistas y Trabajadores en Moto, y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) acudieron a la Defensoría, según indicaron, para insistir en su interés por negociar.

Ahí, elaboraron un manifiesto en el cual se disculparon por lo ocurrido y condenaron los actos violentos en las protestas.

Rafael Mora, del Comité Cívico, aseguró que las exigencias del Gobierno se satisficieron desde la semana pasada, en una conferencia de prensa. Según Mora, el Ejecutivo no tiene voluntad de negociar.

“No pueden exigirnos que renunciemos a actos de violencia que nunca promovimos. Es como que le pidamos a doña Laura que garantice que de ahora en adelante en su gobierno no se va a presentar ningún acto de corrupción”, agregó.

Aunque el dirigente reiteró que la prioridad del movimiento de motociclistas es negociar, no descartó que pudieran hacerse más protestas de agotarse esta vía.

Por su parte, la Defensoría dijo que continuaría con los esfuerzos por propiciar otro encuentro.

Los motociclistas han hecho dos protestas para exigir una rebaja en el costo del marchamo, una el 21 de noviembre y otra el 27. La última involucró bloqueos de varias vías y el ataque a una buseta. Colaboraron: Álvaro Murillo y Marvin Caravaca
________________________________________________________________________________

Nota Diario Extra

Fishman llama a no pagar el marchamo

GOBIERNO PLANTÓ A MOTOCICLISTAS

MARCO LEANDRO
mleandro@diarioextra.com

El Gobierno dejó plantados ayer a los representantes de los motociclistas y a los mediadores, Luis Fallas, defensor adjunto, el obispo Ángel San Casimiro, y al diputado Luis Fishman, por lo que el objetivo de buscar solución a la problemática del marchamo, se postergó para las próximas horas.

Pese a que las sillas de los representantes del Poder Ejecutivo quedaron vacías, la reunión siempre se hizo, y a petición del legislador, los motociclistas (Comité Cívico Nacional de Motociclistas y la Asociación Nacional de Empleados Públicos, representado por su secretario general Albino Vargas) aceptaron enviar una carta a la Presidenta, donde aceptan las condiciones que había exigido para sentarse a negociar.

Fishman explicó que cuando llegaba a la Defensoría lo llamó Carlos Ricardo Benavides, ministro de la Presidencia, quien le indicó que para iniciar negociaciones el Gobierno exigía que los motociclistas renunciaran a realizar manifestaciones y dieran disculpa pública por los hechos de violencia de la semana pasada.

Por eso les propuso, elaborar una carta donde aceptaban ambas exigencias para abrir la negociación.

“La mesa está servida para negociar y solo es cuestión de tiempo”, sostuvo Fishman

NADIE DEBE PAGAR EL MARCHAMO”

Sobre el fondo del asunto, Fishman explicó que está convencido de que el cobro del marchamo este año es ilegal, por lo que interpuso una accción de inconstitucionalidad y un recurso de amparo, por cuanto la recién aprobada ley del tránsito, obligaba al Poder Ejecutivo a confeccionar un reglamento para este cobro.

Asegura que el artículo 61 de dicha ley ordena expresamente al Gobierno que para realizar el cálculo y el cobro del marchamo se elabore ese reglamento, pero se les olvidó, y ahora el cobro no está ajustado a la ley. “Por eso nadie debe de pagar el marchamo hasta que esto no se resuelva”, dijo Fishman.

VALOR FISCAL A TRIBUNALES

Consumidores de Costa Rica apoyados por el Bufete Riba Bazo y Asociados presentó ante el Tribunal Procesal Contencioso Administrativo una solicitud de medida cautelar contra de la forma en la cual del Ministerio de Hacienda procedió a la actualización del valor fiscal de los vehículos.

Con esta medida se pretende suspender el acto administrativo que dio luz verde a la actualización del valor fiscal de los vehículos y el no cobro del marchamo a los vehículos afectados.

A criterio de Consumidores de Costa Rica el avalúo administrativo de casi 1,2 millones de vehículos efectuado por la Dirección General de Tributación Directa mediante un estudio de mercado “se construyó a partir de la simple revisión de páginas de Internet y anuncios impresos de venta de vehículos”.

Erick Ulate, presidente de Consumidores de Costa Rica aseguró que “la actualización del valor fiscal de los vehículos llevada a cabo por Tributación es arbitraria y poco transparente ya que la misma Directora de Valoración ha reconocido públicamente que la actualización está inflada y que a los afectados no les queda otro camino que cumplir con trámites engorrosos para establecer una queja. El Gobierno nos quiere imponer su Plan Fiscal a como dé lugar”.
___________________________________________________________________________________

Nota Prensa Libre

Gobierno rompió diálogo pero motociclistas insisten en reunión
Escrito por Roberto Portuguez

• Envían carta disculpándose por bloqueos violentos

Los motociclistas y el Gobierno no se reunieron ayer en la Defensoría de los Habitantes, debido a que desde Casa Presidencial mandaron una nota aseverando que no asistirían ya que no se cumplían las condiciones necesarias.

Sin embargo, esto no fue impedimento para que los motorizados acudieran a la cita, donde estuvieron en compañía del diputado Luis Fishman y el obispo de Alajuela, Ángel San Casimiro, quienes fungieron como intermediarios en el conflicto. Tras una serie de acuerdos, los motociclistas enviaron una nota al Gobierno de la República, donde detallaron que de nuevo pedían disculpas por los actos vandálicos.

“Los motociclistas agrupados en las organizaciones cuyos representantes firman el presente comunicado, queremos expresarle a la opinión pública nacional que, ni antes ni ahora ni después, la apelación a la violencia y/o a los bloqueos, nunca formaron o formará parte de la filosofía que inspira nuestra lucha y que por el contrario nos llevan a reforzar que el diálogo es el mejor instrumento para resolver la controversia que nos ocupa”, indica el documento.

Según el defensor adjunto de los Habitantes, Luis Gerardo Fallas, los motorizados están comprometidos en no realizar nuevos movimientos, pues quieren llegar a un acuerdo. “Tenemos toda la disposición de parte de ellos, hubiéramos querido que el Gobierno estuviera aquí, pero ya se les mandó la nota y esperamos que responda con prontitud” explicó Fallas.

Por su parte, Fishman alegó que si se tratara de un cliente personal, él le recomendaría no pagar el marchamo hasta que la Sala IV resuelva las acciones y recursos en contra del cobro de este año.

Escríbale a Roberto Portuguez: rportuguez@prensalibre.co.cr.
____________________________________________________________________________________

Nota “Telenoticias(Telenoticias)”:http://www.telenoticias7.com/detalle_nacionales.php?titulo=Motociclistas-aceptan-condiciones-de-Gobierno-para-entablar-mesa-de-di%C3%A1logo&id=152908

Motociclistas aceptan condiciones de Gobierno para entablar mesa de diálogo

Jessica Quesada/ Julio Naranjo

Representantes del movimiento de motociclistas, se reunieron la tarde de este lunes en la Defensoría de los Habitantes, sin embargo no hubo ningún funcionario del Gobierno.

Luego de la cita, los motorizados aceptaron las condiciones enviadas por Casa Presidencial para entablar una mesa de diálogo con el fin de llegar a una pronta solución.

De forma textual la carta firmada por este grupo que pide un rebajo en la factura del marchamo 2013, señala:

“Con ocasión de algunos episodios de violencia ocurridos durante la manifestación del pasado 27 de noviembre, se reitera ante la opinión pública las disculpas del caso y estamos convencidos, de quienes lo cometieron no obedecían a propósitos de este movimiento y por tanto deberán asumir sus responsabilidades individuales”.

A la reunión se presentaron el jerarca de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vagas, el diputado del PUSC Luis Fishman y el obispo Ángel San Casimiro, quienes fueron recibidos por la defensora Ofelia Taitelbaum.

Ellos se comprometieron a seguir como mediadores de ambas vertientes. “Hemos convenido ser testigos para que la manifestación de los motociclistas se realice sin violencia y con buenas normas de diálogo”, se refirió en conferencia de prensa el diputado Fishman, luego de la reunión.
___________________________________________________________________________________

Nota Radio Reloj

GOBIERNO NO ASISTIÓ A LA REUNIÓN CONVOCADA POR LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES
Posibilidad de rebajar el marchamo es casi nula, según Ministro de Comunicación

Por Hazel Cerdas Villalobos
hcerdas@monumental.co.cr
@hazelcerdas

El gobierno no envió ningún representante a negociar con los motociclistas el pago del marchamo 2013.

La Defensoría de los Habitantes convocó a una reunión entre el Comité Cívico Nacional de Motociclistas y el gobierno la tarde de este lunes sin embargo se canceló ante la negativa de las autoridades a participar.

Francisco Chacón, ministro de Comunicación y Enlace dijo que las posibilidades de hacer un ajuste en el cobro del marchamo de este año son prácticamente nulas.

La presidencia de la República exigió a los motorizados disculpas públicas por los actos de violencia ocurridos durante la última protesta además del compromiso de no realizar más bloqueos, antes de dialogar.

Albino Vargas, secretario general de la ANEP, y quien apoya el movimiento de motociclistas dijo que los eventos ocurridos durante la manifestación no son el espíritu de la protesta, en declaraciones a este noticiero el pasado 28 de noviembre, un día después de la manifestación.

Los motociclistas cumplieron con lo solicitado sin embargo aun no hay un acercamiento entre las partes.
_________________________________________________________________________________

Nota Telenoticias

Motociclistas se reunieron en la Defensoría pero sin representantes del Gobierno
Jessica Quesada/ Julio Naranjo

Representantes del movimiento de motociclistas, sí se reunieron la tarde de este lunes en la Defensoría de los Habitantes, sin embargo no hubo ningún funcionario del Gobierno.

La cita se había suspendido ya que se le solicitó al grupo asumir su responsabilidad y ofrecer disculpas públicas a los costarricenses por los bloqueos de vías y otras formas de violencia ocurridos durante la semana anterior.

Sin embargo, a las 2 p.m. se hicieron presentes en las instalaciones de la Defensoría, representantes de los motorizados, el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vagas, el diputado del PUSC Luis Fishman y el obispo Ángel San Casimiro, quienes fueron recibidos por la defensora Ofelia Taitelbaum.

Ellos siguen insistiendo para que el Instituto Nacional de Seguros (INS), realice un rebajo en la tarifa del marchamo 2013, ya que fueron los más afectados por el incremento para este cobro.

Según Fishman, “los motociclistas aceptaron las condiciones del Gobierno para establecer una mesa de diálogo, y los presentes se comprometieron a seguir como mediadores del grupo para llegar a una pronta solución”.

¡URGENTE! Nosotros sí iremos a la Defensoría

Las representaciones del Comité Cívico Nacional de Motociclistas y de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), sí nos presentaremos en la Defensoría de los Habitantes de la República, hoy lunes 3 de diciembre, a las 2 de la tarde, como estaba previsto, pese a que el Gobierno, a última hora, está indicando que no lo hará.

Seguimos creyendo que el diálogo es el mejor instrumento para resolver diferendos y jamás renunciaremos a esta posibilidad.

Jamás hemos promovido la violencia en el uso de la protesta ciudadana y de la manifestación democrática. Hemos condenado los bochornosos episodios con ocasión de la anterior manifestación de motociclistas y hemos reiterado que no habrá ningún evento de calle en el desarrollo del proceso de diálogo. No podemos “renunciar” a algo que jamás hemos promovido, como lo son los bloqueos y/o la violencia.

Sería como pedirle a la Presidenta Chinchilla, que nunca ella misma ha promovido un acto de corrupción, que “renuncie” a que en lo que queda de su Gobierno no habrá más casos de corrupción.

Comité Cívico Nacional de Motociclistas
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados

Se nos fue un anepista luchador de corazón

Estimadas compañeras y estimados compañeros: Respetuosos saludos.

Con mucho dolor les comunicamos el sensible fallecimiento, a esto de las 3 de la tarde de este sábado 1 de diciembre, del compañero afiliado CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, conocido como “Mufla”; quien todavía ostentaba el cargo de Presidente de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Municipalidad de Nicoya.

El compañero Carlos fue pionero en el ingreso de la ANEP a esta entidad, junto con el compañero José Aider. Ambos sufrieron el despido antisindical por ello y luego recuperaron su empleo gracias a la ANEP.

Cuando él se incorporo cayó enfermo y se le detecto el cáncer que ha acabado con su vida. Hace unas semanas viajamos hasta Nicoya y todavía en vida le pudimos hacer un homenaje a su lucha sindical con la camiseta de la ANEP. En verdad, el compañero Carlos tuvo un inmenso gran cariño por nuestra querida organización y fue de esos anepistas de corazón, “químicamente puros”.

A uno le duele que alguien tan valioso para nuestra causa se nos vaya. Rogamos a Dios Creador que su esposa doña Martha y sus familia tengan el consuelo debido para soportar esta terrible perdida. Paz a sus restos.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)
___________________________________________________________________________________

Estimados compañeros:
Estimadas compañeras:

Hoy la ANEP se viste de luto ante el fallecimiento de nuestro querido afiliado y amigo Carlos, una persona que puedo dar fe amaba a nuestra organización y la engrandeció con sus actos de lealtad, confianza y perseverancia. Carlos deja un gran legado, no sólo le dijo sí a la ANEP, sino que con gran dignidad enfrentó su despido en la Municipalidad de Nicoya, despido que fue un claro atropello a la libertad sindical. Pese a esa circunstancia tan difícil, más en una región donde el trabajo no abunda, Carlos continuó luchando por sus ideales y no descansó hasta lograr su reistalación y poco tiempo después la negociación y aprobación de una de las mejores Convenciones Colectivas en el Sector Municipal; esa tenacidad de Carlos refleja su amor por sus compañeros y compañeras de trabajo.

En lo personal, mi corazón de nuevo se viste de luto, pero doy gracias a Dios por la oportunidad de haber conocido a un ser extraordinario.

Mañana me trasladaré de nuevo hasta Nicoya para, en nombre de la ANEP, solidarizarme con doña Martha, su querida esposa, con sus hijas Griselda y Johanna, con su compañero de labores, de lucha y amigo: José Aider, así como con sus compañeros y compañeras de la Municipalidad de Nicoya.

Con la satisfacción de haber sido su amiga, te dejamos partir Carlos, pero nunca te olvidaremos.

En el cielo hoy hay fiesta, un ángel más ha llegado a la Tierra Prometida, nos cuidará y nos guiará desde ese lugar donde ya no hay dolor, donde todo es felicidad, así lo creía Carlos y así ha de ser. Hasta que Dios quiera amigo Carlitos…

Iris Cervantes Paniagua
Promotora Sindical ANEP
Municipalidades

Sigue la persecución de BANACOL contra Hermes Cubillo

Señores empresa BANACOL
Atención señora Maureen Vásquez

Exigimos el total respeto para la dignidad del trabajador bananero HERMES CUBILLO GOMEZ, injustamente despedido por su representada, en una típica acción de corte antisindical tipo “Mamita Yunai”.

El imperio de ley le dio la razón a este ciudadano trabajador y le devolvió su empleo. No pueden ustedes actuar tan antitéticamente y en contra de los Derechos Humanos de don Hermes, pretendiendo minarle su dignidad humana con la ocupación que le están dando, solamente porque él, en uso de sus facultades legales y constitucionales, demostró que BANACOL le había despedido simplemente porque pertenece y promueve al Sindicato de Trabajadores Plantaciones Agrícolas (SITRAP).

La Libertad Sindical es un derecho humano fundamental y así lo demuestra esta sentencia judicial. Exigimos que cese el acoso y las prácticas laborales desleales contra don HERMES CUBILLO GOMEZ.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)
__________________________________________________________________________________

SOLIDARIDAD URGENTE

En abril del 2006 SITRAP inicio un proceso de afiliación sindical en FINCA AGRÍCOLA GANADERA CARIARI SOCIEDAD ANÓNIMA, Finca cuatro, Propiedad de BANACOL, de Costa Rica y Proveedora de CHIQUITA, esta empresa al igual que la gran mayoría de las empresas de Banano y Piña en Costa Rica, inició toda un campaña antisindical, ejerciendo todo tipo de presiones contra los trabajadores para que no se afiliaran al sindicato SITRAP, y para que los estaban afiliados, se desafiliaran, esto lo hacía, ofreciéndoles transporte y pago del día de salario para que fueran a desafilarse a la oficina del sindicato, también amenazaban a los trabajadores diciéndoles que los iban a despedir y quedarían en una lista negra, y a sufrir otras consecuencias negativas, etc. etc. De esa forma logró que muchos trabajadores salieran del sindicato, o renunciaran de la empresa, y otros los despidió.

De esa forma la empresa logró deshacerse de más de 20 trabajadores que habían afiliados, uno de esos afiliados era el compañero Hermes Cubillo Gómez, que además era representante del Comité de Base Sindical que habían nombrado los trabajadores afiliados como su representante, cuando Hermes quedó solo por la rezones antes mencionadas. La empresa la emprendió en contra de Hermes para que renunciara de la empresa, ya que lo culpaba de haber llevado al sindicato a la finca, el compañero Hermes resistió todo tipo de discriminación, persecución, y humillación por parte de esta empresa, pero como no renunciaba de la empresa, y/o del sindicato, la empresa lo despidió el 25 de abril del 2007, por una falta inexistente.
Ante esta situación se recurrió al Circuito Judicial de la Zona Atlántica, sede Pococí, atravez del Dpto. legal de SITRAP, liderado por el Lic. Jorge Barboza.

En agosto de este año, después de 5 años y 3 meses la sentencia quedó en firme en casación a favor del compañero Hermes Cubillo, y se ordena a la empresa al reintegro del compañero Hermes Cubillo al puesto habitual de trabajo, y al pago de salarios dejados de percibir, entro otros, por considerar que el despido de debió a una acción de persecución sindical.

Es importante decir que en primera instancia, y segunda la demanda fue dada con lugar.

En acatamiento a la resolución del juez de trabajo, el compañero Hermes con fecha 30 de noviembre del 2012, a las 4:30. am se presenta a laborar, pero se encontró con la sorpresa que esta empresa a pesar que hay una sentencia en firme del tribunal que dicta que debe de ser reinstalado a su puesto de trabajo, o sea a la labor de cortador de fruta que era la labor habitual que realizaba al momento del despido, los representantes patronales lo enviaron totalmente solo, sin compañía de otro trabajador, a realizar la labor de chapear canal en un canal abandonado, y con alto nivel de peligro por estar inundado, por ser época de lluvia, además con herramienta no apta para esa labor, poniendo con esto en riesgo su vida, pero no bastándole a esta empresa el castigo al cual sometió al compañero Cubillo el día 30, el día de hoy 01-12 -2012, lo enviaron nuevamente al canal, pero con la variante, lo enviaron a una parte en donde es más peligroso, ya que en ese lugar está más abandonado y hay hasta serpientes altamente venenosas.

Queremos aprovechar este comunicado para hacer responsable a esta empresa en caso que le suceda algo a la integridad física de Hermes Cubillo.

Con esta conducta, esta empresa nos deja claro que ha cambiado en nada, y continua con la misma actitud antisindical, además en visita que hiciera el día 30-11-2012 en la madrugada para acompañar al compañero Hermes Cubillo, se me aproximaron algunos trabajadores y me informan que la situación de los trabajadores es dramática en esta finca, mantiene la contracción por medio de contratistas, y sin derechos laborales, Jornadas de hasta 12 y 13 horas sin el pago de la horas extras, etc. etc.

En fin es alarmante la situación de los trabajadores en esa finca, SITRAP se prepara para retomar el trabajo de afiliación sindical con el regreso del compañero Hermes Cubillo, pero al parecer con la actitud que ha tomado esta empresa en contra de Hermes Cubillo la reacción de la empresa será igual que en el 2006.

El próximo lunes 03-12-2012 atravez del Dpto. Legal se estará haciendo algunas acciones para que la empresa acate la resolución del Tribunal, pero conocemos de lo lentos que son los tribunales en este país, por lo que los resultados podrían tardar.

Por otra parte también ese mismo día SITRAP estará haciendo acciones en la finca y/o al Ministerio de Trabajo con un documento para que se acate la resolución del tribunal, y además para una vez más, buscar un acercamiento bajo los principios del dialogo y la buena fe con esta empresa.

Por lo antes expuesto queremos solicitar a las Organizaciones Nacionales e Internacionales, Defensoras de los Derechos Humanos su solidaridad e intervención en lo siguiente.

1) Que la empresa acate la resolución dictada por el Juzgado de Trabajo.

2) Que la empresa cese de una vez por todos estos atropellos que se están poniendo en práctica en contra de Hermes Cubillo.

3) Que la empresa respete la libertad sindical, los derechos laborales y los Derechos Humanos en general.