Autor: ANEP

Poco más de 2 mil millones de colones al año le cuesta al país estar afiliado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); catalogada por algunos como “el club de los países ricos”, y por otros, como la “oficina de estadísticas más sofisticada y costosa del planeta”. Desde nuestras posiciones del sindicalismo sociopolítico, siempre hemos adversado que Costa Rica ingresara a tal ente, instalado en lujosas oficinas ubicadas en París, Francia.

Más bien, quien paga esa membrecía es el pueblo trabajador pues bien sabemos que en Costa Rica es la gente de abajo y la de en medio la que carga sobre sus espaldas la injusta estructura tributaria que azota a nuestra sociedad.

Estar en la OCDE obliga a, en promedio, un pago diario 5 millones 500 mil colones (5.500.000), plata que tendría mejor finalidad invertirla en tanta necesidad social descubierta y no en la burocracia parisina de la OCDE.

A nivel de la América Latina, la región más desigual del planeta, solamente 4 países se han metido en esa aventura de la OCDE: México, Colombia, Chile y Costa Rica. Los 4 tienen gigantescos problemas de exclusión social y de desigualdad económica. ¡Sí! Los 4, dado que nuestra querida Patria por esos extremismos fundamentalistas de la macroeconomía neoliberal, hoy es una sociedad golpeada por el doloroso flagelo de la desigualdad.

Colombia y Chile han sufrido, recientemente, potentes estallidos sociales que, incluso, generaron significativos cambios políticos en la conducción gubernativa de ambos países. México muestra una desigualdad espantosa y un poderoso proceso de crecimiento del control del Estado por parte del crimen organizado del narcotráfico. Y, Costa Rica, vivió en el período 2018-2022 fuertes tormentas sociales y sigue acumulando combustible para un estallido social a la colombiana o a la chilena. Eso es lo que nosotros vemos y percibimos desde el campo de la lucha social. Preguntémonos, en consecuencia: ¿para qué es “buena” la OCDE?

Nada nuevo nos vino a decir la OCDE en su documento Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2023. Se está pagando la “consultoría” más cara de la historia nacional para que se siga intoxicando a la población de que la gente trabajadora asalariada del sector Público es la responsable del desastre de las finanzas públicas; de que el gasto público es malo per se; de que la regla fiscal debe imponerse a rajatabla; de que hay que ponerle impuesto al salario escolar y a las cooperativas; etc., etc. ¡Lo mismitico del recetario neoliberal clásico y extremista que tiene a la sociedad costarricense en la etapa más desigual desde la promulgación de la denominada Segunda República.

Lo que si nos queda suficientemente claro es que de parte de la OCDE nada bueno puede esperar el pueblo trabajador; ni el que labora para el sector privado ni para que el trabaja en la Administración Pública, mucho menos esa parte tan fuerte que es quienes están desempleados y/o en el mercado informal de la economía: casi el 50% de la población económicamente activa. Tampoco, el ya casi inexistente conglomerado social de la producción agropecuaria para el mercado interno puede esperar algo bueno de la OCDE.

Finalmente, un distinguido grupo de costarricenses le mandó una carta al jerarca de la OCDE que nos visitó, el Sr. Mathias Cormann; carta cuyo contenido, en términos generales, coincide con planteamientos socioeconómicos que venimos haciendo desde la corriente sindical en la cual militamos. Le recomendamos a usted que la lea y la puede encontrar en nuestro sitio web: www.anep.cr

Queremos ser contundentes: la regla fiscal vulnera la estabilidad democrática y agrava la exclusión social. Y, con base en lo que el diccionario define como “perverso”, podemos decir que la regla fiscal nos fue impuesta con mucha maldad y, conscientemente, buscando hacer el mayor daño posible a la sociedad.

De acuerdo a la serie de datos estadísticos socioeconómicos que han venido dándose a conocer en los últimos tiempos, los cuales indican del sufrimiento financiero y de las congojas económicas de la mayoría de la población del país; urge una fuerte flexibilización de ese mecanismo de control ideológico-económico de la inversión pública conocido como regla fiscal.

Convencerse de que ello es necesario no ocupa de grandes ejercicios mentales: sólo constatemos todo lo que concierne a la desigualdad carcomiendo el tejido democrático de la sociedad.

Creemos que es correcta la tesis del actual Gobierno al respecto, es decir, en cuanto que la regla fiscal neoliberal hay que flexibilizarla. Ahora bien, la magnitud, los alcances, los propósitos sociales, las entidades que “escaparán” de la misma (en todo, o en parte), debe ser una discusión muy participativa y no meramente un ejercicio político-tecnocrático que no estaría considerando las voces y las representaciones sociales involucradas, directamente, en el perverso mundo de la regla fiscal.

Ahora resulta que la tímida flexibilización de la regla fiscal que estaría defendiendo el Gobierno, es objetada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), entidad financiera global caracterizada por su ausencia total de escrúpulos a la hora de someter a países y a gobiernos a sus dictados; todos los cuales y en todos los puntos del orbe no han generado más que miseria, dolor y sufrimiento a los pueblos que son sometidos a esos dictados.

En el caso costarricense, la flexibilización de la regla fiscal es vital, por ejemplo, para la reactivación económica en materia de construcción y manteniendo de infraestructura vial que, como es de incontrastable evidencia pública, se encuentra en estado calamitoso.

Por otra parte, entidades públicas como la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), el Consejo Nacional de Producción (CNP), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), así como la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), están urgidas de “oxígeno fiscal” para evitar caer en total colapso de tal suerte que, cada una en su ámbito, tengan suficiente espacio para el impulso y el desarrollo de iniciativas de política pública que, de un modo u otro, aportan para atajar el despeñadero que representa caer en una sociedad desigualdad por completo.

Algo que no puede esperar es el grave problema nacional de gran impacto en nuestra sociedad en estos momentos, que es el de la violencia criminal y delincuencial y la del crimen organizado especialmente. La regla fiscal impide que haya más recursos disponibles para el fortalecimiento integral de todos los cuerpos policiales del país, en especial, la Fuerza Pública.

Más grave resulta todavía y aquí hacemos más fuerte nuestra condena al FMI, que nos están anunciando que tanto la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), como los gobiernos locales-municipalidades, deben también ser sometidos a la dictadura neoliberal de la regla fiscal. Convencidos estamos de que la regla fiscal es, por tanto, una perversidad contra la misma Democracia.

El distinguido jurista don Manuel Hernández Venegas, reconocido abogado en los campos del Derecho Laboral y del Constitucional, ha escrito un artículo que tituló El gran desafío histórico, el cual apareció en la publicación digital SURCOS, de mucho prestigio en los ámbitos de la lucha social, cívica y popular costarricense. (https://surcosdigital.com/el-gran-desafio-historico/). Con base en su lectura, formulamos el siguiente comentario.

La magnitud del golpe que ha recibido la Democracia costarricense con la aprobación de la perversa tríada de legislación neoliberal números 9635, 9808 y 10159, aún no ha sido asimilado en toda su dimensión estratégica por toda la ciudadanía patriótica y sus diversas organizaciones, como para abrir el camino de la reconstrucción y reconfiguración de una nueva re-articulación tan necesaria desde el campo de lo popular para enfrentar sus consecuencias nefastas en el tejido social costarricense de la actualidad.

El combo fiscal, ley 9635; la ley anti-huelgas, 9635; así como la que asoma ya su perversidad material, la del empleo público, No. 10159, se concatenan entre sí, ideológicamente, para reversar-involucionar la ruta de integración social que el país había decidido transitar a partir del 7 de noviembre de 1949, con la entrada en vigencia de la Carta Magna todavía vigente.

Don Manuel pone el dedo en la llaga al instarnos a reparar no necesariamente en los contenidos de los correspondientes articulados de cada una de esas tres leyes; sino, en los criterios emitidos por la Sala Constitucional, denominados “opiniones consultivas” que tal tribunal emitiera en los respectivos procesos de tramitación parlamentaria.

Para él ocurrió una gravísima violación al presuntamente pétreo principio de separación de poderes y nos conduce a la lectura-reflexión del contenido del artículo 16 de la primera Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: “Una Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución”.

Y este principio se proclamó el 26 de agosto de 1789, en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente francesa, la cual aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, convirtiéndose en un legado fundamental de la Revolución Francesa; misma que tiene un valor universal, y constituyó la base de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en 1948.

A juicio de don Manuel, los pronunciamientos-opiniones consultivas de la Sala Cuarta, con ocasión del proceso parlamentario de la indicada tríada de legislación neoliberal, implicaron lo siguiente:

1) En primer lugar, una gravísima alteración del diseño constitucional y democrático de nuestro ordenamiento jurídico que, por una parte, lesiona el principio de independencia de Poderes; y, por otra parte, vacía de contenido las autonomías de las universidades públicas, CCSS y las municipalidades.

2) El desmantelamiento y menoscabo de los servicios públicos, a merced de la salvaje Regla Fiscal. Los servicios públicos son la infraestructura de la Democracia.

3) En tercer lugar, una grave vulneración de los derechos fundamentales de la clase trabajadora: el Derecho de Huelga y el de Negociación Colectiva. La Libertad Sindical es inherente a cualquier sistema democrático.

4) Se ha producido una seria lesión del derecho fundamental a un salario que sea suficientemente justo y remunerativo que, por lo menos, se ajuste al aumento del costo de la vida.

Don Manuel concluye en que, en los cuatro aspectos anteriormente señalados por él, está la esencia del proceder del actual tribunal constitucional de la República que ha vulnerado el contenido del artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que nos legó la Revolución Francesa. Para él se nos arrebató, de manera violenta, la Constitución de nuestra Patria, la del 7 de noviembre de 1949.

En varios de nuestros propios escritos hemos planteado que durante el período legislativo 2018-2022 ocurrió un Golpe de Estado parlamentario a la Constitución de 1949. Este período fue el co-gobierno de los partidos Liberación, Unidad y PAC conducido por la “gerencia política” de Carlos Alvarado Quesada, como Presidente de la República; co-gobierno que impuso la tríada de legislación neoliberal 9635, 9808 y 10.159.

Don Manuel profundizó y para él, según entendemos, el golpismo constitucional procedió de donde menos se esperaría, el propio tribunal constitucional que, se supone, debió salvaguardar la majestad de la separación de poderes universalmente postulada desde el 26 de agosto de 1789.

Don Manuel nos apunta con toda claridad y contundencia, por tanto, que el mayor desafío histórico que tenemos por delante es recuperar el Estado Social y Democrático. ¡Sin duda apuntamos nosotros!