Autor: ANEP

No parece existir un desafío más grande en nuestro tiempo que el que tiene que ver con el sistema tributario, base a partir de la cual tiene lugar la redistribución de los beneficios del crecimiento económico de una sociedad.

Aunque en nuestra Patria un tema de este calibre sigue siendo tabú, allende nuestras fronteras está generando mucha atención, gran interés y no poca preocupación.

Y en Costa Rica es un tema tabú puesto que, a pesar de las sucesivas elecciones cuatrienales, el sistema tributario nacional no sufre ninguna transformación, ni en el plano ejecutivo-administrativo, ni mucho menos político-legislativo, si nos ponemos a hablar-plantear transformaciones reales, de impacto, de fondo.

Hemos dicho reiteradamente (y nadie nos ha desmentido) que en Costa Rica el sistema tributario tiene dos características esenciales: injusto y corrupto. De una manera muy simple, nosotros lo vemos así: Por una parte, pagan más proporcionalmente hablando quienes menos tienen; y, por la otra, quienes tiene más para pagar, no lo hacen del todo, o del todo no lo hacen, pues evaden y eluden mediante formas legales o al margen de la ley.

Para cambiar tal estado de cosas, se requiere mucho más que un cambio en los poderes Ejecutivo y/o Legislativo. Hay que lanzar un desafío estratégico a los factores de real poder que impiden transformaciones de tal calibre. Tarea más que histórica para nuestro país; e, incluso, con los datos socioeconómicos de la actualidad, se trata de un reto a favor de la permanencia del sistema democrático.

Pero, ¡bueno! Este discurso nuestro es muy conocido. Bien lo sabemos. Sin embargo, sigue teniendo gran vigencia.

En esta ocasión, queremos poner mucha atención a un proceso internacional en estos ámbitos de la cuestión tributaria a nivel global, pero con gran impacto en países como los nuestros.

Pensamos que en nuestro país debería tener más visibilización informativa-comunicativa los esfuerzos de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, por sus siglas en inglés); la cual, por ejemplo, en el año 2018 propuso un nuevo sistema tributario para acabar con los paraísos fiscales, que incorpora reparto mundial junto a una baja tasa de impuestos corporativos.

La ICRICT tiene incorporada la participación de varias personalidades de relieve mundial que vienen, de un modo u otro, lanzando alarmas acerca de la profundidad de la desigualdad y la perversidad de un sistema económico que, precisamente, algunos pensamos que es el más desigual de toda la historia de la Humanidad.

Por ejemplo, ciudadanos como Thomas Piketty, Joseph Stiglitz, José Antonio Ocampo, Gabriel Zucman, Magdalena Sepúlveda; luminarias del campo de la Economía y con visión global del problema de la fiscalidad internacional.

Recientemente, se hizo gran despliegue de la incorporación a la ICRICT, del exministro de Economía de la Argentina, Martín Guzmán, quien, en tal marco comentó: «Al día de hoy seguimos teniendo un sistema impositivo global disfuncional que le permite a las grandes corporaciones multinacionales y a los más ricos eludir legalmente el pago de impuestos, desfinanciando a los Estados y generando un mundo más desigual e inestable. Debemos decir basta. No hay más excusas para seguir tolerando la elusión y la evasión fiscal» (https://eleconomista.com.ar/economia/guzman-une-comision-independiente-reforma-fiscalidad-corporativa-internacional-n57590)

Y dijo, además, el señor Guzmán: «Por eso, espero ayudar, dentro de la Icrict para promover políticas fiscales progresivas. La respuesta no está en intensificar la competencia entre los países, sino en unir fuerzas para demostrar que es posible apostar por reformas fiscales progresivas»

Noten ustedes cómo estas palabras-conceptos y criterios apuntados por este político-profesional natural de la Argentina, están en nuestra mente, de manera cotidiana, precisamente porque es que este asunto, de otro sistema tributario, es algo así como el tema del siglo. La satisfactoria constatación en nuestro caso es que la corriente sindical en la cual militamos, no anda tan perdida. Debería fundarse en nuestro país, una especie de Comité Costa Rica de la ICRICT. Nosotros nos apuntamos…

Tenemos que asumir una fuerte acción social-sindical y cívico-patriótica para que en nuestro país se empiece, con real decisión política, a atacar el grave problema de la esclavitud laboral; muy presente en los últimos tiempos pero que adquirió un dramático carácter público con el caso de las tiendas de ropa S y R.

Uno esperaría que el propio Poder Ejecutivo, a través de sus carteras ministeriales de Trabajo y de Seguridad, especialmente; que la Asamblea Legislativa, mediante sus fracciones parlamentarias más sensibles al Humanismo Cristiano y a la Justicia Social, impulsaran las acciones correspondientes; e, incluso, las propias instancias judiciales hicieran lo propio en sus sentencias del ramo laboral-corporativo. Hay que decirlo con amargura: no le vemos futuro a ello.

Por otra parte, se elegirá en próximos días a una nueva persona en la Defensoría de los Habitantes de la República. Y se pone uno a pensar: y si esta nueva autoridad decidiese instalar una especie de mesa civil con agrupaciones de diverso orden, incluyendo sindicales, para impulsar la toma de las decisiones correspondientes en materia de política pública que nos permitan atacar, de raíz, el fenómeno de la esclavitud laboral en sus manifestaciones actuales. ¡Sería extraordinario! En tal sentido, abrigamos un poquito de esperanza. La persona designada para ese cargo recibirá una iniciativa de nuestra parte en este sentido, en el momento oportuno.

No obstante, y sin esperar ello, a nivel sindical, tenemos que incluir en nuestra agenda de lucha, el análisis y las recomendaciones que emitió el señor Tomoya Obokata, relator especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, luego de su visita oficial a Costa Rica, del 16 al 25 de noviembre de 2022.

El señor Obokata enlistó más de 30 recomendaciones para todos los sectores del país. Entre ellas destacan (https://news.un.org/es/story/2022/11/1517122):

• Fortalecer los marcos legislativos sobre las formas contemporáneas de esclavitud y las violaciones de la legislación laboral.
• Mejorar la inspección del trabajo asignando recursos humanos y financieros suficientes y otorgando poderes adicionales, como la imposición de sanciones in situ.
• Garantizar el acceso a la justicia y a los recursos de todas las víctimas sin discriminación de ningún tipo.
• Reforzar un sistema de alerta temprana para identificar a los niños en riesgo de explotación laboral y sexual en las escuelas.
• Garantizar que los empleadores contribuyan a la seguridad social mediante el fortalecimiento del mecanismo de supervisión, y castigarlos con sanciones proporcionadas en caso de infracción.
• Garantizar los derechos de todos los trabajadores migrantes sin discriminación.
• Regularizar la situación migratoria de los trabajadores irregulares para que puedan pagar impuestos y contribuciones a la seguridad social adecuadas y tener acceso a los servicios públicos sin discriminación.
• Abordar las causas profundas de las formas contemporáneas de esclavitud, como la pobreza, la desigualdad y la discriminación, por medios legislativos y de otro tipo.

El señor de las Naciones Unidas indicó que, a estas recomendaciones, Costa Rica debe darles el tratamiento de acciones urgentes.

Obokata dijo que el trabajo forzoso persiste en varios sectores productivos del país, como la agricultura y el trabajo doméstico. Como ejemplo citó que, en muchas plantaciones, los salarios de las personas trabajadoras se basan en unidades de producción. Si bien los empleadores generalmente no establecen un objetivo diario mínimo, esto alienta los trabajadores a trabajar largas horas, que pueden extenderse entre 12 y 15 por día (párrafo tomado de https://news.un.org/es/story/2022/11/1517122).

Ahora que Costa Rica es, de manera dolorosa e indiscutible, una sociedad desigual al borde de un estallido social (según manifestaciones del propio Presidente de la Sala Constitucional del Poder Judicial, don Fernando Castillo Víquez); debemos comprender que la existencia en nuestro país de trabajo forzoso y de esas nuevas formas de esclavitud laboral, es parte de esa desigualdad que está poniendo en peligro la misma estabilidad democrática del país, muy vulnerable por cierto en estos tiempos de tanta exclusión social y económica.

“El Estado soy yo” (l’Etat c’est moi) es el lema del absolutismo acuñado por el rey de Francia y Navarra, Luis XIV (1638-1715), desde 1643 hasta su muerte.

Según los historiadores, la afirmación “el Estado soy yo” fue pronunciada por el rey Luis XIV al ver el desacuerdo que la corte en París tenía frente a la aprobación de los edictos presentados por el monarca. La frase indica lo absurdo que veía Luis XIV la discusión, ya que esperaba que todas sus propuestas fuesen aceptadas sin cuestionamientos.

Luis XIV, conocido también como “el Rey Sol”, representa el auge del período histórico conocido como absolutismo monárquico, que se caracterizó por la concentración de todo el poder en el monarca o gobernante.

Los tres párrafos anteriores fueron tomados de esta dirección web:  www.culturagenial.com

Se nos vino a la mente lo de “El Estado soy yo” a propósito de la errática, ilegal e inconstitucional decisión del Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, de suspender, más bien, destituir, a cinco integrantes de la actual Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS);quienes no acataron la orden presidencial de no honrar la deuda salarial por costo de vida contraída con el personal de la Caja, establecida el 17 de diciembre de 2019; compromiso que exhibió una solidez jurídico-legal que no pudo ser rebatida por el mandatario.

Y como no lo hicieron caso, a lo Luis XIV, “El Estado soy yo” las destituyó violentando, gravemente, ya no solamente la constitucionalidad de la autonomía de la Caja, sino los principios y valores filosófico-políticos que animaron la concepción, la fundación y el desarrollo de esta institución, la más venerada por el pueblo costarricense.

Es imposible analizar esta situación, tomándola como una circunstancia aislada o como una conducta personalísima sui géneris del gobernante. Todo lo contrario. En el seno de nuestra clase hegemónicamente dominante, el autoritarismo político y el disciplinamiento social van tomando cuerpo estratégico. Lo de “el Estado soy yo” tiene mucho ver con la derogatoria del derecho constitucional y humano de huelga; o, con la perversa Ley Marco de Empleo Público, próxima a entrar en vigencia.

El verticalismo, el autoritarismo y el absolutismo se tornan imprescindibles cuando el avance de la exclusión económica y de la desigualdad podrían potenciar reacciones cívico-populares de resistencia estratégica que podrían amenazar el estado natural de las cosas, en materia de procesos sostenidos de concentración de la riqueza.

Tal y como ha quedado demostrado en estos últimos años, las reacciones cívico-populares de gran calado no se han hecho esperar cuando se trata de erráticas decisiones político-gubernativas contrarias al sentir mayoritario de la población. Creemos estar en puertas de otro episodio de gran protagonismo social organizado.

En nuestro caso, aclaramos que no estamos defendiendo a las personas directivas que “El Estado soy yo” destituyó. Téngase en cuenta que estuvieron en contra de la aplicación en la Caja del respeto al derecho humano del salario mínimo inembargable; entre ellas, la representante sindical, misma que, por cierto, fue designada en el Gobierno anterior para ese alto cargo directivo de la CCSS, en condiciones de poca transparencia.