Ante el nulo apoyo recibido por la administración pasada, la seccional dentro de la empresa venezolana veía el panorama oscuro, pero ahora tras el apoyo que han tenido del mandatario y de la titular de trabajo se sienten motivados de cara al futuro.
Autor: ANEP
Seccional les pide a máximas autoridades de AyA aplicar directriz de respeto al salario mínimo
Ante la ausencia del director jurídico de Acueductos y Alcantarillados, Rodolfo Lizano, en la audiencia conciliatoria que se sostuvo esta semana y que obligó a posponer la reunión para el primero de septiembre, la seccional detalló que para muchos trabajadores el tema económico es insostenible, por lo que solicitaron la aplicación de la directriz emitida por el ministerio de trabajo.
Luego de 5 años trabajadores despedidos en la municipalidad de Sarapiquí se reintegran a sus labores
Conferencia con Dr. Walter Antillon Montealegre
MTSS cita a audiencia a la Junta Directiva de la CCSS por irrespeto al salario mínimo inembargable
A petición de ANEP se citó para el 29 de agosto a las 9:00 am a los nueve miembros de la Junta Directiva de la CCSS para conciliar sobre el respeto al salario mínimo inembargable. Desde nuestra organización se le solicitó a la clase trabajadora de la Caja hacerse presente para respaldar la acción sindical.
ANEP pide a autoridades del AyA que se respete el salario mínimo inembargable
Como parte de la defensa y el bienestar de la clase trabajadora, la ANEP le solicitó al Ministerio de Trabajo una audiencia en la que se hicieran presentes lo altos mandos del AyA a fin de que se pueda llegar a un acuerdo para el respeto del salario mínimo inembargable en Acueductos y Alcantarillados.
Trabajadores municipales de Tibás instan al pueblo a defender atropellos contra la clase obrera
Los trabajadores y trabajadoras operativos de la municipalidad de Tibás le hicieron el llamado a la ciudadanía a unirse para que se ponga un alto a los atropellos que se están cometiendo con el irrespeto a la autonomía municipal, las inversiones del ROP, las modificaciones al régimen IVM, entre otros más.
Proyecto de ley para declarar ciudadano de honor a Dionisio Cabal Antillón ya está en la Gaceta
La iniciativa de ANEP cada vez avanza más gracias a quienes se han sumado desde los diferentes sectores. En el Diario Oficial la Gaceta ya fue publicado el proyecto de ley. Ahora queda que el Presidente del Congreso le asigne comisión para que sea analizado por los diputados a ver si se vota en el parlamento.
Gasolina a ₡900 – diésel a ₡800
El Gobierno del Presidente Rodrigo Chaves Robles está anunciando que impulsará un proyecto de ley para que el valor del litro de gasolina se congele en ₡900; y, el del diésel, en ₡800.
Sin duda, nada más oportuno en los actuales momentos de gran estrechez económica de la mayoría abrumadora del pueblo costarricense, especialmente el asalariado en los sectores público y privado.
El congelamiento y el alto endeudamiento salarial agobian a las familias trabajadoras, provocándoles mucho estrés y sufrimiento. Prácticamente, la inflación interanual está ya en el 12%.
La combinación de ambos factores (altísimo costo de la vida que se ve indetenible, más una precariedad y un congelamiento salarial cruel), se han vuelto ingredientes perfectos para un “coctel” que propicie una explosión social.
Es archi-sabido que cuando suben los precios de los combustibles, sube todo lo demás. Son un disparador del costo de la vida que muestra toda su crueldad con los que menos tienen que son la mayoría de la población. Controlar la subida “loca” en el precio de la gasolina y del diésel es más que urgente.
¡Plata sobra! Congelar el valor del litro de gasolina en 900 colones y el del diésel en 800, es completamente factible pues sobran las fuentes de financiamiento para reponer los dineros que el Ministerio de Hacienda dejaría de percibir por concepto de impuesto a los combustibles al reducirse-congelarse el precio de los mismos.
PRIMERO: Según el Banco Central de Costa Rica (BCCR), los bancos comerciales atesoraban al 30 de abril de 2022, la inimaginable cantidad de, prácticamente, 38 mil millones de dólares ($38.000.000.000). En colones: unos 25 billones de colones (25.000.000.000.000). Un subsidio de 6 meses para mantener congelado el precio de la gasolina y del diésel, apenas representaría el 1% de tal cantidad (250 mil millones de colones). Se puede tramitar un impuesto extraordinario-especial y excepcional a pagar por los banqueros, específicamente, para que la gente pueda tener un respiro ante la incesante subida de precios de bienes y de servicios producto del altísimo precio de los combustibles.
SEGUNDO: El pago diario, cada 24 horas, de intereses de la deuda pública, durante el pasado año 2021, ascendió a unos 5.500 millones de colones. Se pagaron 4.8 puntos porcentuales del PIB en ese año y, a razón de 400 mil millones de colones por cada punto PIB, el Estado tuvo que erogar 1 billón 920 mil millones de colones para los agiotistas que lucran con la deuda pública, o sea, 160 mil millones de colones cada 30 días; es decir, casi 5.500 millones cada 24 horas. ¡Renegóciese ese pago de intereses, crimen social terrible y se tendrá plata fresca para cubrir los supuestos 250 mil millones de colones que es el “hueco” fiscal que en 6 meses dejaría legislar para que el litro de gasolina quede fijo-congelado en 900 colones y el del diésel en 800!
TERCERO: Se debe establecer un impuesto especial y solidario para las grandes fortunas y capitales acumulados, considerando que la evasión fiscal-tributaria es del orden de los 300 millones de dólares al mes, según estimaciones del propio Presidente de la República (3 mil 600 millones de dólares anuales). Son los “grandotes” los que roban impuestos, lo cual asciende a unos 200 mil millones de colones mensuales; y, presuntamente, se ocupan 250 mil millones en 6 meses para rellenar el “hueco” fiscal del congelamiento del valor del litro de la gasolina y del diésel. Aunque pueda parecer un escenario “utópico”, el margen de maniobra es cuantitativamente factible.
Lanzamos una fuerte y vehemente exhortación a todas las señoras diputadas y a todos los señores diputados, sin excepción, para que emitan la urgentísima legislación del congelamiento del precio de los combustibles: 900 colones para la gasolina y 800 colones para el diésel. ¡Plata hay y de sobra para subsidiar esos precios en beneficio de la gente!
Doña Rocío: ¡váyase! ¡la gente asalariada no cree en usted!
Es contundente e incontenible el clamor obrero-laboral y social que está ya posicionado en el mundo del trabajo acerca de que la señora Rocío Aguilar Montoya, actual jerarca de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), debe renunciar a este relevante puesto público, por demás, retribuido con un multimillonario salario.
Las personas trabajadoras asalariadas que, en el día de ayer, lunes 8 de agosto de 2022, se apersonaron en las afueras de la sede de la SUPEN, dejaron claro ese sentimiento generalizado, resumido en este cántico-consigna: “Rocío Aguilar tiene que jalar”.
Las recientes informaciones periodísticas acerca de las abultadas pérdidas de rendimientos en las cuentas individuales de cada persona afiliada al Régimen Obligatorio Pensiones (ROP), han generado incertidumbre, desconfianza en las operadoras de pensiones e indignación.
La señora Aguilar Montoya debe entender que se está perdiendo, o ya se ha perdido, la credibilidad en el manejo de los dineros de ROP de cuya supervisión es ella directa y políticamente responsable.
Cada persona trabajadora que está recibiendo los reportes de su respectiva operadora, al ver los datos que se le proporcionan, siente un enorme estado de indefensión pues no puede explicarse qué está pasando.
Bien sabemos que la señora Aguilar Montoya integra un selecto grupo de gran poder en este país, el sector financiero-bancario. Es más, no hay otro poder con tanta incidencia en el devenir actual del acontecer nacional como el de este sector financiero-bancario. Recordemos que ella es, además, la cabeza político-ejecutiva de la Superintendencia de Seguros (SUGESE). En consecuencia, en sí misma ella concentra un poder fuera de todo control político, tanto del Ejecutivo como del Legislativo.
De manera imprudente, creemos nosotros, se ha venido sacando los dineros del país, los dineros del ROP para llevarlos a los mercados bursátiles internacionales. No sabemos, exactamente, cuáles son esos mercados bursátiles, cuánto se ha invertido en cada uno, las condiciones de inversión, etc. Especulamos que se pudo haber ido a la bolsa de valores de New York, en Estados Unidos, lo que conocemos como Wall Street. O, ¿habrá ido, también, la plata obrera del ROP a los mercados financieros de Londres, Reino Unido, la City?
Lo real es que la falta de transparencia se ha posicionado con fuerza en torno a la gestión de la señora Rocío Aguilar Montoya. Ella tiene antecedentes que han vulnerado, seriamente, su credibilidad. Su participación en la comisión de inversiones y en la cúpula gestora de la ya quebrada firma ALDESA; así como una gestión que hizo al margen de la Constitución y de la propia Asamblea Legislativa para disponer ella misma, a su discreción, de cualquier cantidad de millones de colones para atender compromiso estatal de deuda pública, no nos permite pensar distinto sobre su proceder en la gestión de las altas finanzas del ROP.
Tenemos la certeza de que no hay en este momento ni un solo sindicato, ni tampoco una sola asociación solidarista que meta “las manos al fuego” por la gestión de la señora Rocío Aguilar Montoya al frente de la SUPEN. Muy conscientes estamos de que, aunque ella se vaya de la SUPEN, otra persona con su ideología del extremismo neoliberal la ha de sustituir.
Es el sistema lo que ha enfermado y la voracidad de acumulación de capital en que han caído las operadoras de pensiones, cuyos jerarcas parecen querer jugar como banqueros a los Wall Street, es lo que hay que intervenir; y, la verdad, sin acción obrero-laboral y social movilizándose, la plata del ROP podría tener sus días contados.
