Doña Rocío: ¡váyase! ¡la gente asalariada no cree en usted!

Es contundente e incontenible el clamor obrero-laboral y social que está ya posicionado en el mundo del trabajo acerca de que la señora Rocío Aguilar Montoya, actual jerarca de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), debe renunciar a este relevante puesto público, por demás, retribuido con un multimillonario salario.

Las personas trabajadoras asalariadas que, en el día de ayer, lunes 8 de agosto de 2022, se apersonaron en las afueras de la sede de la SUPEN, dejaron claro ese sentimiento generalizado, resumido en este cántico-consigna: “Rocío Aguilar tiene que jalar”.

Las recientes informaciones periodísticas acerca de las abultadas pérdidas de rendimientos en las cuentas individuales de cada persona afiliada al Régimen Obligatorio Pensiones (ROP), han generado incertidumbre, desconfianza en las operadoras de pensiones e indignación.

La señora Aguilar Montoya debe entender que se está perdiendo, o ya se ha perdido, la credibilidad en el manejo de los dineros de ROP de cuya supervisión es ella directa y políticamente responsable.

Cada persona trabajadora que está recibiendo los reportes de su respectiva operadora, al ver los datos que se le proporcionan, siente un enorme estado de indefensión pues no puede explicarse qué está pasando.

Bien sabemos que la señora Aguilar Montoya integra un selecto grupo de gran poder en este país, el sector financiero-bancario. Es más, no hay otro poder con tanta incidencia en el devenir actual del acontecer nacional como el de este sector financiero-bancario. Recordemos que ella es, además, la cabeza político-ejecutiva de la Superintendencia de Seguros (SUGESE). En consecuencia, en sí misma ella concentra un poder fuera de todo control político, tanto del Ejecutivo como del Legislativo.

De manera imprudente, creemos nosotros, se ha venido sacando los dineros del país, los dineros del ROP para llevarlos a los mercados bursátiles internacionales. No sabemos, exactamente, cuáles son esos mercados bursátiles, cuánto se ha invertido en cada uno, las condiciones de inversión, etc. Especulamos que se pudo haber ido a la bolsa de valores de New York, en Estados Unidos, lo que conocemos como Wall Street. O, ¿habrá ido, también, la plata obrera del ROP a los mercados financieros de Londres, Reino Unido, la City?

Lo real es que la falta de transparencia se ha posicionado con fuerza en torno a la gestión de la señora Rocío Aguilar Montoya. Ella tiene antecedentes que han vulnerado, seriamente, su credibilidad. Su participación en la comisión de inversiones y en la cúpula gestora de la ya quebrada firma ALDESA; así como una gestión que hizo al margen de la Constitución y de la propia Asamblea Legislativa para disponer ella misma, a su discreción, de cualquier cantidad de millones de colones para atender compromiso estatal de deuda pública, no nos permite pensar distinto sobre su proceder en la gestión de las altas finanzas del ROP.

Tenemos la certeza de que no hay en este momento ni un solo sindicato, ni tampoco una sola asociación solidarista que meta “las manos al fuego” por la gestión de la señora Rocío Aguilar Montoya al frente de la SUPEN. Muy conscientes estamos de que, aunque ella se vaya de la SUPEN, otra persona con su ideología del extremismo neoliberal la ha de sustituir.

Es el sistema lo que ha enfermado y la voracidad de acumulación de capital en que han caído las operadoras de pensiones, cuyos jerarcas parecen querer jugar como banqueros a los Wall Street, es lo que hay que intervenir; y, la verdad, sin acción obrero-laboral y social movilizándose, la plata del ROP podría tener sus días contados.

CCSS estudiará directriz sobre el salario mínimo inembargable para ver si lo aplica

A pesar de que se giró la directriz por parte del Ministerio de Trabajo desde la CCSS indicaron desde su unidad jurídica que van a analizar lo que indica la directriz para ver qué recomiendan a la Junta Directiva en cuanto a la aplicación.

Pésimas decisiones de operadoras de pensiones generan pérdidas millonarias a la clase trabajadora

El economista de la Universidad Nacional (UNA), Leiner Vargas Alfaro, explica como este tipo de decisiones han llevado a que las operadoras de pensiones tengan millonarias pérdidas con el dinero que la clase trabajadora tiene destinada para su jubilación. Así mismo, señaló la responsabilidad que ha tenido Rocío Aguilar Montoya de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN).

El tren eléctrico y el Parque Viva

Primero le dijeron al país que el proyecto del tren eléctrico costaría 1.265 millones de dólares. Y que, para financiarlo (en parte), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), prestaría 400 millones de dólares. El resto, sería plata aportada por el país. Pero, en realidad, nos tocaría a todo el pueblo pagarlo, en su totalidad (préstamo, intereses, plata “nacional”).

Varios meses después, se anunció que el proyectito ese sería más caro: unos 265 millones de dólares más para, finalmente, quedar en 1.550 millones de dólares. Al menos, estos son los números oficiales que se dieron a conocer en su momento.

En unos cuantos meses, el tren eléctrico, de sopetón, elevó su costo en 150 mil millones de colones más (150.000.000.000). ¿Qué pasó? Veamos:

Todo esto ocurrió en el gobierno anterior encabezado por el estafador político Carlos Alvarado Quesada y fue su Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), Elizabeth Briceño Jiménez, quien a nombre del Poder Ejecutivo anterior firmó el acuerdo de ampliación del proyecto original del tren eléctrico.

Pero, Alvarado y Briceño, ¿con quién firmaron? Pues lo hicieron nada más y nada menos que con el señor Carlos González Jiménez, director del Grupo Nación, ¡sí!, el consorcio corporativo-empresarial propietario del mencionado intensamente por estos días Parque Viva.

Toda esta situación se hizo del conocimiento público en su momento mediante varios medios de prensa. Uno de ellos, de carácter digital, reseñó que el gobierno (el anterior) y el Grupo Nación buscan “establecer relaciones específicas de cooperación entre Incofer y Grupo Nación que propicien a futuro, la habilitación del corredor ferroviario en la zona de la Guácima de Alajuela…”.

Este convenio lo vieron en sesión de la Junta Directiva de Incofer, el 9 de junio de 2019 y, en la del día 17 siguiente fue ratificado.

En el medio de ambas fechas, concretamente, el 13 de junio de 2019, el periódico La Nación sacó una nota bajo la responsabilidad de la periodista Patricia Recio, con este título: “Tren llegará hasta Parque Viva en la Guácima”.

Es obvio que doña Elizabeth Briceño Jiménez tenía comunicación directa con personeros de Grupo Nación y del propio periódico La Nación, a fin de que éste pudiera dar cuenta pública del convenio, “calientito, apenas salido del horno”. Y, por supuesto, sin duda alguna, bien enteradito estaba Carlos Alvarado Quesada.

Nosotros nos preguntamos y exhortamos a los juristas conocedores plenos de este tipo de situaciones: ¿No representa todo lo anterior un tráfico de influencias más que vulgar? ¿Cómo es posible explicarse que un proyecto con fondos públicos, con endeudamiento público, sea ampliado y a un altísimo costo para favorecer los intereses de negocios de un consorcio empresarial privado de gran poderío económico en este país?; y que, descaradamente, se firme entre el personero público y el jerarca privado. ¿Qué espera el Ministerio Público para actuar? ¿Qué esperan en la actual Asamblea Legislativa para investigar al respecto?

Desde que se anunció este leonino contrato, nuestra corriente sindical anunció su posición contraria al mismo y, por supuesto, mucho antes de que se supiera quién ganaría las elecciones presidenciales y diputadiles recién pasadas. Reconocemos el mérito del gobernante actual, Rodrigo Chaves Robles, en empezar a destapar actividades corporativo-empresariales de “alto vuelo” mediando la utilización del tráfico de influencias y de los recursos del propio Estado. Ojalá las destape todas y cada una y se asienten las responsabilidades.

Lucha por el respeto al salario mínimo inembargable nació en ANEP

Años atrás, antes de que se emitiera la directriz del Ministerio de Hacienda que ordena que se respeten 214.000 colones del salario de los trabajadores y trabajadoras del gobierno central, ANEP ya había logrado que en varias municipalidades se aprobara un lineamiento similar. Por lo que esta lucha ha sido larga y duradera siempre en favor de la clase obrera.

No habrán despidos masivos en el Ministerio de Vivienda e INVU , confirma ministra

Luego de una reunión en la que participaron las seccionales del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) y del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) con los representantes patronales se explicó el plan que tienen para poder potenciar la institución y en el que no va a haber despidos masivos.

Incumplimientos del Ministerio de Justicia ponen en riesgo integridad de custodios de OIJ

A pesar de que la Sala Constitucional ha dejado claro que un privado de libertad debe mantenerse en celda judicial por 72 horas, algunos reclusos pasan hasta 22 días dentro de las delegaciones del OIJ, lo que genera diversas problemáticas que ponen en riesgo la integridad de los custodios, quienes en su mayoría no se tienen una capacitación adecuada para intervenir.

Mujeres policías presentan al INAMU preocupaciones, retos y propuestas dentro de Seguridad Pública

Mujeres representantes sindicales de ANEP dentro del Ministerio de Seguridad Pública se reunieron con las máximas autoridades del INAMU a quienes le presentaron diversos puntos que deben ser corregidos en dentro de los cuerpos de policía.

Seccional en el ICT luchará férreamente contra Ley Marco de Empleo Público

Tras ser electa la nueva junta directiva en el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) anunciaron que trabajarán fuerte para evitar la entrada en vigencia de esta perversa ley.