Autor: ANEP

El Gobierno del Presidente Rodrigo Chaves Robles está anunciando que impulsará un proyecto de ley para que el valor del litro de gasolina se congele en ₡900; y, el del diésel, en ₡800.

Sin duda, nada más oportuno en los actuales momentos de gran estrechez económica de la mayoría abrumadora del pueblo costarricense, especialmente el asalariado en los sectores público y privado.

El congelamiento y el alto endeudamiento salarial agobian a las familias trabajadoras, provocándoles mucho estrés y sufrimiento. Prácticamente, la inflación interanual está ya en el 12%.

La combinación de ambos factores (altísimo costo de la vida que se ve indetenible, más una precariedad y un congelamiento salarial cruel), se han vuelto ingredientes perfectos para un “coctel” que propicie una explosión social.

Es archi-sabido que cuando suben los precios de los combustibles, sube todo lo demás. Son un disparador del costo de la vida que muestra toda su crueldad con los que menos tienen que son la mayoría de la población. Controlar la subida “loca” en el precio de la gasolina y del diésel es más que urgente.

¡Plata sobra! Congelar el valor del litro de gasolina en 900 colones y el del diésel en 800, es completamente factible pues sobran las fuentes de financiamiento para reponer los dineros que el Ministerio de Hacienda dejaría de percibir por concepto de impuesto a los combustibles al reducirse-congelarse el precio de los mismos.

PRIMERO: Según el Banco Central de Costa Rica (BCCR), los bancos comerciales atesoraban al 30 de abril de 2022, la inimaginable cantidad de, prácticamente, 38 mil millones de dólares ($38.000.000.000). En colones: unos 25 billones de colones (25.000.000.000.000). Un subsidio de 6 meses para mantener congelado el precio de la gasolina y del diésel, apenas representaría el 1% de tal cantidad (250 mil millones de colones). Se puede tramitar un impuesto extraordinario-especial y excepcional a pagar por los banqueros, específicamente, para que la gente pueda tener un respiro ante la incesante subida de precios de bienes y de servicios producto del altísimo precio de los combustibles.

SEGUNDO: El pago diario, cada 24 horas, de intereses de la deuda pública, durante el pasado año 2021, ascendió a unos 5.500 millones de colones. Se pagaron 4.8 puntos porcentuales del PIB en ese año y, a razón de 400 mil millones de colones por cada punto PIB, el Estado tuvo que erogar 1 billón 920 mil millones de colones para los agiotistas que lucran con la deuda pública, o sea, 160 mil millones de colones cada 30 días; es decir, casi 5.500 millones cada 24 horas. ¡Renegóciese ese pago de intereses, crimen social terrible y se tendrá plata fresca para cubrir los supuestos 250 mil millones de colones que es el “hueco” fiscal que en 6 meses dejaría legislar para que el litro de gasolina quede fijo-congelado en 900 colones y el del diésel en 800!

TERCERO: Se debe establecer un impuesto especial y solidario para las grandes fortunas y capitales acumulados, considerando que la evasión fiscal-tributaria es del orden de los 300 millones de dólares al mes, según estimaciones del propio Presidente de la República (3 mil 600 millones de dólares anuales). Son los “grandotes” los que roban impuestos, lo cual asciende a unos 200 mil millones de colones mensuales; y, presuntamente, se ocupan 250 mil millones en 6 meses para rellenar el “hueco” fiscal del congelamiento del valor del litro de la gasolina y del diésel. Aunque pueda parecer un escenario “utópico”, el margen de maniobra es cuantitativamente factible.

Lanzamos una fuerte y vehemente exhortación a todas las señoras diputadas y a todos los señores diputados, sin excepción, para que emitan la urgentísima legislación del congelamiento del precio de los combustibles: 900 colones para la gasolina y 800 colones para el diésel. ¡Plata hay y de sobra para subsidiar esos precios en beneficio de la gente!

Es contundente e incontenible el clamor obrero-laboral y social que está ya posicionado en el mundo del trabajo acerca de que la señora Rocío Aguilar Montoya, actual jerarca de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), debe renunciar a este relevante puesto público, por demás, retribuido con un multimillonario salario.

Las personas trabajadoras asalariadas que, en el día de ayer, lunes 8 de agosto de 2022, se apersonaron en las afueras de la sede de la SUPEN, dejaron claro ese sentimiento generalizado, resumido en este cántico-consigna: “Rocío Aguilar tiene que jalar”.

Las recientes informaciones periodísticas acerca de las abultadas pérdidas de rendimientos en las cuentas individuales de cada persona afiliada al Régimen Obligatorio Pensiones (ROP), han generado incertidumbre, desconfianza en las operadoras de pensiones e indignación.

La señora Aguilar Montoya debe entender que se está perdiendo, o ya se ha perdido, la credibilidad en el manejo de los dineros de ROP de cuya supervisión es ella directa y políticamente responsable.

Cada persona trabajadora que está recibiendo los reportes de su respectiva operadora, al ver los datos que se le proporcionan, siente un enorme estado de indefensión pues no puede explicarse qué está pasando.

Bien sabemos que la señora Aguilar Montoya integra un selecto grupo de gran poder en este país, el sector financiero-bancario. Es más, no hay otro poder con tanta incidencia en el devenir actual del acontecer nacional como el de este sector financiero-bancario. Recordemos que ella es, además, la cabeza político-ejecutiva de la Superintendencia de Seguros (SUGESE). En consecuencia, en sí misma ella concentra un poder fuera de todo control político, tanto del Ejecutivo como del Legislativo.

De manera imprudente, creemos nosotros, se ha venido sacando los dineros del país, los dineros del ROP para llevarlos a los mercados bursátiles internacionales. No sabemos, exactamente, cuáles son esos mercados bursátiles, cuánto se ha invertido en cada uno, las condiciones de inversión, etc. Especulamos que se pudo haber ido a la bolsa de valores de New York, en Estados Unidos, lo que conocemos como Wall Street. O, ¿habrá ido, también, la plata obrera del ROP a los mercados financieros de Londres, Reino Unido, la City?

Lo real es que la falta de transparencia se ha posicionado con fuerza en torno a la gestión de la señora Rocío Aguilar Montoya. Ella tiene antecedentes que han vulnerado, seriamente, su credibilidad. Su participación en la comisión de inversiones y en la cúpula gestora de la ya quebrada firma ALDESA; así como una gestión que hizo al margen de la Constitución y de la propia Asamblea Legislativa para disponer ella misma, a su discreción, de cualquier cantidad de millones de colones para atender compromiso estatal de deuda pública, no nos permite pensar distinto sobre su proceder en la gestión de las altas finanzas del ROP.

Tenemos la certeza de que no hay en este momento ni un solo sindicato, ni tampoco una sola asociación solidarista que meta “las manos al fuego” por la gestión de la señora Rocío Aguilar Montoya al frente de la SUPEN. Muy conscientes estamos de que, aunque ella se vaya de la SUPEN, otra persona con su ideología del extremismo neoliberal la ha de sustituir.

Es el sistema lo que ha enfermado y la voracidad de acumulación de capital en que han caído las operadoras de pensiones, cuyos jerarcas parecen querer jugar como banqueros a los Wall Street, es lo que hay que intervenir; y, la verdad, sin acción obrero-laboral y social movilizándose, la plata del ROP podría tener sus días contados.

Primero le dijeron al país que el proyecto del tren eléctrico costaría 1.265 millones de dólares. Y que, para financiarlo (en parte), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), prestaría 400 millones de dólares. El resto, sería plata aportada por el país. Pero, en realidad, nos tocaría a todo el pueblo pagarlo, en su totalidad (préstamo, intereses, plata “nacional”).

Varios meses después, se anunció que el proyectito ese sería más caro: unos 265 millones de dólares más para, finalmente, quedar en 1.550 millones de dólares. Al menos, estos son los números oficiales que se dieron a conocer en su momento.

En unos cuantos meses, el tren eléctrico, de sopetón, elevó su costo en 150 mil millones de colones más (150.000.000.000). ¿Qué pasó? Veamos:

Todo esto ocurrió en el gobierno anterior encabezado por el estafador político Carlos Alvarado Quesada y fue su Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), Elizabeth Briceño Jiménez, quien a nombre del Poder Ejecutivo anterior firmó el acuerdo de ampliación del proyecto original del tren eléctrico.

Pero, Alvarado y Briceño, ¿con quién firmaron? Pues lo hicieron nada más y nada menos que con el señor Carlos González Jiménez, director del Grupo Nación, ¡sí!, el consorcio corporativo-empresarial propietario del mencionado intensamente por estos días Parque Viva.

Toda esta situación se hizo del conocimiento público en su momento mediante varios medios de prensa. Uno de ellos, de carácter digital, reseñó que el gobierno (el anterior) y el Grupo Nación buscan “establecer relaciones específicas de cooperación entre Incofer y Grupo Nación que propicien a futuro, la habilitación del corredor ferroviario en la zona de la Guácima de Alajuela…”.

Este convenio lo vieron en sesión de la Junta Directiva de Incofer, el 9 de junio de 2019 y, en la del día 17 siguiente fue ratificado.

En el medio de ambas fechas, concretamente, el 13 de junio de 2019, el periódico La Nación sacó una nota bajo la responsabilidad de la periodista Patricia Recio, con este título: “Tren llegará hasta Parque Viva en la Guácima”.

Es obvio que doña Elizabeth Briceño Jiménez tenía comunicación directa con personeros de Grupo Nación y del propio periódico La Nación, a fin de que éste pudiera dar cuenta pública del convenio, “calientito, apenas salido del horno”. Y, por supuesto, sin duda alguna, bien enteradito estaba Carlos Alvarado Quesada.

Nosotros nos preguntamos y exhortamos a los juristas conocedores plenos de este tipo de situaciones: ¿No representa todo lo anterior un tráfico de influencias más que vulgar? ¿Cómo es posible explicarse que un proyecto con fondos públicos, con endeudamiento público, sea ampliado y a un altísimo costo para favorecer los intereses de negocios de un consorcio empresarial privado de gran poderío económico en este país?; y que, descaradamente, se firme entre el personero público y el jerarca privado. ¿Qué espera el Ministerio Público para actuar? ¿Qué esperan en la actual Asamblea Legislativa para investigar al respecto?

Desde que se anunció este leonino contrato, nuestra corriente sindical anunció su posición contraria al mismo y, por supuesto, mucho antes de que se supiera quién ganaría las elecciones presidenciales y diputadiles recién pasadas. Reconocemos el mérito del gobernante actual, Rodrigo Chaves Robles, en empezar a destapar actividades corporativo-empresariales de “alto vuelo” mediando la utilización del tráfico de influencias y de los recursos del propio Estado. Ojalá las destape todas y cada una y se asienten las responsabilidades.