Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Tal y como está previsto en la legislación, este próximo domingo se desarrollará la segunda ronda de votación de las elecciones presidenciales que habrá de determinar el nombre de quién será el próximo Presidente de Costa Rica, entre el 8 de mayo de 2022 y el 8 de mayo 2026.

Hemos considerado de gran relevancia puntualizar, nuevamente, cuáles son los elementos fundamentales de nuestra agenda de lucha, desde el punto de vista de una organización obrero-laboral que se proclama como practicante del Sindicalismo Sociopolítico; agenda de lucha dada a conocer desde el pasado 15 de setiembre de 2021, ocasión en la cual se conmemoró el Bicentenario de la Independencia Patria como respecto a España.

El Guardián ya nos había facilitado abordar el tema, meses atrás. Ahora, con la campaña electoral llegando a su culminación, tenemos que insistir, con su venia, en el asunto, el cual conceptuamos integralmente como el Decálogo Sindical del Bicentenario.

I. Por la defensa de la institucionalidad pública diseñada para y por el bien común, respetando los valores y principios de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949.

II. Por una reestructuración de la deuda pública y su obsceno pago de intereses.

III. Por una transformación tributaria estructural con el fin de quitarle al actual sistema tributario, su naturaleza injusta y corrupta.

IV. Por una verdadera reactivación económica, centrada en el potenciamiento y apoyo a diversas formas de emprendimientos productivos a nivel de micro-pequeñas y medianas empresas; encadenada a una política salarial que incremente el poder adquisitivo de la gente trabajadora; y, específicamente, por un nuevo salario mínimo.

V. Por la recuperación del Derecho Constitucional y Humano de la Huelga.

VI. Por la protección de la Ecología y por una política del buen vivir como ha sido planteado por el Papa Francisco en su discurso ante las Naciones Unidas.

VII. Por la vigencia plena de los Derechos Humanos integralmente conceptuados.

VIII. Por el combate frontal a todas las formas de corrupción con fondos públicos mediante la colusión de los intereses corporativos privados con los de la clase gobernante corrupta; así como también con fondos privados que perjudican a las personas inversionistas, especialmente pequeñas y medianas.

IX. Por un Movimiento Sindical cercano a la comunidad, a la gente y a la ciudadanía, aportando así para la construcción del nuevo sujeto histórico que requiere la Democracia real y participativa.

X. Por la democratización del acceso de la gente a la comunicación colectiva, mediante el uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico que son de propiedad estatal.

La Asociación Sindical de Empleados de la Energía y las Comunicaciones (ASDEICE), nos ha venido acompañando en este proceso.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

El distinguido ciudadano economista, don Luis Paulino Vargas Solís, académico universitario de gran respetabilidad, se pregunta: “¿Es sostenible la ruta fiscal por la que transita Costa Rica?” Desde un punto de vista obrero-social, la contundente respuesta es ¡NO!

Según documento-oficio del Ministerio de Hacienda, DM-0238-2021, fechado 23 de marzo del 2021, la deuda total del Gobierno Central, a ese momento, era de 24 billones 289 mil 926 millones 710 mil colones: 24.289.926,710.000: un 67.50% del Producto Interno Bruto (PIB).

Para mayor comprensión, redondeemos esa cifra: 25.000.000.000.000 (25 billones de colones). Y si somos unos 5 millones de costarricenses, cada persona tica sin importar su edad, estaría “debiendo” 5 millones de colones.

Según las cifras fiscales a febrero del presente año 2022, la deuda pública ascendió a 27 billones 728.805 millones de colones: 27.728.805.000.000; o sea, en un año (marzo 2021-febrero 2002), aumentó esa deuda pública en 2 billones 728 mil 805 millones de colones. ¿Cómo estarán estas cifras al final del presente año?

En realidad, estamos hablando de cantidades de gigantesca dimensión, difícilmente comprensibles para el común de las personas. Esa deuda genera pago de intereses y es tan alto el mismo que, como bien lo afirma el ilustre economista don Luis Paulino, “…la proporción o porcentaje de los intereses en el PIB crece año con año, lo que hace imposible bajar el déficit fiscal, excepto que se recurra a medidas draconianas de recorte en renglones esenciales como la salud, la educación, la seguridad ciudadana, la atención a la pobreza, las políticas de vivienda o el cuido de los parques nacionales”. Ya eso lo estamos viviendo, sintiendo, experimentando y sufriendo.

Por otra parte, el Ministerio de Hacienda indicó que durante los dos primeros meses de este año 2022, la recaudación de impuestos llegó muy cerca del millón de millones de colones (1.000.000.000.000). Sin embargo, casi la mitad de esa cantidad, cifra cercana a los 500 mil millones de colones, se fue en el pago de intereses de la deuda pública.

Esto nos lleva a destacar que, durante cada uno de los 31 días del mes de enero anterior, y de los 28 días de febrero recién pasado, 59 días en total, se cancelaron intereses de deuda pública por unos 8 mil 500 millones de colones ¡diarios!

Don Luis Paulino nos instruye a este respecto del obsceno pago de intereses de la deuda pública: “La cuestión va así: cuando uno revisa las cifras totales del año 2021, claramente detecta que el déficit del gobierno se origina, casi en su totalidad, en el pago por intereses. Estos representan el 94% del déficit total, y la parte de intereses asociada específicamente a la deuda interna, por sí sola representa el 82% del déficit total”.

Poco a poco, la cruel realidad de que el país está quebrado se impondrá. La monstruosa mentira-calumnia-infamia de que el déficit fiscal era producto de los salarios estatales, ha quedado completamente desnudada. Las draconianas leyes de combo fiscal, anti-huelgas y marco de empleo público tienen finalidades ocultas como precisamente esta: la de impedir que la ciudadanía tome plena conciencia de que si el país está al borde del precipicio es por la deuda pública y su inmanejable pago de intereses. ¡Nada más!

Esta ha sido la más grande patraña del gobierno por terminar, el del nefasto Alvarado y su tutor político-partidario por excelencia: el Partido Liberación Nacional (PLN).

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Una de las principales motivaciones que todavía permite nuestra propia permanencia en la lucha social y sindical costarricense, tienen que ver con esas herencias del pasado que jamás debemos deshonrar; legados vinculados con postulados, valores, principios y legislaciones centradas en dos grandes ejes que, articulados, deben permitir una convivencia en sociedad, si no total, medianamente sana.

Hablo, por una parte, del proceso que significa la eterna lucha por la búsqueda y por la promoción del bien común, mediando la justicia social. Por otra, y de la mano del anterior y en paralelo, del proceso perseguido en la no menos eterna lucha por la inclusión social y económica, impulsando la reducción de las desigualdades al máximo posible.

Nací un 3 de abril de 1956 en una Patria que ya había tenido tres grandes conmociones sociales, entrando en la etapa histórica de la segunda parte del siglo XX; y, en el marco del desarrollo, nada unilineal, de tres procesos sociohistóricos que se derivan de esos dos grandes ejes:

1) La conmoción sufrida en la década de los años 40’s del siglo veinte anterior, misma que podemos nombrar como la de las Garantías Sociales.

2) Los acontecimientos reseñados como la Guerra Civil del 48; ese conflicto armado entre costarricenses que arrojó entre 2 mil y 3 mil compatriotas abatidos por las armas de un bando en contra del otro, en los meses de marzo-abril de 1948; proceso bélico que generó una dictadura de 18 meses, denominada Junta Fundadora de la Segunda República, bajo la dirección de José Figueres Ferrer (el legendario “Don Pepe”).

3) El proceso sociopolítico, parlamentariamente deliberante, conocido como Asamblea Constituyente, desarrollado entre el 15 de enero de 1949 y el 7 de noviembre de ese mismo año de 1949, el cual estableció la actual Constitución Política de Costa Rica, precisamente conocida como la Carta Magna del 7 de noviembre de 1949.

Más concretamente, deseo resaltar la circunstancia de que la abrumadora mayoría de las personas costarricenses que están vivas hoy día, nacieron en alguno de los años que se marcan en los anteriormente citados tres procesos.

Dicho de otra manera, los y las costarricenses que en la actualidad tienen 80 o menos años, nacieron en la década de los 40’s del siglo anterior; nacieron en el marco del proceso bélico-político de 1948-1949; y, la abrumadora mayoría viviente, nació luego del 7 de noviembre de 1949.

¿A dónde quiero llegar? Los tres procesos citados, producto de la articulación de los dos ejes citado al inicio del presente artículo, dieron origen a lo que conocimos como Estado Social de Derecho; considerando que la institucionalidad que se estableció a partir de las Garantías Sociales, fue la que ha prevalecido hasta la fecha, si bien, ahora en franco retroceso.

Nuestra generación, básicamente la que nació luego del establecimiento de la actual Carta Magna de Costa Rica, prácticamente tuvo a su alcance, sin mayor esfuerzo, diversas posibilidades de desarrollo personal y sociofamiliar a partir de los contenidos fundamentales de ese Estado Social de Derecho y de la amplia diversidad de políticas públicas que se generaron bajo su alero.

Sin embargo, corrientes económicas foráneas, centradas en fundamentalismos ideológicos radicalmente opuestos a los valores contenidos en lo que denominamos Estado Social de Derecho, han abierto el peligroso sendero de su involución, de su retroceso y de la reversión de sus basamentos fundamentales; poniéndose en entredicho y en serio cuestionamiento la persecución del bien común y de la inclusión social y económica en la Costa Rica del Siglo XXI. Por ello, afirmamos y reafirmamos que hay herencias del pasado que jamás debemos deshonrar; y, siendo así, hay sólido terreno abonado para reconstruir la lucha social y cívica en las actuales y difíciles circunstancias que se ven en el escenario político nacional que se abrirá a partir del domingo 3 de abril de 2022.