La seccional en compañía de la secretaría general de la organización le expusieron al rector interino de la Universidad Técnica Nacional una serie de presuntos hechos irregulares los cuales serán denunciados formalmente ante el Consejo Universitario.
Autor: ANEP
ANEP respalda discurso de la nueva directiva del Colegio de Abogados en usar el dialogo nacional
El licenciado Francisco Cruz Marchena, nuevo Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas y además afiliado a ANEP, en su discurso detalló que el camino del dialogo será el que marque la ruta para rescatar al país de la grave situación política, económica y social que se salió de las manos.
Municipalidad de la Unión respetará tiempo de almuerzo de trabajadores de campo
Hablemos de salario mínimo
El salario mínimo es de aplicación en el sector privado de la economía, como lo sabemos. Su monto lo define el Consejo Nacional de Salarios (CNS), ente adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
El CNS, aunque tiene representación obrera-sindical, esta es muy “desteñida” y no expresa una vinculación fuerte con los grandes segmentos de la clase obrera del país.
Este 2024 estamos conmemorando el aniversario 75 de la todavía vigente Constitución Política, misma que entró a regir el 7 de noviembre de 1949.
La misma incluye un artículo del cual poco se habla; sin embargo, en la Costa Rica de la desigualdad (la de hoy día), tal artículo adquiere enorme relevancia.
Es el artículo 57 que nos plantea, en su primera parte, lo siguiente: “Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna”.
Exhortamos a las personas trabajadoras que laboran para la empresa privada a que se pregunten si en este momento el salario mínimo que le pagan les garantiza, por una parte, bienestar; por otra, existencia digna. Creemos que no, en términos generales.
Han estado circulando en redes sociales diversas informaciones indicándonos que el monto actual del salario mínimo costarricense es el “más alto” de Latinoamérica.
Sin duda se trata de publicidad manipuladora que proviene de las esferas del gran capital, ideológicamente interesado en el incrementar la ganancia con la menor inversión posible, incluida la de la mano de obra.
La comparación entre el monto del salario mínimo que se paga en Costa Rica y el vigente en otros países latinoamericanos, es completamente impropia pues no considera el altísimo costo de la vida que agobia a los miles de hogares de la clase trabajadora que impera en nuestro país; al punto de que se nos considera el país más caro para vivir en esta región geográfica del planeta.
Y es que estos niveles de salario mínimo no permiten ascenso ni movilidad social. Por el contrario, se deteriora su poder de compra.
La propia Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su más reciente informe Panorama Laboral 2023, indicó que hasta en un 10% se ha deteriorado el poder adquisitivo del salario mínimo en el período post-pandemia; según estudio a 17 países latinoamericanos, incluido el nuestro.
De manera tal que el asunto del salario mínimo es de prioridad altísima para una acción sindical con perspectiva de integración social y de lucha en contra de la creciente desigualdad.
En lo particular, tres ámbitos laborales asalariados merecen altísimo interés para cuestionar el actual nivel de salario mínimo: la producción agrícola bananero-pinera, la vigilancia y seguridad privada y la de los conductores-choferes de autobús.
En las tres, el corporativismo empresarial obtiene jugosísimas ganancias; y, razones nos sobran para pensar que las tres muestran “endebles” responsabilidades tributarias.
El salario mínimo es factor estratégico de una política pública en materia salarial que pretenda ser humanista y que, por tanto, vaya en la línea de la reducción de la desigualdad y a favor de la integración social.
El narco nos está matando…¡pero esto también!
Trata usted de leer esta cantidad en números: ₡1.976.620.000.000. ¡Cuesta!, ¿verdad? En letras es así: Un billón novecientos setenta y seis mil seiscientos millones de colones. En realidad, son números de difícil asimilación mental. Es una cantidad espantosamente astronómica.
¿De qué se trata? Toda esa plata representa el pago de los intereses de la deuda pública durante los primeros 10 meses del presente año 2023. Son datos oficiales del Ministerio de Hacienda.
Del 1 de enero del 2023 al 31 de octubre de 2023, han transcurrido 304 días de este año próximo a terminar.
Eso significa que: a) En estos 304 días del año 2023, se han estado pagando 4 millones 515 mil 305 colones (₡4.515.305) por minuto por concepto de intereses, solamente intereses, de la deuda pública. b) El pago por hora en estos 304 días es impresionante: 270 millones 918 mil 311 colones (₡270.918.311).
Y, al día, cada 24 horas, en estos primeros 10 meses del año, se han estado pagando 6 mil 502 millones 39 mil 473 colones: ₡6.502.039.473.
En estos 10 primeros meses del 2023, al pueblo trabajador y a los sectores diversos de las capas medidas, les han extraído de sus golpeados bolsillos, casi 2 billones de colones; exactamente, ese billón novecientos setenta y seis mil seiscientos millones de colones (₡1.976.620.000.000).
¿Cómo es posible que la indolencia total de los políticos actuales sea lo que prive ante ese desangramiento de las debilitadas finanzas públicas, si al pasar esa cantidad a dólares USA y con el tipo de cambio actual, unos 12 millones 200 mil dólares se están destinando, por día, a ese pago?
Se espera que al terminar el presente año 2024, el pago total de intereses de la deuda pública llegue a la cifra hiper-gigantesca de dos billones 395 mil 125 millones de colones: ₡2.395.125.000, que es equivalente a 5.1 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).
Es un “misterio” el destino de esos intereses. Lamentablemente, a la actual clase política le importante un bledo lo que está pasando con esas platas.
Esos dineros se necesitan, urgentemente, para fortalecer, integral y estructuralmente, la política pública de seguridad; para citar únicamente uno de los puntos más débiles que está mostrando en la actualidad la Democracia costarricense.
El narco nos está matando. El narco le está ganando la batalla a la sociedad. El narco ya está dispuesto a asumir el control del propio Estado y los ejemplos y episodios ya los estamos viendo y viviendo. El narco-Estado se asoma y de manera que parece que ya es incontenible.
Pero también, ese pago abusivo de intereses de la deuda pública nos está matando también. Los programas de asistencia social, de inclusión social, de educación y de salud, de seguridad social, de nutrición, de apoyo estratégico a los sectores productivos nacionales, están sufriendo por las reducciones presupuestarias que se les imponen, pues la parte principal de la plata que se recauda es para esos intereses de la deuda; una deuda que nosotros estimamos que es impagable.
De nuevo y con toda vehemencia, la corriente sindical en la cual militamos seguirá abordando el punto, de manera terca e incansable. El narco nos está matando, ¡pero esto también!
ANEP rechaza ataque de la SUPEN al régimen de pensiones IVM-CCSS
De manera contundente y con toda vehemencia, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), rechaza la posición que se ha hecho pública en este día, de parte de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), para agravar más la situación de las personas trabajadoras ya pensionadas por el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); y, a la vez, para hacer más drástico el acceso al mismo a las actuales personas trabajadoras asalariadas.
La pretensión más indignante que nos anuncia la señora Rocío Aguilar Montoya, es la de poner un impuesto del 5 % a las actuales pensiones dizque para sufragar los gastos de salud de las personas de la tercera edad ya pensionadas; como si en todas sus respectivas vidas laborales activas no habrían cotizado lo suficiente.
Sin duda alguna, esto ya ha empezado a generar amplio y contundente rechazo que esperamos tenga contundentes expresiones abiertas de rechazo militante y que la ANEP estimulará.
Por otra parte, aumentar el número de cuotas de 300 (25 años), a 360 (30) años, también molestará mucho a las actuales personas trabajadoras próximas a pensionarse y/o en camino de hacerlo en mediano plazo, por ejemplo.
Esto es más grave aún si constatamos que pretenden subir la cotización obrera de la persona trabajadora; si pretenden subir el impuesto sobre las ventas (IVA), del 13 % al 15 %; y, reducir el monto de la pensión mínima que quedaría en 138 mil colones para, en contraste bajar la carta estatal al sistema.
En realidad, gran parte del trasfondo de esta repudiable propuesta de la señora Rocío Aguilar Montoya, puede estar basada en dos intenciones fundamentales: abrir el camino privatizador del sistema IVM-CCSS, por una parte: es decir, tendrá pensión quien pueda pagarla.
Por la otra, eludir la gran responsabilidad del Estado en su deuda con la Caja, misma que ya ha superado la barrera de los 3 billones de colones.
Hacemos un llamado a toda la población trabajadora asalariada y, particularmente a la pensionada por IVM-CCSS para que rechace categóricamente el siniestro plan de la SUPEN con el régimen de pensión más importante del país.
San José, miércoles 29 de noviembre de 2023.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
ANEP pregunta a Ministro de Hacienda si se va a pagar deuda por reajuste por costo de vida
La Secretaria General de ANEP envió una carta al titular de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, a fin de que responda si en efecto se va a cancelar la deuda que se tiene con la clase trabajadora del Gobierno Central desde el 1 de enero del 2020 en cuanto al pago del reajuste por costo de vida.
A continuación, el documento.
La conspiración para destruir la Caja continúa…
Reiteramos, y de la manera más enfática y vehemente, lo que venimos afirmando en otros espacios y mediante diferentes vías y formas de comunicación: la institución más querida del pueblo costarricense, la más emblemática y la más imprescindible para la clase trabajadora, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), está viviendo la etapa más dura y difícil de sus ocho décadas de existencia.
La Caja sufre un asedio sistemático desde hace varios años y gobiernos. Pero el actual, encabezado por Rodrigo Chaves Robles, está mostrándose como el más agresivo en contra de la propia institucionalidad jurídico-constitucional de la CCSS.
Destaca el golpe de Estado presidencial a la autonomía constitucional de la Caja, cuando destituyeron a integrantes de la actual junta directiva institucional de una manera tan groseramente ilegal que fue la propia Sala Cuarta la que intervino para poner orden y devolver los escaños directivos a sus legítimos propietarios, electos con los mecanismos legales ya establecidos.
Sin embargo, el poder es el poder y aunque están en sus sillas directivas de nuevo, la Junta Directiva CCSS que no es del agrado del Gobierno como consta a todo el mundo, está pintada en la pared. Chaves Robles y su gente en la Caja tienen a esa directiva ninguneada.
En 18 meses que lleva de gestión el actual Gobierno son varios los episodios de conflicto que están caracterizando la vida institucional de la Caja. Por ejemplo, la temeraria afirmación presidencial de que la institución estaba quebrada.
El más reciente conflicto acaba de surgir: la imposición del sistema denominado “copago”, dizque para atender el prolongado problema de las “listas de espera”; asunto éste que tiene raíces que conviene exhibir ante la ciudadanía y que muestran una especie de perfidia gremial que se generó, se debe reconocer, antes de que Chaves Robles se hiciera presidente.
Un destacado intelectual costarricense, Leonardo Garnier Rímolo, indicó lo siguiente: “El copago destruye a la Caja. El copago es una trampa que transforma el derecho a la salud en un millonario negocio privado en el que los mejores servicios serían solo para quien los puede pagar. Medicina para pobres y medicina subsidiada para ricos: el opuesto a la solidaridad”.
Impresionante resulta conocer el pensamiento y la preocupación que el sistema del copago en asociaciones civiles que defienden la salud de pacientes con enfermedades delicadas.
Por ejemplo, la Asociación Segunda Oportunidad de Vida (Anasovi), externó en entrevista de prensa reciente este categórico comentario: “¿De dónde una paciente va a tomar el 40% para una cirugía de mama con el cuento de que le van a cubrir el 60%?”. De la misma manera, para la Fundación Nefrología, que apoya a pacientes con problemas renales, indicó que el sistema de copago conducirá gran inequidad en el tratamiento de esta delicada enfermedad, pues será la capacidad económica y no la urgencia el elemento central para una atención médico-renal.
Un tema mayúsculo en la conspiración contra la Caja tiene que ver la magnitud de la deuda que el Estado tiene con ella: nada más y nada menos que la gigantesca cantidad de 3 billones 300 mil millones de colones (₡3.300.000.000.000), según la propia auditoría institucional y con corte al pasado mes de agosto.
A esta enorme cantidad, hay otra deuda del Estado con la Caja y es la que está pendiente de reconocer al denominado sistema de pensiones IVM: 600 mil millones de colones cuando termine 2023 (cifras controversiales). ¡Impresionante! Hablamos de 4 billones de colones de esa deuda y no se quiere reconocer-pagar. ¿Cómo no hablar de conspiración contra la Caja?
ARESEP convoca mesa de trabajo sobre contaminación del acueducto de Cipreses de Cartago
Después de más de un año de recibir agua en cisterna y estar pagando la misma tarifa por agua contaminada con metabolitos de clorotalonil ARESEP convocó el 10 de noviembre a la Gerencia General Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, Asada Cipreses, Frente EcoCipreses, Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas y a la Defensoría de los Habitantes
Según la convocatoria de ARESEP “en atención a la situación que vive el acueducto de la comunidad de Cipreses en Oreamuno de Cartago y debido a varias consultas realizadas a la Intendencia de Agua referentes a temas de calidad del agua y tarifas, aunado también al objetivo de armonizar los intereses de los consumidores, usuarios y prestadores de los servicios públicos, es de interés realizar una mesa de trabajo para abordar desde un punto integral dicha situación”.
La Intendencia de Agua está solicitando al: “AyA su participación es requerida en calidad de ente rector y delegante del servicio de acueducto, donde es de interés contar con un representante de la Presidencia Ejecutiva, Orac Central Este y Laboratorio Nacional de Aguas, los cuales puedan ampliar la situación que se vive en la comunidad de Cipreses”.
También de la Asada Cipreses “se requiere de su presencia a fin de indique las acciones que han desarrollado para abarcar el manejo de la no conformidad asociada a la presencia de metabolitos de la molécula de Clorotalonil”.
Mientras aseguró que “en vista de las consultas realizadas por representantes de la organización Eco Cipreses, es de interés que participen en la mesa de trabajo a fin de que puedan manifestar las dudas y consultas referentes al manejo del caso en la comunidad de Cipreses”.
Por otra parte, ARESEP solicitó: “debido a su importancia en la búsqueda de soluciones al caso de Cipreses se extiende la invitación al Ministerio de Salud, ya que su presencia es de suma importancia para comprender la atención del tema, lo anterior debido a su rol como ente rector de la salud en el país”.
El pasado 06 de junio del 2023, la Sala Constitucional como respuesta al recurso de amparo presentado por Frente Ecocipreses solicita que se adopten y ejecuten las recomendaciones del “Informe Técnico Clorotalonil” emitido por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, donde se explicita que: “Ante esta solicitud de prohibición de la molécula se recomienda iniciar un proceso de coordinación con la Dirección de Productos de Interés Sanitario (DRPIS) y los jerarcas del Ministerio de Ambiente y Energía, así como del Ministerio de Agricultura y Ganadería con el fin de redactar un decreto que lleve a una prohibición en el menor tiempo posible (…)”.
Pese a lo anterior el AYA ya solicitó una prórroga a la Sala Cuarta hasta el 2026 evidenciando la intención de heredar al siguiente gobierno el problema, el MAG ha dado mensajes contradictorios y el Ministerio de Salud guarda silencio. La Sala IV le dio tiempo al AYA hasta febrero de 2024 para resolver la situación.
Para más información: frente.ecologista.cipreses@gmail.com o Facebook: FRENTEECOCIPRESES
Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorio rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica
