Ante el turbulento momento que atraviesa la Orquesta Sinfónica, los representantes de ANEP solicitaron a la Ministra que se prorrogue la contratación de Carls St. Clair, Director General de la Orquesta, pues consideran que en caso de querer una transición se debe realizar de la forma correcta y no de manera intempestiva.
Autor: ANEP
ANEP rechaza las acciones anti sindicales de funcionarias del Hospital San Vicente de Paul
“Saquen a la del sindicato”, se escuchó a todo pulmón por los pasillos del Hospital San Vicente de Paul, por parte de Lizbeth Granados del Departamento de Enfermería en contra de Carolina Castro Zúñiga, asesora sindical de ANEP quien realizaba un acompañamiento a una de nuestras personas afiliadas.
Nuestra afiliada se reincorporaba a sus labores tras una incapacidad psiquiátrica producto de discriminación por ser una persona con discapacidad y por su condición de sindicalista.
En el momento en el que se llega a donde era su espacio de trabajo se dan cuenta que no tenía escritorio, computadora, silla, teléfono ni nada de sus herramientas de trabajo, por lo que se acompañó hasta donde su jefatura. La funcionaria, temblaba, lloraba ya que nunca le comunicaron nada de esto y la misma temía por su estabilidad laboral y emocional.
Esperando una acción positiva por parte de la jefa, Lizbeth Granados, se dio todo lo contrario, pues manifestó que a ella no le correspondía, que se tenía que hablar con la señora Mildreth Garza Jiménez, Directora de Enfermería, a quien también se acudió pero, lamentablemente, tampoco quiso atenderlas y de forma tajante se los hizo saber.
Ante esto, se trató de conversar con Prisicila Balmaceda Chaves, Directora del Hospital, pero tampoco se logró, ya que rechazó el acceso a su oficina y solo pidió que se le enviara un correo electrónico.
Tras la nula respuesta de las encargadas y de ver como nuestra afiliada, presentaba ataques de ansiedad, por parte de nuestra asesora, Carolina Castro Zúñiga, se toma la determinación de levantar un acta que deje como evidencia lo sucedido.
Se esperaba que las funcionarias involucradas firmaran el documento, pero esto colmó su paciencia al punto en el que la señora Granados comenzó a pedir a gritos que la seguridad interna sacara tanto a nuestra asesora sindical y a nuestra afiliada, ya que, a su criterio, no estaba trabajando.
Durante ese momento Granados afirmaba que ella NUNCA iba a recibir, firmar o tener contacto con lo que tuviera que ver con el sindicato, acto sumamente reprochable para la ANEP.
Desde la Secretaria General de ANEP se solicitó incluir dentro de una audiencia conciliatoria próxima que se va a dar en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tratar las presuntas practicas laborales desleales por parte de la parte patronal.
ANEP rechaza tajantemente toda acción violenta y solo busca que haya espacios laborales de paz y armonía, en donde prevalezca el dialogo.
ANEP propone una reformulación para definir salario mínimo del sector privado
Seccional de ANEP en la Orquesta Sinfónica busca que no se genere violencia en ningún espacio
Municipalidad de Tibás reconoce validez de los acuerdos internacionales sobre la libertad sindical
Seccional del Laboratorio de Parenterales logra cuatro importantes acuerdos con la jefatura
Clase trabajadora del SINART se desmarca de los malos manejos dentro de la institución
ANEP en Horizontes: “Violencia política en el Sector Cultura: agresiones machistas y recortes presupuestarios irracionales”
LMEP: LA MÁS GRANDE VIOLACIÓN DE DD.HH. DE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS (Parte 2)
En el razonamiento de ANEP expuesto ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que se declare inconstitucional la perversa Ley Marco de Empleo Público (LMEP), No. 10.159; las normas impugnadas afectan tres grupos de derechos y principios: A) los que dan sustento al Estado de Derecho (principio de división de poderes, autonomías); B) los derechos laborales (derecho al trabajo y al salario); y, C) los sindicales (derecho a la negociación colectiva).
ANEP manifestó a la Sala IV que el Estado costarricense es un Estado Social de Derecho, lo que significa que deben garantizarse una serie de derechos fundamentales. Entre ellos, la no concentración del poder, la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y la progresividad de los derechos.
ANEP considera que una de las afectaciones que denota la LMEP es el ataque y violación al principio de división de poderes del Estado. Ejemplo de ello, son las múltiples funciones, responsabilidades y decisiones que se le otorgan al MIDEPLAN, como ente contralor y decisor de todo el régimen de empleo público.
Se señala que el constituyente estableció en la Constitución Política los principios de separación de poderes y autonomía de algunas instituciones públicas, instituciones de educación universitaria superior y municipalidades; como una forma de garantizar un sistema de “pesos y contrapesos” que equilibran el uso del poder público y garantizan el Estado Social de Derecho.
Estos poderes e instituciones son: el Poder Judicial (art. 9 CP), Tribunal Supremo de Elecciones (art. 9 y 99 CP), Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS art. 73 CP), Universidad de Costa Rica y demás instituciones de educación superior universitaria (art. 84 de la CP), instituciones autónomas (art. 188 de la CP). Por ello, la pretensión del artículo 2 de la LMEP, de incluir en su ámbito de cobertura y aplicabilidad a los poderes e instituciones mencionadas, es inconstitucional.
ANEP plantea que la perversa LMEP genera inseguridad jurídica al violarse los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, lo cual puede equipararse con la violación del principio internacional de progresividad y no regresividad de los derechos sociales y económicos (art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).
La LMEP crea el denominado “salario global”, que no es otra cosa que la rebaja encubierta del salario de una categoría de empleados públicos y, por ende, la reducción de derechos humanos (sociales, laborales y de seguridad social) o la regresividad de estos.
A esta categoría de empleados, a los cuales se les ha reconocido antigüedad vía anualidades, se les congela el salario por un tiempo indeterminado hasta que alcancen, paulatinamente, a la otra categoría de empleados que, con menos tiempo de laborar en el servicio público y cero anualidades, ingresan con salario global.
Visto así, la Ley Marco viola el principio constitucional de igualdad y de equidad, al congelar salarios de un sector de empleo público, lo cual supone una reducción salarial, -prohibida por la normativa laboral general-. No se compensará la inflación anual por varios años, lo que tendrá un efecto negativo en cascada sobre otros derechos económicos y sociales, vivienda, alimentación, educación, cultura, cuyos rubros mantienen un aumento sostenido. La semana próxima estaremos con la tercera parte.
Desafíos de la clase trabajadora con la Inteligencia Artificial
La Inteligencia Artificial sus siglas en inglés AI, ha sido un tema relevante a través del tiempo, para la población en general, tanto para las personas jóvenes trabajadoras como las no tan jóvenes, y en el mundo del trabajo nos ha traído bastante incertidumbre. Si bien es cierto, hace ya un tiempo atrás se ha venido hablando sobre la inteligencia artificial y no es un tema novedoso, exactamente desde 1943 en un artículo llamado “A Logical Calculus of Ideas Immanent in Nervous Activity”, traducido en español como “Un cálculo lógico de ideas inmanentes a la actividad nerviosa”, de Warren McCulloug y Walter Pitts, ambos científicos estadounidenses de los años 40s inició está evolución. En síntesis, se razonaba sobre la actividad nerviosa, los eventos neuronales y las relaciones entre ellos pueden tratarse mediante lógica proposicional. Esto por mencionar un punto de partida cronológico sobre los inicios de la Inteligencia Artificial.
En la búsqueda por lo interesante que me es este tema, he indagado un poco sobre lo que la Organización de las Naciones Unidas ha manifestado y es que en una de sus crónicas titulada “Inteligencia Artificial generativa: qué es, que no es y qué puede significar para las Naciones Unidas”, nos invita a interactuar con varias plataformas de Inteligencia Artificial, manifiesta, que uno no aprende a jugar pelota, leyendo un libro de física, sino que se aprende pateando la pelota propiamente, es por esto que decidí preguntarle de manera exacta a la Inteligencia Artificial que me diera su significado de manera sintetizada y para esto utilicé Chat GPT 4 de Openai, me brindó el siguiente texto:
“La Inteligencia Artificial (IA) es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas y programas que pueden realizar tareas que normalmente no requieren Inteligencia Humana, como el aprendizaje, la toma de decisiones y el procesamiento del lenguaje. Utiliza algoritmos y modelos matemáticos para que las máquinas puedan puedan aprender de datos y tomar decisiones basadas en ellos. La IA abarca áreas como el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural, la visión por computadora y la robótica, y se aplica en una amplia variedad de sectores, desde la medicina hasta la conducción autónoma y el comercio electrónico.”
Se dice que, para recopilar esta información, IA comprende toda la información que existe en internet, en libros, textos, entre otros para darnos una respuesta coherente la cual podremos modificar y utilizar para lo que nos convenga, no obstante, decidí dejarla tal cual me la brindó.
Y bueno, el tema de la Inteligencia Artificial y su implementación en los puestos laborales en Costa Rica ya tiene una apertura en el análisis de las mesas de diálogo de los y las trabajadoras y legisladores. La Internacional de Servicios Públicos (ISP) así nos lo hace ver en su artículo denominado “El futuro del trabajo en la Administración Pública Nacional: el caso Argentina”, en dicho texto se habla sobre los retos que tienen las organizaciones sindicales a nivel mundial, se reza lo siguiente: “Para muchos ya estamos viviendo una cuarta revolución industrial asociada a una nueva generación de robots y la inteligencia artificial. En este sentido, las organizaciones sindicales tenemos por delante el desafío de pensar en estos temas desarrollando ideas y herramientas que protejan a los trabajadores de una evolución tecnológica que, entendemos, debe aplicarse en el marco de la justicia social, a favor y no en contra de los pueblos, un elemento de inclusión y no de mayor exclusión social como consecuencia de no poder acceder a estas tecnologías; incluso a una simple computadora con conexión a internet”.
Además, la OCDE hace mención en su artículo “Artificial Intelligence in Society”, que un 14% de los puestos laborales pueden llegar a automatizarse y un 32% tendrán un cambio radical en su ejecución habitual. La automatización de los puestos ha venido dándose paulatinamente en Costa Rica, cuando vemos despidos masivos, para reemplazar puestos de trabajo por una máquina que llega a sustituir las o la función que antes era realizada por un ser humano, disminuyendo márgenes de error y aumentando la producción, cosas que sólo un robot o una máquina puede realizar en muy poco tiempo. Pero esto conlleva a la disminución de las oportunidades laborales para la población trabajadora activa, a su vez creando retos ya que entonces a las personas jóvenes nos hace replantearnos cuáles son esas carreras profesionales del futuro.
Considero que ante la evolución no debemos de tener miedo. El mundo constantemente está en evolución y nadie puede pararlo, pero que esa evolución no sea para crear más desigualdad, como lo dice Oxford Committee for Famine Relief (OXFAM), donde solo un 1% aumenta su riqueza a costas de los menos afortunados haciéndoles cada vez más pobres.
Para finalizar, sintetizo sobre los desafíos que se tiene como población trabajadora con la Inteligencia Artificial y es que esta sea una ayuda, aliada del ser humano para ejecutar los procesos cotidianos , la debida capacitación, asegurar el trabajo decente, la privacidad de datos de las personas, el cambio amigable y no arrebatado, creando precariedad laboral y que esta evolución siempre sean respetados los Derechos Fundamentales que se nos ha concedido en nuestra Constitución Política de 1949 en el caso de nuestro país.
