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Hablemos claro y dejémonos de rodeos. La destitución (_“no reelección”_) del magistrado doctor Fernando Cruz Castro, tiene un trasfondo político-ideológico que debemos visibilizar; más allá del choque de poderes que estamos presenciando entre el Judicial y el Legislativo (con el Ejecutivo metido hasta la médula en el conflicto); más allá de la violación flagrante que ha ocurrido en el seno del parlamento contra la Constitución Política de 1949, que todavía está vigente; más allá de lo que el señor Fiscal General de la República ha denominado como “golpe de Estado técnico” dado por los 38 señores diputados y señoras diputadas que pulverizaron, de un porrazo, el concepto filosófico-republicano de la “independencia” de poderes.

Dejémonos de cuentos. Lo que pasa es que dos visiones de desarrollo siguen confrontadas acerca de cómo debemos organizar nuestra convivencia social y cómo se deben distribuir los beneficios del crecimiento económico; en fin, acerca de cómo debe ser repartida la riqueza nacional.

Por un lado está la visión de la progresividad distributiva y del carácter social del Estado, bajo la inspiración del Humanismo Cristiano que explicita la Constitución Política de 1949, con fuerte inspiración en los postulados y en las luchas del socialismo histórico en sus primeras etapas de desarrollo.

Por el otro, la visión de la regresividad distributiva de corte neoliberal, inspirada en el Consenso de Washington; visión que en Costa Rica fue adoptada por el otrora partido socialdemócrata Liberación Nacional, con su mancuerna PUSC (recordemos la creación popular del concepto “PLUSC”) y su derivación más extremista en su momento, el Movimiento Libertario. No es casual que los 38 diputados que dieron el “golpe de Estado técnico”, pertenecen a las tres fracciones ejecutoras del proyecto neoliberal para Costa Rica, mismo que todavía no termina de imponerse del todo.

Luego de la caída del Muro de Berlín, en 1989, en el caso costarricense, ambas visiones han tenido diversos enfrentamientos en los más disímiles escenarios: los mediáticos, los jurídico-institucionales, los de la calle y hasta en el plano electoral.

Durante estos casi 25 años, recordamos dos emblemáticos enfrentamientos entre esas dos visiones de desarrollo: las elecciones presidenciales del 2006, prácticamente fraudulentas, con las severas irregularidades que hicieron que durante un mes no se supiera con exactitud quién ganó (algo que no ocurría desde los anulados comicios de 1948, que dieron origen a la Guerra Civil que hubo en esa época; elecciones que le fueron robadas a don Otón Solís Fallas (o que él se dejó robar), lográndose imponer en Zapote a don Oscar Arias Sánchez. El tribunal del magistrado Sobrado tuvo mucho que ver en esto.

Estando él ya en la Presidencia, se dio el conmocionante proceso de enfrentamiento social por lo del TLC con Estados Unidos de América, llegándose al histórico 7 de octubre de 2007, con otro fraude: el “Sí” se impuso al “No”, gracias (entre otros factores), a la parcialidad, nuevamente, del tribunal del magistrado Sobrado.

A partir de este “frauduréndum”, y ante la imposibilidad casi que congénita para una articulación estratégica con vocación de poder por parte de los sectores cívicos y populares que deseamos otra Costa Rica diferente a cómo la conciben los neoliberales; se han librado grandes batallas jurídicas en sede constitucional; defendiéndose, por un lado, la progresividad redistributiva inmersa en la Constitución del 49, con su contenido macropolítico de Estado Social de Derecho; y, por el otro, quienes desean la anulación de ésta en sus alcances para facilitar la imposición neoliberal de la regresividad distributiva de la lógica de acumulación mercantil, pura y simple. Algo así como el “Estado Neoliberal de Mercado”.

“Curioso” resulta que es precisamente en ese año 1989, en el que se crea la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuando empiezan a convertirse todos los contenidos de la Constitución Política de 1949 en algo cotidiano para la ciudadanía; llegando a ser como algo así como el último recurso al que se ha acudido para la preservación de toda la herencia significante del Estado Social de Derecho, que desde el seno del “PLUSC” empezó a ser desmontada; luego de que el capital hegemónico global decretó “la muerte de las ideologías”, precisamente en ese año de la caída del Muro de Berlín. Mucha agua ha pasado debajo del río desde entonces y ya sabemos adónde nos ha llevado el neoliberalismo.

Nosotros pensamos que la destitución del magistrado Cruz representa otro episodio más de ese enfrentamiento entre esas dos visiones de desarrollo y que, por tanto, desde el poder político-económico real actualmente vigente en el país, “alguien” decidió que era mejor “eliminar” completamente y de una vez por todas, la tentación de la alta magistratura constitucional de seguir dando fallos que, eventualmente, potencien la progresividad distributiva; de tal suerte que se facilite un proceso más rápido de concentración del capital; aterrorizando a los otros jueces que quedan para que no se vean tentados de potenciar los postulados de la Constitución Política de 1949, impregnada como bien sabemos de disposiciones en la línea de la progresividad distributiva del ingreso y de la riqueza nacionales.

Precisamente cuando se invoca que la Sala IV es la culpable de la “ingobernabilidad” que vive el país, es precisamente porque los postulados de la Constitución del 49, son una gran piedra en el camino para quienes abogan por una sociedad de mercado totalmente neoliberalizada, abierta completamente al capital transnacional, con reversión de derechos en todos los ámbitos posibles y con una concepción de democracia restringida a los cambios electorales cuatrienales de gerentes presidenciales, en medio de una orgía de dinero para financiar candidaturas diversas pero todas iguales.

En realidad, aunque a veces hemos discrepado de la Sala Cuarta y especialmente, cuando una tras otras eran legitimadas en esta sede judicial las leyes de implementación del TLC con Estados Unidos, este alto tribunal, en realidad el más alto tribunal de la República, con el estandarte de la Constitución del 49 en sus manos, significa un obstáculo fuerte para lo que el expresidente Arias siempre ha querido imponer en Costa Rica: la “Dictadura en Democracia”. Es por eso que pensamos que debemos salir a las calles a defender la Constitución del 49. Mañana jueves, junto al personal judicial del país, nos iremos para la Plaza de la Justicia a desfilar hasta la Asamblea Legislativa, a partir de las 9 de la mañana. Ojalá seamos miles y miles en defensa de la Constitución.

Que sea desde ese lado de la acera que se reconozca tal situación, es porque, en verdad, la gente, el pueblo, la ciudadanía, está como “agua para chocolate”.

Esos dos costarricenses (repetimos, de cada 3), que perciben al país “sin rumbo”, son compatriotas que, o ya están en la pobreza o están viajando hacia ella; viven en condiciones de gran estrechez económica, en escenarios de diversas manifestaciones de violencia, enojados con el sistema político, hastiados de tanto engaño electoral y, prácticamente, no quieren saber nada de política (aunque pareciera que ansían algo totalmente nuevo en este ámbito de la cosa pública).

Con los primeros datos del Informe del Estado de la Nación en su versión No. 18, que acaba de ser dado a conocer, se confirman tales apreciaciones de la mayoría ciudadana costarricense. El país viaja, peligrosamente, hacia la desigualdad y la misma creencia de la gente en el propio sistema democrático está cayendo en picada.

Además, las violaciones a las leyes laborales está a la orden del día y la cantidad de personas pobres crece todos los días: ahora hay un millón doscientos mil costarricenses pasándola mal. Igualmente, en hogares de sectores medios, la cosa no anda bien: la estrechez salarial y los raquíticos reajustes, el alto endeudamiento, la constante subida en las tarifas de servicios básicos, el marchamo y los impuestos indirectos, así como el tránsito que lleva a la Caja hacia su privatización; tienen en alto grado de vulnerabilidad de pobreza a otra mucho mayor cifra grande de costarricenses.

El prestigioso Informe del Estado de la Nación nos indicó de que en el año pasado 2011, hubo dos protestas al día, lo que se explica por este estado mal de las cosas que tiene a dos de cada tres costarricenses con el “agua hasta el cuello”.

Cuando este estado de cosas haría pensar que las soluciones compartidas es el mejor camino, que el diálogo debería ser instrumento de pacificación y de búsqueda de acuerdos entre gobernantes y gobernados; emerge la “política del garrote” ante el creciente poder que la calle está cogiendo para mostrar tan grande enojo popular.

Los deplorables sucesos violentos del pasado jueves 8 de noviembre, más allá de los detalles adjuntos que no cambian la esencia del enfrentamiento policial con la gente en protesta, nos estarían indicando que a los sectores hegemónicos dentro del actual Gobierno se les “ha acabado la paciencia” y se ha dado orden de garrote para los y las manifestantes de ahora en adelante. El plumífero y amanuense columnista de los oligarcas, así lo reconoció en su más reciente publicación.

Esto nos lo confirmó una persona integrante del propio gabinete ministerial de la Presidenta Chinchilla Miranda, quien nos indicó que el tema se abordó en Consejo de Gobierno, y ahí quedó establecido que los antimotines y otras élites policiales especializadas saldrán a enfrentar manifestaciones.

Nosotros, que hemos acuñado el concepto de “Democracia de la Calle” no podemos más que condenar esta horrorosa, equivocada y provocadora decisión gubernamental. La protesta callejera, más que legitimada, muestra a las claras que la gente siente que sus gobernantes no les representan ya, que no atienden debidamente su clamor, que se han alejado de la promoción del bien común y que están gobernando para reducidos grupos de poder que acumulan demasiadas riquezas.

Nosotros creemos que en tal escenario de previsibles enfrentamientos ciudadanos con la policía, a ésta debe llamársele a pasarse del lado del campo popular, a pasarse al lado de los sectores sociales, a unirse al pueblo trabajador del cual ella misma sale; y que la policía no debe agredir, no debe garrotear, no debe gasear a sus iguales de clase.

En tal sentido, cobrarán enorme importancia los mensajes que podamos brindar a la policía desde la perspectiva ciudadana, para que ésta vea que desobedecer una orden para agredir a un manifestante civilista y en actitud pacifista, tiene un gran contenido moral y una profunda naturaleza ética. Tal y como lo indicó, en su momento y con ocasión de la guerra civil salvadoreña, el mártir monseñor Oscar Arnulfo Romero, asesinado precisamente por abrazar la causa del pueblo.

Así que debemos informar a los cuerpos policiales sobre lo que significa la “Objeción de Conciencia” en estados de conmoción social, cuando los de arriba ya no pueden gobernar a los de abajo; precisamente porque su egoísmo y su codicia es de tal calibre que, de manera abusiva, siguen concentrando la riqueza, en vez de hacer más justa su distribución; y ante la sublevación popular quieren que sean los policías, gente que viene del campo de “los de abajo”, los que les defiendan.

Como si todo esto no bastase, los sectores más retrógrados de la clase gobernante, han impuesto una ley de la República que va a mandar a la cárcel a toda aquella persona, incluidos los y las periodistas, que “osen” revelar cuestiones que se dan en la cosa pública y que muestran ante la opinión pública casos de eventuales corruptelas, pues de ahora en adelante serían “secretos políticos”. La “ley mordaza”, como atinadamente se le ha llamado, viene a ser un complemento de la _“política del garrote” _que ahora se le pretende imponer a la gente que protesta.

Es evidentísimo que estamos viviendo momentos cruciales de la vida republicana costarricense. El modelo neoliberal, altamente fracasado en notables países de la Unión Europea (UE), no termina de imponerse definitivamente en Costa Rica, gracias a la amplia resistencia del campo popular organizado, pese al imprudente estado de desarticulización que ahora está mostrando.

Pese a ello, con voluntades sinceras de desprendimiento, sí hay posibilidades de construcción social opuesta a los sectores hegemónicos dominantes para, al menos, hacerle frente a éstos en condiciones de “tú a tú”, tal y como se hizo en el pasado reciente. Este es el gran reto que tenemos por delante.

Finalmente, hoy, miércoles 14 de noviembre, con profunda emoción nos “quitamos el sombrero” y rendimos honor y brindamos admiración a los millones de hombres y de mujeres de la clase trabajadora europea que han salido por las calles de países como el Estado Español, Portugal, Grecia, Italia, Irlanda y otros; utilizando la Democracia de la Calle y desafiando el “poder del garrote”; peleando por las mismas causas que a nosotros, “los de abajo” de Costa Rica, también nos inspiran.

Sabemos, por tanto, cuál es nuestro camino y qué nos espera; cuál es la naturaleza de nuestros sueños y qué hemos propuesto. Solamente nos falta lo esencial: unirnos en la diversidad; algo en lo que “los de arriba” ni piensan porque no nos creen capaces de lograrlo… de nuevo.