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La Presna Libre
KRISSIA MORRIS GRAY

• Para empleados públicos

APRUEBAN DECRETAZO SALARIAL DEL 2,78%

El aumento salarial para los empleados del sector público será del 2,78% y se efectuó vía “decretazo” ejecutivo, pues la representación sindical estuvo en contra de la cifra propuesta por el gobierno ante la Comisión Negociadora de Salarios.

Según indicó Sandra Piszk, ministra de Trabajo y Seguridad Social, el ajuste aprobado corresponde a la inflación acumulada del primer semestre, con lo cual se respeta un acuerdo alcanzado en concertación nacional en 1998.

“Hemos señalado que no podemos ir más allá del 2,78%, consecuentemente cualquier propuesta al final sería difícil. El gobierno toma la decisión para no atrasar el proceso de pago”, apuntó Piszk.

La Ministra apuntó que el ajuste representa una inversión de ¢58 mil millones para el gobierno y se pagará de manera retroactiva a partir del 1° de julio, se hará efectivo en la segunda quincena de agosto, es decir dentro de más de un mes.

Al tiempo recalcó que en las entidades autónomas se mantiene la directriz presidencial aprobada el semestre anterior, donde se detalla que no podrán otorgar un porcentaje mayor al aprobado por el gobierno.

Piszk dijo que entre los tres poderes de la República el gobierno gasta ¢1,6 billones anualmente en salarios, de los cuales ¢800 mil millones se cubren con deuda.

CONVOCARÍAN HUELGA

Édgar Morales, Secretario General Adjunto de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), dijo que las organizaciones sindicales rechazaron la propuesta porque el ajuste no ayuda a mejorar la situación económica de las familias ante el creciente costo de vida.

Añadió que las agrupaciones solicitaron un alza del 7,5%.

“Lo que sigue ahora es que las organizaciones nos reunamos lo antes posible para ver si convocamos a una huelga nacional, pues no es justo que se siga con esta política restrictiva, que afecta la economía nacional y no contribuye a la economía local. El gobierno de Laura Chinchilla opta, una vez más, por llevar a Costa Rica por la senda de la desigualdad e inequidad”, afirmó Morales. En este sentido no descarta que otras organizaciones decidan aprovecharse de la huelga nacional del 19 de julio en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para manifestar su desacuerdo y exigir salarios más justos.

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La Prensa Libre
Miércoles 13 de Julio de 2011

Aumento salarial de 2,78% para el sector público

• Sindicatos amenazan con huelga

La negociación entre los representantes del Gobierno y los sindicalistas tardó más de dos horas

Luego de no llegarse a un acuerdo con la parte sindical, el Gobierno decretó la tarde de ayer un 2,78% de incremento salarial para el sector público.

La propuesta fue presentada ante la Comisión Negociadora de Salarios y una vez que se dio a conocer fue rechazada de una por la parte sindical.

La ministra de Trabajo, Sandra Piszk, señaló que con este porcentaje se está respetando el acuerdo suscrito por ambas partes en agosto de 2007 y que permanece vigente, el cual señala que “el poder ejecutivo reconocerá la inflación acumulada y conocida del semestre anterior al momento de la fijación”.

“El gobierno ha señalado permanentemente que respetará los acuerdos aun cuando estamos en una situación fiscal sumamente complicada. El incremento que se está haciendo con ese 2,78% le cuesta al país 58 mil millones de colones. Además, los salarios del sector público anualmente le cuestan al país 1,6 billones de colones la mitad de lo cual, es decir, 800 mil millones de colones se financia con deuda”, indicó la Ministra.

La jerarca explicó que a diferencia con el sector privado los empleados públicos cuentan con varios pluses salariales, como anualidades y la dedicación exclusiva, que permiten que el salario promedio se incremente anualmente gracias a ellos.

“Nosotros hicimos varios ejercicios precisamente preocupados por los trabajadores de menores ingresos y de acuerdo con las informaciones de servicio civil el promedio de los trabajadores misceláneos, o sea, los de más bajos ingresos, es de 13 años de servicio con lo cual al salario de contratación que es alrededor de 220 mil colones se le agrega después de esos 13 años esas anualidades y obviamente el salario escolar lo que al final ese monto se convierte en 295 mil colones. Por eso el incremento de 2,78 % no solamente impacta la base sino que aumenta toda la cadena de pluses salariales”, explicó Piszk.
Sindicatos inconformes

Los diferentes representantes del gremio sindical se mostraron inconformes con el aumento, que empieza a regir en el segundo semestre, y hasta amenazaron con sumarse a la huelga convocada por la Unión Nacional de Empleados de la Caja y de la Seguridad Social (Undeca) para el próximo martes 19 de julio.

Un grupo de trabajadores se mantuvo en las afueras de la sala de exministros del Ministerio de Trabajo con pancartas y carteles mientras se llevaba a cabo la reunión para protestar en contra del aumento.

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La Nación
JUEVES 14 DE JULIO DEL 2011

Alza se hará por decreto tras negociación fallida con sindicatos

Trabajo fija aumento de 2,78% para sector público

Representantes sindicales anuncian huelgas tras esa decisión
Gobierno defiende ajuste y alega que costará unos ¢58.000 millones

El salario base para los 175.000 empleados del sector público aumentará un 2,78% para el segundo semestre del 2011.

Con el incremento, un trabajador recibirá ¢2.780 adicionales por cada ¢100.000 ganados.

El porcentaje lo estableció ayer el Gobierno tras una negociación fallida con los representantes sindicales y, por ello, lo fijará vía decreto.

La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Sandra Piszk, señaló que el ajuste le costará al país ¢58.000 millones anuales y que cada año el Gobierno desembolsa ¢1,6 billones para pagar los salarios de todo el sector público.

La mitad de ese gasto, equivalente a ¢800.000 millones, se financia con deuda.

Piszk aseguró que el monto respeta el acuerdo suscrito entre el Estado y los trabajadores en el 2007, según el cual el Ejecutivo debe reconocer la inflación acumulada del semestre anterior.

“En el sector público, a diferencia del privado, el ajuste se hace de manera general porque al salario base se le adicionan varios pluses salariales como las anualidades (para los trabajadores no profesionales) y la dedicación exclusiva (para los trabajadores profesionales)”, agregó la ministra.

Sin acuerdo. Las organizaciones gremiales calificaron el aumento de insuficiente y amenazaron con organizar huelgas. El secretario adjunto de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Édgar Morales, lamentó que el ajuste se calcule con base en la inflación vencida.

“Esto significa seguir empobreciendo a la clase trabajadora, ya que con esta fórmula jamás se recupera lo perdido en los últimos seis meses”, dijo Morales.

Aunque no se refirió a un porcentaje concreto, Morales indicó que los sindicalistas pidieron un ajuste adicional por el crecimiento en el producto interno bruto, pero no se concedió.

Por ello, los representantes de los trabajadores se reunirán para determinar qué medidas tomar.

El incremento para los salarios mínimos del sector privado se determinó en junio con un aumento del 3,5% para los empleados de menores ingresos.

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AL DÍA
14 de julio de 2011

“No podemos aceptar aumentos autoritarios”

El Secretario General Adjunto de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, Edgar Morales, dijo que como movimiento sindical no pueden permitir el 2,78 por ciento de aumento salarial que decretó el gobierno este martes.

“Estamos convocando la dirigencia para tomar una decisión conjunta.

“A título personal le digo que no puede ser que, como movimiento sindical, dejemos que la presidenta siga tomando las decisiones de política salarial de forma autoritaria, vertical y por la vía del ‘decretazo’, sin buscar acuerdos”, dijo Morales.

Antenoche, en el Ministerio de Trabajo, representantes del Gobierno y de los sindicatos públicos no llegaron a un acuerdo y vía decreto se dispuso un 2,78 por ciento de aumento para unos 150 mil trabajadores que, según la ANEP, representan.

La Ministra de Trabajo, Sandra Pisk, aseguró que con el incremento el Poder Ejecutivo reconoce la inflación acumulada del semestre anterior.

Reconoció que la situación fiscal del país es muy complicada y dijo que no hay ajustes diferenciados porque en el sector público existen varios incentivos como las anualidades, dedicación exclusiva y carrera profesional.

Los sindicatos pedían al menos un dos por ciento de la inflación proyectada o que se reconociera a los trabajadores algo ante el incremento del Producto Interno Bruto (PIB).

Fuente: Al Día
Hugo Solano

San José, 11 de julio de 2011.

Honorables señores y señoras
Abundio Gutiérrez Matarrita, Presidente
María del Milagro García Bolaños, Vicepresidente
Carlos Eduardo Arce Arce, Secretario
Sonia Rodríguez Quesada, Directora
Geovanna De Mendiola Sánchez, Directora
Marcela Angulo Grillo, Directora
Rodolfo Tabash Pérez, Director
Norman Henry Walcott, Suplente
Marco Román Carvajal, Suplente
Junta Directiva
Junta de Protección Social (JSP)
Presente

Estimadas señoras y estimados señores:

Con gran respeto para sus dignas autoridades y ostentando la representación legítima del personal institucional de la Junta de Protección Social, acudimos ante ese órgano directivo dignamente integrado por sus ilustres autoridades, para que se abra un diálogo respetuoso, fructífero y transparente, acerca del futuro mediato e inmediato de nuestra querida Institución; considerando que nuestros buenos oficios al respecto no han recibido el tratamiento esperado por parte de la Gerencia General, en la persona de su jerarca, don Francisco Javier Ibarra Arana, quien, incluso, en nuestra percepción, desvalorizó el relevante papel de buen componedor que la ley le otorga al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); ente al cual acudimos para que mediara entre él y la representación laboral, aceptándose al inicio por las partes su intervención, pero que la patronal, la Gerencia General, en la segunda sesión, descartó, prácticamente; alegando que no tendría potestades suficientes para un diálogo productivo con una negociación efectiva, argumento que, respetuosamente indicamos, no nos convence.

Como es bien sabido, la JPS es una institución benemérita del patrimonio nacional republicano que nos fuera heredado por las generaciones anteriores y que, por tanto, a todos y a todas nos compete preservar. Se está pensando en una serie de transformaciones para la misma que, desde la perspectiva laboral involucra temas como la privatización segmentada, la estabilidad laboral y la preservación del empleo, deudas salariales, recalificación técnico-profesional y otros, todo lo cual ha de impactar, de una manera u otra, a la población dependiente de las transferencias financieras de la JPS; población que como bien sabemos está compuesta por ciudadanos y por ciudadanas de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

Adicionalmente, hemos sostenido conversaciones que han dejado planteadas varias inquietudes que nos ha formulado el honorable cuerpo de personas trabajadoras vendedoras de lotería, las cuales, como parte de la dinámica institucional, desean plantear ante vuestras autoridades y en compañía de la ANEP esas preocupaciones que serían consideradas como parte del diálogo y de la eventual negociación que por esta vía estamos solicitando.

En espera de una favorable acogida a nuestra petición, dejamos constancia por esta vía de que solicitamos se nos reciba en audiencia para ampliar sobre estas delicadas situaciones; despidiéndonos con las muestras reiteradas de nuestro mayor respeto y consideración,

Daniel Prendas Marín
Presidente Junta Directiva
Seccional ANEP-JPS Ronald Barrantes Moya
Directivo Nacional ANEP

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

cc.: Licda. Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de la República.
cc.: Lic. Carlos Ricardo Benavides Jiménez, Ministro de la Presidencia.
cc.: Licda. Sandra Pizsk Feinzilber, Ministra de Trabajo y Seguridad Social.
cc.: Lic. Eugenio Solano Calderón, Viceministro del Área Laboral, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
cc.: Personal de la Junta de Protección Social (JPS).
cc.: Honorables señores y señoras, cuerpo de vendedores y vendedoras de Lotería.
cc.: Junta Directiva Nacional (JDN), ANEP.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-JPS.
cc.: Medios de Comunicación Colectiva.
cc.: Archivo.

La presidenta Cristina Fernández firmó el pasado 5 de julio un decreto que prohíbe en todo el país la publicación de avisos de comercio sexual. La medida apunta a combatir la trata para explotación sexual y constituye un duro golpe contra la discriminación de género. La publicidad de oferta sexual, según se desprende de los fundamentos del decreto,* contribuye a denigrar la condición femenina* y afirma la idea de la mujer como un mero objeto de consumo.

La jefa de Estado aclaró, en ese sentido, que “no es una condena a las mujeres” que “son objeto de este comercio” sino “a los medios” que publican los avisos y “a los que instrumentan” la explotación sexual. La iniciativa afectará a numerosos medios de comunicación que facturan abultadas cifras por esas publicidades.

La presidenta añadió que “la oferta sexual, fundamentalmente publicada en el rubro 59, no solamente es un vehículo en la comisión del delito de trata de personas, sino también es una profunda discriminación hacia la condición de la mujer”. Criticó además “la doble moral y la hipocresía” de ciertos medios que en sus primeras planas denuncian el problema de la trata y en las páginas de clasificados “lucran” con los avisos de oferta sexual que les dejan “pingües ganancias”.

Al inicio del acto se pasó un video donde se mostraron artículos de Clarín que reclamaban medidas contra la trata y luego numerosos anuncios de su famoso rubro 59, de avisos de comercios sexual.

La mandataria firmó el decreto en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada. De acuerdo a la crónica efectuada por el matutino Página 12, en la primera fila se encontraba Susana Trimarco, madre de Marita Verón, la joven tucumana desaparecida a manos de mafias de la prostitución, emblema de la lucha contra la trata en el país; a su lado estaba Eva Giberti, titular del Programa Las Víctimas contra las Violencias, de quien dependió originalmente la Oficina de Asistencia a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que depende del Ministerio de Justicia. Muy cerca de ellas, el juez federal de La Plata, Carlos Rozanski, y la abogada Perla Prigoshin, titular de la Comisión de Acción para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género. Este organismo se encargaría de recomendar un régimen de sanciones a la violación del decreto, que debe establecer el Ministerio de Justicia.

El salón estaba colmado de integrantes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que trabajan por los derechos de las mujeres, y de activistas por la diversidad como Lohana Berkins, y la pareja formada por Alex Freire y José María Di Bello, primer matrimonio igualitario en Argentina.

La prohibición de los avisos de comercio sexual es un reclamo de amplios sectores del movimiento de mujeres. La medida será de aplicación en todo el país. La norma crea además una Oficina de Monitoreo de la Publicación de los Avisos de Oferta de Comercio Sexual en el ámbito del Ministerio de Justicia, que deberá vigilar el cumplimiento del decreto en forma articulada con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), que encabeza Gabriel Mariotto, y el Consejo Nacional de las Mujeres.

Textualmente el decreto 936 dice: “Se prohíben los avisos que promuevan la oferta sexual, con la explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual por cualquier medio, con la finalidad de prevenir el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y la paulatina eliminación de las formas de discriminación de las mujeres”.

La Presidenta sostuvo que “con la firma de este decreto hemos dado un gigantesco paso no solamente en la lucha contra la trata de personas, contra la discriminación”. Indicó además que los avisos de comercio sexual suponen una “humillación a la condición femenina”, al mostrar a las mujeres “como objetos de consumo únicamente (…) Esta es una de las tantas discriminaciones de la mujer. No creo que sea la única. Pero tal vez sea la más humillante”.

La medida obtuvo un contundente respaldo de la jueza de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Argibay.* “Esos avisos tratan a la mujer como mercancía”* dijo la magistrada días después del anuncio presidencial. También explicó que la decisión no limita la libertad de expresión: “los medios no se van a poder defender contra esta medida porque acá no hay opiniones, de modo que no se atenta contra la libertad de expresión. Lo que estamos coartando es la propaganda de una mercancía prohibida. Celebro la medida del Gobierno”.

Desde las empresas mediáticas se atacó la resolución presidencial. Las empresas comunicacionales que ostentan una posición dominante en el mercado y que obtienen grandes ganancias por la venta de avisos de oferta sexual relativizaron la eficacia del decreto y esgrimieron una supuesta violación a la libertad de expresión.

El flamante decreto tiene como fundamento dos leyes, la Nº 26.364, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas, y la Nº 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Ambas fueron aprobadas por el Congreso Nacional en 2008 y 2009 respectivamente, durante la gestión de Cristina Fernández.

Desde la entrada en vigencia de la ley contra la trata, en abril de 2008,* se rescataron 2221 personas,* de acuerdo con las estadísticas de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por ese delito.

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Ampliación de derechos en Argentina II

Soy una Persona, no una cosa

El monopolio, y muchos aliados menores en la prensa hegemónica, quieren convencernos de que la prohibición de publicitar servicios sexuales se trata de una medida destinada damnificar al grupo Clarín. Esta decisión de Cristina Fernández no es la primera contra la trata de personas que se toma en su gestión.

Por Paola Ortiz | Desde Mendoza, Argentina

Desde que el 6 de Julio pasado la presidenta argentina, Cristina Fernández, anunció en el Salón de las Mujeres Argentinas de la Casa Rosada la firma del decreto 936/2011, quedaron prohibidos todos aquellos avisos cuyo texto, haciendo referencia a actividades lícitas, resulten engañosos y tengan por fin último la realización de alguna de las actividades vinculadas al comercio sexual.

Además, el decreto contempla la creación de una oficina de monitoreo del tema en el ámbito del Ministerio de Justicia, que, conjuntamente con el Consejo Nacional de la Mujer y otros organismos, puedan articular una eficaz tarea en la lucha contra la trata de personas.

Pero, pese a los titulares destacados que pudieron leer y oírse en los días posteriores al anuncio respecto de que esa medida del Estado argentino atenta contra la libertad de expresión y el lucro empresarial de los medios gráficos, este decreto es complemento de normas ya vigentes.

El caso más notable de normativas ya existentes es el de la ley 26.364, que fuera sancionada en abril de 2008. Sus autoras fueron la entonces senadora nacional, Marita Perceval –actualmente se desempeña en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación- y la actual ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner.

Esa ley busca tanto prevenir y sancionar la trata de personas; así como asistir y proteger a sus víctimas. Esta ley adhiere a la definición dada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) donde se expresa que “por trata de personas se entenderá la captación el transporte, el traslado, la acogida o recepción de personas recurriendo a la amenaza o abuso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación aún cuando existiere asentimiento de esta”.

La norma tipifica la trata de personas como un delito federal donde se castiga a los responsables con una pena de 3 a 15 años de prisión y plantea la creación de organismos del Estado para brindar asistencia y protección a las víctimas.

En esa misma ley se estipula que las personas en situación de trata deben recibir alojamiento, asistencia psicológica, médica y jurídica gratuita. Las victimas deben prestar testimonio en condiciones de protección y asegurar la no represalia contra su persona o su familia, y proteger su identidad e intimidad. En ningún caso las víctimas serán punibles y es obligación de los representantes diplomáticos y consulares proveer asistencia a los y las ciudadanas argentinas que se encuentren fuera del país.

Si bien los esfuerzos realizados en el mundo contra la explotación sexual son muchos, la oficina de la ONU contra la droga y el delito de trata, estima que éste último es uno de los crímenes más lucrativos en el mundo, sólo superado por el tráfico de drogas. Supone la disposición de alrededor de 2,5 millones de personas y produce ganancias por sobre los 32 millones de dólares por año. El 79 por ciento de ese total proviene de la explotación sexual de mujeres. En América Latina se estima que entre 700 mil y 2 millones de personas son víctimas de trata cada año

Desde la sanción de la ley 26.364, el Estado Argentino rescató a 2.221 personas, unas 1044 en los últimos 5 meses. Sin embargo, estas como tantas otras medidas pierden valor cuando encuentran en la sociedad la complicidad para naturalizar un delito. De allí que la manifestación expresa de la mandataria en contra de ese delito, y su vinculación con el derechos de las mujeres a no ser maltratadas ni discriminadas por su género se considera un paso imprescindible en la construcción de sentidos que complementen las normativas.

Según Sara Torres, Integrante de la Coalición Contra la Trata de Personas, “los prostíbulos y proxenetas están legitimados por un consenso social en relación con que el consumo de cuerpos de mujeres en prostitución es natural, siempre ha existido y siempre va a existir. Lo visible es la mujer prostituida, y no la existencia de la demanda y de los proxenetas, el patriarcado y el sistema capitalista legitiman la explotación y la opresión de los hombres sobre las mujeres. Muchas mujeres, niñas y adolescentes son engañadas o forzadas a golpes y torturas a prostituirse. Este “negocio” ilegal se potencia por el capitalismo y la globalización, donde el trabajo esclavo, en cualquiera de sus formas, es “rentable”.