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La política de Obama hacia América Latina

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Cuando los presidentes progresistas de América Latina observaban la campaña presidencial de Barack Obama en 2008, pensaron que quizás por fin habría un presidente estadounidense que cambiaría la política exterior de Washington hacia la región. Parecía que llegaba otra sublevación electoral en el hemisferio occidental, igual a la que llevó al poder a Lula da Silva, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Fernando Lugo, y Tabaré Vásquez. Antes de la elección de Obama, el presidente Lula da Silva de Brasil expresó este sentimiento: “_De la misma forma que Brasil eligió a un obrero metalúrgico, Bolivia eligió a un indígena, Venezuela eligió a Chávez, y Paraguay un obispo, creo que sería un avance extraordinario si en la economía más grande del mundo un hombre negro fuera electo._”

En un sentido, el cambio electoral se debió a causas similares en el hemisferio. América Latina osciló hacia la izquierda en gran parte por el fracaso del neoliberalismo: entre 1980-2000, experimentó el peor rendimiento económico desde hace más de un siglo. Más de una generación de latinoamericanos había perdido la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida. En el caso de Estados Unidos no fue tanto por el bajo crecimiento económico (aunque el producto interno bruto per cápita sí se redujo considerablemente durante la época neoliberal), sino por el aumento enorme de la desigualdad y, por supuesto, la peor recesión desde la Gran Depresión que al final motivaron a los votantes a exigir un fin al movimiento del país hacia la derecha que había durado cuatro décadas.

En abril de 2009, pocos meses después de asumir el cargo, Obama parecía ilusionar a América Latina en la Cumbre de las Américas en Trinidad. Comportándose como el organizador comunitario que era, Obama se acercó a Chávez para estrecharle la mano – una imagen que se difundió inmediatamente por el mundo y enfureció a la derecha. Obama hizo declaraciones sin precedentes para un presidente de Estados Unidos, reconociendo que “_a veces intentábamos imponer nuestras condiciones_”. Hasta lo impresionó a Raúl Castro; cuando Obama redujo las restricciones de viajes y remesas (sólo para los cubano-americanos), Castro respondió diciendo que estaba dispuesto a dialogar sobre “_derechos humanos, libertad de prensa, presos políticos, todo._” Agregó, “_Podemos estar equivocados, lo admitimos, somos humanos._”

Resto del artículo en pdf en documentos adjuntos.

A los y las trabajadoras de la JPS

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Estimadas y respetadas personas trabajadoras afiliadas a la ANEP en la Junta de Protección Social (JPS):

A la población trabajadora, en general, de la JPS:

Es cierto que en el acta del día 29 de junio de 2011, en la primera reunión de las partes, misma que se efectuara en la sede central del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), aparece como acuerdo lo siguiente: “La parte laboral valorará la solicitud de la parte patronal de que presente con antelación, por escrito sus propuestas concretas de aspiraciones a acuerdos en los otros puntos de la Agenda, a efectos de que sean conocidos por la Junta Directiva de la JPS, de aceptarse lo anterior, el documento será enviado el lunes 4 de julio próximo a la Gerencia General de la JPS”.

Al respecto, aclaramos lo siguiente:

PRIMERO: La parte laboral hizo la indicada valoración, llegándose a la conclusión de que sería inconveniente poner nuestras propuestas a conocimiento de la parte patronal (Gerencia General y Junta Directiva JPS), con antelación a las sesiones, “cara a cara”, con la intervención del MTSS. Esto no sería un proceso de negociación como lo pretendemos, sino sería la entrega de un documento sindical para valoración unilateral de la parte patronal, sin que podamos hacer defensa en la mesa del diálogo directo de nuestras aspiraciones a acuerdos.

SEGUNDO: Nótese de que la parte laboral tenía que enviar un documento a la parte patronal, el día lunes 4 de julio, sí y sólo sí, si hubiésemos estado en el acuerdo de entregar, con antelación, nuestras propuestas. Como indicamos en el punto PRIMERO, ante nuestra negativa de acceder a ello, no había que entregar ningún documento a la parte patronal, en el indicado día 4.

TERCERO: La ausencia de ese documento debió darle señales claras al señor Gerente General de que sí tenía que darse la segunda cita de las partes, como estaba acordado, sea ayer martes 6 de julio, a la 1 de la tarde y en la sede de la JPS, tal y como tal jerarca lo ofreció. Por tanto, no podía esta autoridad mandar a suspender, unilateralmente, la segunda reunión de las partes, lo cual ANEP interpreta como una negativa a continuar el diálogo, lo cual nos obliga a un cambio de estrategias.

CUARTO: Nos llamó poderosamente la atención la ausencia de la representación del MTSS en la segunda reunión que debió efectuarse este miércoles 6, como ya indicamos. Así lo hicimos saber a la autoridad correspondiente y se levantó una acta que se envió a la misma; pues para los efectos jurídicos del caso, la ANEP interpreta la ausencia de la representación patronal como una negativa a aceptar la mediación del MTSS y, por ende, la vía del diálogo y de la negociación. Es decir, para la ANEP, la parte patronal se retiró del proceso y estos es muy grave.

QUINTO: Rechazamos, tajantemente, que este proceso se deba circunscribir a un aspecto de violaciones a los derechos laborales, como lo pretende el señor Gerente General. Por supuesto que este punto es crucial en la acción sindical. Es tan importante que va relacionado con la violación al derecho constitucional al empleo (despidos por “outsourcing”), por ejemplo; o bien, en el tema de los salarios dignos y justos. Además, los sindicatos tenemos absoluto derecho para vigilar la transparencia en la gestión pública, luchar por la preservación de la institucionalidad republicana que nos fue heredada y, abogar por la preservación de la filosofía del bien común, de la inclusión social, de la lucha contra la desigualdad y por la justicia social. Por tanto, también debemos rechazar la indicación del señor Gerente General de que la agenda que pusimos en conocimiento del MTSS, sea de “competencia exclusivamente administrativa”.

SEXTO: Finalmente, hacemos un vehemente llamado a todas las personas trabajadoras de la JPS, afiliadas o no afiliadas para que se sumen, activamente, al movimiento en defensa de la institucionalidad de la JPS que ya estamos fomentando y que tendrá un segundo episodio el próximo lunes 11, con la participación de costarricenses vendedores de lotería.

SETIMO: Reafirmamos nuestra vocación al diálogo, a la negociación efectiva, a la búsqueda de acuerdos, verificables en cuanto a su cumplimiento. Nos negamos a un diálogo de “mentirillas”, mucho menos a que no se discutan, cara a cara, decisiones jerárquico-políticas en perspectiva de transformaciones institucionales de fondo.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
ANEP

Gerente General de la JPS renuncia al diálogo con la ANEP

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) denuncia ante la opinión pública, ante la población usuaria de los servicios sociales de la Junta de Protección Social (JPS), así como ante el propio personal de ésta, que la jerarquía político-gerencial de esta institución renuncia al diálogo con la legítima representación laboral de la misma, en torno a cuestionados procesos de reestructuración que se quieren impulsar a golpe de tambor; para facilitar, en criterio de la ANEP, una privatización generalizada, vía “outsourcing”, de una serie de servicios que se brindan a la población objetivo de la entidad, partiendo de la concepción filosófica de la JPS centrada en el humanismo, la solidaridad y la ayuda directa a poblaciones de alta vunerablidad y en abandono en diversas formas.

El desprecio por el diálogo, por la discusión con transparencia acerca de transformaciones que se le quieren imponer a la JPS, obligó a la ANEP a pedir la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); ejecutándose por parte del señor Gerente General de la JPS, don Francisco Ibarra Arana, una burda maniobra que dio al traste con lo que iba a ser una segunda ronda de conversaciones con esta organización sindical, en este día, miércoles 6 de julio de 2011 y en la propia sede de la institución, intermediando entre partes el MTSS.

La ANEP y su Seccional ANEP-JPS han acumulado una importante cantidad de material que, por ejemplo, desvirtúa las pretensiones de la cúpula político-gerencial de la JPS para, por ejemplo, privatizar los cementerios General y Metropolitano; así como las diversas intentonas de reducción-despido de personal que se vienen fraguando a espaldas de los potenciales perjudicados y de su organización laboral representativa: el sindicato.

Por otra parte, la ANEP detectó, durante la permanencia de sus personeros centrales que acudieron a la fallida audiencia conciliatoria, un clima de malestar y de indignación contra la institución, por parte de los vendedores de lotería quienes resienten mucho de las políticas que se vienen impulsando por la actual gestión gobernante de la JPS.

Se espera que para el próximo lunes 11 de julio, durante una actividad pública de denuncia que la ANEP promoverá en la sede de la JPS, se afiance una alianza entre la ANEP y las agrupaciones de personas vendedoras de lotería para salir en defensa de la JPS; así como para cerrarle el paso a pretensiones de negocios privados con los servicios que brinda la JPS, para beneficio de ciertos lucros personales.

La ANEP cree que a esta altura del conflicto que se ve venir, la intervención de la Casa Presidencial y del Ministerio de la Presidencia se hace más que necesaria para intentar detener escenarios confrontativos que a nadie han de beneficiar.

San José, miércoles 6 de julio de 2011.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Un 42% de aumento salarial

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Hablamos del salario del Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros (INS), don Guillermo Constenla Umaña. Gracias a las diligencias del señor diputado don Claudio Monge Pereira, del sindicato UPINS y de la Seccional ANEP-INS, pudimos enterarnos de esta indignante situación que, como hemos venido majaderamente insistiendo, nos muestra un episodio más del problema número uno de nuestra sociedad de hoy: el crecimiento de la desigualdad. Seguramente habrá más casos de estos que conoceremos en próximos días. Ojalá así sea.

¿Qué nos podrá decir la señora Presidenta Chinchilla ahora que se acerca la fijación salarial correspondiente al segundo semestre del año para las personas trabajadoras del sector Público? ¿Con qué argumentos se puede “defender” que el reajuste que se ve venir en este caso, podría ni siquiera superar el 2.5 %? ¿Cuál es naturaleza perversa de la “gente de arriba” que no se da cuenta de que las provocaciones que sufre la “gente de abajo”, son de tal calibre que la indignación creciente muestra ya fuertes señales de que podríamos presenciar un estallido social de consecuencias imprevisibles?

Siempre hemos estado convencidos de que la democracia va más allá del día de las elecciones en las que, por lo general, la gente resulta estafada, políticamente hablando. A poco más de un año de que doña Laura inició su mandato presidencial, la historia se repite. Por tanto, la legitimidad del escenario de la calle para enrumbar la gestión de un gobernante que no honra lo que prometió, emerge con toda potencia. Dado que la senda de la búsqueda, de la promoción y del fomento del bien común está completamente abandonada en la Costa Rica de hoy, apelar a la Democracia de la Calle es una alternativa más que válida.

La más reciente fijación que se dio en el sector Privado (aunque con un factor positivo de expectativa de una nueva fórmula de cálculo de los salarios mínimos para la siguiente fijación); el “decretazo” que se ve venir para el sector Público; el aumentazo salarial que recibió el Presidente del INS y otros que andan por ahí; indican a las claras que desde las esferas del poder real de nuestra sociedad, ese que no controla la propia Presidenta de la República (a juicio de 8 de cada 10 costarricenses), no hay la menor voluntad política para tomar acciones en aras de atajar, atenuar, desacelerar y revertir el peligroso camino del crecimiento de la desigualdad, de enfrentar el abusivo proceso de concentración de la riqueza; de restaurar la hegemonía del bien común como brújula principal del rumbo de nuestra sociedad.

¡No!, ¡definitivamente no! Estos cambios estratégicos no vendrán desde “arriba”. Solamente podrán darse con la potencia de la organización y de la movilización de “los y las de abajo”, incluida esa clase media en ruta a su desaparición.

Con el devenir de estos acontecimientos y ante la conformación del escenario sociopolítico y económico que vemos en estos “tiempos de TLC’s”, ya no solamente queda clarísimo que urge otra política salarial, sino que, también de manera urgente, se necesita otro sistema tributario.

Confesamos nuestra incapacidad para encontrar las palabras, las frases, los conceptos convenientes de forma tal que quienes trabajan en el sector Público puedan interiorizar profundamente, llevarlo con fuerza a sus mentes y a sus corazones, de que sus propios salarios y los reajustes justos a los mismos, están atados, necesariamente, a que se cambie la injusta estructura tributaria actual que agobia a las grandes mayorías; pero que, permite la fiesta orgiástica de la concentración abusiva de la riqueza en las reducidas minorías políticas que, pese a que son eso, minorías, controlan el poder real de la sociedad costarricense de hoy.

Con ocasión de la venidera discusión entre los sindicatos del sector Público y el Poder Ejecutivo, sobre de cuánto será el aumento salarial para este semestre que ya empezó; humildemente nos permitimos recomendar dos cosas.

Primero: la más grande unidad gremial y sindical de las agrupaciones laborales que funcionan en el indicado sector para propiciar un movimiento de presión de altísima envergadura que posibilite que haya un justo y digno reajuste (ojalá como el que “recibió” el señor Constenla aunque no somos tan angurrientos).

Segundo: Construir una argumentación sencilla pero convincente ante el pueblo trabajador de que la lucha salarial del sector Público, en realidad, se ha de transformar en una lucha estratégica por la transformación tributaria estructural profunda que necesita Costa Rica; a fin de que, con la fuerza y potencia de “los y de las de abajo” generemos las condiciones de restauración del bien común con norma fundamental de nuestra convivencia civilizada.

Por tanto, que la ciudadanía agobiada por la estrechez económica, el desempleo, la creciente informalidad para sobrevivir, las alzas, nos dé su simpatía, su apoyo y su comprensión cuando miles y miles de gentes que trabajan en el sector Público se manifiesten vinculando ambos aspectos (salarios justos-justicia tributaria). Ese es nuestro sueño.

Empresas piñeras desobedecen sentencias judiciales

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Acompañado de dirigentes sindicales y de trabajadores del cantón de Sarapiquí, el diputado José María Villalta, del Partido Frente Amplio, dio a conocer hoy, en conferencia de prensa, que los tribunales de Trabajo han fallado, en sentencia firme, a favor de trabajadores que sufrieron persecución sindical y fueron despedidos por empresas piñeras proveedoras de las transnacionales Del Monte, Dole y BANACOL, las cuales actuaron contra la Constitución Política, el Código Laboral y Convenios de la OIT.

Aun así, algunas de estas empresas se resisten a acatar las sentencias de los tribunales y a restituir a los trabajadores en sus puestos laborales y a reintegrarles los salarios respectivos, denunció.

En el caso de la empresa PIÑALES DE SANTA CLARA S.A., proveedora de la transnacional Del Monte, en el 2009, el Sindicato Industrial de Trabajadores Agrícolas, Ganaderos y Anexos de Heredia (SITAGAH), inició un proceso de organización y de afiliación de trabajadores. Sin embargo, la empresa reaccionó desmejorando las condiciones trabajo y los salarios, eliminando las horas extras, hostilizando verbalmente e incluso despidiendo a los trabajadores que procedieron a organizarse.

Ante esto, la organización sindical interpuso, primero, una denuncia ante la Inspección Nacional de Trabajo, instancia que constató la persecución sindical y los despidos de trabajadores por el solo hecho de ejercer su derecho humano a afiliarse a un sindicato. Luego, presentó 20 procesos judiciales, siete de los cuales ya han sido fallados, a favor de aquellos, y por los cuales se condena a la empresa a reintegrarlos y pagarles los salarios caídos.

En dos de estos procesos, las sentencias han sido confirmadas en segunda instancia y ya se encuentran firmes. Sin embargo, en dos ocasiones (18 y 23 de junio de 2011) la empresa PIÑALES DE SANTA CLARA S.A. se ha negado a reinstalar a los afectados, desobedeciendo flagrantemente la orden de los tribunales de justicia, denunció el diputado Villalta.

En el caso de la empresa COLLIN STREET BAKERY, (CORSICANA) proveedora de la transnacional DOLE, fue condenada en primera instancia por persecución sindical y prácticas laborales desleales, proceso que todavía se ventila en los tribunales.

El Departamento de la Inspección Nacional del Trabajo verificó la existencia de persecución sindical, prácticas laborales desleales, despido de trabajadores por ser afiliados al sindicato, por obstaculizar el paso a los dirigentes sindicales para atender a los afiliados, entre otras violaciones que constan en una resolución del Ministerio de Trabajo con fecha 26 de julio del 2005.

A pesar de tener este historial, esta empresa ha sido certificada e inclusive premiada por la iniciativa de comercio justo FLO CERT y por Fair Trade USA, denunciaron los trabajadores.

En el caso de INDACO HORQUETAS, empresa piñera que también es proveedora de Dole, SITAGAH inició un proceso de afiliación sindical, en el 2009. “_Desde entonces, ha procedido a despedir a una gran cantidad de trabajadores sindicalizados, con y sin responsabilidad patronal, utilizando toda clase de maniobras_”, explicaron los dirigentes sindicales.

En el caso de AGROINDUSTRIAL SAN CAYETANO S.A., de la compañía colombiana BANACOL, hace tres años “_inició el proceso de acosar, discriminar, desmejorar salarios e incluso despedir a prácticamente a todos nuestros afiliados y hoy seguimos procesos en los tribunales de trabajo los cuales ya han fallado de forma favorable para los trabajadores en primera instancia_”, dijo un dirigente de SITAGAH.

Los sindicalistas y trabajadores también denunciaron que estas empresas utilizan agroquímicos altamente peligrosos, como CLOPHIFOS y BROMACIL, los cuales causan serios daños a la salud, como cáncer al estómago.

El diputado Villalta también denunció la actitud pasiva del Ministerio de Trabajo, “_pues no tutela los derechos de los y las trabajadoras de forma efectiva. De ahí que se dan una serie de limitaciones para las organizaciones sindicales y sus afiliados, que les han obligado a recurrir a los tribunales. Es importante que la OIT y las personas consumidoras de piña, en Estados Unidos y Europa, conozcan esta realidad, de modo que también sumen sus esfuerzos para evitar que se sigan violando los derechos humanos y laborales en Costa Rica_”, expresó.

Frente Amplio

La CCSS es la frontera 2da parte

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Hablamos del ataque que recibe, de las intensiones de algunos políticos empresarios para que cambie el modelo de atención, buscando un peligroso giro hacia lo privado para favorecer negocios con la salud del pueblo costarricense, también recordamos como se metió la corrupción e hizo estragos con las compras de equipos y almacenamiento de medicamentos hecho que quedará co una mancha en la historia patria.

Evidenciamos también la indolencia del Estado, principal moroso de la CCSS, que incumple las leyes para su fortalecimiento y que en lugar de tender su mano, le safa la tabla y fomenta el clientelismo político, evadiendo con ello su responsabilidad constitucional.

Pero lo más importante que señalamos fué la necesidad de la unidad en torno a la defensa de la CCSS, institución benemérita, patrimonio del pueblo costarricense.

SURGE COALICIÓN EN DEFENSA DE LA CCSS

A propósito de nuestra humilde apreciación y de los vaivenes a lo interno de la institución, las organizaciones sindicales de la CCSS, logramos a principios del presente año, la conformación de la FOCASS (Federación de Organizaciones de la CCSS y la Seguridad Social) organismo sindical que tiene como objetivo principal el generar las condiciones necesarias para la articulación de fuerzas sociales en la defensa de la CCSS. Los frutos de dicha iniciativa dan los primeros resultados y se vislumbra un crecimiento de dimensiones insospechadas del agrupamiento en torno a la institución más querida de los costarricenses la Caja Costarricense del Seguro Social.

Actores Sociales del sector magisterial, del sector ecologista, sector campesino, del sector comunal, de la iglesia cotólica, de algunos partidos políticos, de los comités patrióticos y evidentemente de las organizaciones sindicales de la CCSS, son quienes inicialmente nos integramos para la creación de este tejido social, alianza que es solo el punto de partida y que admite a toda organización que se sienta comprometida con perpetuar en el tiempo los servicios que brinda la institución y garantizarla vigorosa,solida,economicamente sana, con carácter público, fortalecida, con una gestión basada en la excelencia y que permitta servicios de salud a los costarricenses con calidad y oportunidad.

El Seguro de Enfermedad y Maternidad SEM ( Seguro de Salud ), fortalecimiento de la atención de Salud

La cobertura de este seguro es fundamental para la población costarricense y su fortalecimiento es una tarea de primer orden, especialmente lo relativo al Primer Nivel de Atención- Ebais y Clinicas-, como una forma de aprovechar mejor los recursos institucionales disponibles en el plano de la prevensión y el combate de las enfermedades y de la atención a la maternidad.

Asimismo mejorar sustancialmente el segundo nivel de atención Hospitalario dotar de los recursos necesarios, humanos, materiales y tecnológicos que modernicen la atención y eleven la calidad de los servicios que se brindan.

Gestión Administrativa

Mejorar la gestión administrativa es fundamental, debe revisarse el sistema existente desde la misma estructura de mando institujcional, nos cuestionamos la conformación de la Junta Directiva, el rol de la Presidencia Ejecutiva y del Cuerpo Gerencial, creemos que es momento de desiciones que den mayor participación ciudadana, de construir mecanismos de Rendición de Cuentas y de definiciones políticas para la revocatoria de mandato para jerarcas que incumplan o sean deficientes en su gestión.

Despolitizar la institución, evitando el clientelismo político y por tanto la injerencia de intereses ajenos a la institución.

El Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte IVM

Mejorar la captación de recursos, combatiendo la morosidad, la evasión y la sub declaración patronal. Penalizar con carcel a quienes incumplan con la seguridad social.

Que el Estado pague los 800 mil millones que le debe a la Caja

En la misma linea diversificar la cartera de inversiones, evitando que el Estado tenga los fondos del sistema como su “caja chica“ tal y como sucede actualmente que las inversiones se dan en bonos de Hacienda, los que resultan incobrables y sustentan una actividad que le causa gran inestabilidad económica al fondo de IVM.

Somos de la idea que la CCSS debe realizar inversiones en Deuda Interna,en construcción de Obra Pública de diversa naturaleza,con ello hasta gana el país, debido a que resultaría innecesario el endeudamiento externo y se fortalece el desarrollo nacional.

Igualmente al Seguro de Salud, que los políticos saquen sus sucias manos de la institución y dejen el manoseo de los fondos de jubilación de IVM de la clase trabajadora cotizante.

Reto Público a las actuales autoridades de la CCSS

Es momento de lanzar un reto a las actuales autoridades de la CCSS, para que se abra al debate con las organizaciones de la sociedad civil,debatir sobre la institución que tenemos, la que queremos y la que heredaremos a las generaciones venideras, es urgente. Las organizaciones que conformamos el bloque en Defenza de la Caja estamos listas para la propuesta, para el diálogo franco, transparente,constructivo, respetuoso y de cara a la opinión pública.

Si la institución está en crisis todos tenemos la obligación de salir en su auxilio,de buscar las mejores soluciones para CUIDAR A QUIEN NOS CUIDA.

LA CCSS ES LA FRONTERA….

Giovanny Ramírez Guerrero

ANEP se opone a venta de plantel del CNP

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San José, 5 de julio de 2011.
S.G. 09-11-1771-11
¡URGENTE!

Honorables señores
Junta Directiva
Consejo Nacional de Producción (CNP)
Su despacho

Estimados señores

Antes que todo, reciban respetuosos y atentos saludos de nuestra parte.

Con gran preocupación nos hemos enterado por diferentes medios de la decisión que ha tomado la administración superior del CNP, de proponer a esa honorable Junta Directiva, la venta de los terrenos donde esta ubicado el Plantel Central del CNP.
Somos conocedores de la importancia que tiene el CNP en la provisión de servicios al agricultor en diferentes áreas y, sobre todo, en la vigilancia de la seguridad alimentaria nacional, por lo que una decisión de esa índole afectaría la estabilidad del Sector Agropecuario Nacional.

Vender una propiedad para destinar los recursos al pago de un alquiler no suena razonable, y menos aun cuando no queda claro el tema del precio en que se estaría pactando. Según se ha mencionado en diferentes medios de prensa y en la Asamblea Legislativa, el precio podría ser inferior al valor comercial que se estima para esos terrenos.
Consideramos que las razones de tipo financiero que se argumentan por parte de la Administración Superior del CNP, no son suficientemente sólidas para tomar la decisión por parte de esa Junta Directiva de vender esa propiedad; no solucionan el problema financiero, por el contrario lo agravan, generan inestabilidad y afectan al pequeño y mediano productor, porque es bien conocido que la comercialización y el valor agregado están entre los principales problemas que enfrentan los agricultores y las agricultoras a resolver por el CNP.Es razonable la preocupación de la Administración por la situación financiera del CNP, pero es lamentable que no se evidencien esfuerzos consecuentes con esa situación, como un plan de contingencia integral, y la presentación de proyectos de ley tendientes a subsanar esa falta de recursos.

Es por ello que nos oponemos a la venta de los terrenos del Plantel central del CNP. A cambio, estaríamos en la mejor disposición de apoyar los esfuerzos en el análisis a profundidad sobre opciones orientadas al fortalecimiento de esta institución.

Considerando la autonomía que cada uno de ustedes tiene, según la ley en la toma de decisiones en el seno de esa Junta Directiva, es que le solicitamos, vehementemente, que analicen y reconsideren la decisión respecto a la venta del Plantel Central del CNP, en el entendido de que siempre hay otras opciones en cuya búsqueda ofrecemos nuestra contribución solidaria.

Con la mayor consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

cc.: Licda. Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de la República.
cc.: Señores diputados y señoras diputadas, Comisión de Asuntos Agropecuarios, Asamblea Legislativa.
cc.: Personal del Consejo Nacional de Producción (CNP)
cc.: Junta Directiva Nacional (JDN), ANEP.
cc.: Archivo.

«El motivo de la resistencia es la indignación*»

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* (Stéphane Hessel)

A ustedes les debo rendir cuentas sobre la Gestión de despido que me están aplicando y que pretende poner en duda mi responsabilidad y ética personal y por ende laboral.
Debo hacerlo, igualmente, no solo por los años que tengo de trabajar y ser mi obligación como funcionaria pública, sino también por el hecho de haber aceptado desde hace unos meses ser dirigenta sindical lo que me obliga aún más a llevar una vida personal y laboral intachable y transparente.
Mi trayectoria laboral desde hace más de 30 años de servicio a esta Institución se ha caracterizado por una actitud de crítica y de propuesta, de lo que pueden dar fe no solo los documentos históricos elaborados, las calificaciones del servicio civil, expediente en Recursos Humanos sino también las y los compañeros que me conocen en La Dirección General que actualmente fungen como asesores; en la Subdirección General; Instituto Nacional de Criminología, Departamento Técnico; Direcciones de Centros y Oficinas, personal de base y fuera de nuestra institución.

Mi actividad laboral ha estado regida desde el 16 de noviembre de 1978 en que ingresé a labor al Centro Institucional La Reforma por principios éticos y morales que hasta la fecha no he comprometido por ninguna razón, motivo o circunstancia.
Hace aproximadamente dos años, al ubicarme laboralmente en el Departamento de Investigación y Estadística, luego de trabajar con personas adscritas (niños y niñas, adultas mujeres y hombres) al Sistema de tres de los cuatro programas de atención (Institucional, Penal Juvenil y Comunidad), acusé el recibo del impacto de las incomparables realidades que se vive en Oficinas Centrales vs la realidad de los Centro y Oficinas de los Programas, este impacto fue en mi determinante para tomar la decisión de elaborar una ruta crítica que permitiera incidir en los cambios que en ese momento consideraba eran necesarios, me sustentaba la experiencia que pocas y pocos funcionarios poseen en la atención de todas las poblaciones adscritas y las distintas modalidades de atención, una trayectoria laboral intachable y la formación específica en derechos humanos y educación para la paz.
Fue así como inicie la construcción de esa ruta crítica, acogiéndome a las potestades y obligaciones que como funcionaria pública me cobijan y sobre todo revisando el camino que muchos y muchas de ustedes habían transitado sin recibir respuesta, para de esta manera corregir lo que les había invalidado o visibilizado el intento . Agoté, así las instancias internas lo que vino a evidenciar que el afuera de la Institución se constituía en el espacio hasta ahora negado para el personal con altas posibilidades de incidencia en la mejora de nuestra realidad institucional.
No se conoce, en el afuera, qué, el cómo y el por qué hacemos lo que hacemos; esto fue evidente, en esos momentos, cuando a raíz de una actividad investigativa llevada a cabo por mi persona en la Reforma fueron invitadas las más altas autoridades del Poder Judicial y asistieron todas sin excepción: Fiscal General, Jefa de la Defensa Pública, Director del OIJ, Magistrado Arroyo, etc, señalando que era la primera oportunidad para la gran mayoría de visitar un centro penal y tener contacto con un grupo del personal penitenciario.
Durante este tiempo a raíz de investigación en la Reforma de carácter cualitativo solicitada por la Dirección General y el INC, cuyo objetivo era la elaboración de una propuesta de atención a las personas sentenciadas a altos montos (se adjunta Memoria del Proyecto de Investigación), fui teniendo claro que era ya no necesario sino urgente que se diera un viraje al camino por el que se estaba llevando al Sistema Penitenciario y así se lo hice saber a las autoridades superiores, como lo exige tanto la normativa reglamentaria interna a todo el personal y la ética como especialista en investigación cualitativa, lo que no fue escuchado.

No obstante tener claridad sobre en lo que me metía, reconocer mis fortalezas, e igual mis debilidades, basadas estas últimas, entre otras, en una realidad de ausencia de estructuras organizativas y solidarias entre nosotros como personal, decidí afiliarme a la ANEP, la que se había venido conformando en una aliada del personal (promovió talleres de reflexión sobre el Sistema Penitenciario, sin ser afiliada en ese entonces, me apoyó ante la intentona para que abandonara la investigación en Reforma, propuso la Convención colectiva, entre otras) aliada tan valiosa al personal del Sistema Penitenciario, como lo han sido otras instituciones, organizaciones y personas.
Nunca más iluminada como en esta oportunidad ya que las acciones de carácter administrativo en mi contra así lo demuestran. En estos momentos, como decimos, la estaría viendo más fea aún.
Esta situación y otras peores, las han y están viviendo muchos y muchas de ustedes y eso es lo que me obliga a fortalecerme aún más y ejercer todas las acciones que la ley me permita, sé que no estoy sola y así me lo han demostrado muchos y muchas de ustedes y de fuera de la Institución. Y acá le pido disculpas a los y las compañeras que han tenido que pasar por éstas y peores y les hemos dejado solas como ovejas entre lobos.
Para serles sincera esta acción, no inesperada, pero impactante de todas formas pues nadie se prepara para quedarse desempleada de un día para otro, me ha afectado profundamente, pues resulta incomprensible el que luego de más de 30 años se pretenda, no solo manchar mi hoja de vida laboral sino quitarme la posibilidad a estas alturas de mi existencia de mi modo de subsistencia, y que estén participando personas con las que he pasado duras experiencia laborales, que saben quién soy, que se ubican actualmente en puestos de jefaturas y que guardan cómplice silencio, no solo con mi persona, sino con la realidad de ustedes en los centros y oficinas.

Pero compañeras y compañeros, entre más persigan, traten de intimidar, acallar y desanimar a la organización del personal, con medidas ejemplarizantes, queda claro que mejor trabajo estamos haciendo, y resalto estamos, pues lo que no entienden los jerarcas de planta y los transitorios es que cuando un movimiento humano se inicia es prácticamente imposible detener.

No saben nuestros jerarcas que derechos humanos se construyen con luchas y movimientos sociales como el que estamos iniciando, que ningún derecho se nos ha regalado, que siempre conlleva la conquista o el reconocimientos de éstos por parte de los grupos humanos a los que no se nos aplican o reconocen: dolor, persecución y muerte y todos esos componentes han estado y aún están presentes en nuestra institución.

Actualmente nuestros jerarcas se alimentan de nuestro agotamiento emocional y físico, de nuestra urgencia de trabajar y tener la posibilidad de una mejor ubicación laboral, de los procesos de deshumanización en los que hemos sucumbido y de una clara disminución de nuestra realización personal.

Les puedo asegurar que no he cometido falta alguna, cuando mi abogado me lo permita les estaré haciendo llegar el expediente.
Para verdades el tiempo.

Me han victimizado, no me van a convertir en víctima.
Gracias a todos y todas las que me han llamado y enviado mensajes de apoyo y solidaridad.

Martha E. González Madriz
Vice presidenta Seccional Sistema Penitenciario Nacional, Por Justicia y Paz

Aprobada Ley para garantizar financiamiento a Juntas Colegiales

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APROBADA LEY PARA GARANTIZAR FINANCIAMIENTO PERMANENTE A LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE COLEGIOS PÚBLICOS

La iniciativa fue presentada originalmente por el exdiputado Quírico Jiménez, que a su vez lo retomó de un proyecto presentado por ciudadanos ante la oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa. Al ser archivado el proyecto, por término del plazo cuatrienal, el año 2008 el Frente Amplio lo replanteó y lo presentó su entonces diputado José Merino del Río.

Para el diputado frenteamplista, José María Villalta, “esta disposición es fundamental para solventar los serios problemas que sufren los centros educativos de la enseñanza media pública, que por razones que se desconocen, la norma aprobada en 1995 dejó por fuera.”

La Ley 7552 disponía que las municipalidades destinaran por lo menos el diez por ciento (10%) de los ingresos recibidos por impuestos sobre bienes inmuebles, para subvencionar a las Juntas de Educación de las escuelas de su respectiva jurisdicción territorial, sin embargo se había dejado por fuera, por error, a las Juntas Administrativas que administran a los colegios de la educación media.

“Con esta Ley, fortalecemos nuestro sistema de educación pública, como herramienta fundamental para superar la pobreza y alcanzar el progreso de nuestro pueblo”, dijo el diputado Villalta.

Sugieren defensa salarial en las calles

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Albino Vargas, secretario general de la ANEP, manifestó que fueron convocados por la titular del Ministerio de Trabajo, Sandra Piszk, para conversar sobre el tema.

“Creemos que la gente debe tirarse a las calles, sobre todo los pertenecientes a los sectores técnicos y no profesionales, que son los más deprimidos, salarialmente hablando”, reafirmó Vargas.

Vargas manifestó que tomando en consideración el aumento aprobado para los empleados del sector privado que fue de un 2,54% para el segundo semestre, lo que se vislumbra para el sector público es un porcentaje más bajo todavía, el cual se fijaría vía “decretazo”.

“Auguramos que el asunto se desenvolverá, con o sin mesa de negociación, en medio de una tormenta social, dado el creciente clima de indignación popular ante el grave conflicto nacional que significa el crecimiento de la desigualdad; lo cual se expresa en la continuada curva descendente hacia la pobreza en la que se sigue sumiendo a las personas trabajadoras que dependen de un salario para sobrevivir”, explicó Vargas.

Unidad

Para Vargas será muy importante la unidad sindical en la lucha “para que conjuntemos los mayores esfuerzos unitarios y organizativos a fin de propiciar una gigantesca movilización que repudie situaciones como el aumentazo salarial del Presidente Ejecutivo del INS; además de exigir un verdadero reajuste salarial realmente compensatorio. Igualmente, es necesario que se escenifique en las calles ese gran y creciente sentimiento de indignación que sentimos la gente de abajo, por lo que está sucediendo en las esferas de la gente de “arriba”, la que tiene el poder político.

Recordó que el movimiento sindical presentó en varias ocasiones propuestas tendientes al mejoramiento de la política salarial para los empleados, para así lograr ajustes salariales justos y de acuerdo a las condiciones económicas y productivas del país.

Fuente: Diario Extra
Krissia Morris Gray