La lucha salarial en el seno de estos importantes colectivos laborales de la Seguridad Ciudadana, misma que ha venido subiendo en intensidad y en organización, ha culminado con un acuerdo*_ (ver documento adjunto)_* entre las representaciones sindicales de las respectivas policías y el Gobierno de Laura Chinchilla Miranda.
Este acuerdo frena las acciones de presión que se había programado para las siguientes semanas.
El encuentro en Casa Presidencial ofreció la oportunidad de estructurar un díalogo con negociación efectiva que lleve calma laboral a estos cuerpos policiales pero que les genere señales claras de que se habrá de iniciar un camino cierto de justicia salarial.
Principales acuerdos:
Policía de tránsito: Interceder para que se aplique el Manual de Clases y Cargos, revisar acuerdo suscrito en noviembre de 2010.
Policía de Migración: Continuar trámite de Manual de Clases y Cargos, avanzar en formulación de la propuesta de valoración. Impulsar elaboración y aplicación de Ley de Migración.
Fuerza Pública: Elaboración Manual de Clases y Cargos tomando en cuenta aportes de los gremios. Instar al Ministro para se integre Comisión para análisis de roles de servicio y jornada laboral.
Policía Penitenciaria: Terminar Manual de Clases y Cargos y analizar brechas salariales, si es que corresponden, para hacer ajustes. Gestionar Ley especial que autorice el pago extraordinario de 700 millones de colones. Sindicatos acudirán a gestionar Ley.
Como parte de los acuerdos se estipuló que acualquier ajuste salarial que se implique en los Manuales antes solicitados se negociará de manera gradual y que los distintos cuerpos policiales desisten de cualquier medida de presión para facilitar el proceso.
Documento completo en ARCHIVOSADJUNTOS en la columna derecha.
Comunicado de la Seccional de la Policía Penitenciaria a los y las trabajadoras en ARCHIVOSADJUNTOS en la columna derecha
La medida de protesta contó con la presencia de una veintena de trabajdores y trabajadoras sociales, organizados en ASTRASOMJU, que laboran en el Sistema Penitenciario Nacional.
En esta entregaron al despacho del Ministro Hernando París un documento con las principales exigencias para resolver sus problemáticas.
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San José, 4 de julio de 2011
Licenciado Hernaldo París Ministro Justicia Y Paz S.O.
Estimado señor:
Reciba de la Asociación de Trabajadoras/es Sociales y Afines del Ministerio de Justicia y Paz, un respetuoso saludo.
En el contexto de los recientes acontecimientos acaecidos en el CPI La Reforma y del informe de la Defensoría de los Habitantes en relación con la situación del sistema penitenciario, desde el carácter gremialista de nuestro sindicato, consideramos:
1. En relación con los acontecimientos ocurridos el 11 de mayo:
a. Durante décadas, las/os funcionarias/os del Departamento de Trabajo Social del Sistema Penitenciario, hemos prestado un servicio profesional que va más allá de lo que nuestras funciones como disciplina nos demandan, a raíz de que hemos sido y somos conscientes de los derechos que le asisten a la población con la que laboramos y de la vulnerabilidad en que se encuentran, dada su condición de privación de libertad.
b. Por años, hemos laborado en condiciones menos que inadecuadas, en lo que se refiere a infraestructura, realizando nuestro trabajo cotidiano en espacios oscuros, malolientes, pequeños o hacinados, con falta o ninguna ventilación, con poco o ningún mobiliario y equipo, en situaciones de riesgo, siendo sometidas/os a contaminación ambiental y sónica, expuestas/os permanentemente a la violencia emocional y física, no sólo de los /as privadas de libertad, sino también de sus familiares o recursos sustitutos, ni qué decir de la sociedad y los medios de comunicación.
c. El enfrentamiento de esas condiciones negativas de trabajo, sólo puede estar sustentado en un alto grado de profesionalismo, que es lo que caracteriza al gremio de Trabajo Social Penitenciario. Esta ética, mística y entrega, nos ha llevado a cumplir, por encima de lo esperado, con la demanda continua y sistemática de la población, la cual ha aumentado de forma significativa, tanto en número como en peligrosidad.
d. Hemos sacrificado tiempo, dinero y recursos, en el acondicionamiento de espacios físicos, de trabajar horas extras, de utilizar los equipos de cómputo, audio y video de nuestra propiedad, en el desarrollo de la labor; hasta hemos llegado a realizar la sistematización o el registro de la información, sea de los procesos individuales, familiares, grupales o la elaboración de proyectos, en nuestros hogares, con tal de que nuestro quehacer no se vea deteriorado en su calidad.
e. La carga de trabajo que presenta el Departamento de Trabajo Social en Adaptación Social, no se compara con las que enfrentan las otras disciplinas de la institución, dado que por la naturaleza de la profesión y la organización institucional, las/os profesionales debemos estar presentes en la mayoría de los procesos de trabajo, que se desarrollan al interior de la institución o fuera de ella.
f. Hay que reconocer que, si bien el quehacer disciplinar tiene relación directa con el privado de libertad y el mantenimiento de las relaciones afectivas, conyugales e interpersonales con sus recursos de apoyo, también tiene una relación directa con el desempeño de éste en la convivencia institucional, pues de la realización o no de las funciones asignadas, en los plazos previstos y en las condiciones planificadas, dependen las respuestas emocionales de la población, por lo que llegamos a constituirnos en un servicio de primer orden para la estabilidad institucional.
*2. * A partir del 11 de mayo del 2011, las/os profesionales de Trabajo Social no vemos con los mismos ojos nuestra tarea.
a. Por décadas, creímos que laborábamos en una institución que si bien no nos ofrecía u ofrece, medianas o mínimas condiciones de trabajo, al menos, sí estaba preocupada por salvaguardar la vida de los/as funcionarios/as, en el tanto éstas estuvieran comprometidas en una situación de violencia.
b. Pensábamos que en una toma de rehenes, nuestras vidas iban a ser consideradas imprescindibles, defendidas a toda costa, no obstante, el mensaje de la institución y de los organismos de seguridad del país, nos dijeron todo lo contrario.
c. Luego de ocurridos los hechos del 11 de mayo, el colega involucrado fue enviado por el INS a laborar nuevamente, después de ocho días de incapacidad, alegando que no existía motivo médico para que se mantuviera en esa condición, instándosele a recurrir a sus vacaciones o la CCSS, si deseaba tomar distancia de la situación ocurrida, por algún tiempo más.
d. En otro orden de cosas, pero en este mismo tema, nos cuestionamos cómo puede una persona, sometida a una situación de violencia extrema durante varias horas, en la cual su vida pendió de un hilo y un custodio perdió la suya, incorporase a laborar en el mismo medio, sin una asistencia postraumática, ubicándolo en una situación de riesgo no sólo para sí mismo, sino también para la población.
e. Este es un aspecto que hay que retomar en una futura discusión de una forma muy seria. Por lo pronto, se sugiere que la institución se organice para mantener un seguimiento profesional a las personas involucradas en esta experiencia, por el tiempo que lo requiera.
3. La desidia de las autoridades institucionales, se ve demostrada a cabalidad en el informe de la Defensoría de los Habitantes, sobre la situación del sistema penitenciario nacional. En este aspecto queremos llamar la atención sobre las distintas necesidades que enfrentan las/os colegas en distintos escenarios, a saber:
a. La sobrepoblación no sólo implica la necesidad de construcción de nuevos espacios o la redistribución de la población, para Trabajo Social significa una sobrecarga laboral, imposibilidad de cumplir con los plazos establecidos, la disminución de la calidad del abordaje, presión de la población, de los espacios colegiados, los/as jueces, defensores, la familia.
A partir de lo anterior, las /os colegas estamos expuestas/os al riesgo de cometer errores que pueden tener consecuencias graves o fatales para la población o sus familiares, así como en la salud física y emocional de nosotras/os como funcionarias/os.
b. La situación de riesgo de deslizamiento del terreno en el Buen Pastor, que si bien, en apariencia va a ser resuelto dentro de algunos meses, adquiere una relevancia en esta época del año, por la entrada del invierno, lo que pone en peligro no sólo a la población, sino a las/os funcionarias/os.
Incluso, preocupa que en las distintas propuestas de reubicación o construcción, no se visualizan espacios para ubicar las oficinas técnicas, como suele suceder comúnmente en el Sistema Penitenciario, dándose lo que también suele suceder que deban utilizarse espacios para la atención profesional que eran contemplados para otros usos.
c. En el caso del Nivel en Comunidad, se presentan serias limitaciones de infraestructura, pues de las 14 oficinas, sólo tres cuentan con espacios propios, 7 de ellas comparten el espacio con el Nivel semi-institucional, con los problemas sabidos de intercambio de población con diferentes condiciones legales y el sometimiento a medidas de seguridad, que no son propias de la naturaleza de las oficinas de Comunidad.
Al tener una cobertura importante de población, que asciende un poco mas de las 9 mil personas, existe una importante falta de recursos humanos y de transporte en este nivel, exponiéndose las/os colegas cotidianamente a peligros y amenazas, al tener que realizar las investigaciones sociales a pie o en bus, con el agravante del tipo de comunidad en la cual deben movilizarse.
Además que en este programa los profesionales tiene como recargo la entrega de correspondencia, el aseo de las oficinas, labores secretariales y además la custodia de cada expediente y bien patrimoniado, lo que hace que se incurra en una responsabilidad legal y económica si se perdiera o dañara alguno de estos.
POR LO TANTO:
1. A partir de lo sucedido el 11 de mayo, debemos entender los/as funcionarios/as penitenciarias, que nuestras vidas no son importantes, que hay un mal mayor que evitar y si por desgracia, en cualquiera de los escenarios que laboramos, se presenta un acto de violencia, nuestra vidas no van a ser protegidas y van a estar expuestas al azar de las circunstancias, como sucedió en esta ocasión.
Ante esa cruda verdad, las/os funcionarias/os del Departamento de Trabajo Social de Adaptación Social, deseamos manifestarnos en contra de semejante desprecio por la vida, en contra de semejante exposición de nuestra integridad física, de esta indiferencia institucional que viene a constituirse en el corolario de la indolencia demostrada por años.
Ante la actitud irresponsable de la institución se nos obliga, como gremio, a tomar medidas para prevenir la exposición de nuestras vidas a futuros actos de violencia. Así es que, en la presente coyuntura y en el caso específico de la atención de Trabajo Social en el ámbito de Máxima Seguridad del CPI La Reforma, nos negamos a brindar atención en las actuales condiciones de infraestructura, puesto que los locutorios están dentro del ámbito, lugar que se demostró no guarda las condiciones de Seguridad básicas para desarrollar la atención en un grado mínimo de riesgo.
De ahí que, nos solidarizamos con las propuestas planteadas por las colegas del CPI La Reforma al respecto, de las cuales tiene conocimiento el viceministro Fernando Ferraro, la Jefa Nacional de Trabajo Social y las autoridades de dicho centro.
Al igual que las colegas del CPI La Reforma, el colectivo de ASTRASOMJU, en asamblea ordinaria del pasado 24 de junio, se compromete a prestar la colaboración que se requiera en ese Centro, siempre y cuando se resuelvan las condiciones de riesgo que privan en dicho espacio.
Sobre los otros temas presentados en cuanto al informe que brinda la Defensoría de los Habitantes, sobre la situación del sistema penitenciario, que afecta directamente a las/os colegas de Trabajo Social, le recordamos que en el mes de mayo recién pasado, solicitamos una audiencia con su persona para hablar de ésta situación, sin que hasta la fecha hayamos recibido una respuesta satisfactoria a nuestra petición. Esperando se abran los espacios de comunicación necesarios, para la discusión de propuestas o alternativas que vengan a constituirse en soluciones viables y sostenibles en el tiempo y recibir respuesta en los plazos de ley, se despiden:
Cc: Lic. Fernando Ferraro. Viceministro de Justicia y Paz Lic. Jorge Rodríguez Bogle. Director de Adaptación Social Msc Ana Monge Campos. Jefa de Trabajo Social Bach. Ronald Herrera. Director CPI La Reforma Defensoría de los Habitantes Junta Directiva del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica Alexander Obando M. Director del INC.
Gobierno pretende imponer amplio plan de privatización estatal.
Ya circula un anteproyecto de Ley aprobado por el Consejo de Gabinete del pasado 12 de abril de 2011, mediante la Resolución de Gabinete No.52, por el cual se crea las Asociaciones Público-Privadas (APP).
Este es presentado nada menos que por el reconocido estafador nacional, Alberto Vallarino, Ministro de Economía y Finanzas, el mismo responsable del escándalo Banistmo, gran evasor del fisco, y acusado de estar detrás de los grandes negociados que se desarrollan en el país.
De acuerdo a la exposición de motivos:
“_Las Asociaciones Público-Privadas (APP) buscan involucrar al sector privado en la provisión de infraestructura y de servicios que han sido tradicionalmente provistos por el gobierno. Las APP son contratos entre el sector público y el sector privado a través de los cuales el sector privado construye, financia, opera y mantiene infraestructura o presta servicios. Pueden utilizarse en una amplia gama de proyectos de inversión social y económica, pero se han utilizado principalmente en el desarrollo de carreteras, energía y telecomunicaciones, hospitales, cárceles, escuelas, edificios públicos, tratamiento de aguas y puertos, entre otros_.”
“_Las APP se constituyen en una alternativa más a los mecanismos que tradicionalmente utiliza el Estado para la ejecución de obras o la prestación de servicios públicos_.”
“_El principio en el cual se basa este tipo de proyectos es que el sector privado contribuye con una mejor capacidad gerencial y de innovación tecnológica lo que resulta en una mayor eficiencia que se traduce en servicios de mejor calidad y a menor costo._”
“Entre las principales diferencias que presentan los esquemas tradicionales para llevar adelante la ejecución de obras y servicios frente al esquema de APP, destacamos las siguientes:
– En cuanto al financiamiento, en los esquemas tradicionales, el Estado financia el proyecto de acuerdo a sus capacidades presupuestarias y perfil crediticio. En el esquema de APP, el sector privado financia el proyecto teniendo como fuente de pago un contrato multianual de prestación de servicios con el gobierno.
– En los esquemas tradicionales, el Estado asume la responsabilidad y riesgo de construcción del proyecto. En las APP, el sector privado asume algunos riesgos, como puede ser el de construcción del proyecto, el presupuesto y el tiempo de ejecución.
– En los esquemas tradicionales, el Estado es responsable de la operación del proyecto. En el esquema de APP, el sector privado opera el proyecto manteniendo los estándares de calidad y precio acordados.”
De acuerdo al anteproyecto de Ley:
“_Las propuestas de iniciativa privada pueden versar sobre cualquier obra pública susceptible de ser diseñada, construida, mantenida y operada._”
En cuanto a los gobiernos locales:
“_Para fines de ejecutar proyectos de APP, los gobiernos locales conformarán Unidades Especializadas Locales en Asociaciones PúblicoPrivadas, las cuales serán supervisadas por la Unidad Especializada del Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de otorgarles su habilitación, restricción o retiro de la facultad de evaluación de las iniciativas privadas._”
Estamos así frente a un nuevo atraco a la nación, frente a un asalto a gran escala de sectores privados coaligados con grupos del Gobierno provenientes de ese sector, para hacerse de las arcas del Estado.
En esto andan los altos funcionarios del Gobierno corrupto de Ricardo Martinelli.
Esto pone en peligro instituciones tales como la Caja de Seguro Social (CSS), puertos, IDAAN, Municipios, Gobierno central, Educación, Salud, MOP, MIVI, entre otras.
Llamamos al pueblo a movilizarse frente a este lesivo proyecto que el Gobierno de Martinelli pretende imponer en la Asamblea Nacional de Diputados, luego de lograr el control de su Junta Directiva tras los bochornosos hechos del pasado 1º de julio.
Para conocimiento público, ponemos a disposición en pdf, copia de este lesivo anteproyecto de ley, que puede bajar aquí.
Para todos los anepistas Para todas las anepistas A todas las compañeras y a todos los compañeros de la tendencia TRABAJO A los y a las Anepistas de corazón
En mi condición de candidato a la Secretaría General de la ANEP, postulado por la tendencia Trabajo, la de los y las anepistas de corazón, deseo hacerles llegar mi más vehemente llamado para que, al entrar ya en la fase final de la campaña electoral para la elección de la nueva Junta Directiva Nacional (JDN) de nuestra querida organización, no caigamos en la trampa de acudir al sucio expediente del anonimato como forma de hacer política, tal y como lo hemos estado presenciando que se usa a menudo desde las tiendas que nos adversan.
Informes en poder de este vuestro servidor, provenientes de fuentes que nos merecen toda confianza, nos indican que se viene una verdadera andanada de suciedades, de cosas rastreras, de acusaciones que por ser tan infundadas deben sustentarse en el anonimato; para atacar el buen nombre, la honra, la intimidad personal, incluso la vida familiar de quienes formamos la tendencia Trabajo, particularmente de quienes estamos ocupando cargos relevantes en su papeleta.
He consultado con personas expertas en estas cuestiones de la “propaganda negra”, de los anonimatos y similares, quienes nos indican que son prácticas sintomáticas de sensaciones de impotencia, de pobreza intelectual, de minusvalía argumental; y que, en cuestiones políticas, auguran derrotas en perspectiva que incluso puede llevar a inventar anónimos en contra de sus propios pares, para enlodar al contrario que rechaza su empleo como arma política.
A nivel de la personalidad que se escuda en el anonimato, según los expertos que consultamos, tenemos trastornos psicoemocionales, proyectos de vida truncados y distorsiones en la construcción de sus propias identidades invididuales. En síntesis, quien acude al anonimato no es más que una persona digna de lástima a la que, mínimamente, habría que recomendarle atención psicológica antes de que deba acudir a la psiquiátrica.
La membresía de la ANEP, abrumadoramente de trayectoria larga en nuestra querida agrupación, no merece, en lo más mínimo, que desde la tendencia Trabajo caigamos en las provocaciones impregnadas de lodo putrefacto que están en camino.
En lo personal, sé que Dios, Nuestro Señor Jesucristo, nos da la fuerza suficiente, nos da la paciencia y la tolerancia necesarias, para que nuestro movimiento mantenga, minuto a minuto, hora tras hora, día tras día, del tiempo que nos falta para ganar las elecciones; la bandera en alto de la decencia, de la cultura politica, de la campaña de altura, a tono con lo que ordenó, orientó, solicitó, la última sesión del Consejo de Presidencias de Seccionales de la ANEP.
Nuestro movimiento, la tendencia Trabajo, el de los y el de las anepistas de corazón, tiene una gran cantidad de propuestas que bajo los criterios del Sindicalismo Ciudadano y del Sindicalismo Rebelde (formulaciones nuestras), nos dan la posibilidad de impulsar, hacia nuevos espacios de desarrollo, el avance de nuestra querida ANEP; avance que se marcó desde que, afortunadamente, logramos que fuera independiente de todos los partidos políticos, pasando a dedicarnos exclusivamente a la defensa de “los y de las de abajo” (otra categorización también nuestra).
TRABAJO, TRABAJO Y MÁS TRABAJO ES LO QUEDESDE LA TENDENCIATRABAJO PROPONEMOS AL ELECTORADOANEPISTA
Carta enviada a la Viceministra de Gobernación en documento adjunto.
Este viernes 1 de julio los trabajadores y trabajadoras de la Imprenta Nacional, acuerpados por la representación de la ANEP en la institución, recibieron el mes con un paro total de labores, con posibilidades de huelga, dados los muy malos resultados que está teniendo la institución gracias a las decisiones tomadas por el Director Jorge Vargas Espinoza y su jefe financiero Jorge Velazques.
Según Energivia Sánchez Brenes, trabajadora dela Imprenta Nacional, los traslados de personal que ha realizado la Dirección no están justificados ni “_en ningún momento se han estudiado los perfiles, que si son personas aptas para estar en esas funciones o no_”.
La desaparición del departamento de recepción de trabajos implica un duro golpe a las finanzas de la Imprenta Nacional, en tanto no habrá una oficina encargada de la atención al público que quiere contratar los servicios de la imprenta, lo que prevén los trabajadores y trabajadoras será un caos para la institución.
Para Guillermo Murillo Castillo, promotor de la ANEP en la Imprenta y trabajador de la misma, “_han tomado la decisión de reducir un 50% el costo de las publicaciones… lo que dará para final de año una pérdida de ¢600 millones. Las decisiones de esta administración estarán quebrando en tres años la institución_”.
El movimiento laboral está solicitando a la Viceministra de Gobernación Marcela Chacón que se destituya al jefe financiero Jorge Velasquez y hacen la advertencia que si las cosas siguen así en la Imprenta Nacional se generará un movimiento interno que acabará con la destitución del Director Jorge Vargas.
Atención estimables y honorables compañeros y compañeras anepistas:
En su sesión no. 1918, de carácter ordinario, celebrada en este día viernes 1 de julio de 2011, la Junta Directiva Nacional (JDN), de la ANEP tomó el Acuerdo Firme de convocar a ASAMBLEAGENERALNACIONALEXTRAORDINARIA, en Primera Convocatoria y para conocer el punto único indicado, a las 13 horas del día sábado 9 de julio de 2011, en el auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), ubicado en el centro de San José, calle 20, 300 norte de la entrada principal del Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”. Según el artículo 16 de nuestros Estatutos, para sesionar válidamente en Primera Convocatoria el quórum necesario es de las dos terceras partes de las personas afiliadas.
De no reunirse el mismo, las personas asambleístas presentes en esta Primera Convocatoria fijarán la fecha para la Segunda Convocatoria dentro de los siguientes diez días hábiles; en donde se debe reunir un quórum de la mitad más uno de las personas afiliadas.
Tendencia Trabajo violenta estatutos de ANEP: ¿Qué sigue? ¿Fraude?
El día lunes 20 de junio de 2011 se realizó la segunda convocatoria a la Asamblea Extraordinaria de afiliados y afiliadas de la ANEP, convocada para elegir 3 integrantes de la Comisión Electoral que sustituirían a los y las que han renunciado.
Para esta segunda convocatoria, según el inciso b) del artículo 16 de nuestros Estatutos, se debe contar con la presencia de la mitad más uno de los afiliados y afiliadas al sindicato, o de lo contrario los y las asistentes, deben convocar a una tercera convocatoria para sesionar válidamente con las personas presentes.
En la segunda convocatoria llevada a cabo el lunes 20 de junio, a la que llegamos 95 personas, la mayoría de asistentes decidió no convocar para otra fecha, sino que acogió la propuesta de* Fabio Chaves*, de efectuar la tercera y última convocatoria para tan sólo 10 minutos después de acabada la sesión en segunda convocatoria.
La convocatoria en estos términos, no solo transgredió el principio de publicidad que debe respetar un sindicato a la hora de convocar a las Asambleas, de manera tal, que todos los y las afiliadas estén enteradas y enterados de cada una de las convocatorias y puedan participar de tan importante actividad sindical, sino que causó que tan sólo 95 personas, de casi 13.000 afiliados y afiliadas participaran de la elección de los y las integrantes de la Comisión Electoral que tendrá la responsabilidad histórica de garantizar la transparencia en las elecciones de Junta Directiva Nacional a realizarse próximamente, en las que después de más de veinte años, habrá competencia entre dos tendencias.
El inicio de esta Asamblea en estos términos, es solo el preludio de lo que ocurriría después: más violaciones al principio democrático y a los Estatutos que constituyen el marco legal de nuestro sindicato.
No se aprobó ningún reglamento de debates. Este reglamento no es solo el que permite modular el debate y regular las votaciones, sino que impone los derechos y deberes de quienes participan en la Asamblea. El hecho de que no hubiese reglamento, dejó en indefensión a los y las asambleístas, pues no había reglas claras para llevar adelante el debate y las votaciones, y permitió que una mayoría mecánica se impusiera de manera aplastante por encima de la minoría, negándole a esta última derechos fundamentales como el derecho a motivar sus votos o a que constara en el acta la forma en que se había votado.
Según el artículo 43 de los Estatutos, la Comisión Electoral debe elegirse “con la votación favorable de la mayoría calificada de las dos terceras partes de los asistentes” a la Asamblea, precisamente esa votación calificada busca revestir de gran legitimidad la elección de las personas que tendrán a su cargo la dirección y organización del proceso electoral.
La Tendencia Trabajo no consiguió los votos necesarios para elegir a sus candidatos, por lo que defendió a ultranza que se eligieran por mayoría simple, en una clara violación a los Estatutos de ANEP. Cuando se hicieron señalamientos con relación a que aprobar esa moción implicaría una modificación ilegal y de hecho a nuestros Estatutos, toda vez que la Asamblea es soberana dentro de los límites de su propia regulación, impidieron a quienes estábamos en contra de este gran atropello, motivar nuestro voto, como corresponde en una organización que se dice democrática.
Finalmente, violentando los Estatutos, la Tendencia Trabajo impuso a sus candidatos a la Comisión Electoral, es decir, a Ronald Barrantes, miembro de la actual Junta Directiva Nacional, militante de la Tendencia Trabajo desde sus inicios; y al amigo personal de Albino Vargas, el señor Fabio Chaves, Secretario General de ASDEICE, quien ha prestado en varias ocasiones el local de ese sindicato para las reuniones de la Tendencia Trabajo (Ver archivos adjuntos) y que además es el esposo de una funcionaria de ANEP matriculada con la tendencia albinista. Para garantizar la elección de sus militantes, esa Tendencia incluso vota en contra de un afiliado independiente, quien hubiera podido garantizar un mínimo de credibilidad. Pero luego de esta elección se compromete la credibilidad en la imparcialidad y objetividad de este órgano tan importante en el desarrollo de un proceso electoral limpio, justo y equilibrado como merece nuestra organización.
Sólo podemos preguntarnos:
Si estas personas aceptaron violentar los Estatutos para obtener su puesto, ¿Qué otro tipo de violación a las reglas de la ANEP estarían dispuestos a llevar a cabo? ¿Qué clase de proceso electoral “transparente” pueden garantizar?
Denunciamos que en esta asamblea fue más que evidente, que los miembros de la Tendencia Trabajo están dispuestos a desconocer cualquier regulación de los Estatutos con tal de ganar. Como ya hemos señalado, se están gestando las condiciones para un posible fraude electoral en ANEP.
Estas jugadas sucias y antidemocráticas, evidencian la desesperación ante un movimiento que sigue creciendo. A pesar de no contar con tanto dinero como nuestros adversarios, de no contar con permisos sindicales, la Tendencia RESCATE sigue ganando militantes y simpatizantes.
Continuaremos en el proceso es nuestro compromiso con las y los afiliados que desean un cambio democrático dentro de la ANEP. Seguiremos adelante, para rescatar la ANEP con democracia.
A partir de hoy viernes 1 de julio de 2011, al iniciarse el segundo semestre del presente año, debe regir el monto del reajuste salarial para todas las personas trabajadoras asalariadas del sector Público. Sin embargo, ni la más mínima señal hay de parte del Gobierno de la República de que quiera hablar del tema con los sindicatos.
Auguramos que el asunto se desenvolverá, con o sin mesa de negociación, en medio de una tormenta social, dado el creciente clima de indignación popular ante el grave conflicto nacional que significa el crecimiento de la desigualdad; lo cual se expresa (entre otros aspectos), en la continuada curva descendente hacia la pobreza en que se sigue sumiendo a las personas trabajadoras que dependen de un salario para sobrevivir.
La tormenta social que se ve venir, potenciada por ese creciente clima de indignación popular, recibe un potente impulso propulsor, ante situaciones confirmadas de aumentos salariales abusivos como el que recientemente recibió el Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros (INS), don Guillermo Constela Umaña; aumento escandaloso de un millón, novecientos ochenta y cinco mil doscientos dieciséis colones (1.985.216), que, además, se lo “adelantaron”.
Efectivamente, mientras en abril ganaba por mes 4.663.565 colones, a partir de mayo pasó a ganar 6.648.781 colones. Repetimos, un “aumentazo” salarial de un 42 %, mientras que al resto de los empleados públicos y las empleadas públicas, mediando eso sí un gran movimiento de presión, con paros y huelgas, es probable que la fijación salarial que se impondrá superaría, ligeramente, el 2 %, porque el Gobierno está “quebrado”, según el Ministerio de Hacienda.
Por otra parte, expresamos nuestra felicitación al señor diputado don Claudio Monge Pereira, así como al sindicato del INS, UPINS y a la Seccional ANEP-INS que, luego de una seria investigación, nos dieron a conocer la indignante situación aquí comentada y denunciada.
ANEP formula un humilde pero vehemente llamado a la máxima unidad sindical e intergremial de las agrupaciones laborales que representan los diferentes segmentos institucionales del sector Público, para que conjuntemos los mayores esfuerzos unitarios organizativos a fin de propiciar una gigantesca movilización que repudie situaciones como la aumentazo salarial del Presidente Ejecutivo del INS; además de exigir un verdadero reajuste salarial realmente compensatorio.
Igualmente, es sumamente necesario que se escenifique en las calles ese grande y creciente sentimiento de indignación que sentimos la gente de “abajo”, por lo que está sucediendo en las esferas de la gente de “arriba”, la que tiene el poder político.
Nuestra propuesta central es que el crecimiento de la desigualdad, fortalecido (entre otros aspectos), por políticas y fijaciones salariales restrictivas, con “aumentos” insuficientes e indignos; debe conducirnos a poner en nuestras agendas de lucha, en un lugar altamente prioritario, la tarea histórica en beneficio de nuestro pueblo, de la transformación tributaria estructural.
El 30 mayo de 2010, un importante número de personas, activistas y periodistas de 40 medios internacionales se embarcaron en el Mavi Marmara, con la intención de romper el bloqueo que desde hace más de tres años mantiene el estado de Israel sobre el pueblo palestino de Gaza.
Las únicas armas que transportaban eran cámaras fotográficas y de video, computadoras portátiles y teléfonos celulares, instrumentos que sirvieron para transmitir el ambiente amistoso, festivo y entusiasta en la nave. Más que recursos para cubrir necesidades, llevaban su sensibilidad para alentar a mujeres, hombres, niñas y niños que aún viven en situaciones extremas.
La madrugada del día siguiente un comando del ejército israelí irrumpió por asalto en el Mavi Marmara y en tan solo una hora asesinaron a nueve personas e hirieron de bala a otras 53. Todos los demás fueron arrestados, despojados de todas sus pertenencias y finalmente puestos en libertad a los dos días.
La excusa del ataque, según difundieron los medios internacionales, fue que la comisión humanitaria pretendía introducir armas en Gaza, para ser empleadas en contra de las fuerzas israelíes.
SINTRAJAP, Comité Cívico del Caribe, La Asociación Cívica Limonense, La FETRAL, Asociaciones de Desarrollo Comunal, Comités Cívicos de otras comunidades, Alianza Cívica Comunal de la Provincia de Limón, Sindicatos y Taxistas, tienen el agrado de invitarlos a la gran marcha pacífica de reivindicación de nuestra provincia.
Fecha: Sábado 02 de julio del 2011
Saliendo de las instalaciones de SINTRAJAP a las 5:00am horas hacia el Cantón de Guápiles
Esta marcha tiene el propósito de entregarle al Gobierno un documento con diversas situaciones que aquejan nuestra Provincia y que necesitan soluciones prontas a su saber:
INFRAESTRUCTURA (Puertos modernos y fortalecimiento de JAPDEVA, Construcción de hospitales, carreteras,calles, diques, habilitación del ferrocarril), SEGURIDAD (Seguridad ciudadana, proyectos de formación integral, construcción de centros deportivos, recreación y rehabilitación de adictos), SALUD (Limpiesa de rios, tratamiento de aguas negras y desechos, agua potable para pueblos que aún no la tienen, medicos especialistas y equipos para nuestros hopitales y clinicas), EMPLEO (Zonas francas, nacionalización de mercancias en Limón, estimulo a pequeña y mediana empresa, empresas turisticas, creditos blandos y acompañamiento) Y AGRO (Mercadeo y promoción de productos, proyectos de acuacultura, titulación de tierras para los indigenas), Entre otros.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
