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Nosotros tenemos el fuerte convencimiento de que, como país, como sociedad y como nación, estamos involucionando con graves repercusiones para la democracia misma, considerando el deterioro de la institucionalidad republicana y la creciente desconfianza de importantes sectores de la ciudadanía en su clase gobernante, más allá de los agrupamientos partidistas electorales vigentes (unos de larga data y otros de surgimiento más reciente, algunos de los cuales son y serán fugaces).

Según nuestra perspectiva, se requiere del diseño, impulso y puesta en práctica de varias decisiones de profundo carácter estratégico, si queremos el rescate de esa institucionalidad democrática lesionada para recuperar una histórica senda de inclusión social que veníamos transitando, inspirada en la búsqueda y promoción del bien común; con problemas sí, pero con un éxito notable si nos fijamos en el entorno regional y latinoamericano del cual hemos sido parte. Es cierto, las desigualdades se mantenían presentes pero era notorio el esfuerzo de la clase gobernante, hasta la llegada de los antivalores del denominado Consenso de Washington, de generar políticas de promoción de la reducción y/o atenuación de esas desigualdades.

Ahora bien, en las actuales circunstancias, junto a ese fenómeno de deterioro de la confianza ciudadana en la actual “institucionalidad” gobernante, se hacen notar tres graves problemas que generan profunda preocupación muy generalizada: la inseguridad ciudadana y la violencia en sus diversas manifestaciones; el crimen organizado y la penetración de narcotráfico; el deterioro de valores y los fenómenos impactantes y crecientes de corrupción pública y privada.

No obstante, todos ellos juntos no se comparan con los enormes problemas en desarrollo producto de ese crecimiento de la desigualdad y su expresión directa más inmediata: la concentración del ingreso.

Es en este orden de cosas que vemos como una oportunidad los desafíos de una descentralización de la institucionalidad pública presa de tales flagelos, en aras de recuperar nuestra histórica pero hoy devaluada preocupación por la promoción del bien común, la inclusión y la reducción de la desigualdad; es decir, la promoción de una política pública que desde lo local incluya gente y no que la excluya.

Si partimos de nuestra perspectiva sindical, producto de la promoción de la organización laboral en los municipios de Costa Rica, la descentralización que estamos viendo en el horizonte presenta un conjunto de problemas que dificultan alcanzar un objetivo con sentido estratégico, para una política pública centrada en el bien común y desde lo local.

Nosotros sentimos que esa descentralización sin la generación de condiciones de inserción ciudadana activa en la misma, solamente servirá para el fortalecimiento del tradicional esquema político-electoral clientelar, tan necesario para que se reproduzca la hegemonía política dominante sin cambios sustantivos democráticos hacia la inclusión social; y, por tanto, facilitadores de la reproducción de un sistema de repartición sumamente subjetivo, de alcance reducido pero suficiente como para no poder en peligro un “establishment” de beneficio corporativo en lo local, aunque con expectativas de incrementarlo en lo regional y en lo nacional (la diputación, por ejemplo).

En segundo lugar, una descentralización como la supuestamente pretendida sin una transformación tributaria estructural es, prácticamente imposible. La transferencia de competencias de políticas públicas centrales hacia lo local, es una irresponsabilidad gravísima sin una sostenibilidad financiera sólida que, precisamente, supere el deterioro actual de la calidad de muchos servicios públicos actuales, precisamente por carencias fiscales en no pocos casos.

No entendemos cómo se pudo aprobar recientemente un ley tan ambiciosa como la No. 8801, Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, sin pensar en que el agotamiento del modelo tributario actual con su perversidad regresiva está generando ya no solamente injusticias sociales más que evidentes, sino riesgos de una crisis fiscal sin precedentes con consecuencias negativas generalizadas, especialmente para las grandes mayorías populares; precisamente las que deberían ser beneficiadas con una descentralización de la política pública con mayor contenido democrático y de inclusión social. Es decir que la descentralización sin una transformación tributaria estructural está destinada al fracaso.

Hay que hacer fuertes cambios en el sistema de elección de las alcaldías y de los concejos para que las municipalidades tengan garantizada una gestión de competencias de incuestionable transparencia, alto profesionalismo, verdadera eficiencia y eficacia y, por ende, de mayor satisfacción ciudadana.
Pensamos que en lo local debería darse la posibilidad de participación electoral sin una necesaria dependencia político-jurídica del esquema tradicional de partidos políticos pero sin excluirlo, por supuesto.

Creemos que en el ámbito de la política electoral local la participación para los cargos de elección popular podría ser más atractiva si, por ejemplo, se dan candidaturas unipersonales y/o grupales, impulsadas a partir de una decisión individual de postulación del nombre para la consideración del electorado, o bien con el respaldo de organizaciones de la sociedad civil con expresión en tal ámbito y/o con alcance nacional, pero con ramificaciones en cada cantón.

Uno podría pensarse en la estructuración de unas posibilidades de participación electoral a partir de listas ciudadanas con respaldo organizacional civil ó sin él, de forma tal que, quizás, se motive a participar a esas tres de cada cuatro personas que se abstiene de participar en las elecciones locales municipales.

Por otra parte, no es posible entendernos una descentralización efectiva si no atendemos la elevación sustancial de la calidad del funcionariado municipal, propiciando una formación técnico-profesional integral y generalizada, de forma tal que los estándares del servicio público municipal a lograr, partan de un curriculum educativo de alta exigencia y de fuerte excelencia para la mayor satisfacción ciudadana.

En tal sentido, una alianza de trabajo entre la Unión Nacional de Gobiernos Locales, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), el Consejo Nacional de Rectore (CONARE) y las principales organizaciones laborales representativas del personal municipal costarricense, podría generar ese curriculum educativo-formativo para la descentralización en un contexto de democracia participativa y de alta rendición de cuentas.

Por supuesto que hay que resaltar el tema de las condiciones de empleo del personal municipal, muy desigual si comparamos el estado de las relaciones laborales de unas corporaciones con respecto a otras; pero, por lo general, en todas se presentan limitaciones que impiden el desarrollo integral de la persona trabajadora, generan graves riesgos de salud ocupacional y presentan limitaciones para la superación personal y profesional. Una descentralización para que fuese realmente efectiva no deberá soslayar el abordaje de estas cuestiones buscando unificación paulatina de tales condiciones y consolidando una normativa general que podría ser algo como el “Estatuto del Personal Municipal” costarricense.

En otro orden de cosas es conveniente resaltar que se necesitan nuevos mecanismos para que la gente de la comunidad vea en esa descentralización una posibilidad de crecimiento colectivo con alta confiabilidad y credibilidad en tales procesos. El involucramiento de la participación civil organizada en la formulación presupuestaria parecería un componente más que imprescindible en un escenario de más competencias por asumir y más recursos para manejar. Lo que en algunas comunas latinoamericanas se conoce y se ha ensayado como el “presupuesto participativo”, representa en el caso costarricense un desafío más que interesante en esta cuestión tan sensible de la rendición de cuentas.

Igualmente, los procedimientos participativos de reversión de mandato, tanto a nivel de la alcaldía misma como a nivel del propio concejo parecerían más que prudentes, especialmente a partir de un período de gestión tan prolongado de seis años, pero que podría ser altísimamente más productivo sabiendo que la auscultación ciudadana lo podría ratificar ó revertir. Es decir, la gente no debería tener que aguantarse hasta el término de período a aquellas personas electas que pudieran ser ineficientes, incapaces y hasta corruptas. Lo que tenemos ahora en esta materia de reversión de mandato, es de alcance restringido y sumamente engorroso, lo que hace políticamente imposible de materializar. Hay que crear mejores y más ágiles condiciones para que la gente tenga acceso a verdaderos procesos de reversión de mandato en los niveles municipales.

Destacamos también que no puede haber una descentralización efectiva si ésta no enfatiza en la protección del entorno en sus diversas manifestaciones. La política pública en lo local, en un contexto de potenciación de su nivel de incidencia local, debe abarcar tareas estratégicas en los campos de la Ecología, de la Economía Social, del cambio climático y de educación para la reducción del consumo abusivo y depredador, desarrollando, por ejemplo y en este caso, la cultura del reciclaje desde el círculo infantil.

Si en algo podríamos los y las costarricenses contribuir a la salvación del planeta, es enfatizando en una descentralización de competencias que tenga como sentido fundamental la preservación de la vida en todas sus formas, empezando por la especie humana; de suerte que el nivel local se vuelta estratégico en tal sentido. Jamás debería volver a ocurrir tragedias comunales como la que recientemente vivimos con sensibles pérdidas de vidas humanas, de bienes materiales y del patrimonio ecológico.

Finalmente, la organización que nos honramos en representar, presente ya en, prácticamente, la mitad de los municipios del país, cuenta entre sus personas dirigentes a una impresionante cantidad de compañeros y de compañeras con verdadera vocación municipalista; quienes, con toda seguridad, estarían con enorme interés en aportar, desde su experiencia vivencial e institucional en la base municipal, para la estructuración estratégica de una descentralización realmente participativa, financieramente sostenible, eficientemente gestionada, profesionalmente desempeñada y ecológicamente oportuna. Ojalá se crearan condiciones para una participación laboral real en estos delicados procesos de transformación institucional.

El CLAES es un centro de pensamiento (“think thank”, como le dicen los gringos), de mucho prestigio, alto profesionalismo, rigurosidad académica, según tenemos entendido. Obviamente, desde un enfoque más integral del desarrollo distinto al que nos ofrecen con el neoliberalismo.

Muchos de nuestros gobiernos se desviven por obtener “buenas” calificaciones de parte de las calificadoras de riesgo de inversión más “notables” del planeta, capaces éstas de llevar un país a la desgracia total poniéndole malas notas de cara a los potenciales flujos de inversión.

Dentro de las más conocidas calificadoras de riesgo convencionales, destacan Moody’s, Standar & Poor’s, J.P. Morgan, Institutional Investor, Euromoey, Fitch Ratings. Varias de ellas quedaron totalmente desprestigiadas y en ridículo, on ocasión del estallido de la crisis inmobiliaria y financiera, en 2008-2009.

Este IRPA, radicalmente distinto al “riesgo país convencional”, hace más justicia con naciones como la nuestra que, pese a las graves dificultades que estamos teniendo por razones del crecimiento de la desigualdad, o la doble moral ambiental, hay todavía una institucionalidad que merece ser visibilizada y considerada, tal y como lo muestra el documento adjunto.

Este IRPA fue “ensayado” para los países mesoamericanos y, como verán, Costa Rica fue incluida.