Megapuerto de Transferencia del Atlántico

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Descripción del proyecto.
Este proyecto propone la construcción y operación de una terminal de trasbordo de contenedores en la costa Atlántica de Costa Rica. Los componentes esenciales son una terminal de trasbordo de contenedores construida usando material dragado del lecho marino, formando un canal de acceso y un área de giro de profundidad suficiente para permitir el acceso de los barcos más grandes actualmente en operación o en operación. La terminal estará ubicada en su totalidad en tierras ganadas al mar evitándose la adquisición o expropiación de tierras.

Beneficios e Impactos Económicos y Ambientales.
El proyecto propuesto contribuirá al desarrollo de la infraestructura de transportes y a la eficiencia de los puertos, además de generar miles de empleos dignos y bien remunerados durante las fases de construcción y operación, mejorando significativamente las condiciones socioeconómicas de una de las zonas más necesitadas del país.

AMEGA pagará un canon por la explotación de la concesión, el cual no podrá ser superior al 5% de los ingresos brutos generados por la concesión otorgada. Se estima un ingreso anual para JAPDEVA del 2% de los ingresos brutos del proyecto debido a un canon indicativo. Además, el proyecto proveerá otros beneficios económicos adicionales al potencial beneficio fiscal del proyecto, originado en el impuesto sobre la renta a una tasa del 30% sobre los ingresos netos.

Los factores socio ambientales que serían afectados serían el suelo y el subsuelo, la calidad del agua de mar y de los cuerpos superficiales de agua dulce, la calidad del agua subterránea, la flora y fauna terrestre y marinas, el aire y ciertos aspectos socioeconómicos (incluyendo fundamentalmente cambios en las condiciones sociales y de empleo, impactos sobre las condiciones del tráfico e impactos sobre el paisaje).

Plazo de la Concesión.
El proponente solicitó 50 años, lo cual será revisado durante la etapa de proposición.

Costo del Proyecto.
US$652 Millones.

Empresa o Consorcio Proponente.
Americas Gateway Development Corporation (AMEGA) Ltda.

Servicios
El concesionario prestará los servicios de trasbordo, esto es, de descarga de contenedores del barco a la costa, manejo, almacenamiento y clasificación de contenedores de carga de costa a barco, así como todos los servicios auxiliares para los barcos que arriben al MTA, tales como remolque, pilotaje, amarre, etc. Este proyecto no realizará movimientos de importación o exportación de carga al territorio Nacional.

Coordinador del Proyecto.
Gerencia del Programa de Iniciativa Privada, en conjunto con una unidad ejecutora definida por JAPDEVA.

Marco Legal
Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos- Ley No.7762, sus disposiciones reglamentarias y sus reformas; particularmente, el Reglamento General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos y sus reformas; sin perjuicio de la aplicación supletoria de otras disposiciones como la Ley de Contratación Administrativa y normas reglamentarias.

Situación Actual
El proponente ha desarrollado los estudios de prefactibilidad que sustentan razonablemente los aspectos técnico, legal, financiero y ambiental. JAPDEVA y CNC han externado su interés en que el proponente continúe con la elaboración de los estudios de factibilidad. SETENA ha emitido la respectiva aprobación ambiental preliminar, indicando los términos de referencia que deberán ser cubiertos con la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental.

Nos quitan el oro a cambio de espejismos…con la privatización de los puertos de Limón-Moín

Documentos OFICIALES del Gobierno

Existen dos aspectos trascendentales en ese cartel que merecen la atención de toda la ciudadanía:

1. Establece en el punto 11.7”estructura tarifaria” (página 117), que el aporte del concesionario para el Desarrollo socioeconómico de la provincia de Limón será de un 5% (cinco por ciento) de los ingresos brutos.

2. En el punto 9.1 “Servicios públicos a ser prestados por el concesionario” (pág. 109), constituye a la TCM (nueva Terminal de Contenedores de Moín)…”como la única encargada de atender barcos portacontenedores fully celular container ships destinados a la importación y exportación de carga hacia y desde Costa Rica”.

Este intento de rebajar tácitamente a 5% el aporte del 15% que percibe la población con la Administración de JAPDEVA, configura la mayor estafa que un gobierno ha infligido al pueblo limonense en toda su historia. Recordemos que el Gobierno Central ha prometido reiteradamente que lejos de disminuir el aporte se incrementaría. Es así como en el primer cartel publicado, efectivamente se estableció un 15 % de aporte al desarrollo socioeconómico, porcentaje que luego se redujo drásticamente en la última versión al 5 . Es importante considerar que mientras estos cambios se gestaban en perjuicio del desarrollo social, paralela y generosamente se incrementó la tarifa autorizada para el concesionario de $170/movimiento a $ 252/ movimiento, o sea casi un 50 de incremento. Y es que el daño es mayor a lo que parece, pues como se indica en el punto 2 anterior, se está generando un monopolio privado en la atención de barcos full contenedores, que además obliga a JAPDEVA a ceder aproximadamente un 40% de la carga que actualmente maneja en sus muelles, lo que significaría una reducción del 60 % de los ingresos de la Institución, disminución que se reflejará en los aportes que da al desarrollo regional. Esto lo que genera es una competencia desleal en contra de una Institución del Estado.

Lo anterior es una burla al Estado de Derecho y la violación del Derecho al Desarrollo Humano de todos los residentes de la Provincia de Limón quienes seguiremos condenados perennemente al sub-desarrollo humano y a la pobreza debido a decisiones burocráticas amañadas.
Creada mediante Ley Nº 3091 de 18 de febrero de 1963, y reformada en Ley Nº.5337 de 9 de agosto de 1973, JAPDEVA es el ente Autónomo del Estado con carácter de Empresa de utilidad pública que asume las prerrogativas y funciones de Autoridad Portuaria.

En virtud de dicha ley compete solo a JAPDEVA construir, administrar, conservar y operar los puertos existentes. Lamentablemente esta institución está siendo inmolada con inadecuadas e incoherentes decisiones políticas.

Acorde con su Ley creadora JAPDEVA debe cumplir también una función de ente propulsor del desarrollo de la provincia de Limón, a través de la inversión en obras de interés comunal e infraestructura al servicio de los habitantes de esta región. En las comunidades caribeñas existen economías formales e informales esenciales, que giran en torno a las actividades de JAPDEVA, las cuales se verán seriamente afectadas en la eventual concesión, con repercusiones ruinosas desde el punto de vista socio-económico.

Durante muchísimos años JAPDEVA ha asumido el rol que le corresponde al Gobierno en la provincia caribeña, destacándose en materia de infraestructura y apoyo a los pequeños productores de la región, así como en la construcción de escuelas, iglesias, fomento del turismo, mantenimiento de los canales del norte, instalaciones deportivas, atención de emergencias, etc.

A pesar de ese 15 % sobre los ingresos de la Institución que se invierten actualmente en Desarrollo, los cuales han rondado los ¢ 5.000 millones en los últimos años, los políticos que la administran no han logrado mitigar los indicadores sociales que señalan que una tercera parte de los hogares de la provincia de Limón están en la franja de pobreza muchos más que en el resto del país.

El distrito central de Limón donde se ubican los puertos, es el segundo a nivel nacional con mayor concentración de familias pobres, —más de 5.000—, solo superada por Pavas en San José.

El Poder Ejecutivo tampoco ha empleado eficientemente los recursos para disminuir el desempleo que supera el promedio nacional, ni para atender la seguridad ciudadana y la vulnerabilidad infantil, que en Limón presentan los peores índices de Costa Rica. El impacto de la pobreza repercute en el acceso a la salud y el acceso a la educación, reflejándose en el Cantón de Talamanca, con el índice de desarrollo humano más bajo de toda Costa Rica- (PNUD, Atlas de Desarrollo Humano Cantonal Costa Rica, 2007).

Por lo dicho, resulta abusivo el trueque pactado entre el gobierno y los trabajadores de JAPDEVA, de pagar $137 millones de dólares a cambio de permitir la concesión. Es obvio que cuando ese dinero se acabe tendremos que tolerar a 1.500 nuevas familias engrosando las estadísticas de deterioro socioeconómico, mientras los muelles construidos con el dinero de todos los costarricenses estarán produciendo enormes ganancias para el disfrute de unos pocos empresarios favorecidos.

* Miembro del Equipo de Gestión local para el Desarrollo Humano en Limón.


Fuente: Boletín Conciencia Limonense

Peligros de la moratoria a la minería de oro firmada el 8 de mayo

Existen, sin embargo, dos elementos clave que no deben ser obviados en medio del júbilo de la firma y promulgación del decreto, y que, por el contrario, deben ser objeto de un análisis pausado y frío, con adecuado criterio científico:

El primer elemento que llama la atención, es que pocos días antes del cambio de poder y habiendo anunciado doña Laura, que iba a emitir un decreto de moratoria, la administración Arias firmara un decreto de moratoria a la minería de oro. Administración que había levantado una moratoria indefinida que regía desde el 2002 (Decreto No. 34492-MINAE, 18 de marzo del 2008), y que había otorgado la concesión de explotación minera para el proyecto Crucitas, (Resolución R-217-MINAE 21 de abril 2008) y también la que había declarado de interés público y conveniencia nacional dicho proyecto (Decreto No. 34801-MINAET, 13 de octubre del 2008).

Ese decreto que deja firmado el ahora ex–Presidente Arias, declara la moratoria únicamente a la minería de oro a cielo abierto, dejando por fuera la minería de oro de tipo subterráneo, la de placer, que es aquella que no usa cianuro ni mercurio, sino que extrae el oro de los sedimentos de los ríos, y otros tipos de minería metálica. Además, incluye una extraña frase: “Todo derecho adquirido antes de la publicación del presente decreto será respetado”, sin que aclare qué tipo de derecho y obtenido bajo qué forma, lo cual en los términos del Código de Minería actual, puede resultar contradictorio desde el punto de vista técnico y legal.
El segundo elemento, se refiere al decreto de modificación que firmó doña Laura, para el cual hay varias observaciones importantes:

a. Se amplía la moratoria dictada por la Administración Arias para que alcance también a la minería metálica de oro de tipo subterráneo, y se limita a la minería de oro que usa cianuro y mercurio.

b. Se deja por fuera la minería de oro de placer, la cual representa un potencial peligro para la Península de Osa donde este tipo de minería podría darse.

c. No declara moratoria al resto de la minería metálica, como la de plata, aluminio, cobre, plomo, cromo, níquel, manganeso o uranio, de las cuales el país, por sus condiciones geológicas, podría tener potencial. No se debe olvidar el comunicado del Colegio de Geólogos de Costa Rica a la Asamblea Legislativa, de marzo pasado, sobre el texto sustitutivo al Código de Minería en la que señala el potencial minero del país. Con el decreto tal y como está redactado, las empresas mineras podrán seguir solicitando permisos de exploración y hasta concesiones de explotación minera metálica para otros metales que no sean oro. Es claro que hay una inconsistencia, dado que este tipo de minería es igual o más impactante que la minería de oro.

d. Se mantiene la redacción que utilizó el decreto de moratoria de don Abel Pacheco en el 2002, y que a todas luces no funcionó con la Administración Arias, señalando que se declara la moratoria de forma “indefinida”. Ante esto, lo más recomendable es ser consistente con la meta, y señalar que la moratoria se mantiene hasta tanto no se haga una revisión integral del Código de Minería y, basada en una evaluación de costo – beneficio ambiental de la minería metálica para el país, se tome una decisión nacional y definitiva sobre dicha actividad.

e. Finalmente, al mantener la frase “Todo derecho adquirido antes de la publicación del presente decreto será respetado”, sin que se aclare cuáles derechos y de qué forman son obtenidos, se corre el riesgo de que muchos de los casi 40 expedientes de minería metálica, 15 de ellos de la misma minera de Crucitas, Industrias Infinito S.A., y otros 3 en territorios indígenas, hagan lo mismo que sucedió en el año 2003 y reclamen, basado en una redacción confusa del Código de Minería actual, que ya tienen derechos adquiridos y por tanto que debe permitírseles continuar con los trámites de exploración y explotación minera. Mucho pudo haber pasado durante casi 23 meses en que duró el levantamiento de la moratoria a la minería metálica, decretado por la Administración Arias.

Como se ha expuesto, el decreto de moratoria firmado por la señora presidenta deja abiertas muchas puertas para que la minería metálica pueda seguir dándose en el país, lo cual pareciera contradecir su compromiso de prohibir la minería mediante un decreto de moratoria.
En esta perspectiva, resulta oportuno establecer directrices hacia un futuro no lejano, en el cual la demanda de metales preciosos por las grandes transnacionales, pongan su mirada en los valiosos recursos del suelo y subsuelo marino, donde nuestro país tiene enormes reservas coincidentes con áreas estratégicas de reproducción y variedad de especies.

Ante esto, nos permitimos hacer un llamado vehemente a las nuevas autoridades para replantear el decreto firmado el 8 de mayo, con base en fundamentos más jurídicos, técnicos y científicos, de manera tal que se cierre en forma firme y decida la probabilidad de que la actividad minera metálica pueda desarrollarse en el país en las condiciones actuales.
Con mucho respeto someteríamos una propuesta de decreto que podría ser una base de discusión y análisis en aras de mejorar el decreto de moratoria minera en el país.

GRUPO LLAMADO URGENTE POR EL PAÍS
http://llamadourgenteporelpais. blogspot.com

1. Dr. Rafael Arce Mesén, Geógrafo, Docente-Investigador, UCR
2. M.Sc. Mario Arias Salguero, Hidrogeólogo, CIG, UCR
3. Dr. Allan Astorga, Geólogo, UCR
4. M.Sc. Javier Baltodano Aragón, Biólogo, Coeco Ceiba
5. Dr. Nicolas Boeglin, profesor, Facultad de Derecho, UCR
6. M.Sc. Rolando Castro, Abogado, CEDARENA
7. M.Sc. Olga Corrales, Abogada
8. Lic. Gabriela Cuadrado, Abogada, CEDARENA
9. M.Sc. Vanessa Dubois, Gestión Ambiental, FANCA/FUDEU
10. Dr. Rafael González Ballar, Abogado, Facultad de Derecho, UCR
11. M.Sc. Raúl Guevara, Abogado
12. Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, Biólogo, Escuela Biología, UCR
13. Dr. Jorge Lobo Segura, Biólogo, Escuela Biología, UCR
14. M.Sc. Oscar Lucke, Geógrafo, Escuela de Geografía, UCR
15. Lic. Patricia Madrigal, Abogada, CoopeSolidar
16. M.Sc. Jorge Mora Portuguez, Abogado, FANCA/FUDEU
17. Dr. Eduard Muller, Rector, UCI
18. M.Sc. Mario Peña Chacón, Abogado, Facultad de Derecho, UCR
19. Dr. Carlos Quesada Mateo, Ingeniero Civil, CCT
20. Dr. Guillermo Quirós, Oceanógrafo, UNA
21. M.Sc. Alvaro Sagot Rodríguez, Abogado, UNA
22. M.Sc. Vivienne Solís Rivera, Bióloga, CoopeSolidar
23. M.Sc. Luis Carlos Vargas Fallas, especialista en aguas
24. M.Sc. Luis Villalobos, Médico Salubrista, Investigador, UCR

Miramar en crisis por recurso hídrico y el caso piñero

Pasar hasta 12 horas sin agua, es algo común desde marzo pasado para habitantes de la comunidad de Miramar de Puntarenas, quienes en algunos casos atribuyen la carestía a problemas en la distribución municipal del líquido, y otros lo ven como una consecuencia de los cambios en las fuentes, que se dieron como producto de la operación de la mina de oro a cielo abierto Bellavista.

Sea cual sea la verdadera razón del problema, las personas de los barrios que ocupan la parte más alta de esta localidad, son los que sufren con mayor rigor la ausencia del necesario líquido en sus viviendas.
Guillermo Alfaro Ugalde, vecino del barrio El Guapinol, narró que es común que el agua falte de 8 de la mañana a 8 de la noche, por lo que cuando hay tienen que guardarla en ollas y cualquier otro recipiente disponible.

Alfaro Ugalde opina que los problemas de abastecimiento se originaron con los cambios de fuentes de agua que se dieron con la operación de la mina, pues antes de eso no había tanto faltante.

Su vecina y dueña del abastecedor El Higuerón, Dary Carmona Vindas, recordó que desde enero pasado el agua en Miramar “la sectorean”; es decir, la Municipalidad hace racionamientos por sectores, por lo que es frecuente que la corten a las 7:30 de la mañana y todavía a las 11 de la noche no haya retornado.

Sin embargo, la comerciante atribuye la escasez a una mala captación en sus fuentes en las partes altas, en donde posee una finca y allí sí hay agua e incluso se desborda de los tanques que la captan.

Carmona Vindas desestimó que las modificaciones de fuentes hechas por la mina Bellavista, hayan provocado el insuficiente abastecimiento, pues la fuente La Vega que sustituyó a otras dos cerradas (Montezuma I y II) aporta ahora más agua al acueducto.

Mientras tanto, Zelmira Suárez Anchía, del barrio Los Jocotes, tampoco tiene una idea precisa de por qué falta el líquido todos los días, con excepción de los domingos y desde principios de año.

Ninguna de estas personas tenía una explicación por parte el ayuntamiento, ya sea porque alegan dificultades para poder reunirse con el alcalde Álvaro Jiménez, o porque por diversas razones no han querido hacer valer sus derechos como contribuyentes.

Por otra parte, lugareños como Sonia Torres –del Comité Ambiental de Miramar- y Julio Müller –de la agrupación Miramar al Grano- no dudan en señalar que el responsable de la escasez de agua es el proyecto minero Bellavista –paralizado desde el 2007- junto con el acelerado desarrollo de proyectos inmobiliarios.

Por el contrario, el alcalde Álvaro Jiménez rechaza que la mina sea la causante de la escasez del agua, y más bien afirmó que “la crisis se nos vino por la sequía mundial”.

¿LOS EFECTOS DE LA MINA?

Cabe recordar que al igual que en la actualidad la minería a cielo abierto en Crucitas es cuestionada la operación de la mina Bellavista sobre la cuenca del río Ciruelas enfrentó férrea oposición de algunos sectores de Miramar, sobre todo ante el eventual riesgo de contaminación por cianuro de las fuentes de agua.

A pesar de que la empresa minera canadiense Glencairn Corp. había ofrecido trabajar con las tecnologías más modernas y había asegurado contundentemente que usarían geomembranas irrompibles para evitar que la contaminación de los suelos llegara a las fuentes de agua, el tiempo se encargó de demostrar que eso no era cierto.

En octubre del 2007, las fuertes lluvias socavaron las terrazas construidas para la explotación aurífera y los deslizamientos terminaron por romper la geomembrana y destruir varias edificaciones y equipos de los planteles.
Al final, la empresa cerró sus operaciones y se marchó del país. En la actualidad, aquel proyecto minero está en manos de otra firma canadiense: B2 Gold, que según su página en Internet lleva a cabo una “fase 2” y una auditoría ambiental de cierre de ese complejo, aunque la compañía realiza investigaciones tendientes a una reapertura, con utilización de diferentes tecnologías mineras.

Como una muestra de que la crisis por el agua en Miramar se ha acentuado, Sonia Torres recordó que en este año ninguno de los tanques de captación que comprende el acueducto mostró rebalse; esto ocurre cuando los depósitos se llenan en algún momento y por lo tanto el agua se desborda. A la gente le han vendido la idea de que el problema es de distribución, pero también hay crisis porque no hay suficiente agua, acotó.

Al profundizar acerca de las limitaciones del líquido que enfrentan en la comunidad, la ambientalista enumeró las que a su parecer son las principales causas: malos cálculos a la hora de proyectar el crecimiento de la población, la sequía, la deforestación, y la desconexión –por la operación de la mina- de dos fuentes que abastecían al pueblo desde 1957. Torres precisó que las fuentes Montezuma I y II fueron desconectadas ante el riesgo de que la mina Bellavista las contaminara con cianuro; estas últimas eran muy estables, ya fuera en la época de lluvias o en el verano.

En su lugar, la empresa minera construyó una tubería desde la fuente bajo su concesión La Vega, que en teoría iba a aportar 20 litros por segundo y que al final solo surtió 2 litros por segundo.

“Ese es uno de los malos negocios que hizo el Alcalde y el Concejo Municipal, porque no fueron vigilantes de que los acuerdos tomados con la empresa minera se respetaran”, cuestionó Torres.

Otro factor que en su opinión incide en la carestía del agua y que es respaldado por Julio Müller, es la aprobación de diversos proyectos habitacionales, tanto de interés social como desarrollos inmobiliarios.
Según lo expone Müller en un volante de Miramar al Grano: “Me preocupa que alrededor de Miramar se ofrecen más de 1500 propiedades en el mercado inmobiliario. Son fincas filiales en lujosos proyectos turístico-habitacionales”.

Para él, a la fuente La Vega se le atribuyó un alto caudal, con el fin de justificar la desconexión de las fuentes Montezuma I y II, y en la actualidad se usa ese supuesto alto volumen de agua para darle viabilidad a la conexión de las nuevas urbanizaciones.

Con miras a enfrentar mejor los problemas de abastecimiento, Müller propone encargar a ingenieros de universidades estatales que midan los caudales de las fuentes, decretar una moratoria en el suministro a nuevos proyectos, y someter a consideración de la comunidad un plan regulador.
Sonia Torres avaló la necesidad de que instancias externas de la comunidad les ayuden a determinar no solo la cantidad de agua disponible con miras a una mejor planificación de su uso, sino también la calidad, dado que no se sabe si está contaminada por elementos químicos provenientes de la mina.

En este sentido, la coordinadora del Programa Institucional de Gestión Ambiental Integral (Pro-GAI) de la Universidad de Costa Rica (UCR), Yamileth Astorga, dijo que el pasado 10 de abril recibió una solicitud planteada por vecinos de Miramar, en la cual solicitaban colaboración para hacer un aforo de las fuentes de agua.

Astorga se comprometió a gestionar la ayuda técnica que permita atender la necesidad de dicha población y alegó que no disponen de recursos humanos ni materiales para hacer una evaluación de la calidad de esas aguas.

“SEQUÍA MUNDIAL”

Al referirse a la problemática del agua en su comunidad, el alcalde Álvaro Jiménez aseveró que “la crisis se nos vino justamente por la sequía mundial, nosotros no nos escapamos de la situación que vive el mundo en materia de abastecimiento de este preciado líquido”.

De acuerdo con Jiménez, “lo que hemos hecho en estos días es sectorear el agua, especialmente en los días más críticos –después de semana santa y hasta finales de abril-pedimos que no regaran las plazas de deportes, y fuimos a hacer conciencia en las escuelas y colegios, para que no hubiera desperdicio”.

Desde el año 2003 que ocupa el cargo de alcalde, nunca habían tenido una crisis de agua como la de este año, que duró no más que unos 22 días, aseguró.

Para que no se repita la situación el próximo año, anunció que construyeron un tanque de almacenamiento de 500 metros cúbicos para Miramar y dos más para otras comunidades.

Sumado a lo anterior, hacen gestiones ante los organismos respectivos, para que le den a la Municipalidad algunas concesiones más de agua, tendientes a atender la demanda.

Jiménez negó que el ayuntamiento haya dado más permisos para nuevos desarrollos inmobiliarios. “Más bien hemos sido vigilantes, cuidadosos, de que cuando llega un empresario, lo primero que le hemos dicho es aquí hay problemas con el agua y la municipalidad es la que la administra. Vamos a continuar siendo absolutamente celosos y vigilantes en este sentido”.

El funcionario descartó tajantemente que la mina Bellavista haya provocado impactos sobre las fuentes de agua que abastecen a Miramar, en vista de que “toda la actividad minera estaba muy por debajo de las nacientes. Entonces, lo que nos dicen los técnicos es que no es posible que la actividad minera afectara el abastecimiento”.

**Respecto de la fuente La Vega, sostiene que la empresa minera aporta la totalidad de los 20 litros por segundo que produce al acueducto municipal y no se deja nada para su uso.

De igual manera, garantizó que hay “permanentes” evaluaciones de la calidad del agua, por parte de esa municipalidad, de la empresa minera, de Acueductos y Alcantarillas, y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.

VISITE BLOG MIRAMAR AL GRANO
http://riesgodegoldenhills.blogspot.com

VISITE CRONICA FOTOGRÁFICA DE COLAPSO MINERO EN COSTA RICA
http://picasaweb.google.de/hundevonjinotepe/MinaBellavistaCrNicaDeUnColapso20062007

* Miramar de Puntarenas
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PLANTACIONES DE PIÑA INVADEN EL PACIFICO CENTRAL DE COSTA RICA

Sonia Torres

Las empresas piñeras, una vez entrados en operación mecanismos, instrumentos e incentivos que apoyan el modelo agroexportador dentro del marco del TLC, se han establecido fácilmente en el Pacífico Central, convirtiéndose en la principal fuente de trabajo en zonas marginales de Puntarenas.

Documento completo en ARCHIVOS ADJUNTOS en la columna derecha.

Piden explicaciones a la presidenta Chinchilla por la represión policial

En el documento entregado a la Presidenta Chinchilla por las organizaciones sociales y sindicales; se hace un recuento de los 5 hechos de mayor violencia policial contra protestas pacíficas de civiles desarmados, ocurridas entre el 12 de abril, cuando agentes de la policía judicial invadieron sorpresivamente el campus Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica y la emprendieron a golpes contra estudiantes, profesores y funcionarios hasta la represión de la protesta estudiantil de los alumnos del Liceo Vargas Calvo, en donde policías antimotines fuertemente apertrechados reprimieron a los adolescentes, el 13 de mayo. “No deseamos ver a Costa Rica sumida en un clima de intolerancia y represión contra quienes defienden lo que consideran que contribuye a crear una sociedad justa, equitativa y respetuosa de los derechos de la humanidad y la naturaleza” dice el documento de las organizaciones que defienden el derecho al disenso y a la protesta pública.

“No queremos un país donde la disidencia política y el pensamiento crítico, sean perseguidos mediante la violencia policial, ni desacreditados por las fuerzas del Gobierno”, agregan las organizaciones de la sociedad civil firmantes del documento.

El texto completo del documento es el siguiente.

“Organizaciones sociales y sindicales piden explicaciones a la Presidenta Chinchilla por la represión policial contra protestas sociales”.

“Las organizaciones sociales y sindicales abajo firmantes, solicitamos explicaciones a la Presidenta de la República Laura Chinchilla Miranda, ante la creciente represión policial contra las protestas sociales experimentada desde hace varias semanas”.

“Algunos de los eventos que citamos en este escrito ocurrieron en la administración Arias, sin embargo, la actuación de violencia creciente por parte de la policía evidencia su transformación en un ente represivo y militarizado. La ocurrencia de estos hechos en un plazo tan corto, muestra la configuración de una política represora de parte de ambos gobiernos, que debe detenerse de inmediato”.

“Algunos de los eventos que citamos en este escrito ocurrieron en la administración Arias, sin embargo, la actuación de violencia creciente por parte de la policía evidencia su transformación en un ente represivo y militarizado. La ocurrencia de estos hechos en un plazo tan corto, muestra la configuración de una política represora de parte de ambos gobiernos, que debe detenerse de inmediato”.

“Hechos sobre los que deseamos explicaciones: – La represión sufrida por el estudiantado de la Universidad de Costa Rica el 12 de abril del presente año, cuando defendían la autonomía universitaria que protege la producción de ciencia y pensamiento libre ante la intromisión de agentes del OIJ. La represión física ejecutada dentro de la Universidad incluyó personas heridas, arrestadas y golpeadas”.

“- La manera violenta en que la Fuerza Pública disolvió una protesta en Limón el día 29 de abril, cuando diversos grupos se manifestaban contra la privatización de los puertos del Caribe, el intervencionismo del gobierno en los sindicatos y el proyecto de Ley de Empleo Público. En dicha ocasión, la policía actuó de forma provocadora y arrestó a una veintena de personas solamente por estar protestando”.

“- La grave represión sufrida durante los actos del Traspaso de Poderes, donde un grupo de personas hacían uso de sus derechos al libre tránsito y a la libre expresión. En La Sabana un cordón policial cerró el paso. Varios de los policías echaron sus caballos contra los manifestantes, desatándose un desorden que facilitó la captura injustificada de aproximadamente una decena de muchachos y la agresión contra personas indefensas, que inclusive fueron pisoteadas por caballos”.

“Se cuenta con abundante prueba documental tanto por filmaciones de la policía como de las personas manifestantes. Ante esta situación, la escritora Julieta Dobles, la abogada Jeannette Román y el periodista Héctor Ferlini Salazar, presentes en el lugar, dialogaron con los jefes policiales señalándoles que no había razón para el proceder policial de tirar los caballos contra la marcha y que debían liberar a los detenidos. Los jefes policiales Rivera y Ching se negaron. En ese marco una mujer policía se refirió despectivamente diciendo “esos son los de Ciencias Sociales”.

“- La violación del derecho a la libre expresión. El mismo 8 de mayo un grupo de personas distribuían volantes en la Avenida Central de San José. Ha circulado por Internet una denuncia con gran cantidad de fotos en la cual se indica que los volantes fueron decomisados por un contingente policial. Además, se intimidó al grupo manifestante al ser rodeado por agentes de la GAO armados con subametralladoras”.

“- La forma violenta en que la policía disolvió una manifestación de estudiantes del Liceo Vargas Calvo el 13 de mayo de 2010. En esa ocasión, se empleó a la policía antimotines contra un grupo de menores de edad que protestaban por una medida tomada por el director del colegio”.

“Ante estos hechos preguntamos a la Presidenta Laura Chinchilla Miranda lo siguiente:

1. ¿Está usted de acuerdo con que una manifestación pacífica sea reprimida por la policía, causando golpes, heridas graves e incluso pérdida de conciencia a las personas que ejercen el libre derecho a manifestarse como ocurrió el 8 de mayo?”.

2. Si ese día la orden superior era impedir el libre tránsito y la libre expresión de estas personas durante el Traspaso de Poderes, ¿por qué los efectivos de Seguridad no se mantuvieron en el cordón policial sin necesidad de perseguir a caballo a las y los jóvenes? ¿Por qué se lanzó la policía contra personas desarmadas e indefensas?”

3. ¿Está usted de acuerdo, en su doble calidad de Presidenta y de Coordinadora del recién creado Comité Consultivo en Seguridad, con el decomiso de volantes con contenido social o político que son distribuidos en la vía pública?”

4. ¿Está formándose a las y a los policías con conceptos ideologizados y sesgados, contra quienes disienten del sistema político, económico y social establecido?”

5. ¿Va a formar parte su gobierno de las campañas ideológicas y represivas culturales, junto a otros sectores, como es el caso de medios informativos que desacreditan con calificativos peyorativos la protesta social, o como es también el caso de una periodista de un telenoticiario que descalificó al grupo de manifestantes del 8 de mayo sugiriendo que mejor hubiesen ido a la “feria del agricultor o a pasear con sus familias” antes de marchar?”

“Agradeceremos una respuesta pública clara para las 5 preguntas, sin ninguna evasiva. El país necesita respuestas claras”.

“No deseamos ver a Costa Rica sumida en un clima de intolerancia y represión contra quienes defienden lo que consideran que contribuye a crear una sociedad justa, equitativa y respetuosa de los derechos de la humanidad y la naturaleza. No queremos un país donde la disidencia política y el pensamiento crítico, sean perseguidos mediante la violencia policial, ni desacreditados por las fuerzas del Gobierno”.

Atentamente,

Organizaciones firmantes en orden alfabético:
1. Asociación Conservacionista YISKI
2. Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
3. Asociación Programas Sociales de Dominical
4. Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía,
(ASDEICE)
5. CB Yamileth López-Costa Rica
6. Comité Ambiental de Miramar
7. Comité Patriótico Sabanilla/Cedros
8. Comité Patriótico Zarcereño
9. Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), referente nacional de la
Coordinadora Sindical de América Central y del Caribe (CSACC)
10. Confraternidad Guanacasteca
11. Escuela Popular Pablo Presbere
12. Foro Ecuménico para El Desarrollo Alternativo de Guanacaste (FEDEAGUA)
13. Frente Nacional de Comunidades Costeras
14. Frente Patriótico Distrital de Piedades Sur
15. Grupo Ambientalista Tivives
16. hormigueros1856
17. Movimiento Alternativa de Izquierdas (MAIZ)
18. Movimiento Patriótico de Occidente
19. Movimiento Patriótico Juanito Mora de Pasoancho-San Sebastián
20. Movimiento Patriótico Ramonense
21. Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC)
22. Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP)
23. Sindicato Unión de Profesionales, Técnicos y Similares del Banco Popular
(UNPROBANPO)
Las firmas continúan…

Fuente: http://informa-tico.com

SINTRAJAP recibe solidaridad mundial

La alternativa Cumbre de los Pueblos que comenzó en Madrid el día de ayer 13 de mayo, alarmada ante la grave y sistemática agresión que sufre SINTRAJAP, Sindicato que agrupa a trabajadores de los muelles del Caribe costarricense; decidió incluir el tema en su agenda e invitar al dirigente José Luis Castillo como un gesto de solidaridad.

La medida se toma en respuesta a la imposición de una estrategia de corte neoliberal que pretende destruir el sindicato e imponer, por la vía de la “homologación”, un remedo de Convención Colectiva favorable a los designios privatizadores, en vez de afianzar las garantias sociales de los trabajadores de los muelles.

Esa estrategia diseñada durante el mandato de Oscar Arias Sánchez, lleva un sello de corte neoliberal que conduce al despido masivo, la pérdida de derechos adquiridos y sobre todo una gran inestabilidad laboral.

Por otro lado, la recien nombrada ministra de Trabajo, Sandra Pisk, no ha dado señales de cambio en la posición del gobierno de Laura Chinchilla.
Las repercusiones de esta estrategia trascienden a SINTRAJAP, ya que afectan en conjuto a todo el movimiento sindical, sobre todo en materia de respeto al derecho de libre organización en sindicatos, tanto en el sector privado como estatal.

Claro rechazo

En la convocatoria a la Cumbre de los pueblos se reafirma que su objetivo es el rechazo a las políticas neoliberales, en especial a los acuerdos de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y América Latina, que la próxima semana celebran su cumbre bianual en esta capital.

Paralelo a cumbre de gobiernos

Este foro alternativo se celebra en paralelo a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe y está previsto que el domingo se produzca ya un encuentro con “presidentes progresistas” latinoamericanos. También ese día habrá una manifestación “Contra la Europa del capital”, que partirá de la Plaza de Cibeles y acabará en la Puerta del Sol.

Prioridades

Durante la Cumbre se reunirá el Tribunal Permanente de los Pueblos para “denunciar públicamente los crímenes cometidos por las empresas transnacionales europeas y sus impactos en los pueblos de Latinoamérica”.

En su cuarta edición, la Cumbre de los Pueblos hará especial hincapié en la problemática de Honduras, por el golpe de Estado del año pasado; de Haití, devastado por un terremoto en enero pasado, y del pueblo griego, “como símbolo de la voz popular que se está levantando en contra las políticas neoliberales”.

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Fuente: uniglobalunion.org

Visita: www.anep.cr con información diversa y videos sobre la problemática de JAPDEVA

¿US$ 9.000 mensuales? ¡Viva la pepa!

En lugar de los 2.5 millones de colones mensuales, cobraremos 4.5 millones al mes. ¡No hemos ni empezado a trabajar, pero es claro que sí lo merecemos! ¡No es posible que la Contralora gane más que nosotros, carajo! Ni tampoco el gerente del Citibank. ¡Hay que darse a respetar, sí señor! Y sin sonrojarse, nuestros padres y madres de la patria se hicieron el aumento. ¡Que paguen los contribuyentes!, se dijeron a sí mismos en los pasillos y en la cafetería de Cuesta de Moras. Además, ¡la elección ya pasó y no necesitamos los votos de nadie!

Y también dijeron en la cafetería de Cuesta de Moras: ¡al diablo con el Decreto Nº 35665-MTSS 2010 de salarios mínimos! Allá los pobres trabajadores con sus penurias. No nos importa que el salario de un jornalero sean 206.000 colones al mes. Que se jodan ellos al sol. De por sí, se trata de un vulgar trabajo manual, dijo alguno por allí. Ese Decreto mejor no lo toquemos, que ya ganan lo suficiente, dijo otro. No importa que un obrero de construcción gane 207.045. El pegar ladrillos no tiene ningún arte. No es problema que un trabajador semi-calificado gane 221.949, o que un calificado gane 233.518. O que una empleada doméstica gane 140.000 al mes. En nuestro caso es distinto, ¡nosotros no trabajamos con las manos ni lavamos ropa! A ver si todo el mundo entiende! Nosotros, los diputados, ¡usamos el cerebro y guiamos los altos destinos de la patria! Así decían en Cuesta de Moras alguna tarde de mayo del 2010.

¡Qué un técnico de educación superior gane 309.993 y un maestro de escuela rural se redondee 420,000 colones, a duras penas, tampoco es un problema serio! De por sí, ¡su única responsabilidad es tratar con mocosos! ¿Qué los mocosos son el futuro de la patria? Ajá. Eso es un cuento chino, dijo un diputado. ¡Ya estamos nosotros para dirigir la patria! ¡Ya estamos nosotros para corregir la patria! espetó, entusiasmada, otra diputada.

Y así iba la Costa Rica del año 2010, consignaron décadas después los libros de historia. Y también consignaron que a los jueces y magistrados todos, muy calladitos, les pareció bien aquel aumento y lo bendijeron, y no encontraron nada de inequitativo con el resto de salarios de los trabajadores del Estado. Porque (hay momentos en la vida, decían algunos de esos jueces, en que es mejor no hacer olas) sobre todo si también están en juego los aumentos del Poder Judicial. Y también contaban los libros de historia que los periodistas encontraban todo muy bien en derredor y andaban muy entretenidos con la Virgen de los Ángeles y la nueva presidenta. Y que, de repente, ¡todos inauguraron un nuevo estadio de futbol chino!

Fuente: Diario Extra, Lunes 17 de mayo de 2010

Acusados penalmente los hermanos Arias Sánchez

El pasado lunes 10 de mayo de 2010, fue presentada en la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José, una denuncia penal contra los hermanos Oscar y Rodrigo Arias Sánchez; contra el Exministro de Trabajo y Seguridad Social, Álvaro González Alfaro; así como en contra de los actuales jerarcas, Marco Antonio Vargas Díaz, Ministro de la Presidencia, y Francisco Jiménez Reyes, Ministro de Obras Públicas y Transportes; aunque en estos dos últimos casos la acusación está relacionada con los cargos que ostentaban, respectivamente hablando, Ministro de Coordinación Institucional y Presidente Ejecutivo de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económica de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA).

Efectivamente, los demandantes consideran que, eventualmente, la llamada “indemnización” ofrecida a las actuales personas trabajadoras de JAPDEVA, por un total de 137 millones de dólares (80 mil millones de colones), a cambio de que se acepte la privatización, vía concesión, de los muelles de Limón y de Moín, podría constituir un acto corrupto al violentarse la siguiente legislación:

Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, Ley No. 8422; con presunta violación de los artículos 52, 56, 57, 58, 64 (artículos 345, 354 y 356 del Código Penal, reformados);

Ley General de la Administración Pública, Ley No. 6227; con presunta violación del artículo 199, incisos 1 y 2;

Reglamento a la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, No. 32333; por presunta violación al artículo 1, inciso 5, los puntos a), b) y e);

Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, No. 8131; por presunta violación a los artículos 110, incisos d) y h); así como los artículos 115 y 116.

Al presuntamente violentarse la mencionada legislación, podría haberse incurrido en delitos como tráfico de influencias, reconocimiento ilegal de beneficios laborales, influencia en contra de la Hacienda Pública, penalidad del corruptor, malversación, entre otros.

El pasado martes 11 de mayo, a las 2 de la tarde y en su despacho, el Lic. Francisco Dall’Anesse Ruiz recibió, en sus propias manos, copia del recibido de la demanda, pudiéndose explicarle, con más detalles, las motivaciones, los alcances y los fundamentos de la misma.

Firman la demanda los señores Luis Ángel Serrano Estrada, Francisco Aguilar García y Albino Vargas Barrantes, todos pertenecientes a la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP); demanda que fue formulada, intelectualmente hablando, por el Lic. Geovanny Hernández Mora

De prosperar la demanda en cuanto a su admisión, podría abrirse paso para presentación de nuevas acusaciones, específicamente por prevaricato (dictar resoluciones contrarias a la ley), en contra de otros funcionarios de la cartera de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que en el caso del “Golpe de Estado “ a la legítima junta directiva del sindicato SINTRAJAP, estuvieron dictando resoluciones ilegales.

Vea texto completo de la demanda en www.anep.or.cr

San José, 13 de mayo de 2010.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

¡TERMINO LA HUELGA!

¡¡DE ULTIMO MOMENTO!!

La huelga que por 6 días y medio mantuvieron trabajadores y trabajadoras en defensa de su convención colectiva, terminó esta mañana luego de varias horas de negociaciones entre representantes del Gobierno y la ANEP.

La negociación se centró sobre el tope de cesantía que se establece en la Convención Colectiva de Trabajo de la Imprenta Nacional, cuya tramitación original tuvo gravísimos vicios de procedimiento imputables al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, MTSS, sin embargo el tope quedó establecido en 20 años.

En la renegociación de la Convención las partes involucradas, trabajadores y gobierno, acordaron bajar de 20 a 12 años ese tope para corregir tal error. El Ministerio de Hacienda vetó este arreglo en las últimas horas del Gobierno anterior.

Trabajadores y sindicato habían demostrado una clara actitud de flexibilidad al acceder bajar el tope de 20 a 12 años, pero ya no aceptarían bajar aún más. Esta situación provocó la huelga que justamente terminó este medio día, 13 de mayo de 2010, tras varias horas de negociaciones.

¿Cómo quedó?

Según manifestó Mauricio Castro Méndez, asesor jurídico de ANEP, “la negociación no fue fácil, pero había disposición de ambas partes para llegar a un arreglo.”

“Finalmente el gobierno acepta no modificar el tope de cesantía, queda en 20 años como estaba y se conforma una Comisión que entrará a resolver este tema en un térmiono de quince días.

No habrán represalias hacia las personas que estuvieron en huelga (98%) y no se harán reducciones de salario por la misma.

Por parte de los trabajadores, estos se comprometen a acelerar el trabajo acumulado, trabajar el tiempo que sea necesario para normalizar todo el proceso y lograr salir con el Diario La Gaceta mañana mismo.”, dijo el Asesor Legal de ANEP.

Según Castro Méndez el acuerdo fue aprobado por los y las trabajadoras en Asamblea General y se iniciará la renegociación sobre la Convención Colectiva de inmediato.

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Huelga en la Imprenta Nacional

La huelga que trabajadores y trabajadoras de la Imprenta Nacional iniciaron el pasado miércoles 5 de mayo, continúa por cuarto día consecutivo a la espera de que las autoridades gubernamentales decidan negociar y solucionar el conflicto.

El movimiento nace a raíz de que la negociación de la Convención Colectiva de Trabajo encontró la oposición y el veto por parte del Ministerio de Hacienda sobre el artículo relacionado al pago de cesantía. Esto pese a que los ministerios de la Presidencia y de Trabajo y Seguridad Social avalaron el artículo incluido en la más reciente renegociación de la Convención Colectiva de Trabajo vigente en la institución.

Cerca del 98% del personal se encuentra en huelga indefinida hasta tanto no se resuelva el conflicto con el mencionado artículo convencional. No se descarta la prolongación de la misma, hasta huelga de hambre, si las negociaciones no son claras y transparentes.

“La Gaceta”, diario oficial del Gobierno, ha dejado de circular, se afectan también otros importantes procesos de publicación y edición de documentos oficiales que deben pasar para su impresión en la Imprenta Nacional.

Negociación frustrada

El pasado jueves 6 de mayo se realizó, en la propia Casa Presidencial, una reunión para buscar una solución al indicado conflicto, y que para la dirigencia sindical de ANEP en la Imprenta no puede ser otra que respetar el largo recorrido por el proceso de negociación de la Convención Colectiva de Trabajo en el que ya había acuerdo preliminar y estuvo a punto de firmarse.

El artículo convencional vetado por Hacienda y que dio origen al estallido de esta huelga, originalmente estableció, por acuerdo de partes, un tope de cesantía de 20 años, siguiendo los parámetros que al efecto la mismísima Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (Sala Cuarta), ha fijado al respecto cuando se tratan temas de cesantía en las convenciones colectivas de trabajo.

La ANEP y su Seccional ANEP-Imprenta Nacional, accedieron, de buena voluntad, con transparencia, a tolerar que la tramitación errónea de este proceso en su fase inicial, abriera una nueva negociación en el punto de cesantía para, finalmente, quedar en los 12 años.

Este “veto” del Ministerio de Hacienda es considerado de irracional por la dirigencia sindical ya que “si lo vemos desde la perspectiva del rompimiento del tope de la cesantía que, aunque parcial, es generalizado para toda la clase trabajadora asalariada con empleo formal, tanto del sector Público como del Privado, al amparo de lo así establecido en la Ley de Protección al Trabajador.”

La huelga continuará pese que las nuevas autoridades del gobierno de Laura Chinchilla solicitaron “tiempo para acomodarse”.

“No hay gran cambio, son las mismas personas en diferentes puestos, conocen bien la problemática y saben que tenemos la razón. Ha sido una larga negociación, ya estábamos por firmar la Convención y de último momento Hacienda sale con esto que ha sorprendido a todo el mundo.”, dijo Luis Leal Ruiz, Presidente de la Seccional ANEP-Imprenta Nacional, y agregó que van a defender sus derechos hasta con una huelga de hambre si es necesario.

No es nada nuevo

Para Edgar Morales Quesada, Secretario General Adjunto de ANEP, la situación con la Convención Colectiva de la Imprenta no es nada nuevo, “forma parte de las políticas neoliberales que quieren acabar con todos los derechos humanos y las garantías sociales que protegen a los y las trabajadoras. Ya lo vimos con el acto bochornoso de los Arias contra la Convención Colectiva de SINTRAJAP, las acciones de los Libertarios y los empresarios en contra de todo derecho y garantías laboral, vienen por las Convenciones, el aguinaldo, las horas extra, viene por todo.”

Por lo pronto la huelga continuará esta semana ya que será hasta el viernes que el Gobierno de Laura Chinchillase reinicie las negociaciones. La votación entre trabajadores y trabajadoras definió la continuidad de la huelga hasta tanto no se dé la negociación y se resuelva el conflicto.

2010-05-10

Municipalidad de San José se pronuncia contra minería a cielo abierto y proyecto en Crucitas

EL GOBIERNO LOCAL DE SAN JOSÉ, EN APEGO A SU VOCACIÓN AMBIENTALISTA Y A SU PLAN REGULADOR, JUSTIFICA Y TOMA EL SIGUIENTE ACUERDO, EN RELACIÓN CON LA MINERÍA A CIELO ABIERTO Y AL PROYECTO ESPECÍFICO DE CRUCITAS EN SAN CARLOS, PROVINCIA DE ALAJUELA.

CONSIDERANDO:

1. El artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica garantiza el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el deber de la ciudadanía de exigir el cumplimiento de ese derecho y de las instituciones públicas a garantizarlo.

2. La Municipalidad de San José apoya la defensa del medio ambiente y los Derechos Humanos y la promoción de un desarrollo compatible con la protección del medio ambiente, en el tanto coincidimos con el Convenio de Diversidad Biológica.

3. Que Costa Rica ha apostado por un desarrollo sustentable, basado en la protección del medio ambiente y no en uno extractor, que nuestro país no ha sido un país de tradición minera y que la historia nos ha enseñado que los pocos desarrollos mineros metálicos, no sólo no han beneficiado al país ni a las comunidades donde se ubican, si no que por el contrario, han dejado una triste fotografía de destrucción; con amplias pruebas de que no es una actividad compatible con el medio ambiente.

4. Los impactos de la minería metálica a cielo abierto han sido estudiados rigurosamente y existe una tendencia mundial a rechazar esas prácticas.

5. La zona en que se ubica el proyecto es de alta fragilidad ambiental y de una alta tasa de pluviosidad, lo que incorpora riesgos adicionales aún con el uso de tecnología de punta.

6. La obsolescencia de nuestra legislación minera y la escueta legislación ambiental.

7. Hasta la fecha no se ha conocido un instrumento que demuestre una relación positiva entre los costos socioambientales y los beneficios económicos del desarrollo que permitan declarar el proyecto de interés público y conveniencia nacional.

8. Que el cambio climático coloca a la humanidad en una disyuntiva entre continuar profundizando sus impactos negativos y generando más condiciones de vulnerabilidad, o la sustentabilidad de la especie humana, lo cual nos obliga a buscar un equilibrio entre las actividades humanas y la conservación de la naturaleza.

  • ACUERDA:*

1. Solicitar al Gobierno de la República la derogatoria del Decreto 34801-MINAET que declara de interés público y conveniencia nacional el proyecto minero Crucitas. Asimismo, pedir al gobierno de Costa Rica y a sus instituciones, que anulen todos los permisos otorgados a los concesionarios del proyecto minero Crucitas.

2. Pedirle al gobierno de Costa Rica ser consecuente con el modelo de desarrollo sustentable que como Nación venimos predicando hace muchos años.

3. Hacer un llamado a la sociedad costarricense por la defensa del medio ambiente y por la construcción de una Costa Rica justa, equitativa y sustentable.

4. Solicitar a la Asamblea Legislativa el trámite rápido para una reforma en el Código Minero que prohíba definitivamente la minería metálica a cielo abierto en nuestro país.

5.
Ofrecer nuestro Gobierno Local para realizar actividades educativas y de información acerca del tema, para lo cual contará con el apoyo de la Administración Municipal, la Comisión de Ambiente.

6. Manifestar nuestra complacencia por el decreto de la señora Presidenta Doña Laura Chinchilla Miranda, en contra de la Minería a Cielo Abierto y apoyar su decisión para modificar nuestras Leyes en el campo minero para cerrar los portillos a estas actividades anti ecológicas.

7. Divulgar por todos los medios este acuerdo y solicitarle a todos los Gobiernos Locales que se adhieran dando su respaldo a la MADRE TIERRA.