San José, 4 de noviembre de 2008. S.G. 07-09-0965-08 ¡URGENTE!
Honorables señores y señoras Diputados y diputadas Asamblea Legislativa Presente
Asunto: _ANEP apoya “Ley para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental_”
Estimados señores y estimadas señoras: Legisladores y legisladoras:
Expresándoles, en primer término, el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte; queremos dejar constancia por esta vía de que, aplaudimos con toda nuestra fuerza, la correcta decisión tomada por una amplia y abrumadora mayoría del actual parlamento de la República, al aprobar el proyecto “Ley para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental”.
En nuestro criterio se trata de una de las decisiones más trascendentales adoptadas por el Poder Legislativo, a partir del desarrollo conceptual de las políticas públicas que buscan la generación de la inserción de la ciudadanía activa en la toma de decisiones cruciales para su vida en los planos local, comunal, regional y, hasta nacional.
Dentro del conjunto de variables que se han venido señalando, de manera sistemática, en los últimos años, en torno al desencantamiento ciudadano con respecto a la participación activa en el sistema político; uno de los reclamos más potentes tiene que ver, precisamente con eso; es decir, a la gente no se le toma en cuenta en asuntos fundamentales de su entorno más inmediato, con lo cual las sensaciones de exclusión, de invisibilización y, sobre todo de que todo lo que se trama a su alrededor es turbio, intransparente y manipulado, cogen fuerza ante la ausencia de mecanismos reales de participación en ese tipo de procesos.
El gran alcance democrático de esta nueva legislación, aprobada con esa lujosa mayoría de tanta calificación, torna lógico que se dispare contra la misma por parte de ciertas voces acostumbradas al ejercicio oscurantista de la democracia, dejando para las amplias mayorías un remedo de acceso a mecanismos democráticos de meros formalismos; para, por el contrario, reservarse para sí, en conciliábulos de dudosa reputación, las grandes decisiones que han de afectar, para siempre, la vida de las grandes mayorías de la ciudadanía costarricense.
Nosotros, críticos acérrimos de una práctica parlamentaria ajena a las necesidades más sentidas de la gente, hoy tenemos que reconocer que se tomó una acertadísima decisión legislativa con la “Ley para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental”; norma jurídica que, precisamente, le da a la gente la posibilidad de convertirse en el centro de la preocupación del desarrollo económico-participativo; y no como hasta ahora viene siendo la realidad, que la gente ha sido puesta, contra su propia voluntad, al servicio del desarrollo económico concentrador de riqueza.
Instamos a las señoras diputadas y a los señores diputados que le dieron el voto afirmativo a esta crucial legislación, no solamente a que mantenga su posición favorable a la misma; sino que acudiendo al mecanismo parlamentario correspondiente, desechen el probable veto del Poder Ejecutivo que pudiera presentarse ante la enorme presión de los poderosos grupos económicos antidemocráticos cuyos intereses parecen muy bien representados en las más altas esferas de tal poder.
Finalmente y por esta vía, formulamos el más vehemente llamado a todas las expresiones organizativas del multidiverso movimiento social y cívico costarricense, para que se pronuncien, activamente, en la defensa de esta nueva legislación, de las pocas que parecen dirigidas en el presente período constitucional, a hacer honor a los deseos de la gente para alcanzar nuevos estadios de desarrollo de nuestro sistema democrático, más participativos, más inclusivos y más transparentes. Tales elementos están contenidos en esa nueva legislación.
Respetuosamente,
Albino Vargas Barrantes Secretario General
C.c. Dr. Oscar Arias Sánchez, Presidente de la República. Dr. Francisco Antonio Pacheco Fernández, Presidente de la Asamblea Legislativa. Lic. Rodrigo Arias Sánchez, Ministro de la Presidencia. Dr. Roberto Dobles Mora, Ministro del Ambiente, la Energía y las Telecomunicaciones (MINAET). Jefaturas de fracción parlamentaria de la Asamblea Legislativa. Honorable Consejo de Gobierno de la República. Sres. Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP). Medios de comunicación colectiva. Movimientos sociales costarricenses. Junta Directiva Nacional de ANEP. Archivo.
Con el apoyo de la Fundación Friedrich Ever, la PSCC realiza hoy lunes, y mañana martes, un taller en cual hombres y mujeres de todos los países centroamericanos trabajan una política de género que contribuya a la construcción de un Proyecto Alternativo de Desarrollo.
Entre los objetivos que buscan los representantes sindicales del área se encuentran: 1. Construir un concepto teórico-metodológico de género y propiciar su apropiación. 2. Construir una agenda regional de género de la PSCC 3. Formular y clarificar el abordaje, el estudio y desarrollo de un concepto de trabajo de la Comisión de Género de la PSCC.
El producto de esta actividad se entregará a todas las organizaciones sindicales que conforman la PSCC para su estudio y realimentación a fin de construir una agenda regional que asuma el tema de género como un eje transversal fundamental, de primera línea en todas las acciones que se generen en la región.
Nota:__________________________________ En los próximos días estaremos agregando a esta información, los audios con entrevistas a varias de las representantes del área sobre este tema.
La ley de Propiedad Intelectual fue enviada a consulta a la Sala IV por los grupos de oposición, por considerar que los diputados del oficialista Partido Liberación Nacional, y sus aliados Unidad Social Cristiana (PUSC) y Unión Nacional, habían violentado procedimientos de trámite y de fondo en la aprobación de esa ley.
La misma Sala IV había retrotraído la ley de Propiedad Intelectual al Congreso, por considerar que se estaba pasando por encima de una disposición que obligaba a consultar a los pueblos indígenas sobre aspectos que los afectaban directamente.
La consulta a los indígenas no se realizó y además el PLN dejó vigentes artículos que, según los opositores, modificaban de alguna manera la ley de biodiversidad. El mismo Movimiento Libertario, defensor a ultranza del TLC, advirtió que la manera como se procedió violentaba la Constitución.
ANEP afirma que era lo que se esperaba
“Si alguien creyó que iba a ser distinto, que la Sala iba a cuestionar la constitucionalidad de un proyecto emanado de la casa presidencial le otorgamos ‘cajita blanca’”, declaró el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas.
“Es un fallo como la cadena de fallos cuestionados de la Sala, donde es clara la intervención en el Poder Judicial desde Casa Presidencial. La Sala ha venido facilitando, de manera vergonzosa, en unos casos, y en otros de manera descarada, la aprobación de leyes de implementación a sabiendas de que violentan la Constitución”, aseguró el dirigente de la ANEP.
Vargas dijo que la Sala “se ha dedicado a bendecir todo lo que emana de la Casa Presidencial, sin importar si pisotea la misma Constitución. Es una historia en espiral desde que avaló la propia reelección presidencial”.
“Le he dicho a los dirigentes de FECON (Federación Ecologista) que en el caso de Crucitas seguramente veremos un comportamiento similar de la Sala”, señaló Vargas, quien dijo que parte del problema es que los magistrados llegan a sus cargos comprometidos con los políticos que “les dieron la bendición”.
Nuevo caso de prevaricato, dice José Miguel Corrales
El abogado y ex candidato presidencial opositor José Miguel Corrales dijo que este es “un fallo totalmente complaciente con la Casa Presidencial”.
“Con ese fallo de hecho se están violentando o en la práctica derogando tratados internacionales que ha suscrito nuestro país, porque hay un tratado que obligaba a la consulta a los pueblos indígenas y eso no se ha hecho”, señaló.
Corrales recordó que el Código Penal tiene tipificado un delito que se llama prevaricato. “Pero mire que curioso, que en casi 200 años de ser República nunca se ha castigado a un juez, a un magistrado o a un miembro de los supremos poderes por ese delito”.
“Yo nunca había visto semejantes violaciones a la ley, semejantes violaciones al estado de derecho, de parte de la Sala, de parte del presidente de la República, de parte de la Asamblea Legislativa”, afirmó Corrales.
Sorprendido con la “agilidad y rapidez de la Sala”
Por su parte, el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Rafael Elías Madrigal, dijo que se encontraba sorprendido por “la agilidad y rapidez” de la Sala para responder a la consulta de los opositores.
“Me llama la atención que se haya respondido en plazo tan corto, no deja de sorprenderme porque los cuestionamientos que se hicieron son profundos, producto de una discusión a fondo. Pero, habrá que esperar los argumentos de la Sala”, dijo Madrigal.
El legislador afirmó que en casi todas las consultas de las leyes de implementación del TLC, la Sala IV resolvió sin unanimidad, lo que evidencia que hay criterios encontrados sobre la constitucionalidad de las leyes.
Tenía una leve esperanza: José Merino
El diputado del Frente Amplio (FA, izquierda), José Merino, declaró que “aunque con la actual Sala Constitucional hay muy poco espacio para sorprenderse, sobre todo tratándose de temas relativos al TLC, tenía una leve esperanza de que la Sala fuera consecuente con su anterior voto en relación a esa ley de Propiedad Intelectual, cuando ordenó la consulta a los pueblos indígenas”. “Por eso tampoco deja de causar perplejidad la actitud de los magistrados, sobre todo del presidente de la Corte, don Luis Paulino Mora, que cambió de criterio”, dijo Merino.
“El Congreso no modificó todo lo que había recomendado la Sala”, señaló el parlamentario, quien advirtió que la Sala avaló lo que fue impuesto por los estadounidenses en este último proyecto.
Merino dijo que también le llamó la atención la premura con que actuaron los magistrados para dar por buena una ley que a su juicio viola la Constitución.
____________________ Fuente: Informa-Tico Por Arturo Gudiño
Oficio 001-Comisión de Representación Laboral-2008 ANEP-UTN
Señores Comisión Conformadora de la Universidad Técnica Nacional (UTN) Presente
Honorables señores:
Con el debido respeto, expresamos a ustedes nuestro atento saludo.
En este nuevo proyecto de Universidad pública, la necesidad de manejar distintos criterios, ampliar la visión, identificar la necesidad de la sociedad, de los trabajadores y de las trabajadoras, de los estudiantes, de las empresas y del pueblo en general, sólo puede lograrse tomando en cuenta las opiniones de los diferentes sectores involucrados.
El papel de la Universidad en este tránsito, es fortalecer y consolidar estos vínculos democráticos, abriendo espacios verdaderos para generar una construcción de un nuevo modelo de educación superior.
Las cuatro seccionales sindicales de ANEP constituidas en la nueva Universidad Técnica Nacional, al amparo del Estado Social de Derecho que rige en nuestro país: seccionales Sede Central Alajuela, Sede Atenas, Sede Guanacaste y Sede Pacífico y que representamos a más de 200 afiliados y afiliadas, así como la comisión designada para defender a los trabajadores y a las trabajadoras, nos hemos reunido con mucha preocupación, pues necesitamos tener el conocimiento y la información del rumbo que está tomando este proceso de transición.
Vistas así las cosas, nos permitimos reflexionar sobre lo siguiente:
Primero: Si bien la Comisión de Conformación ha desarrollado un trabajo importante al asumir sus funciones, consideramos que la ausencia del nombramiento del rector (a), está incidiendo en la no unificación de todos los diferentes actores de este proyecto, al no recibir información fidedigna y estandarizada para el adecuado desarrollo como universidad.
Esto ha generado mucha incertidumbre y confusión en la población laboral pues se necesita un líder. Además, no se está cumpliendo con el Transitorio I, inciso b) de la ley de creación de la UTN. Por otra parte, la representación laboral de la UTN estima que, al menos, el perfil de la primera persona que ocupará la rectoría de esta nueva Universidad pública, debe reunir, al menos, las siguientes características:
• Costarricense • Mayor de 35 años • De comprobada conducta moral y ética • 7 años de experiencia académica universitaria y/o administrativa • Grado mínimo de licenciatura • Incorporado al colegio respectivo. • Apolítico. • Con visión social • Persona emprendedora, con liderazgo • Con conocimiento en instituciones de educación técnica. • Con vasto conocimiento de las instituciones fusionadas • Miembro de la comunidad universitaria de esta institución
Por tanto solicitamos: Que se nombre, en un plazo no mayor a un mes, al rector o rectora de esta Universidad Técnica Nacional, según la ley existente en el país para ejercer dicho cargo.
Segundo: La Universidad, si bien en su ley de creación presenta sus fines y objetivos, consideramos que debe emitirse un documento que defina el modelo filosófico, epistemológico y académico que sustentará el accionar de esta casa de educación superior (misión, visión, objetivos estratégicos, valores, política, entre otros); dado que se realizó un enorme esfuerzo para la apertura de las futuras carreras de la Universidad, sin un marco de desarrollo en Educación Técnica Superior.
Hoy más que nunca se requieren instituciones de educación superior que produzcan profesionales y no únicamente gente con títulos. En otras palabras, hoy más que nunca se requieren centros de educación superior que basen su formación tanto en conocimientos como en habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes.
Podríamos mencionar muchas de estas cualidades: aprender a aprender, trabajo en equipo, espíritu emprendedor y crítico, capacidad de resolver problemas, liderazgo, capacidad de comprender el entorno, etc. Pero entre todas esas cualidades que determinan que un titulado llegue a ser un profesional destaca una: la toma de consciencia de que amén de que seamos informáticos, administradores de empresas, biólogos o sociólogos, nuestro trabajo tiene un fin social: servir a nuestros semejantes.
Esta es la meta que nos debemos proponer todos los que laboramos en el sector universitario: formar gente competente con sensibilidad social; nuestra meta debe ser formar profesionales cuya carta de presentación sea no el título sino la manera en que hace las cosas. Para ello requerimos diseñar y ofrecer planes de estudios que más que conocimientos transmitan a los estudiantes habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes, en contenidos curriculares tan trascendentales para la democratización económica de la sociedad, como lo es, por ejemplo, las formas organizativas de empresas bajo la filosofía de la Economía Social.
Por tanto solicitamos: Que la comisión de conformación de la universidad proyecte sus esfuerzos a desarrollar este marco filosófico, epistemológico, académico que debe y debió ser la guía para emprender cualquier toma de decisión para la Universidad.
Tercero: Si bien la ley de creación de la Universidad Técnica Nacional, en su transitorio VII dispone de un presupuesto de dos mil millones de colones para contribuir en la conformación de la Universidad, y otros recursos para su adecuado y solvente desarrollo, nos preocupa si este presupuesto estará disponible y qué gestiones se están realizando para tal efecto; máxime si para el próximo año iniciamos diplomados universitarios. Paralelamente con lo anterior, es imperioso la obtención de la respectiva personería jurídica, documento de imprescindible necesidad en todas las tramitaciones inherentes al proceso de institucionalización de la UTN.
Por tanto solicitamos: Se nos informe sobre las gestiones que se han realizado y se realizarán para garantizar estos fondos tan necesarios; de la misma forma en que solicitamos se nos indiqué cuál es el proceso de trámite en marcha para la obtención de la personería jurídica.
Cuarto: La concepción de universidad pública con que nace la UTN, conlleva el debate libre y participativo que anima la filosofía de la educación superior universitaria en nuestro país. Particularmente, en cuanto a la formulación de su Estatuto, es necesario que sea producto de un proceso democrático, donde se participe a los actores (sindicato, docentes, administrativos, estudiantes, otros funcionarios de la nueva universidad). Particularmente, el organigrama debe derivarse del Estatuto orgánico con la misma filosofía democrática con que éste se realice, garantizando a los funcionarios de la universidad la estabilidad laboral.
Por tanto: Solicitamos ser tomados en cuenta, en nuestra condición de representantes laborales legítimamente designados y acreditados, en el proceso de elaboración definitiva del Estado de la Universidad en su conjunto, con una participación real, efectiva y democrática. Al respecto, adjuntamos una serie de criterios elaborados, con visión jurídica, desde una perspectiva laboral. Esta participación que se está legítimamente demandando por esta vía, debe incluir la comisión AD HOC (por supuesto) y otras tales como Jurídica, Académica, Recursos Humanos, Administración y Finanzas, así como cualquier otra que se cree, en todas las cuales aspiramos a tener derecho a voz.
Quinto: Sobre la autonomía de las sedes regionales. Es nuestro criterio que en torno a este punto, la mejor redacción que puede tener el propuesto articulo 34 del Estatuto, debería decir lo siguiente:_ “Artículo 34.- Naturaleza jurídica. Las Sedes Regionales son órganos universitarios desconcentrados, por medio de los cuales la UTN promueve, coordina y desarrolla programas en una región específica en atención a las demandas y necesidades del desarrollo nacional y regional”_.
Nos preocupa que se reste poder de decisión a las sedes en currícula académica, la inversión del presupuesto y el nombramiento del personal, entre otros aspectos. Por otra parte, se debería modificar en cuanto a este tópico, el artículo 8 de la ley, para que dijese lo siguiente:
“Traslado patrimonial. Los recursos, los bienes, los activos y el patrimonio de las instituciones que se transforman en sedes regionales, serán administrados por cada una de las sedes y serán utilizados, exclusivamente, en los programas, los proyectos y las acciones académicas que la Universidad realice en la región respectiva”.
Lo que se quiere es que cada una de las sedes goce de autonomía en los diferentes procesos que debe de realizar, donde no se dependa de una sede central, para tomar decisiones que se necesitan para impulsar el desarrollo de cada una de las regiones donde ellas se encuentran.
Por tanto solicitamos: Una indicación lo suficientemente explícita en el Estado definitivo, sobre el tema de las autonomías de las sedes, mientras en el corto plazo, impulsemos la necesaria reforma de ley que haga de tales autonomías un mandato jurídico incuestionable.
Sexto: La transparencia en la gestión pública es esencial y con mucho mayor necesidad en este particular caso, de una gestión histórica para la institucionalización de esta nuevo centro de enseñanza superior de carácter público, como lo es la Universidad Técnica Nacional.
Por tanto solicitamos que todos los acuerdos tomados en la comisión AD HOC sean de carácter público para que todo el personal institucional, el estudiantado y terceros conozcan de las decisiones referentes a la organización, lo cual ha de garantizar una efectiva democratización a través de la información transparente, veraz, real y oportuna.
Sétimo: Sobre interinatos y sobre personal pagado a través de fundaciones.
Por tanto: Es necesario conocer qué disposiciones se están tomando con las personas trabajadoras que se desempañan en estos momentos con carácter interino. De la misma forma, es imprescindible conocer qué se está pensando con relación a compañeros y a compañeras que trabajan con fundaciones.
Octavo: La institucionalización de la Universidad Técnica Nacional lanza el reto de la planificación académica como parte de su proceso de consolidación.
Por tanto, Es necesario conocer qué disposiciones se están tomando para establecer los requerimientos en cuanto a plazas para el desarrollo de los nuevos planes de diplomado universitario en las diferentes sedes, donde no se contaba con la disponibilidad de profesores en planta y que, por tanto, habían siendo venido pagados por las fundaciones.
Respetuosamente invocamos el derecho constitucional de respuesta que nos asiste (artículo 27 de la nuestra Carta Magna), así como lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.
Oficio 001-Comisión de Representación Laboral-2008 ANEP-UTN
Emmanuel González Alvarado Sede Alajuela
Patricia Ugalde Rojas Sede Alajuela
Mauricio Rojas Méndez Sede Guanacaste
Cynthia Gardela Berrocal Sede Pacífico
Marisol Díaz Enríquez Sede Pacífico
Mónica Murillo Segura Sede Guanacaste
Viviana Fernández Vizcaíno Sede Pacífico
Lisbeth Víquez Madriz Sede Atenas
Daniel Tobías Melgar Sede Atenas
Gustavo Adolfo Herrera Solano Sede Alajuela
Roberto Jiménez Gutiérrez Sede Guanacaste
Johanna Castro Hernández Sede Atenas
Ileana Morera Azofeifa Sede Atenas
C.c. Dr. Leonardo Garnier Rímolo, Ministro de Educación Pública. Personal Docente y Administrativo, Universidad Técnica Nacional (UTN). Junta Directiva Seccional ANEP-Sede UTN-Alajuela. Junta Directiva Seccional ANEP-Sede Guanacaste. Junta Directiva Seccional ANEP-Sede Pacífico. Junta Directiva Seccional ANEP-Sede Atenas. Decanaturas de las sedes de la UTN. Junta Directiva Nacional de ANEP. Archivo.
Un grupo de taxistas, afiliados a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), demandará al Estado y pedirá que los indemnice por la falta de acciones contra el servicio ilegal.
“El Gobierno no ha cumplido con el contrato de concesión al ser cómplice de la competencia desleal con los piratas, nuestras expectativas financieras al momento de recibir la concesión se han reducido, pese a que se nos exigen una serie de requisitos”, explicó Lorenzo Hernández presidente de la seccional Sitaxi, durante su visita a DIARIOEXTRA.
NO MÁS NEGOCIACIÓN
Para estos adjudicatarios, ya no tiene sentido seguir negociando, “nos van a seguir engañando, ya se acabó esto, porque nosotros que vemos que el tiempo corre y corre y la cosa se nos pone más fea”, agregó.
Y es que este grupo asegura estar cansado de promesas que llegan en cada negociación, pero que no se cumplen “yo tengo un cuarto de siglo de manejar como taxista y todo el tiempo son promesas y promesas del Gobierno que no se cumplen, con el Consejo de Transporte Público, con la Policía de Transito y esto es lo que nos tiene en la ruina”, dijo. La demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo, se presentará en un mes o mes y medio, según calculan.
Estos concesionarios acusan al Gobierno de incumplir hasta disposiciones de la misma Sala Cuarta, como el dictado en 2004 que establece que “el Estado debe garantizar al concesionario el equilibrio entre la oferta y demanda, con la ecuación financiera del contrato y una tarifa justa que permita su operatividad. Si existe concurrencia de operadores en una cantidad mayor a la demanda, o de personas no autorizadas, se presenta una competencia que puede ser ruinosa para los concesionarios; el Estado responderá por ello si se tolera tal competencia”, indicaron los magistrados en 2004.
Fuente: Diario Extra mespinoza@ diarioextra.com Foto: Rándall Sandoval
El costarricense Rafael Ángel Calderón se convertirá mañana en el primer ex presidente (1990-1994) de este país centroamericano en ser juzgado por corrupción, cuando inicie el juicio por el supuesto desvío de fondos del Seguro Social.
Calderón se sentará en el banquillo de los acusados cuatro años después de estallar el escándalo por el desvío de fondos de un préstamo de 39,5 millones de dólares que la estatal Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) adquirió con el Gobierno de Finlandia para la compra de equipo médico.
Los cargos formales que presentó la Fiscalía en contra del ex mandatario son corrupción agravada y hurto de caudales públicos.
Según la acusación pública, del crédito aprobado por el Congreso costarricense en 2001, cuando Calderón, que actualmente está en libertad condicional, ya no era jefe de Estado, este recibió en una cuenta bancaria en Panamá una comisión de 520.000 dólares.
La Fiscalía indica que cerca de ocho millones de dólares de ese crédito fueron repartidos en comisiones entre políticos y funcionarios públicos, como el ex presidente de la CCSS Eliseo Vargas, que también están procesados.
Calderón, que ha insistido todo el tiempo en su inocencia, fue involucrado en el caso por Vargas, quien lo responsabilizó del reparto de las comisiones.
Ambos pertenecían al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que gobernó el país entre 1998 y 2006.
Según Walter Reiche, presidente de la Corporación Fischel, representante en Costa Rica de la firma finlandesa Instrumentarium Medko Medical, que vendió los equipos médicos, Calderón les brindó una “asesoría política“.
Se cree que por este negocio Fischel recibió más de ocho millones de dólares que el ex gobernante repartió como comisiones entre funcionarios de la CCSS y la empresa.
La acusación de la Fiscalía, presentada en marzo de 2007, indica que Calderón, Vargas y los demás sospechosos idearon un “plan delictivo” para permitir la compra de los equipos finlandeses y sacar provecho del préstamo contraído por el Estado.
El juicio contra el ex gobernante inicia en momentos en que este ha reconocido su interés en una nueva postulación para la Presidencia, o al menos como diputado en las elecciones de 2010.
La semana pasada, Calderón pagó un espacio en televisión nacional en el que aseguró estar “contento de que al fin ha llegado el momento de demostrar, con pruebas documentales y hechos”, que no ha cometido ningún delito.
El Foro se realizó en el Hotel Balmoral de la Capital, desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
Representativo
La flexibilidad laboral y la libertad sindical, sin duda, son temas que desde la óptica de quien lo aprecie y, sobre todo, de acuerdo a los intereses que defienda, generan diversas reacciones. Sin embargo son temas fundamentales que deben discutirse y crearse espacios para ello. Eso fue lo que provocaron ANEP y la AFL-CIO con la realización de este 1er Foro y que contó con las ponencias de diversos sectores sociales relacionados íntimamente al tema.
Organizaciones sindicales, Ong’s, campesinas, de mujeres, iglesia, entre otros, asistieron a un Foro que dejó en claro la necesidad de abrir más espacios de diálogo franco sobre la situación de los derechos laborales y la producción, sobre todo, en las empresas privadas.
El las ponencias las realizaron representantes de la AFL-CIO, O.I.T., UCCAEP, Iglesia Católica, Ministerio de Trabajo y ANEP en un gran marco de asistencia en el Hotel Balmoral en San José.
Un tema, diferentes visiones
Como era de suponer la diversidad de representaciones en la mesa principal también deparó diversas opiniones o visiones con respecto a la flexibilidad laboral y la libertad sindical en tiempos de globalización y TLC. Mientras para el Ingeniero José Salas Carrillo de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) la flexibilidad laboral es “un término que ha sido “satanizado” en aras de hacerlo aparecer como equivalente de precarización del empleo, preferimos utilizar términos como reordenamiento de jornadas laborales o simplemente, esquemas de jornadas laborales”, para los representantes sindicales y eclesiales “la realidad demuestra que en la mayoría de los casos la flexibilización laboral provoca no solo precarización del empleo, sino también que afectan el desarrollo humano y violenta derechos humanos laborales fundamentales.”
De esa forma el tema provocó una discusión respetuosa entre las diferentes visiones y quedó claro que las diferencias deben ser llevadas a espacios que permitan llegar a acuerdos.
“Inicialmente se entendió la flexibilidad laboral como la reducción de los salarios reales para incrementar los beneficios empresariales, provocando con esto más poder para el mercado, para empresarios. En nuestro país no se han desarrollado reformas flexibilizadoras, salvo la relativa a la disminución del auxilio de cesantía por medio de la aprobación de la Ley de Protección al Trabajador. No se han hecho reformas legales, pero en la realidad, en el día a día, si se hacen y ahora con el nuevo proyecto de Ley (Exp. 15.161) presentado en la Asamblea Legislativa lo que se pretende es legalizar lo que a todas luces es ilegal”, sentenció Mauricio Castro Méndez, representante de ANEP en la mesa principal.
“Nada se dice sobre los efectos que tiene la flexibilidad laboral en las mujeres, son especialmente peligrosos y contraproducentes para estas. Los jóvenes, las mujeres, los inmigrantes, las personas de edad y todos aquellos que carecen de cualificación adecuada son los afectados por la flexibilidad del empleo”, agregó Castro Méndez.
Por su parte el Monseñor Ángel San Casimiro, Obispo de la Diócesis de Alajuela, Encargado Nacional de Pastoral Social de la Iglesia Católica, fue contundente al afirmar que sobre flexibilidad laboral “tanto las jornadas laborales, los horarios ordinarios y extraordinarios, y demás garantías establecidas en la Constitución, la Ley y los instrumentos internacionales, se fundan en la consideración de los fines del desarrollo humano, los cuales, requieren por ejemplo además de un empleo, acceso a la salud, educación, crecimiento económico, pero, en todo caso, son mediaciones instrumentales al servicio del ser humano” y agregó que “la normativa nacional sobre derechos y garantías laborales, en especial el Código de Trabajo, encuentran su sustento en los principios cristianos de justicias social (Art. 1), y desde esta perspectiva es que tiene sentido el Principio Protector, que reconoce tres reglas específicas: el in dubio pro operario, la de la norma más favorable y la de la condición más beneficiosa. De allí que la normativa asumiera como irrenunciables derechos fundamentales del trabajo, tales como: derecho al trabajo, salario mínimo, limitación de la jornada, descanso semanal, vacaciones, igualdad salarial entre hombres y mujeres, indemnización por despido injustificado, la negociación colectiva, la libertad sindical, la huelga para trabajadores y el paro para patronos.”
Trabajo decente
El señor Juan Manuel Sepúlveda Malbrán, especialista en actividades para los trabajadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), recalcó que estos aspectos la organización internacional que él representa viene impulsando la iniciativa de “Trabajo decente” como una herramienta de defensa de los derechos laborales y la libertad sindical en el mundo.
“La estrategia de crecimiento económico de la región centroamericana, basada en las exportaciones, es a todas luces insuficiente para superar la heterogeneidad productiva y permitir la generación de trabajo decente. Hay varios desafíos y el central es lograr un crecimiento económico que promueva el trabajo decente, impulsar la productividad de los sectores más rezagados, la implementación de políticas complementarias en el mercado de trabajo y la expansión de la oferta de trabajo decente, entre otros.” Dijo Sepúlveda y concluyó con que “trabajo decente es todo aquel que permite mantener una perspectiva futura de estabilidad del puesto de trabajo, condiciones de trabajo dignas, así como la salvaguarda del equilibrio entre el trabajo y la vida familiar, la posibilidad de enviar a sus hijos a la escuela y de sustraerlos al trabajo infantil, igualdad de género y la capacitación de las mujeres para que puedan asumir el control de sus vidas, calificación tecnológica, conservación de la salud. La posibilidad de recibir una parte equitativa de la riqueza que el trabajo ha ayudado a crear mediante salarios dignos, no ser objeto de discriminación y la capacidad de tener una voz en el lugar de trabajo y en la comunidad.”
Reafirmar alianzas
Este Foro permitió, además, la reafirmación de la alianza entre la Central Sindical más importante de los Estados Unidos de América, la AFL-CIO, y la ANEP.
Robert Wayss, representante para Centroamérica de la AFL-CIO y el Centro de Solidaridad, fue contundente al afirmar que de ahora en adelante se generarán acciones de educación, campañas e intercambio de información, presión y denuncia de violaciones a los derechos laborales en el marco del TLC entre su país, Centroamérica y República Dominicana.
“Nuestra unión con las organizaciones sindicales del área es muy importante, ya hemos venido haciendo fuertes campañas internacionales, aprovechando las regulaciones ISO, contra empresas que violentan derechos laborales, contratan niños, discriminan mujeres, o hacen despidos injustificados. Todo ello y mucho más serán algunas de las tareas importantes que trabajaremos en conjunto con ANEP en Costa Rica, ya nos sentaremos a coordinar cosas. Es un honor contar con ANEP como contraparte nuestra en Costa Rica, será de amplio beneficio mutuo”, concluyó Rob Wayss.
Finalmente Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP, quien fungió como moderador del Foro fue claro al afirmar que la visión de ANEP es de renovación constante, de autocrítica, de reinvención,_ “es en este marco de nuestro 50 aniversario que nuestro sindicato, una organización crítica pero también propositiva, busca su reafirmación como sindicato clasista. Estamos inmersos en el Congreso Nacional de ANEP en el cual vamos a discutir, dialogar sobre el camino seguido en estos 50 años y las perspectivas y el trabajo hacia los próximos 50 años de una organización beligerante, de un sindicato rebelde que lucha y defiende tanto los derechos fundamentales de los y las trabajadoras como la soberanía nacional y la construcción de una Costa Rica inclusiva y solidaria”_ y agregó que “se nos amplía el universo de relaciones internacionales, contamos con esfuerzos importantes como la Plataforma Sindical Común Centroamericana, PSCC, las relaciones con organizaciones sindicales de Europa, América Latina y ahora estrechamos lazos con los sindicatos de los Estados Unidos de América. Con respecto al Foro creo que es un avance desde el punto de vista sindical en el sector privado, tanto la libertad sindical como las negociaciones colectivas son ejes fundamentales. Estamos muy optimistas de que la UCCAEP esté dispuesta a sentarse a dialogar sobre estos temas con el sector sindical.”. _____________________________________________
NOTAS DE PRENSA _____________________________________________
AFL-CIO: Obama renegociará TLC en materia ambiental y laboral
31 de Octubre de 2008
San José (elpais.co.cr) El Candidato a la Presidencia de los Estados Unidos, Barack Obama, va a renegociar los Tratados de Libre Comercio de América del Norte y con Centroamérica, principalmente en materia laboral y ambiental.
Así lo anunció el representante para Centroamérica de la AFL-CIO, Rob Wayss, la principal central de trabajadores de los Estados Unidos, con más de diez millones de afiliados en esa nación del norte.
Wayss informó durante el primer Foro sobre Flexibilidad Laboral y Libertad Sindical en Costa Rica, patrocinado por su organización y por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), celebrado este jueves en San José.
En el Foro participaron el ministro de Trabajo, Francisco Morales, el Obispo de Alajuela, monseñor Ángel Sancasimiro, el representante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Costa Rica, Juan Manuel Sepúlveda, José Salas, de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), y poco más de un centenar de dirigentes sindicales de base de la ANEP.
El representante sindical explicó que la AFL-CIO (American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations), apoya la candidatura del Partido Demócrata y tendrá representantes en el equipo de gobierno de Obama, de ganar éste la Presidencia de los Estados Unidos. “La diferencia es comercio libre o comercio justo”, resaltó Wayss al explicar las diferencias entre el líder del Partido Demócrata, Barack Obama, y el Partido Republicano. “Nosotros apoyamos el comercio justo”, declaró al establecer la diferencia.
Waiss insistió en que hay diferencias significativas entre ambos partidos, “pero nosotros tenemos lazos con Obama. Miembros de la AFL-CIO serán miembros del equipo de gobierno de Obama”.
“Obama va a renegociar el Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos con México y Canadá, así como con Centroamérica y República Dominicana (NAFTA y CAFTA, respectivamente, por sus siglas en Inglés”. “Las condiciones laborales y ambientales van a ser renegociadas, pero es responsabilidad del movimiento sindical mantener la presión para esa renegociación de los tratados”, explicó.
Al ahondar en por qué no le dan el apoyo a los republicanos, Wayss explicó que “existen diferencias profundas; nosotros creemos en la regulación del mercado, ellos no”.
Además, agregó que _“vamos a tener acceso al gobierno de Obama, y vamos a trabajar con su equipo para hacer inspecciones o investigaciones sobre los derechos laborales en Centroamérica_”. “Mantendremos una presión constante contra los gobiernos para que se respete la libertad sindical”, anunció.
Por otra parte, consideró que en el TLC o CAFTA-DR,_ “hay impactos negativos para los trabajadores y para el ambiente”._
“También hay violaciones a los derechos básicos de los trabajadores en Centroamérica”, y en la AFL-CIO“consideramos que la libertad sindical es un Derecho Humano Fundamental”, concluyó. _____________________________________________
“Obama más cerca de los trabajadores”, Rob Wayss de AFL-CIO
Esta semana se dio a conocer la vinculación entre ANEP y American Federation of Labor – Congress Industrial Organizations (AFL-CIO). Rob Wayss, representante de ese poderoso sindicato estadounidense visitó el país para concretar el proyecto con su contraparte costarricense. Informa-tico.com conversó sobre la situación electoral, los temas laborales, el futuro con el TLC y la relación con ANEP.
Por Fernando Francia
¿Cómo se ve el panorama político electoral desde el punto de vista de los sindicatos estadounidenses?
Entre Barack Obama y John McCain hay diferencias en el tema de libertad sindical. Los sindicatos tenemos una mejor relación con la campaña de los demócratas, de Obama.
En los temas de derechos laborales, libertad sindical y tratados de libre comercio existen muchas diferencias entre lo que propone AFL-CIO y los partidos mayoritarios en Estados Unidos (republicanos y demócratas). Sin embargo, compartimos, o estamos mucho más cercanos, a lo que plantea la campaña de Obama respecto a los temas que nos preocupan como dirigencia sindical.
Nuestra expectativa es que si gana Barack Obama algunos de nuestros técnicos de AFL-CIO serán integrantes en una posible administración de Obama en la Casa Blanca.
Hay algunos compromisos específicos en cuanto a Derechos Laborales, tratados de libre comercio. Revisar, por ejemplo, varias condiciones en los Tratados firmados o los que se estén por firmar.
Una posible administración de Obama renegociaría las previsiones a las violaciones laborales y ambientales en un Tratado de Libre Comercio. Pero hay muchas prioridades en un futuro gobierno demócrata. El movimiento laboral tiene que presionar para que esos temas sean considerados.
Nosotros consideramos que la diferencia entre Obama y McCain es como la diferencia entre libre comercio y comercio justo. Así vemos a republicanos y demócratas.
Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.
Por el otro, tendremos postulaciones electorales que, con matices diversos pero presuntamente unidas, se presentarán como abanderadas del patriotismo, de la solidaridad, de la ecología, de la equidad social y de género y de la más justa distribución de la riqueza.
Como ya es bien conocido y está siendo vivido en carne propia por las amplias mayorías ciudadanas del planeta y también de nuestro país, el proyecto neoliberal está destinado al fracaso y así lo muestra la denominada “crisis financiera” originada en el mismo vientre que lo engendró.
Lo que nos está indicando el signo de los tiempos es, en consecuencia, que la senda correcta para el futuro de nuestra querida Patria, es desterrar del gobierno, primero y, después del poder, a la podrida clase política y económica que se ha enriquecido, abusiva y repulsivamente, al amparo de las políticas neoliberales de los últimos gobiernos PLUSC.
Desde tal perspectiva, para las organizaciones sociales que reivindicamos valores como la solidaridad, el progreso con equidad, la distribución más equitativa de la riqueza, la transparencia en la cosa pública, el combate a la corrupción y el desarrollo económico en armonía plena con el ambiente y la ecología y la profundización de nuestra democracia; tenemos la ineludible tarea de coadyuvar para la construcción del necesario bloque de fuerzas que, objetivamente, tienen la misión histórica de la reconstrucción de la sociedad solidaria de la cual siempre, como costarricenses, estuvimos orgullosos, pero que hoy, con dolor e indignación, estamos viendo desaparecer, aceleradamente.
Particularmente, para las organizaciones sindicales influir en el debate sobre las políticas públicas nacionales, está legitimado por la Organización Internacional de Trabajo (OIT), cuando estableció que_ “no cabe limitar estrictamente la acción de las organizaciones sindicales a la sola esfera profesional, dado que en la práctica la elección de una política general decidida por el gobierno casi siempre tiene repercusiones en las condiciones de los asalariados. Esta relación resulta patente en el caso de la aplicación de una política económica nacional, pero puede asimismo afectar concretamente a los trabajadores en el marco de opciones políticas e económicas más generales, e inclusive, de decisiones que rebasan el ámbito de la soberanía nacional”._
Entre otros principios filosóficos del sindicalismo, este mandato de OIT nos da la cobertura legal necesaria para que, no solamente nos pronunciemos por las acciones del gobierno de turno; sino para que, nos aboquemos a generar las condiciones necesarias que permitan la instalación de poderes públicos proclives hacia el mejoramiento sustancial de las condiciones de vida de la clase trabajadora y del pueblo, en general.
Sin embargo, en el caso de los sindicatos (y, en general, hacia las otras formas organizativas de los movimientos sociales), es imperioso guardar una necesaria frontera con relación a los partidos políticos, aunque éstos, de una forma u otra, planteen tesis cercanas a las perseguidas por esos movimientos sociales.
Enfrentar el desafío objetivo de sacar al neoliberalismo del gobierno, primero, y después del poder, indica que nos corresponde a las organizaciones sindicales el ejercicio de la más clara y transparente incidencia para que en el ideario de ese bloque de fuerzas que está llamado a enfrentar tal desafío, las propuestas para el mejoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora, queden plenamente contempladas y éticamente respaldadas, de tal suerte que la inclusión de esas propuestas no sea un mero ejercicio de oportunismo electorero cortoplacista.
El cómo se ha de dar este proceso, es decir, la más creativa forma de interrelación entre movimiento sociales y partidos políticos que, en el ámbito de sus especificidades, están dispuestos a coincidir para la generación de la alianza estratégica que ha de superar al neoliberalismo, manteniendo la necesaria equidistancia entre ambas formas de participación política, es la esencia de un debate más que urgente en las actuales circunstancias.
Ojalá lo clarifiquemos pronto, ahora que el desafío sobre coaliciones, convergencias, uniones, acuerdos y encuentros de cara al 2010, están a flor de piel dentro del maravilloso y diverso movimiento sociocívico y político que sueña con una nueva Patria.
Partido Acción Ciudadana (PAC) Partido Frente Amplio (FA) Partido Movimiento Libertario (ML) Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE) Ciudadanos defensores del interés nacional
Miércoles 29 de octubre del 2008
Comunicado de Prensa
El pasado jueves 23 de octubre, diecisiete diputados de las fracciones legislativas del PAC, ML, PASE y FA, lo mismo que cinco ciudadanos de distinguida trayectoria en el ejercicio de la función pública, impugnaron la resolución emitida por la División de Contratación Administrativa de la CGR que aceptó parcialmente la propuesta del Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) para el nuevo gestor del Aeropuerto Juan Santamaría.
Por una parte, el nuevo contrato asegura la impunidad a favor de ALTERRA, antiguo gestor, al permitírsele un retiro anticipado (su contrato vencía en el 2021) sin haber hecho frente a las multas pendientes y sin haber reintegrado los cobros que realizó indebidamente. Hay que recordar que, de manera unilateral, ALTERRA suspendió las obras por cuatro años y que, hasta la fecha, apenas ha invertido escasos $62,1 millones. Sin embargo, durante este período, esta empresa continuó percibiendo el 64.8% de los ingresos del aeropuerto, monto que asciende a $150 millones. Esto se suma al crédito por $90 millones recibidos por ALTERRA de mano de sus acreedores, cuyo pago está aún pendiente y será asumido por el nuevo gestor. Y para terminar, la empresa se retira sin haber cancelado cerca de $40 millones que debe por concepto de multas por el incumplimiento de la entrega de las obras en el 2004.
Hay que recordar además que en otras oportunidades la propia Contraloría conminó a ALTERRA a realizar las obras debidas y al Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) a iniciar los procesos sancionatorios. En síntesis, $280 millones de dólares han pasado a manos de ALTERRA impunemente gracias a la complacencia de las autoridades del gobierno. Como resultado, aseguraron los expositores “Costa Rica se quedó rezagada en comparación con los demás países de la región y perdió excelentes oportunidades de atraer inversiones y turismo”.
En segundo lugar, a pesar de la desafortunada experiencia que se tuvo con la gestión interesada del aeropuerto hasta la fecha, el gobierno costarricense ahora admite un nuevo contrato con la empresa HAS, tanto o más leonino en sus términos y ventajas para la nueva empresa que el firmado con ALTERRA en el 2000.
Se extiende el contrato hasta el año 2026, con lo que se incrementan los ingresos esperados por aproximadamente $300 millones. Así, HAS percibiría cerca de $900 millones durante los próximos dieciocho años, aún cuando para terminar las obras aeroportuarias la inversión no sobrepasa los 70 millones de dólares. Además, cualquier litigio por la ejecución de este nuevo convenio sería dirimido en el Condado de Harris, Texas, conforme a las leyes de los Estados Unidos.
Para los voceros, “de aceptarse el nuevo contrato, el perjuicio se agravaría exponencialmente ya que al ampliarse el plazo del gestor, no podría construirse el nuevo aeropuerto en Orotina, que debe entrar en operación en el año 2018 según proyecciones de la demanda que revelan como insuficiente para entonces la única pista del Juan Santamaría”.
Es decir, es un acuerdo gravemente ilegal y absolutamente nulo que antepone los intereses privados a los públicos, que condena a los usuarios a pagar tres o cuatro veces los precios contemplados en el Contrato original y que compromete el futuro económico del país.
Frente a la experiencia de gestión privada del Aeropuerto Juan Santamaría, las fracciones parlamentarias y los ciudadanos firmantes indicaron que, para garantizar el avance real de las obras y para asegurar el interés público en su desarrollo y gestión, “lo único razonable es que el gobierno haga la obra, tal como lo hizo con gran éxito en el pasado, cuando construyó la actual terminal en apenas dos años” concluyeron.
El modelo neoliberal impuesto viene modificando, poco a poco, el modelo solidario que en nuestro país provocó un desarrollo mucho más justo que en el resto de países hermanos de centroamérica.
Ese modelo viene variando las regulaciones laborales, y en lugar de elevar el nivel de Derechos humanos y laborales en centroamérica, tratan de bajar a Costa Rica a los niveles de nuestros hermanos.
Flexibilidad laboral y libertad sindical en el marco de los TLC no tiene otro significado que la pérdida de derechos fundamentales para las personas trabajadoras, el Código de Trabajo pasa a segundo plano ante el TLC.
Por ello tanto la AFL-CIO como ANEP se han propuesto unir esfuerzos a otras organizaciones en pro de la defensa de la Libertad de sindicalización y en contra de la flexibilidad laboral que busca eliminar derechos económicos y laborales a todas las personas trabajadoras.
El Foro pretende ser una vía de acercamiento y sensibilización con el sector empresarial nacional a fin de que el Derecho Humano a la Libertad Sindical sea reconocido, aceptado y respetado. __________________________________________________________
American Federation of Labor – Congress of Industrial Organizations AFL-CIO
American Center For International Labor Solidarity
Centro Americano para la Solidaridad Sindical Internacional
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP
Foro: FLEXIBILIDADLABORAL Y LIBERTAD SINDICAL
Jueves 30 de octubre de 2008
P R O G R A M A
01- De 08:00 a 09:00 Registro, entrega de documentos y desayuno. Cra. María Laura Sánchez Rojas.
02- De 09:00 a 09:15 Apertura oficial y palabras de bienvenida. Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.
03-De 09:15 a 11:15 Exposición de panelistas:
a. Cro. Rob Wayss. Representante para Centroamérica, Solidarity Center-AFL-CIO.
b. Ing. José Salas Carrillo. Representante de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP)
c. Monseñor Ángel San Casimiro Fernández. Obispo de la Diócesis de Alajuela. Encargado Nacional de la Pastoral Social de la Iglesia Católica.
d. Sr. Juan Manuel Sepúlveda Malbrán. Representante, Organización Internacional del Trabajo (OIT)
e. Lic. Mauricio Castro Méndez. Coordinador, Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP.
f. Lic. Francisco Morales Hernández. Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
04- +De 11:15 a 01:00 + Debate con el auditorio y cierre del evento. Moderador: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
