Pueblos indígenas exigirán consulta de Proyecto de Ley del TLC

El próximo martes 14 de octubre una delegación de las comunidades indígenas bribri de Talamanca visitarán la Asamblea Legislativa para exigir a los diputados que cumplan con el Convenio 169 de la OIT y la orden de la Sala Constitucional y realicen la consulta a las comunidades indígenas de todo el país del proyecto “escoba” de la agenda de implementación del TLC (Exp. 16.955)

Con el apoyo de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica se harán presentes integrantes del Consejo de Awapas y de las mujeres Kekepa, quienes cumplen la función de ser guardianes(as) y protectores(as) del conocimiento tradicional y ancestral de estas comunidades.

Ellos exigirán a las y los diputados que cumplan con su obligación de hacer la consulta porque este proyecto contiene reformas a la Ley de Biodiversidad y otras leyes nacionales que afectan directamente los derechos de los pueblos indígenas y ponen en grave peligro su cultura y sus tradiciones, ya que debilitan notablemente las protecciones existentes para evitar que su conocimiento milenario sea usurpado por empresas trasnacionales.

El Partido Frente Amplio invita a los diputados y diputadas de todas las fracciones legislativas, a los medios de prensa nacionales e internacionales y al pueblo costarricense en general a hacerse presente a escuchar y apoyar los legítimos reclamos de los pueblos indígenas.

ANEP propone foro sobre transporte público

San José, 13 de octubre del 2008.
S.G. 07-09-0891-08

Licenciado
Rodolfo Madrigal
Presidente
Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras
Banco Popular y Desarrollo Comunal
Su despacho
Fax 2233 2494
Solicitud de Foro sobre Transporte Público

Estimado señor Madrigal:

Reciba un respetuoso saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP). Como es del conocimiento público, el asunto del transporte público, cada vez más, es un tema de gran preocupación para todas las personas trabajadoras, tanto por su costo, por sus perspectivas, por sus limitaciones y por las diversas iniciativas que se discuten en torno a él.

Aspectos como el sistema de autobuses, la fijación de tarifas de servicio público, el tren metropolitano, la exoneración de impuestos al diesel o a los transportistas públicos, los alcances de Petrocaribe, los planes de infraestructura vial, la planificación y el ordenamiento territorial, el impacto ambiental, las necesidades de las personas con discapacidad, la problemática en torno a la concesión del servicio de taxi, las condiciones laborales de las personas que trabajan en el transporte público (incluida el impedimento real de libre sindicalización); son tan solo algunos aspectos que reflejan la diversidad de variables y su central importancia para las personas trabajadoras.

Es por ello que hacemos una instancia respetuosa al honorable directorio de la Asamblea, para que promueva la realización de un foro sobre transporte público, a partir del cual se pueda generar conclusiones estratégicas para las personas trabajadoras y sus organizaciones.

Solamente con un conocimiento generado colectivamente, con participación de personas expertas, así como de los diversos actores interesados, podremos abordar adecuadamente y con realismo un tema que normalmente ha sido olvidado en nuestro ámbito de discusión.

Reiterándole nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

C.c.
Junta Directiva Nacional de ANEP.
Organizaciones sociales.
Archivo.

INCOP: La necedad de «la nación» contra la ANEP

San José, 13 octubre de 2008.
S.G. 07-09-0890-09

Señor Alejandro Urbina, Director
Señora Vanesa Loaiza, Periodista
Diario La Nación
Presente

Estimado señor y estimada señora:

De conformidad con lo dispuesto en los numerales 29 constitucional, 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 66 y siguientes de la Ley de Jurisdicción Constitucional; ejercemos el derecho de rectificación y respuesta sobre las siguientes publicaciones, de la edición de ese diario del día jueves 9 de octubre de 2008, sobre titular de primera plana que dice: “Costo de muelle en Caldera se duplicó por atraso en Sala IV” y “Sala rechazó reclamo: ANEP alegaba que muelle “amenaza el derecho de ciudadanos a un ambiente sano”; así como sobre la publicación realizada en la página 4ª, titulada “Costo de muelle en Caldera se duplica por atraso en Sala IV”.

Por ser esta “información” destacada en la primera plana y en página 4a de noticias nacionales, exigimos que esta rectificación sea publicada en condiciones equivalentes, o sea en esas mismas páginas, a la mayor brevedad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69, inciso b) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que dice: “ARTICULO 69. El derecho de rectificación o respuesta se ejercerá de conformidad con las siguientes reglas y, en su defecto, por las restantes del presente título (…) b) La rectificación o respuesta deberá publicarse o difundirse, y destacarse en condiciones equivalentes a las de la publicación o difusión que la motiva, dentro de los tres días siguientes, si se tratare de órganos de edición o difusión diaria, en los demás casos en la próxima edición o difusión materialmente posible que se hiciere después de ese plazo”.

El texto que solicitamos se publique es el siguiente:

INCOP: LA NECEDAD DE “LA NACIÓN” CONTRA LA ANEP

CUÁL ES LA NECEDAD DE “LA NACION” EN QUERERNOS ACHACAR UNA IRRESPONSABILIDAD QUE FUE COMETIDA POR LOS ADMINISTRADORES SUPERIORES DE INCOP Y LAS AUTORIDADES RECTORAS DE LA MATERIA PORTUARIA NACIONAL.

Con respecto a los artículos publicados en la edición de la “La Nación” del día 9 de octubre, titulados “Costo de muelle en Caldera se duplicó por atraso en Sala IV” y “Sala rechazó reclamo: ANEP alegaba que muelle “amenaza el derecho de ciudadanos a un ambiente sano”, publicado en la primera plana y “Costo de muelle en Caldera se duplica por atraso en Sala IV”, publicado en la página 4ª; aclaramos lo siguiente.

“La Nación” insiste en este “refrito”, en achacarle a la ANEP la responsabilidad en los atrasos de la construcción de la terminal granelera. No es cierto que el atraso en la construcción de la terminal granelera (y no “muelle”, como insiste en confundir “La Nación”), se deba a las legítimas acciones constitucionales que la ANEP tramitó ante la Sala IV.

Los atrasos son el resultado de la forma irresponsable y contraria a los procedimientos establecidos en la ley y de la “ligeraza” con que las autoridades portuarias manejaron el proceso de privatización de este importante puerto.

Si esas autoridades “competentes” hubieran cumplido con lasdisposiciones legales y los requisitos establecidos para la protección del ambiente, tales supuestos atrasos hoy no servirían de justificación para los incumplimientos del concesionario.

“La Nación” lo sabe aunque nos ataque a nosotros, que los responsables de todo lo sucedido en ese proceso, son esas autoridades, por su irrespeto al orden jurídico establecido. Ellos, por tanto, deberían responder con su peculio por los imprevistos que se han dado en el puerto.

Considérese que las acciones constitucionales de la ANEP se formularon con base en la ley y en la jurisprudencia dictada sobre la materia por la propia Sala IV.

Dice “La Nación” que nuestras acciones carecen de seriedad, peroesconde, que en el expediente judicial, incluso la Defensoría de los Habitantes de la República y La Procuraduría General de la República, emitieron criterio a favor de nuestra posición.

Por otra parte respetamos, pero no compartimos, las sentencias de la Sala Constitucional que rechazaron nuestras pretensiones, apartándose de su propia jurisprudencia, pues ya en el pasado había acogido acciones idénticas de otras personas.

Dicha sala, en la resolución 2002-1221 de las 14:49 horas del 6 de febrero del 2002, estableció, reiteradamente, que las evaluaciones de impacto ambiental y la emisión de los certificados de viabilidad ambiental debe realizarse en todos los casos, previo al incio de las licitaciones correspondientes y NO cuando éstas se hayan iniciado y adjudicado.

La imprudencia de los administradores de INCOP, los llevó a ignorar que el humedal de Mata Limón se encuentra dentro de la zona protectora Tivives, de conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 17023, del 2 de junio de 1986; y que el estuario de Mata Limón (sitio donde se ubica puerto Caldera), es un lugar de gran riqueza biológica, en el que viven desde tiempo inmemoriales topo tipo de especies animales y vegetales que conforman ecosistemas muy complejos. Inclusive existen especies endémicas del sitio, que se podrían ver dañadas por su alteración.

Y sin olvidar que dicho lugar es de gran importancia para los habitantes del Pacífico Central y del Golfo de Nicoya. Como es bien conocido por todos, una alteración significativa de las condiciones bióticas del estuario puede afectar de manera significativa e irreparable la continuidad biológica, vegetal, animal y humana, de todo el Golfo de Nicoya.

Y recuérdese que en Mata Limón y la bahía de Caldera, se encuentra un humedal y un manglar que, junto con el de Tivives, son de los pocos que se conservan en el Pacífico Central, propios del bosque tropical seco.

Ante todo lo anterior y con la facultad que nos confiere la Constitución Política y sobre todo, con el ánimo de proteger el patrimonio marino y humano de la zona, procedimos a exigir el cumplimento de la ley por lo que nos vimos obligados a acudir a la Sala Constitucional.

Nos preguntamos, aunque comprendemos, ¿porqué la Nación no acusa a los verdaderos responsables del desaguisado proceso de privatización del INCOP?

Que la Sala IV no se haya apegado a la jurisprudencia ya emitida por ella misma anteriormente, y más bien haya interpretado razones técnicas dentro del concepto legal, deja mucho que desear. Es por esto y por otros asuntos que este alto tribunal hoy se encuentra seriamente cuestionado, por sus infortunios fallos y la intromisión del Poder Ejecutivo en sus asuntos.

Basta de refritos y de medias informaciones. Retamos a La Nación a un debate, cara acara, con ANEP, en igualdad de condiciones y ante la ciudadanía, sobre el proceso de privatización del INCOP y lo caro que estamos pagando y pagaremos los ciudadanos y ciudadanas por tal desafuero.

Esperamos favorable acogida a esta solicitud, plenamente legal, de Derecho de Respuesta.

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto
Céd. 1-468-584

Douglas Carillo Azofeifa
Directivo Nacional
Céd. 6-178-818

C.c.
Oscar Arias Sánchez, Presidente de la República.
Ministros de Estado.
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Fracciones parlamentarias, Asamblea Legislativa.
Colegio de Periodistas de Costa Rica.
Medios de comunicación colectiva.
Movimiento Sindical Costarricense.
Junta Directiva Nacional de ANEP.
Archivo.

¡Todos al rescate de la economía estadounidense!

Las condiciones de la reproducción y valoración del capital, fundamentales para la conservación de la propiedad privada, se han transformado, y hay que diseñar en el plazo más corto posible las nuevas condiciones en las que el capital deberá reproducirse. De no actuarse prontamente todo el sistema capitalista esta en riesgo de sucumbir.

Estamos así en una de las simas de la crisis de racionalidad económica que Ha­bermas describió como la creciente incapacidad de la organización económica para permitir una reproducción amplia y oportuna del capital, esto es, la creciente incapacidad de los medios de producción privados para satisfacer las necesidades sociales. Un valle profundo de organización sistémica que de coincidir con otras condiciones parecidas en los otros órdenes sociales, concretamente en el político donde se establece la crisis de legitimación del Estado, y en el socio-cultural, en el que se instaura la crisis de motivación ciudadana para la participación y organización social y cultural, de concordar pues con simas en esos órdenes, las fuerzas sistémicas del poder y la represión, de la manipulación mediática, y del chantaje y del miedo al desempleo y al hambre, no podrían impedir la potenciación revolucionaria de las fuerzas antisistémicas.

Los representantes republicanos, en puesta tragicómica, no tuvieron más remedio que aceptar el paquete de salvamento estatal más grande de la historia, por más que fuera contra sus sacrosantos principios. El miedo está ahora del lado de ellos. El mero Joseph Stiglitz crítico acérrimo del gobierno de Bush no pudo ver más allá del comportamiento sistémico y aceptó, en artículo publicado por el diario El País de Madrid, que no quedaba de otra, la pronta aprobación del plan Paulson o el derrumbe de todo el sistema crediticio norteamericano.

¡Así que todos al rescate de la economía estadounidense!

Después del primer golpe de asombro ante la evaporación de 300 mil millones de dólares el aciago 29 de setiembre, la comunidad de las corporaciones estadounidense ha comenzado a elaborar el discurso que debería fundamentar, de lograr hacerlo parte del sentido común de la ciudadanía, la explicación de la crisis y la justificación de las recetas para salir de ella.

La nota dominante en las primeras versiones que ya se escuchan en los medios de comunicación, es que no es momento de entrar a discutir sobre las causas u orígenes de la crisis, lo que hay que hacer ahora es actuar y hacerlo inmediatamente. Con esta idea de carácter perentorio, se busca ocultar las causas de la crisis y resolver de manera pragmática los problemas inmediatos que presenta el sistema. “América” no puede vivir sin un sistema crediticio sano –dicen– por tanto hay que restablecerlo pagando por los recursos necesarios para sacarlo a flote. Debemos hacer un sacrificio “todos” para resolver esta _“calamidad”_…, actuando “positivamente” y no criticando y oponiéndonos; los jóvenes podrán reconstruir sus fondos de pensión trabajando más horas al día y extendiendo su período vital de actividad, y los viejos tendrán que aceptar pensiones más bajas y extender por unos años sus planes de jubilación. Los asalariados no podrán pensar en aumentos por lo menos durante unos cinco años más. “América es la economía más grande y poderosa del globo, si aceptamos los sacrificios que esta crisis impone, en poco tiempo estaremos mejor que ahora”, uno de los analistas de CNN en Español.

Así la reconstrucción del sistema crediticio se orienta por un lado restableciendo la estructura de acumulación de capital existente –pero ahora, horror de los horrores– más concentrada, más monopolizada. Y por el otro lado, con el reforzamiento del capitalismo de Estado, en una suerte de corporativismo financiero, donde pocas pero inmensas corporaciones determinan la política pública en materia financiera, monetaria y de seguros. Un enorme complejo bancario-financiero respaldado por el Estado, se le suma al ya infausto complejo militar-industrial que denunciara el presidente Eisenhower en su último discurso.

Si extrapolamos este modelo sin un cambio radical en la razón de estado norteamericana, podemos atisbar un siglo XXI de crisis económicas y comerciales recurrentes, y confrontaciones entre los EEUU y distintas regiones del mundo, en pugna por los mercados regionales y el global, por los recursos naturales, la fuerza de trabajo, los consumidores, etc., mientras no se logre construir un sistema mundial monetario y comercial más equilibrado, menos polarizado, y un sistema de seguridad internacional que haga respetar los acuerdos comerciales internacionales a las grandes potencias económicas.

Esta crisis económica no marca el fin del capitalismo, pero contribuye al surgimiento de medios y mecanismo, de instituciones reguladoras, que reducirán el poder del capital en la determinación del desarrollo económico, político y sociocultural de las naciones. La racionalidad política (democráticamente formulada), ha dado un paso más en procura de una sociedad más equitativa.

* Catedrático de la Escuela de Sociología, Universidad de Costa Rica.

11 de octubre: ¿500 años de qué?

Caballo Loco y Toro Sentado en Estados Unidos.
Tecún Umán en Guatemaya.
Lempira en Honduras.
Diriangén en Nicaragua.
Coyoche, Guaycará y Pabru Presberi en Costa Rica.
Guaycaipuro en Venezuela.
Rumiñahui en Ecuador.
Tupac Amaru en Perú.
Tupac Katari y Batolina Sisa en Bolivia.
Colo Colo, Caupolicán y Lautaro en Chile.

Y muchos muchos más… pueblos enteros de mujeres y hombres valientes, sacrificados, héroes y guerreros del arcoíris, cuya sangre sigue circulando por las venas abiertas de Abya Yala (América) y por nuestras propias venas; nosotros, hijos del siglo XX y XXI, somos su sangre y continuamos su lucha.

Aporte de:
Hormigueros 1856
Comité Patriótico de Pasoancho
Coordinadora Patriótica Pabru Presberi

Gran marcha cierra el Foro Social de las Américas en Guatemala

La movilización comenzó en la mañana guatemalteca desde el Obelisco de la ciudad capital y finalizó en el Parque Central al mediodía.

La marcha de la resistencia indígena, campesina, sindical, negra, feminista y popular finalizó con la lectura de las declaraciones de las asambleas de los movimientos sociales y de las organizaciones indígenas de Abya Yala.

“Somos partícipes de un momento histórico y decisivo para la humanidad. En estos días se ha hecho evidente el fracaso del sistema capitalista que desde los movimientos sociales hemos venido advirtiendo desde hace mucho tiempo”, dice la declaración.

“No solo se trata de una crisis financiera, sino también alimentaria, energética, medioambiental y ética”, explica el documento donde se resalta el apoyo al proceso político que protagonizan las organizaciones sociales bolivianas.

El comunicado también afirma los reclamos de reforma agraria integral en los países de América Latina y por el logro de la Soberanía Alimentaria.

La declaración repudia los proyectos como “la Iniciativa Mérida, el Plan Colombia, el ASPAN, las bases militares, la Escuela de las Américas y la Cuarta Flota”.

“Nos reconocemos en los principios de cooperación, complementariedad y solidaridad de la Alternativa Bolivariana para los pueblos de las Américas (ALBA) comprometiéndonos en seguir avanzando en una integración desde abajo”, completa el texto leído en el Parque Central de Guatemala.

Fuente: Pulsar Agencia Informativa

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Declaración de la Asamblea de los Movimientos Sociales

En el marco del III Foro Social Américas, realizado del 7 al 12 de octubre de 2008, nos hemos reunido en Iximulew en la Asamblea de los Movimientos Sociales representantes de organizaciones indígenas, campesinas, de mujeres, sindicalistas, pobladores(as), migrantes, artistas, LBGTI, jóvenes y niños(as), entre otros sectores.

La gloriosa y tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala ha sido la sede principal de este Foro. Hemos llegado de todo el continente y de tierras más lejanas. Nos hemos reunido para compartir nuestras experiencias de resistencia y lucha; nuestras demandas y nuestras propuestas; para conocernos y/o reconocernos; para avanzar colectivamente en la construcción de otra América posible y necesaria.

Vivimos momentos marcados por el desplome del sistema financiero internacional; que ha evidenciado el carácter especulador y expoliador del capitalismo y ha desenmascarado la falta de moral y de transparencia de los grandes capitales.

No solo se trata de una crisis financiera, sino también alimentaria, energética, medioambiental y ética que amenazan con arrastrar a la humanidad hacia inéditas situaciones de calamidad social y económica. El sistema capitalista ha generado cada vez más exclusión, marginación, violencia y efectos irreversibles en la vida del planeta como el calentamiento global.

Vivimos también el empuje de la lucha de los movimientos sociales, que tiene como eje central la lucha por la derrota definitiva del neoliberalismo, y que se expresa en una agenda de lucha y resistencia plural: como la lucha contra la militarización, contra los planes del imperio como: la Iniciativa Mérida, el Plan Colombia, el ASPAN, las bases militares, la Escuela de las Américas, la Cuarta Flota. Exigimos el cierre definitivo de las bases militares norteamericanas y la cancelación inmediata de la IV Flota.

Resistimos a las nuevas formas de apropiación de los recursos naturales, como la minería a cielo abierto, las hidroeléctricas y los megaproyectos, la asignación de las mejores tierras para la producción de agrocombustibles y del agronegocio, las tendencias de apropiación y privatización de nuestras fuentes de agua, la concentración de la propiedad y el despojo de los campesinos e indígenas de sus recursos.

Seguimos resistiendo la ofensiva neoliberal de los tratados de libre comercio tanto de Estados Unidos como de Europa, asimismo seguimos resistiendo al poder expoliador de las transnacionales en el continente. Avanza nuestra lucha contra la deuda externa que la consideramos inmoral e ilegítima por lo que reiteramos que nuestros pueblos no tienen por qué pagarla.

Resistimos a la criminalización y represión de la lucha de los movimientos sociales por lo que llamamos a fortalecer la denuncia, la articulación popular y la solidaridad con todos(as) los(as) que sufren represión y persecución.

Pero no sólo resistimos, estamos viviendo un tiempo de cambio en el que nuestros pueblos avanzan en la construcción de un modelo alternativo, saludamos la victoria popular de nuestros hermanos y hermanas de Ecuador.

Estamos junto a la lucha de los pueblos originarios de nuestro continente que exigen la refundación de los Estados de herencia colonial reconociendo su carácter plurinacional, base de “El Buen Vivir” que nos enseña a desarrollarnos a la par del tiempo y de la madre naturaleza.

Frente al terrorismo mediático llamamos a unir esfuerzos para construir una agenda común hacia la democratización de las comunicaciones, por fortalecer las iniciativas de comunicación transformadoras y por el derecho a la comunicación.

Ratificamos nuestro compromiso en la lucha de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas por la Reforma Agraria Integral y la Soberanía Alimentaria.

Ratificamos nuestra oposición a la flexibilización laboral y nos pronunciamos por la defensa irrestricta de los derechos laborales de los y las trabajadores(as) del continente.

Reafirmamos el derecho de las mujeres a decidir con libertad sobre sus vidas, cuerpos, sexualidades y territorios que habitan, con sus riquezas naturales y culturales. Reafirmamos que la autonomía de las mujeres es condición para construir relaciones igualitarias en una nueva izquierda en las Américas libre de lacras del patriarcado. Por lo que nos pronunciamos por un pacto ético de no violencia y equidad.

Nos reconocemos en los principios de cooperación, complementariedad y solidaridad de la Alternativa Bolivariana para los pueblos de las Américas (ALBA) comprometiéndonos en seguir avanzando en una integración desde abajo.

Reiteramos nuestra solidaridad militante con la lucha del pueblo boliviano por la construcción de una nueva sociedad pluricultural y plurinacional. Condenamos el racismo de la oligarquía boliviana. Llamamos a defender el derecho inalienable a la autodeterminación del pueblo boliviano.

Ratificamos nuestra solidaridad con la heroica revolución cubana, condenamos y exigimos el levantamiento inmediato del bloqueo y nos comprometemos a seguir luchando por la liberación inmediata de los 5 héroes cubanos presos en cárceles de Estados Unidos.

Nos solidarizamos con la lucha del pueblo de Haití por su autodeterminación y exigimos el retiro inmediato de la Minustah y el reemplazo por misiones de solidaridad y cooperación, así como la cancelación de su deuda externa.

Nos solidarizamos con el pueblo venezolano en su lucha contra el imperio y por el derecho a su autodeterminación.

Exigimos la derogatoria de la Directiva de Retorno de la Unión Europea y nos pronunciamos por el libre tránsito de las personas, como un derecho humano.

Rechazamos cualquier forma de desalojo de comunidades indígenas y campesinas ya que atenta contra los derechos fundamentales de los pueblos.

Ratificamos nuestra lucha contra la impunidad y el olvido en nuestro continente.

OTRA AMERICA ES POSIBLE Y NECESARIA
GLOBALICEMOS LA LUCHAGLOBALICEMS LA ESPERANZA
Iximulew, Guatemala, 11 de octubre de 2008

Segunda consulta sobre el «proyecto de Ley escoba» del TLC

ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO:

-Nueva omisión de información y consulta previa a los pueblos indígenas de Costa Rica de reforma realizada al artículo 78 de la Ley de Biodiversidad, No. 7788, sobre la aplicación de diversas formas de propiedad intelectual a “inversiones esencialmente derivadas del conocimiento asociado a prácticas biológicas tradicionales o culturales de dominio público”. Incumplimiento por parte de la Asamblea Legislativa del procedimiento de consulta establecido en el artículo 6 del Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales.

En criterio de las y los consultantes, la negativa del Parlamento a realizar la consulta a los pueblos indígenas del expediente N° 16.955 en su versión aprobada en primer debate el 16 de octubre de 2008 configura un vicio sustancial del procedimiento parlamentario, por las siguientes razones:

1.- Las reformas legislativas dirigidas a permitir la aplicación de formas de propiedad intelectual a “las invenciones esencialmente derivadas del conocimiento asociado a prácticas biológicas tradicionales o culturales en dominio público” de los pueblos indígenas afectan directamente a este sector de la población y por lo tanto, son materia cubierta por la obligación de consulta establecida en el artículo 6.1.a) del Convenio N° 169 de la OIT.

2.- El texto del expediente 16.955 aprobado en primer debate el 16 de octubre de 2008 contiene reformas al artículo 78 de la Ley de Biodiversidad que permiten que a las invenciones asociadas al conocimiento tradicional de los pueblos indígenas se apliquen diversas formas de propiedad intelectual que en la actualidad NO SON APLICABLES a estas invenciones.

3.- La Sala Constitucional advirtió expresamente sobre los efectos de la reforma introducida al encabezado del párrafo segundo del artículo 78 de la Ley de Biodiversidad.

4.- La reforma al encabezado del párrafo segundo del artículo 78 de la Ley de Biodiversidad contenida en el expediente 16.955 modifica legislación dictada para cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el país en el Convenio de Diversidad Biológica, en cuanto a la protección del conocimiento tradicional de las comunidades indígenas.

CONSTITUCIONALIDAD POR EL FONDO

Se consulta sobre la constitucionalidad por el fondo de las normas del proyecto de ley, que se detallan a continuación:

*MODIFICACIÓN DEL INCISO 1) DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD N° 7788, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 10 DEL PROYECTO DE LEY. *

En criterio de las y los legisladores que suscribimos esta consulta, tal disposición sería contraria a nuestra Constitución Política por las razones que de seguido explicaremos:

ÚNICO.- VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 20 Y 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. INVIOLABILIDAD DE LA VIDA HUMANA. PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD HUMANA Y PROHIBICIÓN DE CUALQUIER FORMA DE ESCLAVITUD.

La posibilidad de patentar o aplicar sistemas de propiedad intelectual sobre el material genético humano implica permitir que determinadas personas físicas o jurídicas se apropien con derechos de exclusividad de parte de la esencia constitutiva del ser humano e incluso ostenten el derecho de autorizar o denegar su uso.

Se trata sin duda de un primer paso para permitir la cosificación y la mercantilización de la vida humana, al convertir elementos esenciales del cuerpo humano, sus genes, su información genética en mercancías susceptibles de apropiación y comercialización. En criterio de las y los consultantes tal posibilidad constituye una afrenta a la dignidad humana y por ende una trasgresión al principio constitucional de que la vida humana es inviolable contenido en el artículo 21 de la Constitución Política.

Al respecto debe recodarse lo dicho por la Sala Constitucional en el sentido de que:
“Es preciso cuestionarse si todo lo científicamente posible es compatible con las normas y principios que tutelan la vida humana, vigentes en Costa Rica, y, hasta qué punto, la persona humana admite ser objeto o resultado de un procedimiento técnico de producción. Cuando el objeto de la manipulación técnica es el ser humano, (…) el análisis debe superar el plano de lo técnicamente correcto o efectivo. Debe prevalecer el criterio ético que inspira los instrumentos de Derechos Humanos suscritos por nuestro país: el ser humano nunca puede ser tratado como un simple medio, pues es el único que vale por sí mismo y no en razón de otra cosa.” (Voto Nº 2000-2306)

En efecto, permitir el patentamiento y, en general, su sometimiento a sistemas de propiedad intelectual de material genético humano, implica tratar al ser humano, al cuerpo humano a los elementos que lo constituyen como “cosas”, objetos que puede ser apropiados por particulares y convertidos en bienes comerciales.

Igualmente, constituye una violación al principio constitucional contenido en el artículo 20 de la Carta Magna, el cual proscribe cualquier forma de esclavitud para todos los seres humanos bajo la protección de las leyes de la República. El patentamiento de material genético humano de cualquier naturaleza equivale a establecer un régimen de propiedad privada sobre las mismas bases de la vida humana. Este régimen puede degenerar en formas perversas y hasta hace unos años insospechadas, de sometimiento del ser humano a condiciones similares a la esclavitud.

La sola posibilidad de permitir que elementos constitutivos del cuerpo humano sean sometidos a un régimen de patentes, implica aceptar que alguien puede considerarse como titular exclusivo de esos elementos, lo que constituye un primer paso en la dirección de admitir que alguien puede ser “titular” de otro ser humano de partes de su cuerpo ¿Cuál es el límite?

De hecho, el patentamiento de material genético humano puede convertirse en un eficaz punto de partida para promover y favorecer la proliferación de otras prácticas violatorias de la dignidad humana derivadas del uso abusivo de las técnicas del manipulación del material genético humano. Prácticas como la clonación humana o la manipulación genética hereditaria con fines como el “mejoramiento de la especie”, que hasta hace poco, repetimos, parecían salidos de historias de ciencia ficción, hoy ya son una realidad que causa gran preocupación a nivel mundial. Evidentemente, la posibilidad de lucrar mediante el patentamiento de material genético humano modificado, constituye un peligro y perverso incentivo para el desarrollo de estas prácticas.

Por las razones expuestas, las y los suscritos diputados estimamos que en el presente asunto debe aplicarse el “principio Pro Homine”, definido por la Sala Constitucional de la siguiente manera:

“El principio pro homine postula que el derecho debe interpretarse y aplicarse siempre de la manera que más favorezca al ser humano. (…) En efecto, el ser humano es el fin último de las normas jurídicas, y no meramente un destinatario de ellas, de tal modo que éstas –y especialmente las que consagran derechos fundamentales–, deben interpretarse en la forma en que más favorezcan a la persona humana” (Voto N° 2002-4153)

Lo anterior, en razón de los graves riesgos que la norma consultada implica para protección de la vida y la dignidad humana, al abrir la posibilidad de patentar material genético humano.

Proyecto Isla Moín: Nota técnica

*Oceanógrafo Físico

Una nota de prensa llama la atención esta semana 1:

2 El Caribe nacional albergará a una de las marinas más grandes del mundo. Consiste en Isla Moín Marina & Resort, un complejo de $180 millones que permitirá el atraque simultáneo de 500 yates de entre 15 y 76 metros de eslora.

Contará con dos marinas; una de 23 hectáreas que se edificará a la orilla del mar y otra en forma circular que se construirá entre la playa y el río Moín.

Ambos atracaderos ofrecerán servicio de abastecimiento de combustible, Internet, electricidad y agua potable.

El plan incluye además un hotel cinco estrellas de lujo, condominios, villas, residencias, un centro comercial y áreas de recreo y entretenimiento.
En total el complejo abarcará 35 hectáreas en la bahía de Moín, en Limón.

La magnitud de la obra es tal que publicaciones internacionales especializadas en la materia la ubican entre las más ambiciosas del orbe.
Por ejemplo, la edición de mayo de la revista Power & Motoryacht apuntala al proyecto costarricense en la selecta lista de los cinco más “monstruosos” del mundo.

Asimismo los periódicos norteamericanos The New York Times y Miami Herald han destacado a Isla Moín Marina & Resort en sus ediciones.
Solo en fuentes de empleo se estima que el desarrollo en el Caribe requerirá unas 5 mil personas, entre directos e indirectos, adelantó Adrián Polini, director del proyecto.

La demanda de personal es tan alta que ya se comenzó con la formación de las personas que contratarán, mediante convenios suscritos con el Instituto Nacional de Aprendizaje y colegios técnicos, informó Polini.”

“En cuanto a los permisos, el complejo ya cuenta con el de impacto ambiental otorgado por la Setena y se está en los trámites para obtener la certificación de viabilidad ambiental.

Además dispone del plan maestro concedido por el Instituto de Vivienda y Urbanismo y está programada para esta semana la visita de campo por parte de técnicos de la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (Cimat), para la aprobación del proyecto.

Una vez que se cuente con todos los permisos en orden se solicitará la concesión ante la Municipalidad de Limón.

Los inversores solicitarán la concesión por 35 años, como lo establece la reforma a la Ley de Marinas recientemente aprobada en primer debate en la Asamblea Legislativa. Hasta ahora solo se extienden permisos por 20 años.”

Sus dimensiones aproximadas son el doble del proyecto de la marina de Puerto Viejo. El 60% de los barcos se hallan en la sección aguas adentro.

La ubicación se detalla en la figura 1 de ARCHIVOS ADJUNTOS.

Las empresas responsables son varias y aparecen en sitio web referido. Destaca la empresa Arias y Muñoz como gestora nacional.

El proyecto se ubica en la ZMT del Caribe Central, en un área despoblada, donde inician los canales del Tortuguero. Es un humedal protegido, para el cual se aplica la ley 6043 de la ZMT y su reglamento, los cuales textualmente establecen:

“*Ley. Art. 10.-* La zona marítimo terrestre se compone de dos secciones: la ZONA PUBLICA, que es la faja de cincuenta metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria, y las áreas que quedan al descubierto durante la marea baja; y la ZONA RESTRINGIDA, constituida por la franja de los ciento cincuenta metros restantes, o por los demás terrenos en caso de islas.

Art. 11.- Zona pública es también, sea cual fuere su extensión, la ocupada por todos los manglares de los litorales continentales e insulares y esteros del territorio nacional.

  • Reglamento. Art. 2.-*

e. Estero: Terreno inmediato a la orilla de una ría por la cual se extienden las aguas de las mareas;

f. Ría: Parte del río próximo a su entrada en el mar y hasta donde llegan las mareas;
g. Marea: Movimiento periódico y alternativo de ascenso y descenso de las aguas del mar debido a las atracciones combinadas del Sol y la Luna;

h. Litoral: Orilla o costa del mar, que se extiende por las rías y esteros permanentes hasta donde éstas sean sensiblemente afectadas por las mareas y presenten características marinas definidas;

Reglamento. Art. 4. – De acuerdo con el decreto No.7210-A de 19 de julio de 1977, los manglares o bosques salados que existen en los litorales continentales o insulares y esteros del territorio nacional y que forman parte de la zona pública en la zona marítimo terrestre, constituyen Reserva Forestal y están afectos a la Ley Forestal y a todas las disposiciones de ese decreto. Partiendo de la línea de vegetación a la orilla de los esteros y del límite de los manglares o bosques salados cuando éstos se extiendan por más de 50 metros de la pleamar ordinaria, comienza la zona restringida.

*Art. 5.-*Corresponde a la Procuraduría General de la República por sí o a instancia de cualquier entidad, institución o parte interesada, ejercer el control jurídico para el debido cumplimiento de las disposiciones de la Ley. Asimismo, conocerá de las denuncias que respecto se formulen, dará el respectivo pronunciamiento y ejercerá las correspondientes acciones judiciales contra los infractores. Además, gestionará cuando se trate de anular concesiones, permisos, contratos, actos, acuerdos o disposiciones en contravención a la Ley. Todo, sin perjuicio de lo que competa a otros organismos.

Art. 10.- En la zona marítimo terrestre es prohibido cortar árboles, tirar basura, modificar la topografía del terreno, o llevar a cabo cualquier acción que altere el equilibrio ecológico del lugar, sin la debida autorización.

Art. 11.- De acuerdo con lo que establece el artículo 22o. de la Ley, en la zona pública no se permitirá el desarrollo de obras de infraestructura ni construcciones que no sean para uso público, o se trate de instalaciones turísticas estatales.”

Por lo tanto, es jurídicamente imposible que el proyecto se realice en esta región del humedal costero al noreste de Moín.

En el orden ambiental, debe tenerse presente algunos de los impactos ambientales de este proyecto:

1. Efluentes, sólidos, hidrocarburos, aguas de sentina, sobre la red de canales del Tortuguero, un humedal clásico, bien definido, con circulación termosalina marcada y con alto efecto de marea interna.
2. Afectación por ruido de motores y exceso de luz nocturna a tortugas, delfines y manatíes, especialmente. Ignoro composición y cantidad de fauna presente en esa región.
3. Alteración de la circulación sobre el litoral, incluyendo transporte de sedimentos y estabilidad de obras portuarias en Limón.
4. Otros propios de la actividad económica.

Notas
1. Destaca el diseño híbrido, de una marina interna y otra externa, primero en su género a nivel regional.

2. Los impactos sobre el humedal son potencialmente muy severos, por lo que requieren examinarse de acuerdo a una exigencia ambiental que nuestro ordenamiento ambiental no considera en su articulado.

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1 Este proyecto no fue considerado, ni siquiera mencionado, durante el taller del PAC en la EARTH sobre el desarrollo portuario de Limón, cuyas conclusiones aparecen esta semana en la Extra.

2 Danny Canales dcanales@larepublica.net La República, 22 sept. 2008

Fuentes
Isla Moin
http://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=16072
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El Poder Ejecutivo ahora entrega las islas

Ocean. Guillermo Quirós Alvarez

oceano@ racsa. co.cr

Desde hace varios años se viene denunciando por los medio de prensa la entrega descarada de nuestra zona costera a manos de la poderosa empresa foránea, que con su gran capital compra voluntades, tierras y ahora islas en nuestro país. Si analizan a fondo la situación, advierten que obedece a un plan bien trazado que acompaña el Poder Ejecutivo, el cual mediante dudosos decretos y leyes, que bien denuncia la Contraloría en su último informe (mayo 2008), orquesta la mayor escalada de acciones en contra de los intereses de nuestro pueblo.

¿Sabía Ud. que la zona costera de Costa Rica es un recurso natural que tiene un valor aproximado de dos mil billones de colones (¢2.000,000.000, 000.0000) ? ¡Ese es el tamaño del botín que quieren escamotearnos si los dejamos!

La última moda en esta escalada de agresiones, son las marinas. Mediante una ley hecha a la medida de los desarrollistas, pretenden enlazar una disminución drástica de las condiciones establecidas para los estudios de impacto ambiental con las normas del TLC. Así, una vez aprobada en primera instancia la marina (concesión a priori), el país no podrá echar marcha atrás si los estudios técnicos lo indican, pues en los tribunales ad hoc que establece el TLC nos obligarán a indemnizarlos por las inversiones hechas y por las utilidades dejadas de percibir en los próximos cien años. ¡Menuda herencia para nuestros exiguos fondos estatales!

Un buen ejemplo de lo afirmado, lo constituye el proyecto Isla Moín (www.islamoin.com), el cual ya cuenta con aprobación del INVU, la SETENA/MINAET y del ICT (La República, 15 sept. 20008), quienes les permiten adueñarse de 35 hectáreas para construir una guápil de marinas en el Caribe Central, para 650 yates; por encima inclusive de atribuciones exclusivas de la Asamblea Legislativa (art. 42, ley 6043). Con una inversión inicial de 500 millones de dólares, solo aguarda la nueva ley para iniciar obras en el Tercer Monstruo de la navegación marítima internacional (The Tico Times, junio 2007).

Y por irónico que parezca, se construirá sobre una isla, que bien define nuestro ordenamiento jurídico como zona pública (art.9, 10 de Ley 6043), terrenos reservados para el exclusivo disfrute del pueblo. Es un lugar donde no se permite levantar ningún tipo de construcción, razón por lo cual se desalojan y derriban los ranchos de los pescadores en la islas del Golfo de Nicoya, en Costa de Pájaros y en Chomes; pero que dependiendo del color del billete se vuelve la tortilla.

Pero además de la total falta de derecho, el proyecto se ubica en medio de un humedal costero, inicio de la red interconectada de los Canales de Tortuguero, el cual a través de convenios internacionales y de leyes propias, nuestro país se ha comprometido formalmente a respetar o al menos en otros gobiernos.

Esta es una marina donde circulan centenares de yates, algunos hasta de 275 pies de largo, que alejan para siempre de la costa Caribe a tortugas y delfines, debido al ruido de sus motores y a la competencia por un mismo espacio vital. Una marina es una actividad industrial donde se cambian aceites de máquinas, se raspan cascos y se tiran aguas de sentina y la carga de sanitarios en los yates, largamente guardados. Tal actividad va acompañada por hoteles de lujo y 250 condominios, de tal forma que unas 7.000 personas y sus desechos habitarán el humedal. ¿Dónde evacuarán estas miles de toneladas cada año? ¿Las echarán en las comunidades de Portete, Cieneguita o Buenos Aires, tal como hicieron con los liberianos los del Golfo de Cacagayo? Conociendo nuestras leyes y autoridades, terminarán también en los Canales del Tortuguero, asfixiando al manatí y al gaspar, a la vieja y al robalo.

¿Es este el modelo de desarrollo costero que desea nuestro pueblo?

Para el desarrollo de Limón se ha propuesto un desarrollo portuario con visión de futuro, que empleará a miles de personas en una actividad económica digna. No vale la pena entregar por una miseria y a un proyecto insostenible ambientalmente enormes riquezas naturales, al desarrollismo que acabará con la vida silvestre y contaminará por siempre aquella bella franja costera, tal como lo han hecho ya en Asia.

¡Alerta! Está de por medio el patrimonio de un digno pueblo que, estoy seguro, con hidalguía sabrá defender sus derechos y los de futuras generaciones.

15 de octubre: Día Internacional de la Mujer Rural

Descarga el afiche de ARCHIVOS ADJUNTOS

Red de Mujeres Rurales

Desde el campo costarricense, 1 de octubre de 2008

Estimadas compañeras:

Reciban un fraterno saludo de la Red de Mujeres Rurales.

La Red, que está compuesta por mujeres del campo de distintas regiones del país, tiene el gusto de invitarle a compartir con nosotras un miniforo donde dirigentes campesinas de tres regiones del país expondremos los temas prioritarios de nuestra agenda y sobre nuestras inquietudes en el momento actual.

Las posiciones que queremos dar a conocer y compartir con ustedes son producto de procesos de discusión en las regiones, con la participación de delegadas de comunidades y organizaciones locales de mujeres campesinas. En este proceso han participado cerca 80 mujeres, representantes de 30 organizaciones de los cantones Los Chiles, Corredores, Osa, Golfito, Pococí y Siquirres.

Esta actividad la realizamos como celebración del 15 de Octubre, Día Internacional de la Mujer Rural, en Miniauditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica de 9:00 a 11:30a.m.

Les esperamos, porque juntas y juntos tenemos mucho por hacer.

Matilde Gómez, San Carlos
Orfa Dalila Condega, Los Chiles
Rocío Núñez, Guanacaste
Julia Lezama, Pococí
Ana Isabel Vargas, Palmar
Rosa Benavides, San Carlos
Lidieth Hernández, Cartago

Si desea mayor información, comunicarse con Marisol Fournier al 88 13 47 94 o con Alejandra Bonilla al 22 78 54 67.

¿Qué ocurre en EE.UU y qué podemos prevenir?

Universidad Nacional
Facultad de Ciencias Sociales
Programa de Vinculación y Proyección externa


Invitación a la:
Conferencia de la Crisis Financiera de los Estados Unidos a la Crisis Sistemática Global: El Debate y Políticas de prevención

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, tiene dentro de sus funciones académicas cumplir con la misión de la Universidad Necesaria.

En particular, la facultad tiene dentro de su actividad académica de extensión universitaria, el objetivo de ser parte del debate de los grandes temas nacionales, que orienten a crear conciencia crítica acompañada de una visión propisitiva para la sociedad.

Asimismo, el Programa de Vinculación y Proyección Externa de la Facultad de Ciencias Sociales, tiene entre sus objetivos proponer la creación de espacios académicos con capacidad propositiva en temas especializados y de interés nacional.

Por lo tanto, le hago una cordial invitación a participar en esta conferencia que pretende crear un espacio de discusión en relación a este temática que resulta de gran importancia para nuestro país.

Esta actividad se llevará a cabo en la Sala de Conferencia Nº 1 de la Facultad de Ciencias Sociales, el día jueves 16 de octubre a las 6 p.m. la cual contará con la presencia del Dr. Henry Mora Jiménez como expositor.

Confirmar al:
25-62-41-46 con Ronald Salas
88-71-64-01 con Key Cortés

Agradeciendo de antemano, su atención.

Se suscribe,

Dr. Ronald Salas Barquero
Coordinador
Programa de Vinculación y Proyección Externa
Facultad de Ciencias Sociales