San José, jueves 9 de octubre de 2008 FECON – 096-08
Señor Dr. Oscar Arias Sánchez Presidente de la República de Costa Rica Casa Presidencial Zapote
Estimado señor:
Desde hace muchos años, el movimiento ecologista costarricense ha alertado tanto a las autoridades como a la sociedad en general, sobre los peligros y nefastas consecuencias que derivan de la privatización de nuestra biodiversidad y nuestra vida por medio de patentes o “derechos del obtentor”, que solamente protegen intereses de grandes empresas transnacionales y que legitiman la biopiratería de los recursos biogenéticos del país.
La vida no es una mercancía y por lo tanto no debe ser tratada como tal, las patentes, la propiedad intelectual, la apropiación de materiales genéticos y de conocimiento tradicional por parte de transnacionales, son intentos de apropiación del bien común.
Nos indignan leyes absurdas en las cuales nuestros agricultores, campesinos, indígenas y productores del campo sean tratados como delincuentes por prácticas ancestrales de intercambio de semilla y de conocimiento tradicional; imponiéndoseles sanciones tales como medidas cautelares y destrucción de sus cosechas.
Como usted mismo ha reconocido, la crisis alimentaria asecha a nuestro país, de ahí intuimos otra consecuencia grave de estas prácticas, la cual radica en el encarecimiento y falta de acceso a semillas para abastecimiento interno; así mismo, la posibilidad de abrirse un portillo a organismos genéticamente modificados (transgénicos), lo cual también va en detrimento de nuestra soberanía alimentaria y nuestra biodiversidad.
Hoy, nuestra preocupación se acrecienta, no solo porque nuestras alertas no han sido escuchadas por parte de dichas autoridades, si no porque, además, nos encontramos ante un atropello más a la institucionalidad del país, evidenciado en el trámite del expediente Nº 16.955 “Reforma y adición de varias normas que regulan las materias relacionadas con propiedad intelectual”, en una forma excesiva, inconsulta, apresurada y tardía; sobre el cual la Sala constitucional ya se pronunció sobre la obligatoriedad de consultarle a nuestros pueblos indígenas, en el tanto es un derecho establecido en el convenio 169 de la OIT suscrito por nuestro país y con jerarquía superior incluso a nuestra Constitución Política al ser considerado un derecho humano.
Por lo tanto, exigimos que se deje de violar nuestra institucionalidad y se proceda a realizar la consulta a nuestros pueblos originarios, tal y como lo indicó la Sala Constitucional, por afectársele en el artículo 10 del expediente Nº 16.955; así como también eliminar el artículo 7 del mismo, con el procedimiento adecuado y no nuevamente con mecanismos antojadizos, por cuanto representa un exceso a los compromisos adquiridos por nuestro país en el TLC.
Atentamente,
Heidy Murillo Quesada Presidenta Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente
CC: Archivo Medios de Comunicación Asamblea Legislativa
A partir de este 13 de octubre se reinician las movilizaciones de agricultores/as y campesinos/as en la capital ante la asamblea el mag y zapote y en las regiones del país ante las oficinas del agro.
NO permitamos:
– Que las transnacionales impongan sus agroquimicos de marca y a cuatro veces el valor de los genericos;
– Que los precios de los insumos vitales para la producción y la seguridad alimentaria esten sin ningun control
– Que el plan nacional de alimentos nos traiga semillas importadas sin validarlas en nuestros campos, ni tenga precios de sustentación a nuestra produccion;
– Que eliminen la consulta a nuestros/as hermanos/as indigenas, así como se les olvidó consultarnos;
Organizaciones del agro y del movimiento social a las calles
A los meseteños los necesitamos a la gran concentración ante la asamblea legislativa a parti r de la 1:30 pm para presionar desde la calle y las barras ante este parlamento y gobierno anti-campesino.
A nuestra membresía regional la necesitamos marchando ante las municipalidades y las oficinas de la burocracia del agro.
CONVOCAN:
Movimiento Agrario Nacional MANÁ, COOCAFÉ, Unión de Pequeños y Medianos Agricultores UPANACIONAL, Unión Nacional de Agricultores Costarricenses UNAG, Corporación Arrocera Nacional, Federación nacional Campesina FENAC, Red de Mujeres Rurales de Costa Rica, COOPROPAQ Upala, Red Coproalde, Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense MAOCO, Cooperativa Empresarial de Productores de las Plantaciones Agrícolas y Similares CEPPASNNRL, Asociación de Mujeres Organizadas de Los Chiles, Consejo Nacional de Trabajadores Bananeros, CONATRAB, Coordinadora Nacional Campesina, Productores Ganaderos, Coordinadora de Mujeres Campesinas CMC, UPAGRA, UPACON, AUNAG, Comité Cívico Limonense, FEDEAGUA, Federación de Campesinos Cristianos Costarricenses FECCC,.Apoyo solidario de SITRAL, Pastoral Social, Coordinadora Nacional de Lucha contra el TLC, Comisión Costarricense de Derechos Humanos, Frente Nacional de Apoyo a la Lucha contra el TLC, Unión de Empleados del IDA, Central General de Trabajadores, Unión de Trabajadores Agrícolas, Pecuarios y de Actividades Varias de Coto Brus UPACOB y el Foro Nacional Iglesia-Organizaciones.
Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.
Será ésta la decimosétima vez que la ONU debate sobre el tema y, con toda seguridad, habrá una abrumadora votación a favor del pueblo cubano, como ha ocurrido en todas las 16 veces anteriores. Por ejemplo, en la del año pasado, 2007, Cuba obtuvo 184 países a su favor, 4 en contra y 1 abstención. En la ONU, los Estados Unidos se quedan completamente solos cuando de Cuba se trata. La acción de Estados Unidos en contra de Cuba, pisotea, una y otra vez, los propósitos y los principios establecidos en la carta constitutiva de la ONU y es por eso es que los gobiernos de las naciones de la Tierra condenan el bloqueo a Cuba.
Se puede estar a favor ó se puede estar en contra del régimen político que rige los destinos de Cuba, una nación hermana, integrante plena de la gran nación latinoamericana. Ese no es el punto. El punto es que los principios del Derecho Internacional indican que ninguna nación debe imponerle a otra, un determinado sistema de vida y una particular organización política. El criminal bloqueo contra Cuba se acerca ya al medio siglo de existencia y, sin embargo, nada han ganado los Estados Unidos en todos estos años de su “santa cruzada” contra el valiente pueblo de la isla más grande del mar Caribe.
Diversos estudios económicos, bastante serios, se han encargado de cuantificar el impacto que ha tenido el bloqueo a Cuba desde que, ilegalmente, le fuera impuesto. Así por ejemplo, se indica que únicamente en el año pasado 2007, ese impacto fue del orden de los 3 mil 775 millones de dólares. Otro dato nos indica que desde que está en vigencia el bloqueo y calculando a valor actual del dólar, las pérdidas económicas para Cuba andan alrededor de los 226 mil 600 millones de dólares. Por eso se puede afirmar, sin temor a equivocaciones, que el bloqueo es hoy en día el principal obstáculo al desarrollo y al bienestar del pueblo hermano de Cuba.
Por otra parte, desde un punto de vista estrictamente humanista, ninguna persona puede estar de acuerdo con el cerco sistemático a un pueblo que tiene un pensamiento distinto del que le acosa. La monstruosidad del bloqueo a Cuba, llevada al límite en el gobierno del genocida y ya casi expresidente Bush, es tan criminal como impedirle a una transnacional de medicamentos de Estados Unidos que le venda a Cuba un anestésico inhalatorio de carácter pediátrico o marcapasos para niños cubanos aquejados de arritmias.
Costa Rica comercia con Cuba. Varias empresas nacionales exportan una amplia gama de diversos productos hacia la isla caribeña. Por otra parte, un número cada vez más creciente de jóvenes costarricenses, se educan en el hermano país, por ejemplo, en la carrera de Medicina. En Costa Rica, a estos muchachos y muchachas, dado su humilde origen socioeconómico, no les hubiera sido posible alcanzar tal sueño profesional. Estas situaciones, entre otras, han generado que nuestro país mantenga con Cuba relaciones diplomáticas a nivel consular, aunque ya es tiempo en que se establezcan a nivel de embajadas.
Los pueblos de la Tierra, como demuestran las votaciones en la ONU, año con año, entienden perfectamente que la diversidad y la tolerancia son, hoy en día, elementos fundamentales para la vida comunitaria del planeta. Cuba tiene un lugar en el mundo y por las particulares circunstancias sociopolíticas, económicas e históricas en estos últimos cincuenta años, la dignidad del pueblo cubano es admirada en todos los rincones del orbe, aunque no se comparta su ideología y su sistema político. Cuba tiene una estatura moral envidiable y eso le es reconocido en toda parte.
En los albores de un cambio de gobierno en los Estados Unidos y ante la debacle financiera y la catástrofe ideológica que vive su sistema de capitalismo salvaje, conviene a las nuevas autoridades estadounidenses levantar el bloqueo a Cuba y darle un auge al comercio entre ambos países que a los dos les ha de beneficiar, en la medida en que el respeto mutuo por sus respectivos sistemas políticos prevalezca ante todo.
Nos sumamos por esta vía al gigantesco movimiento global que exige el levantamiento ya del criminal bloqueo a Cuba. Costa Rica sumará su voto a la prácticamente totalidad de países del mundo que en la sede de la ONU, este 29 de octubre, una vez más, la decimosétima, votará por Cuba y contra el bloqueo criminal que debe terminar ya.
San José, 6 de octubre de 2008. S.G. 07-09-0867-09 ¡URGENTE!
Honorables señoras y señores Diputadas y diputados Fracciones parlamentarias
Partido Acción Ciudadana (PAC)
Partido Frente Amplio (PFA)
Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE) Asamblea Legislativa Presente
Con gran respeto para sus dignas autoridades parlamentarias, les hacemos llegar atento saludo de nuestra parte.
Queremos resaltar que es de extraordinaria importancia la iniciativa de someter a consulta ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, nuevamente, el proyecto que pretende reformas a varias normas reguladoras de materias relacionadas con la Propiedad Intelectual (último proyecto en trámite de la denominada agenda de_ “implementación”_ del TLC); toda vez que la coalición parlamentaria gobiernista insiste en violar los señalamientos puntuales que al respecto de la tramitación de tal proyecto, el indicado tribunal constitucional ha ordenado observar, específicamente el procedimiento de consulta a las comunidades indígenas costarricenses.
Como vuestras autoridades legislativas saben de sobra, las violaciones a la institucionalidad electoral, parlamentaria y constitucional, han estado a la orden del día en prácticamente todas las tramitaciones de los diversos proyectos de ley de la mencionada agenda; tramitaciones inmersas en una cadena de procedimientos espurios, descarados tráficos de influencias, violaciones a la división constitucional de poderes y atropellos a la reglamentación parlamentaria.
Consta a un considerable número de ciudadanos y de ciudadanas que tanto en el proceso mismo del referéndum sobre el TLC (que precisamente, está cumpliendo un año de su realización); como en la tramitación de las diversas leyes de su agenda de “implementación”; la institucionalidad republicana ha salido seriamente lesionada y desacreditada; y no es sino hasta que el magistrado constitucional de abierto sesgo gobiernista, por presión popular, hubo de abandonar su escaño judicial, que la Sala Constitucional recobró, aunque fuera tan sólo en este caso puntual, lo que siempre debió ser su constitucional independencia con respecto a los poderes Ejecutivo y Legislativo, en este asunto del TLC y sus leyes de “implementación”.
Por otra parte, las revelaciones de Diario Extra acerca de las comunicaciones que sobre el mismo se habrían cursado entre la diputada Andrea Morales, Presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa (que es donde se tramita tal iniciativa), con el señor Luis Pal, reconocido representante de transnacionales farmacéuticas en materia de inscripción de patentes e integrante de la Junta Administrativa del Registro Nacional (precisamente la institución donde se inscriben esas patentes), además de ser él esposo de la diputada María de los Ángeles Antillón, una de las más insignes militantes ideológicas del TLC; nos llevan a presuponer que la tramitación de la indicada iniciativa legal sobre Propiedad Intelectual tendría elementos de presunto tráfico de influencias.
La institucionalidad republicana de la división constitucional de poderes debe ponerse a prueba en esta crucial ocasión de la tramitación irregular del proyecto de ley de Propiedad Intelectual, especialmente cuando queda en evidencia que la coalición parlamentaria gobiernista, con toda desfachatez y descaro, pretende burlar la orden constitucional de consulta a las comunidades indígenas.
Por tanto, reiterándoles nuestro mayor respeto, saludamos la iniciativa que desde esas honorables fracciones parlamentarias ya se ha anunciado de elevar a consulta, nuevamente, el indicado proyecto de ley. Miles y miles de compatriotas les respaldarán en tan afortunada decisión.
Con la mayor consideración,
Albino Vargas Barrantes Secretario General
Edgar Morales Quesada Secretario General Adjunto
C.c. Movimientos patrióticos. Medios de Comunicación Colectiva. Junta Directiva Nacional de ANEP. Archivo.
San José, 6 de octubre de 2008. S.G. 07-09-0869-09
Honorables señoras y señores Diputadas y diputados Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo Asamblea Legislativa Su Despacho
Con todo respeto, les expresamos nuestro atento saludo.
La Junta Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en su sesión No. 1835, de carácter ordinario, celebrada el pasado viernes 19 de setiembre de 2008, tomó el acuerdo de dirigirse a vuestras autoridades legislativas, con motivo de la tramitación del Expediente Legislativo No. 16.981, proyecto de ley_ “Autorización a la Municipalidad de Cartago para que done un terreno de su propiedad a la Caja Costarricense de Seguro Social con el fin de construir un anexo hospitalario o torre médica para la provincia de Cartago”_; consignando ante esa honorable comisión legislativa nuestra oposición rotunda a tal iniciativa de ley.
Somos del criterio de que la población habitante de la provincia de Cartago y, muy especialmente, la clase trabajadora que vive y/o labora en esa importante zona del país, requiere una solución integral de largo plazo para su problema de atención hospitalaria.
Por el contrario, el proyecto en mención no solamente posterga por tiempo indefinido que llegue esa solución integral; sino que se presenta como salida, una iniciativa que, a menor plazo, mostrará su cortedad de alcance y su insuficiencia atencional lo que, a la postre, representará una especie de inversión desperdiciada.
En ANEP hemos analizado la naturaleza de la propuesta formulada por la Asociación Pro-Nuevo Hospital de Cartago, que sí contempla una construcción verdadera e integral del nuevo hospital necesario para la comunidad cartaginesa; mismo que con el apoyo político del caso, sería una realidad en un plazo no mayor de cuatro años, con lo cual todas las comunidades del Valle del Guarco sí tendrán acceso a una solución hospitalaria de larga data y altamente satisfactoria.
Así las cosas, es criterio oficial de la ANEP que expresamos por esta vía, la necesidad de rechazar el proyecto de ley que se tramita bajo el Expediente Legislativo No. 16.981; para dar paso al todo el respaldo político necesario al planteamiento presentado por la Asociación Pro-Nuevo Hospital de Cartago, el cual cuenta con el beneplácito de una innumerable cantidad de fuerzas vivas de la comunidad y, por supuesto de la ANEP.
Estamos seguros de que la clase trabajadora que vive y/o trabaja en la zona cartaginesa, sabrá aquilatar la histórica decisión que debe tomarse en esta importante situación; decisión que no debe ser otra más que la propiciada por la mencionada y prestigiosa asociación.
Con toda consideración,
Albino Vargas Barrantes Secretario General
Edgar Morales Quesada Secretario General Adjunto
C.c. Fracciones parlamentarias, Asamblea Legislativa. Asociación-Pro Nuevo Hospital de Cartago. Fuerzas vivas de la comunidad cartaginesa. Medios de comunicación colectiva. Junta Directiva Nacional de ANEP. Archivo.
Municipalidad de El Guarco a favor de un hospital para Cartago
El Guarco, 08 de octubre 2008 Nº1000-SM-08
Señor Dr. Oscar Arias Sánchez Presidente de la República San José
Señor Dr. Eduardo Doryan Presidente Ejecutivo de la C.C.S.S.
Muy estimado señores:
Con el respeto y cariño que Usted se merece me permito saludarlo y transcribirle el acuerdo unánime y definitivamente aprobado que consta en el acta Nº180-08, artículo Nº2 de la sesión celebrada el día 25 de setiembre del año en curso que dice:
“Al escuchar la amplia explicación del señor Lic. Gerardo Gutiérrez Pimentel de la Asociación Pro Nuevo Hospital de Cartago a través la cual se deja de manifiesto la urgente necesidad de la Ciudadanía Cartaginesa de contar con un nuevo Hospital digno de nuestra Provincia y no una torre médica como se ha querido plantear, así como la necesidad de contar con los recursos financieros necesarios para lograr esta obra, este Concejo Municipal brinda el total apoyo a la gestión que realiza dicha Asociación y pide vehementemente a Usted señor Presidente y al señor Presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social que interpongan los buenos oficios y designen los recursos necesarios para lograr la construcción de un Nuevo Hospital en la Provincia de Cartago Se hace hincapié que tenemos los mismos derechos de las Comunidades de la Gran Área Metropolita todas al oeste del Ochomogo. Además a parte de la urgente necesidad que existe, es menester recordar que Cartago ha sido uno de los pilares de apoyo a su gestión y así como esta Provincia le dio el apoyo hoy le pedimos considerar esta petición. “
De Ustedes muy atentamente;
Flor Ma. Arrieta Pereira Secretaria Municipal
CC/ Sres. Diputados de Cartago Expediente No. 16.981, Comisión Asuntos Municipales Asamblea Legislativa Asociación Pro Nuevo Hospital de Cartago archivo
La denuncia pública la hizo el sindicato de trabajadores del IDA, que ve con muy malos ojos la compra y considera que existe despilfarro de recursos. La adquisición fue confirmada por la gerente general del IDA, Annie Saborío, quien dijo a DIARIOEXTRA que el cambio de vehículo obedece a una necesidad, pese a que las anteriores eran modelo 2003.
La funcionaria dijo que tanto el carro viejo de la Presidencia como el de gerencia fueron devueltos y valorados en ¢8 millones cada uno, por lo que el pago en efectivo fue de ¢60 millones por los dos automotores.
“Mientras los trabajadores arriesgan la vida en vehículos que han recorrido 500 mil y hasta 800 mil kilómetros y se la tienen que jugar para atender el Programa de Granos Básicos, la administración del IDA se da el lujo de comprar vehículos último modelo bajo el argumento de que las unidades que tienen reportan 250 mil kilómetros de recorrido”, dijo Walter Quesada, presidente de la Seccional de ANEP. El sindicato afirma que se pudieron comprar carros más modestos y dejar más plata para la atención del Programa de Granos Básicos. Según Quesada, lo más prudente es devolver los vehículos al proveedor o recuperar el dinero invertido.
“NO ES TANTA PLATA”
En defensa de la institución, Saborío justifica que para las giras de trabajo, tanto el presidente, Carlos Bolaños, como ella, requieren un vehículo en condiciones adecuadas.
“Los carros que teníamos ya tenían seis años de antigüedad, más de 240 mil kilómetros, habían sido chocados en dos ocasiones. Ya salía muy caro el mantenimiento”, expresó la gerente.
Consultada sobre el precio de los carros y la necesidad de andar sobre ¢38 millones, Saborío dijo que se ajustaban al presupuesto y que “no es tanta plata, no son carros caros, son muy parecidos a un camión de carga. Además, ocupamos algo apto para nuestras giras”. Agregó que para este año, la Contraloría General de la República les aprobó que invirtieran ¢500 millones en renovar parte de su flotilla.
“No se ha descuidado la flotilla de trabajo en campo. Se comprarán 99 pick up, 30 motos, 8 camiones y una buseta”, explicó.
En una carta que envió días atrás Bolaños a los empleados del IDA, les informó que la compra de los vehículos obedece a un cumplimiento del informe de Contraloría del 7 de marzo de 2007, cuando señaló que 172 unidades de la institución superan los 10 años.
Fuente:Diario Extra Marcelino Rivera Salazar mrivera@ diarioextra.com Foto: Víctor Benavides
“Para mi el trabajo decente es aquel que le da al trabajador un salario que le alcance para consumir“. Con esas palabras definió el representante de las Cámaras Patronales lo que la oligarquía piensa que es un trabajo decente y digno. El señor Numa Estrada Zúñiga, miembro de UCCAEP, fue uno de los participantes del Foro sobre Trabajo Decente que se realizó el 7 de octubre en las instalaciones de la ANDE, convocado por el Movimiento Social y Sindical.
Además del representante patronal, participaron de la actividad dos trabajadores del Ministerio de Trabajo, el señor Adolfo Ciudad Reynaud, representante de la OIT y quien moderó el foro, además de Edgar Morales Quesada por la CSJMP y Dennis Cabezas Badilla de CUSIMA, ambos conocidos miembros del sindicalismo nacional.
La visión del sindicalismo sobre el trabajo decente difiere mucho de la escueta y mercantil visión del señor Estrada. Edgar Morales, que además es el Secretario General Adjunto de la ANEP, hizo una profunda exposición sobre la visión de la clase trabajadora de lo que debe ser el trabajo digno y decente; como aquí en Costa Rica no existe la libertad sindical, y sin ella no puede ser decente un empleo. De los estragos del neoliberalismo y su forma de ver el mundo, corrosivo, depredador, lo cual también hace q ningún trabajo sea digno en esas condiciones.
Edgar Morales Quesada, CSJMP
Este foro formó parte de una serie de actividades que se realizaron en toda América Central para celebrar la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Además que se enmarcó en esta fecha tan importante (7 de octubre) para el movimiento social costarricense, donde se cumplía un año de la lucha social por derrotar al neoliberalismo criollo en el referendum por el TLC, que en realidad se transformó en un Fraudurendum por todas las artimañas y chorizos que realizaron para poder pasar el nefasto TLC.
La actividad fue convocada por CMTC, CTRN, CUSIMA, FIT-ICE y la Central Social Juanito Mora Porras.
Contra la corrupción
Finalizado el foro todos y todas, menos el representante “empresarial”, se dirigieron hacia el Parque Central de San José en donde se realizaba una concentración de protesta contra el alto costo de la vida y contra la corrupción.
Hoy 7 de octubre, hace un año, se realizó el primer Referéndum en Costa Rica. Se suponía que el pueblo costarricense tendría la oportunidad de decidir sobre un proyecto neoliberal de nefastas consecuencias, el TLC.
Lo que parecía ser un proceso democrático de consulta popular terminó siendo un absoluto fraude que quedó marcado en los libros de historia de nuestro país como una mancha.
Cientos de hombres y mujeres, de diversas organizaciones se hisiceron presentes, tomando su tiempo de almuerzo, en medio de un día de jornada laboral.
Música, cimarronas, payasos y verdaderos artistas nacionales, aportaron alegría a un evento que hacía recordar una herida que duele a la Patria.
Cientos de hombres y mujeres valientes mantienen viva la llama de la esperanza y la lucha por nuestra Patria.
Apoyamos el Llamamiento que a nivel internacional se realiza por “Trabajo decente para una vida decente”.
Llamamiento a la Acción: Trabajo Decente para una Vida Decente
El auge económico mundial no ha tenido necesariamente como efecto una mejora en el nivel de vida de la mayoría de la población en el mundo.
Además de un desempleo declarado significativo, muchos están subempleados o no cobran lo que les correspondería por el trabajo realizado. La mitad de la fuerza laboral mundial gana menos de US$2 al día. 12,3 millones de hombres y mujeres trabajan en condiciones de esclavitud. 200 millones de niños menores de 15 años trabajan en lugar de asistir a la escuela. 2,2 millones de personas mueren a causa de accidentes y enfermedades laborales cada año. La gente en países desarrollados y en desarrollo trabaja más por menos dinero, y cada vez son más las personas – mayoritariamente mujeres – que se ven obligadas a ganarse la vida en la denominada economía informal, sin protección social alguna ni derechos y con empleos precarios. Entre tanto, las empresas utilizan la amenaza de la subcontratación para reducir los salarios y eliminar ciertos derechos que costó mucho ganarse, como el derecho a la negociación colectiva y a la huelga. Los sindicalistas que combaten esta tendencia son despedidos, amenazados, encarcelados o incluso asesinados.
Sólo un sistema internacional basado en la solidaridad y el respeto de los derechos de la persona, consagrados en los convenios de Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) puede poner fin a estas tendencias. Exhortamos a nuestros gobiernos a que firmen estos convenios, los apliquen de forma urgente y sitúen el trabajo decente como un elemento central de sus políticas.
En julio de 2006, los gobiernos miembros del Consejo Económico y Social de la ONU adoptaron una Declaración Ministerial cuyo primer artículo indica que: “Estamos convencidos de la urgente necesidad de crear un entorno a escala nacional e internacional que propicie el logro del empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos como base del desarrollo sostenible”. Este llamamiento debe ir acompañado por la ratificación e implementación de las normas de la OIT, al tiempo que las agencias internacionales utilizan la nueva Guía Práctica de la ONU para la incorporación sistemática del empleo y el trabajo decente, como primer paso para fomentar una mayor coherencia política y convergencia para cumplir la promesa de Trabajo Decente para Todos.
Hay que empezar a cumplir estas promesas de inmediato.
Pensamos que el trabajo decente es un elemento esencial para erradicar la pobreza, mejorar las vidas de hombres y mujeres y permitir que las gentes vivan en paz y dignidad. Instamos por tanto urgentemente a los responsables políticos a:
1. Trabajo decente: Reafirmar la contribución de unos empleos estables y de calidad para el logro de una economía saludable y comunidades justas y equitativas, implementando estrategias inclusivas para un empleo pleno y productivo, incluso para aquellos que trabajan actualmente en la denominada economía informal y que necesitan derechos y justicia para defender sus intereses. Toda persona tiene derecho a trabajar, a unas buenas condiciones de trabajo, y a obtener ingresos suficientes para cubrir sus necesidades económicas, sociales y familiares básicas, un derecho que debería reforzarse mediante la aportación de salarios dignos y adecuados.
2. Derechos: Los derechos de los trabajadores/as a formar y afiliarse a sindicatos y a negociar colectivamente con su empleador son fundamentales para lograr el trabajo decente, y todas las organizaciones internacionales, los gobiernos y las empresas han de cumplir sus responsabilidades respetando los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras.
3. Protección social: Reforzar y ampliar la cobertura de la protección social garantizando el acceso a la seguridad social, las pensiones, las prestaciones de desempleo, la protección de la maternidad y los servicios sanitarios para todos. Cualquiera debería tener acceso a estos beneficios, incluyendo los trabajadores/as en la denominada economía informal.
4. Comercio: Cambiar las normas comerciales injustas y asegurarse de que los acuerdos comerciales se utilicen como un instrumento para lograr el trabajo decente, el desarrollo sostenible y el empoderamiento de los trabajadores, las mujeres, los desempleados y los pobres en todo el mundo. Deben incluirse en los acuerdos comerciales mecanismos vinculantes para la promoción y el reforzamiento del trabajo decente, incluyendo una referencia a las normas fundamentales del trabajo. Los gobiernos deben dejar de concertar acuerdos comerciales que perjudiquen a los pobres, creen desempleo y conduzcan a la explotación. Las reivindicaciones de las organizaciones de trabajadores/as y del resto de la sociedad civil deben ser escuchadas.
5. Deuda: Asegurarse de que las prioridades de las instituciones financieras internacionales incorporen preocupaciones sociales y medioambientales. Particularmente debe ponerse fin a las condiciones vinculadas a los créditos y al alivio de la deuda, que obligan a los países a desregular los mercados laborales, reducir el gasto público y privatizar servicios públicos a costa del acceso y la calidad de los mismos. Todos los proyectos financiados por estas instituciones tienen que respetar las normas fundamentales del trabajo en su implementación.
6. Ayuda: Asegurarse de que los gobiernos cumplan su compromiso de incrementar el nivel de ayuda oficial al desarrollo de los países ricos hasta que represente al menos el 0,7% del PIB. Una adecuada financiación para el desarrollo resulta esencial si queremos alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU.
7. Migración: Asegurarse de que los trabajadores/as migrantes no sean explotados y que disfruten de los mismos derechos que el resto de los trabajadores/as, ratificando los Convenios de la OIT relevantes y la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias.
También queda constancia de los miles de costarricenses que de manera espontánea participaron en ese trascendental episodio y de los que fueron obligados, con amenazas y calumnias, a emitir el sufragio y hoy se percatan de que fueron amedrentados y utilizados por quienes anteponen sus intereses personales a los del país.
Una pregunta me asalta en este aniversario. ¿Cuál habría sido el resultado del referéndum si las cosas que se ocultaron y que hoy conocemos se hubieran divulgado un año atrás; si los costarricenses hubieran tenido verdadera conciencia del contenido de las leyes de implementación impuestas por el Tratado; y si la verdad en cuanto a propiedad intelectual, empresas textileras, certificación de Estados Unidos y prórroga de los plazos se hubiera difundido a cabalidad?
En los últimos meses la economía costarricense se ha deteriorado. Las vacas flacas ya están aquí. Aquel hato gordo y saludable del que el gobierno se ufanaba y lo atribuía a su extraordinaria gestión, ya no es ni la sombra de lo que fue. La inflación prometida del 8% es casi el doble, las tasas de interés se dispararon y ya superan el 10% (difícil panorama para quienes se endeudaron hace pocos meses cuando el Banco Central las redujo al 4%), y las exportaciones crecen lentamente.
Pero lo más grave es que este deterioro de la economía afecta más a los más pobres. Hasta el presidente Arias, curándose en salud, reconoce que la pobreza aumentará este año. La reducción de 2007 resultó ser un fuego fatuo que sirvió para deslumbrar, pero la jarana salió a la cara. Los programas para aliviar la pobreza se han quedado en el papel y los dineros en las arcas del gobierno. La Contraloría lo ha dicho de manera clara y contundente.
Ante este oscuro panorama el gobierno no propone ninguna solución. Su tiempo se acaba, la politiquería en la esfera oficial ya comenzó y no vemos ni planes ni programas para ayudar a los agricultores cuyos insumos aumentan cada día, para contener los incrementos en la canasta básica, para enfrentar el problema energético, para mejorar la seguridad ciudadana y para ayudar a las familias de menores ingresos. El gobierno sigue a la deriva interesado solo en aprobar un TLC cuyas desventajas cada día son más evidentes.
En Estados Unidos las cosas se perciben graves. El sistema financiero está a punto de colapsar y los políticos decidieron inyectarle más de $700 mil millones para tratar de mantener a flote instituciones financieras que de otra manera quebrarían y generarían una crisis de dimensiones incalculables. Sin embargo, el plan de rescate ha sido ampliamente criticado y los resultados positivos esperados no son compartidos por muchos economistas.
Lo que sí es evidente es que los problemas del sector financiero se están transmitiendo con gran velocidad a la economía real. La reducción del crédito ya está afectando la producción, el consumo, la inversión y el empleo. Esto se reflejará en una mayor contracción de la economía norteamericana, lo que repercutirá en otros países, entre ellos Costa Rica.
¿Hay alguna propuesta de la Administración Arias para enfrentar esta situación?
Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), pidió al gobierno aclarar las injerencias externas al Congreso que se habrían dado en el trámite del proyecto que reforma y agrega varias normas en materia de propiedad intelectual, última iniciativa de la agenda de implementación del TLC con Estados Unidos que aun no ha sido aprobada.
Según Vargas, hubo muchas coincidencias en el trámite de ese último proyecto, situación que ANEP considera como una prueba de la serie de intereses políticos y económicos que hay sobre la inscripción de patentes, una vez que el tratado entre en vigencia a más tardar en tres meses.
DELATADOS
El representante gremial afirmó que la comunicación entre el abogado Luis Pal—siendo miembro del Registro Nacional y experto en la inscripción de patentes—y la diputada Andrea Morales, presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos que tramitó el plan de propiedad intelectual, confirma que en la agenda de implementación del TLC se ha tratado de proteger los intereses particulares de grupos económicos allegados al gobierno.
“La denuncia que realizó este periódico es acertada, oportuna y necesaria porque viene a ratificar que el TLC y los proyectos de implementación están manchados por situaciones cuestionables y antijurídicas. Aquí ha habido tráfico de influencias para favorecer a determinados negocios de grupos poderosos”, sostuvo.
Albino Vargas continuó: “Nos llama poderosamente la atención la cadena de curiosidades que se han dado en el proceso de discusión del proyecto. Es muy curioso que el abogado Luis Pal, esposo de doña Mayi Antillón, sea parte de la Junta Administrativa de Registro Nacional, donde se inscriben las patentes. Igualmente es curioso que Pal sea representante de gigantescas farmacéuticas que pujan por la aprobación de leyes de propiedad intelectual que las favorezcan. Y la más extraordinaria de todas las curiosidades es que los funcionarios administrativos del Registro Nacional hayan ordenado que se desautorizara la posición de la Directora del Registro de Derechos de Autor, que es la persona con el criterio técnico más calificado en la materia y que se opuso a este último proyecto, tramitado en la comisión que, casualmente, presidente la diputada Andrea Morales, íntima amiga de doña Mayi y su marido”, declaró.
QUE SE REABRA INVESTIGACIÓN
El sindicalista concuerda con la teoría de que el Registro Nacional refutó el criterio del Registro de Derechos de Autor por presiones políticas derivadas de los intereses económicos de varios grupos empresariales. Vargas consideró imposible que la ministra de Justicia y vicepresidenta, Laura Chinchilla, no hubiera conocido el informe en contra del plan de propiedad intelectual planteado por una funcionaria del Registro experta en la materia.
“Nadie puede descartar, conociendo el poder de imperio, que es muy probable que haya habido hasta alguna directriz política, no puedo decir que de doña Laura Chinchilla, pero es evidente que hubo una orden política para que el Registro confeccionara otro informe sobre el proyecto. El presidente Óscar Arias dijo que no va a destituir a Luis Pal del Registro Nacional, bueno eso comprueba que le es fiel a sus amigotes en política”, concluyó Vargas.
El Secretario General de Anep recordó que en marzo de 2007 fue ese sindicato y el de Empleados de la Caja Costarricense del Seguro Social (Undeca), los que denunciaron a Luis Pal y Mayi Antillón ante la Procuraduría de la Ética, entidad que descartó la acusación por conflicto de intereses planteada en esa fecha.
No obstante, Albino Vargas cree que existen elementos nuevos para que el despacho que vela por la ética en la función pública reabra el caso complementándolo con los argumentos que Undeca y Anep presentaron hace año y medio.
DIARIOEXTRA intentó ayer en varias ocasiones comunicarse con la vicepresidenta y ministra de Justicia, Laura Chinchilla. Sin embargo, no atendió su teléfono celular. La solicitud para conocer el criterio de Chinchilla sobre los argumentos de la oposición al gobierno, tramitada a través del jefe de prensa de Casa Presidencial, Pablo Guerén, tampoco fructificó.
CENTRAL DE TRABAJADORES DE CUBA WORKER’S CENTRALUNION OF CUBA CENTRALEDESTRAVAILLEURS DE CUBA
A las Organizaciones Sindicales y Fraternales del Mundo:
La práctica de esa política genocida y criminal en momentos tan cruciales para nuestro país, después de haber sido sometido a los embates de los huracanes Gustav y Ike, muestra la doble moral del imperio, que hace oídos sordos a su propio pueblo que aboga por la flexibilización transitoria del bloqueo, para dar facilidades crediciticias a la compra de alimentos y materiales de construcción, entre otros, pretendiendo dar una ayuda humanitaria condicionada, desconociendo la preparación y capacidad de nuestro pueblo para evaluar los daños y enfrentar esta situación, con el verdadero fin de utilizar este momento para sus aviesos fines políticos.
Es inadmisible para nosotros aceptar una ayuda condicionada de quienes nos impiden día a día tener acceso a su mercado, investigaciones e intercambio cultural, ese mismo gobierno que ha a destinado más de 45 millones de dólares para las acciones contrarrevolucionarias y terroristas de los grupúsculos anticubanos radicados en Miami. Nuestro pueblo y gobierno jamás se rendirá, ni claudicará en sus principios. Para nosotros la mejor y más importante ayuda será la eliminación total y definitiva del Bloqueo que mostraría un verdadero interés del gobierno de los Estados Unidos por el bienestar de los miles de cubanos afectados por los huracanes y por el desarrollo integral de la economía de nuestra patria.
No nos oponemos a recibir la ayuda de aquellas organizaciones y personas que de buena voluntad puedan contribuir a resarcir los daños. Existen muchos otros gobiernos del mundo, incluso con limitaciones económicas, que nos están aportando su apoyo de manera solidaria y sin condicionamientos.
Los trabajadores y trabajadoras cubanos junto a nuestro partido y gobierno seguiremos trabajando arduamente, utilizando óptimamente los recursos con que contamos para salir en el más breve plazo posible de esta difícil situación.
Por todo lo antes espuesto solicitamos a todas las organizaciones sindicales y fraternales del mundo, se sumen a nuestro reclamo de desmentir la falacia que desde Washington se maneja sobre la posición de nuestro Gobierno y exigir como lo han venido haciendo durante todos estos años el cese inmediato del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto de manera genocida contra nuestro país.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
