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ANEP condena agresión política a la señora Defensora: Un nuevo episodio de violencia contra la institucionalidad

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), deja constancia de su más enérgica condena por el nuevo episodio de violencia contra la institucionalidad, ejercido por el oficialismo gobiernista en el parlamento, al darse un deliberado rompimiento del quórum para impedir que la señora Defensora de los Habitantes de la República, diera su obligado informe anual acerca del estado actual del respeto a los derechos de la población habitante de Costa Rica.

La agresión que sufrió la Dra. Lisbeth Quesada Tristán, máxima jerarca de la Defensoría, muestra un profundo desprecio por las reglas del juego democrático que, peligrosamente, empiezan a pervertir los sectores políticos dóciles a la ideología neoliberal de los hermanos Arias Sánchez; mostrando una vez más su proclividad hacia los intereses de negocios contrarios al bien común, tal y como lo demuestran los acontecimientos de Sardinal, en los cuales la Defensoría de los Habitantes de la República, ha puesto, atinadamente, los puntos sobre las íes, con inobjetable contundencia.

La señora Defensora no merece un desagravio y es obligado reprogramarle su presentación en la Asamblea Legislativa, ofreciéndosele las disculpas del caso, sin perjuicio de las denuncias que sea necesario interponer en los ámbitos nacionales e internacionales correspondientes.

San José, 30 de junio de 2008.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Organizaciones sociales y ambientales se reunirán por el agua

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Convocatoria a todas las organizaciones sociales y ambientales del país preocupadas por la situación en torno al agua en el país.

¿Qué? Reunión de organizaciones sociales y ambientales por el agua

¿Cuándo? Sábado 12 de julio de 2008, de 2 a 5 p.m.

¿Dónde? Instalaciones de la Federación de Organizaciones Voluntarias (Barrio Amón, de la terminal de buses al Caribe, 100 Este y 100 Sur)

¿Quién convoca? La Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA)

A todas las organizaciones sociales y ciudadanas y ciudadanos que quieran informarse sobre el proceso de elaboración de una nueva ley de aguas para el país y participar activamente en la definición de los contenidos que ésta tendrá, los invitamos a una reunión, la cual tendrá lugar en las instalaciones de la Federación de Organizaciones Voluntarias, el día sábado 12 de julio de 2008, a partir de las 2 de la tarde.

Es importante indicar que desde el año 2001 se está tramitando un proyecto de ley, el cual fue dictaminado afirmativamente en abril de 2005. Entre las virtudes que dicho texto contiene están: el reconocimiento del derecho humano de acceso al agua, el establecimiento de una prohibición para que las concesiones de agua para servicios públicos de acueductos se entreguen a entes privados y con fines de lucro, el establecimiento de mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones a nivel de cuencas hidrológicas y la consolidación de mecanismos efectivos de protección del recurso y de los ecosistemas.

Pese a esto, el pasado 7 de mayo el actual Ministro de Ambiente y Energía presentó ante diversos sectores una propuesta de texto sustitutivo, el cual no reconoce expresamente el derecho humano de acceso al agua, establece la posibilidad de que entes privados operen acueductos, debilita las competencias de las instancias participativas de gestión del agua –no les da poder de decisión- y debilita algunas normas de tipo ambiental.

De ahí que es importante que, como sector social y ambiental nos informemos y nos articulemos para incidir de manera articulada en este proceso. En estos momentos varias organizaciones, agrupadas en la Alianza Nacional para la Defensa del Agua, estamos trabajando en dos frentes: el primero, buscando incidir en la voluntad de las autoridades de gobierno para que el proyecto presentado por el MINAE no deje por fuera los principios antes mencionados. El segundo, continuando con la recolección de firmas, articulándonos con otros actores, para la presentación de un proyecto de ley mediante el mecanismo de la iniciativa popular, proyecto que sería prácticamente el mismo dictaminado afirmativamente en el 2005, pero que, por ingresar a la Asamblea Legislativa mediante ese mecanismo, deberá ser votado por las y los diputados en un plazo no mayor a dos años. Ya tenemos bastantes firmas pero requerimos, al menos, 135.000 por lo que necesitamos la ayuda de todos y todas.

Es indispensable que, como sectores y ciudadanos y ciudadanas concientes de nuestros derechos y deberes nos informemos y participemos activamente en discusiones como esta, sobre temas que son vitales. El agua es un recurso indispensable para la vida. Debemos garantizar que el marco legal e institucional para la gestión de dicho recurso sea integrada, participativa, socialmente equitativa y ambientalmente sostenible y que el acceso al recurso y a los servicios públicos ligados con el mismo no sea un lujo de unos pocos, sino un derecho humano.

De ahí la importancia de su presencia en esta actividad.

Se ruega confirmar su asistencia escribiendo a emonge@cedarena.org o llamando al teléfono 22837080

Régimen de los Arias continúa atropello a la institucionalidad democrática

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El reciente rompimiento del quórum parlamentario con el fin de interrumpir el informe Anual de Labores que por Mandato de Ley debe hacer la Defensoría de los Habitantes ante el Primer Poder de La República, constituye uno de los agravios más graves a nuestra democracia.

El Frente Socialdemócrata interpreta que este bochornoso acto, no representa un hecho aislado sino que es parte del sistemático atropello a la institucionalidad del país que se viene perpetuando por el régimen autoritario de los hermanos Arias ayudado por una pequeña cúpula de dirigentes que no han sabido enfrentarse a los poderosos y obscenos intereses de un neoliberalismo salvaje, que mantiene secuestrado al Partido Liberación Nacional en donde los poderes de la República han dejado de ser independientes, como lo establece la Constitución Nacional, para convertirse en simples apéndices del Ejecutivo.

Considera también que esta afrenta a todas y todos los habitantes del país tiene que ser denunciada ante las organizaciones nacionales regionales e internacionales que vigilan por el cumplimiento de los acuerdos que, en materia de Derechos Humanos, Costa Rica es signataria.

Por último El Frente Socialdemócrata llama a la unión general de todos para, unidos con otras organizaciones y la ciudadanía, pasar a una acción de resistencia civil contra este tipo de atropellos a nuestra democracia que amenazan la estabilidad nacional y la paz social, y a mostrar toda nuestra solidaridad con la Defensoría de los Habitantes con sus funcionarios y con quienes hoy tan dignamente la dirigen.

ANEP asegura pocos beneficios por Concesión de Caldera

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Tatiana Gutiérrez Wa-chong
tgutierrez@ prensalibre.co.cr

Los representantes de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) se defendieron ante las acusaciones dadas por algunos personeros de la Sociedad Portuaria de Caldera –actual concesionario del muelle- diciendo que ellos no tienen la culpa de que no se haya construido la Terminal Granelera y que lo único que hicieron fue obligarlos, tal y como se solicita en la Ley, a que se haga un estudio de impacto ambiental siempre que se van a iniciar obras concesionadas.

También, explicaron que a dos años de que se haya aprobado la Concesión, el pueblo de Costa Rica no se ha beneficiado, el servicio sigue siendo ineficiente, ha aumentado el desempleo en Puntarenas y las tarifas que cobra el nuevo administrador son las mismas que tenía el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop).

Lo que más le preocupa a ANEP, aseguró Douglas Carrillo Azofeifa, directivo nacional, es que las condiciones laborales se han deteriorado porque al ser contratados por servicios profesionales no tienen porque verse beneficiados por el pago de las garantías sociales y esto los podría afectar. Los representantes dijeron que “desde que se construyeron las instalaciones en Puerto Caldera, mediante la Ley Préstamo 5582, del Gobierno japonés (que todavía estamos cancelando como país), las autoridades gubernamentales respectivas, tanto del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) como del Incop, no se preocuparon por convertir a Puerto Caldera.

“Lo planificado por los japoneses jamás fue ejecutado, prevaleciendo los intereses particulares de los políticos empresarios sobre el interés nacional, hecho consolidado en 11 de agosto de 2006, al pasar la actividad portuaria a manos privadas”, destacaron.

Carrillo comentó que tampoco han podido aumentar la capacidad del muelle y que la idea de que la Concesión iba a solucionar todos los problemas portuarios ha quedado en el vacío.

Agregaron que ANEP siempre denunció, de manera enfática y sólida, las inconsistencias jurídicas y los groseros vicios que se cometieron en el oscuro trámite de este negocio.

“Entre los muchos vicios y atropellos que denunciamos fue que nunca se realizaron, antes de confeccionar los carteles de licitación, como lo demanda la ley, los estudios de impacto ambiental.

“Así las cosas, legitimados en el artículo 50 Constitucional y en las normas que tutelan el derecho humano a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, procedimos ante tal desafuero, en resguardo del interés nacional y de los derechos ambientales.

“Por lo tanto, si el Gobierno y las autoridades llamadas a cumplir con el ordenamiento jurídico no cumplieron con sus responsabilidades y obligaciones, no se vale que, gratuitamente, se quiera culpar a nuestra organización, por salir en la defensa de los intereses nacionales”, destacaron

Fuente: La Prensa Libre, sábado 28 de junio de 2008

Sindicatos pelearán por aumento salarial que reconozca inflación

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Marietta Espinoza M.
mespinoza@ diarioextra.com

Una vez aprobado el aumento salarial para el sector privado, se acercan las conversaciones para definir el ajuste que recibirán los trabajadores del sector público en el segundo semestre del año.

Aunque la convocatoria aún no se ha hecho, los sindicatos saben que esta no será una negociación fácil.

“Estamos planteando que el gobierno tiene que pagar la inflación acumulada en este semestre, lo que quiere decir que debe haber un ajuste de entre el 6% y el 7%, y además un ajuste técnico para todas las clases que no son profesionales, como se hizo en el sector privado”, adelantó Édgar Morales, secretario general adjunto de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Sin ahondar mucho en el tema, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Morales, confirmó que las partes se sentarán a dialogar en los próximos días y aunque dijo desconocer la cantidad de dinero del que se dispone para hacer el ajuste recalcó que “tenemos un muy buen Ministro de Hacienda”.

“Ya estamos coordinando entre el Ministerio de Hacienda y el de Trabajo para esa negociación, luego de sacar por consenso los salarios mínimos en el sector privado”, acotó el jerarca.

El ministro Morales descartó que el aumento se fije vía decreto, mientras que los sindicatos responsabilizan al gobierno de la difícil situación económica, por eso esperan que se reconozca a través del ajuste salarial.

“Óscar Arias es responsable directo de la crisis alimentaría, energética y climática porque desde hace 22 años inició el desmantelamiento del sector productivo nacional, cuando él era presidente”, dijo Morales.

OTROS TEMAS

Los gremios también pedirán al gobierno que cumpla lo acordado en la anterior negociación, donde se pidió al Ejecutivo que enviara a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para romper el tope de las anualidades. Actualmente se paga hasta 30 años, pero Morales considera que nada justifica que a un trabajador no se le cancelen las anualidades de todos los años laborados.

“Queremos que el gobierno se comprometa y lo convoque a extraordinarias. El gobierno tiene un grupo de 38 diputados y ahora con Andrea Morales tiene 39, o sea que no necesita del PAC, del PASE ni de Frente Amplio, auque ellos estarían de acuerdo con un proyecto de estos”, añadió.

La petición de aumento salarial llegará junto a una solicitud para eliminar por completo los impuestos que pesan sobre el diésel y las gasolinas.


Fuente: Diario Extra, sábado 28 de junio de 2008

ANEP condena corrupción policial en la Fuerza Pública

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Lo sucedido evidencia que los tentáculos de la corrupción y el narcotráfico han empezado a penetrar a nuestro máximo cuerpo policial y con ello, queda también claro que las políticas de seguridad ciudadana y de combate a la criminalidad no están mostrando eficacia, pese a los cantares del Gobierno al respecto.

Sin embargo, es necesario tener claro que los policías involucrados en tales actos son una minoría absoluta, que no representa de modo alguno, al mayoritario colectivo de seguridad que compone el Ministerio de Seguridad Pública y, particularmente, la Fuerza Pública.

Dejamos patente nuestro apoyo y admiración a todos los hombres y mujeres policías que con orgullo y profesionalismo visten un uniforme que es garante de honestidad y profesionalismo.

La ANEP, que se horra con la membresía de cientos de agentes de seguridad, da fe de la ética profesional que guía al cuerpo de policías de la Fuerza Pública, lo mismo que del alto nivel de profesionalismo con el que cumplen el mandato de resguardar a la ciudadanía, sin importar nunca ni las condiciones precarias con que desempeñan su trabajo, ni los bajos salarios que devengan, ofrendando en muchas ocasiones su propia vida por proteger la vida de los otros.

Por cierto, la ANEP todavía no ha recibido respuesta de la Ministra Del Vecchio a nuestro planteamiento con respecto a una Revaloración Salarial Extraordinaria para la Fuerza Pública; propuesta que le hiciéramos desde el 15 de abril.

Afirmamos con toda contundencia que nuestros policías son profesionales honestos y valerosos, dignos de sus cargos, y absolutamente garantes del respeto al ciudadano, y por ende, merecedores del respeto de toda la ciudadanía, pues en sus manos está la seguridad de toda Costa Rica.

San José, 27 de junio de 2009.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Empresarios del fideicomiso de Sardinal donaron a campaña de Arias

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Por Vinicio Chacón, Semanario Universidad

Más de ¢8 millones fueron donados a la campaña presidencial de Óscar Arias por parte de tres empresarios ligados al fideicomiso para construir y administrar el acueducto de Sardinal, lo cual vuelve a encender la discusión sobre los posibles intereses que hay en esta obra por realizarse en Guanacaste.

Ello se pudo constatar en los registros del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en la lista de las donantes al Partido Liberación Nacional (PLN), luego de que se hiciera pública la semana pasada la lista de empresas y sus representantes que participan en el proyecto.

Se trata de André Garnier Kruse, presidente de Inversión Ocotal P.I.O., S. A, quien donó ¢4.894.400 en noviembre del 2005; Agustín Penón Orlich, representante de Guanacaste Seco, S. A, quien a la vez aportó ¢2.462.250 en diciembre de ese mismo año, y Alberto Sauter, quien figura como representante de Coco Water S. A. y que donó ¢971.987. En total suman ¢8.328.637. Cabe destacar que Penón Orlich figura en la junta directiva de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), según lo destaca el sitio web de ese organismo.

Al respecto, José Antonio Muñoz, presidente del Fideicomiso, señaló que “más allá de las empresas y personas señaladas, originalmente formaban parte del fideicomiso 22 empresas y en este momento se integran más“. Muñoz añadió que la iniciativa empresarial que preside “ha colaborado significativamente“ con el financiamiento de una obra pública, que “incidirá positivamente en los usuarios individuales de AyA y los desarrollos turísticos, se trata de una modalidad de alianza público – privada en pro del desarrollo del país“.

Cabe recordar que en la edición del 4 de octubre del año pasado, UNIVERSIDAD reveló las cuantiosas contribuciones que el hoy presidente Arias recibió para su campaña electoral por parte de inversionistas extranjeros con intereses específicos. Por ejemplo, el estadounidense Harry Strachan donó ¢4.935.300. El empresario es fundador de Mesoamérica Investments, empresa destacada por sus fuertes inversiones en telecomunicaciones. El proyecto en Sardinal impulsado por las 22 empresas pretende construir un acueducto valorado en $8 millones (¢4.160 millones a ¢520 el dólar), que llevaría 167 litros de agua por segundo a proyectos turísticos ubicados en El Coco y Ocotal desde el acuífero Sardinal, donde se abrieron cuatro pozos que se añaden a tres más en el acuífero de El Coco.

El hecho de que tal cantidad de agua sea distribuida a través de un acueducto privado generó gran molestia e inconformidad entre la población local, que se organizó en marchas y protestas para detener esta iniciativa y a quienes el Ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, calificó como de “extrema izquierda“ (Ver UNIVERSIDAD del 4 de junio). Daniel Soley, Defensor Adjunto de los Habitantes, manifestó que en principio “suena bien“ el hecho de que empresarios privados aporten un acueducto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), institución que no está en condiciones financieras de construirlo, pero criticó el hecho de que no se cuenta con los estudios sobre el balance hídrico en la zona que permitan evaluar la idoneidad del proyecto. Soley fue más allá y subrayó: “Ellos mismos determinan que se les garantiza una gran porción del agua, es como decir el agua es nuestra y luego quien la necesite tendrá que pedirle al dueño de la cancha y de la bola que lo deje jugar; los inversionistas determinarán el costo de las pajas y se podría generar una especulación gigantesca“.

“NO ES DE EXTRAÑAR”

Las reacciones sobre el hecho de las donaciones de tres empresarios del fideicomiso a la campaña electoral del PLN, no se hicieron esperar, sobre todo luego de que se diera en un principio la negativa de revelar los nombres de los participantes en esta iniciativa. UNIVERSIDAD logró corroborar, según los datos facilitados por los propios empresarios en conferencia de prensa la semana pasada, que al menos el nombre de Carolina Del Valle se repite en ocho ocasiones como representante de varias sociedades anónimas en las que aparece en cinco ocasiones además John Francis Mullins, como presidente de las sociedades anónimas. (Ver abajo “Alegres coincidencias”).

Para el diputado José Merino del Frente Amplio, la contribución de tres fideicomisarios al partido oficialista en las elecciones pasadas, revela que “evidentemente hay un tráfico de influencias entre los sectores políticos y empresariales, que duermen en la misma cama“. En su opinión, lo sucedido en Sardinal “testimonia“ lo que sucede en las zonas marítima – terrestres “con el desarrollo descontrolado de megaproyectos turísticos, concentración de tierras y el uso que se le quiere dar a los recursos naturales de primera necesidad como el agua“. Merino indicó que queda claro que esos sectores “despojan a las comunidades de recursos para beneficiar a grupos poderosos, tanto de nacionales como extranjeros“ .

Una opinión divergente expresó el jefe de fracción del Movimiento Libertario, Ovidio Agüero, quien dijo: “No encuentro mayor problema con que la gente contribuya a una campaña, mientras sean dineros bien habidos“.

Quien no tuvo reparos para criticar la situación fue José Rosales, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) por la provincia de Guanacaste. Señaló que “hay una nebulosa muy grande“ en el manejo que sobre el tema han hecho instancias gubernamentales desde el año pasado. “Siempre he sentido que hay algo detrás que hace presión para que las cosas se les den; tampoco está clara la participación del grupo Mapache, pues el tanque de agua más grande que se está construyendo es para unos condominios de ese grupo“, recordó.

El legislador manifestó su sentir de que en todo este asunto los intereses nacionales no están por encima de los particulares. “La presión para que se construya el acueducto es privada, se trata de 22 empresas con proyectos grandes en mente y no es de extrañar que sean contribuyentes en la campaña“, apuntó. Rosales lamentó que “es un proceso teñido de corrupción“ y destacó “la forma sin argumentos“ con que se intenta defender el proyecto, “o el hecho de que Rodrigo Arias dijera que la gente que protestaba era de la extrema izquierda“.

ALEGRES COINCIDENCIAS

Según la información divulgada a la prensa, son 20 las empresas que participan en el fideicomiso del acueducto, además de las mencionadas Inversión Ocotal P.I.O. S. A, Guanacaste Seco S. A, y Coco Water S. A. Llama la atención que la abogada Carolina Del Valle figura como representante de ocho de ellas, a saber: Administradora Bello Horizonte SRL, Horus Diecinueve C Del Coco S. A., Inmobiliaria Yahxa, Ltda., Parque del Oro Treinta S. A, Jade Garden S. A., Doce Palmeras S. A., Yellow Crocodile S. A., y Village Point Properties, Ltda. Las últimas cinco son presididas por John Francis Mullins. El abogado Hernán Cordero Maduro es representante de dos de ellas (Tiny Velvet Ants, Ltda. y Bush Sundrops Ltda..), mientras que la también abogada Rosa Irene Romero representa a Jaguar Del Río S.A., Mossy Rock S.A. y Horizonte Lounge S.A. Las otras participantes son Pacífico Development Coco, Purple Palm Tree, Ltda., Desarrollos Vista Abeto Veintiuno, S. A., Vista Perfecta, S. A., Princesa del Sol Limitada, El Coco Properties S. A.

Publicado en el Semanario Universidad del 26 de junio de 2008

Costa Rica debe tener dominio Constitucional sobre territorio marítimo terrestre

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Lea el proyecto de Ley completo en ARCHIVOS ADJUNTOS

La reforma propuesta por el legislador del Frente Amplio es una adición de un subinciso d) al inciso 14) del Artículo 121 de la Constitución Política, para incluir el dominio del Estado sobre la zona marítimo terrestre, y se tramita bajo el expediente 17.066.

Según explicó el Diputado Merino “la Zona Marítimo Terrestre es un bien de dominio público, que debe conservarse en beneficio de las actuales y futuras generaciones”, por lo que es necesario incluirla en la Carta Fundamental para que el Estado pueda ejercer soberanía plena, para la protección de este bien demanial.

De acuerdo con el parlamentario el carácter demanial de la Zona Marítima Terrestre se reconoce desde hace largo tiempo en la jurisprudencia, y esto significa que no puede ser objeto de comercio entre las personas y no es objeto de apropiación privada, sin embargo son conocidos los casos de construcciones irregulares o las limitaciones al acceso de la población a la zona pública cerca de determinados complejos turísticos de capital extranjero.

Recordó Merino del Río que datos de la Contraloría General de la República indican que el 72% del litoral costero “no cuenta con lineamientos que regulen su desarrollo y ordenamiento territorial”, lo que ha permitido que esos bienes sean ocupados.

En la presentación a la corriente legislativa de esta modificación a la Constitución, el legislador del Frente Amplio fue acompañado por nueve legisladores/as del PAC.

El Presidente recuperó la voz pero sigue en el autismo

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Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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En psiquiatría, el autismo es un síntoma esquizofrénico que consiste en referir a la propia persona todo cuanto acontece a su alrededor. Adoptémoslo para la política y podremos entender de qué estamos hablando.

Los problemas del país en diversos órdenes se agigantan: la criminalidad está desbordada, la sensación de inseguridad de la ciudadanía honesta crece todos los días; la desigualdad y la concentración de la riqueza siguen en carrera desenfrenada hacia la división total de la sociedad en dos grandes bloques: los que tienen (cada vez menos) y los que no tenemos (cada vez más). La crisis alimentaria enseña ya sus nefastos tentáculos y el agua pasa a primer orden en la lucha por la vida. Los precios de los combustibles y su escandalosa carga tributaria amenazan con dislocar toda nuestra frágil economía.

La comida está cada vez más cara. Crece a una velocidad que duplica la del crecimiento de la inflación. Las familias asalariadas de ingresos bajos y medios, viven un durísimo período de angustia económica. El sector informal de la economía, cada vez más numeroso, nos indica que la brecha de la concentración del ingreso está transformando nuestro perfil de sociedad de capas medias que una vez fuimos.

Don Oscar sigue creyendo que es el líder de toda Costa Rica. Don Oscar sigue creyendo que su mandato fue producto de una holgada victoria electoral, cuando su ascenso a la presidencia estuvo marcado por el proceso electoral más cuestionado desde las elecciones de 1948. Don Oscar sigue creyendo que basta con controlar el parlamento y la farándula diputadil que acude a sus fiestas; don Oscar sigue creyendo que teniendo de su lado al tribunal “sobrado” de elecciones (TSE), tendrá garantizada su legitimidad. Don Oscar cree que con la prosternación ante él de la mayoría de los jueces constitucionales, como lo estamos viendo día con día, su presidencia imperial está más que garantizada. Su elección fue “controversial” y su “triunfo” en el “frauderéndum” sobre el TLC, fue empleando juego sucio. Entonces, ¿de qué legitimidad se puede jactar?…

Lejos de entender, con humildad, que existe otra Costa Rica, don Oscar sigue confiado de que el periodismo de la iglesia llorentina le guardará lealtad hasta el final de su mandato. Por el contrario, el principal periódico de la oligarquía neoliberal, ese que le apoyó, ardorosamente, desde un inicio, ha decidido abandonarlo. Negocios son negocios y “La Infame” ya se dio cuenta de que el color de prensa oficialista le ha costado bastante en credibilidad y en suscripciones. Por eso ha empezado ya a distanciarse del gobierno arista, intentando vanamente, recuperar un posicionamiento de prensa objetiva, cuando todo el país sabe cómo jugó en el frauderéndum sobre el TLC y a qué intereses responde.

Los anales de la historia nacional solamente habrán de registrar que Oscar Arias Sánchez ocupó dos veces la Presidencia. Pudiendo haber ocupado el honor invaluable de estadista, no tuvo la capacidad de rearticular una nación dividida y polarizada, aunque sí pudo representar con sobrada eficiencia, los intereses de esa “nación” que ya ha decidido abandonarle, luego de que le hiciera a ella la ansiada tarea estratégica de ponerle en bandeja los suculentos negocios de los servicios públicos de telecomunicaciones y de energía y de los seguros comerciales del Estado.

En la segunda parte de su actual mandato, el Presidente Arias, nos ha vaticinado la llegada del período de las “vacas flacas”. Los obreros de la zona franca de Cartago, a los que él le prometió vehículos BMW y Mercedes Benz, seguirán viajando a pie, en bus o en Hyundai (los que tengan mejor suerte). Las “vacas flacas” son para el pueblo que él polarizó, que él dividió. Parece que don Oscar terminará su período en medio de grandes confrontaciones. En los movimientos sociales no hemos dejado de trabajar ni un minuto preparándonos para lo que viene. En las actuales circunstancias, el país ocupa de un gran acuerdo histórico. Pero para eso se ocupa de un estadista. Tan sólo tenemos un presidente cuyo autismo político le impide tener esa visión.

Socializar pérdidas y privatizar ganancias

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Conforme disminuye el encaje legal, mayores son las colocaciones bancarias, mayor la liquidez en la economía y mayores las presiones inflacionarias. Cuando el encaje legal aumenta sucede lo contrario.

Es por esta capacidad del encaje de afectar la cantidad de dinero en la economía que los bancos centrales elevan el encaje en períodos inflacionarios para disminuir el volumen de préstamos de los bancos mercantiles y reducir la oferta monetaria.

Una ventaja de los encajes es que no tienen un costo para el banco central, cosa que si ocurre cuando utiliza para el control monetario los bonos de estabilización, por los cuales debe pagar intereses que generan egresos para la institución.

Tomando en consideración estos elementos ¿cuál ha sido en Costa Rica la política de encaje seguida por el Central en la última década y que efectos ha tenido sobre las pérdidas acumuladas por la institución?.

Veamos la cronología. En octubre de 1999, con una inflación de dos dígitos, la autoridad monetaria decidió reducir el encaje legal. De un nivel del 15% lo recortó primero un punto porcentual, luego dos puntos y así sucesivamente.

Durante los años 2000 a 2002, aunque los precios seguían aumentando por encima del 10%, los directores del Banco Central continuaron reduciendo el encaje: 12% en marzo de 2000, 9% en mayo del 2001, 7% en setiembre de 2001, hasta llegar al 5% en febrero de 2002, donde se mantuvo hasta enero de 2003.

¿Cómo calificar esa política? ¿Cómo justificar las reducciones del encaje cuando el índice de precios era elevado y el objetivo del Central, como se nos dice insistentemente, es combatir la inflación? Y sobre todo, ¿qué repercusiones tuvo esa política en la contabilidad del ente monetario?

Evidentemente la disminución del encaje dejó mas dinero para que los bancos comerciales pudieran prestarlo y acrecentar sus ganancias. Esto se constata con el multiplicador bancario que pasó de 1,33 en octubre de 1999 y llegó al 2,06 meses después.

Pero el mayor volumen de créditos aumentó las presiones inflaciones, lo que obligó al Banco Central a utilizar mas ampliamente la venta de bonos de estabilización, por los que tenia que pagar intereses. El déficit fue incrementándose.

Resulta muy significativo que menos de dos meses después de producirse el relevo en el Banco Central, en noviembre de 2002, el nuevo jerarca modificó radicalmente la política de encaje, que comenzó a subir hasta recuperar en agosto de 2005 el nivel del 15% que había tenido anteriormente.

¿Cuánto representó, en términos de pérdidas por colocación adicional de bonos, la reducción del encaje que lo mantuvo por debajo del 15% durante casi seis años? ¿En cuanto se incrementaron las ganancias de los bancos comerciales, públicos y privados, por esa política? ¿Cuál será el monto total de la transferencia que, desde los bolsillos de los contribuyentes, se hará para cubrir las pérdidas? ¿Cómo evitar que vuelva a suceder?

Las responsables deben rendir cuentas, las instituciones están obligadas a brindar toda la información, y a los diputados les corresponde indagar sobre estos temas en la discusión del proyecto de Ley de Capitalización del Banco Central.

24/06/2008