Histórica declaración sobre crisis alimentaria: Iglesia Católica, organizaciones campesinas y sectores sociales

“La Iglesia está dispuesta a trabajar con el sector agrario, asumiendo las consecuencias que implique el compromiso por aportar a una solución a la crisis alimentaria que afecta a la familia campesina y a todo el país, comprendiendo que en otras situaciones no ha estado presente en el momento y con la determinación requerida, cuando el sector ha clamado apoyo pastoral.”

Con esa contundente orientación, la Conferencia Episcopal, reafirmó la firme decisión de la Iglesia Católica de no solo construir propuestas a la solución de la actual crisis alimentaria, sino también de “marchar” al lado de los agricultores y el pueblo costarricense.

La “Jornada Nacional por la alimentación y el derecho a la producción de alimentos”, celebrada en La Garita de Alajuela, se propuso construir, mediante un análisis serio de la situación nacional e internacional, así como de la propuesta del sector agrario, una propuesta elaborada a partir de la producción familiar campesina hacia una política nacional alimentaria para ser discutida y negociada con el gobierno.

Una crisis, diversos factores

Para los asistentes en la Jornada Nacional existen varios factores que han desencadenado la crisis alimentaria. El calentamiento global que afecta las cosechas, el alza en los precios del petróleo, la producción de biocombustibles y el alto costo de los insumos son algunos de esos factores, “sin embargo los que nos lleva al colapso actual es que los gobernantes nacionales e internacionales nos obligaron a una política de destrucción de la capacidad productiva nacional, sustituyéndola por un modelo de compra de alimentos en el extranjero”, sentenciaron en una declaratoria conjunta.

“El llamado que las organizaciones agrarias y la Iglesia ha sido exitoso por cuanto el problemas de crisis alimentaria no es un invento, no está en las nubes, sino que es real aunque no en las dimensiones de otros países como Haití, por ejemplo, pero es muy real y tenemos la seguridad de que si no lo enfrentamos con políticas directas nosotros también podríamos llegar a esos niveles”, dijo Monseñor Ángel San Casimiro y agrego que “los pequeños y medianos agricultores no han recibido ningún incentivo a la producción de alimentos, nos hemos dedicado muchísimo a fomentar una agricultura de exportación, a hablar de las exportaciones, y nos estamos quedando con dinero pero sin poder comprar porque no nos quieren vender, porque protegen sus producciones y venden caro o no venden, mientras nuestros agricultores sin poder producir”.

Seguido agregó que Costa Rica debe volver a sus raíces, debe producir lo que consumimos, debe velar por su soberanía alimentaria, “así como hablan de soberanía en temas como los de migración, entre otros, debemos incorporar la soberanía alimentaria y no depender de lo que nos quieran vender y a cuánto nos quieren vender”, dijo Moseñor.

Iglesia junto al pueblo

“Como dije en la motivación inicial de esta Jornada, me referí al texto bíblico de los Discípulos de Emaús y resalté el detalle de que Jesús se une a los dos caminantes, no va delante, ni va detrás, sino que va con ellos…esto para decir que nosotros como Iglesia queremos ir con, no delante intentando ser protagonista, tampoco detrás. Lo que buscamos es ver si es posible que con nuestro acompañamiento todos juntos, gobierno, cámaras empresariales, sindicatos, agricultores, ciudadanía, podemos encontrar el camino para enfrentar esta situación. Creo que es factible, es posible, es algo que ya Costa Rica lo logró”, dijo Monseñor Ángel San Casimiro haciendo referencia a la alianza de 1948 y en adelante.

Interesa a todos

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP, resaltó la importancia del evento que la situación que vive Costa Rica y el mundo con el precio de los combustibles y la crisis alimentaria. “La presencia de diversas organizaciones sociales es fundamental para abrir los canales de diálogo y construcción de propuestas y llegar al final de día con lo que considero, una declaración histórica por cuanto la Iglesia Católica decide aunar esfuerzos, unirse a los sectores sociales para recuperar conceptos de soberanía alimentaria, valores de democracia, producción agrícola nacional, de nuestra agricultura, volver a la producción de alimentos que nos dijeron que había que desechar para comprarla en los mercados internacionales, etc. “ dijo Barrantes.

Lo que en esta Jornada Nacional se produzca será presentado tanto a la ciudadanía como a las autoridades de gobierno a fin de que abra las puertas de un diálogo nacional.
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DECLARACION FINAL
Original con firmas en ARCHIVOS ADJUNTOS
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En el marco de LA JORNADA NACIONAL POR LA ALIMENTACIÓN Y EL DERECHO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, la conferencia episcopal, las organizaciones de campesinos y campesinas y otras organizaciones sociales que suscriben acuerdan dirigir al pueblo costarricense la siguiente declaración conjunta:

Desde el momento en que se han triplicado el precio de los granos básicos, existe en el mundo una crisis alimentaria.

El enorme aumento de los precios es mucho más grave para la gente pobre que dedica ya casi todos sus ingresos a comprar su comida y que no tiene recursos para pagar 3 veces más. Nosotros no compartimos la idea de que Costa Rica no padece una crisis alimentaria como en el resto del mundo.

1.- Entendemos el sector agropecuario conformado por dos tipos de agricultura a las que se les debe tratar separadamente: la agricultura de pequeños y medianos productores agrícolas, pecuarios y pesqueros; y la agricultura trasnacional. La primera: la que nos da la soberanía alimentaria, es la que nos interesa en este acto; expresada a través de asociaciones solidarias y de economía social, es conformada por la producción de alimentos para las propias familias campesinas y fundamentalmente para el mercado nacional, y cuya producción tiene como destino satisfacer las necesidades de alimentación de los habitantes del país.

2.- Esta producción campesina garantiza, empleo, ingresos, solidaridad, reserva de los valores de nuestra democracia social, la integración de la familia campesina, la cultura y la multifuncionalidad del campo y la agricultura. En suma, es el ordenamiento socio-económico que conforma lo que conocemos como la Economía Campesina, social y solidaria, garante de la “Soberanía alimentaria” , la cual, históricamente, ha mantenido en nuestra Patria la estabilidad y la paz social, que tanto nos ha permitido un grado aceptable de bienestar social.

3.- Por el contrario, la complacencia depositada por los gobiernos durante las últimas tres décadas en un modelo económico que promulga la instauración de una economía de libre mercado y la eliminación del carácter solidario del Estado, tiene, en Costa Rica, como una de sus premisas la eliminación del Sector Primario y la compra de los alimentos en el exterior. La aplicación de este modelo ha tenido como consecuencia el desmantelamiento de las instituciones del sector agropecuario, el deterioro agresivo de la economía campesina, el deterioro de la familia y su base religiosa. Proceso tal que ha promovido la migración del campo a la ciudad, concentrado la riqueza y aumentando la desigualdad social.

4.- Esta dirección de las políticas productivas que promueve el gobierno le ha impuesto un rumbo economicista a nuestra democracia social, con consecuencias de alto riesgo para la gran mayoría de la población de quedarse sin alimentos por dos razones: a) porque no hay condiciones para producir; y b) porque no tiene el dinero para comprarlos. El modelo señalado, conocido como neoliberal y que su santidad Juan Pablo II llamó “capitalismo salvaje”, entra en crisis global causada por la ligereza de resolver sus intereses los países desarrollados sin tomar en cuenta las necesidades de los países pobres como el nuestro. Esto nos enfrenta a una crisis económica que produce a su vez una desesperante inseguridad alimentaria, crisis muchas veces anunciada por las organizaciones campesinas, y que los gobiernos nunca le dieron la importancia debida.

5.- De esta crisis, desde hace varios meses, diversos organismos internacionales, han señalado sus causas y apuntado la necesidad de que nuestros países tomen todas las previsiones necesarias para poder sobrellevarla. Pero desdichadamente nuestro gobierno ha minimizado la gravedad de la situación y no ha tomado medidas serias e integrales para enfrentar esta crisis y deja la población en peligro de no tener acceso a los alimentos cotidianos por no haber en el mercado o por no tener ingresos suficientes para adquirirlos. El Gobierno abandonó el apoyo a la producción de alimentos y toma una política de ingresos y salarios decrecientes con relación al costo de la vida.

6.- La Conferencia Episcopal, los agricultores y los sectores sociales aprovechan esta Jornada Nacional por la Alimentación y el Derecho a la Producción de Alimentos, para demandar del gobierno un espacio de dialogo concertado que permita construir una estrategia de corto, mediano y largo plazo, que dé como resultado un programa integral de políticas públicas, que le garanticen a la población Seguridad Alimentaria, acceso a la tierra y financiamiento para producir, precios asequibles de los insumos agrícolas, y los ingresos necesarios para adquirir los alimentos. Es hora de que el Gobierno reconstruya la institucionalidad deteriorada por efecto de las políticas neoliberales, retomando las funciones abandonadas, todo en una política agropecuaria de Estado.

TLC-INS: Quien se arrodilla, termina lamiendo botas

Don Marco Vinicio Ruiz Gutiérrez, exitoso empresario neoliberal y quien funge hoy como Ministro de Comercio Exterior del gobierno de los hermanos Arias, se presentó ante el amo a rendir cuentas y más bien salió regañado. Quien se arrodilla, termina lamiendo botas

Los gringos le han dicho que todavía no ha hecho bien la tarea: el Instituto Nacional de Seguros (INS), la empresa aseguradora más exitosa de toda la zona centroamericana y caribeña, debe ser pulverizada completamente, para que la engullan sin mayor problema, los gigantescos consorcios de seguros estadounidenses (y sus socios internos), verdaderos oligopolios del negocio de los seguros en el campo internacional.

Tras de cuernos palos. La genuflexa coalición diputadil de los 38 votos (38 más 1, en realidad), violentando los más sagrados principios de la “libre” competencia, le impidió al INS la venta de seguros en el exterior, precisamente cediendo a las presiones del gobierno gringo y sus acólitos internos.

El INS tiene demasiado prestigio, sobrada solidez financiera y una trayectoria legendaria que le hace amenazante para sus eventuales competidores internacionales en el mercado de seguros de esta región. Por eso había que impedirle que trascendiera nuestras fronteras, aunque sus competidores sí podrán ingresar a territorio nacional.

Ahora, hay que quitarle la garantía estatal al INS para terminar de construirle el cerco que le eliminará completamente del mercado, sueño dorado de los grandes grupos económicos de enorme poder en el actual gobierno de los hermanos Arias y que tienen en el ministro del COMEX, a uno de sus principales gerentes políticos en materia de TLC.

El INS es una empresa tan exitosa, de tanta rentabilidad y tan suculenta que no sola hay que impedirle que vaya al exterior a hacer negocios; sino que, ahora, hay que eliminarle la garantía estatal para que los pulpos extranjeros y sus agentes internos, pueden engullírselo con mayor facilidad y en el menor tiempo posible.

Ojalá que el alto grado de prosternación y de genuflexión de la coalición parlamentaria gobiernista (más el más reciente refuerzo que les llegó), no haya matado del todo el sentimiento de hidalguía y de decoro nacional necesario para evitar que, finalmente, los gringos se salgan con la suya, de destruir completamente al INS.

Anhelamos que algunos diputados y algunas diputadas de esa coalición, vayan a las fuentes originales de nuestro acervo histórico y, entre otras cosas, reflexionen a la luz del pensamiento del gran liberal criollo, don Ricardo Jiménez Oreamuno, fundador del INS, para evitar su destrucción total. Quien se arrodilla, termina lamiendo botas.

San José, 20 de junio de 2008.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Capitalización del Banco Central

En la exposición de motivos se señala que “el déficit del Banco Central ha estado presente por más de dos décadas y su origen y persistencia están determinados, en buena medida, por operaciones realizadas en el pasado y por los crecientes requerimientos de absorción monetaria que conllevan un costo financiero para el país”.

Muchos piensan, por desconocimiento o por desinformación, que las actuales pérdidas del BCCR son resabios acumulados de la crisis económica de finales de los años 70 y principios de los 80 cuando el Central incurrió en importantes desequilibrios en razón de la política cambiaria y de las deudas que asumió de varias instituciones públicas. Esa apreciación no es correcta.

En verdad, en mayo de 1998, pocas horas antes de concluir la administración Figueres Olsen, el ministro de Hacienda de ese entonces, Francisco de Paula Gutiérrez, y el presidente del Banco Central, Rodrigo Bolaños, firmaron un acuerdo, que luego se convirtió en ley, para que el fisco asumiera las pérdidas del instituto emisor originadas durante la crisis.

En el proyecto de ley que ahora se discute se reconoce que “el Gobierno ha realizado pagos de deuda y capitalizaciones parciales al BCCR al amparo de las leyes N°7558 y N°8116”. Esos aportes, que se hicieron durante los últimos seis o siete años, han superado los ¢290 mil millones y amortizaron la casi totalidad de las obligaciones pendientes del Central a inicios de la presente década.

Resulta evidente entonces que las causas principales del abultado déficit que hoy muestra el Banco Central no se remontan a 30 años atrás ni hay que buscarlas en los diferenciales cambiarios ni en los pasivos de CODESA en los 80, sino en la política monetaria más reciente seguida por la propia institución.

Es por eso que resulta de gran importancia que los diputados revisen en forma detallada el balance de pérdidas BCCR, relacionando su desempeño con la política monetaria implementada, a fin de comprender a cabalidad la implicaciones patrimoniales que han tenido y tienen las medidas que se adoptan en la junta directiva del Banco.

Atención particular debe merecer la política seguida en cuanto al encaje legal, no solo porque afecta la liquidez global de la economía, modifica el multiplicador bancario y tienen incidencia directa sobre los precios y la inflación, sino también porque conlleva consecuencias distributivas para las entidades financieras y para el propio Banco Central por su participación en el mercado bursátil. Este tema del encaje legal lo comentaremos con mayor detalle la próxima semana.

De igual manera deben examinarse todos los aportes hechos por el gobierno al BCCR desde finales de los años 90, así como las fuentes de financiamiento de esas contribuciones, incluida la emisión de bonos fiscales y el uso de créditos externos.

Sin duda el proyecto de Ley de Capitalización del Banco Central contiene aspectos de importancia para la economía nacional y para el sector financiero que deben ser motivo de análisis y reflexión, pero también incluye otras dimensiones como la rendición de cuentas y la transparencia que ameritan atención preferencial por parte de los legisladores.

17/06/2008

Salarios del Sector Privado: Propuesta de la cúpula empresarial es mezquina, injusta y egoísta

Mezquina, injusta y egoísta, así calificamos en la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la propuesta formulada por la cúpula gremial del gran empresariado, cuando plantearon un 6.58 % de reajuste salarial para toda la clase trabajadora del sector privado de la economía costarricense: casi un millón y medio de personas asalariadas.

El 6.58 %, ofrecido por el sector patronal, durante la presentación que hicieran ayer en el Consejo Nacional de Salarios (CNS), indica que la línea de la concentración de la riqueza y del crecimiento de la desigualdad, se mantendrán pese al pedido “solidario” que el Presidente Arias hizo al gran empresariado, durante su mensaje del pasado Primero de Mayo.

La representación del Gobierno en el Consejo Nacional de Salarios ha quedado en la cuerda floja: Si le da sus votos a la propuesta patronal, el Presidente Arias quedará en total ridículo y descrédito, pese a que las grandes líneas de la política pública que ha impulsado su gobierno, han sido para favorecer los intereses de negocios de ese gran empresariado que hoy propone un 6. 58 % de reajuste para su personal: ofrecimiento totalmente mezquino, injusto y egoísta.

Por el contrario, si el Gobierno de los hermanos Arias da sus votos a la propuesta sindical, escalonada entre el 8.91 % y el 13.66 %, llevará un poquito de alivio a los hogares de la clase trabajadora asalariada, especialmente los de salarios medios y bajos.

Y aunque esta posibilidad se convirtiera en realidad el próximo lunes 23 de junio, un elevado número de trabajadores y de trabajadoras del Sector Privado, no tienen acceso a mecanismos de defensa alguno para hacer realmente efectivo el pago del reajuste salarial semestral, pues la ausencia de sindicatos en este sector impide verificar si el reajuste se da y si se da, si se aplica correctamente.

Es imperioso hacer un fuerte señalamiento de que el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, dentro de los componentes del Índice de Precios al Consumidor (IPC), ha aumentado el doble del índice de inflación; lo cual indica que las familias asalariadas de más bajos ingresos necesitan un aumento salarial realmente compensatorio que, como indicamos, la propuesta empresarial no contempla para nada.

San José, 19 de junio de 2008.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Guillermo Keith Bonilla
Directivo Nacional ANEP
Responsable ANEP-Sector Privado

Costa Rica debe ingresar a Petrocaribe

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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El 3 de mayo de 2006, ANEP envió nota al en ese momento Presidente electo, Oscar Arias planteándole la necesidad de que Costa Rica solicitase al gobierno de Venezuela, “_el otorgamiento a nuestro país de un trato especial, diferenciado, en materia de suministro de petróleo, dado que el alza mundial que está experimentando, golpea severamente la economía costarricense, incidiendo negativamente en la calidad de vida de la gran mayoría de la población, especialmente en la de la clase trabajadora asalariada_”. Nada más profético si vemos cuál es la realidad de hoy del precio del petróleo y el de los combustibles en el país. Dicha carta nunca nos fue contestada.

En ese momento le dijimos a don Oscar Arias que “_Costa Rica vive un doloroso proceso de concentración de la riqueza que, entre otras expresiones, se manifiesta en el nivel salarial de la gran mayoría de los trabajadores y de las trabajadoras. La caída en el salario real es dramática y estas constantes alzas, potenciadas por el alto precio de los combustibles sobre los cuales pesa una elevada carga tributaria, disminuyen el poder adquisitivo de los salarios; incrementando en los hogares de las familias asalariadas, tensión, ansiedad, restricción económica, disminución de la calidad alimenticia y deterioro de la convivencia por todos estos factores juntos_”.

También le indicamos a él “_que usted debe apelar a la larga trayectoria de amistad entre Costa Rica y Venezuela, naciones hermanas de la familia latinoamericana. Las posiciones políticas soberanas del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no tienen porqué ser obstáculo para que nuestro país invoque esa hermandad, si lo que está de por medio es el bien común de nuestra sociedad, sin necesidad de que ciertas voces mediáticas histéricas, que se creen depositarias de la “opinión pública”, impongan la ideología por sobre el sentido común_”.

ANEP apuntó además que “_Tesis como revisión de los contenidos del Pacto de San José; crédito para compra de petróleo a largo plazo y en condiciones blandas; posibilidades de suministro de combustible a precios especiales para emprendimientos productivos de economía social con carácter incluyente; un portafolio de inversiones para el fortalecimiento de la refinación del crudo en suelo nacional; una asociación estratégica para la exploración petrolera con pleno respeto del entorno_”; son potenciales campos de cooperación de ayuda de parte de Venezuela para Costa Rica.

Ahora, el ilustre diputado Merino le pidió al Presidente Arias que en el marco de la normalización de las relaciones con Venezuela, Costa Rica solicite su incorporación a la organización intergubernamental PETROCARIBE y la firma del Acuerdo de Cooperación Energética que le da sustento.

Hoy hacemos nuestras las consideraciones del citado legislador cuando apunta que “_En momentos donde las alzas del petróleo golpean de manera significativa la economía nacional y, en particular, los bolsillos de los sectores más pobres de la población, la integración de Costa Rica a PETROCARIBE, evitaría la intermediación y especulación, garantizaría el suministro directo de hidrocarburos, brindaría facilidades financieras y permitiría acuerdos de cooperación para fomentar el desarrollo económico y social_”.

Emplazamos al Gobierno para que abra, de inmediato, el proceso político y diplomático correspondiente que permita el ingreso de Costa Rica a PETROCARIBE, tal y como ya lo hicieron ó están tramitando, países como República Dominicana, Honduras, Guatemala y El Salvador, cuyos gobiernos no son afines a la línea política de Venezuela.

El ingreso de Costa Rica a PETROCARIBE, tal y como la afirma el diputado Merino, va a “_mitigar los efectos del alza continua de los precios del petróleo y sus derivados, en beneficio de la población costarricense y en un marco de solidaridad latinoamericana_”. Entonces, ¿cuál es el miedo, don Oscar?

17 de junio: Día mundial de lucha contra la desertificación y la sequía

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El avance de la deforestación; el crecimiento desplanificado del urbanismo; el uso descontrolado de agentes químicos venenosos; los monocultivos extensivos en función de la exportación de materias primas; la ganadería extensiva; las quemas, etc., son algunos de los factores que contribuyen al avance de los desiertos y la sequía, aún en lugares del trópico otrora verdes y lluviosos, como algunos lugares del nordeste Brasileño o, para ser más precisos geográficamente, como es el caso que vivimos en Costa Rica en los últimos meses con la persistente sequía en la región de Upala y Guatuso, que ha conducido a la muerte de numerosas reses y la pérdida de importantes cosechas, en perjuicio de un gran número de campesinos.

Gran parte de los actuales desiertos en Costa Rica tuvieron primero forma de bosque tropical primario, siempre verdes y altamente biodiversos; luego, a consecuencia de los programas de extensión agropecuaria impuestos por nuestros irresponsables gobiernos y por los organismos internacionales, adquirieron la forma de potreros o monocultivos, cuyos suelos fueron explotados durante unos años y que luego, una vez agotados, se fueron degradando por el sol o fueron arrastrados por la escorrentía o el viento. Debajo lo que quedó fue pura roca madre, infértil, en la que ni siquiera las especies de plantas pioneras tienen posibilidad de sobrevivir. Este panorama es el que observamos en al menos un cincuenta por ciento del territorio nacional, con las consecuencias ecológicas, los desastres cíclicos y el drama social que esto necesariamente acarrea todos los años desde hace cuatro décadas.

Para recuperarse de este dramático vórtice que nos arrastra hacia una tragedia de proporciones inimaginables, es absolutamente necesario el abandono inmediato de las prácticas productivas que conllevaron a la destrucción del medio: las talas indiscriminadas, muchas de ellas con permisos oficiales; el desarrollo de plantaciones extensivas, casi todas con el fin de satisfacer la demanda de países desarrollados y no la demanda local; el desarrollo de la ganadería extensiva, para satisfacer la demanda de carne de las naciones del norte. Prácticas desarrolladas sin pensar en sus consecuencias.

En fin, el modelo de desarrollo agropecuario dominante, ha generado muchas prácticas dañinas sobre el medio ambiente natural y social, debido a que no se diseñó pensando en el interés patrio ni en las demandas nacionales de seguridad y soberanía alimentarias, sino en una obsesión agroexportadora que a lo único que ha conducido es a la destrucción acelerada y generalizada de nuestra parte de la biósfera y a su desertificación.

* Especialista en manejo y conservación de recursos naturales
marcotuliopicado@ gmail.com

Nuevos cambios de horarios de servicio en Fuerza Pública generan gran inconformidad

San José, 10 de junio de 2008.
S.G. 07-09-0557-08
¡URGENTE!
Señora
Janina Del Vecchio Ugalde
Ministra
Ministerio de Seguridad Pública y de Gobernación y Policía
Su Despacho
Fax No. 22 26 07 26

Estimada señora Ministra:

Nuevamente y con gran respeto, le expresamos nuestro más atento saludo.

Siguen llegando a nuestra oficina manifestaciones de preocupación por los diversos cambios de horario que, al parecer, su despacho está ordenando; cambios de horario que por la naturaleza de los mismos, generan repercusiones psicosociales y socioeconómicas en el personal afectado, ciudadanos y ciudadanas al servicio de la Fuerza Pública pero que mantienen intacta su condición humana y su reclamo justo y respetuoso de trato con dignidad.

Luego de que en carta anterior le planteamos el tema de la Policía de Fronteras, ahora nos referimos a la zona de Pérez Zeledón, concretamente en la zona de Dominical de Osa, cuyo horario idóneo, en su momento, fue señalado por la Defensoría de los Habitantes de la República, bajo el sistema de 2 × 2 × 2, según tenemos entendido; pero que no se pudo poner en práctica por el horario de servicio de buses, llegándose a una especie de punto medio con un sistema de 4 × 4, que hasta ahora parece haber combinado la necesidad del servicio público de seguridad ciudadana, con el trato digno al personal a cargo de la misma. Se habla ahora de poner un sistema de 8 × 4 (y de 5 × 2 en las jefaturas), se indica que el cambio es ya, de inmediato, y no se miden las afectaciones sobre el vínculo familiar y comunal de los servidores, retrotrayendo experiencias pasadas de desintegración de la familia; amén de que parecen prevaler las dificultades de albergue y socioambientales para una permanencia continua en la base por ocho días.

Por otro lado, tenemos el caso de la situación de la denominada Quinta Región, en la cual la mayoría del personal (entendemos que los encargados de programas preventivos), tendrá que asumir un rol de 2 × 2 × 2; lo que, según informes en nuestro poder, implicará una mayor erogación en pasajes y más consumo de energía por los desplazamientos, para mencionar solamente dos factores que quizás no han sido bien ponderados al momento de determinar este cambio.

La Región 10, presenta también dificultades para un horario de 2 × 2 × 2, por largas distancias, temporada de lluvias, caminos altamente dificultuosos, más consumo de energía en los desplazamientos de la base a la zona de residencia y viceversa. Es decir, la misma problemática: cambios abruptos que descontextualizan las particularidades psicosociales y socioeconómicas. Se nos dice que en esta región, el 4 × 4 pareciera recoger el consenso del personal de base y que ese es el punto de equilibrio entre la demanda de seguridad y la dignidad laboral del personal.

A lo largo de los últimos años, la percepción que tiene la ANEP con base a estos cambios es que su motivación central es la ocurrencia de las jerarquías de turno, en vez, de obedecer a un proceso integrado de análisis que vincule las diversas variables de eficiencia y eficacia en el servicio, de aspectos psicosociales y socioeconómicos y remunerativos, incentivos y otros; de tal suerte que encontremos ese punto de equilibrio entre la demanda ciudadana y el respeto a la dignidad laboral del servidor de la Fuerza Pública.

En esta ocasión no estamos culpando a nadie en particular ni queremos generar una discrepancia estéril, pero parece que estos cambios abruptos no generan la necesaria tranquilidad institucional para enfrentarse con el afuera amenazante.

Con todo respeto, le estamos solicitando lo siguiente:

Suspensión de los cambios de horario previstos para iniciar este domingo, de tal suerte que, con paulatina implementación y con la sensibilización necesaria se pueda articular una propuesta de horario que equilibre sus metas de gestión al frente del despacho en la materia de seguridad, con la situación psicosocial y socioeconómica del personal afectado: a) más gasto en pasajes por la frecuencia de viajes; b) dificultades producto del horario del transporte público; c) la reducción en el monto de tiempo de descanso que se dará por una mayor frecuencia de desplazamiento de y hacia la base; d) los mayores días de separación del núcleo familiar y del relacionamiento comunal; e) la carencia de condiciones de albergue idóneas para estancias prolongadas (por ejemplo, el 8 × 4); f) el mayor consumo de energía que estas situaciones generan; g) las dificultades en cuanto a alimentación y a avituallamiento; entre otras variables que, según nuestra percepción, deberían vincularse armónicamente en busca del fin perseguido.

Además, el factor edad parece que no está siendo debidamente valorado, considerando que podría ser necesario discriminar entre el personal juvenil de reciente ingreso, el personal que está en etapa madura y el personal que se acerca a su merecida jubilación, todo lo cual presente esquemas de relacionamiento con los cambios abruptos de tarea que no tienen iguales niveles de asimilación.

Particularmente en lo que se denomina Región Décima (Coto Brus, Palmar Norte, Golfito y cantones circunvecinos), como indicamos líneas arriba, el 4 × 4 pasa a ser ese punto de equilibrio. Por tanto, le solicitamos valorar esta petición para que sea en este esquema el cambio.

En la Región Quinta, proponemos que se profundice la valoración integral que venimos señalando y hasta tanto no se busque ese punto de equilibrio, el 2 × 2 × 2 no debería entrar en vigencia.

Concedernos una audiencia con urgencia para llevarle, directamente, nuestras apreciaciones sobre el particular y tratar de que su digna autoridad vea el asunto de manera integral, vinculando la notable experiencia y el conocimiento de los mandos superiores de la Fuerza Pública que nos merecen todo respeto por sus limpias trayectorias; pero incluyendo, necesariamente, el clamor del personal laboral de base que estamos expresando a través nuestro.

Le agradecemos su pronta respuesta para lo cual invocamos el articulo 27 Constitucional y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.


Albino Vargas Barrantes

Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

C.c. Comisionado Erick Lacayo Rojas, Director General de la Fuerza Pública.
Comisionado Randall Picado Jiménez, Subdirector General de la Fuerza Pública.
Comandante Freddy Hernández Dormo, Director de la Policía de Fronteras.
Junta Directiva Nacional de ANEP.
Personal involucrado.

Archivo.

Golpe a la democracia

Nota del Autor: El presente artículo no es otra cosa que un parangón del Editorial de La Nación del día 15 de junio, en el que se cuestiona fuertemente al Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
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La empobrecida democracia costarricense, cada vez más asediada por los arreglos espurios, los ímpetus autoritarios, el asalto a la institucionalidad y los objetivos continuistas del presidente Oscar Arias Sánchez y su hermano, acaba de sufrir otro serio y burdo golpe, que ensombrece aún más el futuro del país.

Esta vez se trata de una decisión que agrede, directamente, el derecho de los ciudadanos a ejercer su capacidad soberana en la decisión de los asuntos trascendentales para el país; es decir, un disparo al centro neurálgico de la democracia y el Estado de derecho.

Las víctimas directas son todos los comités patrióticos, organizaciones sociales y partidos políticos independientes que se encuentran hastiados de la corrupción, turbiedad, verticalismo e ineficiencia de Arias y la camarilla que lo acompaña, incluyendolos demás partidos políticos tradicionales.

Utilizando subterfugios totalmente espurios, el Tribunal Supremo de Elecciones, dominado por la turbia política de los Arias, resolvió desestimar la solicitud de llevar a referemdum la aprobación de las leyes UPOV, para el cual las organizaciones sociales recolectaron cientos de miles de firmas que lo respaldan. Pocos días antes, los mismos Magistrados del Tribunal eximieron de toda responsabilidad al Vicepresidente de la República Kevin Casas por su autoría del nefasto memorandum, hecho verdaderamente insólito, que la historia patria recogera en sus anales como uno de los actos de mayor agresión a nuestro sistema democrático y Estado de derecho.

Esto implica que la figura constitucional del referendum no podrá utilizarse sino cuando al presidente Arias le interese y cuando, claro está, él pueda controlar o alterar sus resultados. La medida cierra todo espacio participativo a la sociedad civil no organizada en partidos políticos, y aunque antaño la Sala Constitucional resolvió conocer sobre decisiones emanadas del órgano electoral mediante el recurso de amparo, hoy día tal cosa no es posible, además de que resultaría una acción totalmente estéril si se toma en cuenta que el Poder Judicial también adolece de las mismas ingerencias políticas de que es es víctima el Tribunal Supremo de Elecciones.

Hasta ahora, lejos de aquilatar debidamente el curso dictatorial hacia el que se encamina Costa Rica, y la posibilidad de debilitar la imágen democrática que goza el país ante la comunidad internacional, Oscar Arias se ha aferrado a la política autoritaria. Peor aún, ni siquiera ha dado la cara abiertamente. Su grave mensaje es que las vías de rectificación y entendimiento permanecen cerradas.

Mientras tanto, la frustración ciudadana crece, pero el El Gobierno tílda de extemistas de izquierda a todos los que critiquen las medidas antidemocráticas. Tal amenaza, sin embargo, no solo debe ser rechazada; lo que se impone, más aún, es una intensa presión sobre los Arias para frenar sus peligrosas tendencias dictatoriales. Entre las cartas a utilizar debe contemplarse, la acción directa de la ciudadanía para pedir la salida a los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, pues de lo contrario llegaremos al próximo proceso electoral guíados por un órgano electoral que no merece ninguna confianza lo que puede poner en peligro la paz electoral del país.

Los sectores democráticos costarricenses, activos, dignos, mayoritarios y valientes, tienen que fortalecerse con la unión y comprender que divididos no podrán ser capaces de frenar la arremetida dictatorial de los Arias, que ya se proyecta en el gobierno por otros cuatro años. Mientras tanto, los Arias seguiran preparando, junto con los partidos tradicionales y turecas, el guion del continuismo, la repartición y la incompetencia gubernamental. ¿Qué más revelador de esto último que el índice concentración de riqueza que ya muestra el país?

Hay, por todo lo anterior, razones de sobra para una enorme inquietud sobre el futuro de Costa Rica, cada vez más lejos de su pasado glorioso y más cerca de compartir un futuro con los países más desiguales de américa latina .

Revaloración Salarial Extraordinaria para la Fuerza Pública: Ministra Del Vecchio no ha respondido emplazamiento formulado por ANEP

San José, 3 de junio de 2008.
S.G. 07-09-0537-08
¡URGENTE!

CARTA ABIERTA

Señora
Janina Del Vecchio Ugalde
Ministra
Ministerio de Seguridad Pública y de Gobernación y Policía
Su Despacho

Asunto: Fallecimiento del servidor Manuel Salvador Rodríguez Rodríguez y la necesidad de una REVALORACIÓN SALARIAL EXTRAORDINARIA para la Fuerza Pública

Estimada señora Ministra:

En primer término y con todo respeto, reciba su autoridad un atento saludo de nuestra parte.

Al asumir usted como Ministra de Estado, las estratégicas carteras de Seguridad Pública y de Gobernación y Policía, la ANEP le entregó por escrito, en su primer día en ese puesto, un planteamiento para la fijación de una REVALORACIÓN SALARIAL EXTRAORDINARIA para todo el personal de la Fuerza Pública (incluida la Policía de Migración) y para todo el personal ligado a este cuerpo policial tan necesario para nuestra sociedad. Nuestra petición, fechada 15 de abril de 2008, oficio S.G. 07-09-0426-08, todavía no ha sido respondida por su digna autoridad.

Hace pocos días, tomamos nota de una dolorosa noticia con relación al fallecimiento del policía don Manuel Salvador Rodríguez Rodríguez (q.d.D.g.), el pasado sábado 31 de mayo de 2008, quien realizaba otras labores en su tiempo libre, concretamente como electricista, buscando así cómo incrementar su ingreso para su propio sostenimiento y el de su familia, dados los bajos salarios que el Estado paga a quien está dispuesto a sacrificarse para servir en los diferentes cuerpos de la Fuerza Pública. Particularmente uno de los diarios nacionales, el oficialista, tituló así la noticia sobre el triste deceso de don Manuel: “Policía muere electrocutado al hacer otro trabajo por necesidad”. Como bien se sabe, la cantidad de compañeros de la Fuerza Pública que en su tiempo libre buscan otras labores para redondearse su salario, va en crecimiento, conforme avance el proceso de deterioro salarial, de la pérdida de poder de compra del mismo y de concentración de la riqueza; todo lo cual alimenta la perversa curva ascendente del crecimiento de la pobreza y de la desigualdad, factor vital –según nuestra perspectiva- en el crecimiento de la criminalidad.

Es por tal circunstancia que, nuevamente, acudimos ante su despacho con relación a la propuesta que la ANEP está formulando para que, por su digno medio, el Gobierno de la República defina los procedimientos necesarios para el establecimiento de una Revaloración Salarial Extraordinaria para la Fuerza Pública de Costa Rica y cuerpos anexos y de soporte. Este asunto bien puede abordarse con motivo de las negociaciones que, necesariamente, han de darse para fijar el monto general de reajuste salarial para el segundo semestre del presente año 2008, en el seno de la Comisión de Política Salarial para el Sector Público.

Nuestra tesis es que, independientemente de lo que se establezca como reajuste salarial general para el indicado período, esta REVALORACIÓN SALARIAL EXTRAORDINARIA debe darse desde el plano de que se trata de una imperiosa necesidad; no solamente porque la sociedad está obligada a reivindicar, con plenitud, la disposición laboral de quien sirve en la Fuerza Pública (tanto en lo salarial como en cuanto a condiciones de trabajo y de Salud Ocupacional); sino porque las personas a cargo de la seguridad ciudadana deben, en su tiempo libre, dedicarse al descanso que les repare las fuerzas perdidas en esas difíciles, estresantes y adversas condiciones de prestación de tal servicio; resultando, una vergüenza nacional, que el personal de la Fuerza Pública de Costa Rica deba “camaronear” (como popularmente se dice), en tiempo libre, porque su salario es indigno e insuficiente.

El mejor homenaje que se puede hacer para honrar la memoria de don Manuel Salvador Rodríguez Rodríguez, en consecuencia, es mostrar toda la voluntad política necesaria, al más alto nivel, para que, efectivamente, se establezca esta REVALORACIÓN SALARIAL EXTRAORDINARIA, en el menor plazo posible. En nuestra primera carta a usted, señor Ministra, sobre este tema, apuntamos que:

Si la sociedad demanda mayor seguridad ciudadana (porque ante el influjo de una visión mediática corta en contenido del problema, hace que la gente pida más policía); es real que la ciudadanía tiene que entender que el trabajo en la Fuerza Pública lleva un considerable riesgo de perder la vida (y ya ha habido dolorosos casos en la presente administración); así como comprender que las condiciones horarias y de salud ocupacional son completamente atípicas y estresantes; lo que debe volver, por ende, suficientemente atractivo la oferta salarial para incorporar a nuevo personal y para mantener al que ya ha demostrado capacidad y aquilatado experiencia.

Ahora, como queda demostrado, si para un policía de la Fuerza Pública, redondearse el salario es, también, una situación en la cual se puede perder la vida, no hay forma de que el país y la sociedad evadan su responsabilidad acerca de la deuda que se tiene para un mejoramiento sustancial de las condiciones de empleo y de salarios de las personas a cargo de la seguridad ciudadana de todos y de todas. Es pues, imprescindible, al menos, que en el corto plazo se dé la indicada REVALORACIÓN SALARIAL EXTRAORDINARIA propuesta por la ANEP.

Con la mayor consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

C.c. Dr. Oscar Arias Sánchez, Presidente de la República.
Lic. Guillermo Zúñiga Chaves, Ministro de Hacienda.
Lic. Francisco Morales Hernández, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
Lic. José Joaquín Arguedas Herrera, Director General de Servicio Civil.
Personal de la Fuerza Pública.
Junta Directiva Nacional de ANEP.
Archivo.

Supuesta «fiesta salarial» en altas jerarquías del Poder Judicial: ANEP pide informe

San José, 10 de junio del 2008.
S.G. 07-09-0550-08

¡URGENTE!

Doctor
Luis Paulino Mora Mora
Presidente
Corte Suprema de Justicia
Su Despacho

Estimado señor:

Con gran respeto para su digna autoridad, le estamos solicitando por esta vía una copia del documento denominado INFORME PARA LA DEFINICIÓN DEL ESTRATO GERENCIAL EN EL PODER JUDICIAL Y SU CORRECTA UBICACIÓN SALARIAL”, el cual habría sido aprobado por el Consejo de Personal en sesión número 12-2008, artículo IV, celebrada el veintidós de mayo pasado y remitido a la Secretaría General de Corte mediante nota 646-JP-2008, del 27 de ese mismo mes. Entendemos que tal estudio no ha sido sometido a conocimiento de Corte Plena.

Este asunto, aparte del inobjetable interés público que reviste, requiere de nuestro conocimiento de cara a la próxima discusión sobre el tema salarial del Sector Público que ha de darse en fecha próxima, con el Gobierno de la República. Además, tenemos entendido que está en desarrollo un serio cuestionamiento en las bases laborales del Poder Judicial, al sentir que se estaría gestando una especie de “fiesta salarial” en los estratos jerárquicos superiores de dicho poder, con exclusión de la amplísima mayoría de cargos profesionales y no profesionales que componen la estructura de nuestro sistema judicial.

Solicitamos tal información al amparo del artículo 27 Constitucional y del 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

Anticipadamente le agradecemos la valiosa atención brindada a esta respetuosa petitoria.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

C.c. Organizaciones gremiales del Poder Judicial.
Medios de Comunicación Colectiva.
Junta Directiva Nacional de ANEP.
Archivo.