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Costa Rica debe incorporarse a Petrocaribe

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1- Con fecha 3 de mayo de 2006, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), envió nota (nuestro oficio S.G. 05-07-0527-06), al en ese momento Presidente electo de la República, Dr. Oscar Arias Sánchez, planteándole la necesidad de que Costa Rica solicitase al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, “el otorgamiento a nuestro país de un trato especial, diferenciado, en materia de suministro de petróleo, dado que el alza mundial que está experimentando, golpea severamente la economía costarricense, incidiendo negativamente en la calidad de vida de la gran mayoría de la población, especialmente en la de la clase trabajadora asalariada”. Nada más profético si vemos cuál es la realidad de hoy del precio del petróleo y el de los combustibles en el país.

2- En ese momento y en la carta que ANEP le envió al señor Oscar Arias, indicamos también lo siguiente: “Costa Rica vive un doloroso proceso de concentración de la riqueza que, entre otras expresiones, se manifiesta en el nivel salarial de la gran mayoría de los trabajadores y de las trabajadoras. La caída en el salario real es dramática y estas constantes alzas, potenciadas por el alto precio de los combustibles sobre los cuales pesa una elevada carga tributaria, disminuyen el poder adquisitivo de los salarios; incrementando en los hogares de las familias asalariadas, tensión, ansiedad, restricción económica, disminución de la calidad alimenticia y deterioro de la convivencia por todos estos factores juntos.

3- Un tercer párrafo de dicha carta le dijo a don Oscar Arias, “que usted debe apelar a la larga trayectoria de amistad entre Costa Rica y Venezuela, naciones hermanas de la familia latinoamericana. Las posiciones políticas soberanas del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no tienen porqué ser obstáculo para que nuestro país invoque esa hermandad, si lo que está de por medio es el bien común de nuestra sociedad, sin necesidad de que ciertas voces mediáticas histéricas, que se creen depositarias de la “opinión pública”, impongan la ideología por sobre el sentido común”.

4- ANEP dijo, también en ese momento de mayo de 2006 que “Tesis como revisión de los contenidos del Pacto de San José; crédito para compra de petróleo a largo plazo y en condiciones blandas; posibilidades de suministro de combustible a precios especiales para emprendimientos productivos de economía social con carácter incluyente; un portafolio de inversiones para el fortalecimiento de la refinación del crudo en suelo nacional; una asociación estratégica para la exploración petrolera con pleno respeto del entorno”; son potenciales campos de cooperación de ayuda de parte de Venezuela para Costa Rica.

5- Bien hace ahora el ilustre diputado don José Merino del Río en pedirle al Presidente Arias que en el marco de la normalización de las relaciones con la República Bolivariana de Venezuela, Costa Rica solicite su incorporación a la organización intergubernamental PETROCARIBE y la firma del Acuerdo de Cooperación Energética que le da sustento.

6- Hacemos totalmente nuestras las consideraciones del citado legislador cuando apunta que “En momentos donde las alzas del petróleo golpean de manera significativa la economía nacional y, en particular, los bolsillos de los sectores más pobres de la población, la integración de Costa Rica a PETROCARIBE, evitaría la intermediación y especulación, garantizaría el suministro directo de hidrocarburos, brindaría facilidades financieras y permitiría acuerdos de cooperación para fomentar el desarrollo económico y social”.

7- Exhortamos, vehementemente y de manera pública, al Gobierno de la República para que se abra, de inmediato, el proceso político y diplomático correspondiente que permita el ingreso de Costa Rica a PETROCARIBE, tal y como ya lo hicieron ó están tramitando, países como República Dominicana, Honduras, Guatemala y El Salvador.

8- El ingreso de Costa Rica a PETROCARIBE, tal y como la afirma el diputado Merino del Río, va a “mitigar los efectos del alza continua de los precios del petróleo y sus derivados, en beneficio de la población costarricense y en un marco de solidaridad latinoamericana”.

San José, 11 de junio de 2008.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Apoyamos petición del diputado José Merino del Río

Seccional de ANEP en Hacienda entrega sillas de ruedas

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Como una forma de proyectar el trabajo que realizan las Seccionales Sindicales de ANEP en las instituciones públicas, en el Ministerio de Hacienda se hizo entrega de dos sillas de ruedas que podrán se utilizadas en caso de necesidad o de alguna discapacidad de visitantes.

En el acto, realizado en la recepción de la Institución, estuvieron presentes la Seccional en pleno, Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP, la Viceministra Jenny Phillips y Fabricio Chavarría, Director Administrativo financiero de Hacienda.

Jorge Fonseca, vicepresidente de la Seccional, se manifestó complacido por la oportunidad de realizar este tipo de acciones que van más allá de lucha reivindicativa y que pretende proyectar aún más el trabajo que realiza ANEP, “preocupados por la salud ocupacional de los y las trabajadoras de la institución decidimos gestionar la adquisición de sillas de ruedas que serán utilizadas en casos de emergencias y además que el Ministerio cuente con ellas en caso de visitantes que así lo requieran. Para la adquisición de las sillas contamos con la colaboración de la Municipalidad de San José que, en gesto solidario, colaboró para que hoy realicemos esta actividad”.

Por su parte la Viceministra Phillips se mostró muy complacida por el gesto de la Seccional Sindical de ANEP, ya que “contribuye con acciones de solidaridad importantes para el bienestar no solo para las personas trabajadoras de la institución sino también para quienes nos visitan”, dijo.

Seccional con facilidades de trabajo sindical

La actividad sirvió de marco para la firma del “Convenio de facilidades sindicales” entre el Ministerio y la ANEP. Con este Convenio la Seccional Sindical de ANEP podrá realizar su trabajo sindical en armonía no solo con la parte patronal sino también con las otras organizaciones sindicales del Ministerio de Hacienda.

El Convenio es calificado por la Junta Directiva de la Seccional Sindical de ANEP como un gran avance en su derecho de gestión sindical en la institución y la posibilidad de proyectar, aún más, la enorme labor que realiza el sindicato en la defensa de los derechos laborales y la soberanía nacional.

El Ministerio de Hacienda, a su vez, da un claro ejemplo de respeto a la acción sindical y se muestra como una institución pública respetuosa de la legislación laboral, nacional e internacional ratificada por nuestro país, como por ejemplo el Convenio 98 de la O.I.T. Sobre libertad sindical.

Tanto las autoridades ministeriales como sindicales demuestran, con este Convenio, que el diálogo respetuoso entre las partes puede resultar beneficioso para trabajadores y trabajadoras así como para los usuarios del Ministerio de Hacienda, ya que un clima laboral óptimo se refleja en la calidad del servicio que se brinda.

Lea el Convenio completo en ARCHIVOS ADJUNTOS

Corporación Gobierno S.A.

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luismatagui@ gmail.com

Una corporación, es una empresa que por su naturaleza no se dedica sólo a un área productiva, sino que tiene intereses y se desarrolla en otras; a manera de ejemplo, los supermercados forman una cadena que va desde la propia producción de alimentos en fincas con tal propósito, hasta la manufactura y venta de los mismos; en lenguaje común, es no poner todos los huevos en una misma canasta. En cualquier caso, el fin último de una corporación se resume en una palabra: lucro.

Ver el comportamiento de quienes ejercen el gobierno, de alguna manera me recuerda el de éstas mega empresas: quitan y ponen a quienes les estorben o sirvan para obtener determinados beneficios y poco les importa lo que se quede en el camino; utilizan todas las herramientas de la comunicación para maquillar sus fines, de manera que el público meta –en éste caso todos y todas nosotros y nosotras- piense que todo lo que hacen, lo hacen por el mejoramiento de la sociedad, sin decir que cuando se habla de sociedad no se refieren al país, sino a sociedades anónimas; ¿un ejemplo? ¡Paz con la naturaleza! Y acto seguido, se autoriza la minería a cielo abierto, sin importar un comino lo que se ponga por delante.

Las presiones a la SETENA, al Tribunal Ambiental y a todo aquél que crea en esa estupidez de que la decencia debe privar en nuestras acciones, son de todos los días y por todos los medios posibles; es un atraso para la economía –de algunos- que se pida el cumplimiento de regulaciones que están allí para proteger lo que es de todos y todas; se inventó la palabra “tramitología”, para cacarear que hay que quitar regulaciones y dejar que la mano del mercado –cuando conviene invisible, aunque todos y todas sepamos que no lo es- actúe sin problemas y pueda hacer lo que le venga en gana, porque no importa bosque ni aire ni playa, si para ganar más hay que talar y sembrar canchas de golf u hoteles que los ticos y ticas, vemos a la distancia, porque se nos prohíbe la entrada.

Como en toda corporación, tienen intereses en el amplio espectro del mercado: una parte, se dedica a decir sí a todo lo que sea ilegal y a decir por votación de cinco a dos, que todo se vale; otra parte, es una caja de resonancia de la casa matriz y produce las leyes a justa medida de los accionistas; para eso cuenta con 38 votos que se rompen, no por moral o ética, sino por obtener prebendas especiales, que una vez satisfechas, tienen la capacidad de acabar con campañitas facistoides financiadas por el departamento de mercadeo de la gran corporación. Y si por si acaso, nos enteramos de cómo harán para imponer sus intereses, existe un tribunal electoral que saldrá a decir, que los autores que firman el resumen de la estrategia, no cometieron delito alguno: en las corporaciones, aparte del lucro máximo, la corona del éxito es la impunidad.

Así, vemos como el cinismo llegó para quedarse: se ordena la apertura del ICE y lo que ayer se dijo que no pasaría, hoy se desdice sin vergüenza alguna: hasta tienen la cáscara de publicar una notita, en la que nos cuentan que Slim tiene interés en invertir en Costa Rica; a la fecha. Acueductos y Alcantarillados negocia con empresas —que llevan por nombre el de una animal, pero no tienen nada que ver con la fauna excepto para destruirla—la construcción de un nuevo acueducto en Sardinal y se pasa por donde mejor puede, todo trámite que dé sustento a su accionar; al reclamo de la población, miente una y otra vez y por último, el vocero principal de la corporación, sale a decir que son los comunistas los que atizan la hoguera en Sardinal, entonces, uno se pregunta: ¿Estamos ante un gobierno corporativo? ¿Estamos ante un gobierno en que privan los intereses empresariales, por encima de los de todos y todas? Ineludiblemente en mi caso, la respuesta es Sí Costa Rica.

Frente Amplio solicita incorporación a Petrocaribe

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Lea también: Costa Rica debe incorporarse a Petrocaribe
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San José, 10 de junio de 2008
JMR-JFFA-136-2008

Doctor
Oscar Arias Sánchez
Presidente de la República de Costa Rica
S.D.

Estimado don Oscar:

Saludamos desde el Partido Frente Amplio la normalización de relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela, al mismo tiempo que le solicitamos aprovechar esta circunstancia para iniciar prontas negociaciones, que permitan la incorporación de nuestro país a la organización intergubernamental PETROCARIBE y la suscripción del Acuerdo de Cooperación Energética que le da sustento.

En momentos donde las alzas del petróleo golpean de manera significativa la economía nacional y, en particular, los bolsillos de los sectores más pobres de la población, la integración de Costa Rica a PETROCARIBE, evitaría la intermediación y especulación, garantizaría el suministro directo de hidrocarburos, brindaría facilidades financieras y permitiría acuerdos de cooperación para fomentar el desarrollo económico y social.

De acuerdo con la información conocida PETROCARIBE establece una escala de financiamiento entre 5% y 50% de la factura petrolera. Extiende el período de gracia para el financiamiento de uno a dos años y prevé una extensión del período de pago de 17 a 25 años, reduciendo el interés a un 1%, si el precio del petróleo supera 40 dólares por barril. El pago a corto plazo de 60% de la factura se extiende de 30 a 90 días.

El ahorro obtenido por Costa Rica con su incorporación a PETROCARIBE podría traducirse en una rebaja en el precio de los combustibles directamente al consumidor, en subsidios al transporte público y a los agricultores, así como en apoyos a proyectos de energía alternativa hidroeléctrica, eólica y de otros tipos.

Los presidentes de República Dominicana y Honduras recientemente han resaltado los beneficios de la participación de sus países en PETROCARIBE, mientras el gobierno de Guatemala se encuentra negociando su incorporación y en El Salvador los consumidores han visto con beneplácito las rebajas en los precios.

Señor Presidente, como le decía al principio, desde el Frente Amplio le hacemos la solicitud de iniciar negociaciones de inmediato para la incorporación de Costa Rica a PETROCARIBE, con el fin de mitigar los efectos del alza continúa de los precios del petróleo y sus derivados, en beneficio de la población costarricense y en un marco de solidaridad latinoamericana.

Atentamente,

José Merino del Río
Diputado
Fracción Frente Amplio

El altísimo precio de los combustibles

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Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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También hay certeza de que en este problema, se están cometiendo cualquier cantidad de abusos por parte de las gigantescas corporaciones que controlan el mercado mundial del petróleo, al punto de justificar las protestas que se están llevando a cabo a varios países desarrollados, principalmente de la Unión Europea (UE). Adicionalmente, la criminal invasión a Irak, ordenada y ejecutada por el genocida y ya casi expresidente estadounidense Bush, tiene mucho que ver con lo que está pasando con los altos precios del petróleo en el mercado mundial.

Pese a todos estos factores, en nuestro país serían de menor impacto esas alzas descomunales del precio internacional del petróleo, si los combustibles no tuvieran la altísima carga tributaria que pesa sobre ellos.

Los impuestos a los combustibles, los de más fácil recaudación por parte de los gobiernos, inflan considerablemente el precio final que el consumidor debe pagar en la bomba todos los días. Ha llegado la hora de abrir una profunda discusión nacional sobre el tema; y, paralelamente, poner en mesa una serie de alternativas para aminorar esa carga tributaria sobre los combustibles; de tal suerte que las paulatinas reducciones que se dieran, sean sustituidas por otros impuestos pero de carácter directo, es decir, para que paguen los que más tienen y que más acumulan por estos días.

Además, es imprescindible generar un sistema por medio del cual se empiece a relacionar las posibilidades de ingreso de las personas a la hora de hacer las compras de combustibles. No es la misma situación para el pequeño propietario de un camioncito de carga que lo ocupa para ganarse la vida, que un prominente empresario de altos quilates quien anda en lujosos vehículos de 20, 30 y hasta más millones de colones.

En el mismo sentido, los carritos de la clase media y baja, por lo general vehículos usados, indican que sus propietarios son personas asalariadas, trabajadores por cuenta propia, micro y pequeños empresarios que dinamizan fuertemente la economía; razón por la cual el castigo tributario por consumir combustibles debería considerarles su situación de ingreso.

Está más que demostrado que, contrariamente a lo que ciertos medios de prensa quieren meternos en la cabeza, el principal problema nacional no es el de la seguridad ciudadana (ya de por sí grave y cuyo impacto en la sociedad es imposible de negar). La principal dificultad que está pervirtiendo nuestra convivencia civilizada es la acelerada carrera que lleva el proceso de concentración de la riqueza, el crecimiento de la desigualdad y el cierre de oportunidades para una inmensa cantidad de compatriotas.

Es necesario, en consecuencia, modificaciones profundas en la estructura tributaria para llevar un poco de alivio a la mayoría de la población que se asfixia por el altísimo costo de la vida; costo de la vida que tiene en las alzas de los precios de los combustibles un disparador que, desgraciadamente, deteriora la calidad de vida de las familias de menores ingresos, consumidos la mayor cantidad de éstos en comprar alimentos.

Se ocupa, insistimos, una revisión estructural de los diversos impuestos que pesan sobre el precio de los combustibles, que son impuestos indirectos (pagados por todos sin excepción y sin discriminar capacidad de ingreso); a fin de reducir esa carga y sustituirla por impuestos directos que perfectamente pueden pagar los sectores económicos y financieros que atesoran gigantescas riquezas, prácticamente exentas de impuestos, según esa capacidad tan grande de acumulación de capital tan demostrada en estos días.

Proponemos la conformación de una mesa nacional para abordar este tema, constituida por representaciones de los sectores productivos, laborales, sociales, así como de las autoridades gubernamentales, para diseñar una estrategia nacional frente al alto precio internacional del petróleo y para la reducción sustancial de la alta carga tributaria sobre los combustibles en suelo nacional; diseñando y proponiendo, a la vez, las alternativas de sustitución de los ingresos fiscales vía combustibles.

Ministerio de Salud: Trabajadores se oponen al D.O.

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Las organizaciones sindicales del Ministerio de Salud sometieron a criterio de los trabajadores y trabajadoras de esa institución, la legitimidad en las negociaciones que se llevan a cabo con la Ministra sobre el “desarrollo organizacional” que se propone.
Además explicaron, desde un punto de vista jurídico, cuáles son los alcances de la “Manifestación de Voluntad” y los riesgos que se corre con este “inédito” procedimiento, jamás visto en el Sector Público.



Albino Vargas, Secretario General ANEP

Frente a la entrada del Ministerio, en San José, dirigentes y trabajadores se reunieron para exponer los alcances de la política planteada que pretende convertir a la institución en un ente regulador y no preventivo.

Los representantes sindicales han venido negociando con la Ministra de Salud María Luisa Avila, esto permitió que se suspendiera el llamado a paro nacional que se organizaba para este mes. El acuerdo firmado fue sometido, por las organizaciones sindicales, a los trabajadores y trabajadoras de la institución a fin de que estos legitimaran lo negociado.

La organizaciones sindicales presentes en el acto fueron: ANEP, ANPE, SINPROSA, UNIÓN MÉDICA, SINAE, SITECO, SINAESPA.

“Ese acuerdo es para el respeto a los derechos de los trabajadores, en el sentido amplio del concepto; la consolidación de los perfiles profesionales y técnicos, como derecho de cada quién; Igualmente, para que el desarrollo y los productos del proceso no vulneren los derechos laborales.” dijo Freddy Solórzano, dirigente sindical de ANEP en el Ministerio de Salud, quien agregó que “muchos trabajadores y trabajadoras fueron víctimas del engaño, la presión psicológica, intimidación y chantaje para que firmaran la “manifestación de voluntad” que emitieron las autoridades ministeriales y que quedó sin valor alguno luego de firmado el acuerdo.”.

Números hablan

Y es que detrás del famoso proceso de “desarrollo organizacional” no solo se encuentran los intereses de las empresas privadas para quitarle facultades al Ministerio de Salud, también hay serias dudas con respecto a una “consultoría” que le estaría costando a la institución cerca de ¢500 millones de colones.

Para Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP, esta consultoría no tiene un enfoque integral, “hay mucha desinformación y reservas, esto ha provocado una sensación de inestabilidad laboral y la certeza de que se quieren cerrar programas de salud importantes para los costarricenses. Han creado un muro que nos impide conocer los verdaderos alcances de ese “desarrollo organizacional”, y agregó que “este proceso debe detenerse inmediatamente, realizar las correcciones necesarias y elementales. Se ha venido trabajando en una comisión bipartita y esta debe tener condiciones de calma para poder desarrollar su trabajo.”.

“lo que si es muy sospechoso es que esta situación de hermetismo creado alrededor del D.O coincida con declaraciones tan contundentes como las del Ministro de “competitividad”, Jorge Woodbridge, que señaló que “el Ministerio de Salud es un freno para el desarrollo de los negocios en Costa Rica”, concluyó Vargas Barrantes.



Albino Vargas, Secretario General ANEP

Nada es casualidad

“¿Qué es lo que está pasando en el Ministerio de Salud?, ¿Porqué este D.O?, ¿A qué responde esta iniciativa?, no es solo un tema del Ministerio de Salud, ¿porqué se relaciona con las palabras de Jorge Woodbridge, ex-embajador de Costa Rica en Estados Unidos, y ahora Ministro?, esto tiene que llamarnos la atención porque esas son las voces del capitalismo más salvaje que nos está gobernando”, dijo Edgar Morales Quesada, Secretario General Adjunto de ANEP, y agregó que “las cosas hay que llamarlas por su nombre, en el mundo de los negocios no hay derecho a la salud porque la salud es un negocio. A ellos no les interesa la salud preventiva, lo que les interesa es hacer negocio con la vida, con la salud, por eso desde hace más de veinte años nos vienen quitando, robando, saqueando y quitándole funciones a este Ministerio.
El ejemplo más evidente es el paso de la salud preventiva a la CCSS, ¿qué hace la Caja en ese campo?, la respuesta es nada, porque no les interesa la salud preventiva, lo que si les interesa es hacer negocios con la salud.”.

Para concluir dijo que “esa política es premeditada, es criminal, poner el negocio por encima de la salud del pueblo costarricense. Debemos, tenemos, la obligación de recuperar el Ministerio de Salud, el MAG, el CNP, la Banca Nacional, y tantas instituciones públicas que han sido fundamentales para el desarrollo del país y que las han venido saqueando”.

FRENADESO: Denuncia a Gobierno de Martín Torrijos ante la OIT

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CARTA ABIERTA A LA OIT

Panamá, 8 de junio de 2008.

Sr. Juan Somavía
Director General OIT
Ginebra, Suiza

Sr. Director General:

Con sumo asombro, malestar y preocupación ha sido recibida en Panamá la noticia de que el Sr. Martín Torrijos, Presidente de la República de Panamá, ha sido designado como orador de fondo de la 97 Conferencia Internacional de Trabajo de la OIT, que es presidida, además, por el Sr. Edwin Salamín, Ministro de Trabajo de Panamá.

Estos sentimientos, que tal información despierta en amplios sectores panameños, radican en el hecho de que tales distinciones se le brindan a un Gobierno que se le reconoce como un sistemático violador de los derechos humanos y laborales.

En menos de seis meses tres obreros de la construcción fueron vilmente asesinados: Luiyi Arguelles y A Iromi Smith, a manos de agentes de la Policía Nacional, el 16 de agosto de 2007 y el 12 de febrero del presente año, respectivamente. El compañero Osvaldo Lorenzo fue asesinado el 14 de agosto de 2007, por sicarios al servicio de la empresa Odebrecht apoyada por las autoridades de trabajo. El pueblo y los trabajadores seguimos reclamando justicia y exigiendo que estos crímenes no queden impunes.

En las jornadas de protestas que se desencadenaron luego de estos crímenes, decenas de trabajadores resultaron seriamente heridos, mucho de ellos de bala, y más de 2 mil fueron arrestados y condenados a pagar multas onerosas, sentenciados dentro de cuarteles de la Policía convertidos en tribunales amañados de justicia.

Decenas de trabajadores de la construcción mueren cada año por la insistencia de empresarios homicidas de violar las normas de salud y seguridad laboral, sin que las autoridades de trabajo tomen cartas en el asunto. Sólo en la última década se han registrado casi 200 muertos.

El Gobierno panameño viola la libertad sindical y fomenta el sindicalismo amarillo para, junto a la patronal, controlar a los trabajadores, desmejorar sus condiciones salariales y de trabajo.

En Panamá se desconoce el derecho de sindicación y huelga a miles y miles de trabajadores. Es el caso de los de los educadores y demás trabajadores de las escuelas privadas y del Ministerio de Educación, de los médicos y demás trabajadores de la salud, de la Caja de Seguro Social, de la Universidad de Panamá, de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), del sector bancario, de la Zona Libre y en general de todos los trabajadores de entidades públicas.

En Panamá se persigue a la dirigencia sindical honesta y se busca acallar las voces críticas. Para ello se montan patrañas jurídicas para fomentar el terrorismo judicial con el fin de crear las condiciones para encarcelar a dirigentes, como se pretendió hacer recientemente con el compañero Saúl Méndez, Secretario de Organización del SUNTRACS.

Cuando estas políticas de persecución y amedrentamiento fracasan, entonces se desata la represión y se promueve el sicariato para asesinar a trabajadores, como los casos denunciados anteriormente.

Sr. Somavía, el Gobierno que preside Marín Torrijos es reconocido como un Gobierno «mata obreros». La sola presencia del Sr. Martín Torrijos en esta importante conferencia y el nombramiento del Sr. Salamín para presidirla, constituyen una vergüenza para la OIT, demuestra la componenda existente entre patrones abusadores, gobiernos irresponsables y sindicalistas venales, así como pone de relieve la falta de seguimiento que brinda esta institución al proceder de los gobiernos de turno en materia laboral.

Esta triste y lamentable decisión de la OIT representa una ofensa a las viudas, hijos, madres y demás familiares de los obreros asesinados o muertos en los centros de trabajo por negligencia patronal y complicidad gubernamental.

Por ello, expresamos nuestra indignación y protesta por este acto contrario a la misión y objetivos que deben inspirar la institución de la que usted es hoy su Director General.

Atentamente,

Gabriel Castillo Secretario General CONUSI

Genaro López
Secretario General SUNTRACS
Coordinador FRENADESO

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Nota aparte

La seudo dirigencia obrera de CONATO se presta para esta afrenta a los obreros asesinados

Una vez más el Gobierno antiobrero de Martín Torrijos encontró respaldo en la cúpula de elementos venales de CONATO. Algunos de ellos lo acompañan en su periplo por Europa.

Así reportaron algunos medios:

  • Guillermo Puga, de la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá (CTRP), indicó que esta invitación es un honor para Panamá «que sigue siendo el país en mejores condiciones en el aspecto laboral que otros de la región».
  • Egberto Cobos, dirigente obrero de la C.N.T.P., precisó que la invitación a Torrijos tiene grandes repercusiones, porque la hacen los trabajadores, empresarios y gobiernos que se congregan en la Conferencia de la OIT para discutir las normas generales que regulan las relaciones laborales.
  • Norma Cano, dirigente de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá, indica que es un honor y reconocimiento a nuestro país que el presidente Torrijos dirija un mensaje al pleno de esta conferencia.

De esta manera la cúpula de CONATO agrega una hoja más en su vergonzosa historia de traiciones y oportunismo, a cambio de nuevas prebendas y canonjías. En la última reunión de CONATO con Martín Torrijos, la dirigencia de la CNTP logró nuevas instalaciones en las áreas revertidas.

Son los mismos que en 1995 pactaron en la Fundación del Trabajo las reformas de flexibilidad laboral al Código de Trabajo impuestas a sangre y fuego por el Gobierno de Pérez Balladares, que avalaron la privatización del IRHE y del INTEL, que en el 2001 aprobaron el alza del pasaje, que dieron su respaldo en el 2005 a la Ley de de la Muerte de la Caja de Seguro Social, que el año pasado aprobaron el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados unidos, y ahora brindan su apoyo al modelo privatizador de la salud que intenta imponer Martín Torrijos.

Se acomodan con todos los gobiernos, especialmente con el PRD.

Agenda de Implementación: Leyes de Telecomunicaciones

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Las leyes que tienen que ver con las telecomunicaciones y en consecuencia con el ICE son dos: “Ley General de Telecomunicaciones”, (LGT), aprobada el 14/05/2008 y la “Ley de Fortalecimiento y Modernización de la Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones”, en consulta en la Sala Constitucional y que posiblemente apruebe el G-38 próximamente.

El segundo proyecto, a pesar de su nombre, en realidad es muy poco lo que lograría fortalecer al ICE y aun si lo hiciera, no eliminaría el altísimo riesgo, que el mismo ICE ha calculado en un 50.42%, pues le sería imposible hacer frente por mucho tiempo, a empresas privadas y gigantescas que operan bajo una normativa legal totalmente diferente, por el principio de legalidad: “el privado puede hacer todo lo que la ley no le prohíba, las entidades públicas solo lo que la ley les permita”.

En relación con la LGT, esta otorga concesiones para el uso del espectro radioeléctrico (frecuencias), por un plazo de 25 años, para todos los operadores por igual, artículo 24, eliminando las concesiones que de por vida tiene el ICE, según artículo 1 de la Ley No. 3226, del 28/10/1963.

Además, en el artículo 45, inciso 17, exige el servicio de “portabilidad numérica”, lo cual implicaría para el ICE (muy posiblemente) una inversión de aproximadamente $15 millones, para implementar una facilidad que garantizaría que sus propios clientes puedan emigrar a otro operador, sin que deban cambiar de número telefónico.

Toda apertura causa en el caso de las telecomunicaciones, la desconcentración de las redes de un país, lo cual encarece la infraestructura en aproximadamente un 21%, además de que regular competencia (o intentar, porque en realidad no se da), en un mercado cuyas redes troncales son monopolios naturales, es difícil y oneroso. La misma Aresep manifestó que solo para prepararse para la apertura, requeriría de $3.6 millones (La Prensa Libre del 22/12/2006).

Además crea la LGT un modelo de desarrollo diametralmente opuesto al concebido en los artículos 50 y 74 de nuestra Constitución Política, al prohibir expresamente los subsidios cruzados, según el artículo 54, inciso c), y eliminar el concepto de “servicio público”, tal y como lo define hoy la Ley No. 6227, para cambiarlo por el de “servicio disponible al público”, artículo 6, inciso 24, lo cual equivale a reducirlo a una simple “mercancía”, que podría adquirir quien pueda pagar por ella.

Igualmente inconstitucional resulta el hecho de que en vez de otorgar concesiones para “servicios”, tal y como se consigna en el artículo 121, 14, c) de nuestra Constitución, y como es la tendencia en países desarrollados, se concesionan “redes”, artículo 11, por lo que en realidad se estaría otorgando una especie de “cheque en blanco” para que se puedan pasar por esas redes cualquier tipo de servicios, incluyendo los que ha futuro pueden surgir.

A pesar de que se crea un Fondeo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), se crea del ingreso de los operadores, entre un 1.5% y un 3%, artículo 39, en vez del 9% que el ICE hoy invierte en subsidios a las tarifas básicas, desmejorando la solidaridad en un 600%. Ese fondo será solo para construir obras en lugares alejados, no para subsidiar las tarifas básicas, como lo hace el ICE actualmente, por eso es que desaparece el modelo solidario actual. Así, las tarifas a los costarricenses se verán posiblemente cuadruplicadas, por el rebalanceo: aumento de las tarifas básicas, que perjudicaría al costarricense de menos recursos y reducción de las tarifas internacionales por ejemplo, que beneficiaría a los empresarios. Tal rebalanceo es necesario dado que las empresas privadas no podrían operar con subsidios, ni aun al costo, como sí lo hace el ICE. Pero la gran ironía es que mientras eso pasa, el ICE en cambio debe alquilar su infraestructura “al costo” a las nuevas empresas privadas y transnacionales, según el artículo 61, lo cual equivaldría –insisto-, a poner de cabeza nuestro Modelo Solidario, subsidiando las tarifas a las grandes empresas extranjeras y transnacionales, a cambio de cuadruplicarlas a los costarricenses.

Por otra parte el ICE, aunque quisiera, no podría mantener bajas las tarifas básicas en los servicios en competencia, (Celular, Internet), pues inmediatamente lo demandarían por “competencia desleal”, delito tipificado en el artículo 17 de la Ley 7472, del 19/01/1995. Finalmente, mantiene la Ley los privilegios a los concesionarios de los servicios de Radiodifusión y Televisión, artículo 29, al mantener vigente la Ley de Radio, No. 1758, que data de 1954, favoreciendo las concentraciones que mantienen esos medios y las tarifas ridículas que hoy pagan, fijadas desde aquel entonces. Esto explica por qué han estado esos medios apoyando estos proyectos desde el principio.

Sardinal: Permanecemos juntos trabajando

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Organizaciones, grupos, colectivos, movimientos y todos y todas de quienes hemos recibido apoyo solidario en función de nuestra lucha

Estimados amigos y amigas de todo el país:

El día sábado 24 de mayo tuvimos el honor de recibir en nuestra comunidad a una importante cantidad de grupos y personas que se hicieron presentes trayendo consigo, de varios sitios del país, significativos gestos de solidaridad y disposición de acompañamiento. A todos y todas un profundo agradecimiento por escuchar el llamado de nuestro pueblo.

Juntos ese día construimos democracia participativa. Consideramos que la marcha fue un éxito y se logró transmitir el mensaje en el que habíamos pensado: la defensa del agua es una lucha que concierne a cada costarricense. Porque el riesgo al cual se expone nuestra comunidad se empieza a vivir en muchos otros lugares. El curso que sigue el modelo de desarrollo vigente parece haber dejado claro que la codicia y el deterioro del medio ambiente funcionan como valores en los cuales se inspira el gobierno en virtud de su desempeño.

En cuanto al desenvolvimiento de la marcha nos pareció espléndido y no vimos, ni por asomo, ninguna muestra de mala intención o acto censurable. Por su parte, era de esperarse la respuesta de algunos medios de prensa, acompañados de declaraciones como las de Rodrigo Arias o el mismo Ricardo Sancho, los cuales salieron afirmando al día siguiente, que el movimiento de Sardinal había sido tomado o estaba intervenido por grupos o personas de “extrema izquierda“. Ese tipo de expresiones también todos y todas ya las conocemos y conocemos además su propósito que es facilitar y estimular diferencias y contradicciones dentro de los movimientos sociales. Debemos superar también el pernicioso efecto al que conducen los localismos, que se traducen en expresiones como “l_os de aquí y los de afuera_”, “l_a lucha es solo de las y los sardinaleños_”, y otras tantas que se han venido introduciendo como estrategia para ocasionar división. Debemos recordar que para este gobierno, todas y todos somos iguales solo cuando padecemos de lo mismo.

Si bien es cierto que nuestro pueblo responde a una identidad específica y se comporta en correspondencia con la misma, de lo cual estamos orgullosos y orgullosas, somos conscientes igualmente de que la lucha por la defensa del agua va más allá de nuestra comunidad. Así mismo, como sucede en una familia, lo más pertinente para llamar la atención a algún grupo o persona, por alguna situación que se consideró impropia, consiste en convocar al o los involucrados a una conversación que permita el entendimiento antes de hacer público el hecho.

Por último, nuestro movimiento no responde a ningún color político partidista, este es un tema que no se discute en reuniones porque no lo consideramos necesario de cara al objetivo que nos une. Sabemos que en esta marcha del 24 se presentaron personas de diversas inclinaciones políticas, sin embargo, no puede fortalecerse un movimiento como el nuestro excluyendo a nadie mientras no incurra en un acto evidente de irrespeto. Dichosamente nadie, según creemos, se comportó así. Sí algo puede hacernos fuertes es la razón de permanecer juntos trabajando para una Costa Rica más justa y solidaria con un medio ambiente sano y equilibrado.

Comité pro defensa del agua
Sardinal 5 de junio del 2008

Carta abierta a Guyón Massey

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CARTA PÚBLICA
Señor
Guyón Massey Mora
Diputado

Soy un “ciudadano” que no podría decirse que común, porque no lo soy. Soy diferente. Sé que usted no me considera, desde su sistema de creencias, ni bueno, ni sano, ni legal, ni aceptable, ni normal, ni natural y, posiblemente, ni humano.

Lo que pretendo es simplemente expresarle algunas cosas que pienso de usted y de lo que usted ha venido haciendo en la Asamblea Legislativa. Como usted ostenta un cargo público, es sujeto del escrutinio público también. En su caso, basta ver sus obras para que mucha gente pueda decir, como se lo dijo doña Flora, da asco. Yo no pienso decirle lo mismo a usted. Usted no me da asco, me da cierta pena y si se quiere me despierta misericordia. Usted no me da asco, porque yo, a pesar de sus ideas, lo respeto. Lo que me da asco es su actuación.

Como su correo electrónico es público y lo pagamos todos los y las costarricenses, he decidido acceder al mismo para recordarle que usted es un servidor público y que usted tiene un juramento ante la Patria y ante Dios para respetar las leyes y la Constitución de este país, así como la obligación de respetar los derechos humanos sin discriminación alguna, es decir, de ningún tipo, porque cualquiera que sea, denigra. La no discriminación es un principio de los Derechos Humanos, no lo olvide.

No pretendo, al escribirle, recordarle lo que ya se sabe sobre su imagen pública: sus intentos para lograr “partidas” de 90 millones para su fundación familiar, además de lograr colocarse en posiciones de poder en el Directorio de la Asamblea Legislativa y en comisiones legislativas, desde donde usted trata de imponer sus ideas retrógradas, anticristianas y violatorias de los derechos humanos. Independientemente de la posición ante el TLC, algunas personas creemos también que usted negoció su voto por el Sí al TLC a cambio de esas cuotas de poder.

Sin embargo, ha sido evidente que su agenda no es en definitiva el TLC o el bienestar del País, no. Usted tiene su agenda y responde a otros intereses. Cualquiera podría pensar que esos intereses responden a algún pequeño grupo fascista, conservadurista, radical o fundamentalista, al mejor estilo del Ku Klux Klan. Pero no, en mi cándida imaginación algo así no tendría cabida, no en Costa Rica. ¿Verdad que no?

Sin embargo, he venido escuchando sus discursos y sorprendiéndome de sus proyectos de ley y reformas, tal como la prohibición explícita de la adopción para parejas homoparentales. Sus proyectos son regresivos en materia de derechos humanos y van en detrimento de un sector de la ciudadanía que ha sido históricamente discriminado, sin que para ello haya existido alguna vez un fundamento válido, razonable, científico, espiritual o ético. Más bien si se quiere, sus argumentos han sido los mismos que, en el pasado y en el presente, sustentan la esclavitud, el racismo, la xenofobia, la misoginia, la homofobia, etc. Más aun, me sorprende que usted, para oponerse al proyecto de ley que reconoce las uniones civiles y de hecho entre personas del mismo sexo, defienda la institución del matrimonio como si siempre hubiese existido incólume. No hace mucho tiempo, personas como usted se negaban a aceptar los matrimonios inter-raciales (por decirlo de alguna manera) o entre personas de distintas religiones. Y ya ve usted. ¿Qué pasó con la institución del matrimonio? ¿Será por eso que casi la mitad de los matrimonios terminan en divorcios? ¡No!

Usted no me da asco, porque como individuo posiblemente tendrá sus bondades y por eso puede haber gente que lo quiera. Usted no me da asco, porque como persona tiene su mente que lo podría ayudar a no tener una negación de sí mismo y de su entorno. Usted no me da asco, porque como ser humano usted tiene que reconocerse y reconocer a los demás con los mismos derechos que los suyos aunque sean diferentes a usted. Entienda que lo contrario a la igualdad es la desigualdad, no la diferencia.

Yo lo respeto como ser humano que es y lo respetaría aún más como persona e individuo si rectifica, ese sería el acto más noble que usted podría hacer. Aún está a tiempo. Escuche su consciencia y sabrá qué es lo que tiene que hacer. De lo contrario, no sea hipócrita. Cuando salga a la prensa reconozca que usted es homofóbico, al mejor estilo de los regímenes fascistas, fundamentalistas o fanáticos que existen y han existido lamentablemente en la historia. No se niegue a sí mismo, si ese fuera el caso. Analícese, eso sí, de donde viene ese odio y rechazo que siente y que proyecta hacia personas como yo. Quizá se sorprenda.

Juan Carlos Paniagua Soto
9-059-863
Costarricense sin ejercicio pleno de la ciudadanía