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Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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El Tribunal Supremo de Elecciones (*TSE*), el de los hermanos Arias, mostró su careta oficialista, de nuevo; y, otra vez, hace gala de la más descarada parcialidad política jamás vista por el país, desde el establecimiento de la denominada “_Segunda República_”, en 1949. El otrora venerado y respetado TSE, ha decretado la rehabilitación política de uno de los co-autores del memorando del miedo, en la campaña del “_frauduréndum_” sobre el TLC, del año pasado.

El tribunal electoral presidido por el fuertemente cuestionado, en amplísimos segmentos ciudadanos, como magistrado oficialista, Luis Antonio Sobrado González, ha absuelto al hoy Exsegundo Vicepresidente de la República, Kevin Casas Zamora; escudándose en leguleyadas baratas y pueriles; que pretenden minimizar la escandalosa, abusiva y repudiable compra de conciencias que ocurrió para la votación del 7 de octubre, en la desesperada carrera gobiernista por el triunfo del sí para el TLC del grupúsculo de ricachones de codicia insaciable, que hablan por boca de los hermanos Arias Sánchez.

El proceso de campaña sobre el TLC mostró a un TSE, bajo la conducción del magistrado Sobrado González, sumado, como último eslabón, al proceso del creciente descrédito ciudadano sobre la corrupta clase gobernante tradicional; la cual ha venido, sistemáticamente y una a una, corrompiendo cada una de las anteriormente prestigiosas entidades componentes de la institucionalidad republicana de nuestro sistema democrático.

Miles de ciudadanos y de ciudadanas tenemos el más absoluto convencimiento, porque lo vivimos en carne propia, de que el proceso de campaña del “_frauderéndum_” del 7 de octubre de 2008, es una página vil y vergonzosa de la historia patria, de tanto calibre como lo fue la votación parlamentaria que anuló las elecciones de febrero de 1948.

El memorádum Casas-Sánchez fue la guía de práctica política con sentido estratégico, que el gobierno de los hermanos Arias Sánchez adoptó para, con triquiñuelas, mentiras, calumnias, chantajes y sobornos, apuntalar, de manera desesperada, lo que se avizoraba como la derrota estratégica del proyecto neoliberal de los ricachones del bipartidismo tradicional y sus adláteres.

Nos preguntamos: ¿con qué moral viene ahora, por ejemplo, el magistrado Sobrado González, a minimizar lo que fue el más duro golpe a la pureza de la institucionalidad electoral que, otrora, nos llenaba de orgullo, a todo el pueblo costarricense, de todos los bandos, sin excepción?

La restauración (si es que en verdad le importaba en algo al régimen político dominante que ello se diera), de la confianza ciudadana en el tribunal electoral de la República; tenía que pasar, necesariamente, por la más enérgica condena a un proceso absolutamente descarado de parcialidad política; parcialidad política que jugó como elemento fundamental para los sucesos bélicos entre costarricenses en el año 1948. El memorándum del miedo Casas-Sánchez tuvo una equivalencia, por su impacto, a lo que representó el desconocimiento que hicieron los diputados de aquella época, de lo que el pueblo tico en ese momento expresó en las urnas.

El tribunal electoral del magistrado Sobrado lo que hace con esta abominable resolución y nueva muestra de descarada parcialidad política, no solamente es rehabilitar la carrera política que ya se consideraba extinta, del señor Casas Zamora; sino, además, asegurarle espacio político al hoy desprestigiado diputado Sánchez, uno de los “_príncipes_” políticos que, al igual que el señor Casas, la oligarquía neoliberal ve como sus cuadros gerenciales de gobierno en el futuro cercano.

Bien harían las distintas fuerzas políticas patrióticas que se alistan para participar en el proceso electoral del 2010, en replantearse cuánta garantía hay de transparencia incuestionable, de neutralidad absoluta y de decencia política a toda prueba, si se tiene un tribunal electoral cuyas preferencias políticas están más que claras para miles y miles de potenciales votantes. Si ni siquiera ha sido capaz de hacerle una “_llamadita de atención_” al Presidente Arias por su descarada intervención electoral a favor de doña Laura Chinchilla; ahora con esta absolución del señor Casas, ¿qué podemos esperar para el proceso electoral venidero?…

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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La lucha de la comunidad de Sardinal, en defensa de su legítimo e incuestionable derecho a la vida, es decir, de su derecho a tener a acceso a sus propias y originarias fuentes de agua; nos muestra a las claras la naturaleza del gigantesco desafío que tenemos por delante para recuperar una Patria que nos ha sido, sistemáticamente, robada; asalto que tiene en las zonas costeras una muestra palpable de la perversidad de un desarrollo inmobiliario y hotelero desenfrenado, depredador, contra natura.

La profundidad de la penetración de la estrategia de la entrega de nuestras playas al capital transnacional, por parte de la corrupta y vendepatria clase política tradicional, tiene en la lucha de la comunidad de Sardinal, un monumento de denuncia que conmueve hasta las más profundas fibras del patriotismo largamente mancillado en estos últimos años de desenfreno neoliberal, de concentración orgiástica de la riqueza y de alienación profunda de una élite de poder que abjuró de su ser costarricense.

La lucha de la comunidad de Sardinal es una indicación dolorosa de que a los ticos y a las ticas de pura cepa, a quien Dios nos dio el privilegio de nacer en estas ricas tierras, nos están convirtiendo en una nación “mediterránea”, si nos atenemos a dos de los significados de esta palabra, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua: por un lado, algo “que está rodeado de tierra”; por otro, “que está en el interior de un territorio”.

Efectivamente, Papagayo, Jacó, Tamarindo, etc., son playas y territorios sistemáticamente entregados al capital transnacional y a sus socios internos que, por accidente, nacieron en tierras ticas. La gente, el pueblo, ya no tiene acceso a esas zonas, sometidas a una degradación ambiental sin límites, a un desarrollo inmobiliario totalmente fuera de control, con sus mantos acuíferos sometidos a presiones insostenibles; y, lo que es más grave, en territorios donde el sistema judicial costarricense prácticamente es inoperable. Todo en medio de un proceso sostenido de compra de conciencias, relativización de reglamentos y controles y de enajenación cultural, pues es más importante el agua para los campos de golf que la preservación del acceso de este vital líquido para la generación presente y futura de los y las costarricenses de esos lugares.

Pese a que en algunas partes de ese vorágine depredadora de nuestras playas y bosques, parece que ya no hay posibilidad alguna de recuperar lo robado de esa parte insustituible del patrimonio ecológico nacional; la heroica lucha de la comunidad de Sardinal nos muestra un alentador signo de esperanza, nos brinda una lección de coraje cívico y nos plantea el desafío de los nuevos horizontes de resistencia ciudadana; no solamente en el plano de la lucha contra la privatización de las playas, sino en algo tan sagrado como la lucha contra la privatización del agua.

Porque, en realidad, lo que está ocurriendo en la comunidad de Sardinal, es una verdadera lucha contra la privatización del agua, habida cuenta de las degeneradas necesidades de un desarrollo hotelero e inmobiliario para satisfacción de placeres de estilos de vida ajenos al ser costarricense.

Reiteramos nuestra admiración, nuestro mensaje solidario y nuestra sincera felicitación al noble y heroico pueblo tico de Sardinal de Guanacaste. Gracias por mostrarnos que el derecho de rebelión es la salida, cuando, prácticamente, toda la institucionalidad jurídica ha sido puesta al servicio de la opulencia de unos cuantos, en contra del bien común.

Gracias porque vuestra lucha le indica a la Gente, al pueblo, que “ellos” están dispuestos a todo, a lo que sea, hasta la privatización del agua, en su desenfrenado estilo de vida depredador de la ecología y del ambiente, capaz de arrastrarnos a todos hasta el más profundo precipicio; a no ser que nos pongamos de acuerdo para el despliegue de una acción estratégica del derecho de rebelión que ponga las cosas en dirección del legítimo interés de la Gente: la restauración de la promoción del bien común, como eje central de todas las políticas públicas.

La codicia de la secta neoliberal criolla es ilimitada. Su vocero oficial, el periódico de la infamia, el de la “iglesia llorentina”, ha estado atacando al banco de la clase trabajadora, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), con “noticias” refritas (es decir ya más que quemadas), de sucesos que, en algunos casos, tienen más de trece años de haberse producido, por un lado. Por otro, escudriñando para encontrar hasta el más mínimo detalle que pueda señalarse como negativo en tan importante institución, contando hasta con espías internos; violando así todas las reglas de la ética, equidad y equilibrio fundamentales para un ejercicio informativo altamente objetivo y obligadamente imparcial. ¡Bueno!, pero ya sabemos qué tipo de periodismo practican “ellos”.

No deja de llamarnos la atención, por “extraño” y curioso, que pese al sistemático ataque contra el BPDC, su estrategia publicitaria incluya la inversión de millones y millones de colones, pagando anuncios en el periódico que funge como su inquisidor medieval, pues la “iglesia llorentina” se ha declarado enemiga número uno del banco de los trabajadores y de las trabajadoras.

El BPDC es propiedad de, aproximadamente, un millón trescientas sesenta mil personas asalariadas; es decir, es el banco de la Gente. Una asamblea de doscientas noventas personas trabajadoras, delegados y delegadas de distintos sectores sociales organizados, dicta las pautas para su funcionamiento. El Banco Popular es la mayor organización del país en el campo de la Economía Social. La Economía Social, a su vez, es uno de los pilares necesarios que se ocupan para lograr sociedades de inclusión social y de solidaridad. El BPDC tiene su propio accionar político, y una específica normativa jurídica le da cobertura a su trabajo de todos los días.

Hoy hacemos un llamado a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras, socios y socias del Banco Popular: Brindemos nuestra mayor atención a la necesidad de preservarlo al servicio de la población trabajadora asalariada; e, igualmente, al servicio de un sinnúmero de pequeños y medianos emprendimientos empresariales y productivos que sólo un banco como el de la clase trabajadora podía atender.

Por supuesto que hay mucho que mejorar en el Banco Popular; y, claro que sí, hay que afinar todavía más sus estrategias, en los diferentes campos requeridos, para que su definición de “popular” se profundice al máximo. Sin embargo, ya sobran elementos como para decir que, pese a todo, este banco es de la Gente trabajadora y que tenemos que cerrarle, fuertemente, el paso a los que quisieran verlo fuera del mercado o transformado en fuente de ganancia de la secta neoliberal y sus aliados de todo tipo.

El BPDC atiende en cuentas de ahorro a la población económica de más bajo salario y con solamente diez mil colones se puede abrir una cuenta de ahorro, algo que ningún otro banco hace, ni público ni privado. A uno no le cobran por el uso de los cajeros propios. Tiene los mejores rendimientos en los fondos de capitalización laboral y de operadoras de pensiones. El estudiantado pobre del país, recibió del Banco Popular, vía CONAPE, tres mil millones de colones en los años 2006 y 2007. 1.500 millones le da a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE). ¡Cómo no va a ser codiciado el Banco Popular si en el último período, generó mayores ganancias que todo el sistema bancario privado junto!

Los sindicatos cuya membresía, en un ciento por ciento, es socia del Banco Popular, según así lo ordena la ley, tienen la ineludible obligación de defender esta conquista social, para impulsar políticas internas que le democraticen más y para, como indicamos, profundizar su carácter de popular. La delegación de la ANEP en el seno de la Asamblea de Trabajadores y de Trabajadoras del BPDC, bajo la coordinación del compañero Alfredo Erak Huertas (quien nos proporcionó los insumos principales para este comentario), ha venido, de manera sistemática, enfatizando (junto a otras distinguidas representaciones sectoriales), en esta estrategia de aporte para la toma de decisiones en la línea de la defensa y de la solidez que necesita el banco de la clase trabajadora. Siempre debemos tener presente que el Banco Popular es de la clase trabajadora y que eso le da un enorme atractivo que alimenta la codicia neoliberal de la secta de la “iglesia llorentina”. La defensa del Banco Popular es un imperativo de primer orden y volveremos sobre el tema próximamente.