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En un reciente trabajo de dos investigadores de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, de las Naciones Unidas, se pasó revista a uno de los principales índices utilizados por el Banco Mundial para calificar el clima de los negocios en los distintos países del mundo. Sobre la base de este índice, el Banco Mundial hace muchas recomendaciones de carácter general a los gobiernos, con el fin de mejorar las condiciones socioeconómicas del país, para atraer inversión extranjera.

El cálculo del índice Doing Business (DB) como lo denomina esta entidad, ha sido un elemento importante en la determinación de los procesos de reforma institucional o transformación del estado de bienestar que ha implantado, de múltiples formas, el Banco Mundial, y un indicador para evaluar el “buen comportamiento” de los gobiernos en atención de tales recomendaciones. No es de extrañar por tanto, que gobiernos (como el que padece Costa Rica en la actualidad) empeñados en transformar el estado desarrollista latinoamericano utilicen este indicador como un instrumento de eficiencia y eficacia económica y como medida de éxito de la reforma que están intentando llevar a cabo.

Los investigadores Janine Berg y Sandrine Cazes de la Unidad de Análisis e Investigación del Empleo, del Departamento de Análisis de los Mercados Económicos y Laborales de la OIT, se dieron a la tarea de analizar cuidadosamente uno de los elementos que componen al mencionado índice, concretamente el denominado “contratación de trabajadores”, que mide la flexibilidad laboral de cada país en áreas tales como el uso de contratos a término fijo, salario mínimo, protección por despido, indemnizaciones, horas de trabajo, vacaciones y costos laborales no salariales. Sometieron el método empleado por el Banco Mundial a concienzudo escrutinio metodológico y descubrieron que el fundamento conceptual del índice, padece de deficiencias de objetividad _(véase pp. 10-15, el documento puede obtenerse en la dirección: http://www.ilo.org/public/spanish/employment/strat/download/elm07-8.pdf ). _

Y más aún, el escrutinio de la metodología mostró parcialidad en la selección de las variables, de manera que se dejan de lado factores importantes para el buen resultado de la inversión como son “… las condiciones macroeconómicas, la infraestructura física y humana o los niveles de criminalidad.” (p.2). Concluyendo con toda propiedad que lo que está mal definido no puede ser bien medido.

Pero el análisis más interesante es el que hacen de cada una de las variables que componen este elemento del índice, sometiéndolas a crítica rigurosa. Por ejemplo, las observaciones a la incorporación del salario mínimo en el índice; con el supuesto de que la existencia en un país de ésta regulación tiene un efecto negativo importante en los resultados de la inversión:

En el modelo neoclásico la determinación del salario mínimo impide que el mercado laboral se ajuste por sí sólo, generando desempleo. Desde esta perspectiva se culpa al salario mínimo de ser una política distorsionadora que hace más mal que bien. No obstante –señalan los autores mencionados– los resultados de la regulación política del mercado laboral son mucho más complejos de medir que la mera deducción de los gráficos de oferta y demanda. De hecho, análisis empíricos han mostrado que el aumento en los costos de mano de obra ha sido compensado con un aumento en la productividad laboral como resultado de la disminución del ausentismo y las incapacidades y de una mayor motivación por parte de los trabajadores. Y el efecto multiplicador en la demanda agregada, asociado al aumento de los salarios, ha estimulado bajo ciertas condiciones, el ciclo de los negocios, aumentando así la demanda de mano de obra. Y recuerdan el destacado estudio de Card y Kruger de 1994 y 1995, el cual comparó los efectos del aumento del salario mínimo en el empleo en los restaurantes de comida rápida de New Jersey con los de Pennsylvania, “en los que no ocurrió tal aumento.”, (p.6).

El resultado fue que en los de New Jersey no se redujo el empleo en comparación con los de Pennsylvania, generando dudas sobre los análisis en base a regresiones de series de tiempo. Estos trabajos generaron un importante debate académico hizo que los economistas rigurosos, tomaran distancia de las afirmaciones doctrinarias sobre el impacto negativo del aumento del salario mínimo en base a gráficos sobre la oferta y la demanda. Además recuerdan que el salario mínimo es una herramienta política efectiva para reducir la desigualdad salarial y la pobreza citando el estudio de Eyraud y Saget del 2005 y que el salario mínimo también actúa como punto de referencia para los salarios de los trabajadores informales como lo demuestra el estudio de Neri y otros del 2001.

Con razonamientos de corte racional como el anterior, los autores critican los otros elementos del índice: horas de trabajo, protección del empleo, contratos a término fijo y seguridad social, observando que la forma en que se concibe el índice, no contempla todos los elementos que desempeñan un papel en los resultados finales, con lo que el índice resulta inútil o cuando menos distorsionador a la hora de tomar decisiones para invertir.

Doing Business por tanto, es un indicador espurio a los efectos que pretende medir y mal hacen los gobiernos siguiendo recomendaciones originadas en él, porque estimulan con sus medidas, una inversión con visión de corto plazo y altas tasas de ganancia, con consecuencias expoliadoras para sus gobernados.

* Profesor catedrático Escuela de Sociología

HambreEn todo el mundo están estallando disturbios por los precios de los alimentos. Ha habido protestas en Egipto, Camerún, Filipinas, Burkina Faso, Costa de Marfil, Mauritania y Senegal.

Sarata Guisse, un manifestante senegalés, le dijo a Reuters:

“Nos manifestamos porque tenemos hambre. Necesitamos comer, necesitamos trabajar, tenemos hambre. Eso es todo. Tenemos hambre”.

El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha lanzado un grupo de trabajo para hacer frente al problema, que amenaza, según declaró, con llevar “el fantasma de una hambruna generalizada, la malnutrición y el descontento social a una escala sin precedentes”.

El Programa Mundial de Alimentos calificó esta crisis alimentaria como la peor crisis en 45 años, y la describió como un “tsunami silencioso” que sumirá en el hambre a otras 100 millones de personas.

Detrás del hambre, detrás de los disturbios se encuentran los llamados acuerdos de libre comercio y los brutales acuerdos de préstamos de emergencia impuestos a los países pobres por las instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional. Los disturbios por el alza de los precios de los alimentos en Haití han dejado seis muertos y cientos de heridos, y condujeron a la destitución del primer ministro Jacques-Edouard Alexis.

El reverendo Jesse Jackson acaba de regresar de Haití y ha escrito que “el hambre está en marcha aquí. La basura es cuidadosamente revisada en busca de cualquier resto de comida que pudiera haber. Los bebés lloran con frustración, intentando conseguir leche de una madre demasiado anémica para producirla”.

Jackson pide la condonación de la deuda para que Haití pueda dedicar a escuelas, infraestructura y agricultura los 70 millones de dólares que paga cada año en concepto de intereses al Banco Mundial y otras entidades.

El alza del precio de los alimentos se atribuye generalmente a una “tormenta perfecta” provocada por la mayor demanda de alimentos por parte de India y China, la disminución de la oferta de alimentos a causa de las sequías y otros problemas relacionados con el cambio climático, el aumento de los costos del combustible empleado para cultivar y transportar los alimentos, y la mayor demanda de biocombustibles, que ha desviado cultivos como el maíz hacia la producción de etanol.

Esta semana, el relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, exhortó a suspender la producción de biocombustibles:

“Quemar alimentos hoy para que sirvan a la movilidad de los países ricos es un crimen contra la humanidad”.

Ziegler pidió a la ONU que impusiera una prohibición de cinco años a la producción de biocombustibles derivados de alimentos.

El Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR, por sus siglas en inglés), un grupo de 8.000 científicos de todo el mundo, también ha lanzado críticas contra los biocombustibles.

Los científicos están presionando para que un tipo de planta llamada “switchgrass”, un tipo especial de pasturas, sea usada como fuente para la producción de biocombustibles, reservando el maíz y otros cultivos comestibles para un uso exclusivamente alimenticio.

En una conferencia de prensa celebrada esta semana, el presidente Bush defendió la utilización de alimentos para producir etanol:

“Lo cierto es que el hecho de que nuestros granjeros cultiven energía responde a nuestros intereses nacionales; a diferencia de tener que comprarla en partes del mundo que son inestables o en donde pueden no apreciarnos”.

Una parte del mundo que sí aprecia a Bush y su política la forman las corporaciones multinacionales de la alimentación.

El grupo internacional sin fines de lucro GRAIN acaba de publicar un informe llamado_ “Making a killing from hunger”_ (_“Ganar fortunas gracias al hambre”_).

En el informe, GRAIN señala que las principales multinacionales están generando inmensas ganancias en medio de la creciente desgracia del hambre mundial. Las ganancias han aumentado para las gigantes de los agronegocios Cargill (un 86 %), Bunge (un 77 %), y Archer Daniels Midland (que se autodefine como “el supermercado del mundo”), la que ha disfrutado de un 67 % de aumento de sus ganancias.

GRAIN escribe:

_ “¿Se trata de una fluctuación pasajera de los precios? No. ¿Una escasez de alimentos? Tampoco. Nos hallamos frente a un desmoronamiento estructural, resultado directo de tres décadas de globalización neoliberal. […] Hemos permitido que los alimentos pasen de ser algo que da de comer a la gente y le garantiza su sustento vital a ser una mercancía expuesta a la especulación y al juego del mercado”._

El informe afirma:

_ “La cantidad de dinero especulativo invertido en los mercados de futuros […] era menor de 5.000 millones de dólares en el año 2.000. El año pasado trepó hasta cerca de 175.000 millones de dólares”._

En 1946 hubo una crisis mundial de alimentos. Entonces, al igual que ahora, la ONU formó un grupo para ocuparse del tema. En su reunión, el director de la Administración de Ayuda y Rehabilitación de la ONU, el ex alcalde de Nueva York Fiorello LaGuardia, declaró: “Ticker tape ain’t spaghetti” (“Las acciones bursátiles no son comestibles” (1).

En otras palabras, el mercado de valores no da de comer a los hambrientos. Sus palabras siguen siendo ciertas hoy en día. Los que vivimos en Estados Unidos no somos inmunes a la crisis. Wal-Mart, Sam’s Club y Costco han impuesto límites a la compra al por mayor de arroz.

Un número récord de personas depende de los cupones de alimentación y los centros de distribución de alimentos son testigos del aumento del número de personas necesitadas.

En el mundo de hoy existe la tecnología necesaria para alimentar al planeta entero de forma orgánica, local y sustentable. Los grupos de presión de las grandes empresas de la alimentación y la energía y el gobierno de Estados Unidos deben reconocerlo y cambiar de rumbo o los disturbios por los precios de los alimentos que ahora ocurren en lugares distantes llamarán pronto a sus puertas.

Nota del Traductor (1): “Ticker tape” es la cinta de papel que antiguamente se usaba para anotar de forma mecánica las cotizaciones de bolsa en tiempo real, y que salía del receptor/impresora como si se tratase de un spaguetti o tallarín continuo.

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* Presentadora de Democracy Now!, noticiero internacional diario emitido en más de 700 emisoras de radio y TV en Estados Unidos y el mundo.

Posted: 09 May 2008 03:51 PM CDT
30 de Abril de 2008
© 2008 Amy Goodman

Traducido por: Ángel Domínguez y Democracy Now! en español,

Fuente: Democracy Now

* La Jornada, México

1. Pero en brutal efecto mariposa, fenómenos como la crisis inmobiliaria de Estados Unidos corren parejos al hambre de millones de personas en Haití. Los estadunidenses en crisis comen más hamburguesas, por la ansiedad de la guerra y las hipotecas, y porque son baratas. Migrantes y pobres engordan en McDonalds y Burger King.

Supongamos que es el año 2008. El agua y la comida, únicos verdaderos problemas de la especie humana, escasean o desaparecen en grandes extensiones territoriales. Hay un mundo de ricos, bastante extendido, donde jamás se enteran de que en Tailandia y Filipinas los graneros de arroz son vigilados por las fuerzas armadas para prevenir los asaltos de hambrientos o traficantes.

Un mundo “de mercado libre” que, programáticamente, a los productores los ha degradado a consumidores, y la clase trabajadora sostiene a los ricos no sólo con su esfuerzo, sino consumiendo lo que los patrones venden. El mundo global del siglo XXI es una gran tienda de raya.

2. Hay lugares de Australia, Asia central, Perú y San Luis Potosí donde hace 10 años no llueve. 10 años. La gente tiende a irse, o morirse.

3. La metáfora última del hambre contremporánea es la pica de Haití. Literalmente, son pastelitos de lodo. Galletas a base de un barro amarillo que proviene de la meseta central de la isla. En los slums de Ciudad del Sol se mezcla con sal y grasa vegetal. Llena la barriga pero no impide la desnutrición ni los dolores intestinales, transmite parásitos y posee toxinas potencialmente mortales. En un país donde millones no producen, ni conocen el dinero, los pobres necesitan pagar hasta por comer tierra. Ahora que es “comestible”, ya encontró dueños, acaparadores y distribuidores para el último peldaño social del planeta. Y los precios de esa arcilla no dejan de subir. Cuesta ya 5 céntimos cada galleta. Más barata que la comida, pero muchos ni siquiera eso pueden pagar.

La isla caribeña, además de tener playas de ensueño turístico y ron de lujo, es “vivo ejemplo del hambre en el mundo”, según Stephen Lendman, investigador del Centro para Investigaciones sobre la Globalización (Chicago). Ni modo, podría decirse.

México no es Haití. Para nada. ¿Quién dice? Ja. Ningún indicador. Además, ojo, aquí-se-combate- a-la-pobreza. El actual gobierno, al igual que el anterior, y el anterior, y el anterior, ha puesto en marcha una decidida estrategia de combate. Como de costumbre se anuncia frontal, implacable, sin dar cuartel ni escatimar recursos. No queda claro si es contra la pobreza o contra los pobres. Desde las anteojeras del poder no son fáciles de distinguir.

El insultante número de ricos que “tenemos” en México, y los tamaños de “su” riqueza, se deben a su capacidad de expoliación, explotación, venta del territorio y lo que lleva incluido. Esa capacidad ilimitada de hacer dinero produce el paradójico efecto de convertir tan rica nación en la más desigual y con más pobres sin horizonte en el continente. Después de Haití.

El nuevo combate a la pobreza establece por ejemplo que los pescadores dejen de pescar; que la gente que come maíz, que es de maíz, deje de cultivarlo. Que compren el maíz, el pescado. Desaparecen la producción y las fuentes de trabajo, y crece la necesidad de dinero. En vista de que dinero y trabajo son necesarios, la gente migra. Para fines presupuestales y demográficos, esa gente también desaparece.

Cada pobre que emigra es un pobre menos. Y además, ¡oh maravilla de capitalismo! , como migrante genera divisas, fortalece la economía del país donde ya no existe y su dinero va a dar a los bolsillos de los que lo echaron del país. Negocio redondo.

Por eso, ¡duro con la pobreza! Vamos a combatirla de una vez por todas. Aunque, un momento (_“aguarda”_, como dicen las series dobladas de televisión). Se necesita que haya pobres. Su hambre es motor del progreso. Sin ellos ¿quién comprará? ¿Quién pagará los platos rotos? ¿Cómo se mantendría la fenomenal industria que es combatirlos?

Su hambre es el nuevo gran negocio. Igual que los rentabilísimos desastres, el secreto es provocarla, administrarla y combatirla. Ya no sólo el petróleo, las armas y los diamantes valen oro. Ahora el agua, el aire, el lodo. Y el último grito de la moda: el hambre.

* Médico, narrador, poeta y editor mexicano

A pesar de que este proyecto de ley urgente para el país fue dictaminado
favorablemente en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa desde marzo de 2005 y de que al final del Gobierno anterior se encontraba bastante avanzado en su trámite, la Administración Arias Sánchez lo mantuvo absolutamente congelado desde el inicio de su gestión, bloqueando de forma sistemática cualquier posibilidad de avance, con la excusa de que quería proponer algunos “cambios” al texto.

Hoy confirmamos las razones de ese atraso. El texto presentado por el Poder Ejecutivo no es ni la sombra del proyecto original. Es un proyecto totalmente nuevo.

Mientras que el primero buscaba permitirle a Costa Rica “realizar una gestión integrada, participativa, socialmente equitativa y ambientalmente sostenible del recurso hídrico, garantizando así el derecho humano de acceso al agua potable en cantidad y calidad para las futuras generaciones”; la propuesta del Gobierno traiciona y contradice por completo estos principios. Es un proyecto orientado a promover la privatización y la mercantilización del agua y los servicios públicos de acueductos y alcantarillados, así como a favorecer los intereses de las grandes corporaciones y megaproyectos que hoy explotan irracionalmente este recurso, en perjuicio de los derechos humanos de las comunidades locales. En suma, un proyecto de ley totalmente a tono con el TLC.

Algunos de los cambios más preocupantes que introduce el proyecto presentado por el Gobierno son los siguientes:

1. Elimina por completo el reconocimiento del acceso al agua en condiciones adecuadas de calidad y cantidad como un derecho humano fundamental. El texto original incorporaba un reconocimiento expreso de este derecho, que desaparece de la propuesta del Gobierno.

2. Promueve la privatización de los servicios públicos de acueductos y alcantarillados. El texto anterior incorporaba una norma expresa que decía que únicamente se otorgarán concesiones para la prestación de servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento al AYA, las municipalidades y las ASADAS. Esta norma también fue eliminada y en su lugar establece que estas concesiones podrán otorgarse a cualquier persona pública o privada.

3. Elimina los mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el uso y conservación del agua. El proyecto dictaminado en 2005 creaba consejos de cuenca con participación directa de las comunidades locales.

Estos consejos tenían funciones sustantivas e incidencia directa en decisiones trascendentales como la definición de los usos prioritarios del agua y la distribución de los recursos provenientes de los cánones. Además, se establecían mecanismos de consulta popular directa a la población, transparencia y rendición de cuentas. Todas estas normas se eliminan en la propuesta del Gobierno. En su lugar, los consejos de cuenca quedan reducidos a órganos meramente decorativos, que solo tendrán funciones “consultivas” y de “asesoría”. Es decir, más burocracia sin participación real de la gente.

4. Desprotege los humedales del país, derogando de forma subrepticia el artículo 45 de la Ley Orgánica del Ambiente que dice: “Se prohíben las actividades orientadas a interrumpir los ciclos naturales de los ecosistemas de humedal, como la construcción de diques que eviten el flujo de aguas marinas o continentales, drenajes, desecamiento, relleno o cualquier otra alteración que provoque el deterioro y la eliminación de tales ecosistemas.” La derogatoria de esta norma no formaba parte del proyecto original. Es evidente que su introducción a última hora busca favorecer los intereses de las trasnacionales que intentan construir megaproyectos turísticos y de marinas, destruyendo estos frágiles ecosistemas.

5. Debilita las normas para la protección de las áreas de recarga acuífera. Con la propuesta presentada por el Gobierno solo se protegerán las áreas de recarga acuífera que sean calificadas como “vulnerables” por el Poder Ejecutivo. Es decir, a diferencia de lo que dice la Ley Forestal vigente, habrá que esperar a que un área de recarga acuífera se encuentre en condición de vulnerabilidad para poder asignarle protección, independientemente de su valor e importancia. Además, se eliminan una serie de medidas dirigidas a la protección de estas áreas que se encontraban contenidas en el proyecto original como la obligación de reposición de la cobertura boscosa en las zonas de protección o la definición de actividades prohibidas (gasolineras o proyectos de minería, por ejemplo) que no pueden realizarse en áreas de recarga acuífera debidamente declaradas.

6. Privatiza el Departamento de Aguas Subterráneas del SENARA. Esta dependencia cuenta con personal técnico especializado en materia de aguas subterráneas. El proyecto original trasladaba sus recursos y personal al MINAE para fortalecer su capacidad técnica como autoridad rectora del Estado, encargada de velar por la protección de todas las aguas del país. El proyecto del Gobierno priva de estos valiosos recursos al órgano técnico del MINAE encargado de la gestión del recurso hídrico. En su lugar, pretende trasladar el personal y recursos públicos del Departamento de Aguas Subterráneas a una sociedad anónima denominada “Centro de Investigación Costarricense para la Tecnología del Agua”. Esta nueva “empresa” se regirá por la legislación comercial privada, podrá dedicarse a la venta de servicios a empresas privadas e incluso nada impide que parte de sus acciones y activos sean transferidos al sector privado.

7. Reestablece las concesiones para nuevos proyectos de cogeneración eléctrica privada al amparo de la Ley Nº 7200, sin considerar los negativos impactos ambientales, sociales y económicos de esta nefasta ley.

De esta forma el Gobierno se burla una vez más del pueblo de Costa Rica, pues pretende echar a la basura una propuesta de ley que probablemente ha sido la más consultada y consensuada en la historia del Parlamento costarricense. En efecto, el texto de la Ley de Recurso Hídrico dictaminado en 2005 fue definido a través de un amplio proceso inédito hasta la fecha en nuestra democracia, donde participaron las más diversas organizaciones sociales y se realizaron foros regionales de consulta a las comunidades.

Queda confirmado, además, que le mintieron al pueblo de Costa Rica durante la campaña del referéndum sobre el TLC. A lo largo de toda esta campaña, muchas personas denunciamos públicamente que dicho Tratado afectaría la capacidad del Estado costarricense para proteger el agua y garantizar su distribución equitativa, promovería la privatización de servicios esenciales y tornaría imposible el reconocimiento del acceso al agua como un derecho humano fundamental.

También denunciamos que el bloqueo impuesto por el Gobierno a la nueva Ley de Recurso Hídrico era una consecuencia adelantada del TLC, que aún sin ser aprobado, ya empezaba a aplicarse en el país. Esto último, sencillamente porque una ley que pretenda reconocer el acceso al agua para toda la población como un derecho humano resulta totalmente incompatible con la lógica privatizadora de dicho Tratado para el cual el agua es una simple mercancía que se vende y se compra al mejor postor. Una simple mercancía que puede ser explotada por quién paga más, no importa si la usa para regar canchas de golf o si pone en peligro la satisfacción de las necesidades básicas de las comunidades.

Los defensores del TLC, los del memorándum, siempre negaron estas denuncias.

Dijeron que no había relación alguna entre el bloqueo de la nueva Ley de Aguas y el Tratado. Dijeron que el TLC no afectaba “en nada” la capacidad de Costa Rica de legislar sobre el agua en la forma que quisiera. Hoy, nuevamente, quedan desenmascarados.

¿Por qué no hicieron público el texto de su nuevo proyecto de ley durante la campaña del referéndum? ¿Por qué se esperaron hasta que el TLC estuviera aprobado para decirle al pueblo lo que piensan hacer con el agua? Porque si hubieran hablado con honestidad, el pueblo habría constatado que todas nuestras denuncias eran ciertas.

Costa Rica necesita una nueva Ley de Aguas. Pero una ley que garantice el acceso a este elemento vital para las futuras generaciones y respete los derechos de las comunidades. El proyecto presentado por el Gobierno contraviene frontalmente estos objetivos. Por eso, desde ya la Fracción del Frente Amplio anuncia su rotunda oposición a dicho proyecto y exige que se respete la propuesta consultada con la sociedad civil.

Asimismo instamos a las organizaciones sociales de todo el país a redoblar esfuerzos en el proceso de recolección de firmas iniciado por la Alianza Nacional por la Defensa del Agua (ANDA) para presentar el proyecto de Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico por la vía de la iniciativa popular.

* Partido Frente Amplio

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ARCHIVOS ADJUNTOS
Comparaciones entre lo que se proponía en el Proyecto de Ley y lo que el Gobierno de los Arias modificó para hacer del agua un negocio.

Baje y lea el texto propuesta de MINAE en donde se excluyen todas las normas que protegen el agua y lo define como Derecho Humano no comercial.