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Ahorra y pierde dinero

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Esta frase, que puede parecer un poco confusa, se explica fácilmente si hacemos un ejercicio rápido con algunos números.

Si usted tiene ¢100 mil y los coloca en una cuenta de ahorro o en un certificado de depósito a plazo que le paga una tasa de interés anual del 4%, al cabo de 12 meses tendrá ¢104 mil. Pero si durante ese año los precios aumentaron en un 11%, usted necesitará ¢111 mil para comprar lo mismo que compraba el año anterior.

Estas cifras, tomadas de la realidad costarricense, indican claramente que el dinero que usted colocó en el banco, más los intereses que le pagaron, no le alcanzará para comprar lo que mismo que antes. Usted perdió poder adquisitivo. Su dinero se redujo en valor real.

Eso es lo que está pasando en Costa Rica. Desde mediados de 2005 los intereses pagados a los ahorrantes han venido reduciéndose. En junio de ese año la tasa de interés pasiva neta promedio del sistema financiero para depósitos en moneda nacional alcanzó su valor máximo (12,51%). En la actualidad, de acuerdo con los datos del Banco Central, se ubica en el nivel más bajo (3,97%).

Con base en esa información se puede estimar que fue aproximadamente en noviembre de 2006 cuando la tasa de interés se hizo negativa (menor que la inflación) y los ahorrantes comenzaron a perder valor adquisitivo. En consecuencia, ya son 18 los meses de constante erosión del capital de los ahorrantes; y todo hace prever que continuará en el futuro.

Este fenómeno de las tasas de interés negativas se padeció en el país durante la crisis de los primeros años de los 80, pero no se había vuelto a presentar con la intensidad que se vive hoy día. Obedece tanto al contexto internacional como a las políticas que impulsan las autoridades económicas nacionales.

Las consecuencias son graves para todas aquellas personas que han colocado su capital en el sistema financiero, en especial para los pequeños ahorrantes y los pensionados, que complementan sus ingresos con las remuneraciones devengadas. Con tasas de interés negativas hay una merma en el patrimonio y los rendimientos reales desaparecen.

Pero también para los fondos de pensiones la situación es preocupante. En 2007 se produjo una baja generalizada en la rentabilidad de todos los fondos y las condiciones de los mercados externos no son favorables, por lo que sus inversiones en el extranjero se han contraído del 12% al 10%, refugiándose ahora en títulos en colones.

En el corto plazo la baja en los intereses podría no reflejarse en el nivel de ahorro total, ya que no hay muchas opciones diversificadas de colocación y numerosas personas padecen lo que los economistas denominan “ilusión monetaria”, es decir, responden a las variables nominales y no a las reales.

No obstante, la situación no parece ser sostenible por mucho tiempo, no solo por sus efectos distributivos negativos y los perjuicios que causa a miles de costarricenses que tienen cuentas de ahorro y certificados a plazo, sino porque pone en riesgo la captación de recursos para financiar las inversiones futuras y porque el aumento del consumo inducido incrementa las presiones inflacionarias.

El Banco Central debería prestar mayor atención a este fenómeno de las tasas de interés negativas y proponer medidas concretas para enfrentarlo.
Sus implicaciones macroeconómicas y éticas lo ameritan.

15/04/2008

La economía pide ayuda a la política

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Todos los principales axiomas del pensamiento económico y social del neoliberalismo se han visto revolcados, desgarrados, arrastrados y puestos boca abajo por los acontecimientos en los mercados financieros. Una situación seguramente sin precedentes cuando, en un tiempo tan corto, como son un par de décadas, y en un plazo tan concentrado, como es el primer trimestre del año, la situación económica hiciera perceptible contradicciones entre lo predicado y lo actuado que, de no haber sido así, habrían pasado inadvertidas.

Las fuerzas del mercado, la mano invisible, el libre comercio, la excelencia de la empresa privada, el respeto a la soberanía del consumidor, el salario como precio justo, para citar algunos de ellos, son contradichos por los resultados concretos más ruidosos en cada noticia que recibimos de la economía global.

A mí me gustaría saber si alguno de los economistas, técnicos en comercio exterior, analistas sociales y políticos que proclamaban el nuevo evangelio del neoliberalismo en Costa Rica, se atreve a vocear hoy la responsabilidad por encima del interés de la ganancia, de la empresa privada con sus empleados, después de unas quiebras escandalosas a principios de la década, como las de los gigantes en telecomunicaciones WorldCom y en energía Enron, en las que estos quedaron sin posibilidad de rescatar los ahorros para su pensión, que habían sido invertidos por los directivos en acciones de las mismas empresas.

Quién de ellos es capaz de salir en público hoy a sostener las bondades de la privatización bancaria, después de la nacionalización, el 30 de julio del año pasado, del banco germano IKB por la heterogénea coalición que gobierna Alemania, y la nacionalización el 18 de setiembre del ese mismo año, del Northern Rock Bank, el quinto banco hipotecario de Inglaterra, por el desfachatado gobierno laborista británico, para evitar una crisis bancaria de grandes proporciones en ambos países.

Quién es capaz de defender los procesos de privatización de los seguros después de la vergonzante intervención del gobierno federal de Estados Unidos demandando a las aseguradoras privadas el pago de los daños, escamoteado con amañados procedimientos legales, a los afectados por el huracán Katrina; o los más recientes malabares del Tesoro de ese país para apuntalar a las grandes aseguradoras de bonos y evitar la pérdida de confianza en los títulos municipales, por las consecuencias imponderables que esto significaría (Barr, Alistair, Market-Watch, Feb. 13, 2008, 6:36 p.m. EST).

Las fuerzas del mercado, la responsabilidad empresarial, la libertad de comercio fueron inca-paces de resolver estos problemas de manera de evitar los grandes costos sociales que los errores de la administración de las empresas involucradas ocasionaban, viéndose obligado el “público” a intervenir para reducir, cuando menos, sus efectos.

Pero si desde principios de esta década se comenzaron a palpar los efectos reales del liberalismo (que suplantó a la regulación del paradigma económico del “fordismo” responsable de los 40 años de equilibrio social hasta los años 80 del siglo pasado), es en estos días de crisis financiera que se ha hecho diáfana como en los años de la Gran Depresión la necesidad de la intervención estatal en el ordenamiento del sistema económico regido por el capital.

Los insolentes rescates a entidades financieras privadas y los obscuros negociados por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, del Banco de Inglaterra y del Banco de Francia para protegerles de sus inminentes descalabros, nos hace preguntarnos hoy por los bochincheros neoliberales como lo hacía Jorge Manrique hace casi seiscientos años por los vocingleros cortesanos:

“¿Qué se fizo el rey don Joan?
Los infantes d’Aragón
¿qué se ficieron?
¿qué fue de tanto galán,
qué fue de tanta invención
como trujeron?…”

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* Catedrático Escuela de Sociología UCR

El primero de mayo y el alto costo de la vida

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Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna. __________________________________________________________

No es necesario entrar en detalle porque usted, en su hogar, en estos momentos, está sintiendo ese duro golpe a su ya de por sí golpeado bolsillo; especialmente si usted pertenece a la clase trabajadora asalariada de ingresos medios y bajos, si usted trabaja en el mercado informal; o si usted, desde su micro, pequeña y mediana empresa, lucha por sobrevivir en un mercado voraz diseñado solamente para la supervivencia de los “grandotes”.

Varias son las alzas que nos están golpeando duramente. La de la electricidad está asociada, por un lado, con la entrada en vigencia del TLC. Siempre alertamos, desde el Movimiento Patriótico del NO, que por las “aperturas”, las tarifas subirán hasta en un 300 %. Así que, prepárese, espere más alzas en la luz porque hay que asegurarle nuevas y jugosas ganancias a la generación privada de electricidad, ahora en escenario TLC; ganancias muchos más enormes y abusivas que las que tuvieron en época reciente.

Por otro lado, pagaremos mucho más cara la luz, debido al bloqueo que por varios años sufrió el ICE, por parte de los “dueños” del Banco Central y del Ministerio de Hacienda, los neoliberales de los últimos gobiernos, que no le dejaron hacer las inversiones oportunas para expandir la capacidad de producción hidroeléctrica.

Por otra parte, la cadena de alzas recibe un fuerte impulso con las variaciones, siempre hacia arriba, del precio de los combustibles. Generalmente, se le “echan los muertos” a los altos precios del petróleo en el mercado internacional (lo cual es cierto); sin embargo, la altísima carga tributaria que pesa sobre el precio de los combustibles en Costa Rica es sumamente abusiva. Es decir, si hubiera que pagar menos impuestos por la gasolina y el diesel, el alza del petróleo no golpearía tanto el bolsillo de la Gente.

Además, las políticas salariales, en los sectores Público y Privado, siguen sin variaciones estratégicas. Los reajustes salariales semestrales son, proporcionalmente hablando, la mitad de lo que son las alzas semestrales en los precios de los comestibles y artículos básicos (el diario). Además, tales reajustes no incrementan el poder de compra del salario, no incrementan su capacidad adquisitiva.

Y, como para que no nos falte, somos el país centroamericano que más velozmente concentra la riqueza. Mientras unos pocos, cada vez menos, viven en la opulencia y el lujo desenfrenado, haciendo gala y ostentación de sus vidas disipadas; se acrecienta la desigualdad y la vulnerabilidad de muchas familias ya cercanas a la línea fronteriza de la pobreza. Muchas personas trabajadoras, por ejemplo, deben acudir al endeudamiento constante y, por ejemplo, cuando han pagado la mitad de un crédito, sacan otro, buscando cómo evitar el deterioro de la calidad de vida de sus respectivas familias.

La explicación es una: el sistema económico dominante, bajo el signo neoliberal, no está preocupado por el bien común. Las pocas políticas sociales que quedan (algunas de las cuales reconocemos como oportunas y acertadas impulsadas por el gobierno de la presidencia bicéfala de la actual administración), no tienen un carácter integral, lo suficientemente estructural, como para relanzar la movilidad social y asegurar un relanzamiento de la clase media en sus diferentes estratos.

Para ello, entre otros aspectos, hay que variar profundamente las políticas salariales actualmente vigentes y para hacerlo se necesita del suficiente coraje para enfrentar a los sectores económicamente más poderosos, los “ganadores” de los últimos años. Esto no se ve factible pues son esos sectores “ganadores”, los que gobiernan en estos momentos.

Además, se necesita realizar una profunda transformación tributaria, una revolución tributaria, entrándole fuertemente al impuesto sobre la renta que pagan mal o que no pagan del todo, esos sectores “ganadores”. No creemos que la presidencia bicéfala esté dispuesta a “comprarse esa bronca” con quienes son su misma clase. De ello hablaremos luego porque, agárrese con fuerza, preparan una reforma tributaria que, como todas, se descargará sobre los bolsillos de la Gente.

Vea usted, entonces, si no hay sobradas razones para que este Primero de Mayo, que cae jueves, realicemos una enorme jornada de protesta, de lucha y de propuesta, acerca de la necesidad de profundos cambios en cuanto a política salarial y tributaria para beneficio de quienes somos más, la Gente.
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El celular: La triste historia mexicana

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¿Tendremos que llegar a estas medidas para defendernos?
¿Por qué nos mintieron?…la respuesta es clara…POR SUS NEGOCIOS!!

Las compañías de telefonía celular Telcel, Iusacell, Unefon, Nextel, MOVISTAR, quien sabe si obligados por el Gobierno o por su propio interés, han decidido que las llamadas perdidas sean cobradas a un costo mayor que una llamada de un minuto. Y todos nos preguntamos, ¿a qué viene esto? ¿hacían daño acaso las llamadas perdidas? si igualmente nos robaban el dinero de las tarjetas de prepago ahora nos dicen: MANOS ARRIBA ESTO ES UN ATRACO! sin ningún reparo además.

Se acabó eso de revisar tu celular y encontrarte esas llamadas perdidas de amigos, compañeros de trabajo y familiares mientras dormíamos. Ahora saldrá mas rentable mandar un correo que hacer una llamada por celular. Y es que esto es una injusticia, dentro de poco pagaremos por mensajes al celular no leídos o no enviados o por el solo hecho de oprimir una tecla de nuestro teléfono.

LO SIGUIENTE FUE DECLARADO POR UN FUNCIONARIO DEL GOBIERNO MEXICANO:

“Las compañías de celulares tienen el derecho a cobrar las llamadas perdidas, el motivo, cuando se realiza una llamada perdida estás utilizando las redes de comunicación de la empresa, por lo tanto sus servicios y por ello tienen derecho a cobrarlas”.

Por exigir nuestros derechos, porque el cliente CONSUMIDOR siempre tiene la razón y por que esto no vuelva a pasar, proponemos una huelga de teléfonos celulares.

Dejemos de darles de comer durante un tiempo, sin trabajo y que se den cuenta de que si esto sigue así, nosotros somos los que mandamos. Pon tu grano de arena y lo conseguiremos.

L_AS EMPRESAS DE TELEFONÍA MÓVIL NOS ESTÁN ROBANDO, LAS COMPAÑÍAS CELULARES NOS ESTÁN ROBANDO…BASTA….!! PRESTA ATENCIÓN EN LA EXPLICACIÓN AL FINAL PARA REENVIAR ESTE MAIL_

En USA una compañía de celulares ofrece a sus clientes 2,000 (SI, DOS MIL, LEYERON BIEN) minutos libres por solo USS$75.00 ¿¿¿Quién Gasta 2,000 minutos en un mes en México??? Usuarios comunes COMO TU COMO YO?, seguro que no.

Si alguien lo gasta seguro abonará una factura de alrededor de $3,000 lo cual es muy superior a los US$75.00 que se pagan en los USA. ¿¿¿CÓMO LLEGARON LOS NORTEAMERICANOS A ESTE BENEFICIO???

Mediante la unión. Si, la unión de la comunidad; y solo de una manera: NO USANDO EL TELÉFONO durante 5 días, las empresas se vieron obligadas a BAJAR LAS TARIFAS O QUEBRAR. HAY QUE PONERNOS LAS PILAS LOS USUARIOS PARA DEFENDERNOS. Y HACER UN PARO DE LOS USUARIOS NO LES HARÁ QUEBRAR, PERO SI LAS OBLIGARÁ A PENSAR EN BAJAR DE PRECIO LOS SERVICIOS QUE PRESTAN.

La propuesta:

Envíe este e-mail a todos aquellos que conozca para que los días 18 y 19 de ABRIL DEL 2008 todos tengamos el celular apagado.

ESTA ES LA ÚNICA FORMA EN QUE PODREMOS EXPLICARLES A: UNEFON, TELCEL, IUSACELL, NEXTEL, PEGASO, QUE NO SOMOS IGNORANTES NI VAMOS A SEGUIR PERMITIÉNDOLES QUE NOS METAN LA MANO EN EL BOLSILLO. ENTRE TODOS LOS OBLIGAREMOS A QUE BAJEN POR LO MENOS UN 50% LAS TARIFAS, Y MEJOREN EL SERVICIO. SI NO NOS DEFENDEMOS NOSOTROS, NADIE MÁS LO VA A HACER.
SI TODOS COLABORAMOS EN NO UTILIZAR el TELÉFONO CELULAR LOS DÍAS 18 Y 19 DE ABRIL DEL 2008, lograremos demostrarles a esas empresas que los ciudadanos mexicanos no somos ignorantes, como está demostrado que piensan, pueden juzgar el comportamiento que han tenido las Empresas para con los usuarios hasta el momento.

Datos:

En 1999 en Argentina los ciudadanos obligaron a TELECOM y TELEFÓNICA a poner una tarifa reducida a INTERNET por medio de DESCOLGAR los teléfonos durante 15 minutos.

En USA actualmente lograron que las compañías proveedoras de Internet absorban el costo de la llamada, como comunicarse a un 0800 en vez de a un 0610.

¿¿¿Por qué no ahora, nosotros lo intentamos con los servicios de celulares????

APAGUEN SUS CELULARES EL MAYOR TIEMPO POSIBLE LOS DÍAS VIERNES 18 Y SÁBADO 19 DE ABRIL DEL 2008, si lo necesitan por negocios eviten las llamadas que puedan.

Por todos estos motivos, usuarios y clientes convocamos a un paro nacional por 48 horas. PORQUE SOMOS LOS QUE MANTENEMOS EL SISTEMA, apagamos los Teléfonos celulares el 18 Y 19 DE ABRIL DEL 2008. Les pedimos que apaguen sólo por esos días sus teléfonos celulares; esperemos que de esta forma las empresas entren en razón y bajen el costo del servicio e incluso lo mejoren. También les pedimos que corran la voz por todo el país, porque es la única forma de defendernos, ya que los organismos (como la COFETEL y la Procuraduría del Consumidor) encargados de regular la actividad, no hacen nada, y de esta manera defienden los intereses de las Compañías.

La propuesta es bien sencilla: Este VIERNES 18 Y SÁBADO 19 DE ABRIL DEL 2008 NO ENCENDER el CELULAR y pronto todos estaremos agradecidos.

Saludos y recuerden ENVIAR este mensaje a la mayor cantidad de conocidos posible.

REPLICA ESTE AVISO, Y APAGUEN SU CELULAR: ESTE VIERNES 18 Y SÁBADO 19 DE ABRIL DEL 2008. CON 5000 MIL PERSONAS EN EL PAÍS QUE LO APAGUEN SERÁ SUFICIENTE PARA DESPERTAR LA CONCIENCIA DEL CONSUMIDOR MEXICANO!!!!!

Constituida Seccional Sindical en empresa Polymer S.A.

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El pasado 7 de abril, con la presencia de un numeroso grupo de trabajadores y trabajadoras de la empresa Polymer, se realizó la Asamblea para elegir la Junta Directiva de la primera Seccional Sindical en esa empresa y que representa para la misma, dar un paso adelante en cuanto a los requisitos internacionales de exportación y que se refieren a la Producción Limpia.

¿Qué es Producción Limpia? ¿Cuáles son sus beneficios?

Este concepto de Producción Limpia, las ISO o la SA8000, reconocen no solo el respeto, protección y fomento del Ambiente, sino que además exigen el respeto a las condiciones y derechos laborales de sus trabajadores como elemento fundamental para que sus productos sean exportables y no encuentren objeciones en Europa principalmente, pero también en los Estados Unidos de Norteamérica.

Además, está demostrado que la implementación de estas normas y el respeto a los derechos laborales, mejora la calidad y el estado de ánimo de los y las trabajadoras, aumenta la productividad, la reducción de turnos e incremento de ventas para la empresa.

Para los y las trabajadoras la contrapartida son la reducción del número de accidentes, mejor formación, tranquilidad por el respeto a sus derechos fundamentales y nuevas oportunidades para asociarse libremente y buscar, junto con los patronos, las condiciones ideales que les permita trabajar dignamente.

Ahora está en manos de la empresa continuar, fomentar y fortalecer las acciones que le permitan crecer, junto a sus trabajadores y trabajadoras, como una empresa líder en Costa Rica.

ANEP, apegada a su Misión y Visión, fomentará la capacidad de diálogo, resolución de conflictos, salud ocupacional, etc., que contribuyan al mejoramiento de las condiciones laborales y productividad.

Traslado de la planta

Este importante tema conlleva la posibilidad conflictiva sobre la distancia a la cual tendrían que trasladarse los y las trabajadoras.

El paso de la planta de la Uruca a Alajuela significa no solo un cambio obligado del centro laboral, sino también a cambios importantes en la dinámica personal y familiar que afectan, de una u otra forma, la calidad del trabajo a realizar.

Por ello ANEP, junto a su Seccional Sindical en la empresa, buscará la mejor solución a esta situación especial a fin de que tanto empresa como trabajadores queden satisfechos.

Por parte de nuestro sindicato la más amplia disposición de contribuir en este y futuros temas, relacionados a la situación laboral de sus afiliados y afiliadas, con el ánimo de ser parte de la construcción de una nueva oportunidad para el fortalecimiento de la democracia costarricense.

Está en manos del Grupo Polymer el reconocer y construir esta nueva forma de hacer empresa.

A los trabajadores y trabajadoras de Polymer, nuestro agradecimiento por la confianza y nuestra felicitación por la decisión fundamental de organizase sindicalmente en defensa de sus derechos humanos laborales.

2010: Ó “ellos”… ó la gente (parte final)

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“Ellos”, luego del “frauderéndum” y de la agenda del TLC, decidieron ungir a la nueva gerencia política que les garantizará, a partir del 2010, la continuidad política de su proyecto neoliberal. “Ellos”, pese a alguna que otra candidatura presidencial de fachada, apostarían por la licenciada Laura Chinchilla Miranda, de toda confianza para los Arias.

Para la Gente, en consecuencia, el desafío del 2010 será histórico y estratégico. Lo que plantearemos seguidamente, es producto de numerosas consultas; conversaciones formales en muchos espacios e instancias sociales, cívicas y políticas; así como en muchas tertulias espontáneas. Pese a ello, no estamos hablando de “la propuesta”, es tan solo un planteamiento.

Diversas y connotadas figuras patrióticas que dicen defender los intereses de la Gente, tienen una responsabilidad enorme para que la vanidad humana, el caudillismo, el barato cálculo electorero, los prejuicios ideológicos, o el miedo a lo que “ellos” dirán y escribirán desde su oficialista prensa indecente, no se interpongan en el prolífico camino de construcción cívica para el 2010, cuyo recorrido ya hemos transitado en un 48%.

Ese camino ya se siente, se respira, se ansía y se potencia por miles de compatriotas, capaces de trabajar ardua y desprendidamente, con base en ese amor que redescubrimos por todo lo bueno y bonito que todavía conserva nuestra querida Patria, pese a la acción depredadora de “ellos”. La esperanza se reconstruye día con día.

Lo primero que debería hacerse es formular una especie de decálogo de propuestas hacia una Costa Rica de inclusión y de solidaridad, que pudieran ser el denominador común aglutinador que una a los sectores cívicos, sociales y políticos del conglomerado patriótico opuesto al corrupto proyecto neoliberal de la secta. Material sobra. La mejor producción intelectual del momento está del lado de la Gente. Riquísimo pensamiento de variada procedencia filosófica, da sustento real para el impulso del sueño de que otra Costa Rica es posible, en la que quepamos todos y todas, ¡hasta “ellos”!.

Una sola figura presidencial, para disputarle el Poder Ejecutivo a la secta, a “ellos”, debería encabezar una construcción sociocívica y político-partidista, bajo el formato legal que permite la legislación electoral vigente. Para definir esa figura, podría haber un proceso de consulta nacional, una convención, de amplia base con profunda participación ciudadana, pero evitando que los recursos que “ellos” tienen a su servicio en todos los cantones, tuerzan la voluntad cívica de una consulta transparente, sana, completamente novedosa.

La aspiración máxima es que la alianza se diese, además, para la disputa por diputaciones y por regidores. Si no fuera posible, entonces, cada partido (grande, mediano, pequeño), inmerso en el proceso conjunto de construir esa alianza sociocívica y política, mantendría sus propias aspiraciones nacionales, en cuando a diputaciones; y cantonales, en cuanto a los municipios. No obstante, la alianza puede tener, también, expresiones regionales y/o locales.

Las personas integrantes, afiliadas, simpatizantes, colaboradoras del riquísimo abanico de los sectores sociales soñadores con una alternativa patriótica, volcada hacia la Gente, participarían en los niveles locales de sus respectivas residencias, en las comunidades, reproduciendo el efectivo trabajo casa por casa que se realizó con ocasión del “frauderéndum” sobre el TLC.

Involucrarse en este proceso corresponde a decisiones individuales y soberanas porque, por un lado, nadie puede titularse dueño de los comités patrióticos y, mucho menos, para fines electorales particulares; y, por otro, porque la ley electoral impide el involucramiento directo y explícito de las organizaciones sociales como los sindicatos.

Tengamos presente que la Gente, somos más. Si bien_ “ellos”_ juegan sucio, apelan al miedo, compran conciencias, prostituyen instituciones y manipulan periodísticamente de la manera más asquerosa; la Gente ganamos en ética, en decencia, en transparencia, en honestidad, en compromiso, en mística, en solidaridad, en propuesta y en movilización. Asumamos el reto. La hora del poder de la Gente llegó.

Tarifas eléctricas: Sindicatos presentan propuesta formal a la ARESEP

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San José, 9 de abril de 2008.

Señor
Fernando Herrero Acosta
Regulador General
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)
Su Despacho

Estimado señor:

Luego de saludarle de la manera más atenta, le agradecemos la prontitud con que ha atendido nuestra solicitud de ser recibidos por su autoridad, aunque para mayor sinceridad, pretendíamos conversar antes de la resolución del día de ayer, martes 8 de abril de 2008, que fijó las nuevas tarifas del servicio de electricidad, en una proporción que, según nuestra visión, resulta abusiva y que, por ende, dejamos constancia de nuestro rechazo contundente ante tal decisión.

Las nuevas tarifas siguen representando un duro golpe al bolsillo de las personas asalariadas, de los y las costarricenses que se desenvuelven en el sector informal, de las micro, pequeñas y medianas empresas, del campo y de la ciudad. Es decir, estamos hablando de un incremento tarifario que golpea la situación económica de la abrumadora mayoría de la población nacional.

Pese a la situación generada luego de la fijación tarifaria del día de ayer, como organizaciones representativas de un elevado número de trabajadores y de trabajadoras y, con la certeza de que estamos recogiendo un profundo sentir ciudadano que ve en la reciente alza en la electricidad, solamente la punta del iceberg de un proceso ascendente de corto plazo en el precio del servicio eléctrico. Según indicó usted mismo, en el comunicado oficial de la ARESEP a propósito de esta alza, “Se prevén tarifas altas en los próximos años. Ya no hay electricidad barata”. Este proceso es derivado de las políticas neoliberales en boga, incluido del TLC y, por ende, del mayor impulso a la ingerencia privada en su prestación.

Apunta usted el asunto de un “auge económico”, como aspecto destacable de la difícil situación energética del país; pero, a la vez, la ARESEP otorga un aumento proporcionalmente mucho menor, a favor de los sectores productivos que, precisamente son lo que están en “auge económico”, en detrimento del interés de los hogares de familias trabajadoras, por ejemplo.

En realidad, no nos toma por sorpresa esta decisión suya, ya de por sí anunciada; es, pues, el fin del principio solidario de subsidios en la tarifa eléctrica a favor de los sectores más desposeídos y residenciales. Ahora, por el contrario, son las tarifas eléctricas de los hogares de la clase trabajadora quienes subsidiarán la tarifa eléctrica del sector industrial, para que éste no pierda “competitividad”.

Otro aspecto destacable de la decisión en comentario, se refiere a que el funcionamiento de las plantas térmicas del ICE sufre el alto precio de los combustibles; pero en realidad, este argumento no es del todo sostenible porque la carga fiscal aquí inmersa es exagerada. No menciona usted que un 30 % de los altos costos de los combustibles, son impuestos del Gobierno que no tiene nada ver con el precio internacional del petróleo y sus derivados.

Por otro parte, lo que realmente nos dejó perplejos de los argumentos de su resolución, es que “el país arrastra un rezago en las inversiones necesarias para aumentar la generación de energía con fuentes renovables”; cuando la realidad indica que fue usted mismo, los últimos gobiernos y la autoridad perpetua del Banco Central de Costa Rica, así como las mismas cámaras empresariales que ahora pegan el grito al cielo por la alta tarifa eléctrica; quienes estuvieron sistemáticamente bloqueando durante los últimos años las inversiones que necesitaba el ICE, precisamente para evitar la situación que hoy estamos enfrentando con esta alza. Para muestra un botón: Se estuvo atrasando, deliberamente, el proyecto hidroeléctrico Pirrís, mismo que debió entrar en operación en el 2007, debiendo ser postergado para el 2010.

Además, es necesario indicar que tal situación obligó al personal del ICE a desarrollar la huelga del año 2003, precisamente contra ese bloqueo, movimiento que duró 22 días.

Nos preocupa sobremanera la ausencia de mención en su resolución, de la carga tributaria del 13 % del impuesto sobre las ventas que pesa sobre la tarifa eléctrica, lo cual aumento el impacto de la reciente alza.

Igualmente, es de resaltar la ausencia de la mención a la alta carga económica de la cogeneración privada de electricidad que ya se “traga” el 22 % del presupuesto general del sector eléctrico del ICE, aproximadamente ¡66 mil millones de colones! (66.000.000.000.oo), cuando produce un promedio de 14 % de la energía eléctrica consumida en el país.

Por tanto y considerando que el escenario completo del ajuste tarifario indicado debe contemplar los elementos que su resolución no consignó¸ planteamos ante su despacho las siguientes proposiciones que buscan, de manera alternativa, la preservación de la histórica preocupación solidaria que siempre animó la política en cuanto a las tarifas eléctricas.

Primera propuesta: La ARESEP debe formular al Poder Ejecutivo, formal planteamiento para eliminar la carga tributaria del 30 % del precio de los combustibles, que consume el ICE para la generación térmica.

Segundo propuesta: La ARESEP debe formular al Poder Ejecutivo, formal petición para eliminar la carga tributaria del 13 % del impuesto sobre las ventas, a las tarifas eléctricas iguales o menores a 400 kilovatios; medida que constituirá un estímulo al ahorro energético.

Tercera propuesta: Los contratos de cogeneración eléctrica privada que van venciendo, deben eliminarse; ó, como mínimo, ser renegociados para que los nuevos precios de compra cubran solamente gastos de operación y mantenimiento, dado que hubo ya un enriquecimiento más allá de la lógica rentabilidad de la inversión realizada.

Muy respetuosamente,

Fabio Chaves Castro
ASDEICE

Luis Chavaría Vega
UNDECA

Albino Vargas Barrantes
ANEP

cc.: Asamblea Legislativa.
cc.: Defensoría de los Habitantes de la República.
cc.: Medios de comunicación colectiva.
cc.: Organizaciones sociales.
cc.: Archivos.

Acción de inconstitucionalidad admitida por la Sala IV

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060144170007CO
EXPEDIENTE: 06-014417-0007-CO

PROCESO: ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD

ACCIONANTE: SINDICATO TRABAJADORES DE CHIRIQUI LAND COMPANY

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del seis de diciembre del dos mil seis.

Se admite esta acción de inconstitucionalidad promovida por RENE GARCIA MIRANDA, mayor, casado, trabajador agrícola, cédula de identidad número 8-075-596, vecino de Limón (Talamanca), en su condición de SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA CHIRIQUI LAND COMPANY (SITRACHIR) contra los artículos 373 y 377 del Código de Trabajo, por cumplir con los requisitos exigidos por ley, en los términos previstos en el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por asistirle un verdadero interés corporativo, en defensa de los intereses y derechos de sus agremiados, en este caso, en relación con el ejercicio de un derecho fundamental, en este caso, la huelga.

La normativa se impugna por los siguientes motivos: a).- El artículo 373 del Código de Trabajo, por estimar que es violatorio del artículo 61 de la Constitución Política, por cuanto establece requisitos y procesos en exceso para acceder a la huelga legal –como lo son el agotamiento de los mecanismos compositivos directos (convenciones colectivas) cuando los halla, finalizados los cuales se debe acudir y agotar el mecanismo indirecto (procedimiento conciliatorio contenido en el Código de Trabajo), y sólo después, se puede acudir a la huelga, previa declaratoria de legalidad por juez laboral; así como la exigencia de una mayoría calificada (sesenta por ciento); de manera que hace ilusorio el derecho constitucional de ejercer el derecho fundamental de acceder a la huelga, convirtiéndolo en un proceso solemne, lleno de ritos y formalismos, no adecuado a la realidad del siglo XXI., que hace inalcanzable el ejercicio del derecho fundamental de la huelga; situación que se agrava en el sector privado, en atención a la supremacía económica del patrono, que a través de diversos mecanismos y prácticas puede boicotear o entorpecer su realización, y el ordenamiento jurídico no otorga protección o fuero a los trabajadores que deseen participar y apoyar este mecanismo de presión para la defensa y logro de objetivos económicos sociales de los trabajadores.* b).*- El artículo 377 del Código de Trabajo, se cuestiona por estimarse violatorio de los artículos 41 y 61 constitucionales, así como los principios que informan el debido proceso y el acceso a la justicia; en tanto, prevé que sin ningún proceso previo, se pueda despedir sin responsabilidad patronal a los trabajadores al calificarse una huelga de ilegal, sin previa demostración de que efectivamente se ha participado en forma activa en ella; lo cual ha permitido el despido de quienes están gozando de vacaciones, incapacidades, permisos, e incluso, de quienes no pudieron trabajar por impedimento de sus compañeros.

Advierte que el ejercicio de la huelga es irrenunciable y no está sujeta al libre arbitrio del juez; siendo que las calificaciones de ilegalidad de los jueces son omisas, genéricas, absolutamente formales, sin determinar ni atender el tipo de conflicto de que se trata, ni tampoco determina cuántos o quienes intervinieron en la paralización de labores con ánimo de sumarse a la huelga.

Por tal motivo, solicita que la norma se aplique de manera tal que sólo se despida a quien con prueba fehaciente, se acredite su participación en la huelga. Se confiere audiencia por quince días a la Procuraduría General de la República. Publíquese por tres veces un aviso en el Boletín Judicial sobre la interposición de la acción, para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de la norma cuestionada, no se dicte resolución final mientras las Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso.

Se aclara que en los procesos judiciales pendientes lo que no se puede es dictar la sentencia, o, en su caso, el acto en que haya de aplicarse la norma cuestionada, en el sentido en que lo haya sido; y que lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los procedimientos tendientes a agotar esa vía, que únicamente son los que se inician con y a partir del recurso de alzada o de reposición interpuestos contra el acto final, salvo claro está, que se trate de normas de procedimiento que deban aplicarse durante su tramitación.

Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de la interposición de la acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se advierte que conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala esta publicación no suspende la aplicación de la norma en general, sino únicamente para los efectos supraindicados.

Luis Fdo Solano Carrera
Presidente

Carta enviada por APSE a Oscar Arias Sánchez

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San José, 09 de abril del 2008

Doctor
Oscar Arias Sánchez
Presidente de la República
Presente

Estimado señor:

Reciba un cordial saludo.

En mi condición de Presidenta de APSE y en nombre de los 18.621 agremiados y agremiadas de educación secundaria, que conforman la organización que represento, me dirijo a Usted, con el fin de exponer las razones que fundamentan el movimiento de huelga indefinido, que los trabajadores y trabajadoras de las instituciones educativas públicas de la Enseñanza Media del país, iniciamos a partir del lunes 31 de marzo del año en curso.

Cabe destacar que el pliego de peticiones en el cual se fundamenta nuestra lucha, fue puesto en conocimiento del señor Ministro de Educación Pública, desde el día 22 de febrero de este año. No obstante, su respuesta puntual a cada uno de nuestros planteamientos, además de no satisfacer nuestras demandas, generó gran molestia entre nuestros agremiados, por la forma en la que fueron abordados cada uno de los temas.

Con fecha 10 de marzo de este año, hicimos entrega de un segundo documento, al señor Leonardo Garnier, en el cual se puso de manifiesto, el resultado infructuoso del intercambio de notas entre ambas partes; de ahí que se le solicitó entablar un diálogo inmediato, donde estuvieran presentes otras autoridades gubernamentales (Ministro de Trabajo y Ministro de Hacienda), a quienes también compete atender parte de nuestras pretensiones; todo en aras de a lograr una solución consensuada.

El señor Garnier, responde a este último documento, mediante Oficio DM-1766-08 de fecha 25 de marzo de este año, recibido por mi persona el día viernes 28 de marzo, en el cual se consigna su disposición al diálogo. Sin embargo, este mismo día, pese a nuestra gestión en aras de concertar el diálogo ofrecido por el señor Ministro, se nos informa a través de una llamada telefónica realizada por la secretaria del Despacho Ministerial, que el señor Leonardo Garnier, ponía como condición para sentarse a dialogar, el que la APSE desconvocara el llamado al movimiento de huelga, programado para el lunes 31 de marzo. Así las cosas, desde esa fecha y hasta el día de hoy no hemos recibido de su parte ninguna CONTRAPROPUESTA A NUESTAS DEMANDAS, por lo que obligados ante la inacción del señor Ministro de Educación Pública, hemos mantenido el ejercicio del Derecho Constitucional de la Huelga.

Como consecuencia entonces, de la INCAPACIDAD RESOLUTIVA y de la INCAPACIDAD DE DIALOGO, demostrada por el Jerarca Ministerial de la cartera de Educación Pública, nos vimos en la necesidad de acudir el día 27 de marzo, ante el señor Francisco Morales Hernández, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, para que en cumplimiento de la misión que legalmente le asiste, según lo establecido en la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo, procediera a intervenir y a coadyuvar en la búsqueda de una solución a nuestras justas peticiones, a través de la apertura de un proceso de negociación, en el que estuvieran presentes, el señor Leonardo Garnier Rímolo, Ministro de Educación Pública y el señor Guillermo Zúñiga, Ministro de Hacienda; lo cual de haberse atendido nuestra solicitud, no habría existido la necesidad de tomar medidas extremas.

Señor Presidente, en respeto al orden jerárquico que corresponde, hemos acudido en primera instancia, ante sus ministros de gobierno, sin embargo, lamentablemente en ninguna de esas instancias gubernamentales, hemos encontrado la apertura de diálogo y resolución requeridas. Es por ello, que me permito plantear ante Usted los motivos que fundamentan nuestra lucha, a fin de que en su condición de Presidente de la República y de Premio Nóbel de la Paz, se constituya en garante de la armonía y paz laboral, que demanda una situación de conflicto como la que nos ocupa.

1.-PAGO OPORTUNO Y COMPLETO DEL SALARIO

Ha resultado publico y notorio que nuevamente, el Ministerio de Educación Pública ha incumplido por problemas ajenos a los trabajadores, con el pago total y oportuno de sus salarios.

Ante esta grave situación, se impone de manera urgente, que el Ministerio de Educación, tome las medidas necesarias y urgentes, a fin de garantizar a los educadores del país, su pago salarial mensual en forma puntual y completa, y que se respete el Voto de la Sala Constitucional Nº 4218-03 de las 15:46 horas del 20 de mayo del 2003, que se dictó con ocasión del Recurso de Amparo presentado en el año 2003, por la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) a favor de miles de servidores afectados, y en cuya parte dispositiva se resolvió lo siguiente:

“Se ordena a Astrid Fischel Volio en su condición de Ministra de Educación Pública, Tomar de inmediato las medidas necesarias para regularizar el pago de los salarios adeudados a los amparados e impedir que en adelante se vulneren los derechos de éstos a recibir el pago oportuno de su remuneración. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidaran en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.”

Este es el segundo año, en el que al señor Leonardo Garnier Rímolo, Ministro de Educación Pública, le ha correspondido iniciar un curso lectivo, y en esta ocasión al igual que el año anterior, los problemas de pago no se han solucionado, pese a que para el curso lectivo del año 2007, nos vimos en la necesidad de salir nuevamente en defensa nuestros educadores, que al igual que hoy no han podido solventar sus necesidades básicas. Fue por ello que al igual que el año 2003, la Sala Constitucional emitió el Voto Nº 07-002803-0007-CO, en el cual se dispuso lo siguiente:

“Se ordena a Leonardo Garnier Rímolo o a quien ocupe el cargo de Ministro de Educación Pública, a Ligia Acuña Rodríguez o a quien ocupe el cargo de Directora General de Personal, que dispongan lo necesario para que se cancele a los y las amparadas la TOTALIDAD DEL SALARIO que se les adeuda por la labor realizada durante el presente curso lectivo, incluyendo TODOS LOS COMPONENTES SALARIALES COMO RECARGOS, ANUALIDADES, ZONA DE MENOR DESARROLLO, LECCIONES INTERINAS, CARRERA PROFESIONAL, AUMENTO POR COSTO DE VIDA Y CUALQUIER OTRO QUE SE LES ADEUDE…“

En este mismo sentido, cabe destacar, que a los servidores y servidoras del Magisterio Nacional, se les pagó hasta el día 26 de marzo, el porcentaje por concepto de Aumento por Costo de Vida, correspondiente al primer semestre del presente año, y que no aceptamos que se justifique tal atraso, según lo manifestado por el señor Ministro de Educación Püblica, en el hecho de que su aplicación ha sido así “…históricamente en virtud de limitaciones técnicas que existen para correr la planilla en paralelo con todos los nombramientos de inicio de curso lectivo”.

Lo cierto y lo legal, señor Presidente, es que mediante Resolución DG-004-2008 de la Dirección General de Servicio Civil de las 14:05 horas del 08 de enero del 2008, se resolvió revalorar todas las clases de puestos de la Escala de Salarios de la Administración Pública, de conformidad con la categoría y nivel salarial que ostentan, ajustando en un 5.88% el monto de salario base y el aumento anual, con un rige a partir del 01 de enero del 2008.

De manera que las justificaciones que esgrime el señor Ministro, para no pagar puntual, completa y oportunamente el salario de los servidores de la educación, así como el atraso en el pago por concepto de aumento por costo de vida, son contrarias a lo resuelto por la Sala Constitucional, en el citado Voto Nº 07- 002803-0007-CO, por lo que en este momento el señor Ministro de Educación Pública, está incurriendo en el DELITO DE DESOBEDIENCIA a las órdenes de la Sala Constitucional (Art.71 y 72 de la Ley de Jurisdicción Constitucional).

INFORME FINAL DE LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES

Con fecha 24 de marzo del 2003, los Presidentes y Secretarios Generales de diversas Organizaciones Magisteriales, denunciaron ante la Defensoría de los Habitantes, por el incumplimiento del pago oportuno y completo de los salarios de los servidores y servidoras del Magisterio Nacional y solicitaron la intervención inmediata de esta Defensoría. Fue así como se abrió al efecto el Expediente Nº 14662-24-2003-QJ-RVQ, y una vez verificado y comprobados los hechos que fundamentaron la denuncia, se arribó emitió un amplio Informe final con recomendaciones, en el cual queda de manifiesto la ineficiencia administrativa demostrada por el M.E.P, ante la forma inapropiada en la que se implementó el nuevo Sistema Informático de Pagos; violentándose de esta forma los principios de buena administración, tales como: la eficiencia, la eficacia, la legalidad, la justicia, la participación y la transparencia.

No obstante lo anterior, resulta de suma gravedad, que pese a las recomendaciones emitidas en esa ocasión por la Defensoría, dirigidas a varias instancias gubernamentales, y las directrices vertidas en el Informe N DFOE-EC-26/2004 preparado por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativo de la Contraloría General de la República, denominado INFORME SOBRE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE PAGO DE SALARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, de fecha 25 de octubre del 2004, el cual se rinde con ocasión de la denuncia presentada por la APSE, relacionada con las irregularidades surgidas en la ejecución del Sistema de Pagos del M.E.P; no solo no fueron atendidas por las autoridades del Ministerio de Educación Pública, sino que nuevamente, como ha sucedido desde ese entonces y hasta la fecha, los problemas de pago producto de la ineficiencia del sistema informático de pagos, subsisten.

2. EQUIPARACIÓN SALARIAL CON PROFESIONALES DEL GOBIERNO CENTRAL”.

Dentro de la propuesta técnica presentada por el Poder Ejecutivo, según compromiso adquirido y plasmado en el Acuerdo de Negociación de la Comisión de Política Salarial del Sector Público, para la revisión salarial del II período del 2007, de fecha 09 de agosto del 2007, en la cual tiene participación en representación del Poder Ejecutivo, los jerarcas de los Ministerios de Trabajo y de Hacienda; se acordó la realización de un estudio de REVALORACION SALARIAL DE LOS PROFESIONALES DEL GOBIERNO CENTRAL, a efecto de “cerrar las brechas salariales existentes dentro del Sector Público.”

No obstante lo anterior, tal y como a Usted le consta, para sorpresa e indignación nuestra, los servidores y servidoras de la educación, quienes siendo profesionales que laboran para el Gobierno Central y están cubiertos por el Título II del Estatuto de Servicio Civil, fueron excluidos de tal revaloración salarial.

Don Oscar, Usted conoce muy bien, que al sector Profesional y Gerencial que labora para el Gobierno Central y que está cubierto por el Título I del Estatuto de Servicio Civil, se le ajustó su base salarial al percentil 30 a partir del primer semestre de este año y gradualmente se le ajustará el percentil, hasta llegar al percentil 50 en primer semestre del año 2010.

De conformidad con lo anterior, resulta a todas luces incompresible como dentro del marco de la Política Salarial de este gobierno, tendiente a cerrar las brechas salariales en el sector público, se nos venga a negar el merecido ajuste salarial a la base, que se aplicó a los profesionales del Título I, alegándose que para ello se requiere “necesariamente un aumento en la carga tributaria del país”, según lo ha expresado el señor Ministro de Educación Pública y el señor Ministro de Hacienda.

Lo anterior no hace más que demostrarnos, que para el Gobierno de la República, el tan llamado “ejército de educadores”, no es más que un ejército de “profesionales de segunda categoría.”

Por lo expuesto, es que le solicitamos al señor Ministro de Trabajo, que por su digno medio, procediera a solicitar a las autoridades gubernamentales correspondientes, la entrega de una PROPUESTA TECNICA DE AJUSTE DE LA BASE SALARIAL, que reflejara la situación de los salarios del sector docente, con respecto a los percentiles, a fin de que se proceda con el ajuste correspondiente, tal y como se hizo con la clase profesional y gerencial cubierta por el Título I del Estatuto de Servicio Civil.

2.- CONCURSO PD-001-2007, CONVOCADO A EFECTO DE OBTENER UN REGISTRO UNICO DE ELEGIBLES para llenar plazas en PROPIEDAD E INTERINAS, propiamente docentes.

La situación de incertidumbre, indignación y zozobra, en que se encontraron nuestros educadores, ante la inhabilitación del citado concurso, lo cual pone en entredicho la inercia y eficiencia demostrada por parte de la Dirección General de Servicio Civil y la Dirección General de Personal del M.E.P, quienes no fueron capaces de planificar e implementar, los mecanismos administrativos y tecnológicos, que permitieran haber llevado a acabo para este curso lectivo, el proceso de nombramiento y selección de personal tanto interino como en propiedad, fundamentado en el criterio de idoneidad comprobada.

No debemos olvidar que este concurso, incluso desde su convocatoria, resultó violatorio de los PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD Y DE TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, lo cual obligó a la Dirección General de Personal del M.E.P, a que en el mes de agosto del 2007, gracias a las denuncia y alerta pública de la APSE, tuviera que depurar el listado de plazas vacantes que se exhibían en la página Web de la Dirección General de Servicio Civil.

Es por la gravedad de esta situación, que con fecha 22 de febrero del 2008, solicitamos al señor Ministro de Educación Pública y a Usted, señor Presidente, que de manera inmediata, realizaran los procesos de investigación pertinentes, a fin de que se sentaran las responsabilidades administrativas y disciplinarias correspondientes, contra los funcionarios públicos involucrados.

3.- DISMINUCION DEL NUMERO DE ALUMNOS POR SECCION

En aras de mejorar la calidad de la educación, es necesario que los docentes atiendan grupos que no excedan de 25 estudiantes. Sin embargo tal disposición no ha sido implementada de manera uniforme por parte del Ministerio de Educación Pública, toda vez que la directriz emanada en este sentido por el Departamento de Programación Presupuestaria, establece para la educación secundaria, un promedio de 35 alumnos por sección.

Además se requiere que de forma inmediata, este Ministerio proceda a la definición de los rangos de matricula en secundaria, cuando se cuenta en los grupos con estudiantes con necesidades educativas especiales.

4.- UNA EDUCACION DE CALIDAD

Como parte fundamental del proceso educativo, nuestros servidores y servidoras de la educación, nunca podrán alcanzar una efectiva estabilidad laboral y salarial, si nuestro país no cuenta con una verdadera Educación de Calidad, garantizada por el Estado mediante el financiamiento a la educación pública, según el porcentaje constitucionalmente establecido, atendiendo sin demora los faltantes de infraestructura, materiales didácticos en cantidad suficiente y oportuna, becas para estudiantes de escasos recursos distribuidas justamente, capacitación y motivación a los docentes y una administración moderna acorde con los retos actuales.

5.- CUMPLIMIENTO DE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES EN EL TEMA DE SALUD OCUPACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO Y DEMANDA DE RESPETO, BUEN TRATO Y SERVICIO EFICIENTE PARA TODOS LOS Y LAS SERVIDORAS DE LA EDUCACION EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA.

En este sentido, oportunamente solicitamos la intervención del Ministerio de Trabajo, para que de una vez por todas se pusiera fin al maltrato y mala atención de que son objeto los servidores y servidoras de la educación que acuden a las dependencias ministeriales.

Por lo expuesto, señor Presidente, nuevamente le reiteramos nuestra disposición al diálogo.

Atentamente,
Beatriz Ferreto López
PRESIDENTA APSE