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ANEP ha dirigido, en este día, una carta al Presidente de la República, Oscar Arias Sánchez, solicitándole echar marcha atrás con el anunciado decretazo salarial para el Sector Público, imponiéndole a la clase trabajadora del mismo, un indignante reajuste del 4 %, a partir del 1 de enero en curso.

La carta también ha sido dirigida a los ministros de la Presidencia, de Hacienda y de Trabajo y Seguridad Social.

La cadena de alzas que se están anunciando, golpeará más la deteriorada situación económica de las familias trabajadoras del Sector Público.

Además, mantener esa decisión de imposición unilateral y autoritaria de un nuevo decreto salarial, el segundo en la presente administración, tendrá repercusiones negativas para el país; ante los compromisos que, en persona, asumió el propio Presidente Arias Sánchez, cuando visitó la sede de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, en Ginebra, Suiza.

Se adjunta al presente comunicado el texto de la carta en mención.

San José, 3 de enero de 2007.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

AL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL: LA CLASE TRABAJADORA
DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO

ANEP LE DESEA UN PRÓSPERO AÑO NUEVO

La prosperidad de nuestra Patria implica, necesariamente, la prosperidad de la clase trabajadora.

De ahí que nuestro principal objetivo como sindicato nacional, para el año que comienza, consista, en seguir luchando por los derechos y conquistas sociales que hemos logrado la clase trabajadora en los últimos cincuenta años.

Para que este deseo se convierta en realidad, es preciso que usted nos brinde el apoyo que necesitamos como Organización Sindical; es decir, que se mantenga dentro de nuestras filas y participe de nuestros llamados para garantizar la defensa efectiva de esas garantías y derechos laborales.

Tengamos presente que el sindicato lo componemos los afiliados y las afiliadas a éste; que la Dirección Nacional es sólo eso, una dirección que responde a las políticas y mandatos emanados de las diferentes direcciones intermedias y la base sindical, esparcida en todo el territorio nacional.

Con esa perspectiva y en busca de la prosperidad de la clase trabajadora, estaremos luchando por defender y fortalecer las instituciones públicas que nos han de seguir proporcionando la seguridad y el bienestar personal y familiar, que nos heredaron nuestros padres y abuelos, nuestras madres y abuelas.

Lucharemos por conformar una fuerza laboral y social capaz de comprometer al Gobierno de la República, en la creación de una política de salarios justos y calidad de vida digna para el trabajador y la trabajadora; por la conformación de una canasta básica que contemple todos los servicios y productos básicos que requiere el núcleo familiar.

Además, por la consolidación del Derecho Humano fundamental a tener acceso a servicios de alta calidad como Educación Pública, Salud, Energía, Telecomunicaciones, Seguros, Vivienda y Seguridad Ciudadana y, por la distribución equitativa de la riqueza, como corolario de la democracia participativa que añora nuestro pueblo.

Defenderemos y lucharemos por más y mejores conquistas reivindicativas, para el sector laboral, como las Convenciones Colectivas de Trabajo; por mejorar y preservar los servicios que presta la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), institución garante de paz; y, por el fortalecimiento del régimen municipal, para que produzca riqueza en cada cantón y abra fuentes de trabajo de manera directa, sin intermediarios.

Todo esto se puede lograr con su participación. Nuestra Dirección Nacional, las seccionales, regionales, cantonales y gremiales, trabajarán para que con su aporte, nuestro sueño se convierta en realidad. Lo primero que tenemos que derrotar, es el temor de hacernos sentir y hacernos respetar.

Tengamos claro que la ANEP es su referente para defender su estabilidad laboral; que el enemigo número uno de la clase trabajadora, en estos momentos aciagos, es el TLC; que ya hemos demostrado su inoperancia para el bienestar social y que la fase de la discusión la hemos ganado quienes nos oponemos a tan nefasto proyecto.

El libre mercado que promueve el TLC solo favorecerá a los mismos que intentaron hacer negocios con el Instituto Costarricense de Electricidad, con el Combo ICE y que fueron derrotados en las calles.

La prosperidad que deseamos está en juego. En estos momentos, es resorte de la Asamblea Legislativa. Si aprueban el TLC, sólo habrá prosperidad para los grandes empresarios y sus acólitos.

No permitamos que los “padres de la patria”, que “las madres de la Patria”; se conviertan en verdugos de nuestro pueblo, de nosotros mismos, de nuestras familias.

El Referéndum de la Calle es nuestra mejor arma para defender las garantías sociales y derechos laborales conquistados por la clase trabajadora costarricense,

PROSPERIDAD Y TLC SON INCOMPATIBLES PARA LA CLASE TRABAJADORA

PREPARÉMONOS A DERROTAR ESE TLC

Nos vemos en las calles

Banco Mundial: Decir que el mal negocio es el bueno

En estas elecciones muchos electores hicieron una pregunta clave: ¿cuál es el papel apropiado que Estados Unidos debe tener en los asuntos mundiales? Al castigar a esos legisladores que votaron a favor de la guerra en Irak, muchos ciudadanos están rechazando la idea de EEUU como cacique militar, y afirman que nuestra política exterior debe guiarse por un conjunto de valores diferentes.

El mismo tipo de cuestionamiento debe aplicarse a nuestros asuntos económicos. Los que ven los valores que estamos promoviendo para la economía global encontrarán algunas tendencias perturbadoras. En vez de ayudar a crear una globalización que proteja los derechos de los trabajadores, aliente el desarrollo sostenible y valore la autodeterminación democrática, nuestro país a menudo promueve políticas que socavan los valores que la mayoría de los norteamericanos quieren promover. Un ejemplo importante de esto emergió recientemente en el Banco Mundial, donde EEUU tiene una porción decisiva de los votos y donde un norteamericano ocupa el cargo de
presidente. El mes pasado el Banco emitió un informe llamado “Haciendo negocios en el 2007: Cómo Reformarse”. El informe anual clasifica a 175 países en términos de “facilidad para hacer negocios” dentro de sus fronteras.

Evalúa a las naciones basándose en 10 categorías relacionadas con impuestos, licencias, regulaciones financieras y comerciales, infraestructura legal y fuerza de trabajo. Todo esto parece muy bien a primera vista. Pero desafortunadamente las cosas que llevan al éxito a una Nación en la clasificación no son siempre lo que las familias trabajadoras de este país considerarían como buenas prácticas de negocios. El 13 de octubre, un grupo de prominentes senadores envió una carta al Presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, diciendo que el informe alienta a los países a violar las normas laborales internacionalmente reconocidas. Firmada por Richard Durban, de Illinois; Joseph Biden, de Delaware; Byron Dorgan, de Dakota del Norte; Christopher Dodd, de Connecticut; Paul Sarbanes, de Maryland; y Daniel Akaka, de Hawaii, la carta critica la evaluación favorable de países que carecen de salario mínimo, no regulan el tiempo extra y condenan la persecución de los sindicatos.

“La recompensa de normas laborales laxas o inexistentes”, escriben los senadores, “contradice la política de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), la cual alienta a los países a establecer un salario mínimo y a regular el horario laboral y a aprobar y hacer respetar las leyes que protejan la libertad de asociación y de negociación colectiva”.

Los senadores señalan que el Departamento de Estado utiliza oficialmente el respeto a los principios de la OIT como factor para evaluar el compromiso de un país con los derechos humanos. No obstante, el informe del Banco Mundial da una alta calificación a los países que ignoran estas normas. Durbin y sus colegas señalan que Arabia Saudí, un país que niega la libertad de reunión y no permite que los trabajadores se organicen, recibe la más alta calificación posible por parte del Banco en índices que miden “dificultad de contratación” y “dificultad para despedir” a empleados.

El informe también elogia a Georgia porque el país recientemente ha realizado reformas que reducen el número de horas contadas como tiempo extra y disminuyen la cantidad que las compañías deben contribuir al sistema de seguridad social. Quizás lo más evidente en cuanto a los términos del debate acerca del desarrollo internacional es el país que encabeza la clasificación: Singapur. El mismo mes que el Banco Mundial reveló “Haciendo Negocios”, este país era denunciado en la prensa internacional debido a sus políticas represivas. A mediados de septiembre, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional realizaron sus reuniones ministeriales en Singapur. Como forma de evitar las protestas democráticas, el gobierno negó a los críticos el derecho a realizar una contra cumbre o a manifestarse públicamente. También proscribió a varias docenas de representantes de prominentes organizaciones no gubernamentales —a pesar de que estos activistas habían sido acreditados por el Banco para que asistieran a las reuniones. Un Wolfowitz avergonzado calificó la medida de “autoritaria”. Sin embargo, su institución simultáneamente alabó a Singapur como un lugar ideal para hacer negocios.

La carta de los senadores al Banco expresa preocupación de que el informe tenga consecuencias nocivas en el mundo real. “Los inversionistas utilizan la publicación para decidir donde invertir y los gobiernos la usan como guía para atraer inversiones, lo que la hacen muy influyente”.

El propio Banco Mundial argumenta que su información “inspira a los países a reformarse”. Esto pudiera ser cierto. ¿Pero reformarse con qué fin? “La misión del Banco Mundial es aliviar la pobreza”, escriben los senadores. “No vemos de qué manera el alabar a países que no garantizan un salario mínimo y el pago de horas extras puede sacar a la gente de la pobreza”. El informe de “Haciendo Negocios” es parte de un fenómeno más amplio. En nombre de promover la “reforma” y la “buena gobernabilidad”, organizaciones como el Banco Mundial en realidad ponen en vigor un conjunto de mandatos económicos muy controvertidos y cargados ideológicamente —políticas que regularmente colocan las ganancias corporativas por encima del bien público. Que un perro guardian de la administración Bush encabece ahora el Banco no es casualidad. EEUU promueve el mismo tipo de ideología sospechosa en su propia política de desarrollo.

Por ejemplo, la Cuenta del Reto de Milenio del Presidente Bush fue diseñada para hacer que las recompensas de ayuda extranjera estuvieran basadas en criterios medibles y transparentes. Pero muchos de estos criterios están enraizados en la misma ideología equivocada que el informe del Banco Mundial. La Cuenta del Reto del Milenio usa materiales de la archiconservadora Fundación Heritage para juzgar si un país ha abierto sus mercados de manera suficientemente agresiva, y penaliza a países que se niegan a seguir ese tipo de desregulación que alimentó la crisis financiera asiática a fines de la década de 1990.

Los norteamericanos que creen en la verdadera democracia no quieren que EEUU sea un cacique económico de la misma forma que no quieren que lo sea en el plano militar. Afortunadamente es posible promover un tipo diferente de globalización. Recientemente el Reino Unido dio un buen primer paso Durante las reuniones de Singapur, el gobierno británico anunció que retendría aproximadamente $93 millones de dólares en pagos al Banco Mundial, como protesta por la práctica de la institución de obligar a países pobres a realizar “reformas” económicas onerosas y a veces anti-obreras, como condición para recibir préstamos para el desarrollo. Como EEUU controla el Banco Mundial, tiene el poder para ir más allá de la protesta. Adoptar una política exterior que realmente refleje los valores democráticos, puede exigir al Banco que haga de los
derechos de los trabajadores una parte central de cómo cree que se deben hacer los negocios.

Fuente: www.ecoportal.net

• Mark Engler, escritor residente en la Ciudad de Nueva York y analista de Foreign Policy In Focus, puede ser contactado por medio del sitio web http://www.democracyuprising.com. Jason Rowe ayudó en la investigación para este artículo.

Engendrado por el más reaccionario capital financiero transnacional, particularmente el de origen estadounidense, el tirano y genocida Pinochet, fue el responsable directo de la muerte, por fusilamiento, tortura y desaparición, de cientos de líderes sindicales y de varios miles de dirigentes y militantes sociales y políticos, durante los años 1973-1990, el período más criminal de la historia del hermano pueblo de Chile y uno de los más nefastos de la América Latina.

A sangre y fuego, contra toda norma ética y moral, el tirano y genocida Pinochet, implantó en Chile el deshumanizado modelo neoliberal de los TLC; ese mismo modelo de alta concentración de riqueza, profunda exclusión social y enorme corrupción que el gobernante costarricense de hoy en día, Oscar Arias Sánchez, elogia tanto y que quiere imponernos a nosotros, el pueblo costarricense, a como dé lugar.

San José, 11 de diciembre de 2006.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Poco a poco, de manera sistemática, se va confirmando nuestra reiterada tesis de que la suerte final del TLC se decidirá en las calles de nuestro querido país. La subversión del orden constitucional, una vez más, se ha originado en el mismísimo parlamento, antes conocido como el “Primer Poder de la República”. Así sucedió en 1999, con ocasión del Combo ICE y así sucedió en el 2005, con el proyecto del Pacto Fiscal.

En ambos casos, fue la misma Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la que se encargó de indicar la gravedad de las violaciones antidemocráticas al procedimiento legislativo. Hemos de suponer que en el TLC, ese alto tribunal no tendrá otra salida que indicar la naturaleza perversa de la serie de violaciones constitucionales que en torno a su trámite han ocurrido en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa.

Esa reiterada subversión de la institucionalidad democrática del parlamento costarricense, le da a nuestra tesis del Referéndum de la Calle, una legitimidad estratégica. La práctica de la Democracia de la Calle cobra así una extraordinaria vigencia política, potenciada por la más extraordinaria alianza de sectores sociales, cívicos, patrióticos y políticos jamás vista en la historia nacional de las últimas décadas. Ni siquiera con ocasión del histórico movimiento popular por la derrota del Combo ICE, en el año 2000, habíase formado una convergencia de fuerzas como la que hoy se da en el caso del TLC.

Los nombres de Janina Del Vecchio Ugalde, de María de los Ángeles Antillón Guerrero, de Evita Arguedas Maklouf, de Lorena Vásquez Badilla, de Fernando Sánchez Campos y de José Angel Ocampo Bolaños, jamás serán olvidados por la conciencia patriótica costarricense, como no fueron olvidados los nombres todos aquellos y de todas aquellas de sus pares que en el 2000 votaban el Combo ICE, traicionando la Constitución Política y arrojándose para sí una soberanía que no era suya, sino del pueblo.

El pueblo se los recordó en las calles en los gloriosos días de marzo y abril de dicho año y, más tarde, la Sala Cuarta se encargaba de darle institucionalidad a la protesta cívica por la recuperación de la soberanía que al pueblo le había sido robada.

Así sucederá en próximas semanas y meses cuando en las calles de Costa Rica, la soberanía popular que esos seis personajes usurparon, en las sombras de la noche del 12 de diciembre de 2006, será recuperada nuevamente.

La legisladora Elizabeth Fonseca Corrales y los legisladores Ronald Solís Bolaños y Francisco Molina Gamboa, sólo honor han de recibir de las conciencias cívicas de un pueblo rebelde como el costarricense, que se resiste a que lo “homogenicen a la centroamericana”, sin que se suene a una expresión despectiva.

Es que ellos tres sí han comprendido, a carta cabal, que hemos sido siempre un país diferente, una sociedad especial que supo encontrar fórmulas creativas para una convivencia en paz, basada en la búsqueda del bien común.

Igualmente, ese honor también hay que dárselo a la legisladora Andrea Morales Díaz y a los legisladores José Merino del Río y Oscar López Arias, quienes estuvieron siempre con la Constitución Política en la mano, defendiéndola de las arbitrariedades de la representación diputadil de la oligarquía financiera, hoy aliada con los más sangrientos capitales centroamericanos afincados en el país.

La subversión y la sedición del orden constitucional no procede, ni procederá, del lado de los sectores sociales, cívicos, patrióticos y políticos, hoy en potencia alianza contra ese TLC. El Referéndum de la Calle ha de restaurar la institucionalidad constitucional que anoche, 12 de diciembre de 2006, fue violentada con todo cinismo.

San José, 11 de diciembre de 2006.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General