Trámite final del TLC: Hacia un escenario de confrontación total

La constitucionalidad republicana violada, se restaurará con la movilización ciudadana más importante de la historia nacional.

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
ANEP

Asociación Sindical de Empleados del Instituto Costarricense de Electricidad
ASDEICE

1- Las señoras diputadas y los señores diputados retornan hoy, 8 de enero de 2007, a sus funciones legislativas, para asumir, si se quiere, el desafío de mayor trascendencia que como nación soberana nos toca enfrentar, desde los históricos acontecimientos de 1856.

2- Nuevamente estamos ante el dilema de seguir siendo república ó transformarnos en colonia; tal y como lo enfrentó hace 150 años, don Juanito Moras Porras y la ciudadanía de entonces que atendió su llamado en defensa de nuestra joven patria.

3- Ha quedado completamente definido, con absoluta contundencia, que el denominado TLC ni es “tratado”, ni es “libre”, ni es de comercio estrictamente hablando. Va más allá. Transforma radicalmente una institucionalidad democrática y una constitucionalidad republicana que fue garante, durante las últimas décadas, de una convivencia en paz; pese a la corrupción, a la creciente desigualdad, al descrédito ciudadano en sus sucesivos gobernantes, en los últimos veinte años.

4- Quienes defienden ese TLC han sido derrotados en el campo de las ideas. La profundidad de los estudios realizados, el profesionalismo y la calidad técnica de los investigadores de los mismos; así como la diversidad de sus procedencias político-filosóficas y profesionales, han establecido que ese TLC es nefasto para Costa Rica.

5- Únicamente han de beneficiarse del mismo, la coalición de capitales que en los últimos años han detentado el poder político de nuestro país, sin importar el partido gobernante. Esos pequeños grupos criollos, pero de enorme poderío económico, hoy ya hacen negocios con algunos de los más sangrientos capitales centroamericanos afincados en el país. Por eso es que solamente son ellos, los que ocupan ese TLC.

6- Esa coalición de capitales ha venido imponiendo un clima de autoritarismo político en el país; desplegando, con la complacencia de varios de los más “grandes” medios de prensa, una especie de totalitarismo, pretendiendo acallar toda disidencia. La persecución del pensamiento libre ha llegado hasta sectores periodísticos y sectores eclesiales, castigándose a quien osa diferir de la posición oficial del régimen cuyas caras visibles son los hermanos Arias Sánchez.

7- Actúan de tal forma porque están convencidos de que ese TLC les permitirá dar el asalto final a la institucionalidad, para materializar los ansiados negocios que tanto tiempo les han sido vedados: entrar de lleno al mercado de las telecomunicaciones y los seguros comerciales; a la vez que lograrán profundizar su inserción mercantilista en energía eléctrica, salud, medicamentos, educación y agua. Finalmente, así esperan implantar, sin reversión posible, el modelo neoliberal de Estado por el que tanto han pujado, hasta el punto de atentar contra la Constitución Política para restablecer la reelección presidencial.

8- Acudiendo a las más burdas maniobras antidemocráticas y reglamentarias del procedimiento legislativo, violando de manera reiterada la Constitución Política, han venido legitimando, poco a poco y de manera sólida, el concepto de la Democracia de la Calle; como la única arma cívica que le ha de quedar al pueblo para defender su institucionalidad y su constitucionalidad que son fundamento del régimen democrático costarricense.

9- La violación reiterada de la constitucionalidad en el trámite del TLC, parece no detenerse. El presidente legislativo ya anunció que solamente ocuparán 29 votos para su aprobación. Esto constituye una muestra más del aislamiento cívico y del autismo político, en un marco de legitimidad precaria y cuestionada, en que están sumidos esos grupos económicos neoliberales y sus piezas legislativas y ejecutivas.

10- Somos conscientes de que en este parlamento se expresan concepciones profundamente patrióticas, sustentadas en los más profundos valores de la idiosincrasia costarricense. Esto fortalece el poderoso movimiento cívico que se ha de expresar, a lo largo y a lo ancho de todo el país, en los cruciales momentos históricos que se avecinan, en los próximos días y en las próximas semanas.

11- Hoy, lunes 8 de enero de 2007, es una ocasión propicia para apelar a las conciencias de aquellos señores diputados y de aquellas señoras diputadas que, pese a la obligada obediencia que se les impone de lealtad absurda al autoritarismo en el poder; saben que su lealtad mayor es con el pueblo, con sus representados y con sus representadas, con una herencia patrimonial y cívica fundada en el bien común.

12- Miles y miles de costarricenses patriotas, hombres y mujeres, de todas las edades, de todos los gremios, de todos los sectores; de las más diversas procedencias político-partidistas y sin partido; marcharán por las calles de nuestro país, expresando la alianza social, cívica y política más impactante, diversa y multicolor de toda la historia nacional.

13- Socialdemócratas de verdad, socialcristianos consecuentes, socialistas de las diversas corrientes; creyentes de diversas denominaciones cristianas; cooperativistas, comunalistas, sindicalistas, ecologistas, agricultores, estudiantes, educadores, obreros, intelectuales, académicos; políticos de distintas tiendas y empresarios patriotas y un gran etcétera; habrán de decirle a este parlamento que ese TLC no debe pasar, que debe ser retirado del parlamento y que corresponde, en consecuencia, definir e impulsar una gran agenda de desarrollo construida con toda la ciudadanía.

14- La Asamblea Legislativa debe rechazar el tipo de TLC que le quieren imponer a Costa Rica. Razones hay más de sobra. Si no es así, la Democracia de la Calle y su instrumento estrella, el Referéndum de la Calle, vendrán a jugar un incuestionable rol estratégico en la preservación de la institucionalidad y de la constitucionalidad que nos fue heredada, como garantía fundamental de paz y de búsqueda del bien común.

San José, 8 de enero de 2007.

Albino Vargas Barrantes
ANEP

Fabio Chaves Castro
ASDEICE

El salario escolar debe llegar, también, a la clase trabajadora del sector privado

No es posible que siga persistiendo esta gran diferencia entre la clase trabajadora del Sector Público y la del Sector Privado. Es un acto de gran justicia social corregir este asunto y la posibilidad la tiene la Asamblea Legislativa que tramita ya un proyecto de ley al respecto.

El empresariado costarricense y extranjero debe comprender el Salario Escolar no implica mayores costos de producción, toda vez que el mismo se conforma con una deducción de una parte del incremento salarial semestral de cada persona trabajadora, la cual accede a que se le entregue esa parte, con ocasión del inicio del curso lectivo de cada año.

En cada empresa puede acordarse el período de tiempo en que se llegará a la plenitud del cómputo del Salario Escolar, es decir, en cuántos semestres se ha de alcanzar el 8.19 % que presupone el mismo.

Una vez alcanzado este porcentaje, el trabajador o la trabajadora seguirá recibiéndolo en enero de cada año, pues ya ha quedado incorporado en los presupuestos de las empresas.

La ANEP exhorta, vehementemente, a la cúpula empresarial del país a que no obstaculice más el trámite del proyecto de ley para el establecimiento del Salario Escolar; y tome en cuenta que será un gran dinamizador del mercado comercial e industrial del país, como ya lo ha está demostrando el pago de dicho derecho en el Sector Público.

San José, 8 de enero del 2007.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

ANEP y UNATROPYT cuestionan cierre de planteles del MOPT

San José, 8 de enero de 2007.

¡URGENTE!

Doctor
Pedro Luis Castro Fernández
Viceministro
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)
Su Despacho

Estimado señor Viceministro:

Primeramente, deseamos expresarle un cordial saludo de año nuevo.

La representación sindical del MOPT, representada para lo que interesa, tanto en la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y en la Unión Nacional de Trabajadores de Obras Públicas y Transportes (UNATROPYT), con el mayor respeto a su autoridad, le expresa la gran preocupación existente en ambas organizaciones sindicales por la política que está incrementando su persona en algunos planteles del MOPT; cuyo objetivo va encaminado al cierre técnico de los mismos, bajo el nombre de “reorganización”.

Al respecto notamos que la misma se ha empezado a dar en uno de los planteles mejor equipado con que cuenta la provincia de Alajuela; y que, además, vienen en fila para correr la misma suerte aproximadamente seis planteles más, que aún no sabemos cuáles son, pero que desde ya está llevando a una confrontación con las autoridades del MOPT, como la ocurrida en el Plantel de Naranjo en diciembre del año recién concluido donde los trabajadores estuvieron en estado de huelga.

Así las cosas, queremos dejar muy claro que ambas organizaciones sindicales no estamos en contra del progreso ni de la eficiencia y eficacia administrativa y técnica que debe imperar en el MOPT, pilar del desarrollo de nuestro país, para que funcione de la mejor forma acorde con las necesidades del momento. Desde esta perspectiva, usted puede contar con todo nuestro apoyo y con nuestros mayores esfuerzos conjuntos para tan titánica tarea.

Sin embargo, a la luz de los acontecimientos que se dieron el día viernes 5 de enero del año en curso en el plantel de la Sede de Naranjo, nos surgen grandes interrogantes de que dicha reorganización “como la llama usted”, corresponda a un interés institucional por mejorar y brindar un servicio más eficiente a la comunidad; y, en su defecto, sólo responda a mezquinos intereses políticos unipersonalistas de las diputadas de la zona del cantón de Grecia, arropadas al partido que usted representa.

En nuestra calidad de representantes de los trabajadores y trabajadoras, creemos que se hace necesario disipar hasta la más mínima duda existente, de que los planteles que se quieren cerrar “técnicamente”, no tienen ninguna ingerencia política y que más bien, la intención de reestructurarlos, modernizarlos, reorganizarlos proviene de un estudio objetivo, responsable y profundo que arroje tal necesidad.

Ésta situación, nos lleva indiscutiblemente a solicitarle a su autoridad, nos certifique por escrito la siguiente información:

1. Lista de todos los planteles que van a ser cerrados técnicamente.

2. Estudios técnicos y administrativos que indiquen objetivamente por qué debe cerrarse un plantel en lugar de otro.

3. ¿Porqué para el caso que nos atañe, o sea el Plantel de Naranjo, es mejor cerrar el mencionado, en lugar de cerrar el de el cantón de Grecia, si en ambos casos por ejemplo, el terreno del primero históricamente ha pertenecido a la Municipalidad y en el segundo caso, “el de Grecia”, el terreno siempre ha pertenecido al Ministerio de Agricultura; pero además, la calidad de equipo y maquinaria que tiene el primero podríamos decir que es mejor que el segundo?

4. Visto bueno de MIDEPLAN donde autoriza al MOPT, para que impulse tal reorganización administrativa, a la luz de que el mencionado ente es el rector en materia de reestructuración.

5. Es importante mencionar los tan importantes Convenios Internacionales de la OIT, 87, 98 y 135, debidamente ratificados por el gobierno de Costa Rica, en donde se protegen las libertades sindicales y se consigna que en cualquier tipo de organización, reorganización, reestructuración, movilidad, etc., deberá siempre tomársele en cuenta a los representantes de los trabajadores(as); representación que ha sido ignorada por su persona, sino que más bien siendo los mismos, notificados solamente por los trabajadores(as), y logrando intervenir en el momento que usted dice: “ Ya las cartas están puestas sobre la mesa “, a como consta en el oficio DVOP-3619-06, de fecha 06 de diciembre del año 2006, por tanto nos vemos en la responsabilidad de recordarle que los Planteles son Instituciones Públicas, y que los mismos deben cumplir con todos los requerimientos de la Ley para sus cierres técnicos.

Finalmente, queremos dejar constancia del gran interés que tenemos en formar parte de una comisión interinstitucional que haga un estudio analítico de la situación de cada uno de los planteles, antes de llegar a tan drástica decisión.

Dada la celeridad del caso, mucho agradecemos a su persona que de conformidad con los artículos 27 de la Constitución Política y 32 de la Jurisdicción Constitucional, se nos conteste en el menor tiempo posible.

A sus órdenes para lo que interese.

Cordialmente,

Walter Soto Jiménez
Secretario General
UNATROPYT

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
ANEP

C.c. Licda. Karla González Carvajal, Ministra de Obras Públicas y Transportes (MOPT)
C.c. Junta Directiva Nacional de la ANEP.
C.c. Junta Directiva de UNATROPYT.
C.c. Trabajadores y trabajadoras del Plantel de Naranjo.
C.c. Archivo.

Llover sobre mojado

Es por esa razón que en esta primera columna de 2007, cuando todavía palpitan los buenos propósitos de inicio de año, conviene reiterar algunos conceptos sobre la estrecha vinculación que debe existir entre las políticas económicas y las sociales, aunque resulte llover sobre mojado.

• Las políticas económicas y sociales, ya sea en forma directa o indirecta, tratan de alcanzar un mismo fin: el desarrollo de las potencialidades del ser humano y un mayor bienestar para las personas. Debe ser evidente, por lo tanto, que la política económica tiene implicaciones sociales y que la política social tiene repercusiones económicas de una profundidad que no puede desconocerse o minimizarse.

• Las políticas económicas son erróneamente consideradas como prioritarias, por lo que la formulación de la política social tiene que hacerse dentro de un marco macroeconómico preestablecido que presta poca atención a los problemas de distribución y bienestar. Esta situación es responsable de que los planteamientos monetarios, comerciales y fiscales no generen el adecuado apoyo social.

• La política social no debe verse solamente como una acción compensatoria y subsidiaria del crecimiento económico, sino que el esquema de desarrollo debe ser propicio y conducente a la solución integral de los problemas sociales. En ese sentido es necesario asegurar su compatibilidad con metas que beneficien a la mayoría de los ciudadanos.

• Los programas sociales específicos destinados a mejorar las condiciones de vida de los más necesitados no constituyen por sí solos respuestas definitivas para asegurar un desarrollo social sostenido. En consecuencia, es preciso vincular muy cuidadosamente los objetivos de bienestar social con los económicos, en lugar de provocar un enfrentamiento entre ellos.

• La visión de lo social no debe responder a criterios netamente asistencialistas, ni ser un conjunto de acciones focalizadas de carácter compensatorio y subsidiario. Debe ser más bien una visión que busque modificar los factores estructurales y alterar las relaciones de los diversos estratos socioeconómicos con la estructura productiva, a fin de lograr una distribución más equitativa del producto social.

De esta manera, la lucha contra la pobreza y la marginación social, así como la reducción de la desigualdad, deben ser parte integral de una estrategia de desarrollo donde se entrelacen, de manera indisoluble, lo económico y lo social.

El gasto público no es el único instrumento idóneo para hacer política social. Es indispensable que en los criterios que se adopten para fomentar la producción y el empleo, para establecer las cargas tributarias y para intervenir en los mercados imperfectos de bienes y factores, se tome en cuenta el impacto distributivo que esas medidas tienen sobre los distintos grupos de la población.

No debe perderse de vista que el desarrollo es mucho más que estabilidad y crecimiento. El concepto de desarrollo conlleva criterios de equidad en la sociedad y de calidad de vida para las personas. Implica también la posibilidad de la realización individual en un clima de paz, libertad y participación democrática.

1/5/2007

Qué vergüenza nacional

Soy testigo de la absoluta libertad de expresión que había en su programa, pues muchas veces fui invitado a opinar, sin cortapisa alguna, a sabiendas que muchas veces, ella no estaba de acuerdo con mi opinión; pero eso es democracia y verdadera libertad de expresión.

Lo que más indignación produce es que todavía, los testaferros y plumarios al servicio de esos intereses, vayan a la Asamblea Legislativa a intimidar a temblorosos diputados, que temen al poder de la prensa; para que les otorguen una ley de libertad de expresión que solo los favorece a ellosŠa los que niegan esa libertad¡¡¡. Que quieren convertir la libertad de expresión en “ libertad de difamación”, aprobando la reversión de la prueba; es decir, actualmente quien acusa debe probar lo que dice, con la “ reformita” el acusado por una prensa de este tipo que estamos viviendo, debe demostrar su inocencia¡¡¡¡, pero aquí no decimos nada y diputados acobardados, nos quieren confirmar con esta ley, la dictadura mediática.

Hoy escuché por la radio, que uno de los achichinques de la oprobioso Sociedad Interamericana de Prensa ( SIP ), anda por Uruguay comprobando el grado de libertad de prensa que hay en aquel país. Me pregunto, por qué no viene aquí la tan cacareada SIP, a analizar casos como este?, pero en cambio se hace presente para acuerpar a sus jefes de las grandes empresas de medios de comunicación por la “ ley de libertad de expresión”; eso me recuerda aquella vieja canción que se titula: La bien pagá¡.

Todo es una doble moral; pero no hay que temerles. Esa es la institucionalidad que dicen defender, pero le quitan los derechos esenciales a los ciudadanos, como es la verdadera libertad de expresión. No hay peor dictadura que la de la mente, esa es la que estamos viviendo, adormecidos en los “ chinamos”, o con las exhibiciones siliconianas en los periódicos, o con pseudos programas de opinión en los que sí “ filtran” a los participantes y “ analistas” aunque digan lo contrario y lo juren dándose de golpes enŠlos pechos.

Debemos buscar medios alternativos; por eso este comentario puede ser circulado al libre criterio de ustedes.

Educación y TLC (I)

Contexto y antecedentes

Pero eso jamás responderá preguntas fundamentales acerca de sus implicaciones económicas, sociales, políticas, culturales y ambientales. Para ello se requiere hacer teoría, pero hacerla con los ojos abiertos frente a la historia y los pies sobre el terreno mismo de la realidad nacional y mundial en cuyo contexto surge este TLC.

Esto es válido en general. Y, por supuesto, lo es si uno se centra específicamente en sus implicaciones para la educación. Al respecto, recordemos lo obvio: la educación es un servicio. Esto nos lleva a la categoría correspondiente dentro del Tratado, esto es, el así designado comercio de servicios. Volveré sobre esto último en un segundo artículo. En cambio, me interesa aquí resaltar algunas evoluciones importantes registradas durante los últimos decenios en relación con el comercio de servicios a nivel mundial.

En los años cuarenta del siglo XX, junto con el FMI y el Banco Mundial, se estableció el llamado_ “Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles”_, mejor conocido como GATT por sus siglas en inglés. En los marcos de esta última organización han tenido lugar varias rondas de negociación, cuyo propósito era reducir los aranceles (impuestos) y otros obstáculos al comercio. O sea, y en sencillo, buscaban la liberalización comercial. La ronda Uruguay –la octava– tuvo lugar entre 1986 y 1994. Ella dio lugar al llamado GATT 1994 y los acuerdos de fundación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la cual empezó funciones en 1995. Actualmente está en curso –pero entrampada en grandes contradicciones– una novena ronda: la de Doha.

Por comparación con las que la antecedieron, la Ronda Uruguay fue peculiar en muchos sentidos. Sobre todo porque hicieron aparición temas por completo novedosos: la protección a las inversiones y la propiedad intelectual, entre otros. También el comercio de servicios. Por muchas razones estos son temas extremadamente polémicos y su debut en la escena negociadora tan solo ilustra –y es resultado– de procesos de transformación que la economía mundial vivía desde los setentas, los cuales se aceleraron en los ochentas y noventas. Tal es la llamada globalización.

Generalmente este término hace referencia a la expansión del comercio y los flujos de capital en una economía mundial liberalizada. Se adicionan referencias más bien alucinadas acerca del desarrollo de la tecnología y una abundancia material al parecer ilimitada, donde el Estado y la política habrían desaparecido. Sin entrar en mucho detalle, subrayemos que esto es vulgar propaganda y, en el mejor de los casos, un rotundo exabrupto de frivolidad. En realidad, la globalización solo es el aspecto aparente y superficial de procesos mucho más complejos y fundamentales.

Estos últimos arrancan de la crisis de los años setenta y comportan una reestructuración de gran envergadura, aún inconclusa según lo ratifican los agudos desequilibrios actuales en la economía mundial. Ha sido como al modo de un abanico de transformaciones: económicas y tecnológicas; culturales e ideológicas; políticas e institucionales. Se resumen en una modificación de la correlación de fuerzas a favor del capital y, en particular, el capital transnacional. Ello se observa en los desarrollos de las tecnologías –que sistemáticamente propician la automatización y la reubicación de puestos de trabajo– como también en los desarrollos institucionales, que de forma consistente tienden a favorecer la libertad irrestricta de los capitales para invertirse donde mejor les convenga, gozando de todo tipo de privilegios. Esto impacta en los sistemas tributarios y debilita financieramente a los Estados, con lo que, entre otras implicaciones, se socavan los aparatos de bienestar y protección social. Es una fórmula nítidamente pro corporativa que propicia la concentración de la riqueza, la polarización y, en consecuencia, la descomposición social y política. En general, esa es la realidad de nuestra América Latina en los últimos dos decenios. Y, con sus diferencias, también la de los Estados Unidos de G. Walker Bush.

El ascenso de los intereses corporativos transnacionales –inclusive, y especialmente, en su variante financiera/especulativa– ha traído consigo un viraje cultural e ideológico violento. Lo constatamos en la voracidad sin límites que muestra el capitalismo actual y en la arrogancia absoluta de los representantes (p.e. Zoellick) del capital transnacional. Perdido todo escrúpulo y hasta el último resabio de prudencia, se quiere que todo –literalmente todo– pase a ser objeto de negocio. De ahí los “temas nuevos” que introdujo la Ronda Uruguay. Por ejemplo: normas privilegiadas de protección a las inversiones que violentan la capacidad soberana de pueblos y Estados; normas de propiedad intelectual que consolidan monopolios privados sobre el conocimiento y pretenden inclusive la apropiación de la vida. Y también la sujeción de los servicios a lo mercantil, incluyendo educación, salud y agua.

En germen, todo esto ya está en los acuerdos de la Ronda Uruguay aprobados en 1994. Luego ha habido varios intentos por ampliar y profundizar esos privilegios excepcionales a favor de las grandes corporaciones. Así con el llamado Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) y, en nuestro ámbito continental, la propuesta estadounidense para el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Los movimientos ciudadanos se han encargado de abortar ambos proyectos. Como estrategia alternativa se ha recurrido a los tratados de libre comercio. Expresado en apretadísima síntesis: estos últimos constituyen un violento asalto en procura de imponer una racionalidad mercantil y de peculio inclusive en aquellos ámbitos fundamentales para la vida, que, por el hecho de serlo, deberían constituir derechos universales y no mercancías a las que se tiene acceso tan solo si se posee capacidad adquisitiva. Ese es, valga enfatizarlo, el predicamento que se nos presenta en relación con la educación. También con la salud o el agua.

Enero 06, 2007

Fuente: Tribuna Democr’atica

NOTA DE LOS EDITORES. Don Luis Paulino publicó recientemente el libro Entre la vida y el mercado. TLC-EUCARD: implicaciones para la educación (Editorial UNED).

La miseria de Oscar Arias

Nos debatimos ante la alternativa de dejarnos atrapar por el proceso imperial de anexión y sumisión o asumimos, por nuestra propia cuenta, las decisiones fundamentales del Estado Nacional.

Óscar Arias representa, en este preciso momento, la punta de lanza de las fuerzas anexionistas. Él encabeza a los grupos económicos nacionales y extranjeros, que exigen la aprobación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.

A pesar de enarbolar un premio Nobel de La Paz, Arias está a punto de sumir al pueblo de Costa Rica en una confrontación cuyas consecuencias y desenlace nadie está en condiciones de prever. Lo cierto es que la polarización social avanza y el país se encuentra dramáticamente dividido entre la pequeña minoría plutocrática que lidera el propio Oscar Arias, y las grandes mayorías nacionales que incluyen a los trabajadores manuales e intelectuales, a los empresarios patriotas, a los agricultores y a las juventudes de Costa Rica.

Este es el contexto, el escenario en que el actual Presidente, cuya legitimidad resulta más que dudosa, la emprende contra el Presidente de Cuba Fidel Castro y contra el proceso revolucionario de esa nación hermana. Los ataques ni siquiera se ubican en el terreno ideológico, asunto difícil para un hombre que tiene tan pocas ideas. Arias solo se sumerge en el viejo y maloliente albañal de la Guerra Fría.

Lo interesante aquí es preguntarse ¿por qué lo hace; qué han hecho Cuba y Fidel para suscitar en Óscar Arias tanto escozor y tanta virulencia? ¿cuáles son las razones de fondo que lo impulsan de manera tan reiterada y torpe a emprenderla contra un hombre y un proceso que se han ganado el respeto de pueblos enteros y de los hombres y mujeres más eminentes de la tierra?

Por supuesto que nadie puede creerle a Oscar Arias cuando habla de paz y democracia. ¿No viene acaso llegando de Washington donde departió sin ruborizarse con un déspota tan estúpido y cruel como Nerón? ¿Qué le dijo a Bush? ¿Qué reclamo le hizo por los 3000 jóvenes estadounidenses enviados por él a la muerte en virtud una mentira; por las decenas de miles de iraquíes inocentes asesinados con sus bombas inteligentes; por la destrucción inmisericorde de Faluya; por los maltratados, vejados y torturados de Abu Graiv o de Guantánamo; por las cárceles secretas alrededor del mundo o por sus astronómicos gastos en armas y otros medios de destrucción masiva? ¿Qué reclamo le hizo el premio Nobel de La Paz a ese campeón mundial del dolor y la muerte?. No le dijo nada. No le reclamó nada. Sólo fue pedir. Convirtió su premio Nobel en un azafate para que Bush depositará en él algunas migajas.

Pero vuelvo a preguntar ¿Fue sólo por congraciarse con Bush y obtener algún modesto premio por lo que se lanzó contra Fidel y contra Cuba? ¿No habrá otra razones de fondo por las que Arias se sienta obligado a pagar el altísimo precio de un servilismo ostensible? ¿Qué piensa obtener a cambio del desprestigio mundial que le acarrearan esos ataques? porque Arias tiene, naturalmente, todo el derecho de discrepar de Cuba, de Fidel y el socialismo cubano. Pero las cosas que Arias dijo, sólo se atreven a expresarlas un reducido y desacreditado núcleo de extremistas de derecha, de terroristas confesos y filo fascistas, atrincherados principalmente en Miami.

Oscar Arias continúa profundamente aislado de la parte más noble y sana del pueblo costarricense: de los jóvenes, quienes incluso lo expulsaron de la Universidad; de los intelectuales honestos con quienes no debate ni discute; de los pequeños y medianos agricultores, a quienes el TLC amenaza con hundir en la ruina; de los maestros, de más del 75% de electores que no votó por él, de la inmensa mayoría de sacerdotes y creyentes, cristianos auténticos, quienes no comulgan con las ruedas de molino del neoliberalismo rampante. Y ahora, con la bajeza de sus declaraciones se separa radicalmente, de esa Nuestra América, la de Simón Bolívar, San Martín, O Higgins, Eloy Alfaro, Juanito Mora o José Martí, la América Latina progresista, la de los millones y millones que han decidido romper con el servilismo, con la cobardía, con la mentira, con la injusticia y a cuyos dirigentes honestos y valientes, ofende Oscar Arias de manera absolutamente gratuita.

Arias, a quien parecen preocuparle tanto los entierros, puede estar absolutamente seguro que vendrán a cargar su féretro la gavilla de bandidos, delincuentes y mercenarios que viven del negocio, bien pagado, de la contrarrevolución. Y del mismo modo como no encontraron una virgen en la corte de Francia para coronar a Napoleón, tampoco aparecerá en el mundo, un hombre justo que le haga una oración fúnebre.

Las empresas extranjeras ganan 11 veces más que las nacionales

El informe dado a conocer hoy incluye a las 500 mayores empresas radicadas en el país, de las cuales 337 están constituidas con capitales extranjeros y 163 son nacionales.

Las primeras ganaron durante 2005 un total de 37.990 millones de pesos (alrededor de 12.250 millones de dólares), mientras que las segundas sólo tuvieron utilidades por 2.979 millones (961 millones de dólares).

El informe indicó que existe un alto grado de concentración de las ganancias, ya que unas 50 (10 por ciento del total) son las que acaparan el 68 % de ellas, en tanto que 200 empresas 40 por ciento del total se llevan el 85 % de las utilidades.

El estudio permite conocer que existen dos firmas de capital extranjero por cada empresa nacional, y que el valor de la producción de las foráneas es casi cinco veces mayor que el de las locales.

Asimismo, el valor agregado que aportan las extranjeras es seis veces mayor; en cuestión de salarios el dinero que pagan es dos veces y media mayor que el de las nacionales, y los puestos de trabajo son 1,7 veces mayores que los de estas últimas.

En el mismo sentido, se dio a conocer que un tercio de las empresas nacionales tiene una utilidad de 8 % del total, mientras que dos tercios vinculados al capital extranjero se llevan el 92 % restante.

El INDEC destacó en su informe que ‘la mayor diferencia se da en la utilidad, que es 11 veces mayor’ en los dos tercios de empresas con capital extranjero.

Puntualizó que esas 500 grandes empresas vendieron 301.138 millones de pesos (97.150 millones de dólares) y obtuvieron una utilidad de 37.990 millones de pesos (12.250 millones de dólares).

El sector de ‘minas y canteras’ (que incluye a los yacimientos petroleros), con 37 empresas, fue el que más ganó, con 15.632 millones de pesos (poco más de 5.000 millones de dólares), el 41 % del total.

En el otro extremo de la curva, 39 empresas de electricidad, gas y agua aparecen con pérdidas por 1.036 millones de pesos (unos 333 millones de dólares) y, en Comunicaciones (con 22 empresas) hubo ganancias por 576 millones de pesos (186 millones de dólares).

(Fecha publicación:04/01/2007)
Fuente: Agencia de Noticias Argenpress

Podemos reconquistar la unidad sindical en América

Hija de la unidad gestada entre todos los trabajadores tras la derrota del fascismo, la Federación Sindical Mundial aunó la más amplia y diversa representación de las organizaciones sindicales existentes al concluir la guerra en 1945, y devino así, con el particular y decisivo respaldo del Estado soviético y sus trabajadores, una pujante fuerza para la defensa de los intereses de la clase obrera a escala planetaria.

Dentro del movimiento sindical internacional fueron posibles numerosas conquistas, gracias a la posición unitaria, clasista y de resuelta lucha enarbolada por esta federación de sindicatos.

Su existencia hizo que se alcanzaran fructíferos resultados en beneficio de la clase obrera. Una muestra de ello fue la aprobación del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, importante instrumento para la lucha por los derechos sindicales, aún vigente.

Con la desaparición del campo socialista y particularmente de la URSS, la FSM ve afectada su unidad y representación. A partir de los años 90 una crisis sin precedentes se abate sobre el movimiento sindical; se afianzan las doctrinas de la globalización neoliberal, se priva al individuo de sus derechos colectivos y se ataca a la organización sindical, a la vez que fenecen los servicios públicos y el papel del Estado.

Al iniciarse el segundo lustro de la actual centuria, la Federación Sindical Mundial, tras haber celebrado en diciembre del 2005 su XV Congreso en La Habana, despliega una labor dirigida al logro de una coordinación más dinámica con las uniones sindicales internacionales, a la vez que se encamina a la formación de redes de colaboradores capaces de apoyar y multiplicar su presencia donde los trabajadores lo requieran, particularmente en nuestra región, donde comienzan a materializarse condiciones más propicias para la revitalización de los sindicatos.

En tal sentido, Ramón Cardona, reflexiona sobre el presente y futuro de la organización.

“Es cierto que nos hemos enfrentado a una crisis sin precedentes en el movimiento sindical.

Esta realidad es evidente tanto en el Norte industrializado como en el Sur, donde el trabajo precario y la economía informal en algunos casos alcanzan el 80% de los nuevos ‘puestos de trabajo’. En no pocos países importantes segmentos del sindicalismo han renunciado a la lucha, lo que ha contribuido a su descrédito ante los trabajadores, por su incapacidad para dar respuesta a los crecientes problemas que afectan la vida de los pueblos”.

Este verdadero desastre afecta por igual a todas las organizaciones internacionales, las cuales han visto reducirse su capacidad de organización, movilización e influencia, señala Cardona.

“En nuestro caso, fue tal la fuerza que la FSM había alcanzado, que el imperialismo, sabedor de su papel, aprovechó bien la coyuntura, la enfrentó con todos los medios posibles y consiguió dividirla. Pero nuestra organización renace de esta debacle y retoma paso a paso el camino de la unidad en el marco de la compleja pluralidad sindical contemporánea”.

La lucha exige ahora determinadas prioridades —agrega—: la batalla en contra de las políticas antiobreras de los monopolios y las transnacionales; el enfrentamiento a la globalización neoliberal, el subdesarrollo, la pobreza, el hambre, contra las privatizaciones; a favor de la canalización de los recursos hacia el desarrollo y la inversión productiva; a favor de la salud gratuita y universal, la educación y los sistemas de seguridad social para todos.

“Los trabajadores y los pueblos en general oponen su rechazo a las políticas neoliberales y, particularmente en América Latina surgen posibilidades que nadie imaginaba hace un tiempo.

En este contexto, nos proponemos extender la coordinación de acciones unitarias, no solo con otras organizaciones sindicales, sino con agentes del cambio como los campesinos, las organizaciones de mujeres, de jóvenes, indígenas, jubilados, intelectuales, trabajadores informales, desempleados y todo aquel que con razón reivindique la justicia”.

Nuestra filosofía es hoy ocupar todos los espacios, ampliar el horizonte de relaciones. Respaldaremos nuestro trabajo con una red de abogados laboralistas que involucra a 11 países del continente, y también de investigadores, en un eje encabezado por Brasil, Cuba, México y Colombia. Dar servicios y beneficios al movimiento sindical será su papel, explicó.

“Del mismo modo estamos orientando con firmeza la más amplia divulgación y el combate con argumentos frente a la información amarilla, con nuestros puntos de vista ante todo lo que lesione en el continente los derechos laborales y sociales. Como soportes hemos concebido también la emisión sistemática de un boletín electrónico semanal y una revista teórica trimestral para América”.

El resurgir de un movimiento sindical unitario, no excluyente y adecuado a las nuevas realidades es posible. En esa aspiración contamos con la Central de Trabajadores de Cuba, resuelta abanderada de la solidaridad y la unidad plural que debemos alcanzar en todo el mundo para oponer una barrera a la hegemonía de la explotación capitalista, concluyó Cardona.

1 de enero
internac@trabaja.cip.cu

En las calles tendremos que defender la Constitucion

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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La nueva prueba de su autoritarismo es la eliminación total de la discusión salarial con las organizaciones representativas de la clase trabajadora del Sector Público. El nuevo decretazo salarial, terminó por enterrar la ya de por sí casi extinta “Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público”.

Le dejaron el trabajo sucio al máximo jerarca de la cartera de Trabajo y Seguridad Social, para que éste defendiera la anulación total del papel interlocutor de los sindicatos del Sector Público, ante el patrono-empleador: el Estado. Pero cometieron un grave error político, de cara a la rendición de cuentas que deberán darle, como “Gobierno de la República de Costa Rica”, a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el mes de junio próximo. Error mayúsculo porque fue el propio Oscar Arias quien en la mismísima sede de la OIT, en Ginebra, Suiza, hizo una serie de compromisos sobre Libertad Sindical y Negociación Colectiva.

Evidentemente, el Premio Nóbel de la Paz, hoy Presidente de la República de Costa Rica, quedará como un soberano mentiroso ante la comunidad internacional del mundo laboral. Nos encargaremos de que ello se divulgue por todo el orbe tan ampliamente como resulta necesario.

El régimen autoritario de los hermanos Arias Sánchez ya tiene dos ministros de Estado con abiertas actitudes antisindicales: el de la Presidencia y ahora el de Trabajo y Seguridad Social. Aquel nos trató de sindicatos “extremistas” y éste estableció que ya los sindicatos del Sector Público no son necesarios a la hora de hablar del tema salarial de los empleados públicos.

Se comete así, un nuevo ataque a la Constitución Política de parte del grupo en el poder. Se desconoce a los sindicatos que tienen rango constitucional y que tienen su institucionalidad garantizada por una amplia gama de convenios internacionales que Costa Rica ha ratificado y jurado observar; convenios que también tienen fortaleza de orden constitucional.

Este nuevo signo de autoritarismo y de ataque a la Constitución, se une al que ya anunció el Presidente legislativo, perteneciente al grupo del régimen de los hermanos Arias Sánchez, cuando se destapó hablando de que el TLC solamente ocupa de 29 votos. Salados aquellos señores legisladores y aquellas señoras legisladoras que le han venido haciendo el juego a dicho régimen, pretendiendo sacar ventaja negociadora de sus votos para el TLC. La fracción parlamentaria del régimen y su ala libertaria se bastarán así mismas para consumar otra violación constitucional más.

El ataque a los sindicatos y su desconocimiento, el antirreglamentario y antidemocrático proceso parlamentario de trámite del TLC, el anuncio de que solamente se pasará con 29 votos; más la cuestionada decisión judicial que anuló a la Asamblea Legislativa y que restableció la reelección presidencial para favorecer ahora al régimen en el Gobierno; todo junto nos indica una sola cosa: la Constitución Política de Costa Rica está siendo pisoteada como nunca antes lo fue desde su promulgación, en 1949. Por tanto, no hay la menor duda de que es en la calle donde deberemos defenderla.