Autor:

San José, 16 de enero del 2007.

Compañeros
Compañeras
Frente Nacional de Lucha
Guatemala

Gentes y organizaciones sociales
comprometidas con los Derechos Humanos

La Plataforma Sindical Común Centroamericana-Sección Costa Rica (PSCC-CR), expresa repudio e indignación por el asesinato del compañero Pedro Zamora, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Puerto Quetzal (Guatemala).

Condenamos estos hechos lamentables, no solamente porque violan el más sagrado derecho humano, el Derecho a la Vida; sino porque, además, son una muestra clara de la pobreza y carencias humanas de las oligarquías centroamericanas, quienes en su afán de perpetuar y agigantar sus fabulosas riquezas no dudan en violar este derecho humano fundamental, el Derecho a la Vida.

Compañeros y compañeras, consideramos que todas las fuerzas y organizaciones del globo, comprometidos por la defensa de los derechos humanos fundamentales, debemos exigir al Gobierno, a la policía administrativa y al Poder Judicial de esa hermana república, no dejar en la impunidad este nuevo y aborrecible crimen contra el pueblo guatemalteco y centroamericano.

Nos preguntamos, ¿qué respuesta tienen a estos crímenes organismos internacionales como la OIT, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la misma Unión Europea, garante de los Acuerdos de Paz, firmados hace ya 15 años?

Solicitamos a los compañeros y compañeras del Frente Nacional de Lucha, enviarnos los correos electrónicos y números de fax de las autoridades competentes, para dirigirnos a ellos y plantear nuestra exigencia.

Que el mundo alce la voz, hasta abolir la dictadura dela muerte impuesta por el capitalismo salvaje.

“Si amenazan con su prensa no aflojemos,
Si amenazan con garrote no aflojemos,
Si amenazan con su diablo no aflojemos,
Si amenazan con la muerte no aflojemos”

Canción del grupo Cantares de Costa Rica, que entonamos en todas las luchas contra el proyecto más acabado y letal del capitalismo salvaje, el TLC (CAFTA).

Solidaria y fraternalmente,

Edgar Morales Quesada
Coordinador
Plataforma Sindical Común Centroamérica – Sección Costa Rica (PSCC-CR).
Secretario General Adjunto
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

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NOTA DESDE GUATEMALA

Guatemala, 16 de Enero del 2007

Con profunda preocupación informamos que ayer fue vilmente asesinado el compañero Pedro Zamora, quien fungía como Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Puerto Quetzal, STPQ. En el atentado además resultó herido su hijo de 3 años, Ángel Estuardo.

Este repudiable hecho ocurrió en momentos en que el Sindicato renegocia los alcances de su Pacto Colectivo y el pago de derechos laborales que han sido violentados por la Gerencia General de la empresa portuaria.

Este asesinato se constituye en un atentado contra todo el movimiento sindical del país, contra su dirigencia y sus bases. En consecuencia, la muerte del compañero Pedro enluta a todo el movimiento sindical del país y a todas las organizaciones populares.

El compañero Pedro representaba a su Sindicato ante la Internacional de Transportes Públicos, ITF. Por ende, se trata de un hecho criminal cuyas repercusiones desbordan las fronteras de Guatemala y repercuten en el ámbito internacional.

En primer lugar queremos expresar a la familia doliente nuestro más sentido pésame por la pérdida sufrida y nuestra esperanza por la pronta recuperación de su hijo.

Pero, además, demandamos de las autoridades competentes el pronto esclarecimiento de este crimen, que no debe, bajo ninguna circunstancia, quedar impune.

Frente Nacional De Lucha En Defensa De Los Servicios Públicos y Los Recursos Naturales

San José, 11 de enero del 2007.

S.G. 05-07-1094-07

Arquitecto
Otto Lucke Vergara
Jefe Departamento de Arquitectura
Dirección General de Adaptación Social
Ministerio de Justicia y Gracia
Su Despacho

Estimado señor:

Reciba un respetuoso saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), deseándole éxitos en las funciones asignadas.

Dado que nuestra organización sindical representa los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras del Ministerio de Justicia y Gracia en la Dirección General de Adaptación Social, deseamos consultarle algunas inquietudes referentes al Centro de Atención Semi-institucional (CASI) de Nicoya.

Manifiesta el personal de ese centro y, en especial, el de la Policía Penitenciaria, que a la fecha el dormitorio destinado al descanso de dicho personal está totalmente destruido y bajo condiciones inhabitables; agregando que, incluso, existe una orden sanitaria de clausura de parte de la Oficina Regional del Ministerio de Salud de la ciudad de Nicoya, por ser insalubre. Dicha situación es de conocimiento de la oficina bajo su cargo, sin que a la fecha exista mayor interés por solucionar esa situación que data de aproximadamente cinco años en que se inició la construcción del mismo dormitorio y a la fecha no se ha concluido.

En visita nuestra, realizada en noviembre del año anterior, logramos constatar que tales condiciones se mantienen tal y como el personal lo ha denunciado y además hemos corroborado la existencia de la orden sanitaria de cierre (adjuntamos copias).

A nuestro entender el departamento bajo su cargo ha puesto oídos sordos ante una situación tan grave como la descrita, donde incluso está de por medio la salud física y ocupacional del personal de seguridad de ese centro compuesto por ocho funcionarios; quienes en reiteradas ocasiones han elevado la queja ante las autoridades correspondientes las que parecieran no tener ningún interés por resolver dicho problema.

Creemos que ha llegado la hora de actuar con contundencia y sin más dilaciones, pues está en juego la Salud Ocupacional del personal indicado, amén de que será necesario determinar eventuales responsabilidades.

Adicionalmente a lo anterior, es necesario dejar planteado por esta vía, la importante necesidad de acondicionar una especie de puesto de ingreso, “Puesto 1”, que sirva, como es lógico suponer de filtro de ingreso al centro, determinando los límites de su territorialidad; esta problemática también se acentúa por la carencia de una iluminación adecuada, aclarando que la que existe fue puesta por el mismo personal para solventar esa carencia.

Esperamos una pronta respuesta a este requerimiento, misma que amparamos al Artículo 27 Constitucional y el 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Jorge Luis Alvarez Araya
Presidente de la Junta Directiva
Sectorial ANEP-Adaptación Social

Héctor Prado Monge
Presidente de la Junta Directiva
Seccional ANEP-Policía Penitenciaria

c.c: Licda. Laura Chinchilla Miranda, Primera Vicepresidenta de la República y Ministra de la Presidencia.
c.c: Lic. Fernando Ferraro Castro, Viceministro de Justicia y Gracia.
c.c: Lic. Reynaldo Villalobos Zúñiga, Director General de Adaptación Social a.í.
c.c: Licda. Susan Haydeé Román Hernández, Departamento de Salud Ocupacional, Dirección General de Adaptación Social.
c.c: Junta Directiva Sectorial ANEP-Adaptación Social.
c.c: Junta Directiva Seccional ANEP-Policía Penitenciaria.
c.c: Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.c: Personal CASI-Nicoya
c.c: Archivo.

San José, 9 de enero de 2007.

S.G. 05-07-1095-07

¡¡URGENTE!

Licenciado
Luis Román Rivera
Oficial Mayor y Director Administrativo
Ministerio de Seguridad Pública
Su Despacho

Estimado señor:

Luego de expresarle un atento y respetuoso saludo de nuestra parte, formalmente y por esta vía y al amparo del Artículo 27 de nuestra Constitución Política, así como del 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional; le solicitamos se nos informe de manera oficial acerca de las versiones que circulan entre el personal de la sede central de esa entidad, el Complejo Policial “Juan Rafael Mora Porras”, de que habrá dos turnos de servicio: el que actualmente existe, de las 7 a.m. a las 3 de la tarde y, eventualmente, se abriría uno de las 11 de la mañana hasta las 19 horas.

ANEP se considera con la suficiente legitimidad para solicitar esta información, pues una buena cantidad de servidores y de servidoras de esa sede, nos han confiado la representación de sus intereses sociolaborales; de tal suerte que esta organización estima que un cambio de esa naturaleza, es imposible de poner en práctica por la serie de atropellos que conllevaría a personas trabajadoras que tienen su vida organizada, tanto en el plano individual, como en el profesional, el estudiantil y el familiar, sin hablar de las eventuales violaciones a derechos adquiridos y a la juridicidad misma de la dinámica institucional pues, pese a que a algunos les molesta, Costa Rica sigue siendo un Estado de Derecho.

Es en tal sentido, que, entre otras informaciones que por esta vía legítimamente estamos reclamando, solicitamos se nos indique si es real que tal cambio se pretende ejecutar; los fundamentos jurídicos que el mismo tendría; cuáles serían las personas y unidades de servicio que tendrían que asumir ese nuevo horario; cuáles es la naturaleza de las funciones institucionales que se harían dentro de ese horario; y cuáles son los objetivos a lograr y cómo se habrá de rendir cuentas de su implementación; amén de si se tiene una cuantificación de los costos de operación institucional por la apertura de servicios más allá de las 15 horas, en cuestiones de índole administrativa.

Según se nos ha indicado, el cambio cuestionado entraría a regir ya, este lunes 15 en ciertos departamentos para luego, paulatinamente, cubrir la totalidad de los servicios que se brindan en el mencionado complejo de oficinas administrativas.

Como se podrá notar, estamos transmitiendo una honda preocupación que nos ha sido transmitida para su canalización por esta vía, habida cuenta de que siempre la atmósfera verticalista que caracteriza la tarea de la Seguridad Ciudadana (algunas veces justificada pero otras no), impide una visibilización abierta del sentir laboral en cuestiones como ésta por temor a represalias y a señalizaciones odiosas, estigmatizaciones y/o exclusiones.

Es en tal sentido que, oficialmente, la ANEP pide la posposición de cualquier decisión de cambio horario, aunque sea parcial en su cobertura, para considerar todas las variables implicadas en una transformación de tal naturaleza; promoviendo un necesario proceso de diálogo con el personal involucrado y con las organizaciones que le representamos, tal y como corresponde en una sociedad democrática que no está acostumbrada a procesos abruptos en materias tan sensibles como es la relación de la vida laboral y sociofamiliar de las personas.

Finalmente, reiteramos la necesidad de obtener esta información cuanto antes y agradecemos la atención debida, no sin antes indicarle que deseamos ser recibidos en su despacho cuanto antes para ampliarle pormenores sobre el tema comentado.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Julio Soto Vargas
Responsable ANEP-Ministerio de Seguridad Pública

cc.: Lic. Fernando Berrocal Soto, Ministro de Gobernación y Policía y de Seguridad Pública.
cc.: Personal Complejo Policial “Juan Rafael Mora Porras”.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Archivo.

Según el legislador del Frente Amplio está enterado de la discusión y preparación de algunas resoluciones que pretenden limitar los derechos de los diputados y diputadas, durante el debate de las mociones por la vía de los artículos 137 y 138 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.

“Ya violentaron en la primera fase de discusión los trámites parlamentarios, tal y como lo han señalado incluso personas que están a favor del TLC, por lo que al parecer ya no les importa seguir por esa ruta autoritaria”, dijo el diputado Merino.

Cuando ratificaron la resolución del presidente del Congreso, restaron importancia a la discusión de mociones presentadas en la comisión porque, según dijeron, la vía de los artículos 137 y 138 del Reglamento permitiría que todas se analizaran, sin embargo al parecer ahora quieren ir más allá, recortando plazos para la discusión de las mociones y el tiempo de discusión, junto a otras arbitrariedades, aseguró el representante del Frente Amplio.

El diputado Merino recordó que presentó durante la discusión en Comisión 161 mociones, de las cuales solo se llegaron a debatir 33, mientras las restantes 128 fueron rechazadas sin discusión alguna. Anunció que volverá a presentar estas últimas, junto a otro grupo de mociones que quedaron pendientes y algunas nuevas que le han sugerido los sectores sociales.

Explicó el legislador del Frente Amplio que se ha querido aprovechar acciones, que por el momento parecen ser obra de la delincuencia común y de grupos mafiosos, para intentar involucrar a las organizaciones sociales en una supuesta conjura para_ “desestabilizar Costa Rica”._

Como parte de esta campaña sucia, el diputado Merino citó los siguientes hechos:

-Las declaraciones del ministro Garnier al referirse al robo de unos servidores del MEP, insinuando el involucramiento de grupos interesados en crear descontento entre los maestros y profesores.

-La falsificación de cuentas de correos electrónicos, entre ellas una de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), que divulgó un comunicado atribuido a su presidente Jesús Vázquez, sobre ese acontecimiento.

-La divulgación de comentarios y editoriales en páginas web, una de ellas vinculada al ministro Garnier y al presidente legislativo Pacheco, donde se pretende vincular a los movimientos civilistas de resistencia frente al TLC con la acción delictiva mencionada y otras relacionadas con el decomiso o trasiego de armas, para terminar afirmando que hay “grupos armándose en Costa Rica”, que pretenden “la ruptura del régimen democrático”.

El diputado Merino llamó a los costarricenses a rechazar estas burdas maniobras de un sector del gobierno que parece estar entrando en desesperación. “Estamos frente a esa situación donde las “pavas le tiran a las escopetas”, porque son los que han venido reiteradamente pisoteando la Constitución de la República, en la tramitación antidemocrática de proyectos como el Combo ICE, Concesión de Obra Pública o el TLC con los Estados Unidos, los que se han inventado ahora tal supuesta conspiración”, advirtió.

La resistencia frente al TLC sigue creciendo, a finales del año pasado se creó el Frente de Apoyo a la Lucha contra el TLC, que reúne en su seno a destacadas personalidades representativas de la intelectualidad nacional así como a sectores empresariales del agro y la ciudad, mientras este fin de semana se constituyen el Frente de Liberacionistas contra el TLC y una Red Alternativa de Comunicación contra el TLC. “Todos estos acontecimientos reafirman el carácter civilista, pacífico y democrático de la lucha, y deben dar confianza a los y las compatriotas”, concluyó el parlamentario y dirigente del Frente Amplio.

San José, 10 de enero de 2007.
S.G. 05-07-1089-07

Doctor
Leonardo Garnier Rímolo
Ministro
Ministerio de Educación Pública (MEP)
Su Despacho

Estimado señor Ministro:

En primer término, le expresamos el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte, deseándole muchos éxitos en el año que acaba de iniciar.

Le agradeceríamos concedernos una audiencia, tan pronto como le resulte posible, a fin de plantearle el serio problema que se está presentando en las instalaciones del MEP ubicadas en La Uruca (Archivo Central, CENIFE, Cooperativas Estudiantiles, Proveeduría General); pues la calle que está frente a las mismas, prácticamente está siendo asumida como propiedad particular de un empresario privado, Bodegas Trigal, el cual, supuestamente, estaría “a derecho” según se nos informó por parte del funcionario encargado de la Municipalidad de San José, el Sr. Guillermo Freer.

Este dato lo obtuvimos luego de que, de manera directa y por vía telefónica, nos comunicáramos con el señor Alcalde de San José, Ing. Johnny Araya Monge, quien muy diligentemente atendió nuestra inquietud y orientó para que se nos brindara la información del caso, que, como se notará, no nos convence mucho.

Así las cosas, se nos indicó que tal controversia debería ser dirimida en sede judicial, vía la interposición de un interdicto, en el cual el personal del MEP de las citadas entidades, (mucho del cual tiene muchos años de transitar por esa vía sin problema alguno sino hasta ahora), podría hacer constar que esa calle siempre ha sido de tránsito público, que hay posteado del ICE y de alumbrado público, entre otras características de esa naturaleza.

Es intención de la ANEP considerar que el MEP valore su intervención directa en tal punto, para lo cual, nos gustaría expresarle personalmente a su autoridad, por medio de la audiencia aquí pedida, las preocupaciones del personal al respecto, que ya empieza a sentir que deberá someterse a controles privados para ingresar al espacio público en el cual se da el ejercicio de sus tareas cotidianas para el ministerio dignamente dirigido por su persona.

En espera de su pronta respuesta, aprovechamos para reiterarle nuestro respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

cc.: Ing. Johnny Araya Monge, Alcalde Municipal de San José.
cc.: Personal MEP-La Uruca.
cc.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
cc.: Archivo.

Miércoles 24 de enero de 2007,
6:30 de la tarde

Exponen:

José Merino del Río, Diputado, Partido Frente Amplio
Jesús Vásquez Quesada, Presidente, APSE
Albino Vargas Barrantes, Secretario General, ANEP

Se invita a todos los compañeros y a todas las compañeras de la Junta Directiva Nacional de la ANEP, de los equipos Político-Organizativo y Político-Técnico, para esta actividad, que se llevará a cabo en el local del Partido Frente Amplio, en Barrio Amón (cercanías del INVU). Se pueden invitar a compañeros y a compañeras de la base.

Atentamente,

Secretaría General de la ANEP