Inició el Foro Social Mundial

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Karibu al FSM Nairobi 2007

Desde sus modestos orígenes en Porto Alegre en el año 2001, el Foro Social Mundial se ha extendido hasta convertirse en una contra-fuerza global que desafía las suposiciones y los dictados del imperialismo y sus políticas neo-liberales asociadas que a lo largo de décadas han impuesto el colonialismo y el neocolonialismo; han devastado las economías del Sur; han reforzado las maniobras desastrosas y represivas de variadas dictaduras artificiosas; han marginado a las mujeres; han privado a la juventud de su derecho a participar; han intensificado la destrucción del medio ambiente; han desatado conflictos sangrientos, inhumanos e innecesarios en nación tras nación, en región tras región y han profundizado la explotación de las personas pobres alrededor del mundo.

Conjugando fuerzas alrededor del llamado a la acción enfocado en que Otro Mundo es Posible, el Foro Social Mundial ha colocado la justicia social, la solidaridad internacional, la equidad de género, la paz y la defensa del medio ambiente en el orden del día de las personas de mundo. Desde Porto Alegre a Mumbai, desde Bamako a Caracas, desde Karachi y ahora Nairobi, las fuerzas y los contingentes del Foro Social Mundial han ampliado colectivamente los espacios democráticos para aquellas personas que buscan alternativas sostenibles y progresistas ante la globalización imperialista.

Aún así el proceso del Foro Social Mundial no es la última tentativa para crear un “movimiento mundial revolucionario de vanguardia” monolítico, ni tampoco es una reencarnación del “frente unido” internacional que procura derrocar, uno por uno, a los gobiernos alrededor del mundo. Tal noción sería una negación completa de la esencia misma y el concepto propio del Foro Social Mundial tal como se ha planteado en su Carta de Principios. No, el Foro Social Mundial no es para nada eso, y dista mucho de ello.

Más bien, el Foro Social Mundial es, para utilizar una palabra de Kiswahili, un Jukwaa global, es decir, una PLATAFORMA internacional, para citar la Carta de Porto Alegre “un lugar abierto de reunión donde grupos y movimientos de la sociedad civil opuestos al neo-liberalismo y a un mundo dominado por el capital o por cualquier forma del imperialismo, que a su vez están comprometidos con la construcción de una sociedad planetaria concentrada en la persona humana, se juntan para conjugar su pensamiento, para debatir las ideas democráticamente, para formular propuestas, para compartir sus experiencias libremente y para crear redes de acción efectivas.”

El FSM Nairobi 2007 será una oportunidad para presentar a África y sus movimientos sociales; África y su historia intacta de la lucha contra la dominación extranjera, el colonialismo y el neocolonialismo; África y su rica herencia de la riqueza natural, la diversidad cultural, lingüística y étnica; África y su reputación para abrazar las comunidades alrededor del mundo; África y sus contribuciones a la civilización del mundo; África y su papel en la búsqueda de una posible y más progresista sociedad humana global.

El tema de la séptima edición del Foro Social Mundial es “las Luchas de las Personas, las Alternativas de las Personas”.

Unas simples palabras no pueden capturar la vitalidad, la potencia, la promesa y el entusiasmo de un acontecimiento como el Foro Social Mundial. No existe una mejor alternativa que el estar ahí, y sobre todo, participar, congregar, conversar, marchar, cantar, reír, bailar, soñar, hacer contactos y construir estrategias junto a hermanas y hermanos, amistades y vecinos, camaradas y colegas de cinco continentes, a través de océanos, montañas, desiertos y ríos de más de ciento cuarenta países.

Así que por favor ven y comparte con nosotros aquí en Nairobi, África, desde el 20 hasta el 25 de enero de 2007, mientras recreamos la magia del Foro Social Mundial.

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PROGRAMA / CONTENIDO

El FSM2007 de Nairobi se llevará a cabo durante las siguientes fechas:

  • 20 de enero de 2007* – Ceremonia de Apertura
  • 21 de enero de 2007* – Primer Día (actividades auto-organizadas y co-organizadas)
  • 22 de enero de 2007* – Segundo Día (actividades auto-organizadas y co-organizadas)
  • 23 de enero de 2007* – Tercer Día (actividades auto-organizadas y co-organizadas
  • 24 de enero de 2007* – Cuarto Día (planificación de acciones para 2007)
  • 25 de enero de 2007* – Ceremonia de Cierre

El primero, el segundo y el tercer día se han dividido en cuatro períodos; cada período tiene aproximadamente 3 horas de duración. Usted puede inscribir cualquier tipo de actividad auto-organizada (testimonios, talleres, etc.) durante los tres primeros períodos de cualquiera de estos tres días.

Una actividad “auto-organizada” es una actividad que las organizaciones inscriptas desean implementar durante el foro; básicamente cualquier organización puede organizar cualquier actividad durante estos días y nuestra responsabilidad es proveer el espacio físico y los servicios de traducción.

El cuarto período, que se realizará a la noche, se ha reservado para la actividades co-organizadas.

Las actividades “co-organizadas” son aquellas que el Comité Organizativo del FSM y los Foros Sociales Africanos implementen durante el evento. Este año, estas actividades expresarán la perspectiva Africana sobre problemas globales.

El cuarto día está dedicado a planificar acciones comunes que se implementarán en el transcurso del año. Por ello, usted podría comenzar a pensar en otras organizaciones con las cuales desearía trabajar el resto del año en una acción común, y luego organizar una actividad conjunta para el cuarto día.

Campos temáticos

Durante las reuniones de las comisiones de Metodología y Contenidos en Nairobi, los días 4 y 5 de septiembre de 2006, se evaluaron los resultados sobre las consultas ya llevadas a cabo y se identificaron 9 campos alrededor de los cuales giran las campañas, las acciones y las luchas en las cuales estamos involucrados.

Los campos del FSM en Nairobi estarán relacionados con los mismos 9 campos; por lo tanto, cuando inscriba una actividad, se le solicitará que elija uno de los siguientes objetivos para las acciones:

1. Construir un mundo de paz, justicia, ética y respeto por las diferentes espiritualidades.

2.
Liberar al mundo de la dominación del capital financiero y multinacional.

3. Asegurar el acceso universal y sustentable a los bienes comunes de la humanidad.

4. Democratizar el conocimiento y la información.

5. Asegurar la dignidad, defendiendo la diversidad, garantizando la igualdad de los géneros y eliminando toda forma de discriminación.

6. Garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente los derechos a la alimentación, el cuidado de la salud, la educación, la vivienda, el empleo y el trabajo decente.

7. Construir un orden mundial basado en la soberanía, la auto-determinación y los derechos de los pueblos.

8. Construir una economía sustentable y centrada en las personas.

9. Construir estructuras e instituciones políticas reales y democráticas con la participación de las personas en las decisiones y en el control de los asuntos y recursos públicos.

Maniobra legislativa solo llevará a mayores protestas sociales

Texto del comunicado de prensa del Frente Interno de Trabajadores(as) del ICE enviado hoy a los medios de comunicación:

Una maniobra calificada por diputados “como emboscada” permitió la aprobación sorpresiva, el día de ayer, de la dispensa de trámite para los proyectos de ley de la industria y de reforma a la ley del ICE, las cuales forman parte de la agenda complementaria del TLC.

El mensaje es claro: el gobierno y la mayoría mecánica legislativa no se detendrán ante nada, ni ante el reglamento, con tal de acelerar la entrega del ICE y de las telecomunicaciones. Los costarricenses deben saber que dicha moción se aprobó con el voto de diputados y diputadas del PLN, el PUSC, el Movimiento Libertario, y los diputados Echandi y Massey, recurriendo a un mecanismo amañado y tramposo (Ver “¿En qué consistió la maniobra?”).

Queda claro también que no tienen el menor deseo de profundizar en el análisis, no desean el debate amplio y democrático; por el contrario, en medio del clima tenso que vive el país, y sin aviso, se presenta una moción que pretende dispensar de trámites a los proyectos más conflictivos de la agenda legislativa, como son los proyectos del ICE.

Se trata de nueva maniobra antidemocrática que se suma a las arbitrariedades cometidas con el trámite del TLC.

Lo más grave es que se está gestando la aprobación de una serie de proyectos antipopulares recurriendo a todo tipo de artimañas y de maniobras, en vez de tomarse el tiempo y propiciar el clima adecuado para decidir con seriedad sobre estos espinosos proyectos.

Sin embargo, al haber perpetrado esa maniobra, los diputados de esa mayoría mecánica no deben sentirse triunfadores, por el contrario, deben saber que esto es apenas una escaramuza que anuncia batallas futuras, tanto dentro como fuera del parlamento y que utilizaremos todos los mecanismos que nos brinda la democracia para derrotar todos estos proyectos del TLC.

El Frente Interno de Trabajadores y Trabajadoras del ICE manifiesta su más enérgica protesta por este nuevo atropello a las normas parlamentarias que demuestran hasta donde están dispuestos a llegar los diputados (as) de la mayoría mecánica.

  • Llamamos a los trabajadores (as) de nuestra institución a organizarse, a prepararse para las luchas que se avecinan.
  • Apelamos a la solidaridad y a la conciencia de las y los costarricenses dignos y honrados que constituyen la mayoría de este país, ante la sordera y la falta de escrúpulos de los vendepatrias que pretenden entregar nuestra soberanía, nuestros recursos y el patrimonio nacional.

El Frente Interno de Trabajadores del ICE, actuará en consecuencia.

San José, 19 de enero de 2007

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¿En que consistió la maniobra?

1.- Diputados de varios partidos de la “mayoría mecánica” presentaron una moción de orden para dispensar de trámites los proyectos de Ley que tienen que ver con el futuro de las telecomunicaciones, energía y el ICE. Según la moción se constituye el Plenario Legislativo en Comisión General con lo cual obviaron que cada proyecto de Ley tenga su respectivo dictamen como es usual en la tramitación ordinaria.

De esta forma, están silenciando la voz de todos aquellos diputados que se opongan a estos proyectos.

2.- Este proceder contradice el procedimiento usual que consiste en plantear este tipo de mociones en las reuniones previas de jefes de
fracción, lo cual no se cumplió en este caso pues dicha reunión fue suspendida.

3.- Se impidió el uso de la palabra, por el orden, a diputados del PAC y José Merino del FA, para referirse a la moción.

4.- El presidente legislativo Francisco Antonio Pacheco sometió a votación la moción de manera apresurada y sin verificar si había o no quorúm en ese momento, pues varios diputados se habían retirado de la sala de sesiones al momento de poner el asunto a votación.

5.- Hay serias dudas sobre la cantidad de votos obtenidos por la moción, dada la forma irregular en que fue realizada la votación, pero hay
diputados(as) que aseguran que no se alcanzaron los 38 votos de ley.

Comisión de Comunicación FIT-ICE

Frente Amplio pide revisar capítulo laboral del TLC

Las declaraciones de las autoridades estadounidenses evidencian las serias carencias que presenta el Capítulo Laboral del TLC negociado por nuestro país. “Una simple lectura de los capítulos respectivos de los Tratados de Perú y Colombia, que EEUU propone renegociar, muestra que son prácticamente idénticos al TLC con Centroamérica y que en los aspectos en que se diferencian estos dos Tratados, contienen normas más protectoras de los trabajadores que las aceptadas por los negociadores del COMEX” argumenta el legislador del Frente Amplio.

Hay que recordar, dice el diputado Merino, que este capítulo del TLC restringe los derechos laborales y no reconoce aspectos como el principio de no discriminación en el trabajo, los derechos de la población trabajadora migrante o el debido proceso laboral.

“Una revisión del Capítulo Laboral debiera conducir a la obligación de reconocer plenamente todos los derechos universales, establecidos en la Declaración de los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT, especialmente dos que no contempla el TLC: la libertad sindical y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación”, dijo Merino.

La OIT en su Declaración llama a “la abolición efectiva del trabajo infantil”, sin embargo el TLC establece una norma de más bajo alcance, ya que sugiere establecer una edad mínima del empleo y la prohibición y eliminación de “las peores formas de trabajo infantil”. Este es otro aspecto que según el diputado Merino debería corregirse para que los países acepten el principio de la OIT.

Explicó que este es uno de los casos en que el tratado de Perú y Colombia superan al de Costa Rica: “Mientras que en la definición de “legislación laboral” negociada por Costa Rica solo se habla de normas sobre_ “una edad mínima para el empleo de niños”_ los Tratados de Perú y Colombia incluyen “protecciones laborales para niños y menores, incluyendo una edad mínima para el empleo de niños”. Esto significa que se incluyen los derechos laborales de los adolescentes y no se restringe la protección al tema de la edad. Hay otras disposiciones en las que estos acuerdos son más claros en cuanto a las obligaciones en materia laboral, sin embargo_ se plantea la necesidad de revisarlos porque no garantizan una protección efectiva.”_

“Los pocos derechos laborales que reconoce el TLC y los que deberían agregarse en una eventual revisión del Capítulo Laboral, tendrían además que ser tutelados de manera efectiva, impidiendo que los mecanismos procesales sirvan para proteger las faltas de las empresas y la impunidad”, agregó.

¿Qué ocurre con el Gobierno de Costa Rica entonces? ¿Es que los trabajadores costarricenses son de segunda categoría? ¿Es que sus derechos son menos importantes que los de los trabajadores peruanos o colombianos? ¿Qué intereses defiende el Gobierno del Premio Nobel de la Paz? ¿Por qué se resiste a promover mejores normas de protección laboral cuando los EEUU ha reconocido esta necesidad? ¿Es que está dispuesto a sacrificar los derechos de los trabajadores para mantener los beneficios obtenidos por los grupos económicos beneficiados por el TLC? Muchas preguntas que debería responder el presidente Arias.

“Esta claro que el TLC negociado con los Estados Unidos lleva los estándares laborales del país hacia abajo, con el fin de igualarnos con el resto de países firmantes y permitir la competencia a partir de mano de obra lo más barata posible, según lo había denunciado la Comisión de Notables, por lo que no habría que perder esta gran oportunidad que se abre al país de plantear la revisión del Capítulo Laboral”, concluyó diciendo el diputado frenteamplista.

Comunicado de Prensa, 19 de enero de 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

EL TLC, EL CAMPESINADO Y LA IGLESIA

Introducción

El documento se ordena en tres partes.

En la primera parte se informa sobre el impacto que una eventual aprobación del TLC implicaría para las personas que conforman los diversos sectores del agro costarricense, es decir, los medianos y pequeños propietarios campesinos muchos agrupados en cooperativas y organizaciones propias, los que trabajan la tierra de otros, las empresas agrícolas y ganaderas nacionales y, como grandes beneficiadas, ciertas empresas transnacionales afincadas en nuestro territorio. Como se demuestra más adelante, el TLC vendría a destruir el intrincado entramado que constituye la cultura campesina, base de la nacionalidad costarricense, de la cual muchos somos parte y nos sentimos orgullosos, y base social de la Iglesia Católica.

En la segunda parte, se exponen los efectos que la desintegración de esa cultura, proceso ya iniciado desde la aplicación de los PAE (Programas de Ajuste Estructural), tendría sobre la Iglesia Católica como institución.

En la tercera parte se presentan criterios para la acción.

Primera parte: seis pasos hacia el abismo

Introducción a la primera parte

La primera parte consta de seis pasos. En el primero, se indica La falta de adecuada representación, es decir, el procedimiento de baja o nula moralidad que se utilizó durante la negociación del TLC. Abundaron la confidencialidad, el secretismo y la técnica de la incertidumbre. A la ciudadanía se la mantuvo desinformada. Algo se comunicó al final de las conversaciones, cuando nada se podía corregir. Igualmente antidemocrática y desleal fue la tesis de que sólo los técnicos del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) debían negociar. Así se amputó la representatividad, especialmente de las y los pequeños y medianos productores.

En el segundo paso, se describen los Antecedentes y situación actual del sector agropecuario nacional sobre el cual va a incidir el TLC.

En el tercer paso, titulado Los contenidos (acuerdos) mal negociados, se describe el nefasto y en todo caso cuestionable desempeño de los representantes de Costa Rica y lo que propone para el sector agropecuario el texto actual del TLC en materia de aranceles, salvaguardias, contingentes, subsidios y otras ayudas. Asimismo, se señalan las previsibles consecuencias de ciertos contenidos del TLC que inciden sobre el agro: medio ambiente, propiedad intelectual y patentamiento de la biodiversidad, insumos o agroquímicos, conocimiento científico-tecnológico. También se indican otros factores que afectan duramente a todos habitantes rurales: las telecomunicaciones, la banca, los seguros, las relaciones laborales, la educación y la salud.

Y en los pasos cuarto a sexto, se ponen ejemplos concretos de lo que ocurrirá, si nos dejamos.

Primer paso: La falta de adecuada representación

Solo una de las trece sesiones para negociar el TLC se dio en territorio nacional, las demás se celebraron en EEUU. En ninguna fue posible una verdadera participación de delegados del sector de los medianos y pequeños propietarios rurales y de los campesinos tradicionales, parceleros o minifundistas, y de una gran cantidad de asalariados que conforman el sector de las subsistencias orientado, hacia el autoconsumo y el mercado interior. Entre todos suman unos 260.000 productores y trabajadores directos.

No hubo representación adecuada de intereses de estos actores porque otros se arrogaron el derecho de pactar a sus espaldas. Esto, además, se hizo en secreto, sin actas ni información confiable sobre lo negociado. Es evidente que hubo una grave falla ética que se tradujo en total indefensión y completa pérdida de control sobre el TLC y el destino económico-social que ese Tratado impondría para los así excluidos. La falta de transparencia vicia todo el proceso negociador. Sólo unos pocos grandes empresarios agropecuarios, afiliados a las cámaras pudieron viajar, cubrir costos y participar de las conversaciones, que quedaron en manos de COMEX y de unos pocos empresarios influyentes. La técnica no lo es todo, también importan la ética y la justicia.

Segundo paso: Antecedentes y situación actual del sector agropecuario

El sector agropecuario es quizás el menos preparado para enfrentar el impacto del TLC, debido al desmantelamiento de la estructura estatal de incentivos y apoyos. En efecto:

– FRIJOLES: En 1994 Costa Rica producía el 90% de los frijoles e importaba solo el 10%. Nueve años después, en 2003, produjo sólo el 34% e importó el 66%. El área sembrada de frijoles se redujo de 56.856 Has. en 1994 a 20.267 en 2003. Las importaciones crecieron desde 3.989 toneladas métricas™ en 1994, hasta 28.894 en 2003, un crecimiento del 724%.

– ARROZ: En 1994 el país produjo 61% del arroz e importó el 39%. Diez años después produjo el 44% del arroz e importó el 56%. Actualmente produce el 53% e importa el 47%.

– Lo anterior explica que el área sembrada de arroz apenas aumentara de 51.867 Has. en 1994 a 53.163 en 2004, y que las importaciones crecieran desde 122.255 TM en 1994, a 281.274 en 2004, una subida del 230%.

– En el 2002 se consumieron 458.690 TM de maíz, de las cuáles sólo 11.600 fueron producidas en el país.

– En 1995 el sector agropecuario obtuvo un 13.6% del crédito bancario total, en el año 2003 la cifra apenas llegó al 4.4%.

– El total de los ocupados en el agro bajó de 21.6% en 1995 a 15.8% en 2002.

– A ello hay que agregar la falta de asistencia técnica y transferencia tecnológica, el menor acceso al crédito para pequeños y medianos productores agrícolas, orientados al consumo interno, y para la pequeña producción campesina familiar.

– En los últimos diez años se aceleró el desmantelamiento del MAG y demás entes del sector. Pero en los EEUU las cosas se encaminaron en sentido contrario: se disparó el monto de los subsidios al sector rural mediante la ley llamada Farm Hill de 2002, que un giro $180.000 millones en 10 años, por encima de los abultados fondos gratuitos del presupuesto del US Agricultural Dept. que superan los $50.000 millones anuales.

– Al mismo tiempo, la política de subsidios y ayudas del Gobierno de EEUU ha estimulado dumping o exportaciones a precios por debajo del costo. He aquí algunos datos:

  • El trigo fue exportado a un precio medio 43% por debajo del costo de producción.
  • El frijol de soya fue exportado a un precio medio 25% por debajo del costo de producción.
  • El maíz fue exportado a un precio medio 13% por debajo del costo de producción.
  • El algodón fue exportado a un precio medio 61% por debajo de su costo de producción.
  • El arroz fue exportado a un precio medio 35% por debajo de su costo de producción.

– Como si la realidad externa no fuera suficientemente negativa, en el nuevo Ministerio de la Producción (MIPRO) se han insertado de modo improvisado, los entes del sector, para mayor incertidumbre. Es notoria la carencia de recursos para reconversión y otros fines de apoyo, que hará imposible que el sector pueda competir frente a la más poderosa economía agraria subsidiada del planeta. Tampoco se podrá competir con productores de Centroamérica, que pagan salarios bajos y no les importa la seguridad social. Ocurrirá un completo desastre, muerte anunciada a plazos fijos.

– Hay más todavía. La cuestionable estrategia neoliberal –que ha provocado gran inseguridad y pérdida de soberanía alimentaria- favoreció sólo a los grandes importadores de alimentos y a la agricultura de exportación, en especial al sector de los llamados productos no-tradicionales, en manos principalmente de firmas transnacionales que exportan libres de impuestos a EEUU, destruyen el ambiente y quieren seguir haciéndolo bajo el TLC. Algunos de los productos de este comercio son: melón, piña, banano, sandía, tubérculos, minivegetales, flores y plantas ornamentales.

– El resultado: cinco transnacionales estadounidenses concentran más del 70% de toda la exportación agrícola costarricense, a saber: Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte (BANDECO), Compañía Bananera Atlántica (COBAL-CHIQUITA), Diversificados de Costa Rica (DICOR), Standard Fruit Company de Costa Rica (DOLE) y Frutas Tropicales Venecia. (Es difícil aceptar que esas transnacionales se irán de Costa Rica si no se firma el TLC; nadie se retira de los buenos negocios).

– Otro resultado lo plantea el Dr. José Calvo, un estudioso de nuestro agro, así: “Desde el Consenso de Washington en los años de 1990, ha ido disminuyendo aceleradamente nuestra producción alimentaria y aumentando el éxodo de agricultores campesinos a los anillos de miseria de la ciudad. Producimos menos de la mitad de lo que nos comemos. Casi nada de maíz, nada de sorgo, nada de soya, menos de la mitad del arroz, y menos de la mitad de los frijoles, además de que el trigo importado sustituye mucho a todos esos granos. Nuestra producción lechera ha mantenido su área, pero ha disminuido mucho el número de productores. Nuestra producción avícola está cada día en menos manos, igual que la lechera, y es muy poco probable que nuestra producción porcina sobreviva los efectos del TLC” (charla del 17 de marzo de 2005 en la sede de UPANACIONAL).

Luego de revisar someramente los antecedentes y el contexto del sector agrícola, pasemos ahora enfocar el TLC por el fondo (el contenido) de lo negociado.

Tercer paso: Los contenidos (acuerdos) mal negociados

Las anteriores desventajas para el sector rural o campesino en general se agravan porque, hecho insólito, los negociadores nacionales aceptaron no excluir a ningún producto del agro de los efectos del TLC. Es falso lo que dijeron acerca de la exclusión de la papa y cebolla, ya que quedaron sujetas a cuotas de importación. Aprobaron rebajas unilaterales de aranceles para nuestra producción agropecuaria, pero le permitieron a los EEUU mantener intacta toda su estructura de subsidios, ayudas y protecciones para su sector agropecuario transnacionalizado. Esto último sucede porque, para Costa Rica, el TLC es un tratado internacional que está por encima de todas las leyes vigentes y, por tanto, deroga todas las que lo contradigan, mientras EEUU con la venia del COMEX aprobó solo un simple “acuerdo comercial” de menor rango a un tratado, llamado Congressional-Executive Agreement; lo que le permite mantener y reforzar libremente todas sus leyes (nacionales o federales, estatales y municipales), incluyendo las leyes que protegen su economía y su agro de la libre competencia. Así nuestros agricultores jamás podrán competir y quedan –al igual que el país entero- como “burro amarrado frente a tigre suelto”.

Esto hace a los productores de Costa Rica muy vulnerables, pues los deja casi en completa desprotección legal frente a tribunales internacionales (sean de la Organización Mundial del Comercio –OMC- o del Banco Mundial) y sin condiciones para poder competir adecuadamente con las grandes corporaciones agropecuarias de EEUU. No se les ha preparado (ni se les preparará) para soportar lo imposible: una apertura tan radical, con plazos cortos de desgravación, luego de los cuales no hay compromiso alguno de los EEUU de retirar subsidios y apoyos a sus productores. Esto alterará cada vez más los precios y términos del intercambio en contra de nuestras empresas, cuando ya no podremos interponer barreras arancelarias ni salvaguardas temporales. Por el contrario como ya se dijo últimamente EEUU aumentó sus subsidios y demás ayudas a niveles astronómicos.

Encima de lo anterior, el TLC implica la amenaza de eliminar, contra los intereses de nuestros agricultores, la llamada “salvaguarda agrícola especial” de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La Defensoría de los Habitantes y varias organizaciones del sector agropecuario nacional, como UPANACIONAL, la Unión Nacional de Agricultores (UNAG), la Mesa Nacional Campesina y la Corporación Arrocera Nacional, entre otras, han denunciado que COMEX renunció sin consultar en el Capítulo 3, inciso 5 del TLC, al derecho de aplicar esa salvaguardia que se halla en el artículo 5 del tratado firmado con la OMC sobre agricultura. Se perdió de ese modo un arma contra importaciones lesivas que, por su volumen o calidad, dañan al sector. Todo ello se hizo a espaldas de los productores.

Así, de repente, los más débiles perderán un mecanismo de protección que hoy les sirve para atajar la competencia desleal de las importaciones subvencionadas provenientes de EEUU y otros países, ya que no podremos imponer alzas de aranceles por encima del mínimo acordado en el TLC. Es decir, no podremos superar el arancel que se tiene a la hora de aprobar el tratado. Por ejemplo, en el caso del arroz, el arancel sólo podría ser del 35%, mientras en años anteriores ha estado por encima del 50%, para defender a nuestros productores. Nada de esto se podrá hacer a futuro, ni con el arroz ni con otros productos que nos manden subsidiados desde EEUU.

Engañosamente, COMEX ha declarado que los productos subsidiados que se importarán de EEUU no se producen en Costa Rica (como la avena, el trigo o la cebada) y, por tanto, nos conviene recibirlos a precios subsidiados o por debajo de su costo. Esto es falso. Los productos que invadirán nuestro pequeño mercado serán, además de los granos básicos, muchos otros de origen agropecuario y llegan a un 40% de todos los importados de los EEUU. Nos referimos a algunos tan sensibles como frutas y hortalizas cuyos excedentes frescos en ciertas épocas o procesados y empacados en cualquier momento podrán importarse desde EEUU a mitad de precio o menos, dañando aún más a nuestros productores.

Igualmente COMEX ha negado que el TLC afecte el agua, el principal insumo de producción para el agro. La verdad es que ese Tratado la considera como un bien comercial, no un bien social ni de dominio público. Tampoco la considera un derecho ligado a la vida misma. Por tanto, el agua podrá ser explotada, vendida localmente y exportada para uso humano, de acuerdo a la normativa sobre bienes y empresas privadas del TLC, sin restricciones efectivas al libre comercio, que no aparecen en el TLC. Recordemos, además, que la legislación nacional sobre el agua tendría rango legal inferior al Tratado, incluida la Ley del Recurso Hídrico en discusión, si se llega a aprobar.

Pero eso no es todo. El TLC traería otros perniciosos efectos sobre la agricultura y los productores. Por eso debe verse en conjunto y no sólo en lo relativo a la materia de acceso a mercados o comercio de mercadería, como se explica en el paso siguiente.

Cuarto paso: Algunos impactos directos en la producción agrícola con la entrada en vigencia del TLC

FRIJOLES: Al frijol importado de EEUU se le irá reduciendo el impuesto a razón de 1,25% cada año, pero llegará a cero después de 12 años de vigencia del TLC. En ese momento entrará libre, aunque subsidiado y terminará por eliminar del mercado a los últimos productores nacionales. Y esto, o algo parecido, se repetirá en el caso de otros productos.

ARROZ: Al entrar en vigencia el TLC, los EEUU podrán vender en Costa Rica anualmente 50 mil TM de arroz en granza y 5.250 TM de arroz pilado, sin pagar impuestos. En los siguientes años estas cuotas de arroz se irán elevando. El arancel del arroz pilado es ahora de 35% y se mantiene por 10 años, pero del año 11 al 15 se baja un 40% y entre el 16 y el 20 un 60% hasta quedar en 0, sin que EEUU nos garantice que eliminará sus subsidios para tener competencia leal. Otro producto local a la ruina.

LECHE: Tiene aranceles de protección de 65%. Con el TLC se eliminarían progresivamente entre los años 11 y 20. Este sector es el más subsidiado en los Estados Unidos y lo seguirá siendo con o sin TLC, por lo que difícilmente se podrá competir allí y menos en el mercado de Centroamérica; un mercado en el cual, al entrar los productos subsidiados de EEUU, perderemos un 40%, según estudios de la economista norteamericana, Amy Angel. Esto traerá una enorme desocupación en el agro y la industria.

AZÚCAR: La desgravación arancelaria sería en 15 años y se aumentaría la cuota actual de 15 mil TM, con un crecimiento del 2% anual hasta llegar a 28 mil toneladas. Pero Estados, Unidos que no elimina su arancel, sólo para la cuota, sí podrá exportar a Costa Rica su azúcar de remolacha y otros, después del año 15, sin impuestos.

CARNE DE RES: La eliminación de impuestos a la carne de res será en 15 años, y algunos tipos de carne entrarán sin pagar impuestos desde el primer día de vigencia del TLC. Esto prácticamente acabará con el sector nacional.

CARNE DE CERDO: Durante los primeros 5 años los productores de Estados Unidos podrán vender 1.100 TM sin impuestos. Después, este volumen irá creciendo hasta llegar en el año 15 al libre comercio.

CARNE DE POLLO: El pollo entrará a EEUU libre de impuestos desde el inicio, mientras el pollo norteamericano tendrá una cuota libre de aranceles inicial de 330 TM, que irá creciendo a un 10% anual hasta el año 17, cuando quedará libre. En el futuro, entonces, el pollo de EEUU desplazará al nacional. El precio de los muslos de pollo en Centroamérica varía entre 0.75 y 1 dólar por libra, mientras Estados Unidos puede exportar estas partes a 0.20 centavos por libra. Con estos precios se quebraría al productor nacional.

PAPA Y CEBOLLA: Se planteó durante la negociación que estos productos quedaban excluidos del TLC. Pero no es cierto, pues en el “Anexo de Contingentes” se lee que Estados Unidos tendrá acceso libre de aranceles para un volumen de 300 TM desde el primer año, hasta llegar a un máximo de 384 TM en el año 15 y después podrá aumentar el exceso de las 384 TM a un ritmo del 2% anual, hasta sacar del mercado a nuestros productores.

Según criterio de varias organizaciones de Agricultores, las grandes pérdidas para nuestros productores tendrán las siguientes consecuencias:

– Al ser desplazados de la producción, los productores se verán obligados a vender sus propiedades, lo que redundará negativamente contra la cultura campesina e indígena.

– Pérdida de la genética criolla (semilla).

– Pérdida de nuestra biodiversidad por el impacto de la agricultura intensiva, como la piña y los siembros con semillas transgénicas o genéticamente alteradas.

– Invasión en el conocimiento campesino a través de la comercialización transnacional del uso de nuestras plantas.

– Fuerte competencia con toda la producción transgénica.

– Fuertes recortes a la seguridad social (salud, educación, etc.).

– Obligatoriedad de aprobación del Convenio UPOV 91 que permite patentar de seres vivos (flora y fauna).

– Incremento de la tendencia a la baja de los salarios reales de la fuerza laboral ubicada en el agro, más pérdidas de empleos y mayor emigración campesina a las ciudades y anillos de miseria.

Y agrega la UNAG, que “el Instituto Nacional de Seguros no podrá financiar con sus utilidades, el Fideicomiso Agropecuario que en los últimos tres años aportó ¢16,569 millones para pagar deudas de pequeños y medianos productores.”

Quinto paso: Impactos colaterales del TLC sobre el agro desde otros sectores

Los sectores más débiles del agro quedaron en orfandad debido a que COMEX negoció un TLC contrario a los intereses nacionales, en materias estrictamente agrarias y también en las siguientes:

a) Inversiones y servicios: las normas de los Caps. 10 y 11 se aplicarán por igual a la agricultura y a actividades complementarias, como los servicios agropecuarios, los ambientales y la bioprospección, que deberán desarrollarse en sistema de competencia de mercado abierto y global. Esto no toma en cuenta el carácter particular de la agricultura, que no permite a los agricultores reaccionar positivamente ante los mercados inestables, donde cuentan sólo la oferta y la demanda para la formación de precios y oportunidades. Otros sectores más versátiles (como la industria o la banca) sí pueden adaptarse en plazos más cortos y por eso tienen mejores posibilidades de sobrevivir a los embates de la competencia global.

b) Propiedad intelectual (Cap. 15): Desde hace varias décadas las grandes transnacionales farmacéuticas a la vez las grandes firmas productoras de agroquímicos han venido haciendo ingentes esfuerzos por apropiarse y patentar sus productos, para mantener elevadísimos precios monopólicos por períodos de 20 años o más. Con el TLC se anotaron un triunfo, pues consiguieron ampliar los plazos para la protección de medicinas e insumos agropecuarios claves de 20 a 25 y 30 años, respectivamente. En consecuencia, se denegará el acceso de insumos y tecnologías avanzadas, o se encarecerá enormemente, a los agricultores locales. Al no disponer de los productos genéricos, tendrán que pagar a veces hasta 7 o 10 veces más por los de marca.

Junto con lo anterior, en el TLC las farmacéuticas – entendiéndose con COMEX- obtuvieron normas a favor del patentamiento de las semillas, la biodiversidad y el conocimiento humano por medios y plazos muy abusivos, que nos dejan en manos de la biopiratería. Igualmente, se mercantilizan los bancos de genes y el patrimonio natural y cultural del agro. Esto se ve reforzado por la aprobación forzosa del Convenio UPOV 2001 sobre obtenciones vegetales como parte del TLC. Ambos someterán a nuestros agricultores a barreras de precio y oportunidad que les impedirán desarrollar sus propias semillas (monopolización de las semillas por transnacionales contra fitomejoramiento local) y disfrutar libremente de otros medios de vida y producción generados por la naturaleza, la sociedad y los sectores públicos, como las universidades e institutos de investigación. Hay cultivos, como el algodón, donde la monopolización de las semillas por firmas como Monsanto llega a un 85%, aparte de la necesidad de comprarlas junto con los abonos, herbicidas y otros insumos industriales. Afirma la investigadora Silvia Rodríguez: “En resumen, la UPOV y las patentes sobre formas de vida, sí favorecen, es cierto, a un tipo de agricultura: la comercial, especialmente la corporativa, y sí favorecen a quienes lucran con el monopolio que otorgan los certificados de obtentor y de patentes, incluyendo algunas universidades públicas; pero NO favorece al sector campesino o indígena, a los agricultores sin tierra, al medio ambiente, ni a la sociedad en general.” En María E. Trejos y otros, Tratado de Libre Comercio: estrategia de tierra arrasada, San José: Euned, 2005, p. 368).

c) Telecomunicaciones, seguros, servicios profesionales, ambientales y transportes (Caps 12, 13,15 y Anexos 1 y 2): los precios de todos estos servicios aumentarían bajo un sistema de libre competencia formado por unos pocos operadores privados, capaces de presionar a entes reguladores (incluida ARESEP) para que aprueben tarifas que generen sustanciales ganancias. Dichos entes obligarán a los proveedores públicos a eliminar subsidios a favor de los consumidores nacionales de menores ingresos. Tampoco podrán cobrar tarifas más altas a los ricos para ofrecerlas a menos precio a los pobres, especialmente a los de zonas rurales. Sin duda, los agricultores de menores ingresos se verán perjudicados.

d) Ferias del agricultor y afines: a pesar de que se regulan mediante ley y no por reglamento, el TLC estará por encima de cualquier medida interna que las favorezca. En efecto, los importadores y grandes comerciantes ligados al sector transnacional (como Wal Mart que es ahora la transnacional de EEUU dueña de Más X Menos, Hipermás y maximercados) podrán definirlas como una actividad que atenta contra el libre comercio y la afecta negativamente en sus ventas y ganancias. Wal-Mart podría pedir, bajo la norma del TLC llamada “trato nacional” y la de “expropiación indirecta” (Art. 10.7), que el gobierno elimine las ferias o que permita que la firma pueda vender allí sus productos comprados a más bajos precios en los EEUU o en Centroamérica. En cualquier caso, un atentado contra nuestra población de menores recursos.

Lo mismo sucedería con la nueva Ley sobre Agricultura Orgánica aprobada este año, respecto de la cual ya temen con razón muchos productores y exportadores nacionales que termine siendo denunciada y anulada por los extranjeros si se ratifica el TLC, pues contiene exenciones y otros beneficios especiales que el libre comercio. El TLC permite derogar, ahora o más adelante, cualquier protección dada por ley a los agricultores locales. Con el TLC el país renuncia a dar incentivos a sus productores, a no ser que los extienda por igual a los extranjeros bajo la norma de_ “trato nacional”_.

e) Sector cooperativo y de economía social: un caso especial lo constituye este sector, en vista de que hay numerosas empresas cooperativas y asociativas en el sector agropecuario, que se verían afectadas por el TLC. Tanto el Sr. Félix Cristiá, director ejecutivo de la Confederación de Cooperativas del Caribe y Centroamérica como el Sr. Harys Regidor, presidente del Consejo Nacional de Cooperativas, han reconocido que son vulnerables. Este último declaró: Prácticamente no vislumbramos en ninguna parte del Tratado una salvaguarda para las empresas de economía social, ya lo dijimos en la Comisión de Internacionales; se nos pone a competir en igualdad de condiciones sin tomar nunca en cuenta las asimetrías (Semanario Universidad, 23/11/2006, pág. 10). Se reporta desde Guatemala la posibilidad de que el 75% de las 1.600 cooperativas de ese país quiebre por competencia desleal derivada de la aprobación del TLC en los sectores agrícola, vivienda y financiero (Idem).

7. Sexto paso: El impacto de nuevas regulaciones imparables como barreras no-arancelarias

Sobre este tema ha llamado la atención el XII Informe del Estado de la Nación al señalar, mediante un estudio de la especialista Susan Rodríguez, que se percibe una tendencia a renovar obstáculos arancelarios al comercio agropecuario, pero seguido eso de la introducción de otros no-arancelarios, derivados de regulaciones especiales que EEUU, Europa y otros países poderosos han venido imponiendo unilateralmente; lo cual invalida la llamada liberalización de los mercados y establece un sistema de comercio administrado con altos costos en nuestra contra, que los agricultores deben absorber sin remedio, entre ellos mejoras en bodegas, equipos y sistemas de almacenamiento, registros de costos, controles especiales, y capacitación.

Dos claros ejemplos son la Ley contra el Bioterrorismo de EEUU y la normativa EurepGap de la UE. Ambas establecen requisitos de inocuidad, calidad, empaque y distribución, control, numeración y codificación, así como de “buenas prácticas agrícolas” (BPA) que obligan a recurrir a carísimos y complejos procesos de certificación y cambio tecnológico, muy fuera del alcance de medianos y pequeños productores, inasistidos por el sector público y obligados a competir globalmente con los otros países que se disputan el acceso a los mercados del norte.

Evidentemente, EEUU y la UE aman y protegen a sus campesinos, Costa Rica algunos quieren que desaparezcan y lo esta logrando, a menos que recuperemos la solidaridad activa y propositiva.

SEGUNDA PARTE: EL AGRICIDIO Y LA DESTRUCCIÓN DE
LA BASE SOCIAL DE LA IGLESIA CATÓLICA

En la PRIMERA PARTE se demostró, con acopio de datos e información no rebatida por los defensores del TLC, que aprobarlo acarrearía la disgregación del campesinado costarricense, forzado a competir con agricultores subsidiados por el gobierno de EEUU con sumas galácticas. Las empresas agropecuarias, pequeñas, medianas, grandes, al igual que las cooperativas, ahora en manos costarricenses, pasarían a ser propiedad de transnacionales. Se cerraría el último eslabón de una cadena de hierro que comenzó con el primer Programa de Ajuste Estructural (PAE), en 1983. Las transnacionales agrícolas no siembran para satisfacer las necesidades de nuestra población. Producen frutas, plantas ornamentales y verduras para mercados extranjeros. La pérdida de la soberanía alimentaria sería total.

Es fácil decir la palabra campesinado, pero ese sonido representa miles de mujeres y hombres. Con el TLC se verían obligados a emigrar, sea a las ciudades del país, sea a los EEUU y otros países. Los EEUU no desean más emigrantes, a juzgar por el muro que se construye en la frontera con México. Las consecuencias del TLC EEUU-México son aleccionadoras: miles de campesinos se quedaron sin trabajo, pero ahora en EEUU les rechaza como indeseables. Los cereales se importan de los EEUU a precios realmente bajos, pero el pueblo mexicano no come tortillas más baratas, la diferencia de precio es ganancia para las transnacionales.

La migración conlleva desintegración familiar, resquebrajamiento de proyectos de vida. Pero no son solo sufrimientos personales. La migración forzada, masiva y acelerada implica la destrucción de la cultura campesina. Todo un elenco de valores forjado por la evangelización de la Iglesia entra en riesgo mortal. La cultura de los forzados a migrar se pulveriza, caen en la anomia, es decir, la pérdida de orientación, de sentido de la vida. En los últimos once años, la población de la Gran Área Metropolitana se duplicó (La Nación 29 nov. 2006), debido fundamentalmente a la desintegración del agro. Es la llamada descampesinizacion del agro, con el agravante que ahora el campesino desarraigado no tiene otro lugar a donde ir. Esta tendencia se aceleraría de aprobarse el TLC. Eso significa amplios anillos de miseria, hacinamiento en tugurios, más prostitución, mendicidad y drogas, servicios públicos educativos, de salud, de comunicaciones y telecomunicaciones saturados. Desaparece la Costa Rica solidaria y se abre paso la Costa Rica de la competencia, con su ya engrosado saldo de exclusión y pobreza.

En situaciones humanas de migración forzada y acelerada, pierden vigencia los valores y preceptos éticos tradicionales, fuente de dignidad. Las costumbres rurales se desvanecen, excepto las que poseen interés turístico, que sobreviven pero deformadas ahora como remedos culturales. La religiosidad popular se esfuma, la práctica sacramental disminuye. Hay grave peligro de caer en la degradación sin vuelta de hoja.

El campesino, que sabe ganarse la vida en labores agropecuarias, se siente inútil e inadaptado en la gran ciudad, donde pierde muchas de sus seguridades y puede ser fácil presa de las nuevas tentaciones. Así, desarraigado de su ámbito comunitario y destruido su vínculo con la tierra, es fácil víctima de la cultura homogenizante global. Peón en la tierra que antes fue suya, como ya sucede en los latifundios de banano, cítricos, piña o melón. La familia campesina será extranjera en su propia tierra.

Para la iglesia este planeado agrocidio se expresará en eucaristías con los templos vacíos, ferias o turnos sin voluntarios ni comunidad reunida, sacramentos sin presencia comunitaria, filiales despobladas. El TLC que ahora está en la Asamblea Legislativa destruye la base social tradicional de la Iglesia. Los pastores tienen la obligación de impedir, como el Buen Pastor, que se disperse su rebaño.

La confusión y pérdida del sentido de la vida incita a los campesinos y campesinas a buscar alternativas religiosas. Entonces asoma aprovechador el mercadeo religioso de las sectas fundamentalistas, de cuño pentecostal. La Iglesia Católica, que se esfuerza por formar a sus presbíteros con todo rigor, difícilmente compite con los improvisados lanzados a la calle, luego de cursos cortos e insuficientes, pero dispuestos a hacerse de una feligresía para cobrar el diezmo. Todo eso ya se sufre en la Gran Área Metropolitana, con consecuencias nefastas.

El TLC sería la gota que derrama el vaso ya colmado por la aplicación de la política de apertura que generó la pobreza y la enorme y creciente inequidad social. La Costa Rica democrática y solidaria, en buena mediada creación de la Iglesia, corre grave peligro de ser sustituida por la Costa Rica de la competencia, de los ganadores y perdedores anunciados de antemano, donde el Credo Católico es sustituido por el credo neoliberal.

No nos oponemos a un TLC sino a este TLC como fue negociado. Panamá está renegociando su tratado, ¿por qué Costa Rica debe ser parte del montón si siempre ha sido original?

  • Los señores Obispos de Costa Rica han levantado la bandera de la Agenda Nacional de Desarrollo (El proyecto país), no la complementaria (paliativa) para subsanar las heridas mortales que dejará el TLC. Es cierto que con TLC o sin él, el país necesita una agenda amplia de desarrollo nacional, pero esa necesidad no debe ser utilizada para impedir que el campesinado nacional defienda su derecho existir.
  • La forma como fue negociado el TLC, a espaldas de los campesinos y contra sus intereses, arroja fuertes dudas sobre su legitimidad y los procesos subsiguientes de aprobación.
  • Nuestro marco de vida, costumbres y valores será transformado en 15 años más o menos de modo irreversible. No se trata de que un sector social será perjudicado, se trata de que una clase social, la base de la nacionalidad costarricense y de la Iglesia Católica, será borrada del mapa.
  • Para lograr que el campesino permanezca en el agro, con su estilo de vida y bajo la dirección espiritual y moral de la Iglesia Católica, no debe el clero dar su apoyo a este TLC. Para la Iglesia, hacerse de la vista gorda o asumir una postura de “dejar hacer, dejar pasar” puede constituir una actitud perversa ante los peligros que se ciernen, en la medida que daría luz verde al gobierno para que siga adelante con un proyecto en el cual ganan las minorías y pierden las mayorías.
  • No basta un simple cuestionamiento ético y quedarse sin hacer nada. Si hay una carencia o transgresión ética insuperable a estas alturas en la naturaleza del TLC, como lo ha afirmado la Conferencia Episcopal, debe darse y profundizarse un compromiso mayor con la tesis de que debe haber una renegociación o un rechazo de ese Tratado.
  • Como el gobierno de Costa Rica y los demás firmantes han insistido en que ya NO es posible, ni desean, renegociar este TLC, entonces no caben medias tintas: hay que rechazarlo y relanzar una negociación comercial bajo premisas éticas y técnicas que superen las deficiencias de esta negociación del COMEX, hecha sin conciencia social ni moral. De otro modo, una de las principales víctimas será la Iglesia y la mayoría de su base social, afectadas frontalmente en lo material y no-material por un mal paso dado por gobernantes elitistas, insensibles y obcecados en aprobarlo, incapaces de defender los más elevados intereses de nuestra Nación y de las mayorías.
  • Se recomienda dar a conocer este documento a las fuerzas vivas de la comunidad y dialogar acerca de las mejores vías prácticas.
  • La fuente de la indignación es ética, no todos los que se molestan son éticos…pero todos los éticos se indignan. No a ESTE TLC.

“La Iglesia costarricense, acogiendo las orientaciones del Magisterio Social, y ante las políticas estatales orientadas a favorecer a las grandes empresas, responde al clamor de los campesinos e indígenas, se solidariza con ellos y le recuerda al Estado su función de garantizar el bien común de toda la sociedad, lo cual significa el bien de todos y el bien de cada uno”. Mensaje de los Obispos de Costa Rica sobre la situación de los campesinos y los indígenas, 2 de agosto de 1994.

Miguel Picado G., Pbro.
Coordinador Comisión redactora
Para la Comisión Nacional de Enlace-enero 2007

LOS NUEVOS AIRES DE LIBERTAD EN LATINOAMERICA

_Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna. _

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Aunque esos cambios pueden ser tenues en unos casos, relativos o profundos en otros, lo real es que las abusadoras oligarquías neoliberales, en muchos casos asesinas, de la América Latina, están realmente alarmadas y en franco retroceso.

Luego de los genocidios del cono sur y de las matanzas centroamericanas, las democracias “controladas” latinoamericanas parecen convertirse en verdaderas; pues los sectores que fueron masacrados y postergados, los de abajo, asumen papeles protagónicos y llegan a los gobiernos para saldar las enormes deudas sociales que han dejado por estas tierras, los famosos programas de ajuste estructural, las aperturas comerciales sin restricción, las privatizaciones, las exacciones y el saqueo de los patrimonios públicos.

Utilizando las propias reglas del juego electoral oligárquico, diseñadas para la preservación del totalitario poder tradicional del dinero, de la corrupción y de la compra de conciencias; varios pueblos latinoamericanos están escribiendo grandes páginas de gloria y de reivindicación social jamás presenciadas antes.

La revolución democrática e institucional de los de abajo, está generando verdadero terror en los hasta ahora intocables círculos del tradicional poder neoliberal en nuestros países; poder que ya perdió su condición hegemónica en la América Latina

Admiramos el coraje, la valentía y el empeño pese a toda adversidad, de pueblos como el argentino, el brasileño, el uruguayo, el boliviano, el ecuatoriano, el venezolano, el mexicano y el nicaragüense que, con el arma de las urnas, decidieron empezar a ejecutar la subversión del “orden” ideológico dominante; es decir, el “orden” de las dictaduras mediáticas, el “orden” de la abusiva concentración de la riqueza, el “orden” del mercado totalitario, el “orden” de la corrupción, el_ “orden”_ de las partidocracias podridas y degeneradas, el “orden” de la televisión silicona.

Pero también, hoy dejamos constancia de nuestra admiración por la capacidad de resistencia que tiene el pueblo costarricense, el cual se ha enfrentado a ese “orden”, durante los últimos veinte años; desplegando una resistencia heroica que ha impedido, hasta hoy, que la oligarquía neoliberal criolla y sus socios extranjeros, hayan saqueado completamente el patrimonio público heredado de las generaciones anteriores.

En Costa Rica también caerá ese tradicional poder neoliberal. Éste todavía se mantiene en condición “ofensiva” producto de las trampas que hizo dentro de sus propias reglas electorales. Ahora lo sustenta una coalición de capitales oligárquicos criollos y sus pares sangrientos centroamericanos, la cual se sostiene por el apoyo de una práctica periodística completamente degenerada y prostituida de ciertos medios de la denominada “gran” prensa. Esto no durará mucho tiempo.

El régimen caerá y arrastrará a toda la podredumbre que ha venido pervirtiendo la institucionalidad social y democrática que construyeron nuestros padres y nuestras madres, nuestros abuelos y nuestras abuelas, de todas las ideologías políticas que conformaron el ser costarricense. A nosotros, a los de abajo de Costa Rica, también tenemos reservado un lugar de privilegio en esta gran ola de cambios latinoamericanos de carácter histórico.

Trabajadores de la Imprenta Nacional sin salario

San José, 15 de enero de 2007.

S.G. 05-07-1105-07

¡URGENTE!

Licenciada
Ana Durán Salvatierra
Viceministra
Ministerio de Gobernación y Policía y de Seguridad Pública
Presidenta
Junta Administrativa de la Imprenta Nacional
Su Despacho

Estimada señora:

Primeramente reciba un cordial saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), deseándole los mejores éxitos en este año que recién inicia.

La presente es para solicitarle a su digna autoridad, la interposición de sus buenos oficios a través de la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional y ante la Dirección General del Servicio Civil; con respecto a la problemática suscitada por los nombramientos de las 21 personas contratadas por dicho ente colegiado y que a partir de este año fueron trasladadas a Presupuesto Nacional de la República, en la partida Imprenta Nacional, para su respectivo pago salarial.

Lo anterior con el fin de encontrar la mejor solución al conflicto de carácter económico y sociolaboral que se nos avecina, por cuanto aun estas personas se mantienen trabajando para dicha institución pero sin contrato alguno que los respalde y, por ende, sin percibir salario.

Somos conocedores de la buena fe tanto del Sr. Director General de la Imprenta Nacional, Lic. Nelson Loaiza Sojo; así como de la Jefa de Recursos Humanos, la Licda. Marta Porras Vega, para encontrarle solución al conflicto, pero consideramos que la Junta Administrativa debe de ser parte importante en dicha solución, puesto que este órgano colegiado decidió mantener dichas plazas y hoy los funcionarios y funcionarias de dichos puestos se encuentran en el limbo, trabajando, sin salario y sin ningún tipo de nombramiento.

Dada la buena fe de las jerarquías mencionadas para creer en la pronta solución de esta administración y resolver el tema de marras, considerando además la solicitud planteada a este sindicato como sus representantes legales por parte de las personas afectadas; invocamos su intervención nuevamente con el fin de poner todas las cartas sobre la mesa, y lograr colectivamente lo mejor para estos personeros de la Imprenta Nacional que nos honran con su membresía, pues está mas que claro la responsabilidad política de la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional en este caso específico.

Sin más por el momento, poniéndonos a su servicio para encontrar la mejor solución posible a este caso, muy atentamente nos suscribimos,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Guillermo Murillo Castillo
Directivo Nacional

cc.: Lic. Nelson Loaiza Sojo, Director General de la Imprenta Nacional
cc.: Trabajadores y Trabajadoras Afectados.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-Imprenta Nacional.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP
cc.: Archivo

Caso de mafia china: ANEP felicita a Director de Migración

San José, 16 de enero de 2007.
S.G. 05-07-1104-07

Licenciado
Mario Zamora Cordero
Director General
Dirección General de Migración y Extranjería
Ministerio de Gobernación y Policía
Su Despacho

Estimado señor:

En un proceso de desmoralización institucional como el que vive nuestro país, propiciado desde las máximas alturas de las esferas del tradicional poder dominante; el coraje, la entereza moral y la conciencia cívica de un funcionario de su nivel, manda un mensaje altamente esperanzador para nuestra querida Costa Rica de que la decencia y el decoro en el servicio público se han de imponer pese a la tentación del dinero fácil, a la presión del tráfico de influencias y al silencio cómplice de quienes se conforman con el acceso a las migajas que brinda el poder corrupto.

¡Siga adelante!, don Mario. No es casual que usted haya llegado a esa posición proveniente de una institución tan querida y prestigiosa para el país como la Defensoría de los Habitantes de la República, plagada de valores morales sólidos y lealtades cívicas que honran la institucionalidad democrática que nos fue heredada.

Además, en ANEP estamos convencidos de que la inmensa mayoría del personal de la Dirección General de Migración y Extranjería, pese a los salarios indignos que percibe, ejecuta su quehacer con honorabilidad, con transparencia, con ética apegada a los más nobles valores del servicio público. Ese personal honesto, gran parte del cual es asociado a la ANEP, admira su trabajo, le ofrece su respaldo y solidaridad sin ninguna condición.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Cristina Ramírez Borge
Presidenta de la Junta Directiva
Seccional ANEP-Migración y Extranjería

cc.: Lic. Fernando Berrocal Soto, Ministro de Gobernación y Policía y de Seguridad Pública.
cc.: Dra. Lisbeth Quesada Tristán, Defensora de los Habitantes de la República.
cc.: Personal de la Dirección General de Migración y Extranjería.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-Migración y Extranjería.
cc.: Archivo.

ANEP rechaza presiones laborales contra sus dirigentes en la Municipalidad de Turrialba

San José, 15 de enero de 2007.
S.G. 05-07-1102-07
¡URGENTE!

Licenciado
Marvin Ocorú Cavaría
Alcalde Municipal
Municipalidad de Turrialba
Su Despacho
Fax No. 556 07 66

Estimado señor:

Sirva la presente para saludarle, de la manera más respetuosa y atenta, en nombre de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), deseándole lo mejor en el año que acaba de iniciar.

Al aproximarse el final de su gestión en la Alcaldía Municipal de Turrialba, el balance que podemos hacer es altamente positivo, en cuanto al proceso de las relaciones obrero-patronales, específicamente en cuanto a sus relaciones como máximo jerarca municipal con ANEP, que es la organización sindical representativa y legítima del personal de ese municipio.

Por tanto, no creemos que pueda ser posible que en el tramo hacia el término de su labor, la percepción que tenemos de su paso por la indicada instancia, vaya a verse ensombrecido por actuaciones que, esperamos, sean meramente especulativas.

Como es de su pleno conocimiento, la compañera Vanesa Valverde Vargas, Jefa del Departamento de Ingeniería y Servicios, es actualmente la Presidenta de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Municipalidad de Turrialba, así debidamente acreditada, según el ordenamiento jurídico vigente, ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); y, por tanto, protegida contra las denominadas “Prácticas Laborales Desleales”, específicamente lo que se estipula en la Ley No. 7360. Esta ley castiga esas prácticas severamente, por cierto.

No cabe en nuestra mente que nuestra representante pudiera estar sufriendo en este momento, algún tipo de acoso laboral que pudiera basarse en decisiones que ella hubiese tomado como ciudadana en cuanto a la conducción del gobierno local de la comunidad. No cabe en nuestra mente, tampoco, que el ciudadano Lic. Marvin Orocú Chavarría, todavía Alcalde Municipal de Turrialba y quien tiene todo nuestro respeto, pudiera diferir de decisiones democráticas ciudadanas adoptadas por alguno de nuestros representantes sindicales, quienes tienen derechos cívicos inalienables por encima de sus cargos públicos y/o sindicales. Sinceramente, señor Alcalde Orocú, no creemos que ese sea su estilo.

También nos preocupa que en tal marco de condiciones, haya un deterioro de la convivencia institucional, particularmente en los casos de la señora Janitza Zamora Mora, Jefa del Departamento de Bienes Inmuebles; y del señor Jesús Romero Prado, Jefe Financiero.

No tenemos elementos como para pensar que ambos funcionarios pudieran haberse comportado contrariamente a los obligados principios que debemos observar en cuanto a la ética de servicio público; y en el marco del sistema democrático institucional que rige en el país, estos dos ciudadanos tienen derecho a tener sus propias opiniones políticas y sociales aunque no nos guste. Si son personas trabajadoras, si son personas responsables, si son servidores honestos, y nosotros lo creemos así, nunca su estabilidad en el empleo podría verse amenazada, aunque fuera en grado mínimo.

Señor Alcalde Orocú: Si nuestras presunciones al respecto no tienen razón de ser, le rogamos nos dispense nuestra hipersensibilidad en tal sentido. ANEP, como organización laboral que es, está contra toda forma de discriminación en el empleo, especialmente por razones políticas, religiosas, étnicas, profesionales, de orientación sexual, etc. Y como ya indicamos más arriba, tenemos elementos como para estimar que su honorable persona es de gran conciencia cívica, tolerante y respetuosa de la diversidad, aunque ésta no nos haya favorecido en determinada coyuntura.

No obstante ello, sí consideramos prudente reiterar que la vocación de servicio de la ANEP hacia la clase trabajadora asalariada, particularmente la afiliada a esta agrupación, nos obliga a guardar un gran celo en defensa de la estabilidad en el empleo, protegiendo la tranquilidad laboral, celosa vigilante contra toda forma de discriminación y dispuesta a emplear todas las posibilidades a su alcance de protección en quienes nos dieron su confianza.

Aprovechamos para reiterarle nuestro mayor respeto y consideración, deseándole los mayores éticos personales, familiares y profesionales.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Arq. Vanesa Valverde Vargas, Presidenta Seccional ANEP-Municipalidad de Turrialba.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Turrialba.
cc.: Señora Janitza Zamora Mora y señor Jesús Romero Prado, Municipalidad de Turrialba.
cc.: Archivo.

Adaptación Social plantea desafío laboral por una Convención Colectiva de Trabajo

Dicho instrumento judaico, la Convención Colectiva de Trabajo, es una realidad en otras instituciones del Estado, por lo que se requiere de voluntad y de aportes de todos los actores involucrados para desarrollarlo.

Desde la ANEP deseamos realizar todos los esfuerzos necesarios a fin de que pronto tal negociación sea una realidad.

Hoy, gracias a la lucha constante de la ANEP y al apoyo mayoritario y decidido del personal del ministerio, disfrutamos de algunas reivindicaciones que es necesario proteger mediante ese instrumento jurídico. Entre dichos incentivos están:

  • El Riesgo Penitenciario.
  • El Riesgo de Seguridad y Vigilancia.
  • Las anualidades
  • El Salario Escolar
  • Homologación de salarios para el personal de la Policía Penitenciaria (pendiente la segunda parte).
  • El aumento del 9.81 % producto de una huelga de 36 días en A y A en el año 2005.
  • Vacaciones psicoprofilácticas
  • Pago de los días feriados para el personal de la Policía Penitenciaria
  • 22 de junio, Día del Trabajador Penitenciario
  • Lucha contra la cárcel de Pococí: primera cárcel privatizada del país, hoy sepultada.

Desde ya les estamos convocando para que, sin exclusión, con el aporte participativo, el conocimiento acumulado y el trabajo voluntario de todos, apoyemos nuestro próximo gran reto en el Ministerio de Justicia y Gracia: Lograr para nuestro sector la aplicación del máximo instrumento jurídico del Derecho Laboral costarricense, fundamentado en los diversos artículos establecidos por la OIT, el Código de Trabajo y sus Leyes Conexas la CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO; instrumento que debe recoger y mejorar los derechos ya existentes, además de que se estarían incluyendo otras propuestas que le recomendamos analizar para que las ratifique ó nos brinde nuevas propuestas:

ENTRE OTRAS PROPUESTAS QUE USTED DEBE ANALIZAR, LE PLANTEAMOS:

  • Aumento progresivo en el monto de los riesgos: Penitenciario y de Seguridad y Vigilancia
  • Carrera Profesional Penitenciaria
  • Derecho a mantener el servicio de transporte el cual está en riesgo a desaparecer
  • Derecho a mantener la alimentación en todos los centros penitenciarios
  • Aumento a los pluses salariales con revisión periódica
  • Respeto a todo derecho de las mujeres.
  • Médico de Empresa
  • Ampliaciones a Licencias Sindicales
  • Pago de horas extras para el personal de la Policía Penitenciaria.
  • Equipo para el personal de seguridad: uniformes, zapatos, armas; capacitaciones (entrenamiento sistemático), etc.
  • Creación de la oficina de Salud Ocupacional, en cada centro, como lo establece la ley.
  • Establecer convenios con las diversas Instituciones del Estado a fin de buscar los mejores métodos de preparación del personal de prisiones: INS, Cruz Roja, Bomberos, Fuerza Publica, y otros.
  • Establecer las Juntas de Relaciones Laborales.

Instalaciones adecuadas: oficinas, dormitorios de Seguridad, comedores del personal, atención al usuario y salas de esparcimiento, etc.

  • Establecer convenios con el INS a fin de contar con pólizas reales.
  • Establecer una propuesta como plan de retiro anticipado, lo cual ya existe en otros países como Argentina y Nicaragua, tan sólo por citar dos casos.(***)
  • Escuela de Capacitación Penitenciaria con una oferta educativa de desarrollo integral del personal, sujeto de retribución económico-salarial.
  • Nombramiento en propiedad del personal interino, reconociendo su antigüedad y su idoneidad en el cargo.
  • Establecer un escalafón de ascensos que le permita a la institución romper el estancamiento y la imposibilidad de promoción y de surgimiento técnico-profesional y administrativo.
  • Elaboración de los respectivos protocolos ante eventuales desastres naturales, asaltos, fugas motines, secuestros y otros.
  • Renegociar el sistema actual de vacaciones legales en Adaptación Social.
  • Elaborar convenios con el sistema bancario nacional y el BANVI, a fin de que los empleados del Ministerio que requieran la compra de vivienda lo puedan lograr de forma preferencial.

(**)*No se discutiría dentro de la posible convención colectiva,
dado que es un proyecto que iría a la Asamblea Legislativa

Recuerde: O aportamos todos en una sola dirección, ó nos pasaremos siempre implorando por mejores condiciones laborales esperando que otros resuelvan.

A los abnegados trabajadores y trabajadoras del AyA

I. INTRODUCCIÓN

1- La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), les expresa a todas y todos los trabajadores del A y A, sus mejores deseos de mucha felicidad y grandes éxitos en el Año Nuevo 2007.

2- Finalizamos un año de gran efervescencia y polarización social, producto del angurriento poder político-empresarial que, de manera insistente, continúa imponiendo a las mayorías, un modelo de Estado excluyente, antihumano, privatizador de las instituciones democráticas, estratégicas en el desarrollo social; en fin, un modelo profundizador de la pobreza y la desigualdad. Su estrategia fundamental ahora es el Tratado de Libre Comercio (TLC).
3- El año 2007 definirá el modelo del Estado costarricense para los próximos cincuenta años. Desde nuestra organización sindical, con toda nuestra base laboral y las estructuras que la representan, continuaremos la lucha inclaudicable e imperecedera por rescatar y fortalecer nuestro Estado Social de Derecho. Desplegaremos todas nuestras fuerzas en alianza estratégica con todos los sectores sociales y basándonos en las reservas morales y los principios patrióticos de nuestro pueblo, con resistencia pacífica y haciendo uso de la Democracia de las Calle, derrotaremos el TLC y definiremos la Costa Rica inclusiva y solidaria que todos y todas queremos.

4- Estamos seguros que usted, trabajadora y trabajador del A y A, será protagonista de primera línea, convencidos que a través de la Revolución Democrática, definamos y construyamos la Costa Rica de nuestros hijos, hijas, nietos y nietas. Ahora nos corresponde a nosotros y a nosotras, responder por todo lo bueno de la herencia que nos fue legada y de la cual hemos disfrutado.

5- Después de esta breve introducción de orden político-ideológico, nos permitimos presentarles a ustedes los ocho ejes fundamentales de trabajo en el A y A para el 2007, sobre los cuales ANEP trabajará. Esta es nuestra propuesta estratégica dentro la cual, cinco ejes apuntan a aspectos de políticas institucionales, de orden nacional; y tres, de orden reivindicativo laboral.

• A y A debe de replantarse la incursión en el embotellado y comercialización del agua, para continuar con la inversión social.
• Proyecto de Recurso Hídrico, Exp. Legislativo 14.800, una necesidad de primer orden.
• El agua, un derecho humano con garantía constitucional.
• Agua y el mal llamado Tratado de Libre Comercio (TLC).
• Empréstito japonés, para la modernización del alcantarillado, megaproyecto lleno de interrogantes.
• Proceso de reestructuración institucional.
• Convención Colectiva de Trabajo en A y A.
• Incumplimiento de acuerdos de Huelga.
• El 9.81, no compensó los salarios mínimos en al A y A, excluyó al sector profesional y continuamos por debajo del mínimo.
ANEP planteará renegociación de los injustos tractos o rebajos por huelga, así como la urgente aprobación del 15% aumento por concepto de expensa, según acuerdos.

II. A y A DEBE REPLANTEARSE LA INCURSIÓN EN EL EMBOTELLADO Y COMERCIALIZACIÓN DEL AGUA, PARA RELANZAR LA INVERSIÓN SOCIAL

6- Esta iniciativa fue planteada por la ANEP, en su oportunidad, a los expresidentes ejecutivos de la institución, Sr. Everardo Rodríguez Bastos e Ing. Rafael Villalta Fernández, misma que fue considerada para un respectivo análisis de prefactibilidad. No obstante, según entendemos, la Procuraduría General de la República se pronunció contrariamente, por considerar que se requería una reforma a la Ley Constitutiva del A y A.

7- La propuesta formulada encuentra lógica y argumentación, si comparamos a esta estratégica institución con el ICE, pues esta última hace inversión social de los recursos y ganancias que le proporcionan la telefonía celular e internet, con lo cual se financia gran parte de la electrificación rural y telefonía fija.

8- En tanto, monopolios o duopolios privados como la Cervecería Costa Rica y la Coca Cola, entre otros, mantienen la exclusividad para continuar haciendo clavos de oro con la comercialización del agua, a través de una concesión que le facilita el Estado.

9- Vale la pena preguntarnos entonces, porqué las altas autoridades del A y A no han considerado como de orden estratégico, la propuesta de las reformas jurídicas, para que se pueda incursionar en el mercado cautivo del agua embotellada, compitiendo con estas empresas y destinando los réditos a la inversión social.

10- En esta dirección avalamos el proyecto del diputado Oscar López Arias, del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE), quien ya tiene un borrador de iniciativa de ley en la corriente legislativa.

11- Continuaremos en el 2007, impulsando tan importante iniciativa. Realizaremos todos nuestros esfuerzos en la incidencia política, tanto a lo interno del A y A como en el Poder Legislativo.

III. PROYECTO DE RECURSODRICO, EXPEDIENTE LEGISLATIVO NO. 14.800: UNA NECESIDAD DE PRIMER ORDEN.

12- Este proyecto lleva en discusión más de cuatro años en el congreso de la República. Algunas veces ha tomado gran interés, otras veces el proyecto ha sido relegado; algunas veces han sido incluido aportes significativos de los sectores ambientalistas y ecologistas, cerrando portillos para la privatización de agua. Otras veces, los sectores empresariales industriales y políticos de la extrema derecha libertaria, liberalizadores y privatizadores con grandes intereses en el negocio del agua, han logrado incluir cláusulas que respondan a sus intereses.

13- Según se desprende de nuestro análisis, estamos convencidos que el país requiere con urgencia un marco jurídico moderno en materia de recurso hídrico; sin embargo, ha sido difícil lograr consensuar intereses en una propuesta definitiva integral.

14- Hoy el Proyecto de Recurso Hídrico, nuevamente está relegado y ha perdido interés por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como de las distintas fuerzas políticas. El tipo de proyecto de Ley de Recurso Hídrico que el país requiere, representa una contradicción a las políticas aperturistas privatizadoras y liberalizadas que exigen el TLC. Sin duda alguna es por eso el desinterés de los poderes políticos vigentes para que no se tramite.

15- En todo caso, la prioridad actual del Gobierno es enrumbar todos sus esfuerzos en la aprobación del TLC y las denominadas agendas complementarias e implementarlas.

16- Desde la ANEP hacemos nuestro más respetuoso pero vehemente llamado a las autoridades del A y A, para que emitan una posición oficial sobre el proyecto actual; llamamiento que hacemos extensivo tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo, al colectivo laboral y al país.

17- ANEP ha considerado de orden estratégico para el país, una normativa integral y moderna para el recurso hídrico.

IV. EL AGUA, UN DERECHO HUMANO, VÍA REFORMA CONTITUCIONAL

18- Distintos sectores ambientales y sociales han venido formulando un diagnóstico del marco jurídico del recurso hídrico, llegándose a la conclusión de que el agua no está reconocida constitucionalmente como un derecho humano; en tanto en la Organización Internacional del Comercio (OMC), la definen como un bien comercial, dentro de los tratados de libre comercio.

19- La ANEP fortalecerá en el 2007 sus alianzas estratégicas con los sectores ambientalistas y ONG’s, con el objetivo superior de lograr asegurar vía constitución, el agua como un derecho humano fundamental.

20- De igual manera buscaremos incidir a lo interno del A y A, para que tanto autoridades institucionales, sindicatos y su colectivo laboral, se pronuncien favorablemente a tan importante iniciativa.

V. AGUA Y EL MAL TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC)

21- Como recordarán las trabajadoras y los trabajadores del A y A, las organizaciones sindicales fuimos los primeros en pronunciarnos en contra del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Hoy, después de cuatro años de que los vendepatrias nos entregaron en Washington, prestigiosos académicos, intelectuales, políticos y empresarios de distintas orientaciones ideológicas, se han pronunciado en contra de este mal llamado TLC.

22- Hará dos años, nuestra organización sindical expuso ante la Junta Directiva del A y A, las consecuencias negativas de este tratado para el agua y, por ende, sus posibles impactos en esta estratégica institución; pues ya contábamos con elementos suficientes que nos movieron a exponer ante este órgano colegiado, nuestras argumentaciones.

23- Este tema ha sido profundizado por abogados ambientalistas y por prestigiosas organizaciones ambientalistas y ecologistas, mismos que en su manifiesto, demuestran y certifican como los capítulos del TLC números 3 (Trato Nacional), 9 (Contratación Pública), 10 (Inversiones) y 11 (Comercio Transfronterizo), se refieren o incluyen el tema del agua. Ello sin tocar los efectos devastadores del TLC en la agricultura, los medicamentos y la CCSS; el desmantelamiento por “apertura” (privatización) del ICE y del INS, la casi anulación de los derechos laborales, la entrega de los Recursos Naturales entre otros; razones por las que llamamos a la fuerza celeste del A y A, a que mediante la Democracia de las Calle, derrotemos el TLC.

24- Valga hacer del conocimiento de las trabajadoras y de los trabajadores del A y A, que en dos oportunidades hemos programado la realización de un foro sobre este tema, pero las autoridades institucionales no han mostrado voluntad política para la su realización.

VI. EMPRÉSTITO JAPONÉS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO, UN MEGAPROYECTO PRIORITARIO PERO CON MUCHAS INTERROGANTES.

25- Nuestra organización elogió y reconoció la capacidad de liderazgo ejercida por don Heibel Rodríguez Araya, Exgerente General de la institución y todo su equipo de expertos, que lograron formular este proyecto, exponerlo al ente financiero y argumentarlo como una necesidad nacional de primer orden. Nuestra organización sindical se pronunció oficialmente de manera favorable en torno a este empréstito, ejerciendo incidencia política positiva en el ámbito legislativo, con los diputados y diputadas que mantenían reservas y oposición a este importante empréstito. Pese a las cada vez más grandes diferencias entre el actual Gobierno de la República y la ANEP, reconocimos en las autoridades políticas de la nueva administración, su voluntad de aprobación de este proyecto.

26- No obstante, y teniendo claro que la modernización en materia de Alcantarillado Sanitario, vía empréstito tipificado como ambiental y en las mejores condiciones crediticias con el Banco Japonés, se afloran dudas a partir de pronunciamientos, cuestionamientos y posiciones de reconocidos expertos en materia ambiental.

27- Así por ejemplo, se cuestiona el destino o la disposición final de los lodos y su tratamiento, el impacto en el congestionamiento urbano como producto de las instalaciones de nuevas redes y colectores, los efectos reales en el proceso de descontaminación del Río Tárcoles. También se cuestiona sobre los mecanismos de contrataciones con los cuales se podría estar propiciando favoritismos a empresas o personas físicas y jurídicas que ven en la ejecución de este megaproyecto la oportunidad de hacer negocio. Si bien confiamos en la transparencia en la gestión de las actuales autoridades institucionales, desde ANEP ejerceremos el papel fiscalización y denunciaremos en su oportunidad, cualesquier situación que riña contra los sanos principios éticos en la gestión publica.

VII. PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN INSTITUCIONAL

28- Las trabajadoras y los trabajadores de A y A recordarán que uno de los puntos fundamentales que quedaron plasmados en los acuerdos de la huelga, fue la conformación de una comisión bipartita para la discusión permanente en temas como el proceso de reestructuración institucional, seguimiento y cumplimiento de acuerdos.

29- Sobre este particular, la ANEP admite que efectivamente dicho espacio fue propiciado por la administración, pero no con el espíritu concebido para tal propósito, puesto que las pocas reuniones a las que asistimos, fueron de carácter informativo por parte de la máxima jerarquía, al sostener ésta la tesis de que la programación o cronograma, establecía que las organizaciones sindicales serían las últimas en consulta. Esto resultó inaceptable desde nuestra posición de organización sindical responsable, pues interpretamos que lo que se quería obtener de la participación laboral era un mere refrendo, sin mayor participación activa, pese a que profesionalmente teníamos las condiciones para sumir semejante desafío. En consecuencia, no quisimos prestarnos para una participación cosmética.

30- Al respecto, ANEP dejó plasmada la posición oficial ante las autoridades institucionales y ante el colectivo laboral, la cual se sustentó en tres aspectos fundamentales:

• Una reestructuración sin despidos o movilidad laboral forzada.
• Un proceso de reestructuración que garantizara la modernización y fortalecimiento del A y A.
• Una reestructuración que contemplara un escalafón acorde a las características propias institucionales, permitiendo una revalorización de las bases salariales, atendiendo a la especificidad de una institución como A y A, única en su campo.

31- Sobre este importante tema, hemos venido de manera insistente, solicitando una reunión con la Presidencia Ejecutiva, misma que desde que asumió, no se ha dignado a atendernos para discutir sobre este tema y otros aspectos de orden institucional y laboral.

32- Hoy en día, enero del 2007, la administración superior pretende implementar dicho proceso sin la previa consulta y análisis de las organizaciones sindicales, lo que violenta la normativa del propio Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN).

33- Estas situaciones ya las hemos vivido en otras entidades públicas, en las cuales sus autoridades “reestructuran” unilateral y hasta arbitrariamente, lo que nos obligó a ir hasta la Sala Constitucional, lográndose revertir tales procesos de reestructuración, precisamente por haber obviado la parte fundamental del mismo: la consulta y la participación de las representaciones laborales legítimas. ANEP está ya valorando si procede seguir el mismo camino en el caso de A y A.

34- La anterior situación propiciada por las autoridades institucionales, nos llevarán irremediablemente, una vez más, a la confrontación, pues ha trascurrido un año de imposiciones y negaciones, ignorando el derecho que nos asiste, en representación de las trabajadoras y de los trabajadores.

35- Tal situación augura tensiones a lo internos del A y A, a inicios del 2007. La ANEP reitera su compromiso inclaudicable en la defensa y fortalecimiento institucional del A y A, y la garantía del pleno respeto del marco jurídico laboral para todas y todos los trabajadores de la institución.

VIII. CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO EN A y A,
LA MÁXIMA HERRAMIENTA LABORAL, UN DERECHO PARA TODAS Y TODOS

36- Nuestra organización ha venido propiciando la negociación y firma de convenciones colectivas de trabajo en distintas entidades del Gobierno Central e instituciones autónomas, pues no hay libertad sindical si se cercena el derecho fundamental de la negociación del instrumento más importante con que cuenta la clase trabajadora para garantizar el respeto a sus derechos laborales, es decir, la Convención Colectiva de Trabajo.

37- ¿Por qué la ANEP afirma lo anterior?. La argumentación fundamental radica en que es un derecho sagrado, reconocido en los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificados por Costa Rica. Pero vamos más allá. Las personas trabajadoras del A y A deben de interiorizar que tan importante instrumento de negociación tiene rango de ley entre las partes, contrariamente a las reglamentaciones y disposiciones internas de la patronal, que son de cumplimiento obligatorio para los trabajadores, no así para el patrono o Estado.

38- Un típico ejemplo al respecto, lo viven los trabajadores operativos, cuando trascurre un año y la Administración no suministra uniformes e indumentaria, aún estando reglamentado la provisión dos veces al año. La anterior situación no acontecería si estuviese incluida en una Convención Colectiva de Trabajo.

39- ¿Qué aspectos de orden laboral, estarían sujetos de inclusión o contenido en una Convención Colectiva de Trabajo en A y A?. Prácticamente aseguraríamos que toda la relación laboral se regiría vía Convención, lo que hay y otros aspectos que la legislación permite incluir. Como por ejemplo, carrera administrativa, estudios de mercado para revalorizaciones salariales, manuales descriptivos de puestos, pluses salariales, reasignaciones, peligrosidad, extras, rompimiento de topes de cesantía, entre otros aspectos de orden laboral.

40- La ANEP ha venido planeando de manera reiterada con nuestra organización fraterna ASTRAA, la conveniencia estratégica de que este instrumento laboral, debe de ser construido con el aporte de las tres visiones sindicales del A y A. Nos referimos además de ASTRAA, al Sindicato de Profesionales del A y A (SIPAA) y, por ende, a nuestra agrupación sindical ANEP.

41- Lo anterior reafirma una mayor incidencia política para la negociación con las autoridades institucionales y, por supuesto, un documento enriquecido con un contenido integral que refleje los intereses del personal operativo y del sector profesional, dentro de una perspectiva de modernización que garantice la eficiencia y la eficacia institucional.

42- Así las cosas, la ANEP insta respetuosamente pero con vehemencia a las trabajadoras y a los trabajadores, así como a las organizaciones sindicales del A y A, para que se propicie una discusión que puntualice aportes sobre la Convención Colectiva de Trabajo a que aspiramos para este sector laboral. El contenido de propuesta dependerá de las exigencias y el respaldo de toda la fuerza celeste del A y A.

43- La ANEP ha definido como prioridad aportar en este debate a lo interno del A y A, y quisiéramos que por respeto a los trabajadores y trabajadoras, exista la mayor madurez política en la dirigencia de nuestra organización hermana fraterna ASTRAA, para que comprenda y dimensione nuestra propuesta que surge tanto de sus afiliados como de nuestra membresía. De igual manera y con el respeto de siempre, les manifestamos a nuestros apreciados dirigentes sindicales de SIPAA y sus afiliados y afiliadas, para que apuntemos como bloque de fuerza para el logro de este y otros objetivos superiores

IX. INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE HUELGA

44- Hace año y dos meses finalizó la histórica huelga del A y A, en una coyuntura difícil, puesto que al haber sido declarada ilegal en segunda instancia por el Tribunal, la administración institucional encontró las armas jurídicas, se empoderó; no existiendo otra alternativa que buscar la negociación del mejor acuerdo posible y no exponer a al colectivo laboral a los despidos.

45- Como recordarán, la fecha límite para el cumplimiento de los acuerdos se venció en febrero del 2005, sin que al día de hoy se hayan cumplido. Contrariamente, la Administración superior fue eficiente y eficaz, impuso contra toda voluntad y protesta de los trabajadores y sindicatos, los denominados 42 tractos; como mecanismo de recuperación de salario percibido por las y los trabajadores, en tiempo de huelga, según fallo del Tribunal.

46- Lo anterior ha generado el repudio de las trabajadoras y los trabajadores y los gremios sindicales, que hemos reaccionado tibiamente y con bajo perfil. La ANEP ha venido planteando un trabajo intersindical a lo interno del A y A, con el objetivo de actuar como bloque para el logro de incidencia política en las jerarquías institucionales. Con pena tenemos que reconocer que la construcción de dicha estrategia no ha sido posible. Por otra parte, la Administración superior con gran habilidad política, ha propiciado un mayor acercamiento con los gremios sindicales internos, con el objetivo de limitar, aislar e impedir el trabajo organizativo y de incidencia política de la ANEP.

47- En ANEP, comprendemos estos juegos políticos de los jerarcas, muy marcados en las administraciones liberacionistas. Es una práctica de neutralización para impedir nuestro posicionamiento e incidencia y, a la vez, dividir a la clase trabajadora, ofreciendo concesiones de corto plazo que enturbian la mente a fin de que, los eventuales favorecidos, no comprendan las raíces del juego a que son sometidos.

48- El incumplimiento de los acuerdos, no es un tema olvidado. Retomaremos con toda beligerancia el cumplimiento de los mismos, así como un nuevo replanteamiento para la renegociación de los tractos, pues si la Administración del A y A ha incumplido los acuerdos pactados con los trabajadores, estos últimos y las representaciones laborales exigiremos que se dejen sin efecto los tractos o rebajos, planteamiento que formularemos a inicios del 2007.

X. EL 9.81 NO COMPENSÒ LOS SALARIOS MINIMOS EN EL AYA, EXCLUYÒ AL SECTOR PROFECIONAL Y CONTINUAMOS POR DEBAJO DELNIMO.

49- La declaratoria de ilegalidad de la huelga, no dejó margen ni espacio de maniobra para continuar negociando un porcentaje mayor, ello sin mencionar la posición dura y radical de parte las autoridades políticas de entonces; reconociendo que no fue lo justo pero que sí lo posible en las adversas condiciones coyunturales del momento histórico. El 9.81 es un porcentaje promedio que excluyó al sector profesional y que no resolvió el problema de los mínimos salariales de ley.

50- En ANEP no hemos renunciado a esta lucha reivindicativa, sea ésta mediante el proceso de reestructuración, si ésta conviene a la institución, exclusivamente; ó por los medios de presión y propuestas que formulemos conjuntamente con las trabajadoras y con los trabajadores. Desde ya y por este medio, solicitamos a los jerarcas institucionales la realización de un estudio que determine vía segmentos ocupacionales el porcentaje que estaría permitiendo dejar los salarios homologados al mínimo de ley; para lo cual solicitamos a la administración superior la conformación de una comisión de alto nivel, con representación de las organizaciones sindicales.

XI. ANEP PLANTARÀ RENEGOCIACIÓN DE LOS INJUSTOS TRACTOS O REBAJOS POR HUELGA, ASÌ COMO LA APROBACIÒN DEL
15% DE AUMENTO EN LA EXPENSA, SEGÚN ACUERDOS.

51- Estos dos planteamientos serán formulados por nuestra organización a las autoridades institucionales, a mediados del mes de enero. En el primer aspecto consideramos posible lograr un acuerdo de orden político, tanto con la presidencia como con la gerencia institucional; de igual manera solicitaremos con todo respeto pero con vehemencia a las mismas autoridades y a la Junta Directiva aprobar el porcentaje de expensa, puesto que no ha existido voluntad política ni presión suficiente de las organizaciones sindicales que obliguen a este órgano colegiado honrar este acuerdo.

XII. OTROS ASPECTOS FUNDAMENTALES

52- Finalmente quedan en el tapete una serie de aspectos cotidianos de orden institucional y laboral, como lo son la circular sobre conflicto de intereses, que prohíbe a las trabajadoras y a los trabajadores que no gozan del respectivo plus de prohibición, realizar labores de fontanería y otras especifidades en tiempo no laboral; un reglamento institucional propio, para el reconocimiento de viáticos; reformas al reglamento de expensas; revisión profunda sobre mecanismos y procedimientos ordinarios de investigación disciplinaria de que son objeto las y los trabajadores, pues según entendemos la institución consume enormes recursos humanos y económicos, en procesos ordinarios, que muchas veces no ameritan o tipifican para un costoso proceso jurídico laboral. Condiciones de salud ocupacional y cargas de trabajo extenuntes a trabajadores operativos (tal es el caso de los lectores de hidrómetros).

53- Otro tema que a nuestro parecer la Presidencia Ejecutiva debe discutir con las organizaciones sindicales, es la conveniencia de propuesta para convertir a la Región Metropolitana en un órgano de mayor independencia, así como la conversión de las oficinas regionales en “unidades de negocios”.
Con acciones, organización y propuestas, el colectivo laboral de esta estratégica institución, lograremos avanzar e incidir en las decisiones de orden estratégico que garanticen el fortalecimiento y la modernización institucional, ser protagonistas de primera línea y no ver como sujetos pasivos el rumbo institucional; se hace necesario tener dignidad.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOSBLICOS Y PRIVADOS
ANEP