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En su artículo “Injerencia de sindicatos y ONG de EE. UU. contra el TLC y el interés nacional” (14-5-06), la profesora Rodríguez reproduce –al parecer con vaporosa candidez- todas las argumentaciones que cualquier gerente de transnacional querría pronunciar a favor de la “exportación de empleos” (outsourcing), desde los países ricos hacia los pobres. Ello se sintetiza en la indignación que expresa cuando advierte que los sindicatos costarricenses se vuelven “contra” nuestras clases trabajadoras, al apoyar las denuncias de sus contrapartes estadounidenses contra esa práctica. A juicio de Rodríguez, nuestra gente “gana” con cada puesto de trabajo exportado desde Estados Unidos.

El juego ideológico es poco sutil: legitima la competencia basada en “bajos salarios” de nuestros trabajadores y trabajadoras contra los de Estados Unidos y, a la vez, deslegitima la solidaridad sindical internacional. Tal es el sueño de las transnacionales: clases trabajadoras enclaustradas en fronteras nacionales, compitiendo encarnizadamente unas con otras. La fragmentación de los intereses laborales en vez de su globalización, para, sobre esa base, desatar una espiral descendente: menos salarios, más “flexibilidad” laboral, mayor represión sindical, menos legislación laboral. Para ella, tal es el “interés nacional” con lo que tan solo refrenda la densa bruma ideológica en que está extraviada: a su parecer –terrible equívoco– lo que es bueno para el capital transnacional lo es también para Costa Rica y su gente trabajadora.

En el artículo “La UCR y la UNA no toman en cuenta los graves efectos de quedar fuera del TLC” (10-6-06), la profesora intenta poner en mal a los consejos universitarios. Su “defensa” –peor que la de la sele– deja un cuadro de lástima. Reitero que, para no extenderme en exceso, tan solo me referiré a uno de sus “argumentos”

Repite la conocida letanía: salud y educación públicas y suministro de agua (entre otros servicios) están fuera del Tratado, en virtud de la “reserva” que a su favor aparece en el Anexo III de “medidas disconformes” (lista de Costa Rica). La profesora se limita a mencionar la cosa, pero elude cualquier análisis. La tal reserva –que no exclusión– opera para “servicios públicos establecidos o mantenidos por un interés público”. Primer “problemita”: nada de lo dicho posee un significado evidente, sobre todo porque el propio Tratado es omiso en definir qué se entiende por cada uno de esos términos. Con un agravante adicional: el Tratado concede poder de interpretación únicamente a dos instancias: la Comisión de Libre Comercio (constituida por los ministros de comercio exterior, cuya filiación ideológica se adivina fácil) y los tribunales de arbitraje internacional. No son, ni mucho menos, entidades democráticas ni transparentes.

Lo anterior ilustra acerca de lo grave que resulta la ambigüedad e imprecisión que recorren la totalidad de este documento. Ello no se reduce a lo que haya de entenderse por “servicio público” e “interés público”, sino que reaparece aquí y allá, con cada término y en cada artículo e inciso. Porque dejadas las cosas al arbitrio de la interpretación, esta última no es ejercida por instancias democráticas, abiertas al escrutinio público, sino por esa clase de entes –tecnocráticos en el mejor de los casos; opacos de cualquier forma. Esto subvierte de raíz los mecanismos de la democracia y amordaza toda manifestación de la voluntad popular.

También olvida la profesora Rodríguez un hecho obvio: la “reserva” no alcanza a estipulaciones tan fundamentales como las que tienen que ver con expropiaciones (inclusive la “expropiación indirecta”; artículo 10.7) y todo el vasto mecanismo del régimen inversionista-estado, que, como sabemos, constituye una formidable arma de extorsión en manos de los inversores extranjeros.

En todo caso, supongamos que, por ejemplo, nuestra educación pública es, en efecto, un “servicio público”. O sea, y puestos en la necesidad de interpretar, imaginemos que la Comisión de Libre Comercio avala ese criterio, ya que –excepto que se presente una demanda arbitral– nadie más podría hacerlo. En todo caso, eso no dice nada acerca de la educación privada. Y ya que la “reserva” –en relación con, por ejemplo, las normas de trato nacional y trato de nación más favorecida– valen para la educación en cuanto que “servicio público establecido o mantenido por un interés público”, ¿podría alguien aplicarle tal definición a un consorcio educativo transnacional de origen estadounidense que se quiera establecer en Costa Rica? Este brinda un servicio educativo que nadie –la súper-poderosa y neoliberal Comisión de Libre Comercio menos que nadie– querría definir como “servicio público” que responde a un “interés público”. Por lo tanto, a favor de ese consorcio conservarán plena validez todas las protecciones y privilegios que conceden los capítulos 10 y 11. Ello implica la total desregulación de los servicios educativos privados y, en último término, la transmutación de la educación en simple mercancía, sujeta estrictamente a criterios de lucro.

Este problema se mantiene incólume también para servicios como salud, bienestar social y atención infantil, si estos son ofertados por empresas donde estén involucrados intereses estadounidenses. En el caso del agua –y aparte el problema acerca de si la súper Comisión le concede estatus de “servicio público”– es obvio que el Tratado tan solo habla de “suministro de agua”. En cambio, omite la otra faceta: el agua como mercancía tangible –y ya no como servicio– según se materializa en el agua embotellada. Precisamente porque se aplica una metodología de “lista negativa” (todo lo que no se “excluya” explícitamente, está incluido implícitamente), el agua como mercancía goza de todos los privilegios que el Tratado concede a favor del “libre” comercio y de los inversores estadounidenses. Recordemos lo obvio: el agua es un recurso agotable indispensable para la vida. Por lo tanto, debería ser reconocida como un derecho humano, sujeta a estrictas normas de regulación. Pero el Tratado la reduce a mercancía, subordinada a criterios de rentabilidad.

La profesora Rodríguez intentó “argumentar” en “defensa” del Tratado. Le salió una pifia de espanto, la cual refrenda lo que ya sabíamos: que la inteligencia y el TLC son enemigos mortales. La única defensa que este admite es la que han venido aplicando: la fuerza del dinero, de la propaganda, de la manipulación. Y, por supuesto, la amenaza y la intimidación.

Junio 24, 2006
Fuente: www.tribunademocratica.com

La jerarquía o autoridad de la Iglesia Católica, o simplemente como dice la gente, “la Iglesia” hasta hace muy poco fue parte de los sectores populares de Costa Rica. Desde antes de la Independencia.

Recordémoslo una vez más: Del Castillo, Thiel, Volio, Sanabria.

Ahora se pasó al bando del capitalismo criollo. Transformó su “patrimonio”, formado con la acumulación de las limosnas de los fieles, en “inversiones”, en la Corporación Sama.

La presencia del Obispo Francisco Ulloa en su junta directiva, al lado de Oscar Arias, no pudo ser equívoca: la Iglesia es socia del capital especulativo y rentable.

Ya no es compañera de ruta de peones, trabajadores fabriles o empleados. Está del otro lado. Los clérigos o los proyectos pastorales no se mantienen de las limosnas de los creyentes, como se supone que debe ser- un acto de fe, sino de las rentas que le genera su cuantioso capital, que ayuda a producir cerveza o a financiar casinos.

El artífice-ejecutivo de tal mutación fue el Arzobispo Román Arrieta.

El anterior aristocratizante arzobispo Rodríguez puso las bases ideológicas, pero no pudo consumar el proyecto.

Desde que Oscar Arias tuvo la idea de visitar al Papa con ocasión de su obligado viaje al campeonato de fútbol, sabía muy bien cuál era su objetivo.

Era doble: primero, recibir la bendición como un “buen” presidente.

Utilizar al Papa para legitimarse en el poder y legitimar su único plan de gobierno, el TLC. Porque todos sabemos que Oscar Arias no es un católico devoto, de misa dominical ni de comunión frecuente.

Sólo cuando le conviene políticamente. La bendición del Papa en el fondo le importa un pepino. Lo que le importa es aparecer ante los ojos del pueblo costarricense como un gobernante “bendecido” por la Iglesia.

Es decir, además de tocar a Dios con las manos sucias de su política, quiere meterlas en la conciencia del pueblo costarricense nominalmente católico y mayoritariamente supersticioso e ignorante en cuestiones religiosas.

Segundo: menearle la rama al arzobispo Barrantes y a los otros obispos que no simpatizan con el TLC, aunque nunca lo hayan declarado explícitamente. Es cierto que se han manifestado por que se garanticen los derechos de todos, especialmente de los más vulnerables, en el juego de la economía de libre mercado. Forma parte de su obligación evangélica de tomar partido por los pobres. También es cierto que resistieron los intentos de Oscar Arias de manipulación electoral.

El revoloteo morboso de sotanas alrededor de los hombres –no hay mujeres- del poder, como que se fue a la tumba con el arzobispo Arrieta y ha quedado muy arrinconado en la Conferencia Episcopal.

Todavía Abel Pacheco medró de ello y hasta consiguió llevar una escolta episcopal al funeral de Juan Pablo II y que le prestaran una chequera para burlar la ley. Pero hoy tenemos al frente de la Arquidiócesis de San José a un hombre recto, preocupado no por figurar ni por libar en los salones del Gobierno o de los bancos, sino por transformar la pastoral parroquial del modelo de supermercado de ritos, a centros de compromiso evangélico en una sociedad secularizada y mutante.

La participación de la Iglesia en Sama –no sabemos hasta cuándo- le ha impedido a Oscar Arias percibir el cambio o se cree suficientemente poderoso como para revertirlo. No sólo quiere acabar con la resistencia pasiva o activa del clero al TLC. Quiere que desde los púlpitos le ayuden a que se apruebe a tambor batiente.

El doble objetivo de su “piadosa” visita al Vaticano queda aún más patente con las declaraciones de los días posteriores. Su indiscreción o prepotencia lo llevaron incluso a hacer público el “ofrecimiento espontáneo” del Cardenal Secretario de Estado de mandar una carta de reconvención a los obispos costarricenses.

Probablemente confiado en que Sodano es un confeso pinochetista. Ahora se contenta con que los llame por teléfono. Y no es que la Santa Sede esté en contra del capitalismo especulativo ni lo haya condenado nunca. Es que perdería más provocando una escisión en la iglesia costarricense que Oscar Arias. Sobre todo en estos momento en que al proselitismo católico no le corren muy buenos tiempos. Es un problema de intereses, no de principios.

Le ha salido al Presidente la jarana a la cara. Comienza con el pie izquierdo su política internacional: Costa Rica hace el ridículo mundial en el campeonato de fútbol y el pesimismo asfixia a la población nacional; y ahora se topa de frente con la Iglesia. ¡Ojalá encuentre algún Sancho que le sople sentido común! Su caja de resonancia mediática, La Nación, puede citar todas las encíclicas que quiera.

Nadie le va a creer tampoco que va a misa, por mucho que se quiera bañar en agua bendita y se dé golpes de pecho Los obispos tienen que reparar el daño que le causan al pueblo con su participación en Sama.

Es un antitestimonio cristiano flagrante. Se ensucian las manos para tocar a Dios. ¿Pero cómo se le ocurre a un socio de la Corporación Sama asumir posiciones contrarias a la lógica del lucro como único motor del desarrollo humano? ¿Por qué ha de decir ese socio, por muy obispo o arzobispo que sea, que la moral de la avaricia riñe con los principios evangélicos?

A todo esto ¿Dónde habrán metido a las Bienaventuranzas?

Javier Solís (jsolis@igso.net)

El debate sobre el TLC ha estado presente en el escenario costarricense desde finales de 2002, cuando se dio a conocer el inicio de las negociaciones. Durante las nueve rondas se alzaron voces cuestionando el proceso por razones de transparencia y por cambios en los términos originales establecidos por el gobierno, especialmente en cuanto a telecomunicaciones y seguros. Después de firmado, en agosto de 2004, la polémica se recrudeció en torno a las ventajas y desventajas del tratado. Esa disputa continúa en la actualidad.

Las repercusiones que hasta el momento el TLC ha tenido en el entorno nacional han sido sustantivas. No solo fue un factor de peso en la reñida campaña electoral, sino que ha ido dividiendo a la población costarricense y polarizando a los actores sociales. Las resonancias futuras, durante el trámite legislativo, todavía no pueden valorarse a cabalidad.

Así las cosas, no era razonable pensar que durante la visita del Presidente a la Santa Sede, que tiene mucho de protocolaria, se abordara un tema tan polémico y específico de la agenda nacional.

Sin embargo, parece que a Oscar Arias le interesaba aprovecharse de la audiencia con el Papa y con el secretario de Estado, el cardenal Sodano, no solo para comprometer a la Santa Sede en un debate que compete únicamente a los costarricenses, sino también para propiciar algún tipo de censura a la Conferencia Episcopal por sus planteamientos críticos respecto al TLC.

Sin embargo, el intento de Arias por llevar agua a su molino, el cual ha sido calificado por el filósofo y columnista de este diario Arnoldo Mora como “la presión más brutal e inaudita sobre la Iglesia, como no se había dado en la historia de Costa Rica desde hace más de cien años”, ha tenido una respuesta notable por parte de Hugo Barrantes, arzobispo de San José.

Monseñor Barrantes ha respondido en forma clara y categórica. “La Iglesia católica nunca se ha opuesto al libre comercio, sino al contenido del TLC con Estados Unidos. Hemos señalado las asimetrías existentes en el tratado y pedimos que se les preste atención. Nuestro criterio ha sido de naturaleza ética”.

Hace bien el Arzobispo en destacar la dimensión ética de los cuestionamientos. También acierta al establecer la diferencia entre el libre comercio como concepto y el contenido concreto del TLC.

El libre comercio refiere a conceptos económicos relacionados con el flujo de bienes, servicios y recursos que se producen en mercados competitivos y que son negociados sin ningún tipo de restricción entre las naciones.

El TLC con Estados Unidos, en cambio, constituye un acuerdo de comercio administrado entre siete países, en uno de los cuales se dan formidables distorsiones de mercado a causa de los subsidios y las ayudas internas que otorga a sus productores y tiene grandes y diversos intereses geopolíticos y un enorme poder de negociación.

Esta realidad genera asimetrías que no pueden subsanarse con una agenda complementaria. Además, el tratado incluye cláusulas que rebasan lo estrictamente comercial e inciden en ámbitos que afectan nuestro Estado social de derecho y la convivencia solidaria.

6/23/2006